Inventario de Glaciares, solicitan saber los avances
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Piden informes sobre el avance en la elaboración del Inventario de Glaciares
Fecha de Publicación: 28/02/2013
Fuente: FARN - No a la Mina
Provincia/Región: Nacional
La Argentina cuenta desde el año 2010 con La Ley Nº 26.639 de Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial. El objetivo de dicha ley es proteger a estos frágiles ecosistemas como reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano; para la agricultura y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas; para la protección de la biodiversidad; como fuente de información científica y como atractivo turístico.
No obstante el avance que significa contar con la citada ley, su efectiva implementación depende principalmente del Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente y Periglacial para conocer con exactitud el número, área y volumen de hielo que ocupan los glaciares y zonas periglaciales de nuestro país.
El inventario debe ser realizado por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), unidad ejecutora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), en coordinación con la autoridad nacional de aplicación (la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación).
Si bien desde la sanción de la Ley de Protección de Glaciares se estableció un cronograma para la ejecución de dicho inventario, y más allá de que el mismo no haya sido finalizado, todavía no se ha podido acceder ni a sus avances ni a sus resultados parciales.
Por ello, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) junto a la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA) y Greenpeace Argentina presentaron ante la Secretaría de Ambiente de Desarrollo Sustentable y el IANIGLA pedidos de informes solicitando el acceso a la información respecto del estado de avance de dicho inventario.
Las organizaciones de la sociedad civil resaltan la importancia de que el inventario sea realizado con transparencia y profesionalidad, ya que de su correcta confección depende la protección de estos recursos hídricos de vital importancia para nuestro país.
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Fecha de Publicación: 28/02/2013
Fuente: FARN - No a la Mina
Provincia/Región: Nacional
La Argentina cuenta desde el año 2010 con La Ley Nº 26.639 de Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial. El objetivo de dicha ley es proteger a estos frágiles ecosistemas como reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano; para la agricultura y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas; para la protección de la biodiversidad; como fuente de información científica y como atractivo turístico.No obstante el avance que significa contar con la citada ley, su efectiva implementación depende principalmente del Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente y Periglacial para conocer con exactitud el número, área y volumen de hielo que ocupan los glaciares y zonas periglaciales de nuestro país.
El inventario debe ser realizado por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), unidad ejecutora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), en coordinación con la autoridad nacional de aplicación (la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación).
Si bien desde la sanción de la Ley de Protección de Glaciares se estableció un cronograma para la ejecución de dicho inventario, y más allá de que el mismo no haya sido finalizado, todavía no se ha podido acceder ni a sus avances ni a sus resultados parciales.
Por ello, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) junto a la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA) y Greenpeace Argentina presentaron ante la Secretaría de Ambiente de Desarrollo Sustentable y el IANIGLA pedidos de informes solicitando el acceso a la información respecto del estado de avance de dicho inventario.
Las organizaciones de la sociedad civil resaltan la importancia de que el inventario sea realizado con transparencia y profesionalidad, ya que de su correcta confección depende la protección de estos recursos hídricos de vital importancia para nuestro país.
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Entre Ríos: piden que se trata la ley de bosques
Piden que se trate la ley de bosque nativo
Fecha de Publicación: 28/02/2013
Fuente: El Diario de Entre Ríos
Provincia/Región: Entre Ríos
Comunidades educativas de las escuelas rurales del departamento Villaguay presentaron una nota en la Cámara de Diputados de la provincia, en la que se pide que se le de tratamiento a la Ley del Bosque Nativo, también llamada Ley Bonasso, que se encuentra para su tratamiento en ese recinto, desde octubre de 2012.
El proyecto de ley promueve la adhesión de la provincia a la norma nacional Nº 26.331 de presupuestos mínimos para la protección ambiental de los bosques nativos, sancionada en 2007.
Esa iniciativa cuenta con media sanción de Senadores, pero aún resta la aprobación en la cámara baja y la promulgación para que, efectivamente, la Nación pueda enviar los fondos del llamado presupuesto mínimo para la protección ambiental de los bosques nativos, ley nacional 26.331, sancionada en 2007.
El pedido de tratamiento de la legislación lleva la firma de las directoras de las escuelas primarias 103, Rincón del Charrúa y 80 Martín Güemes, Colonia Itatí, Lucas Sud, Villaguay, quienes piden en nombre de esas comunidades la aprobación de la ley de ordenamiento territorial.
La nota está dirigida al presidente de la cámara baja, José Allende. En la carta, se le recordó al presidente de la Cámara que las escuelas número 80 Martín Güemes y en la 103, Rincón del Charrúa, Colonia Nueva Itatí, en Lucas Sud, del departamento Villaguay, como sus comunidades, “hemos participado en la elaboración del anteproyecto, mediante aportes con otras instituciones gubernamentales y civiles” y “nos encontramos abocados a un trabajo sobre proyecto educativo sobre el cuidado del ambiente. Temática que presenta como eje transversal en la currícula provincial de educación en todos los niveles de enseñanza” Por esa razón, es que se pide, en carácter de urgente el tratamiento de dicha ley, “ya que la tala indiscriminada, se acentúa cada vez más”.
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Fecha de Publicación: 28/02/2013
Fuente: El Diario de Entre Ríos
Provincia/Región: Entre Ríos
Comunidades educativas de las escuelas rurales del departamento Villaguay presentaron una nota en la Cámara de Diputados de la provincia, en la que se pide que se le de tratamiento a la Ley del Bosque Nativo, también llamada Ley Bonasso, que se encuentra para su tratamiento en ese recinto, desde octubre de 2012. El proyecto de ley promueve la adhesión de la provincia a la norma nacional Nº 26.331 de presupuestos mínimos para la protección ambiental de los bosques nativos, sancionada en 2007.
Esa iniciativa cuenta con media sanción de Senadores, pero aún resta la aprobación en la cámara baja y la promulgación para que, efectivamente, la Nación pueda enviar los fondos del llamado presupuesto mínimo para la protección ambiental de los bosques nativos, ley nacional 26.331, sancionada en 2007.
El pedido de tratamiento de la legislación lleva la firma de las directoras de las escuelas primarias 103, Rincón del Charrúa y 80 Martín Güemes, Colonia Itatí, Lucas Sud, Villaguay, quienes piden en nombre de esas comunidades la aprobación de la ley de ordenamiento territorial.
La nota está dirigida al presidente de la cámara baja, José Allende. En la carta, se le recordó al presidente de la Cámara que las escuelas número 80 Martín Güemes y en la 103, Rincón del Charrúa, Colonia Nueva Itatí, en Lucas Sud, del departamento Villaguay, como sus comunidades, “hemos participado en la elaboración del anteproyecto, mediante aportes con otras instituciones gubernamentales y civiles” y “nos encontramos abocados a un trabajo sobre proyecto educativo sobre el cuidado del ambiente. Temática que presenta como eje transversal en la currícula provincial de educación en todos los niveles de enseñanza” Por esa razón, es que se pide, en carácter de urgente el tratamiento de dicha ley, “ya que la tala indiscriminada, se acentúa cada vez más”.
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bosques nativos,
ecosistemas,
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Río Negro saneará áreas contaminadas con plomo
Nación financiará remediación de áreas contaminadas con plomo
Fecha de Publicación: 28/02/2013
Fuente: ADN
Provincia/Región: Río Negro
La Secretaría de Minería de la Nación confirmó que financiará la obra del cerco perimetral y protección de los sitios con depósitos de escorias contaminadas con plomo existentes en un lugar cercano a la ciudad de San Antonio Oeste. Así lo ratificó hoy el presidente del Concejo Deliberante sanantoniense, Claudio Palomequez, quien ayer recibió la ratificación a través de una copia documentada del financiamiento por parte del subprograma GEAMIN del organismo nacional.
Se informó oficialmente que el financiamiento de los trabajos, que cubre la totalidad de los materiales, mano de obra, cartelería de prevención y portones de ingreso a los espacios definidos, tiene por objeto “evitar el acceso a las áreas contaminadas, protegiendo a las personas y animales del contacto con el sitio precisados por la consultoría oportunamente ejecutada”.
Se trata de evitar el contacto directo hasta la realización completa de la obra definitiva de remediación y disposición final de las escorias y suelo impactado.
Durante diciembre del pasado año y enero y febrero últimos, a pedido del intendente Javier Iud, el ingeniero Palomequez solicitó la participación del subprograma GEAMIN para “la búsqueda de recursos para dar respuesta a los pedidos de la Multisectorial y los funcionarios judiciales que solicitan cumplir esta demanda”.
“Esto pudo ser logrado gracias a la colaboración permanente del secretario de Minería de la Provincia de Río Negro, Gustavo Ferreyra, quien en forma personal se ocupó de acompañar esta importante gestión, como así también la participación del coordinador del subprograma, geólogo Luis Ferpozzi”, consignó la información oficial difundida esta mañana.
Se recordó que Bajos del Riñón y San Antonio fueron desestimados como lugares para la disposición final y queFerreyra y Palomequez junto con el secretario municipal de Gobierno, Luis Noale, mantuvieron varias reuniones con vecinos y ocupantes de la zona denominada “Mancha Blanca”, con el objeto de “informar y dar respuestas de los avances de las decisiones tomadas y a considerar en cuanto a los lugares y sitios específicos para la disposición de las escorias, además de las posibles metodologías a usar para los trabajos”.
En las mismas reuniones se acordó y se informó que en la medida que estén terminadas y resueltas las evaluaciones y las precisiones de los especialistas de la consultora, las conclusiones serán dadas a conocer públicamente, avanzando “de manera responsable debido a la urgencia del problema y también por los tiempos administrativos de financiamiento”.
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Fecha de Publicación: 28/02/2013
Fuente: ADN
Provincia/Región: Río Negro
La Secretaría de Minería de la Nación confirmó que financiará la obra del cerco perimetral y protección de los sitios con depósitos de escorias contaminadas con plomo existentes en un lugar cercano a la ciudad de San Antonio Oeste. Así lo ratificó hoy el presidente del Concejo Deliberante sanantoniense, Claudio Palomequez, quien ayer recibió la ratificación a través de una copia documentada del financiamiento por parte del subprograma GEAMIN del organismo nacional.
Se informó oficialmente que el financiamiento de los trabajos, que cubre la totalidad de los materiales, mano de obra, cartelería de prevención y portones de ingreso a los espacios definidos, tiene por objeto “evitar el acceso a las áreas contaminadas, protegiendo a las personas y animales del contacto con el sitio precisados por la consultoría oportunamente ejecutada”.
Se trata de evitar el contacto directo hasta la realización completa de la obra definitiva de remediación y disposición final de las escorias y suelo impactado.
Durante diciembre del pasado año y enero y febrero últimos, a pedido del intendente Javier Iud, el ingeniero Palomequez solicitó la participación del subprograma GEAMIN para “la búsqueda de recursos para dar respuesta a los pedidos de la Multisectorial y los funcionarios judiciales que solicitan cumplir esta demanda”.
“Esto pudo ser logrado gracias a la colaboración permanente del secretario de Minería de la Provincia de Río Negro, Gustavo Ferreyra, quien en forma personal se ocupó de acompañar esta importante gestión, como así también la participación del coordinador del subprograma, geólogo Luis Ferpozzi”, consignó la información oficial difundida esta mañana.
Se recordó que Bajos del Riñón y San Antonio fueron desestimados como lugares para la disposición final y queFerreyra y Palomequez junto con el secretario municipal de Gobierno, Luis Noale, mantuvieron varias reuniones con vecinos y ocupantes de la zona denominada “Mancha Blanca”, con el objeto de “informar y dar respuestas de los avances de las decisiones tomadas y a considerar en cuanto a los lugares y sitios específicos para la disposición de las escorias, además de las posibles metodologías a usar para los trabajos”.
En las mismas reuniones se acordó y se informó que en la medida que estén terminadas y resueltas las evaluaciones y las precisiones de los especialistas de la consultora, las conclusiones serán dadas a conocer públicamente, avanzando “de manera responsable debido a la urgencia del problema y también por los tiempos administrativos de financiamiento”.
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Acumar dice que Espósito S.A. está OK
Acumar, sobre la curtiembre
Fecha de Publicación: 27/02/2013
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Riachuelo
La Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar) afirmó que cumple con el control industrial en esa cuenca, a raíz de una denuncia efectuada por Greenpeace que sostuvo que una empresa vertía líquidos contaminantes en el Riachuelo. “Según una ONG ambientalista, una empresa vertía líquidos contaminantes en el Riachuelo. Acumar informó que ya había intimado a esa empresa a presentar su Programa de Reconversión, el cual ha sido aprobado por el organismo, y el mismo está en proceso de ejecución. Este proceso fue verificado constantemente por la Acumar, que ha realizado su última inspección el día 18 de enero del corriente año”, señaló el organismo en un comunicado. En tanto, el presidente de Acumar, Juan José Mussi, afirmó que “llama la atención que esta ONG no cuestione al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que incumple constantemente con los fondos que tiene que aportar para este organismo como lo indicó la Corte”. “Acumar sigue lo dispuesto por la Corte Suprema. Y es lo que realizó para con la firma Antonio Espósito S.A. sobre la cual Greenpeace ha bloqueado un vuelco de efluentes. La curtiembre en cuestión ha sido relevada y declarada agente contaminante. Se la intimó a presentar su Programa de Reconversión, el cual ha sido aprobado por este organismo, y el mismo está en proceso de ejecución”, se informó. “Mientras dure el mismo, el organismo no está facultado a clausurar el vuelco, el cual implicaría el cese de tareas de la empresa, con la consecuente pérdida de las fuentes de trabajo de una de las principales firmas exportadoras del sector”, destacó el comunicado.
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Fecha de Publicación: 27/02/2013
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Riachuelo
La Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar) afirmó que cumple con el control industrial en esa cuenca, a raíz de una denuncia efectuada por Greenpeace que sostuvo que una empresa vertía líquidos contaminantes en el Riachuelo. “Según una ONG ambientalista, una empresa vertía líquidos contaminantes en el Riachuelo. Acumar informó que ya había intimado a esa empresa a presentar su Programa de Reconversión, el cual ha sido aprobado por el organismo, y el mismo está en proceso de ejecución. Este proceso fue verificado constantemente por la Acumar, que ha realizado su última inspección el día 18 de enero del corriente año”, señaló el organismo en un comunicado. En tanto, el presidente de Acumar, Juan José Mussi, afirmó que “llama la atención que esta ONG no cuestione al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que incumple constantemente con los fondos que tiene que aportar para este organismo como lo indicó la Corte”. “Acumar sigue lo dispuesto por la Corte Suprema. Y es lo que realizó para con la firma Antonio Espósito S.A. sobre la cual Greenpeace ha bloqueado un vuelco de efluentes. La curtiembre en cuestión ha sido relevada y declarada agente contaminante. Se la intimó a presentar su Programa de Reconversión, el cual ha sido aprobado por este organismo, y el mismo está en proceso de ejecución”, se informó. “Mientras dure el mismo, el organismo no está facultado a clausurar el vuelco, el cual implicaría el cese de tareas de la empresa, con la consecuente pérdida de las fuentes de trabajo de una de las principales firmas exportadoras del sector”, destacó el comunicado.
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Argentina es la tercera en cultivos transgénicos
Argentina, tercera en el ranking mundial de los controvertidos cultivos transgénicos
Fecha de Publicación: 27/02/2013
Fuente: iProfesional
Provincia/Región: Nacional
Los cultivos transgénicos van ganando espacio en las preferencias de los agricultores de todo el mundo, al punto que en los últimos 17 años creció 100 veces la siembra de semillas genéticamente modificadas (GM).
Así se desprende del informe del Servicio Internacional para la Adquisición de Aplicaciones Agro-Biotecnológicas (Isaaa), entidad promotora de los cultivos transgénicos.
Según los datos presentados, durante 2012 se sembraron 170 millones de hectáreas transgénicas que, en comparación con las 1,7 millones cultivadas en 1996 cuando estos cultivos se sembraron por primera vez, mostraron que la tecnología fue la de más rápida adopción en la historia reciente de la agricultura internacional.
En este contexto de crecimiento, la Argentina se posiciona en el tercer lugar en el podio de los países con mayor porcentaje de área cultiva de transgénicos.
La siembra de semillas genéticamente modificadas evoluciona acompañada de la controversia dado que, por su carácter de novedad tecnológica, en Argentina y buena parte de los países del mundo se cuestiona cuáles serán los efectos a largo plazo de estos alimentos sobre la salud humana.
Según el informe de Isaaa, el año pasado se cultivaron 23,9 millones de hectáreas con organismos genéticamente modificado lo que dejó al país en tercer lugar detrás de Estados Unidos (69,5 millones de ha.), y de Brasil (36,6 millones de ha.)
Esa cantidad de hectáreas significaron el 14% del área global cultivada con transgénicos.
"A 17 años de su primera utilización, mientras Sudán y Cuba estrenaron el uso de la tecnología, China, India, Brasil, Argentina y Sudáfrica, países que suman aproximadamente el 40% de la población mundial, cultivaron 78,2 millones de hectáreas de transgénicos, lo que representa el 46% de los cultivos genéticamente modificados en 2012" dice el informe.
Otra particularidad que mostró la utilización de esta tecnología fue que, además del exponencial aumento, el año pasado fue la primera vez en la que los países en vías en desarrollo sembraron más organismos genéticamente modificados que las naciones desarrolladas.
Según el trabajo de la entidad creada a mediados de los 90, de los 28 países que cultivaron transgénicos, 20 fueron países en desarrollo y 8 industrializados, en comparación con los 19 en desarrollo y 10 industrializados de 2011. Aproximadamente el 60% de la población mundial, o sea 4.000 millones de personas, vive en los países que sembraron cultivos GM.
"La adopción de los cultivos GM en los países en vías de desarrollo ha crecido ininterrumpidamente a lo largo de los años, hasta alcanzar y superar a los países industrializados en 2012, un hito inimaginable para algunos", señaló Clive James, autor del informe anual y director-fundador de Isaaa.
"El trabajo se plantea a futuro la necesidad de sistemas regulatorios adecuados, basados en ciencia, y eficientes desde el punto de vista de los costos y de los tiempos. Sobre todo para los países pequeños y con menos recursos, en los cuales es necesario contar con regulaciones responsables, rigurosas pero no onerosas", señaló James en el trabajo del organismo internacional.
* Publicado el 25/02/2012 en su respectiva web
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Fecha de Publicación: 27/02/2013
Fuente: iProfesional
Provincia/Región: Nacional
Los cultivos transgénicos van ganando espacio en las preferencias de los agricultores de todo el mundo, al punto que en los últimos 17 años creció 100 veces la siembra de semillas genéticamente modificadas (GM).Así se desprende del informe del Servicio Internacional para la Adquisición de Aplicaciones Agro-Biotecnológicas (Isaaa), entidad promotora de los cultivos transgénicos.
Según los datos presentados, durante 2012 se sembraron 170 millones de hectáreas transgénicas que, en comparación con las 1,7 millones cultivadas en 1996 cuando estos cultivos se sembraron por primera vez, mostraron que la tecnología fue la de más rápida adopción en la historia reciente de la agricultura internacional.
En este contexto de crecimiento, la Argentina se posiciona en el tercer lugar en el podio de los países con mayor porcentaje de área cultiva de transgénicos.
La siembra de semillas genéticamente modificadas evoluciona acompañada de la controversia dado que, por su carácter de novedad tecnológica, en Argentina y buena parte de los países del mundo se cuestiona cuáles serán los efectos a largo plazo de estos alimentos sobre la salud humana.
Según el informe de Isaaa, el año pasado se cultivaron 23,9 millones de hectáreas con organismos genéticamente modificado lo que dejó al país en tercer lugar detrás de Estados Unidos (69,5 millones de ha.), y de Brasil (36,6 millones de ha.)
Esa cantidad de hectáreas significaron el 14% del área global cultivada con transgénicos.
"A 17 años de su primera utilización, mientras Sudán y Cuba estrenaron el uso de la tecnología, China, India, Brasil, Argentina y Sudáfrica, países que suman aproximadamente el 40% de la población mundial, cultivaron 78,2 millones de hectáreas de transgénicos, lo que representa el 46% de los cultivos genéticamente modificados en 2012" dice el informe.
Otra particularidad que mostró la utilización de esta tecnología fue que, además del exponencial aumento, el año pasado fue la primera vez en la que los países en vías en desarrollo sembraron más organismos genéticamente modificados que las naciones desarrolladas.
Según el trabajo de la entidad creada a mediados de los 90, de los 28 países que cultivaron transgénicos, 20 fueron países en desarrollo y 8 industrializados, en comparación con los 19 en desarrollo y 10 industrializados de 2011. Aproximadamente el 60% de la población mundial, o sea 4.000 millones de personas, vive en los países que sembraron cultivos GM.
"La adopción de los cultivos GM en los países en vías de desarrollo ha crecido ininterrumpidamente a lo largo de los años, hasta alcanzar y superar a los países industrializados en 2012, un hito inimaginable para algunos", señaló Clive James, autor del informe anual y director-fundador de Isaaa.
"El trabajo se plantea a futuro la necesidad de sistemas regulatorios adecuados, basados en ciencia, y eficientes desde el punto de vista de los costos y de los tiempos. Sobre todo para los países pequeños y con menos recursos, en los cuales es necesario contar con regulaciones responsables, rigurosas pero no onerosas", señaló James en el trabajo del organismo internacional.
* Publicado el 25/02/2012 en su respectiva web
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Minera demanda a OIKOS de Mendoza
Minera intenta censurar ambientalista en Mendoza
Fecha de Publicación: 27/02/2013
Fuente: Comunicación Ambiental
Provincia/Región: Mendoza
En un caso preocupante de judicialización, la Minera San Jorge presentó una demanda por "calumnias e injurias" contra Eduardo Sosa, presidente de la organización OIKOS de Mendoza. Importantes entidades ambientalistas de Argentina se presentaron en su defensa ante el tribunal. Por su parte, la Asamblea Popular por el Agua y la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata también mostraron su total repudio a la acción y solidaridad con el afectado. El sábado que viene, será uno de los reclamos en la marcha del Currusel Vendimial. ComAmbiental entrevistó a Eduardo Sosa, quien afirmó que su juicio se inscribe dentro de la criminalización de la protesta social.
La semana pasada, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), junto con otras entidades como Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA), Greenpeace, Los Verdes-FEP y Fundación M´biguá, formalizaron su presentación con la figura de “Amigos del Tribunal” (Amicus Curiae) en la causa iniciada por calumnias e injurias. En el comunicado, se destaca "el rol clave que juegan las organizaciones de la sociedad civil, tal como OIKOS, en la promoción y defensa de los derechos consagrados en nuestro ordenamiento jurídico, en el monitoreo del accionar de la administración pública y la vigencia del Estado de Derecho". Y afirman: "Para que este rol no se vea cercenado, la libertad de expresión es un derecho que debe ser plenamente garantizado, ya que es elemental para el debate público de ideas".
"¿No causaron suficiente daño moral cuando extorsionaron a toda una población, mintiendo, dividiendo familias?", se preguntaron desde la Asamblea Popular por el Agua de Mendoza sobre el accionar de la minera Coro Mining Corp, autodenominada "San Jorge". En la misma línea, desde la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata remarcaron que las acciones de Eduardo Sosa no fueron en su nombre, sino "un reflejo paralelo a las acciones de nuestra Asamblea. Las mismas evidenciaban un manejo inescrupuloso de la información por parte de la empresa que, a menudo trataba de disfrazar, tergiversar y ocultar las irregularidades del proyecto". Del mismo modo, destacan que "sin el apoyo legal proporcionados pos OIKOS Red Ambiental, nada podrían haber hecho los vecinos de Uspallata que fueron injustamente judicializados por manifestarse en reclamo de sus derechos".
El proyecto "San Jorge" fue rechazado por la Legislatura de Mendoza en agosto del 2011. Es por ello que también la Asamblea Popular por el Agua plantea que los empresarios "decidieron tomar represalias contra el pueblo. Para ello, utilizaron la acusación de calumnias, injurias y daño moral contra uno de los tantos ciudadanos que se manifestaron pacíficamente contra ese proyecto megaminero". No es solamente esto, sino que la empresa desde el año pasado intenta una nueva estrategia, que consiste en extraer el material en San Jorge y luego separar el metal en San Juan para evitar la Ley 7.722 de Mendoza que prohíbe el uso de químicos para esta minería. En este contexto, la Asamblea advirtió que una condena al ecologista "representaría un grave atentado contra la libertad de expresión y un mal antecedente respecto de la capacidad que tienen las corporaciones mineras para influir en la Justicia".
Ver toda la Nota
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Fecha de Publicación: 27/02/2013
Fuente: Comunicación Ambiental
Provincia/Región: Mendoza
En un caso preocupante de judicialización, la Minera San Jorge presentó una demanda por "calumnias e injurias" contra Eduardo Sosa, presidente de la organización OIKOS de Mendoza. Importantes entidades ambientalistas de Argentina se presentaron en su defensa ante el tribunal. Por su parte, la Asamblea Popular por el Agua y la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata también mostraron su total repudio a la acción y solidaridad con el afectado. El sábado que viene, será uno de los reclamos en la marcha del Currusel Vendimial. ComAmbiental entrevistó a Eduardo Sosa, quien afirmó que su juicio se inscribe dentro de la criminalización de la protesta social.
La semana pasada, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), junto con otras entidades como Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA), Greenpeace, Los Verdes-FEP y Fundación M´biguá, formalizaron su presentación con la figura de “Amigos del Tribunal” (Amicus Curiae) en la causa iniciada por calumnias e injurias. En el comunicado, se destaca "el rol clave que juegan las organizaciones de la sociedad civil, tal como OIKOS, en la promoción y defensa de los derechos consagrados en nuestro ordenamiento jurídico, en el monitoreo del accionar de la administración pública y la vigencia del Estado de Derecho". Y afirman: "Para que este rol no se vea cercenado, la libertad de expresión es un derecho que debe ser plenamente garantizado, ya que es elemental para el debate público de ideas".
"¿No causaron suficiente daño moral cuando extorsionaron a toda una población, mintiendo, dividiendo familias?", se preguntaron desde la Asamblea Popular por el Agua de Mendoza sobre el accionar de la minera Coro Mining Corp, autodenominada "San Jorge". En la misma línea, desde la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata remarcaron que las acciones de Eduardo Sosa no fueron en su nombre, sino "un reflejo paralelo a las acciones de nuestra Asamblea. Las mismas evidenciaban un manejo inescrupuloso de la información por parte de la empresa que, a menudo trataba de disfrazar, tergiversar y ocultar las irregularidades del proyecto". Del mismo modo, destacan que "sin el apoyo legal proporcionados pos OIKOS Red Ambiental, nada podrían haber hecho los vecinos de Uspallata que fueron injustamente judicializados por manifestarse en reclamo de sus derechos".
El proyecto "San Jorge" fue rechazado por la Legislatura de Mendoza en agosto del 2011. Es por ello que también la Asamblea Popular por el Agua plantea que los empresarios "decidieron tomar represalias contra el pueblo. Para ello, utilizaron la acusación de calumnias, injurias y daño moral contra uno de los tantos ciudadanos que se manifestaron pacíficamente contra ese proyecto megaminero". No es solamente esto, sino que la empresa desde el año pasado intenta una nueva estrategia, que consiste en extraer el material en San Jorge y luego separar el metal en San Juan para evitar la Ley 7.722 de Mendoza que prohíbe el uso de químicos para esta minería. En este contexto, la Asamblea advirtió que una condena al ecologista "representaría un grave atentado contra la libertad de expresión y un mal antecedente respecto de la capacidad que tienen las corporaciones mineras para influir en la Justicia".
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Curtiembre "clausurada" en el Riachuelo
Empresas que no paran de contaminar
Fecha de Publicación: 26/02/2013
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Riachuelo
Se trata de una importante curtiembre cuyo dueño integra el staff de la UIA y es directivo de una firma dedicada al tratamiento de efluentes. Los ambientalistas advierten sobre la falta de controles de Acumar, pero el organismo lo rechaza.
Una de las principales curtiembres que envían efluentes a la cuenca del Riachuelo –cuyo dueño es tesorero de la Unión Industrial Argentina y presidente de la entidad Industriales para el Saneamiento de la Cuenca Matanza-Riachuelo– “no ha cesado de verter sustancias contaminantes”, según un informe elaborado por Greenpeace Argentina. Ello incluye cantidades de cromo “doce veces superiores al límite fijado” y de materia orgánica “casi tres veces por encima de lo establecido”; en los sedimentos, “el plomo supera más de quince veces” los parámetros internacionales. El mismo empresario integra el directorio de una firma, supuestamente dedicada a tratar efluentes, que habría simplemente arrojado “una enorme cantidad de barros de cromo, sin tratar”, en un baldío adyacente. Para Greenpeace, el caso da testimonio de que “las grandes curtiembres no han asumido el compromiso de dejar de contaminar”. Pero, también, reflejaría “la falta de controles efectivos por Acumar y la falencia de los planes de reconversión industrial”. Según Greenpeace, “no hay ningún dato de mejoría en la calidad del agua del Riachuelo” desde que, en 2008, la Corte Suprema de la Nación ordenó su saneamiento.
La firma Antonio Esposito S.A. “forma parte del grupo de las principales curtiembres exportadoras del país; vende sus productos a Alemania, Italia, Brasil y Estados Unidos, y también distribuye cueros en todo el país. Posee cuatro establecimientos, todos en la localidad de Sarandí, partido de Avellaneda. A pesar de contar con el Plan de Reconversión Industrial (PRI) aprobado por la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar), la empresa no ha cesado de verter en el arroyo Sarandí –en la cuenca del Riachuelo– contaminantes por encima de los valores permitidos por la normativa de Acumar, que de por sí es laxa”: así lo sostiene el informe “Cueros tóxicos II: Curtiembres. Actualización de evidencias de contaminación en la Cuenca Matanza-Riachuelo”.
Greenpeace tomó muestras de efluentes de la curtiembre, situada en Gibraltar 1432, Sarandí, partido de Avellaneda: “Mientras el límite permitido de vertido de cromo es de dos miligramos por litro, las muestras arrojaron la cifra de 23,1 miligramos por litro”, precisa el informe; en cuanto a la contaminación por materia orgánica, “el límite establecido por Acumar es 250 miligramos por litro y las muestras demostraron 730 miligramos por litro”. La entidad ambientalista también tomó muestras de sedimento en la orilla del arroyo Sarandí, cerca del efluente de Antonio Esposito S.A. En este caso, al no haber legislación nacional sobre estándares de calidad de sedimentos, se consideró la legislación de Canadá, utilizada como referencia en distintos países: “El cadmio superó hasta 4,65 veces los parámetros canadienses; el mercurio, hasta 3,76; el plomo, hasta 15,68; y el cromo, hasta 27,88 veces”.
El presidente de Esposito S.A. es Aldo Rubén Esposito, también tesorero de la Unión Industrial Argentina, vicepresidente de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires, presidente de la Unión Industrial de Lanús y presidente de la Unión de Industriales para el Saneamiento Cuencas Matanza-Riachuelo y Reconquista, cuyo principal objetivo es “resolver sustentablemente la problemática ambiental y fomentar la responsabilidad social empresaria”. Aldo Esposito integra también el directorio de Tratamientos de Efluentes Avellaneda (TEA), “empresa que recibió barros de cromo para tratar pero, como no podía tratarlos, los enterró en el predio de al lado”, según el informe de Greenpeace.
TEA fue clausurada por Acumar en abril de 2012 por contaminar. “A partir de la constatación de que TEA disponía de manera ilegal residuos sólidos en uno de los predios lindantes, Greenpeace tomó muestras de suelo: los valores de cromo hallados superan 84 veces el límite permitido para el uso residencial de suelo, y 26 veces lo permitido para uso industrial”, sostiene el documento.
Lorena Pujó, coordinadora de la Campaña Riachuelo de Greenpeace Argentina, comentó que “en los últimos tiempos, muchas empresas incorporaron el discurso del cuidado de medio ambiente, que suena lindo pero, cuando uno va a ver cómo están trabajando, la realidad es muy distinta”. La ambientalista sostuvo que “las empresas deben hacerse responsables de sus vertidos y desde ya deben informar, por Internet, qué sustancias están emitiendo, cuáles son las que irán eliminando prioritariamente y en qué plazo. Este compromiso público está basado en el derecho que la gente tiene a saber qué emiten las industrias contaminantes con las que debe convivir y también permitirá establecer una línea de base, un diagnóstico general de la contaminación de la cuenca”.
En cuanto a la Acumar, “hasta hoy no les exige a las empresas que dejen de contaminar: aun cuando todas las empresas cumplieran las pautas de Acumar, el Riachuelo seguiría contaminado. La Resolución 1 de Acumar, de 2007, se limita a pedir a las empresas que sus efluentes no superen determinado porcentaje de contaminantes: así, para cumplir, la empresa no tiene más que utilizar más agua, de modo que el tóxico se diluya más, aunque la cantidad vertida sea la misma. Y la Resolución 3, de 2009, establece objetivos tan poco ambiciosos como ‘la apreciación del paisaje’ o ‘el ciclismo’ en las cercanías, pero no reconoce ningún uso para el agua, que seguirá contaminada. La Acumar tiene potestad para modificar esas resoluciones, hechas a medida de la contaminación, pero las mantiene”, afirmó Pujó.
Según la representante de Greenpeace, “no encontramos ningún parámetro para suponer que la contaminación del Riachuelo esté mejorando. Algunos sitios, donde los muestreos de 2009 habían mejorado, han vuelto a empeorar: no hay ninguna tendencia a una mejora en la calidad del agua. Por ejemplo, el oxígeno disuelto, del cual depende la posibilidad de que haya vida acuática, no presenta avances desde 2008. En 2011 había mejorado un poquito en la cuenca alta, pero en 2012 volvió a empeorar: salvo en dos puntos, en la cuenca no hay oxígeno suficiente para permitir vida acuática”.
Cueros for export
“El sector de curtiembres está dominado por un grupo de grandes empresas que, si bien adaptaron sus productos a las exigencias internacionales de calidad, no han adoptado estrategias eficaces para terminar con el vertido de sustancias peligrosas. Estas empresas aprovechan la legislación local, más laxa que la vigente en muchos de los países a donde destinan sus productos, para evitar implementar estrictos controles de sustancias químicas peligrosas en los procesos productivos y sus vertidos, que en cambio sí aplican en su producto final para poder acceder a esos mercados. Entre las principales curtiembres exportadoras de la cuenca se puede mencionar a Arlei, Sadesa, Fonseca, La Hispano Argentina, Angel Giordano, Urciuoli, Américo Gaita y Esposito. Este sector fue identificado por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación como uno de los más contaminantes de la Cuenca Riachuelo-Matanza”, destaca el informe “Cueros tóxicos II”, de Greenpeace Argentina.
“Hay menos vertidos”
Osvaldo Reynoso, coordinador general de Fiscalización y Reconversión Industrial de Acumar, consultado por este diario sobre la denuncia de Greenpeace Argentina (ver nota principal), afirmó que “hay una campaña muy fuerte para que las curtiembres instalen plantas de eliminación de sulfuro y cromo. En general, las empresas han brindado participación y han instalado plantas de ese tipo y hacen mediciones. La mayoría presta mucha colaboración, e incluso la Cámara de Curtidores ha hecho acuerdos con Acumar para la eliminación de esos dos componentes”.
–¿Las mediciones las hacen sólo las empresas?
–Ellos hacen sus monitoreos y nosotros corroboramos con mediciones propias. En general constatamos que esos vertidos han disminuido sensiblemente en muchos establecimientos. En el caso de Antonio Esposito SA, la empresa está dentro de nuestro programa de reconversión, dentro del cual tiene varias obras comprometidas, de las que ha terminado la mayor parte. En las últimas inspecciones se constató que falta un último tramo, que supongo se terminará con prontitud.
“Puede haber deficiencias”
Aldo Esposito –titular de la curtiembre Antonio Esposito SA y de la Unión de Industriales para el Saneamiento Cuencas Matanza-Riachuelo y Reconquista–, consultado sobre la denuncia de Greenpeace, sostuvo que “el tema del cromo ya está solucionado en la curtiembre, porque desde hace unos años hay procedimientos para resolverlo: se reutiliza en la misma curtiembre o se devuelve el residuo al proveedor, que lo vuelve a transformar en materia prima. Puede haber en algún momento alguna deficiencia, pero se están haciendo mejoras continuas. En Avellaneda hicimos una inversión de cuatro millones de dólares para crear una planta de tratamiento de efluentes, a donde todos los curtidores enviaban los precipitados de cromo y allí se hacía un producto homogéneo que a su vez se devolvía al proveedor, en Alemania.
–Usted se refiere a la empresa TEA, clausurada por Acumar.
–TEA se cerró porque los curtidores empezaron a hacer su propio reciclado y dejaron de enviar los efluentes. En el ínterin hubo una inspección de Acumar que la clausuró.
–Hay una denuncia de que TEA arrojó residuos tóxicos sin tratar en un predio lindero...
–No me consta, pero me llegó esa versión; de ser cierto, fue hecho a espaldas del directorio de la empresa. Vamos a hacer la denuncia correspondiente y el que se mandó la macana, que la pague. Es una asquerosidad.
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Greenpeace bloquea el caño de una curtiembre
Fecha de Publicación: 26/02/2013
Fuente: Greenpeace
Provincia/Región: Riachuelo
Esta mañana activistas de Greenpeace bloquearon el caño de la curtiembre Antonio Esposito SA, tras confirmar que la empresa vierte sustancias tóxicas en aguas del Raichuelo. Luego llevaron la llave del bloqueador a la Casa Rosada para reclamarle al jefe de gabinete Juan Manuel Abal Medina, de quien depende la presidencia de la Autoridad Cuenca Matanza-Riachuelo -ACuMaR-, que ponga fin a la contaminación.
Greenpeace bloqueó la salida de los efluentes de la Curtiembre Antonio Esposito, ubicada en Avellaneda, tras obtener resultados de laboratorio que prueban que sus caños arrojan cromo en cantidades 12 veces superiores a las permitidas. Además, la empresa vierte ilegalmente esta y otras sustancias tóxicas en las aguas del Arroyo Sarandí. Su dueño, Aldo Rubén Esposito, también es miembro del directorio de la empresa Tratamiento de Efluentes Avellaneda (TEA), que dispuso clandestinamente cromo en estado sólido en los predios vecinos a la vera del mismo arroyo (1). A su vez, Esposito preside una organización de empresarios de las Cuencas Matanza-Riachuelo y Reconquista que promueve el desarrollo sustentable, la responsabilidad social empresaria y el cuidado ambiental (2).
“Este es un claro ejemplo del descontrol industrial en el Riachuelo en manos del sector curtiembres, uno de los sectores más contaminantes de la Cuenca. Desde 2011, Greenpeace demanda a las empresas de este sector un compromiso para llevar a cero los vertidos de sustancias tóxicas. A pesar de que la organización ya expuso la contaminación de empresas como La Hispano, Gaita, La Teresa, Ángel Giordano y María Lettieri, hasta el momento ninguna asumió el compromiso (3). Las autoridades no controlan suficientemente y la normativa que aplican es muy débil.”, manifestó Lorena Pujó, coordinadora de la campaña de Riachuelo de Greenpeace.
Greenpeace señaló que, frente a este nuevo caso de contaminación industrial, es necesario evaluar la eficacia del plan de saneamiento, más allá de las acciones y obras anunciadas. Los resultados de los propios monitoreos realizados por ACUMAR y analizados por Greenpeace, demuestran que los cursos de agua de la Cuenca Matanza- Riachuelo mantienen los mismos niveles de contaminación que tenían 5 años atrás, cuando comenzaron las gestiones de saneamiento en la Cuenca (4).
Junto con el bloqueo, la organización ambientalista presentó hoy el informe “Cueros Tóxicos II” en el que detalla cómo la curtiembre y la planta de tratamiento denunciadas contaminan con sustancias tóxicas la Cuenca Matanza – Riachuelo (5).
Como parte del Cuerpo Colegiado designado por la Corte Suprema de la Nación para monitorear el saneamiento de la Cuenca, Greenpeace demanda a las autoridades que redefinan los objetivos de recomposición, y pongan en marcha un plan integral que apunte al cese total de los vertidos, como lo dispuso el máximo tribunal tras el fallo del año 2008.
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Fecha de Publicación: 26/02/2013
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Riachuelo
Se trata de una importante curtiembre cuyo dueño integra el staff de la UIA y es directivo de una firma dedicada al tratamiento de efluentes. Los ambientalistas advierten sobre la falta de controles de Acumar, pero el organismo lo rechaza.
Una de las principales curtiembres que envían efluentes a la cuenca del Riachuelo –cuyo dueño es tesorero de la Unión Industrial Argentina y presidente de la entidad Industriales para el Saneamiento de la Cuenca Matanza-Riachuelo– “no ha cesado de verter sustancias contaminantes”, según un informe elaborado por Greenpeace Argentina. Ello incluye cantidades de cromo “doce veces superiores al límite fijado” y de materia orgánica “casi tres veces por encima de lo establecido”; en los sedimentos, “el plomo supera más de quince veces” los parámetros internacionales. El mismo empresario integra el directorio de una firma, supuestamente dedicada a tratar efluentes, que habría simplemente arrojado “una enorme cantidad de barros de cromo, sin tratar”, en un baldío adyacente. Para Greenpeace, el caso da testimonio de que “las grandes curtiembres no han asumido el compromiso de dejar de contaminar”. Pero, también, reflejaría “la falta de controles efectivos por Acumar y la falencia de los planes de reconversión industrial”. Según Greenpeace, “no hay ningún dato de mejoría en la calidad del agua del Riachuelo” desde que, en 2008, la Corte Suprema de la Nación ordenó su saneamiento.
La firma Antonio Esposito S.A. “forma parte del grupo de las principales curtiembres exportadoras del país; vende sus productos a Alemania, Italia, Brasil y Estados Unidos, y también distribuye cueros en todo el país. Posee cuatro establecimientos, todos en la localidad de Sarandí, partido de Avellaneda. A pesar de contar con el Plan de Reconversión Industrial (PRI) aprobado por la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar), la empresa no ha cesado de verter en el arroyo Sarandí –en la cuenca del Riachuelo– contaminantes por encima de los valores permitidos por la normativa de Acumar, que de por sí es laxa”: así lo sostiene el informe “Cueros tóxicos II: Curtiembres. Actualización de evidencias de contaminación en la Cuenca Matanza-Riachuelo”.
Greenpeace tomó muestras de efluentes de la curtiembre, situada en Gibraltar 1432, Sarandí, partido de Avellaneda: “Mientras el límite permitido de vertido de cromo es de dos miligramos por litro, las muestras arrojaron la cifra de 23,1 miligramos por litro”, precisa el informe; en cuanto a la contaminación por materia orgánica, “el límite establecido por Acumar es 250 miligramos por litro y las muestras demostraron 730 miligramos por litro”. La entidad ambientalista también tomó muestras de sedimento en la orilla del arroyo Sarandí, cerca del efluente de Antonio Esposito S.A. En este caso, al no haber legislación nacional sobre estándares de calidad de sedimentos, se consideró la legislación de Canadá, utilizada como referencia en distintos países: “El cadmio superó hasta 4,65 veces los parámetros canadienses; el mercurio, hasta 3,76; el plomo, hasta 15,68; y el cromo, hasta 27,88 veces”.
El presidente de Esposito S.A. es Aldo Rubén Esposito, también tesorero de la Unión Industrial Argentina, vicepresidente de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires, presidente de la Unión Industrial de Lanús y presidente de la Unión de Industriales para el Saneamiento Cuencas Matanza-Riachuelo y Reconquista, cuyo principal objetivo es “resolver sustentablemente la problemática ambiental y fomentar la responsabilidad social empresaria”. Aldo Esposito integra también el directorio de Tratamientos de Efluentes Avellaneda (TEA), “empresa que recibió barros de cromo para tratar pero, como no podía tratarlos, los enterró en el predio de al lado”, según el informe de Greenpeace.
TEA fue clausurada por Acumar en abril de 2012 por contaminar. “A partir de la constatación de que TEA disponía de manera ilegal residuos sólidos en uno de los predios lindantes, Greenpeace tomó muestras de suelo: los valores de cromo hallados superan 84 veces el límite permitido para el uso residencial de suelo, y 26 veces lo permitido para uso industrial”, sostiene el documento.
Lorena Pujó, coordinadora de la Campaña Riachuelo de Greenpeace Argentina, comentó que “en los últimos tiempos, muchas empresas incorporaron el discurso del cuidado de medio ambiente, que suena lindo pero, cuando uno va a ver cómo están trabajando, la realidad es muy distinta”. La ambientalista sostuvo que “las empresas deben hacerse responsables de sus vertidos y desde ya deben informar, por Internet, qué sustancias están emitiendo, cuáles son las que irán eliminando prioritariamente y en qué plazo. Este compromiso público está basado en el derecho que la gente tiene a saber qué emiten las industrias contaminantes con las que debe convivir y también permitirá establecer una línea de base, un diagnóstico general de la contaminación de la cuenca”.
En cuanto a la Acumar, “hasta hoy no les exige a las empresas que dejen de contaminar: aun cuando todas las empresas cumplieran las pautas de Acumar, el Riachuelo seguiría contaminado. La Resolución 1 de Acumar, de 2007, se limita a pedir a las empresas que sus efluentes no superen determinado porcentaje de contaminantes: así, para cumplir, la empresa no tiene más que utilizar más agua, de modo que el tóxico se diluya más, aunque la cantidad vertida sea la misma. Y la Resolución 3, de 2009, establece objetivos tan poco ambiciosos como ‘la apreciación del paisaje’ o ‘el ciclismo’ en las cercanías, pero no reconoce ningún uso para el agua, que seguirá contaminada. La Acumar tiene potestad para modificar esas resoluciones, hechas a medida de la contaminación, pero las mantiene”, afirmó Pujó.
Según la representante de Greenpeace, “no encontramos ningún parámetro para suponer que la contaminación del Riachuelo esté mejorando. Algunos sitios, donde los muestreos de 2009 habían mejorado, han vuelto a empeorar: no hay ninguna tendencia a una mejora en la calidad del agua. Por ejemplo, el oxígeno disuelto, del cual depende la posibilidad de que haya vida acuática, no presenta avances desde 2008. En 2011 había mejorado un poquito en la cuenca alta, pero en 2012 volvió a empeorar: salvo en dos puntos, en la cuenca no hay oxígeno suficiente para permitir vida acuática”.
Cueros for export
“El sector de curtiembres está dominado por un grupo de grandes empresas que, si bien adaptaron sus productos a las exigencias internacionales de calidad, no han adoptado estrategias eficaces para terminar con el vertido de sustancias peligrosas. Estas empresas aprovechan la legislación local, más laxa que la vigente en muchos de los países a donde destinan sus productos, para evitar implementar estrictos controles de sustancias químicas peligrosas en los procesos productivos y sus vertidos, que en cambio sí aplican en su producto final para poder acceder a esos mercados. Entre las principales curtiembres exportadoras de la cuenca se puede mencionar a Arlei, Sadesa, Fonseca, La Hispano Argentina, Angel Giordano, Urciuoli, Américo Gaita y Esposito. Este sector fue identificado por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación como uno de los más contaminantes de la Cuenca Riachuelo-Matanza”, destaca el informe “Cueros tóxicos II”, de Greenpeace Argentina.
“Hay menos vertidos”
Osvaldo Reynoso, coordinador general de Fiscalización y Reconversión Industrial de Acumar, consultado por este diario sobre la denuncia de Greenpeace Argentina (ver nota principal), afirmó que “hay una campaña muy fuerte para que las curtiembres instalen plantas de eliminación de sulfuro y cromo. En general, las empresas han brindado participación y han instalado plantas de ese tipo y hacen mediciones. La mayoría presta mucha colaboración, e incluso la Cámara de Curtidores ha hecho acuerdos con Acumar para la eliminación de esos dos componentes”.
–¿Las mediciones las hacen sólo las empresas?
–Ellos hacen sus monitoreos y nosotros corroboramos con mediciones propias. En general constatamos que esos vertidos han disminuido sensiblemente en muchos establecimientos. En el caso de Antonio Esposito SA, la empresa está dentro de nuestro programa de reconversión, dentro del cual tiene varias obras comprometidas, de las que ha terminado la mayor parte. En las últimas inspecciones se constató que falta un último tramo, que supongo se terminará con prontitud.
“Puede haber deficiencias”
Aldo Esposito –titular de la curtiembre Antonio Esposito SA y de la Unión de Industriales para el Saneamiento Cuencas Matanza-Riachuelo y Reconquista–, consultado sobre la denuncia de Greenpeace, sostuvo que “el tema del cromo ya está solucionado en la curtiembre, porque desde hace unos años hay procedimientos para resolverlo: se reutiliza en la misma curtiembre o se devuelve el residuo al proveedor, que lo vuelve a transformar en materia prima. Puede haber en algún momento alguna deficiencia, pero se están haciendo mejoras continuas. En Avellaneda hicimos una inversión de cuatro millones de dólares para crear una planta de tratamiento de efluentes, a donde todos los curtidores enviaban los precipitados de cromo y allí se hacía un producto homogéneo que a su vez se devolvía al proveedor, en Alemania.
–Usted se refiere a la empresa TEA, clausurada por Acumar.
–TEA se cerró porque los curtidores empezaron a hacer su propio reciclado y dejaron de enviar los efluentes. En el ínterin hubo una inspección de Acumar que la clausuró.
–Hay una denuncia de que TEA arrojó residuos tóxicos sin tratar en un predio lindero...
–No me consta, pero me llegó esa versión; de ser cierto, fue hecho a espaldas del directorio de la empresa. Vamos a hacer la denuncia correspondiente y el que se mandó la macana, que la pague. Es una asquerosidad.
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Greenpeace bloquea el caño de una curtiembre
Fecha de Publicación: 26/02/2013
Fuente: Greenpeace
Provincia/Región: Riachuelo
Esta mañana activistas de Greenpeace bloquearon el caño de la curtiembre Antonio Esposito SA, tras confirmar que la empresa vierte sustancias tóxicas en aguas del Raichuelo. Luego llevaron la llave del bloqueador a la Casa Rosada para reclamarle al jefe de gabinete Juan Manuel Abal Medina, de quien depende la presidencia de la Autoridad Cuenca Matanza-Riachuelo -ACuMaR-, que ponga fin a la contaminación.
Greenpeace bloqueó la salida de los efluentes de la Curtiembre Antonio Esposito, ubicada en Avellaneda, tras obtener resultados de laboratorio que prueban que sus caños arrojan cromo en cantidades 12 veces superiores a las permitidas. Además, la empresa vierte ilegalmente esta y otras sustancias tóxicas en las aguas del Arroyo Sarandí. Su dueño, Aldo Rubén Esposito, también es miembro del directorio de la empresa Tratamiento de Efluentes Avellaneda (TEA), que dispuso clandestinamente cromo en estado sólido en los predios vecinos a la vera del mismo arroyo (1). A su vez, Esposito preside una organización de empresarios de las Cuencas Matanza-Riachuelo y Reconquista que promueve el desarrollo sustentable, la responsabilidad social empresaria y el cuidado ambiental (2).
“Este es un claro ejemplo del descontrol industrial en el Riachuelo en manos del sector curtiembres, uno de los sectores más contaminantes de la Cuenca. Desde 2011, Greenpeace demanda a las empresas de este sector un compromiso para llevar a cero los vertidos de sustancias tóxicas. A pesar de que la organización ya expuso la contaminación de empresas como La Hispano, Gaita, La Teresa, Ángel Giordano y María Lettieri, hasta el momento ninguna asumió el compromiso (3). Las autoridades no controlan suficientemente y la normativa que aplican es muy débil.”, manifestó Lorena Pujó, coordinadora de la campaña de Riachuelo de Greenpeace.
Greenpeace señaló que, frente a este nuevo caso de contaminación industrial, es necesario evaluar la eficacia del plan de saneamiento, más allá de las acciones y obras anunciadas. Los resultados de los propios monitoreos realizados por ACUMAR y analizados por Greenpeace, demuestran que los cursos de agua de la Cuenca Matanza- Riachuelo mantienen los mismos niveles de contaminación que tenían 5 años atrás, cuando comenzaron las gestiones de saneamiento en la Cuenca (4).
Junto con el bloqueo, la organización ambientalista presentó hoy el informe “Cueros Tóxicos II” en el que detalla cómo la curtiembre y la planta de tratamiento denunciadas contaminan con sustancias tóxicas la Cuenca Matanza – Riachuelo (5).
Como parte del Cuerpo Colegiado designado por la Corte Suprema de la Nación para monitorear el saneamiento de la Cuenca, Greenpeace demanda a las autoridades que redefinan los objetivos de recomposición, y pongan en marcha un plan integral que apunte al cese total de los vertidos, como lo dispuso el máximo tribunal tras el fallo del año 2008.
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Siguen la pelea por la obra en la 9 de Julio
Otro round en la pelea por los árboles entre Nación y Ciudad
Fecha de Publicación: 26/02/2013
Fuente: Clarin
Provincia/Región: Capital Federal
El Gobierno Nacional continuó ayer la polémica con Mauricio Macri por los árboles.
Luego de que el jefe de Gobierno porteño denunciara que la Nación sacó en Tecnópolis más árboles que los removidos por la obra del Metrobús en la 9 de Julio, el secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli le contestó que “sin mentiras se dedique a gobernar”.
Parrilli volvió ayer a la carga: “Deje de contar arbolitos en imágenes que le preparan sus asesores. Los árboles están. Dedíquese en serio y sin mentiras a gobernar la Ciudad”, dijo, e invito a Macri a recorrer el predio. Además, en el perfil de Facebook de Tecnópolis apareció un irónico mensaje dedicado a Macri, en el que los árboles “hablan” y dicen: “Estamos bien los 2.936”.
La polémica con los árboles comenzó cuando se conoció que por la obra del Metrobús la Ciudad tenía pensado remover 305 ejemplares en las plazoletas de la 9 de Julio. A cambio, el Gobierno porteño prometía plantar 500.
Pero el kirchnerismo lo aprovechó como argumento para la pelea política. La propia Presidenta dijo que para ella eran “sagrados” y que nunca talaría un árbol.
A esto Macri le respondió que en Tecnópolis habían talado, lo que le valió una acusación de Parrilli de ser “un vago irresponsable”. El jefe de Gobierno porteño difundió fotos satelitales para probar que faltan 478 árboles en el predio de Villa Martelli.
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Fecha de Publicación: 26/02/2013
Fuente: Clarin
Provincia/Región: Capital Federal
El Gobierno Nacional continuó ayer la polémica con Mauricio Macri por los árboles.
Luego de que el jefe de Gobierno porteño denunciara que la Nación sacó en Tecnópolis más árboles que los removidos por la obra del Metrobús en la 9 de Julio, el secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli le contestó que “sin mentiras se dedique a gobernar”.
Parrilli volvió ayer a la carga: “Deje de contar arbolitos en imágenes que le preparan sus asesores. Los árboles están. Dedíquese en serio y sin mentiras a gobernar la Ciudad”, dijo, e invito a Macri a recorrer el predio. Además, en el perfil de Facebook de Tecnópolis apareció un irónico mensaje dedicado a Macri, en el que los árboles “hablan” y dicen: “Estamos bien los 2.936”.
La polémica con los árboles comenzó cuando se conoció que por la obra del Metrobús la Ciudad tenía pensado remover 305 ejemplares en las plazoletas de la 9 de Julio. A cambio, el Gobierno porteño prometía plantar 500.
Pero el kirchnerismo lo aprovechó como argumento para la pelea política. La propia Presidenta dijo que para ella eran “sagrados” y que nunca talaría un árbol.
A esto Macri le respondió que en Tecnópolis habían talado, lo que le valió una acusación de Parrilli de ser “un vago irresponsable”. El jefe de Gobierno porteño difundió fotos satelitales para probar que faltan 478 árboles en el predio de Villa Martelli.
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Justicia ordena frenar obra de Monsanto en Córdoba
Monsanto: dictan la suspensión de obras
Fecha de Publicación: 26/02/2013
Fuente: InfoCampo
Provincia/Región: Córdoba
La sala 2 de Cámara de Conciliación Laboral provincial dispuso que no continúen las obras en Malvinas Argentinas.
La sala 2 de la Cámara de Conciliación Laboral provincial dispuso que no continúen las obras de la firma Monsanto que se están ejecutando en Malvinas Argentinas y ordenó a la Municipalidad de esa localidad que suspenda los efectos de la ordenanza que autorizaba la obra civil.
El auto interlocutorio 21 del pasado viernes está firmado por los vocales Silvia Díaz, Luis Fernando Farías y Miguel Ángel Azar y revoca el punto 1 de la decisión de la jueza Claudia Zalazar (del 25 de enero), quien había dicho que podían construir pero no poner en marcha la planta de secado de semillas hasta que no presentaran los estudios de impacto ambiental.
Aún no se conocen los fundamentos de la decisión. Si bien administrativamente la resolución no fue recibida por la Municipalidad de Malvinas Argentinas, el abogado de esta comuna, Gustavo Asís, confirmó anoche la novedad a La voz del Interior. En su estudio jurídico de Córdoba recibió la notificación judicial a última hora del viernes.
El letrado confirmó que los jueces hicieron “lugar a la cautelar innovativa peticionada por los amparistas” y ordenaron a la Municipalidad “suspender los efectos de la ordenanza”.
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Fecha de Publicación: 26/02/2013
Fuente: InfoCampo
Provincia/Región: Córdoba
La sala 2 de Cámara de Conciliación Laboral provincial dispuso que no continúen las obras en Malvinas Argentinas.La sala 2 de la Cámara de Conciliación Laboral provincial dispuso que no continúen las obras de la firma Monsanto que se están ejecutando en Malvinas Argentinas y ordenó a la Municipalidad de esa localidad que suspenda los efectos de la ordenanza que autorizaba la obra civil.
El auto interlocutorio 21 del pasado viernes está firmado por los vocales Silvia Díaz, Luis Fernando Farías y Miguel Ángel Azar y revoca el punto 1 de la decisión de la jueza Claudia Zalazar (del 25 de enero), quien había dicho que podían construir pero no poner en marcha la planta de secado de semillas hasta que no presentaran los estudios de impacto ambiental.
Aún no se conocen los fundamentos de la decisión. Si bien administrativamente la resolución no fue recibida por la Municipalidad de Malvinas Argentinas, el abogado de esta comuna, Gustavo Asís, confirmó anoche la novedad a La voz del Interior. En su estudio jurídico de Córdoba recibió la notificación judicial a última hora del viernes.
El letrado confirmó que los jueces hicieron “lugar a la cautelar innovativa peticionada por los amparistas” y ordenaron a la Municipalidad “suspender los efectos de la ordenanza”.
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Piensan en que el estado explote el litio
Evalúan crear empresa estatal para explotar litio
Fecha de Publicación: 25/02/2013
Fuente: BAE Negocios
Provincia/Región: Nacional
Un sector del Gobierno analiza formar un organismo o compañía estatal que juegue un papel clave en la producción. La Argentina concentra el 13,3% de las reservas mundiales
El desarrollo e industrialización del litio, considerado un "recurso estratégico" por su proyección futura, debería ir acompañado por la creación de una entidad estatal. De ese modo se podrían "articular los intereses" económicos, sociales y ambientales con la expectativas privadas, según un trabajo académico que analiza las "oportunidades y desafíos" del mineral que permitiría sustituir parcialmente al petróleo. Esa idea, del Estado al frente de un organismo con poder de control, sigue en la agenda de algunos sectores de La Cámpora, que plantean la necesidad de agregar valor a los minerales extraídos.
La definición no es menor porque la Argentina posee el 13,3% de las reservas mundiales de litio que pueden emplearse en la fabricación de baterías. Junto con Bolivia (35,9%) y Chile (19,95%) conforma del denominado "triángulo del litio", que se utiliza para alimentar celulares y computadoras. Además, se convirtió en el tercer productor mundial con sus salares Hombre Muerto (Catamarca), Rincón (Salta) y Olaroz (Jujuy), que tienen una gran calidad por su baja concentración de impurezas y son operados por empresas de Estados Unidos y Australia.
"La explotación del litio no debe limitarse a la producción primaria y exportación como commodity, sino que deben realizarse todos los esfuerzos para que su extracción se convierta en la etapa primaria para el posterior desarrollos de una industria de tecnología de punta, en este caso el de las baterías y sistemas de almacenamiento de energía", subrayaron el economista Julio Sevares y el especialista en relaciones internacionales Juan Pablo Krzemien. Advirtieron, además, que este proceso debe ir acompañado por "la creación de una entidad estatal" que sea capaz de controlar y orientar el proceso.
En su trabajo "El litio en la Argentina: oportunidades y desarrollos de un recurso estratégico", que publicaron en la revista especializada Realidad Económica, los académicos señalaron la preocupación del sector privado: las automotrices ya cerraron acuerdos estratégicos con las empresas extractivas.
La necesidad de crear un organismo que pueda "definir el rumbo y perfil productivo del sector minero" también está planteado en un paper que recorrió parte de La Cámpora y suma simpatías de otros sectores del kirchnerismo, como Kolina, la corriente que lidera Alicia Kichner. El documento, que el año pasado publicó Federico Basualdo (investigador de Flacso), advirtió sobre el "escaso poder de negociación que tienen las provincias mineras" frente a las empresas extractivas trasnacionales y consideró que "la reversión de esta situación requiere necesariamente la recuperación por parte del Estado nacional de los resortes fundamentales para definir el rumbo y el perfil productivo del sector minero".
Por eso, destacó la necesidad de "concretar el funcionamiento efectivo de un organismo nacional que ejerza el control y seguimiento de las empresas". Además, estimó que "la redefinición del papel del Estado nacional permitirá crear una empresa estatal que participe en la explotación minera mediante la implementación de proyectos propios que permitan modificar paulatinamente el actual perfil productivo del sector".
Las automotrices se aseguran sus insumos
El Grupo Toyota cerró un acuerdo en 2010 para extraer litio junto a la australiana Orocobre, que opera en el Salar de Olaroz, en Jujuy. De ese modo, la firma japonesa participa con el 25% del proyecto extractivo y se asegura el litio para sus vehículos híbridos. Del proyecto, también participa Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (JEMSE).
En tanto, en los otros salares argentinos también trabajan otras automotrices: la canadiense Magna, que fabrica autopartes y baterías de litio, y la japonesa Mitsubishi, participan de la canadiense Lithium Americas Corp (LAC), que a través de Minera Exar tiene los derechos de explotación sobre 5 salares de Jujuy. Magna es propietaria del 13,3% de LAC y Mitsubishi posee el 4,1%.
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Fecha de Publicación: 25/02/2013
Fuente: BAE Negocios
Provincia/Región: Nacional
Un sector del Gobierno analiza formar un organismo o compañía estatal que juegue un papel clave en la producción. La Argentina concentra el 13,3% de las reservas mundialesEl desarrollo e industrialización del litio, considerado un "recurso estratégico" por su proyección futura, debería ir acompañado por la creación de una entidad estatal. De ese modo se podrían "articular los intereses" económicos, sociales y ambientales con la expectativas privadas, según un trabajo académico que analiza las "oportunidades y desafíos" del mineral que permitiría sustituir parcialmente al petróleo. Esa idea, del Estado al frente de un organismo con poder de control, sigue en la agenda de algunos sectores de La Cámpora, que plantean la necesidad de agregar valor a los minerales extraídos.
La definición no es menor porque la Argentina posee el 13,3% de las reservas mundiales de litio que pueden emplearse en la fabricación de baterías. Junto con Bolivia (35,9%) y Chile (19,95%) conforma del denominado "triángulo del litio", que se utiliza para alimentar celulares y computadoras. Además, se convirtió en el tercer productor mundial con sus salares Hombre Muerto (Catamarca), Rincón (Salta) y Olaroz (Jujuy), que tienen una gran calidad por su baja concentración de impurezas y son operados por empresas de Estados Unidos y Australia.
"La explotación del litio no debe limitarse a la producción primaria y exportación como commodity, sino que deben realizarse todos los esfuerzos para que su extracción se convierta en la etapa primaria para el posterior desarrollos de una industria de tecnología de punta, en este caso el de las baterías y sistemas de almacenamiento de energía", subrayaron el economista Julio Sevares y el especialista en relaciones internacionales Juan Pablo Krzemien. Advirtieron, además, que este proceso debe ir acompañado por "la creación de una entidad estatal" que sea capaz de controlar y orientar el proceso.
En su trabajo "El litio en la Argentina: oportunidades y desarrollos de un recurso estratégico", que publicaron en la revista especializada Realidad Económica, los académicos señalaron la preocupación del sector privado: las automotrices ya cerraron acuerdos estratégicos con las empresas extractivas.
La necesidad de crear un organismo que pueda "definir el rumbo y perfil productivo del sector minero" también está planteado en un paper que recorrió parte de La Cámpora y suma simpatías de otros sectores del kirchnerismo, como Kolina, la corriente que lidera Alicia Kichner. El documento, que el año pasado publicó Federico Basualdo (investigador de Flacso), advirtió sobre el "escaso poder de negociación que tienen las provincias mineras" frente a las empresas extractivas trasnacionales y consideró que "la reversión de esta situación requiere necesariamente la recuperación por parte del Estado nacional de los resortes fundamentales para definir el rumbo y el perfil productivo del sector minero".
Por eso, destacó la necesidad de "concretar el funcionamiento efectivo de un organismo nacional que ejerza el control y seguimiento de las empresas". Además, estimó que "la redefinición del papel del Estado nacional permitirá crear una empresa estatal que participe en la explotación minera mediante la implementación de proyectos propios que permitan modificar paulatinamente el actual perfil productivo del sector".
Las automotrices se aseguran sus insumos
El Grupo Toyota cerró un acuerdo en 2010 para extraer litio junto a la australiana Orocobre, que opera en el Salar de Olaroz, en Jujuy. De ese modo, la firma japonesa participa con el 25% del proyecto extractivo y se asegura el litio para sus vehículos híbridos. Del proyecto, también participa Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (JEMSE).
En tanto, en los otros salares argentinos también trabajan otras automotrices: la canadiense Magna, que fabrica autopartes y baterías de litio, y la japonesa Mitsubishi, participan de la canadiense Lithium Americas Corp (LAC), que a través de Minera Exar tiene los derechos de explotación sobre 5 salares de Jujuy. Magna es propietaria del 13,3% de LAC y Mitsubishi posee el 4,1%.
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Otro foco de tensión en Santa Fe por fumigaciones
Alvear: preocupación de los vecinos por la aspersión de agroquímicos
Fecha de Publicación: 25/02/2013
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Santa Fe
Denunciaron en la comuna y en la Defensoría que se fumiga a pocos metros de viviendas, plazas e instituciones educativas. Aseguran que hay muchos casos de vecinos que sufren enfermedades severas.
El alerta surgió a fines de octubre de 2012, cuando una vecina de Alvear que vive en la planta urbana, sufrió la pérdida de su mascota por causas no determinadas. El día anterior una máquina aspersora de agroquímicos había recorrido el sembrado que comenzaba a escasos metros del patio de su vivienda. Según veterinario que analizó al perro la causa de muerte se podía asociar a una intoxicación similar que habían sufrido las mascotas de otros vecinos. En total murieron veinte animales y hubo gran cantidad de personas con problemas de exposición.
Con el objetivo de buscar una explicación y de alertar a los pobladores de que podían estar expuestos a los efectos de los químicos que se utilizan en los campos la maestra Andrea Druetta, comenzó indagar sobre otras posibles consecuencias que se evidenciaran en el pueblo y los modos utilizados por los agricultores de la región.
Poco después observó que el problema podía amenazar seriamente la salud los vecinos, más si se tiene en cuenta que en esta pequeña localidad, distante 14 kilómetros al sur de Rosario, también había otras actividades que podían asociarse a la contaminación ambiental como una planta de silos, un puerto cerealero y el parque industrial. A partir de allí realizó un trabajo minucioso junto a otros 40 vecinos que se sumaron a la causa, el cual los llevó a determinar que prácticamente convivían con la actividad agraria.
"Hasta en el mismo límite de las viviendas hay campos sembrados en los que se utilizan agroquímicos", explicó Druetta y añadió que "en general se usa glifosato, 2,4 D, cipermetrina y otros plaguicidas no determinados".
El trabajo pormenorizado que realizaron los vecinos los llevó a concluir que en el pueblo hay gran cantidad de habitantes con afecciones de salud serias que los especialistas vinculan a la contaminación del ambiente. "Hay niños con problemas congénitos, muchos enfermos de cáncer de diversas edades, problemas respiratorios y afecciones en la piel", señaló la vecina y avaló sus dichos con un archivo de certificaciones médicas e historias clínicas que colectaron entre los vecinos voluntarios.
"También se pueden observar efectos en el arbolado urbano y en las quintas de verduras ubicadas en las afuera del pueblo, que también son alcanzados por las fumigaciones y esos productos llegan fumigados a los puestos de consumo", añadió y contó que en los campos linderos con la pista del Aeroclub Rosario se siembra soja y cuando la fumigan se afecta a las viviendas cercanas y a quienes transitan por la ruta 21.
Los reclamos. Los vecinos de Alvear reclamaron en conjunto a las autoridades comunales y fueron atendidos por el presidente comunal Carlos Pighin, pero hasta el momento no recibieron respuestas satisfactorias. "Nos atienden y se ocupan pero no hay soluciones de fondo" indicaron y señalaron que los procesos de siembra continúan y la preocupación en la población va en aumento.
"Ayer —por el sábado— hubo vecinos que tenían la intención de evitar el paso de una máquina aplicadora en la zona cercana a sus casas parándose delante del tractor", contó Druetta y aseguró que la tensión puede generar episodios indeseables.
"Ahora la esperanza está depositada en la intervención de la Defensoría del Pueblo", explicó. Unos 25 vecinos llegaron a la sede rosarina de la entidad y fueron atendidos por el asesor de Gabinete, Fernando Daniluk, quien recibió el reclamo y dispuso instruir a los pobladores afectados sobre los pasos a seguir. "Creemos que en no mucho tiempo habrá novedades respecto al trámite que iniciamos", relató Druetta".
Según el relato, en cercanías de la zona urbana se emplazan el Hogar Enrique Astengo, una institución que alberga a niños huérfanos o en situación de contención judicial, una escuela secundaria en la que se cultivan hortalizas y una escuela primaria, que también sufren los alcances de la aspersiones agrarias.
"Tenemos el aval de 170 vecinos entre los que se encuentran autoridades institucionales", comentó la maestra Druetta y aseguró que "muchos, aunque ven el problema, no se atreven a protestar porque de algún modo están vinculados a los productores o a las empresas que provocan contaminación en la zona".
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Fecha de Publicación: 25/02/2013
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Santa Fe
Denunciaron en la comuna y en la Defensoría que se fumiga a pocos metros de viviendas, plazas e instituciones educativas. Aseguran que hay muchos casos de vecinos que sufren enfermedades severas.El alerta surgió a fines de octubre de 2012, cuando una vecina de Alvear que vive en la planta urbana, sufrió la pérdida de su mascota por causas no determinadas. El día anterior una máquina aspersora de agroquímicos había recorrido el sembrado que comenzaba a escasos metros del patio de su vivienda. Según veterinario que analizó al perro la causa de muerte se podía asociar a una intoxicación similar que habían sufrido las mascotas de otros vecinos. En total murieron veinte animales y hubo gran cantidad de personas con problemas de exposición.
Con el objetivo de buscar una explicación y de alertar a los pobladores de que podían estar expuestos a los efectos de los químicos que se utilizan en los campos la maestra Andrea Druetta, comenzó indagar sobre otras posibles consecuencias que se evidenciaran en el pueblo y los modos utilizados por los agricultores de la región.
Poco después observó que el problema podía amenazar seriamente la salud los vecinos, más si se tiene en cuenta que en esta pequeña localidad, distante 14 kilómetros al sur de Rosario, también había otras actividades que podían asociarse a la contaminación ambiental como una planta de silos, un puerto cerealero y el parque industrial. A partir de allí realizó un trabajo minucioso junto a otros 40 vecinos que se sumaron a la causa, el cual los llevó a determinar que prácticamente convivían con la actividad agraria.
"Hasta en el mismo límite de las viviendas hay campos sembrados en los que se utilizan agroquímicos", explicó Druetta y añadió que "en general se usa glifosato, 2,4 D, cipermetrina y otros plaguicidas no determinados".
El trabajo pormenorizado que realizaron los vecinos los llevó a concluir que en el pueblo hay gran cantidad de habitantes con afecciones de salud serias que los especialistas vinculan a la contaminación del ambiente. "Hay niños con problemas congénitos, muchos enfermos de cáncer de diversas edades, problemas respiratorios y afecciones en la piel", señaló la vecina y avaló sus dichos con un archivo de certificaciones médicas e historias clínicas que colectaron entre los vecinos voluntarios.
"También se pueden observar efectos en el arbolado urbano y en las quintas de verduras ubicadas en las afuera del pueblo, que también son alcanzados por las fumigaciones y esos productos llegan fumigados a los puestos de consumo", añadió y contó que en los campos linderos con la pista del Aeroclub Rosario se siembra soja y cuando la fumigan se afecta a las viviendas cercanas y a quienes transitan por la ruta 21.
Los reclamos. Los vecinos de Alvear reclamaron en conjunto a las autoridades comunales y fueron atendidos por el presidente comunal Carlos Pighin, pero hasta el momento no recibieron respuestas satisfactorias. "Nos atienden y se ocupan pero no hay soluciones de fondo" indicaron y señalaron que los procesos de siembra continúan y la preocupación en la población va en aumento.
"Ayer —por el sábado— hubo vecinos que tenían la intención de evitar el paso de una máquina aplicadora en la zona cercana a sus casas parándose delante del tractor", contó Druetta y aseguró que la tensión puede generar episodios indeseables.
"Ahora la esperanza está depositada en la intervención de la Defensoría del Pueblo", explicó. Unos 25 vecinos llegaron a la sede rosarina de la entidad y fueron atendidos por el asesor de Gabinete, Fernando Daniluk, quien recibió el reclamo y dispuso instruir a los pobladores afectados sobre los pasos a seguir. "Creemos que en no mucho tiempo habrá novedades respecto al trámite que iniciamos", relató Druetta".
Según el relato, en cercanías de la zona urbana se emplazan el Hogar Enrique Astengo, una institución que alberga a niños huérfanos o en situación de contención judicial, una escuela secundaria en la que se cultivan hortalizas y una escuela primaria, que también sufren los alcances de la aspersiones agrarias.
"Tenemos el aval de 170 vecinos entre los que se encuentran autoridades institucionales", comentó la maestra Druetta y aseguró que "muchos, aunque ven el problema, no se atreven a protestar porque de algún modo están vinculados a los productores o a las empresas que provocan contaminación en la zona".
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No descartan volver a La Haya por Botnia
Resurge la polémica por el monitoreo de Botnia
Fecha de Publicación: 25/02/2013
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Nacional
El senador nacional kirchnerista Pedro Guillermo Guastavino no descartó la posibilidad de que la Argentina vuelva a la Corte Internacional de Justicia de La Haya al acusar al gobierno uruguayo de "entorpecer" la difusión de información sobre el monitoreo realizado en la planta pastera Botnia-UPM, ubicada sobre el compartido río Uruguay. "Los científicos uruguayos entorpecen la publicación de información", dijo el entrerriano.
Y, advirtió que "vamos a demostrar que la pastera contamina", al hablar sobre la actividad de la planta industrial de la finlandesa Botnia-UPM que desde noviembre de 2007 funciona en la localidad uruguaya de Fray Bentos, frente a la ciudad entrerriana de Gualeguaychú. "En mi opinión y si siguen entorpeciendo, vamos a volver a La Haya para demostrar la mala fe con la que está actuando el Uruguay", dijo ante una consulta periodística. En igual sentido, la directora de Medio Ambiente de Gualeguaychú, Noelia Indart, señaló que "es lamentable pero nunca recibimos los resultados de los controles a Botnia". En estos días volvieron las críticas de integrantes de la Asamblea Ciudadana Ambiental Gualeguaychú, luego de que el miércoles denunciaran un episodio de fuerte olor a azufre, que atribuyeron al funcionamiento de la polémica pastera.
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Fecha de Publicación: 25/02/2013
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Nacional
El senador nacional kirchnerista Pedro Guillermo Guastavino no descartó la posibilidad de que la Argentina vuelva a la Corte Internacional de Justicia de La Haya al acusar al gobierno uruguayo de "entorpecer" la difusión de información sobre el monitoreo realizado en la planta pastera Botnia-UPM, ubicada sobre el compartido río Uruguay. "Los científicos uruguayos entorpecen la publicación de información", dijo el entrerriano.
Y, advirtió que "vamos a demostrar que la pastera contamina", al hablar sobre la actividad de la planta industrial de la finlandesa Botnia-UPM que desde noviembre de 2007 funciona en la localidad uruguaya de Fray Bentos, frente a la ciudad entrerriana de Gualeguaychú. "En mi opinión y si siguen entorpeciendo, vamos a volver a La Haya para demostrar la mala fe con la que está actuando el Uruguay", dijo ante una consulta periodística. En igual sentido, la directora de Medio Ambiente de Gualeguaychú, Noelia Indart, señaló que "es lamentable pero nunca recibimos los resultados de los controles a Botnia". En estos días volvieron las críticas de integrantes de la Asamblea Ciudadana Ambiental Gualeguaychú, luego de que el miércoles denunciaran un episodio de fuerte olor a azufre, que atribuyeron al funcionamiento de la polémica pastera.
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El proyecto Nueva Costa del Plata fue frenado
La Justicia ordenó detener el proyecto Nueva Costa del Plata
Fecha de Publicación: 24/02/2013
Fuente: InfoRegión
Provincia/Región: Buenos Aires
La Cámara de Apelaciones de La Plata ordenó a una empresa que forma parte del Grupo Techint suspender por 30 días las obras iniciadas en la ribera de Quilmes-Avellaneda. Así, la Justicia hizo lugar al pedido de vecinos nucleados en la asamblea ambientalista. Desde la Secretaría de Política Ambiental de Avellaneda habían manifestado "sorpresa" por el freno.
La Cámara Federal de Apelaciones de La Plata hizo lugar a una medida cautelar impulsada por la Asamblea "No a la entrega de la Costa Quilmes-Avellaneda" y ordenó a una empresa que forma parte del Grupo Techint suspender por 30 días las obras iniciadas en el bosque ribereño Quilmes-Avellaneda, correspondientes al emprendimiento inmobiliario denominado “Nueva Costa del Plata”. La decisión judicial cuenta con la firma de Julio Reboredo y Leopoldo Schiffrin.
En diálogo con Info Región, el abogado que llevó a cabo la presentación, Leandro Giannini, explicó que “la causa -iniciada en enero- es una demanda que busca la protección y recomposición ambiental en los bosques ribereños que, en definitiva, busca detener las obras de Nueva Costa del Plata y colocar el bosque ribereño en el estado que estaba antes de que se inicien los desmontes”.
Además, Giannini expuso que “el plazo (de 30 días) es prorrogable en tanto se mantenga el estado de situación actual” y contó que los demandados son el Municipio de Avellaneda, la empresa Nuevo Milenio –del grupo Techint- y la provincia de Buenos Aires. El abogado valoró que “este proyecto sobre un bosque nativo que no debería jamás haber sido aprobado y mucho menos iniciada su ejecución”.
Por su parte, Néstor Saracho –uno de los integrantes de “No a la entrega de la Costa”- destacó que “la ordenanza (de Avellaneda) que rezonificó el área en 2008 va contra la Ley Nacional de Bosques, sancionada en 2007” por lo cual “la selva de Avellaneda y Quilmes tiene que estar protegida hasta que resuelva la Provincia (su adecuación a dicha normativa)”
En ese sentido, el secretario de la Asociación Civil Ambiente Sur e ingeniero forestal experto en Recursos Naturales, Jorge Trevin, destacó que “en la actualidad los proyectos de ley provincial se encuentran en Labor Parlamentario” y adelantó que en los “trabajos preliminares” se referencia a la zona ribereña “de color rojo”, lo que significa el mayor grado de protección previsto por la Ley de Bosques.
Por su parte, la ambientalista y vecina de la zona Nieves Baldaccini destacó que “este trabajo por la defensa del bosque nativo y humedales se viene realizando desde el 13 de marzo del 2008, cuando se anunció el emprendimiento inmobiliario” e indicó que en ese momento los vecinos organizados comenzaron a “preguntar a especialistas que pasaría si dicho emprendimiento se realizaba en ese lugar”.
Para justificar tantos años de reclamos, explicó: “La respuesta fue que si se eleva la costa a 5,50 metros de altura se destruye el humedal y deja de cumplir el servicio ambiental que genera el mismo y el bosque nativo”.
La Municipalidad de Avellaneda expresó esta semana su sorpresa por la decisión judicial de suspender por 30 días las obras de construcción del complejo urbanístico conocido como Nueva Costa del Plata. El secretario de Política Ambiental de Avellaneda, Humberto Borsani, había defendido la tarea realizada por Techint y expresó su confianza en que pronto se levantará la restricción.
“Esto es una sorpresa para mí, porque el juez de Primera Instancia no le había dado lugar”, había expresado el funcionario en diálogo con Info Región, aunque planteó que “por ahí la Cámara hace las cosas bien, se toma 30 días, analiza la posición de las ONG, analiza la posición de la empresa y esto sigue”.
“Pasa lo que dice la Presidenta (Cristina Fernández de Kirchner), la Justicia hace lo que quiere cuando quiere”, había disparado Borsani enojado, antes de afirmar que en lo que hace a “Medio Ambiente de Avellaneda, está todo bien hecho”. “El intendente (Jorge Ferraresi) y yo hemos charlado mucho del tema. El estudio de impacto ambiental que hizo Techint son 13 tomos, es un estudio perfecto y el reclamo no tiene sentido”, insistió en esa ocasión.
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Fecha de Publicación: 24/02/2013
Fuente: InfoRegión
Provincia/Región: Buenos Aires
La Cámara de Apelaciones de La Plata ordenó a una empresa que forma parte del Grupo Techint suspender por 30 días las obras iniciadas en la ribera de Quilmes-Avellaneda. Así, la Justicia hizo lugar al pedido de vecinos nucleados en la asamblea ambientalista. Desde la Secretaría de Política Ambiental de Avellaneda habían manifestado "sorpresa" por el freno.La Cámara Federal de Apelaciones de La Plata hizo lugar a una medida cautelar impulsada por la Asamblea "No a la entrega de la Costa Quilmes-Avellaneda" y ordenó a una empresa que forma parte del Grupo Techint suspender por 30 días las obras iniciadas en el bosque ribereño Quilmes-Avellaneda, correspondientes al emprendimiento inmobiliario denominado “Nueva Costa del Plata”. La decisión judicial cuenta con la firma de Julio Reboredo y Leopoldo Schiffrin.
En diálogo con Info Región, el abogado que llevó a cabo la presentación, Leandro Giannini, explicó que “la causa -iniciada en enero- es una demanda que busca la protección y recomposición ambiental en los bosques ribereños que, en definitiva, busca detener las obras de Nueva Costa del Plata y colocar el bosque ribereño en el estado que estaba antes de que se inicien los desmontes”.
Además, Giannini expuso que “el plazo (de 30 días) es prorrogable en tanto se mantenga el estado de situación actual” y contó que los demandados son el Municipio de Avellaneda, la empresa Nuevo Milenio –del grupo Techint- y la provincia de Buenos Aires. El abogado valoró que “este proyecto sobre un bosque nativo que no debería jamás haber sido aprobado y mucho menos iniciada su ejecución”.
Por su parte, Néstor Saracho –uno de los integrantes de “No a la entrega de la Costa”- destacó que “la ordenanza (de Avellaneda) que rezonificó el área en 2008 va contra la Ley Nacional de Bosques, sancionada en 2007” por lo cual “la selva de Avellaneda y Quilmes tiene que estar protegida hasta que resuelva la Provincia (su adecuación a dicha normativa)”
En ese sentido, el secretario de la Asociación Civil Ambiente Sur e ingeniero forestal experto en Recursos Naturales, Jorge Trevin, destacó que “en la actualidad los proyectos de ley provincial se encuentran en Labor Parlamentario” y adelantó que en los “trabajos preliminares” se referencia a la zona ribereña “de color rojo”, lo que significa el mayor grado de protección previsto por la Ley de Bosques.
Por su parte, la ambientalista y vecina de la zona Nieves Baldaccini destacó que “este trabajo por la defensa del bosque nativo y humedales se viene realizando desde el 13 de marzo del 2008, cuando se anunció el emprendimiento inmobiliario” e indicó que en ese momento los vecinos organizados comenzaron a “preguntar a especialistas que pasaría si dicho emprendimiento se realizaba en ese lugar”.
Para justificar tantos años de reclamos, explicó: “La respuesta fue que si se eleva la costa a 5,50 metros de altura se destruye el humedal y deja de cumplir el servicio ambiental que genera el mismo y el bosque nativo”.
La Municipalidad de Avellaneda expresó esta semana su sorpresa por la decisión judicial de suspender por 30 días las obras de construcción del complejo urbanístico conocido como Nueva Costa del Plata. El secretario de Política Ambiental de Avellaneda, Humberto Borsani, había defendido la tarea realizada por Techint y expresó su confianza en que pronto se levantará la restricción.
“Esto es una sorpresa para mí, porque el juez de Primera Instancia no le había dado lugar”, había expresado el funcionario en diálogo con Info Región, aunque planteó que “por ahí la Cámara hace las cosas bien, se toma 30 días, analiza la posición de las ONG, analiza la posición de la empresa y esto sigue”.
“Pasa lo que dice la Presidenta (Cristina Fernández de Kirchner), la Justicia hace lo que quiere cuando quiere”, había disparado Borsani enojado, antes de afirmar que en lo que hace a “Medio Ambiente de Avellaneda, está todo bien hecho”. “El intendente (Jorge Ferraresi) y yo hemos charlado mucho del tema. El estudio de impacto ambiental que hizo Techint son 13 tomos, es un estudio perfecto y el reclamo no tiene sentido”, insistió en esa ocasión.
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Salí-Dulce: denunciarán penalmente a Montalván
Denuncian penalmente a Montalván por la contaminación de la cuenca Salí-Dulce
Fecha de Publicación: 24/02/2013
Fuente: El Siglo
Provincia/Región: Tucumán - Santiago del Estero
Por el supuesto delito de encubrimiento e infracción a la Ley general de ambiente, el Secretario de Medio Ambiente de la Provincia, Alfredo Montalván, fue denunciado ante la fiscalía federal N° 2, del Ministerio Público de la Nación.
La presentación, fue llevada a cabo por el legislador radical Ariel García en torno a las situaciones dadas por los vuelcos de vinaza en los canales que contaminan a los ríos afluentes de la cuenca de la región.
Además, se dejó constancia que la acusación será ampliada en contra de los responsables que surgieren de la sustanciación y demás medidas preliminares que se practiquen en la investigación penal por la contaminación generada en la localidad santiagueña de El Palomar, departamento Jiménez, provincia de Santiago del Estero, hechos estos producidos, de acuerdo al parlamentario, por el ingenio La Florida que, hace aproximadamente un mes, arrojó más de 80 millones de litros de desecho puro a través del canal interprovincial del Este.
La presentación en los estrados judiciales refiere que Montalván resulta autor penalmente responsable del delito de encubrimiento (Art. 277 del Cod Penal), y coautor (participe no necesario Art. 46 del Cod Penal) del delito de infracción a la ley 24051 Ley de Residuos Peligrosos.
"Desde el inicio de su función pública no se vislumbra cambios en las políticas de estado de su incumbencia que respondan en forma positiva a los numerosos reclamos administrativos, judiciales y manifestaciones públicas realizadas por la sociedad, en repudio a las continuas violaciones a la legislación ambiental por parte de empresas públicas, privadas y gestiones de gobierno", recalcó García.
Asimismo, el radical remarcó que "en la Justicia Federal están radicadas sendas denuncias e investigaciones de oficio sobre delitos ambientales ocasionados por los ingenios tucumanos que arrojan desechos industriales sin ningún reparo violando toda la legislación local, nacional e internacional que rige la materia".
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Fecha de Publicación: 24/02/2013
Fuente: El Siglo
Provincia/Región: Tucumán - Santiago del Estero
Por el supuesto delito de encubrimiento e infracción a la Ley general de ambiente, el Secretario de Medio Ambiente de la Provincia, Alfredo Montalván, fue denunciado ante la fiscalía federal N° 2, del Ministerio Público de la Nación.La presentación, fue llevada a cabo por el legislador radical Ariel García en torno a las situaciones dadas por los vuelcos de vinaza en los canales que contaminan a los ríos afluentes de la cuenca de la región.
Además, se dejó constancia que la acusación será ampliada en contra de los responsables que surgieren de la sustanciación y demás medidas preliminares que se practiquen en la investigación penal por la contaminación generada en la localidad santiagueña de El Palomar, departamento Jiménez, provincia de Santiago del Estero, hechos estos producidos, de acuerdo al parlamentario, por el ingenio La Florida que, hace aproximadamente un mes, arrojó más de 80 millones de litros de desecho puro a través del canal interprovincial del Este.
La presentación en los estrados judiciales refiere que Montalván resulta autor penalmente responsable del delito de encubrimiento (Art. 277 del Cod Penal), y coautor (participe no necesario Art. 46 del Cod Penal) del delito de infracción a la ley 24051 Ley de Residuos Peligrosos.
"Desde el inicio de su función pública no se vislumbra cambios en las políticas de estado de su incumbencia que respondan en forma positiva a los numerosos reclamos administrativos, judiciales y manifestaciones públicas realizadas por la sociedad, en repudio a las continuas violaciones a la legislación ambiental por parte de empresas públicas, privadas y gestiones de gobierno", recalcó García.
Asimismo, el radical remarcó que "en la Justicia Federal están radicadas sendas denuncias e investigaciones de oficio sobre delitos ambientales ocasionados por los ingenios tucumanos que arrojan desechos industriales sin ningún reparo violando toda la legislación local, nacional e internacional que rige la materia".
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Rechazan amparo de mapuches por fracking
Rechazaron el amparo presentado por los mapuches por el pozo no convencional
Fecha de Publicación: 23/02/2013
Fuente: El Diario de Madryn
Provincia/Región: Chubut
Según informó la abogada Silvia de los Santos el recurso de amparo presentado en previsión de posibles impactos a partir de la actividad del pozo exploratorio que comenzó a perforar YPF en El Trébol “se declaró improcedente”. Según anticipó en Actualidad 2.0 que la decisión será “apelada” y añadió que “dos días antes de la audiencia pública para informarnos sobre la evaluación de impacto, ya se había autorizado el inicio de tareas para perforar el pozo”. Además, según manifestó la abogada, la posibilidad del rechazo ya era contemplada y aseguró que sirve para apelar hacia una jurisdicción superior.
“La acción de amparo la presentó un mapuche, a quien yo patrocino y tenía por objeto cuatro cosas: proteger los derechos individuales y colectivos indígenas, el derecho a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental legal, proteger el derecho al patrimonio arqueológico y proteger el derecho humano al agua”. La presentación la realizó Marcelo Pintihueque, en representación de los pueblos originarios de la provincia.
“Toda obra o proyecto que vaya a tener un impacto negativo del ambiente tiene que tener una evaluación de impacto ambiental previo al inicio de la obra. El procedimiento en Chubut está reglado por el decreto 185 del año 2009. Lo que argumentamos es que no se siguieron esos pasos, tal es así que en febrero nos enteramos de que el 14 de noviembre de 2012, dos días antes de la audiencia pública para informarnos sobre la evaluación de impacto, ya se había autorizado el inicio de tareas para perforar el pozo”. El principal pedido que hacen los amparistas es que se respete el artículo 169 de la OIT que pide a los Estados que consulten a las comunidades originarias sobre el desarrollo de proyectos productivos de gran envergadura.
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Fecha de Publicación: 23/02/2013
Fuente: El Diario de Madryn
Provincia/Región: Chubut
Según informó la abogada Silvia de los Santos el recurso de amparo presentado en previsión de posibles impactos a partir de la actividad del pozo exploratorio que comenzó a perforar YPF en El Trébol “se declaró improcedente”. Según anticipó en Actualidad 2.0 que la decisión será “apelada” y añadió que “dos días antes de la audiencia pública para informarnos sobre la evaluación de impacto, ya se había autorizado el inicio de tareas para perforar el pozo”. Además, según manifestó la abogada, la posibilidad del rechazo ya era contemplada y aseguró que sirve para apelar hacia una jurisdicción superior.
“La acción de amparo la presentó un mapuche, a quien yo patrocino y tenía por objeto cuatro cosas: proteger los derechos individuales y colectivos indígenas, el derecho a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental legal, proteger el derecho al patrimonio arqueológico y proteger el derecho humano al agua”. La presentación la realizó Marcelo Pintihueque, en representación de los pueblos originarios de la provincia.
“Toda obra o proyecto que vaya a tener un impacto negativo del ambiente tiene que tener una evaluación de impacto ambiental previo al inicio de la obra. El procedimiento en Chubut está reglado por el decreto 185 del año 2009. Lo que argumentamos es que no se siguieron esos pasos, tal es así que en febrero nos enteramos de que el 14 de noviembre de 2012, dos días antes de la audiencia pública para informarnos sobre la evaluación de impacto, ya se había autorizado el inicio de tareas para perforar el pozo”. El principal pedido que hacen los amparistas es que se respete el artículo 169 de la OIT que pide a los Estados que consulten a las comunidades originarias sobre el desarrollo de proyectos productivos de gran envergadura.
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En Salta lanzan proyectos sobre bosques nativos
Proyectos sobre bosques nativos
Fecha de Publicación: 23/02/2013
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Salta
La recepción de proyectos de conservación y enriquecimiento de bosques nativos se recibirán hasta el 28 de febrero. Los formularios deben ser presentados en la Secretaría de Ambiente, Santiago del Estero 2.245, block B, de la ciudad Capital.
La financiación se hace a través de un fondo para la conservación de bosques nativos que destina la Nación a las provincias. El 70% de estos fondos se destina a titulares de tierras con superficie boscosa, sean públicos o privados, de acuerdo a la categoría de conservación. Se trata de un aporte no reintegrable y genera al titular el compromiso de realizar y mantener un plan de manejo y conservación de los bosques nativos que deberá ser aprobado por las autoridades de cada jurisdicción.
Entre otros, los principales beneficios que los bosques nativos brindan a la sociedad son: regulación hídrica, conservación de la biodiversidad, conservación del suelo y de calidad del agua, belleza del paisaje y defensa de la identidad cultural.
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Fecha de Publicación: 23/02/2013
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Salta
La recepción de proyectos de conservación y enriquecimiento de bosques nativos se recibirán hasta el 28 de febrero. Los formularios deben ser presentados en la Secretaría de Ambiente, Santiago del Estero 2.245, block B, de la ciudad Capital.
La financiación se hace a través de un fondo para la conservación de bosques nativos que destina la Nación a las provincias. El 70% de estos fondos se destina a titulares de tierras con superficie boscosa, sean públicos o privados, de acuerdo a la categoría de conservación. Se trata de un aporte no reintegrable y genera al titular el compromiso de realizar y mantener un plan de manejo y conservación de los bosques nativos que deberá ser aprobado por las autoridades de cada jurisdicción.
Entre otros, los principales beneficios que los bosques nativos brindan a la sociedad son: regulación hídrica, conservación de la biodiversidad, conservación del suelo y de calidad del agua, belleza del paisaje y defensa de la identidad cultural.
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Empresarios tucumanos a indagatoria
Empresarios tucumanos serán indagados en los primeros días de marzo por el juez Molinari
Fecha de Publicación: 22/02/2013
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Tucumán - Santiago del Estero
Importantes industriales de la vecina provincia son investigados por el grave daño ocasionado al ecosistema del lago de Río Hondo. Por el vertido de vinaza y otros desechos deberán rendir cuentas en los estrados judiciales federales de la provincia.
Importantes industriales de la vecina provincia de Tucumán, serán indagados por el juez federal Guillermo Molinari, a raíz de la contaminación que se produjo en el lago Río Hondo y que tiempo atrás generó un grave daño en el ecosistema.
Según anticiparon a EL LIBERAL fuentes judiciales, estas medidas se cumplirán en los primeros días de marzo. Las indagatorias se darán en el marco de la investigación que lleva adelante el magistrado federal por el expediente Nº 4166/09 y acumulados, caratulado autos: “Denuncia de Luis Saleme sobre envenenamiento de aguas y daño en el lago contra autores desconocidos”.
Planteos
Como se recordará, el juez federal había previsto realizar las indagatorias hacia fines del año pasado. Entonces se conoció que el juez federal Nº 2 de Tucumán, Fernando Poviña, se había declarado competente, por lo cual el planteo de incompetencia pasó a la Cámara Federal de Tucumán. Mientras, el magistrado santiagueño siguió adelante con la tarea investigativa que en los últimos tiempos recopiló importante prueba documental y de pericias tomadas en la cuenca Salí-Dulce.
Según señalaron las fuentes, las indagatorias habían sido libradas hace dos semanas en contra de los señalados como presuntos responsables de infringir la ley de Residuos Peligrosos.
El Palomar
Por otra parte, trascendió que el juez federal Molinari reiteró un oficio a Gendarmería para que remita el resultado de las pruebas realizadas en El Palomar, y que habían sido solicitadas por el fiscal federal Pedro Simón, en la causa iniciada contra los responsables del ingenio La Florida, por los vuelcos de millones de litros de vinaza en la localidad santiagueña del departamento Jiménez. Por esta denuncia, el fiscal Simón había solicitado que se impute al dueño del ingenio, el empresario Jorge Rocchia Ferro, y al gerente responsable de la planta, por los delitos previstos en la ley 24.051 (Residuos Peligrosos), ya que no solo contaminaron el ambiente en territorio santiagueño, sino que pusieron en riesgo a las 300 personas que viven en el pequeño poblado. Como se recordará, desde noviembre de 2012 hasta enero pasado, la planta industrial protagonizó cuatro derrames que originó el alarma en la localidad y la intervención de las autoridades santiagueñas, denuncia penal incluida.
Además, los responsables del ingenio desobedecieron una disposición emanada del Juzgado Federal Nº 2 de Tucumán que le prohibía usar canales públicos de riego como lugar de almacenamiento o medio de transporte de vinaza o cualquier otro residuo industrial.
Por estos hechos, la Secretaría de Medio Ambiente aplicó dos multas por $ 700 mil a la firma.
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Fecha de Publicación: 22/02/2013
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Tucumán - Santiago del Estero
Importantes industriales de la vecina provincia son investigados por el grave daño ocasionado al ecosistema del lago de Río Hondo. Por el vertido de vinaza y otros desechos deberán rendir cuentas en los estrados judiciales federales de la provincia.Importantes industriales de la vecina provincia de Tucumán, serán indagados por el juez federal Guillermo Molinari, a raíz de la contaminación que se produjo en el lago Río Hondo y que tiempo atrás generó un grave daño en el ecosistema.
Según anticiparon a EL LIBERAL fuentes judiciales, estas medidas se cumplirán en los primeros días de marzo. Las indagatorias se darán en el marco de la investigación que lleva adelante el magistrado federal por el expediente Nº 4166/09 y acumulados, caratulado autos: “Denuncia de Luis Saleme sobre envenenamiento de aguas y daño en el lago contra autores desconocidos”.
Planteos
Como se recordará, el juez federal había previsto realizar las indagatorias hacia fines del año pasado. Entonces se conoció que el juez federal Nº 2 de Tucumán, Fernando Poviña, se había declarado competente, por lo cual el planteo de incompetencia pasó a la Cámara Federal de Tucumán. Mientras, el magistrado santiagueño siguió adelante con la tarea investigativa que en los últimos tiempos recopiló importante prueba documental y de pericias tomadas en la cuenca Salí-Dulce.
Según señalaron las fuentes, las indagatorias habían sido libradas hace dos semanas en contra de los señalados como presuntos responsables de infringir la ley de Residuos Peligrosos.
El Palomar
Por otra parte, trascendió que el juez federal Molinari reiteró un oficio a Gendarmería para que remita el resultado de las pruebas realizadas en El Palomar, y que habían sido solicitadas por el fiscal federal Pedro Simón, en la causa iniciada contra los responsables del ingenio La Florida, por los vuelcos de millones de litros de vinaza en la localidad santiagueña del departamento Jiménez. Por esta denuncia, el fiscal Simón había solicitado que se impute al dueño del ingenio, el empresario Jorge Rocchia Ferro, y al gerente responsable de la planta, por los delitos previstos en la ley 24.051 (Residuos Peligrosos), ya que no solo contaminaron el ambiente en territorio santiagueño, sino que pusieron en riesgo a las 300 personas que viven en el pequeño poblado. Como se recordará, desde noviembre de 2012 hasta enero pasado, la planta industrial protagonizó cuatro derrames que originó el alarma en la localidad y la intervención de las autoridades santiagueñas, denuncia penal incluida.
Además, los responsables del ingenio desobedecieron una disposición emanada del Juzgado Federal Nº 2 de Tucumán que le prohibía usar canales públicos de riego como lugar de almacenamiento o medio de transporte de vinaza o cualquier otro residuo industrial.
Por estos hechos, la Secretaría de Medio Ambiente aplicó dos multas por $ 700 mil a la firma.
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San Juan dice que está todo Ok con sus glaciares
Fiscalía de Estado presentó la auditoría ambiental a la Corte Suprema
Fecha de Publicación: 22/02/2013
Fuente: Tiempo de San Juan
Provincia/Región: San Juan - Nacional
El informe remitido destaca entre sus conclusiones que no existe impacto actual, generado o potencial por superposición de actividad minera u obras de infraestructura actuales o proyectadas en el área de estudio, sobre glaciares descubiertos.
La Fiscalía de Estado informó a través de un comunicado, que el Fiscal Guillermo De Sanctis, presentó ante el Supremo Tribunal, el Informe de Auditoría Ambiental sobre los proyectos Veladero y Pascua Lama, sector Lama (lado argentino), que fuera presentado el 29 de enero próximo pasado.
Esto, en el marco de los juicios por inconstitucionalidad contra la ley nacional 26.639 (Glaciares), promovidos por empresas y entidades productivas sanjuaninas, junto con la provincia de San Juan, y tramitados ante la Corte Suprema de la Nación. Esta presentación se hizo con el propósito de “reserva y/o agregación a los juicios “Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA); Barrick Exploraciones Argentinas SA y Otro; y Minera Argentina Gold SA, contra Estado Nacional s/Acción Declarativa de Inconstitucionalidad”.
Cabe consignar que en anterior presentación, finalizando el año judicial 2012, el propio Fiscal de Estado dio cuenta del avance de las tareas propias de la Auditoría Ambiental dispuesta en el territorio de la provincia por el Poder Ejecutivo mediante Decreto 1246 de 2012, sobre proyectos mineros y demás actividades comprendidas en el marco del artículo 15 de la ley nacional 26.639.
El informe remitido destaca entre sus conclusiones que “No existe impacto actual, generado o potencial por superposición de actividad minera u obras de infraestructura actuales o proyectadas en el área de estudio, sobre glaciares descubiertos y/o manchones de nieve ni sobre glaciares de escombros activos o inactivos, y que la dispersión de polvo no tiene impacto sobre los glaciares cubiertos y de escombros”.
De Sanctis destacó que la provincia de San Juan, hasta la fecha, es la única que está cumplimentando todas las acciones para la protección de los glaciares de San Juan como el inventario de los glaciares con entendimiento del Instituto Argentino de Nivología y Glaciología (IANIGLIA) y ahora, la Auditoría Ambiental.
San Juan había dictado, antes de la mencionada ley nacional, sus propias normas para la protección de los glaciares, como la ley Nº 8.144 por la que se crea el Consejo Provincial de Coordinación para la Protección de Glaciares y las que ordenan la Auditoría Ambiental.
En su presentación a la Corte, De Sanctis informó al máximo Tribunal que próximamente se culminarán los trabajos de Auditoría Ambiental en los proyectos mineros Pachón, Los Azules y Altar, y el Proyecto del Túnel Binacional.
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Fecha de Publicación: 22/02/2013
Fuente: Tiempo de San Juan
Provincia/Región: San Juan - Nacional
El informe remitido destaca entre sus conclusiones que no existe impacto actual, generado o potencial por superposición de actividad minera u obras de infraestructura actuales o proyectadas en el área de estudio, sobre glaciares descubiertos.
La Fiscalía de Estado informó a través de un comunicado, que el Fiscal Guillermo De Sanctis, presentó ante el Supremo Tribunal, el Informe de Auditoría Ambiental sobre los proyectos Veladero y Pascua Lama, sector Lama (lado argentino), que fuera presentado el 29 de enero próximo pasado.
Esto, en el marco de los juicios por inconstitucionalidad contra la ley nacional 26.639 (Glaciares), promovidos por empresas y entidades productivas sanjuaninas, junto con la provincia de San Juan, y tramitados ante la Corte Suprema de la Nación. Esta presentación se hizo con el propósito de “reserva y/o agregación a los juicios “Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA); Barrick Exploraciones Argentinas SA y Otro; y Minera Argentina Gold SA, contra Estado Nacional s/Acción Declarativa de Inconstitucionalidad”.
Cabe consignar que en anterior presentación, finalizando el año judicial 2012, el propio Fiscal de Estado dio cuenta del avance de las tareas propias de la Auditoría Ambiental dispuesta en el territorio de la provincia por el Poder Ejecutivo mediante Decreto 1246 de 2012, sobre proyectos mineros y demás actividades comprendidas en el marco del artículo 15 de la ley nacional 26.639.
El informe remitido destaca entre sus conclusiones que “No existe impacto actual, generado o potencial por superposición de actividad minera u obras de infraestructura actuales o proyectadas en el área de estudio, sobre glaciares descubiertos y/o manchones de nieve ni sobre glaciares de escombros activos o inactivos, y que la dispersión de polvo no tiene impacto sobre los glaciares cubiertos y de escombros”.
De Sanctis destacó que la provincia de San Juan, hasta la fecha, es la única que está cumplimentando todas las acciones para la protección de los glaciares de San Juan como el inventario de los glaciares con entendimiento del Instituto Argentino de Nivología y Glaciología (IANIGLIA) y ahora, la Auditoría Ambiental.
San Juan había dictado, antes de la mencionada ley nacional, sus propias normas para la protección de los glaciares, como la ley Nº 8.144 por la que se crea el Consejo Provincial de Coordinación para la Protección de Glaciares y las que ordenan la Auditoría Ambiental.
En su presentación a la Corte, De Sanctis informó al máximo Tribunal que próximamente se culminarán los trabajos de Auditoría Ambiental en los proyectos mineros Pachón, Los Azules y Altar, y el Proyecto del Túnel Binacional.
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Morandad en Río Hondo: sospechan de herbicidas
Sospechan que un herbicida causó la muerte de animales en Río Hondo
Fecha de Publicación: 22/02/2013
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Santiago del Estero
El representante de la agrupación ecologista termense Eco Bio Term, Dr. Walter Nieva consideró que herbicidas serían los causantes de la muerte de numerosos animales en la costa del embalse a la altura del paraje Villa Río Hondo. El profesional bioquímico descartó que la descomposición de algas haya provocado la mortandad de vacunos, aves y porcinos.
“Para mi fueron herbicidas que se arrojaron al embalse, podrían ser el Fenoxi ácido o el DDT que son herbicidas que se usan y contaminan muchísimo.. Agregó: “no existe en el mundo algas que hayan matado vacas, chanchos. El porcino come de todo, no se puede creer que haya muerto por las algas”. Adelantó que hoy en horas de la mañana presentará una nota en el Concejo Deliberante solicitando desde la entidad Eco Bio Term que los concejales tengan en su poder el informe de especialistas que emitieron los resultados por la mortandad de animales en el embalse. “Queremos saber, qué sustancia tóxica mató a los animales, qué cantidad de veneno se necesita para matar a un vacuno, porque si mató a una vaca podría matar a una persona, ”, aseguró.
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Fecha de Publicación: 22/02/2013
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Santiago del Estero
El representante de la agrupación ecologista termense Eco Bio Term, Dr. Walter Nieva consideró que herbicidas serían los causantes de la muerte de numerosos animales en la costa del embalse a la altura del paraje Villa Río Hondo. El profesional bioquímico descartó que la descomposición de algas haya provocado la mortandad de vacunos, aves y porcinos.“Para mi fueron herbicidas que se arrojaron al embalse, podrían ser el Fenoxi ácido o el DDT que son herbicidas que se usan y contaminan muchísimo.. Agregó: “no existe en el mundo algas que hayan matado vacas, chanchos. El porcino come de todo, no se puede creer que haya muerto por las algas”. Adelantó que hoy en horas de la mañana presentará una nota en el Concejo Deliberante solicitando desde la entidad Eco Bio Term que los concejales tengan en su poder el informe de especialistas que emitieron los resultados por la mortandad de animales en el embalse. “Queremos saber, qué sustancia tóxica mató a los animales, qué cantidad de veneno se necesita para matar a un vacuno, porque si mató a una vaca podría matar a una persona, ”, aseguró.
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Barrick sancionada por Pascua Lama
Proyecto Pascua Lama es sancionado por graves incumplimientos medioambientales
Fecha de Publicación: 21/02/2013
Fuente: Programa Chile Sustentable
País/Región: Chile - Argentina
La empresa minera Barrick y su proyecto Pascua Lama nuevamente están en tela de juicio por la serie de irregularidades detectadas en términos de gestión medioambiental e incumplimiento de los compromisos y medidas de mitigación contempladas en su Resolución de Calificación Ambiental (RCA).
Esta vez, el Servicio de Evaluación Ambiental de Atacama (SEA) constató que un total de 7 de los 8 considerandos evaluados en uno de los procesos sancionatorios y contemplados en su RCA, presentan incumplimientos parciales o totales, por lo cual la Comisión de Evaluación Ambiental, de manera unánime, decidió multar a la empresa con 2.550 UTM.
Entre los tantos incumplimientos que fueron detectados por el organismo, están las irregularidades en el manejo de la planta de aguas servidas de la minera; aspecto que fue explicado por la seremi de Salud de Atacama, Lilian Sandoval.
En tanto, el otro de los procesos sancionatorios contra Barrick evaluado por el SEA fue el presentado por la Dirección General de Aguas y se refiere a los incumplimientos de la minera en las medidas de monitoreo del estado de los glaciares ubicados en la Cordillera del valle del Huasco -donde se ubica el proyecto- y en las acciones de mitigación para evitar el levantamiento de material particulado sobre los mismos, aspecto clave en su conservación y sustentabilidad del curso hídrico de la cuenca.
En definitiva, la Comisión de Evaluación Ambiental de Atacama, vistos los antecedentes del segundo proceso de sanción, determinó que Barrick deberá pagar una multa de otras 500 UTM.
Ante los categóricos antecedentes, el seremi de Minería de Atacama, Mauricio Pino, criticó la gestión ambiental de Barrick.
Agregó el seremi que ya desde octubre del año 2012, el Sernageomin había detectado desprolijidades de la minera en el manejo de la normativa de seguridad laboral, por lo cual desde esa fecha se encuentran cerradas sus faenas.
Pino también fue enfático en señalar que si continúan las irregularidades e incumplimientos de la minera canadiense, incluso se podría revocar el permiso ambiental por parte de la recién creada Superintendencia del Medio Ambiente.
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Fecha de Publicación: 21/02/2013
Fuente: Programa Chile Sustentable
País/Región: Chile - Argentina
La empresa minera Barrick y su proyecto Pascua Lama nuevamente están en tela de juicio por la serie de irregularidades detectadas en términos de gestión medioambiental e incumplimiento de los compromisos y medidas de mitigación contempladas en su Resolución de Calificación Ambiental (RCA).Esta vez, el Servicio de Evaluación Ambiental de Atacama (SEA) constató que un total de 7 de los 8 considerandos evaluados en uno de los procesos sancionatorios y contemplados en su RCA, presentan incumplimientos parciales o totales, por lo cual la Comisión de Evaluación Ambiental, de manera unánime, decidió multar a la empresa con 2.550 UTM.
Entre los tantos incumplimientos que fueron detectados por el organismo, están las irregularidades en el manejo de la planta de aguas servidas de la minera; aspecto que fue explicado por la seremi de Salud de Atacama, Lilian Sandoval.
En tanto, el otro de los procesos sancionatorios contra Barrick evaluado por el SEA fue el presentado por la Dirección General de Aguas y se refiere a los incumplimientos de la minera en las medidas de monitoreo del estado de los glaciares ubicados en la Cordillera del valle del Huasco -donde se ubica el proyecto- y en las acciones de mitigación para evitar el levantamiento de material particulado sobre los mismos, aspecto clave en su conservación y sustentabilidad del curso hídrico de la cuenca.
En definitiva, la Comisión de Evaluación Ambiental de Atacama, vistos los antecedentes del segundo proceso de sanción, determinó que Barrick deberá pagar una multa de otras 500 UTM.
Ante los categóricos antecedentes, el seremi de Minería de Atacama, Mauricio Pino, criticó la gestión ambiental de Barrick.
Agregó el seremi que ya desde octubre del año 2012, el Sernageomin había detectado desprolijidades de la minera en el manejo de la normativa de seguridad laboral, por lo cual desde esa fecha se encuentran cerradas sus faenas.
Pino también fue enfático en señalar que si continúan las irregularidades e incumplimientos de la minera canadiense, incluso se podría revocar el permiso ambiental por parte de la recién creada Superintendencia del Medio Ambiente.
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El lago Escondido ya no estará tan escondido
Justicia obliga a abrir un camino para acceder a lago Escondido
Fecha de Publicación: 21/02/2013
Fuente: BAE
Provincia/Región: Río Negro
El río Escondido pasa justo por debajo de una de las mansiones que Joseph Lewis construyó en las casi 12.000 hectáreas que ostenta a 30 kilómetros de El Bolsón. Hay que cruzarlo en dos tramos para acceder a lago Escondido, un espejo de agua de enorme belleza natural y de invaluable valor ambiental que desde la instalación del magnate inglés en la Patagonia quedó vallado por tranqueras y militarizado por las armas de la seguridad que lo custodia. La semana pasada, la justicia de Bariloche puso fin a esta privatización que viola la Constitución nacional y la provincial. Ordenó que en 120 días el gobierno de Río Negro cumpla un fallo desoído durante cuatro años y que haga las obras necesarias para habilitar dos pasos públicos hacia el lago. Y en la ciudad son optimistas de que el poder de lobby del “Tío Joe” no alcanzará esta vez para frenarlo ni un día más.
El juez Marcelo Cuellar, a cargo del Juzgado Civil, Comercial y de Minería Nº 3 de Bariloche, reunió el viernes pasado en su despacho al ministro de Obras Públicas, Fernando Vaca Narvaja, representantes de la empresa Vial Rionegrina Sociedad del Estado (VIARSE), la Dirección de Medio Ambiente provincial, de la Fiscalía de Estado de Río Negro, de la empresa Hidden Lake S.A. (la firma de Lewis que administra las tierras) y del INTI, además de la legisladora provincial y amparista, Magdalena Odarda. Allí les comunicó que ratificaba el fallo que el Superior Tribunal de Justicia (STJ) provincial firmó en 2009 y que ordenaba a la provincia a abrir, en un plazo máximo de cuatro meses, dos pasos hacia lago Escondido. Uno más extenso, a través de la montaña, de unos 85 kilómetros; el otro, conocido como Camino Tacuifí, tiene casi 25 kilómetros. Es el que históricamente usaron los lugareños para acceder al lago y que con la llegada de los millones de Lewis quedó privatizado y cerrado con personal armado en sus últimos 3 kilómetros, que pisan las tierras del inglés.
El fallo del STJ de 2009 ordenaba a Viarse y a la Secretaría de Ambiente Provincial a abrir ambos pasos en 120 días. Pero la administración del entonces gobernador Miguel Saiz dilató el asunto. “En connivencia con la empresa de Lewis, hizo algunas obras en el camino largo. Pero siempre se negó a trabajar en el camino corto”, apunta Odarda, en mención al paso privatizado que desde siempre usaron los pobladores. Ante estas dilaciones, el máximo tribunal remitió el expediente a los juzgados de Bariloche.
Cuellar les informó a todas las partes que, tras ocho años de juicio, en las próximas horas firmará una resolución para que en 120 días se concluyan las obras y se abran ambos pasos, bajo apercibimiento de multas conminatorias y de gravedad progresiva por cada día de demora, que se aplicaría sobre los funcionarios responsables.
Tercer paso
Odarda y los habitantes de la zona estiman que Hidden Lake S.A. se presentará con un planteo alternativo: abrir un tercer paso. “Los nuevos abogados de Lewis no podían entender cómo nunca se negoció la apertura de un tercer camino”, contó la legisladora rionegrina. “El Camino Tacuifí desemboca en una de las mansiones de Lewis –explicó a BAE Odarda–. Vamos a ver qué proponen, pero si desnaturaliza lo dispuesto por la Justicia vamos a insistir por Tacuifí”.
Para acceder a lago Escondido por Tacuifí hay que cruzar dos veces el río Escondido y una vez El Foyel. Allí siempre hubo puentes pero cuando se instaló el magnate “desaparecieron”, afirma la amparista. En respuesta, Lewis puso tranqueras y construyó dos puentes, pero dentro de su “propiedad privada”. Explica Odarda: “Con la nueva orden judicial, habría que abrir las tranqueras y franquear el paso. Si además se habilitan los puentes y se construye un tercero o se badean los ríos, hasta se podría llegar en auto a lago Escondido, porque es un paso en muy buenas condiciones”.
El día que la tropa de Lewis amenazó con “Winchesters”
Cuando en 2011 la Corte Suprema rechazó un recurso extraordinario de los abogados de Hidden Lake para que intervenga luego que el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro le impusiera la apertura del Camino Tacuifí, el apoderado de Joe Lewis en Argentina, Nicolás Van Ditmar, amenazó a sus empleados con levantar todo y dejarlos sin trabajo. Así los instigó a movilizarse a Viedma, proveyéndoles previamente caballos y carpas a estrenar. Hicieron un escrache en la puerta de la casa de un juez de madrugada y persiguieron a la propia Odarda. Y Van Ditmar, detrás de ellos, no se anduvo con chiquitas: “Vamos a defender la propiedad con el Winchester en la mano, con sangre si hace falta”.
“Legisladores o políticos oportunistas instalaron que un inglés privatizó un lago y se quiere robar el agua. Esto no es de un inglés sino de las 200 familias que lo trabajamos. Si el inglés pierde su privacidad o la preservación del recurso natural, es muy fácil, levanta campamento y los que vamos a quedar en la calle somos nosotros”, continuó su queja la cara visible de Lewis en la Argentina.
“La justicia por mano propia muchas veces es el camino”, sentenció Van Ditmar en marzo de 2011. En noviembre pasado fue absuelto por la Justicia por estas declaraciones. Pero las recetas del lejano Oeste, en cuatro meses, quedarán vencidas.
Ley de Tierras
La presencia de multimillonarios europeos y norteamericanos en el sur de la Argentina y la concentración de tierras de explotación agropecuaria en manos de capitales extranjeras derivó a fines de 2011 en la sanción de la Ley de Tierras, que limita el porcentaje de territorio argentino que podrá ser propiedad extranjera.
Fija en 15 % el límite a la titularidad de tierras en personas o capitales extranjeros. Proporción que ase aplica a nival nacional, provincial y municipal. “Las tierras de un mismo titular extranjero no podrán superar las mil hectáreas”, dice el artículo 10º. Lejísimo de las más de 12 mil que Lewis tiene en la Patagonia.
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Fecha de Publicación: 21/02/2013
Fuente: BAE
Provincia/Región: Río Negro
El río Escondido pasa justo por debajo de una de las mansiones que Joseph Lewis construyó en las casi 12.000 hectáreas que ostenta a 30 kilómetros de El Bolsón. Hay que cruzarlo en dos tramos para acceder a lago Escondido, un espejo de agua de enorme belleza natural y de invaluable valor ambiental que desde la instalación del magnate inglés en la Patagonia quedó vallado por tranqueras y militarizado por las armas de la seguridad que lo custodia. La semana pasada, la justicia de Bariloche puso fin a esta privatización que viola la Constitución nacional y la provincial. Ordenó que en 120 días el gobierno de Río Negro cumpla un fallo desoído durante cuatro años y que haga las obras necesarias para habilitar dos pasos públicos hacia el lago. Y en la ciudad son optimistas de que el poder de lobby del “Tío Joe” no alcanzará esta vez para frenarlo ni un día más.El juez Marcelo Cuellar, a cargo del Juzgado Civil, Comercial y de Minería Nº 3 de Bariloche, reunió el viernes pasado en su despacho al ministro de Obras Públicas, Fernando Vaca Narvaja, representantes de la empresa Vial Rionegrina Sociedad del Estado (VIARSE), la Dirección de Medio Ambiente provincial, de la Fiscalía de Estado de Río Negro, de la empresa Hidden Lake S.A. (la firma de Lewis que administra las tierras) y del INTI, además de la legisladora provincial y amparista, Magdalena Odarda. Allí les comunicó que ratificaba el fallo que el Superior Tribunal de Justicia (STJ) provincial firmó en 2009 y que ordenaba a la provincia a abrir, en un plazo máximo de cuatro meses, dos pasos hacia lago Escondido. Uno más extenso, a través de la montaña, de unos 85 kilómetros; el otro, conocido como Camino Tacuifí, tiene casi 25 kilómetros. Es el que históricamente usaron los lugareños para acceder al lago y que con la llegada de los millones de Lewis quedó privatizado y cerrado con personal armado en sus últimos 3 kilómetros, que pisan las tierras del inglés.
El fallo del STJ de 2009 ordenaba a Viarse y a la Secretaría de Ambiente Provincial a abrir ambos pasos en 120 días. Pero la administración del entonces gobernador Miguel Saiz dilató el asunto. “En connivencia con la empresa de Lewis, hizo algunas obras en el camino largo. Pero siempre se negó a trabajar en el camino corto”, apunta Odarda, en mención al paso privatizado que desde siempre usaron los pobladores. Ante estas dilaciones, el máximo tribunal remitió el expediente a los juzgados de Bariloche.
Cuellar les informó a todas las partes que, tras ocho años de juicio, en las próximas horas firmará una resolución para que en 120 días se concluyan las obras y se abran ambos pasos, bajo apercibimiento de multas conminatorias y de gravedad progresiva por cada día de demora, que se aplicaría sobre los funcionarios responsables.
Tercer paso
Odarda y los habitantes de la zona estiman que Hidden Lake S.A. se presentará con un planteo alternativo: abrir un tercer paso. “Los nuevos abogados de Lewis no podían entender cómo nunca se negoció la apertura de un tercer camino”, contó la legisladora rionegrina. “El Camino Tacuifí desemboca en una de las mansiones de Lewis –explicó a BAE Odarda–. Vamos a ver qué proponen, pero si desnaturaliza lo dispuesto por la Justicia vamos a insistir por Tacuifí”.
Para acceder a lago Escondido por Tacuifí hay que cruzar dos veces el río Escondido y una vez El Foyel. Allí siempre hubo puentes pero cuando se instaló el magnate “desaparecieron”, afirma la amparista. En respuesta, Lewis puso tranqueras y construyó dos puentes, pero dentro de su “propiedad privada”. Explica Odarda: “Con la nueva orden judicial, habría que abrir las tranqueras y franquear el paso. Si además se habilitan los puentes y se construye un tercero o se badean los ríos, hasta se podría llegar en auto a lago Escondido, porque es un paso en muy buenas condiciones”.
El día que la tropa de Lewis amenazó con “Winchesters”
Cuando en 2011 la Corte Suprema rechazó un recurso extraordinario de los abogados de Hidden Lake para que intervenga luego que el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro le impusiera la apertura del Camino Tacuifí, el apoderado de Joe Lewis en Argentina, Nicolás Van Ditmar, amenazó a sus empleados con levantar todo y dejarlos sin trabajo. Así los instigó a movilizarse a Viedma, proveyéndoles previamente caballos y carpas a estrenar. Hicieron un escrache en la puerta de la casa de un juez de madrugada y persiguieron a la propia Odarda. Y Van Ditmar, detrás de ellos, no se anduvo con chiquitas: “Vamos a defender la propiedad con el Winchester en la mano, con sangre si hace falta”.
“Legisladores o políticos oportunistas instalaron que un inglés privatizó un lago y se quiere robar el agua. Esto no es de un inglés sino de las 200 familias que lo trabajamos. Si el inglés pierde su privacidad o la preservación del recurso natural, es muy fácil, levanta campamento y los que vamos a quedar en la calle somos nosotros”, continuó su queja la cara visible de Lewis en la Argentina.
“La justicia por mano propia muchas veces es el camino”, sentenció Van Ditmar en marzo de 2011. En noviembre pasado fue absuelto por la Justicia por estas declaraciones. Pero las recetas del lejano Oeste, en cuatro meses, quedarán vencidas.
Ley de Tierras
La presencia de multimillonarios europeos y norteamericanos en el sur de la Argentina y la concentración de tierras de explotación agropecuaria en manos de capitales extranjeras derivó a fines de 2011 en la sanción de la Ley de Tierras, que limita el porcentaje de territorio argentino que podrá ser propiedad extranjera.
Fija en 15 % el límite a la titularidad de tierras en personas o capitales extranjeros. Proporción que ase aplica a nival nacional, provincial y municipal. “Las tierras de un mismo titular extranjero no podrán superar las mil hectáreas”, dice el artículo 10º. Lejísimo de las más de 12 mil que Lewis tiene en la Patagonia.
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Cámaras para monitorear en el Polo Petroquímico
Nuevas cámaras para monitorear las emisiones del Polo Petroquímico
Fecha de Publicación: 21/02/2013
Fuente: La Nueva Provincia
Provincia/Región: Buenos Aires
Los registros fílmicos que obtendrán estos equipos tienen peso legal y servirán para acompañar las actas, dando cuenta, por ejemplo, del nivel de opacidad del humo de las antorchas.
La Agencia Ambiental de la Municipalidad decidió iniciar el proceso de licitación para la instalación de diez cámaras filmadoras de alta tecnología que puedan monitorear lo que acontece en el sector industrial de Ingeniero White, Cangrejales, Puerto Galván y General Daniel Cerri.
De esta manera se busca reemplazar a los cinco equipos que se encuentran emplazados en la sede del Comité Técnico Ejecutivo (CTE, San Martín 3474, Ingeniero White), los cuales presentan la necesidad de un aggiornamiento , tras más de diez años de antigüedad y funcionamiento, y una calidad de imagen que no permite evaluaciones certeras.
Según el titular de la Agencia, Sebastián Serra, estas filmaciones tienen peso legal y acompañarán las actas confeccionadas por los inspectores, por ejemplo, para determinar el nivel de opacidad del humo de las antorchas, su duración, y otras fugas o eventos que puedan registrarse.
"La cámara es clave para demostrar características de las emisiones. Incluso sirven de prueba para cuando los inspectores no llegan a estar presentes en la industria para observar el hecho en persona", dijo Serra.
Las cámaras serán alquiladas a una empresa que también pueda prestar el servicio de mantenimiento. Luego, tras analizar la calidad de las prestaciones, se evaluará la adquisición de los equipos.
La inversión se afrontará con fondos de la tasa ambiental, tributo abonado por las propias industrias de tercera categoría. La intención de la comuna es realizar el llamado a licitación en marzo.
Las nuevas cámaras se instalarán en las zonas industriales y también en la sede del CTE, para tomar registro de la magnitud del evento.
Las que actualmente están en funcionamiento no permiten hacer paneos, mientras que las que se prevé incorporar pueden lograrlo, incluso a 360 grados, con la modalidad "domo".
Con alta definición y buen poder de zoom, las señales de las filmadoras llegarán no sólo al CTE, sino también al sistema de prevención y vigilancia del municipio, ubicado en Moreno 9. Esto también posibilitará tener otro punto de control, muy útil en caso de eventos que pongan en riesgo a la comunidad.
Otros sensores. Desde la Agencia Ambiental también se prevé avanzar en la modernización de sensores, aquellos que miden ruidos o sustancias.
"Si bien tenemos sensores de ruidos en distintos puntos, contamos con un equipo que es excelente y está ubicado frente a la central termoeléctrica Luis Piedra Buena, el cual, superado cierto nivel de decibeles, da aviso al CTE y comienza a grabar lo que registra. Pretendemos sumar más de estos equipos y colocarlos en otros puntos", dijo Serra.
Nuevo coordinador para el CTE
El llamado a concurso para ocupar el cargo de coordinador del CTE, organismo dependiente de la comuna que se ocupa de monitorear a las grandes industrias, comenzará a desandarse la semana próxima cuando sea publicada la convocatoria.
Quien acceda al puesto ya no tendrá un contrato por tres meses, sino por dos años, que podrá ser renovado automáticamente por un período igual si el Ejecutivo considera que su gestión ha sido satisfactoria, contemplando variables "medibles" como el cumplimiento de los programas de inspección, el desarrollo de nuevas líneas de trabajo e investigación, el fortalecimiento del organismo, la productividad, el liderazgo y el desarrollo del personal.
Luego de cuatro años, se deberá llamar a un nuevo concurso, al que se puede presentar el coordinador que venía desempeñándose hasta ese momento.
Participarán siete jurados de la elección: dos representarán al Departamento Ejecutivo y cinco a instituciones que participan del Comité de Control y Monitoreo, grupo integrado por las universidades nacionales, el Consorcio de Gestión del Puerto, ONG y sociedades de fomento, entre otros.
Serra estimó que el nuevo coordinador --el cargo está siendo cubierto por César Pérez-- podría estar en funciones a mediados de abril.
Tras realizar los concursos para la elección del coordinador y de un monitoreador del CTE, y de un comunicador para la Agencia Ambiental, Serra dijo que avanzará para mejorar la estabilidad laboral de los inspectores, a los cuales se les renuevan los contratos cada tres meses.
El último titular de este cuerpo fue Fernando Rey Saravia.
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Fecha de Publicación: 21/02/2013
Fuente: La Nueva Provincia
Provincia/Región: Buenos Aires
Los registros fílmicos que obtendrán estos equipos tienen peso legal y servirán para acompañar las actas, dando cuenta, por ejemplo, del nivel de opacidad del humo de las antorchas.
La Agencia Ambiental de la Municipalidad decidió iniciar el proceso de licitación para la instalación de diez cámaras filmadoras de alta tecnología que puedan monitorear lo que acontece en el sector industrial de Ingeniero White, Cangrejales, Puerto Galván y General Daniel Cerri.
De esta manera se busca reemplazar a los cinco equipos que se encuentran emplazados en la sede del Comité Técnico Ejecutivo (CTE, San Martín 3474, Ingeniero White), los cuales presentan la necesidad de un aggiornamiento , tras más de diez años de antigüedad y funcionamiento, y una calidad de imagen que no permite evaluaciones certeras.
Según el titular de la Agencia, Sebastián Serra, estas filmaciones tienen peso legal y acompañarán las actas confeccionadas por los inspectores, por ejemplo, para determinar el nivel de opacidad del humo de las antorchas, su duración, y otras fugas o eventos que puedan registrarse.
"La cámara es clave para demostrar características de las emisiones. Incluso sirven de prueba para cuando los inspectores no llegan a estar presentes en la industria para observar el hecho en persona", dijo Serra.
Las cámaras serán alquiladas a una empresa que también pueda prestar el servicio de mantenimiento. Luego, tras analizar la calidad de las prestaciones, se evaluará la adquisición de los equipos.
La inversión se afrontará con fondos de la tasa ambiental, tributo abonado por las propias industrias de tercera categoría. La intención de la comuna es realizar el llamado a licitación en marzo.
Las nuevas cámaras se instalarán en las zonas industriales y también en la sede del CTE, para tomar registro de la magnitud del evento.
Las que actualmente están en funcionamiento no permiten hacer paneos, mientras que las que se prevé incorporar pueden lograrlo, incluso a 360 grados, con la modalidad "domo".
Con alta definición y buen poder de zoom, las señales de las filmadoras llegarán no sólo al CTE, sino también al sistema de prevención y vigilancia del municipio, ubicado en Moreno 9. Esto también posibilitará tener otro punto de control, muy útil en caso de eventos que pongan en riesgo a la comunidad.
Otros sensores. Desde la Agencia Ambiental también se prevé avanzar en la modernización de sensores, aquellos que miden ruidos o sustancias.
"Si bien tenemos sensores de ruidos en distintos puntos, contamos con un equipo que es excelente y está ubicado frente a la central termoeléctrica Luis Piedra Buena, el cual, superado cierto nivel de decibeles, da aviso al CTE y comienza a grabar lo que registra. Pretendemos sumar más de estos equipos y colocarlos en otros puntos", dijo Serra.
Nuevo coordinador para el CTE
El llamado a concurso para ocupar el cargo de coordinador del CTE, organismo dependiente de la comuna que se ocupa de monitorear a las grandes industrias, comenzará a desandarse la semana próxima cuando sea publicada la convocatoria.
Quien acceda al puesto ya no tendrá un contrato por tres meses, sino por dos años, que podrá ser renovado automáticamente por un período igual si el Ejecutivo considera que su gestión ha sido satisfactoria, contemplando variables "medibles" como el cumplimiento de los programas de inspección, el desarrollo de nuevas líneas de trabajo e investigación, el fortalecimiento del organismo, la productividad, el liderazgo y el desarrollo del personal.
Luego de cuatro años, se deberá llamar a un nuevo concurso, al que se puede presentar el coordinador que venía desempeñándose hasta ese momento.
Participarán siete jurados de la elección: dos representarán al Departamento Ejecutivo y cinco a instituciones que participan del Comité de Control y Monitoreo, grupo integrado por las universidades nacionales, el Consorcio de Gestión del Puerto, ONG y sociedades de fomento, entre otros.
Serra estimó que el nuevo coordinador --el cargo está siendo cubierto por César Pérez-- podría estar en funciones a mediados de abril.
Tras realizar los concursos para la elección del coordinador y de un monitoreador del CTE, y de un comunicador para la Agencia Ambiental, Serra dijo que avanzará para mejorar la estabilidad laboral de los inspectores, a los cuales se les renuevan los contratos cada tres meses.
El último titular de este cuerpo fue Fernando Rey Saravia.
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Siguen las protestas por las obras en la 9 de Julio
Otra protesta vecinal por las obras en la 9 de Julio
Fecha de Publicación: 20/02/2013
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Capital Federal
Denunciaron el intento de demoler una obra del artista Gyula Kosice. El lunes, los grupos de ambientalistas ampliarán los recursos de amparo.
Organizaciones ambientalistas ampliarán el próximo lunes los dos recursos de amparo presentados contra la construcción del Metrobus sobre la Avenida 9 de Julio, luego de analizar la documentación presentada por el gobierno de la Ciudad ante el juez Guillermo Schleiber.
El abogado ambientalista Enrique Viale explicó durante una nueva protesta realizada anoche contra la obra que lleva a cabo el gobierno porteño en la tradicional avenida céntrica que hay "tiempo hasta el lunes para agregar material a nuestra presentación, y en eso trabajamos".
Viale destacó que la presentación que hizo el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, ante el juez "es voluminosa, pero es confusa y plagada de irregularidades", y añadió: "Lo más grave es que no le dijo nada al juez sobre las obras que hasta ahora se han hecho."
Unos 80 vecinos volvieron a cortar ayer los carriles centrales de la 9 de Julio, en su intersección con la calle Marcelo T. de Alvear, durante una nueva protesta contra el Metrobus que el gobierno de la Ciudad ejecuta sobre esa avenida. A la manifestación asistieron los legisladores Adrián Camps, Alejandro Bodart y María Jose Lubertino.
Los vecinos portaban carteles con leyendas como "Macri vetador serial, genocida ambiental", mientras que personas se colgaban carteles con la inscripción "Obra ilegal". La marcha esta vez se centralizó en el monumento Homenaje a la Democracia, del artista Gyula Kosice, que presentaba perforaciones en la vereda. Nidia Marinaro, titular de Propamba (Propuesta para el Area Metropolitana de Buenos Aires), destacó que "las cuatro perforaciones eran el comienzo de las tareas de apuntalamiento para la demolición; un vecino lo vio, denunció el hecho y se frenó esta acción". Indicó que el primer amparo "tiene plazo hasta el lunes para ampliarse y seguramente esta maniobra burda de querer demoler este monumento será un antecedente que pese en nuestra próxima presentacion".
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Fecha de Publicación: 20/02/2013
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Capital Federal
Denunciaron el intento de demoler una obra del artista Gyula Kosice. El lunes, los grupos de ambientalistas ampliarán los recursos de amparo.Organizaciones ambientalistas ampliarán el próximo lunes los dos recursos de amparo presentados contra la construcción del Metrobus sobre la Avenida 9 de Julio, luego de analizar la documentación presentada por el gobierno de la Ciudad ante el juez Guillermo Schleiber.
El abogado ambientalista Enrique Viale explicó durante una nueva protesta realizada anoche contra la obra que lleva a cabo el gobierno porteño en la tradicional avenida céntrica que hay "tiempo hasta el lunes para agregar material a nuestra presentación, y en eso trabajamos".
Viale destacó que la presentación que hizo el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, ante el juez "es voluminosa, pero es confusa y plagada de irregularidades", y añadió: "Lo más grave es que no le dijo nada al juez sobre las obras que hasta ahora se han hecho."
Unos 80 vecinos volvieron a cortar ayer los carriles centrales de la 9 de Julio, en su intersección con la calle Marcelo T. de Alvear, durante una nueva protesta contra el Metrobus que el gobierno de la Ciudad ejecuta sobre esa avenida. A la manifestación asistieron los legisladores Adrián Camps, Alejandro Bodart y María Jose Lubertino.
Los vecinos portaban carteles con leyendas como "Macri vetador serial, genocida ambiental", mientras que personas se colgaban carteles con la inscripción "Obra ilegal". La marcha esta vez se centralizó en el monumento Homenaje a la Democracia, del artista Gyula Kosice, que presentaba perforaciones en la vereda. Nidia Marinaro, titular de Propamba (Propuesta para el Area Metropolitana de Buenos Aires), destacó que "las cuatro perforaciones eran el comienzo de las tareas de apuntalamiento para la demolición; un vecino lo vio, denunció el hecho y se frenó esta acción". Indicó que el primer amparo "tiene plazo hasta el lunes para ampliarse y seguramente esta maniobra burda de querer demoler este monumento será un antecedente que pese en nuestra próxima presentacion".
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Parece que alguno pone la plata para que siga Vale
Vale: afirman que hay un inversor interesado
Fecha de Publicación: 20/02/2013
Fuente: Tes Lineas
Provincia/Región: Mendoza
La minera brasileña seguiría siendo la operadora del proyecto. Los próximos 15 días serán definitorios para el futuro de las obras en Mendoza e Ingeniero White.
El gobernador de Mendoza, Francisco "Paco" Pérez, aseguró que hay un interesado en sumarse como inversionista en el proyecto que la empresa Vale impulsa para la extracción de potasio en Malargüe y su posterior exportación por nuestra ciudad.
Si bien no ofreció mayores detalles, el mandatario cuyano descartó que se trate de los capitales chinos mencionados anteriormente y admitió que el tema será analizado esta semana en la ciudad de Buenos Aires.
De esta manera todo parece indicar que existiría una luz al final del túnel en el que permanece atrapado el multimillonario proyecto de la minera brasileña, aunque otros observadores siguen siendo muy cautelosos con relación al futuro de dicho emprendimiento.
Mientras tanto, más de 5.000 trabajadores --4.000 en Mendoza y el resto en nuestra ciudad-- siguen esperando con angustia un anuncio que dé por terminado el receso y les permita volver a sus empleos.
"El gobernador (por Pérez) ahora se encuentra en Buenos Aires y, de acuerdo a fuentes mineras, tenía previsto interiorizarse sobre el asunto que lleva a delante el gobierno nacional exclusivamente", dijo ayer el sitio web MDZ on line.
La forma de sumarse el nuevo actor sería inyectando recursos, que serían los que Vale dice que le faltan para continuar, aunque la empresa brasileña seguiría siendo la operadora. Para ello esta semana se reunirán Pérez, representantes de Vale y del grupo inversor.
¿Antes del plazo?
El próximo jueves 28 vence la prórroga que pidió la minera para presentar el cronograma de reanudación de las obras, pero, según dicho medio informativo cuyano, fue el gobernador mendocino quien dijo que podría haber novedades antes, luego de que se produzca esa reunión.
"Puede haber algo antes, hay algunas reuniones. Apareció un grupo inversor que se sumaría", dijo escuetamente Pérez, que ratificó que la intención es que Vale siga siendo el operador de la mina.
Por otro lado, desde el gobierno mendocino se sigue presionando para impulsar la nueva traza del ferrocarril de la sal, dejando de lado la ruta inicial que pasa por Neuquén y Río Negro.
En tal sentido, se postula el empleo de vías que atraviesen Mendoza y La Pampa para llegar hasta el puerto whitense.
Señalan que aunque sea una traza más larga (unos 600 kilómetros adicionales), se abaratarían costos porque evitaría a Vale las obras complementarias exigidas por los municipios patagónicos.
Sigue el silencio
En el predio de 35 hectáreas ubicado en el bulevar Juan B. Justo, a escasos metros de la central termoeléctrica Luis Piedra Buena, el silencio sigue siendo dueño absoluto del paisaje.
Sin casi presencia humana, con algunas máquinas y vehículos abandonados, el obrador se parece más a un páramo que a la colmena de obreros que poblaba el lugar hasta mediados de diciembre pasado.
Nadie, absolutamente nadie, sabe cuándo Vale retomará las tareas. Por ahora los haberes están al día, pero la incertidumbre se acrecienta de cara a marzo próximo.
Potasio Río Colorado es el emprendimiento minero más importante del país en la actualidad y convertiría a la provincia de Mendoza en uno de los principales exportadores mundiales de cloruro de potasio, un potente fertilizante de gran demanda.
La iniciativa avanzó inicialmente en manos de la empresa inglesa Río Tinto, pero luego fue vendida a la brasileña Vale, que en total proyectó una inversión de más de 6 mil millones de dólares y que ahora, producto de la inflación y de otros factores, rondaría los 10 mil millones de dólares.
La mina estaba en pleno proceso de construcción pero Vale suspendió los trabajos el 21 de diciembre por problemas financieros y pidió diferir el pago de impuestos por más de 1.000 millones de dólares, algo a lo que la presidenta Cristina Fernández se negó.
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Fecha de Publicación: 20/02/2013
Fuente: Tes Lineas
Provincia/Región: Mendoza
La minera brasileña seguiría siendo la operadora del proyecto. Los próximos 15 días serán definitorios para el futuro de las obras en Mendoza e Ingeniero White.
El gobernador de Mendoza, Francisco "Paco" Pérez, aseguró que hay un interesado en sumarse como inversionista en el proyecto que la empresa Vale impulsa para la extracción de potasio en Malargüe y su posterior exportación por nuestra ciudad.
Si bien no ofreció mayores detalles, el mandatario cuyano descartó que se trate de los capitales chinos mencionados anteriormente y admitió que el tema será analizado esta semana en la ciudad de Buenos Aires.
De esta manera todo parece indicar que existiría una luz al final del túnel en el que permanece atrapado el multimillonario proyecto de la minera brasileña, aunque otros observadores siguen siendo muy cautelosos con relación al futuro de dicho emprendimiento.
Mientras tanto, más de 5.000 trabajadores --4.000 en Mendoza y el resto en nuestra ciudad-- siguen esperando con angustia un anuncio que dé por terminado el receso y les permita volver a sus empleos.
"El gobernador (por Pérez) ahora se encuentra en Buenos Aires y, de acuerdo a fuentes mineras, tenía previsto interiorizarse sobre el asunto que lleva a delante el gobierno nacional exclusivamente", dijo ayer el sitio web MDZ on line.
La forma de sumarse el nuevo actor sería inyectando recursos, que serían los que Vale dice que le faltan para continuar, aunque la empresa brasileña seguiría siendo la operadora. Para ello esta semana se reunirán Pérez, representantes de Vale y del grupo inversor.
¿Antes del plazo?
El próximo jueves 28 vence la prórroga que pidió la minera para presentar el cronograma de reanudación de las obras, pero, según dicho medio informativo cuyano, fue el gobernador mendocino quien dijo que podría haber novedades antes, luego de que se produzca esa reunión.
"Puede haber algo antes, hay algunas reuniones. Apareció un grupo inversor que se sumaría", dijo escuetamente Pérez, que ratificó que la intención es que Vale siga siendo el operador de la mina.
Por otro lado, desde el gobierno mendocino se sigue presionando para impulsar la nueva traza del ferrocarril de la sal, dejando de lado la ruta inicial que pasa por Neuquén y Río Negro.
En tal sentido, se postula el empleo de vías que atraviesen Mendoza y La Pampa para llegar hasta el puerto whitense.
Señalan que aunque sea una traza más larga (unos 600 kilómetros adicionales), se abaratarían costos porque evitaría a Vale las obras complementarias exigidas por los municipios patagónicos.
Sigue el silencio
En el predio de 35 hectáreas ubicado en el bulevar Juan B. Justo, a escasos metros de la central termoeléctrica Luis Piedra Buena, el silencio sigue siendo dueño absoluto del paisaje.
Sin casi presencia humana, con algunas máquinas y vehículos abandonados, el obrador se parece más a un páramo que a la colmena de obreros que poblaba el lugar hasta mediados de diciembre pasado.
Nadie, absolutamente nadie, sabe cuándo Vale retomará las tareas. Por ahora los haberes están al día, pero la incertidumbre se acrecienta de cara a marzo próximo.
Potasio Río Colorado es el emprendimiento minero más importante del país en la actualidad y convertiría a la provincia de Mendoza en uno de los principales exportadores mundiales de cloruro de potasio, un potente fertilizante de gran demanda.
La iniciativa avanzó inicialmente en manos de la empresa inglesa Río Tinto, pero luego fue vendida a la brasileña Vale, que en total proyectó una inversión de más de 6 mil millones de dólares y que ahora, producto de la inflación y de otros factores, rondaría los 10 mil millones de dólares.
La mina estaba en pleno proceso de construcción pero Vale suspendió los trabajos el 21 de diciembre por problemas financieros y pidió diferir el pago de impuestos por más de 1.000 millones de dólares, algo a lo que la presidenta Cristina Fernández se negó.
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Demanda colectiva por los transgénicos en Argentina
Presentaron una demanda colectiva por el uso de cultivos transgénicos
Fecha de Publicación: 20/02/2013
Fuente: No a la Mina
Provincia/Región: Nacional
Objetan ante la Suprema Corte de Justicia el sistema agroindustrial. Piden que se sancione a las compañías que los comercializan y que reparen el daño ambiental que generaron desde 1996. Cuestionan la introducción al país de los organismos genéticamente modificados (OGM) y el uso de agroquímicos vinculados a ellos.
Desde el 21 de diciembre de 2012, la Corte Suprema de Justicia de la Nación argentina (CSJN) tiene en sus manos una demanda colectiva por daño ambiental contra el Estado nacional y las compañías multinacionales productoras de organismos genéticamente modificados (OGM) y el paquete de agrotóxicos asociados a ellos que se utilizan en el modelo productivo agroindustrial argentino desde principios de los 90.
La demanda ataca principalmente a los OGM —que son la base del esquema productivo que permitió la instauración en el país del actual sistema agrario—, y a sus características asociadas, las que derivaron en la tendencia al monocultivo, el método de siembra directa con la consecuente reducción de mano de obra rural, la concentración económica en manos de pocos productores y pooles de siembra, el meganegocio de las empresas multinacionales oligopólicas y el inconmensurable impacto sobre la salud de las poblaciones rurales y el medio ambiente.
El reclamo es por daño ambiental, moral y punitivo, y exige que no se autorice la incorporación de nuevos OGM en el país. Está caratulado como "Giménez Alicia Fanny y otros contra el Estado nacional, Monsanto y otros sobre daño ambiental". Los demandados son el Estado nacional, el Concejo Federal de Medio Ambiente y un grupo de empresas como Monsanto, Syngenta, DuPont, Novartis, Nidera, Dow Agrosciences, Pionner, Agrevo, Ciba Geigy, Argenbio y Bayer, entre otras, productoras de OGM —principalmente semillas de soja, maíz, algodón, arroz—, y el paquete químico atado a su uso, que se basa principalmente en el glifosato, sales derivadas del mismo, surfactantes y coadyuvantes.
La modificación artificial del genoma de una planta —o "evento" en la jerga de estas empresas—, fue aprobada en la Argentina desde 1996, por lo que se sembraron y se siembran en la actualidad sin control, a gran escala y sin evaluación de impacto o riesgo ambiental alguno, más de veinte millones de hectáreas. Además, se vierten más de doscientos millones de litros de agrotóxicos al ambiente por campaña y, en algunos casos, sobre los habitantes, a sabiendas de las consecuencias dañosas que ello acarrea.
La demanda tiene por objeto que la CSJN ordene al Ejecutivo Nacional suspender provisionalmente la liberación incontrolada de OGM y disponga el "etiquetado" de los productos que los contengan. Que suspenda también la aplicación de los agrotóxicos utilizados para su cultivo hasta tanto se determine científicamente su inocuidad para el ambiente, los ecosistemas, la biodiversidad, la salud de los seres vivos, el patrimonio cultural argentino y la sostenibilidad del modelo de producción, en mira a las generaciones futuras.
También solicita que exhorte al Poder Legislativo a dictar una ley de bioseguridad y de presupuestos mínimos para uso del suelo y que condene a las empresas demandadas a "recomponer" o "reparar" el ambiente y ecosistemas dañados mediante la reimplantación de cultivares convencionales, la fertilización de suelos y el repoblamiento de especies. De no ser posible, exige que se las condene al pago de una suma de dinero a determinar por alguno de los sistemas de monetarización del daño ambiental de uso internacional y conformar un fondo de compensación ambiental o fideicomiso, como resarcimiento.
El recurso de amparo pretende transmitir un mensaje de reprobación oficial a las violaciones de los derechos humanos implicados, así como evitar que se repitan las conductas antisociales de las empresas demandadas las que, teniendo conocimiento de que el daño podía producirse y debía ser evitado, priorizaron las mayores ganancias por sobre los bienes jurídicos de las personas. También pide que se las condene en concepto de daño punitivo al pago de una suma equivalente a la que se determine para las tareas de recomposición.
Asimismo se solicita que se las condene al pago de la suma que, en concepto de daño moral ambiental, la CSJN estime correspondiente, para integrarla al referido fondo o fideicomiso; que esté destinada a financiar una obra que tenga un fin satisfactivo para toda la sociedad y que sea amigable con el ambiente. A tal fin, la parte actora propone "que se destine a la recuperación y restablecimiento de la totalidad de la red ferroviaria nacional y sus servicios de transporte de pasajeros y carga".
Los casos emblemáticos que respaldan el amparo
Para respaldar la demanda, presentada por los abogados especialistas Jorge Mosset Iturraspe, Miguel Araya, Horacio Belosi, Santiago Kaplun y Graciela Cristina Gómez, se presentaron pruebas instrumentales, informativas y testimoniales. También se enumeran en el expediente los casos de daño a la salud de personas afectadas por agrotóxicos en Santiago del Estero, Entre Ríos y Buenos Aires y se presentaron sus historias clínicas. De prosperar el reclamo, la decisión judicial podría extenderse a otras provincias productoras de OGM, entre ellas Santa Fe.
Desde el 21 de diciembre de 2012, la Corte Suprema de Justicia de la Nación argentina (CSJN) tiene en sus manos una demanda colectiva por daño ambiental contra el Estado nacional y las compañías multinacionales productoras de organismos genéticamente modificados (OGM) y el paquete de agrotóxicos asociados a ellos que se utilizan en el modelo productivo agroindustrial argentino desde principios de los 90.
La demanda ataca principalmente a los OGM —que son la base del esquema productivo que permitió la instauración en el país del actual sistema agrario—, y a sus características asociadas, las que derivaron en la tendencia al monocultivo, el método de siembra directa con la consecuente reducción de mano de obra rural, la concentración económica en manos de pocos productores y pooles de siembra, el meganegocio de las empresas multinacionales oligopólicas y el inconmensurable impacto sobre la salud de las poblaciones rurales y el medio ambiente.
El reclamo es por daño ambiental, moral y punitivo, y exige que no se autorice la incorporación de nuevos OGM en el país. Está caratulado como "Giménez Alicia Fanny y otros contra el Estado nacional, Monsanto y otros sobre daño ambiental". Los demandados son el Estado nacional, el Concejo Federal de Medio Ambiente y un grupo de empresas como Monsanto, Syngenta, DuPont, Novartis, Nidera, Dow Agrosciences, Pionner, Agrevo, Ciba Geigy, Argenbio y Bayer, entre otras, productoras de OGM —principalmente semillas de soja, maíz, algodón, arroz—, y el paquete químico atado a su uso, que se basa principalmente en el glifosato, sales derivadas del mismo, surfactantes y coadyuvantes.
La modificación artificial del genoma de una planta —o "evento" en la jerga de estas empresas—, fue aprobada en la Argentina desde 1996, por lo que se sembraron y se siembran en la actualidad sin control, a gran escala y sin evaluación de impacto o riesgo ambiental alguno, más de veinte millones de hectáreas. Además, se vierten más de doscientos millones de litros de agrotóxicos al ambiente por campaña y, en algunos casos, sobre los habitantes, a sabiendas de las consecuencias dañosas que ello acarrea.
La demanda tiene por objeto que la CSJN ordene al Ejecutivo Nacional suspender provisionalmente la liberación incontrolada de OGM y disponga el "etiquetado" de los productos que los contengan. Que suspenda también la aplicación de los agrotóxicos utilizados para su cultivo hasta tanto se determine científicamente su inocuidad para el ambiente, los ecosistemas, la biodiversidad, la salud de los seres vivos, el patrimonio cultural argentino y la sostenibilidad del modelo de producción, en mira a las generaciones futuras.
También solicita que exhorte al Poder Legislativo a dictar una ley de bioseguridad y de presupuestos mínimos para uso del suelo y que condene a las empresas demandadas a "recomponer" o "reparar" el ambiente y ecosistemas dañados mediante la reimplantación de cultivares convencionales, la fertilización de suelos y el repoblamiento de especies. De no ser posible, exige que se las condene al pago de una suma de dinero a determinar por alguno de los sistemas de monetarización del daño ambiental de uso internacional y conformar un fondo de compensación ambiental o fideicomiso, como resarcimiento.
El recurso de amparo pretende transmitir un mensaje de reprobación oficial a las violaciones de los derechos humanos implicados, así como evitar que se repitan las conductas antisociales de las empresas demandadas las que, teniendo conocimiento de que el daño podía producirse y debía ser evitado, priorizaron las mayores ganancias por sobre los bienes jurídicos de las personas. También pide que se las condene en concepto de daño punitivo al pago de una suma equivalente a la que se determine para las tareas de recomposición.
Asimismo se solicita que se las condene al pago de la suma que, en concepto de daño moral ambiental, la CSJN estime correspondiente, para integrarla al referido fondo o fideicomiso; que esté destinada a financiar una obra que tenga un fin satisfactivo para toda la sociedad y que sea amigable con el ambiente. A tal fin, la parte actora propone "que se destine a la recuperación y restablecimiento de la totalidad de la red ferroviaria nacional y sus servicios de transporte de pasajeros y carga".
Los casos emblemáticos que respaldan el amparo
Para respaldar la demanda, presentada por los abogados especialistas Jorge Mosset Iturraspe, Miguel Araya, Horacio Belosi, Santiago Kaplun y Graciela Cristina Gómez, se presentaron pruebas instrumentales, informativas y testimoniales. También se enumeran en el expediente los casos de daño a la salud de personas afectadas por agrotóxicos en Santiago del Estero, Entre Ríos y Buenos Aires y se presentaron sus historias clínicas. De prosperar el reclamo, la decisión judicial podría extenderse a otras provincias productoras de OGM, entre ellas Santa Fe.
. Caso Sandoval (Bandera, Santiago del Estero) La niña Julieta Sandoval falleció a los siete meses de vida. Nació con múltiples malformaciones atribuidas al uso de agroquímicos en su entorno. Su abuelo materno y su padre eran fumigadores y utilizaban glifosato, insecticidas y fungicidas. Alicia Fanny Giménez es la madre de la beba fallecida y ahora respalda el amparo.
. Caso Ayelén. Una niña de cinco años, también residente en Bandera que padece leucemia cuyo origen se relaciona con los agroquímicos.
. Caso Tomasi. Fabián Tomasi, de 43 años, se desempeñó como fumigador en Basavilbaso, Entre Ríos, desde que tenía 23 años. Hoy sufre graves afecciones asociadas a la exposición a los agroquímicos.
. Oscar Lescano. Médico rural y ex intendente de Basavilbaso. A partir de su experiencia en el consultorio se convirtió en uno de los más férreos denunciantes del problema en su provincia.
. Caso Milesi. (Mercedes, Buenos Aires) Allí vive el matrimonio conformado por José Milesi y Silvina Picchioni y su hijo Juan. En 2008, cuando el menor tenía cinco años, fueron rociados en el patio de su vivienda por un avión fumigador. Tiempo después le diagnosticaron al niño leucemia linfoplástica.
Reconocidos testigos
Entre los testigos que se proponen en el expediente figuran Gilles Séralini, investigador de biología molecular en el Instituto de Biología Fundamental y Aplicada de la Universidad de Caen (Francia); la bióloga Viviana Cousté de la UBA; el médico rural Darío Gianfelice; el jefe del Servicio de Cirugía Pediátrica del Hospital de Posadas, Hugo Gómez Demaio; el profesor de embriología, investigador del Conicet, Andrés Carrasco; el jefe del Laboratorio de Biología Molecular de la Universidad del Nordeste, el bioquímico Raúl Lucero; el pediatra, Rodolfo Páramo y el biólogo distinguido con el premio Nobel alternativo, Raúl Montenegro.
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Fecha de Publicación: 20/02/2013
Fuente: No a la Mina
Provincia/Región: Nacional
Objetan ante la Suprema Corte de Justicia el sistema agroindustrial. Piden que se sancione a las compañías que los comercializan y que reparen el daño ambiental que generaron desde 1996. Cuestionan la introducción al país de los organismos genéticamente modificados (OGM) y el uso de agroquímicos vinculados a ellos.
Desde el 21 de diciembre de 2012, la Corte Suprema de Justicia de la Nación argentina (CSJN) tiene en sus manos una demanda colectiva por daño ambiental contra el Estado nacional y las compañías multinacionales productoras de organismos genéticamente modificados (OGM) y el paquete de agrotóxicos asociados a ellos que se utilizan en el modelo productivo agroindustrial argentino desde principios de los 90.
La demanda ataca principalmente a los OGM —que son la base del esquema productivo que permitió la instauración en el país del actual sistema agrario—, y a sus características asociadas, las que derivaron en la tendencia al monocultivo, el método de siembra directa con la consecuente reducción de mano de obra rural, la concentración económica en manos de pocos productores y pooles de siembra, el meganegocio de las empresas multinacionales oligopólicas y el inconmensurable impacto sobre la salud de las poblaciones rurales y el medio ambiente.
El reclamo es por daño ambiental, moral y punitivo, y exige que no se autorice la incorporación de nuevos OGM en el país. Está caratulado como "Giménez Alicia Fanny y otros contra el Estado nacional, Monsanto y otros sobre daño ambiental". Los demandados son el Estado nacional, el Concejo Federal de Medio Ambiente y un grupo de empresas como Monsanto, Syngenta, DuPont, Novartis, Nidera, Dow Agrosciences, Pionner, Agrevo, Ciba Geigy, Argenbio y Bayer, entre otras, productoras de OGM —principalmente semillas de soja, maíz, algodón, arroz—, y el paquete químico atado a su uso, que se basa principalmente en el glifosato, sales derivadas del mismo, surfactantes y coadyuvantes.
La modificación artificial del genoma de una planta —o "evento" en la jerga de estas empresas—, fue aprobada en la Argentina desde 1996, por lo que se sembraron y se siembran en la actualidad sin control, a gran escala y sin evaluación de impacto o riesgo ambiental alguno, más de veinte millones de hectáreas. Además, se vierten más de doscientos millones de litros de agrotóxicos al ambiente por campaña y, en algunos casos, sobre los habitantes, a sabiendas de las consecuencias dañosas que ello acarrea.
La demanda tiene por objeto que la CSJN ordene al Ejecutivo Nacional suspender provisionalmente la liberación incontrolada de OGM y disponga el "etiquetado" de los productos que los contengan. Que suspenda también la aplicación de los agrotóxicos utilizados para su cultivo hasta tanto se determine científicamente su inocuidad para el ambiente, los ecosistemas, la biodiversidad, la salud de los seres vivos, el patrimonio cultural argentino y la sostenibilidad del modelo de producción, en mira a las generaciones futuras.
También solicita que exhorte al Poder Legislativo a dictar una ley de bioseguridad y de presupuestos mínimos para uso del suelo y que condene a las empresas demandadas a "recomponer" o "reparar" el ambiente y ecosistemas dañados mediante la reimplantación de cultivares convencionales, la fertilización de suelos y el repoblamiento de especies. De no ser posible, exige que se las condene al pago de una suma de dinero a determinar por alguno de los sistemas de monetarización del daño ambiental de uso internacional y conformar un fondo de compensación ambiental o fideicomiso, como resarcimiento.
El recurso de amparo pretende transmitir un mensaje de reprobación oficial a las violaciones de los derechos humanos implicados, así como evitar que se repitan las conductas antisociales de las empresas demandadas las que, teniendo conocimiento de que el daño podía producirse y debía ser evitado, priorizaron las mayores ganancias por sobre los bienes jurídicos de las personas. También pide que se las condene en concepto de daño punitivo al pago de una suma equivalente a la que se determine para las tareas de recomposición.
Asimismo se solicita que se las condene al pago de la suma que, en concepto de daño moral ambiental, la CSJN estime correspondiente, para integrarla al referido fondo o fideicomiso; que esté destinada a financiar una obra que tenga un fin satisfactivo para toda la sociedad y que sea amigable con el ambiente. A tal fin, la parte actora propone "que se destine a la recuperación y restablecimiento de la totalidad de la red ferroviaria nacional y sus servicios de transporte de pasajeros y carga".
Los casos emblemáticos que respaldan el amparo
Para respaldar la demanda, presentada por los abogados especialistas Jorge Mosset Iturraspe, Miguel Araya, Horacio Belosi, Santiago Kaplun y Graciela Cristina Gómez, se presentaron pruebas instrumentales, informativas y testimoniales. También se enumeran en el expediente los casos de daño a la salud de personas afectadas por agrotóxicos en Santiago del Estero, Entre Ríos y Buenos Aires y se presentaron sus historias clínicas. De prosperar el reclamo, la decisión judicial podría extenderse a otras provincias productoras de OGM, entre ellas Santa Fe.
Desde el 21 de diciembre de 2012, la Corte Suprema de Justicia de la Nación argentina (CSJN) tiene en sus manos una demanda colectiva por daño ambiental contra el Estado nacional y las compañías multinacionales productoras de organismos genéticamente modificados (OGM) y el paquete de agrotóxicos asociados a ellos que se utilizan en el modelo productivo agroindustrial argentino desde principios de los 90.
La demanda ataca principalmente a los OGM —que son la base del esquema productivo que permitió la instauración en el país del actual sistema agrario—, y a sus características asociadas, las que derivaron en la tendencia al monocultivo, el método de siembra directa con la consecuente reducción de mano de obra rural, la concentración económica en manos de pocos productores y pooles de siembra, el meganegocio de las empresas multinacionales oligopólicas y el inconmensurable impacto sobre la salud de las poblaciones rurales y el medio ambiente.
El reclamo es por daño ambiental, moral y punitivo, y exige que no se autorice la incorporación de nuevos OGM en el país. Está caratulado como "Giménez Alicia Fanny y otros contra el Estado nacional, Monsanto y otros sobre daño ambiental". Los demandados son el Estado nacional, el Concejo Federal de Medio Ambiente y un grupo de empresas como Monsanto, Syngenta, DuPont, Novartis, Nidera, Dow Agrosciences, Pionner, Agrevo, Ciba Geigy, Argenbio y Bayer, entre otras, productoras de OGM —principalmente semillas de soja, maíz, algodón, arroz—, y el paquete químico atado a su uso, que se basa principalmente en el glifosato, sales derivadas del mismo, surfactantes y coadyuvantes.
La modificación artificial del genoma de una planta —o "evento" en la jerga de estas empresas—, fue aprobada en la Argentina desde 1996, por lo que se sembraron y se siembran en la actualidad sin control, a gran escala y sin evaluación de impacto o riesgo ambiental alguno, más de veinte millones de hectáreas. Además, se vierten más de doscientos millones de litros de agrotóxicos al ambiente por campaña y, en algunos casos, sobre los habitantes, a sabiendas de las consecuencias dañosas que ello acarrea.
La demanda tiene por objeto que la CSJN ordene al Ejecutivo Nacional suspender provisionalmente la liberación incontrolada de OGM y disponga el "etiquetado" de los productos que los contengan. Que suspenda también la aplicación de los agrotóxicos utilizados para su cultivo hasta tanto se determine científicamente su inocuidad para el ambiente, los ecosistemas, la biodiversidad, la salud de los seres vivos, el patrimonio cultural argentino y la sostenibilidad del modelo de producción, en mira a las generaciones futuras.
También solicita que exhorte al Poder Legislativo a dictar una ley de bioseguridad y de presupuestos mínimos para uso del suelo y que condene a las empresas demandadas a "recomponer" o "reparar" el ambiente y ecosistemas dañados mediante la reimplantación de cultivares convencionales, la fertilización de suelos y el repoblamiento de especies. De no ser posible, exige que se las condene al pago de una suma de dinero a determinar por alguno de los sistemas de monetarización del daño ambiental de uso internacional y conformar un fondo de compensación ambiental o fideicomiso, como resarcimiento.
El recurso de amparo pretende transmitir un mensaje de reprobación oficial a las violaciones de los derechos humanos implicados, así como evitar que se repitan las conductas antisociales de las empresas demandadas las que, teniendo conocimiento de que el daño podía producirse y debía ser evitado, priorizaron las mayores ganancias por sobre los bienes jurídicos de las personas. También pide que se las condene en concepto de daño punitivo al pago de una suma equivalente a la que se determine para las tareas de recomposición.
Asimismo se solicita que se las condene al pago de la suma que, en concepto de daño moral ambiental, la CSJN estime correspondiente, para integrarla al referido fondo o fideicomiso; que esté destinada a financiar una obra que tenga un fin satisfactivo para toda la sociedad y que sea amigable con el ambiente. A tal fin, la parte actora propone "que se destine a la recuperación y restablecimiento de la totalidad de la red ferroviaria nacional y sus servicios de transporte de pasajeros y carga".
Los casos emblemáticos que respaldan el amparo
Para respaldar la demanda, presentada por los abogados especialistas Jorge Mosset Iturraspe, Miguel Araya, Horacio Belosi, Santiago Kaplun y Graciela Cristina Gómez, se presentaron pruebas instrumentales, informativas y testimoniales. También se enumeran en el expediente los casos de daño a la salud de personas afectadas por agrotóxicos en Santiago del Estero, Entre Ríos y Buenos Aires y se presentaron sus historias clínicas. De prosperar el reclamo, la decisión judicial podría extenderse a otras provincias productoras de OGM, entre ellas Santa Fe.
. Caso Sandoval (Bandera, Santiago del Estero) La niña Julieta Sandoval falleció a los siete meses de vida. Nació con múltiples malformaciones atribuidas al uso de agroquímicos en su entorno. Su abuelo materno y su padre eran fumigadores y utilizaban glifosato, insecticidas y fungicidas. Alicia Fanny Giménez es la madre de la beba fallecida y ahora respalda el amparo.
. Caso Ayelén. Una niña de cinco años, también residente en Bandera que padece leucemia cuyo origen se relaciona con los agroquímicos.
. Caso Tomasi. Fabián Tomasi, de 43 años, se desempeñó como fumigador en Basavilbaso, Entre Ríos, desde que tenía 23 años. Hoy sufre graves afecciones asociadas a la exposición a los agroquímicos.
. Oscar Lescano. Médico rural y ex intendente de Basavilbaso. A partir de su experiencia en el consultorio se convirtió en uno de los más férreos denunciantes del problema en su provincia.
. Caso Milesi. (Mercedes, Buenos Aires) Allí vive el matrimonio conformado por José Milesi y Silvina Picchioni y su hijo Juan. En 2008, cuando el menor tenía cinco años, fueron rociados en el patio de su vivienda por un avión fumigador. Tiempo después le diagnosticaron al niño leucemia linfoplástica.
Reconocidos testigos
Entre los testigos que se proponen en el expediente figuran Gilles Séralini, investigador de biología molecular en el Instituto de Biología Fundamental y Aplicada de la Universidad de Caen (Francia); la bióloga Viviana Cousté de la UBA; el médico rural Darío Gianfelice; el jefe del Servicio de Cirugía Pediátrica del Hospital de Posadas, Hugo Gómez Demaio; el profesor de embriología, investigador del Conicet, Andrés Carrasco; el jefe del Laboratorio de Biología Molecular de la Universidad del Nordeste, el bioquímico Raúl Lucero; el pediatra, Rodolfo Páramo y el biólogo distinguido con el premio Nobel alternativo, Raúl Montenegro.
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