Ayuí Grande podría efectivizarse
23:30 | 
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Aseguran que el proyecto Ayuí Grande sólo está postergado
Fecha de Publicación: 24/01/2013
Fuente: Morandú
Provincia/Región: Corrientes
Desde el sector arrocero revelaron a momarandu.com que el proyecto Ayuí Grande para represar miles de hectáreas para plantaciones agropecuarias “no está caído” que se esperan mejores escenarios políticos y que nuevos proyectos complementarios aguardan la reactivación de Ayuí Grande.
El Proyecto Productivo Represa Ayuí Grande se gestó con el objetivo principal de llevar adelante la producción de alimentos, fundamentalmente arroz, otros granos y ganadería, para lo cual prevé la construcción de una represa que permita la conformación de un lago de 7.900 hectáreas aproximadamente ubicada sobre el Arroyo Ayuí Grande.
Se trataba del plan de inversión hidráulico-agropecuario de mayor envergadura en la Provincia de Corrientes y el proyecto privado arrocero más importante del MERCOSUR.
Pero reclamos ambientalistas primero, sumados a la intervención del Gobierno nacional que frenó el proyecto, generaron que en su momento se diera por caído el proyecto pese a que en la justicia se avaló la postura de Corrientes, incluso la misma Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Pero desde el sector arrocero expresaron a Momarandu.com que “Ayuí está en suspenso, se está esperando mejores momentos para las inversiones” en clara referencia a la oposición del Estado nacional al proyecto por estar involucrado como inversor un referente del Grupo Clarín, grupo enfrentado al Gobierno nacional.
Manifestaron incluso que hay cinco o seis proyectos de gran envergadura esperando por la concreción de Ayuí Grande, que tenía a empresas de George Soros como principales promotoras.
Desde el sector sostienen que el principal freno al proyecto es el político, pues la Corte Suprema en distintas medidas avaló reclamos del Gobierno de Corrientes en favor del proyecto.
Los vaivenes judiciales
Cabe recordar que conocido el proyecto de represamiento, ecologistas presentaron medidas de amparo para frenar la iniciativa productiva pero la Corte Suprema de Justicia falló a favor del Gobierno de Corrientes.
Tras el reconocimiento de la Corte Suprema a favor de Corrientes en cuanto a la legalidad del proyecto, el 24 de agosto de 2011 la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación emitió la Resolución N° 1.238 que frenaba la iniciativa.
La medida estableció que las obras concernientes al "Proyecto Productivo Ayuí Grande" resultarían incompatibles con las obligaciones asumidas por Argentina en el Estatuto del Río Uruguay y otras normas y acuerdos internacionales, debido a que Ayuí podría comprometer la responsabilidad internacional del Estado por tratarse de una obra que causará perjuicio sensible al Río Uruguay al afectar la calidad de sus aguas.
Asimismo, la Secretaría de Medio Ambiente estableció que el "Proyecto Productivo Ayuí Grande" resultaría incompatible con las disposiciones de la Ley General de Ambientes N° 25.675, y de la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos N° 26.331, contrariando de ese modo los objetivos de la política ambiental nacional.
Contra dicha Resolución, la Fiscalía de Estado de Corrientes presentó Recurso Jerárquico atacando la medida, lo cual fue desestimado en diciembre último por la Jefatura de Ministros de la Nación.
Por las medidas de la Secretaría de Ambiente y de la Jefatura de Ministros, el Gobierno de Corrientes recurrió nuevamente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, máximo órgano judicial que reconoció la inconstitucionalidad de una resolución de la Secretaría de Ambiente de la Nación que ordenó el freno del proyecto, y admitió que un fallo de ese tipo es competencia de la Justicia ordinaria.
Corrientes había solicitado la declaración de inconstitucionalidad de la resolución de la Secretaría de Ambiente de la Nación, que sostuvo que el proyecto hídrico Ayuí Grande era incompatible con las obligaciones asumidas por la República en el Estatuto del Río Uruguay.
Concretamente, la provincia presentó demanda contra el Estado Nacional a fin de obtener la declaración de inconstitucionalidad de las resoluciones 1238/2011 emitida por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y la Resolución 1149 dictada por el Jefe de Gabinete de Ministros, que desestimó el recurso jerárquico de Corrientes contra la medida sobre Ayuí.
Además, el Estado correntino consideró que la Secretaría de Ambiente no tiene competencia para controlar el impacto ambiental de un río internacional y que debió darles a los organismos internacionales, nacionales y provinciales, al Consejo Federal del Ambiente, a la Comisión Administradora del Río Uruguay y a otros organismos con facultades competentes.
Por ello, estimó que la actuación del Gobierno nacional avasalló el dominio originario de los recursos naturales provinciales, y además invade la potestad de regular el uso y aprovechamiento de recursos, y viola el debido proceso adjetivo ya que Nación no le dio participación a la Provincia en la medida.
Pese a que en momento del fallo de la Corte Suprema el proyecto de Ayuí estaba caído por el retiro del grupo Soros, para el Gobierno de Corrientes resultó importante porque garantizaba la autonomía de Corrientes en la definición de proyectos productivos, y limitaba la intervención del Estado nacional.
Además la medida de la Corte contra la resolución de la Subsecretaria de Ambiente dejó libre la posibilidad de retomar en algún momento el mega emprendimiento de Ayuí.
El proyecto
El Proyecto Ayuí promovido por las empresas Copra S.A., Pilagá S.R.L., Tupantuva S.A., Santa Clara y Yuquerí S.A. y Ea. Ñú Verá proyectaba la producción de alimentos sobre la base de arroz irrigado, cultivos de otros granos y ganadería bovina, desarrollado en unas 77.000 hectáreas de suelos aptos incluidos en campos de su propiedad, ubicados dentro de la Cuenca del Arroyo Ayuí Grande, en el Departamento de Mercedes.
El proyecto obtuvo en 2009 aprobación por decreto del gobernador Arturo Colombi que para ello modificó el área de protección señalada sobre la reserva de Iberá y cuenta con el acompañamiento de la actual administración en el gobierno que lidera su primo Ricardo Colombi.
Se trata del plan de inversión hidráulico-agropecuario de mayor envergadura en la Provincia de Corrientes y el proyecto privado arrocero más importante del MERCOSUR a partir de la construcción de una presa que generaría un lago de 7.900 hectáreas y permitiría regar alrededor de 18 mil hectáreas de arroz o una superficie equivalente en consumo de agua.
La iniciativa reuniría tanto la disponibilidad de aguas y suelos, como la presencia de empresas con voluntad de asociarse, capacidad institucional y el respaldo financiero para asegurar la ejecución del proyecto; todo ello garantizado por la experiencia de firmas de solvente trayectoria, y líderes en la producción agrícola – ganadera.
Preveía incorporar 15.000 nuevas hectáreas a la producción de arroz -el cultivo de mayor incidencia en la economía provincial-, es decir más de 120.000 toneladas de arroz de producción anual, transformando al Departamento de Mercedes en el mayor polo arrocero del país y a Corrientes en la mayor provincia productora de arroz de Argentina; así como también preveía el desarrollo de unas 5.000 hectáreas de otros granos bajo riego como sorgo, maíz, trigo y soja en doble cosecha anual.
Adicionalmente, la iniciativa incluiría la producción de 9.000 hectáreas de cultivos de otros granos en secano y actividad ganadera sobre unas 13.000 hectáreas de pasturas implantadas, 7.500 hectáreas sobre rastrojo de arroz y 11.000 hectáreas en campo natural.
Rechazo a cuestionamientos
Los responsables del proyecto Ayuí Grande habías argumentado su rechazo a los distintos cuestionamientos recibidos por la iniciativa.
Respecto a que no se realizaron estudios técnicos y ambientales serios, indicaron que se efectuaron numerosos estudios, técnicamente solventes, de mucha seriedad y profesionalismo. Desde 1997 a la fecha, se han llevado a cabo múltiples trabajos, que demuestran lo contrario a lo que sostienen algunos.
Sobre críticas a que no se cumplimentaron los pasos legales previstos, desde el proyecto Ayuí argumentaron que la totalidad de los pasos administrativos y legales han sido rigurosamente cumplidos en sus diferentes etapas hasta culminar los mismos por completo.
Ante denuncias que la represa prevista en el proyecto es ilegal porque no se la puede ubicar interrumpiendo un cauce público, se sostuvo que si bien es correcto que el Ayuí Grande es un Arroyo no navegable cuyo cauce es de Dominio Público, no es correcto sostener que eso impide la realización de una represa sobre el arroyo.
Sobre planteos de que la represa producirá cambios negativos severos en el régimen hidrológico del Ayuí o incluso su colapso, se explicó que “sin dudas, la represa producirá, como cualquier emprendimiento, cambios en el régimen hidrológico del Ayuí Grande, pero todos ellos de carácter admisibles y en un balance general, de signo positivo”.
En relación a que los agroquímicos del Proyecto podrán contaminar el río Uruguay, se consideró esa aseveración fuera de contexto porque no establece parámetros razonables para sostenerse conceptualmente.
Mientras que frente a afirmaciones que la represa producirá proliferación de algas, se explicó que en ambientes lacustres, naturales o artificiales, con condiciones adecuadas de temperatura, turbidez y químicas del agua puede producirse la proliferación de algas. En el caso del proyecto ese impacto esta previsto, incluyendo su monitoreo.
Respecto a que la eventual rotura de la represa producirá severos daños aguas abajo, se argumentó que las dimensiones y alturas de la represa, y sus características estructurales y técnicas reducen al mínimo esa posibilidad de ocurrencia.
Por otra parte, respecto a que el proyecto producirá un escaso impacto socioeconómico favorable ya que el arroz ocupa poca mano de obra y todas las máquinas provienen de otras provincias, se explicó que el proyecto tendrá un impacto socioeconómico directo e indirecto de gran significación que será muy importante para la región de Mercedes y la Provincia de Corrientes.
Postura re rechazo
El megaproyecto que implicaba la construcción de una represa sobre el cauce del arroyo Ayuí Grande fue cuestionado por ambientalistas y el mismo Estado Nacional.
El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, en su momento expresó la preocupación del Gobierno nacional por el posible impacto ambiental severo de la represa Ayuí Grande en el ecosistema próximo a los Esteros del Iberá, y en el Tratado del río Uruguay.
La empresa fue motivo de estudio del gabinete nacional que analizó el anegamiento de tierras en la cuenca del arroyo Ayuí, afluente del río Uruguay, que proyectan Copra S.A. y Adeco Agro para regar unas 18.000 hectáreas de futuros arrozales.
El canciller Héctor Ti merman se refirió al proyecto durante su encuentro con la Asamblea Ciudadana Ambiental de Entre Ríos como una "amenaza contra el medio ambiente".
Sobre el tema se pronunciaron en su momento la Asamblea Ambiental de Paso de los Libres y Guardianes del Iberá junto pobladores de Mercedes , y el acompañamiento de otras 56 organizaciones ambientales de diferentes puntos del país.
Sostuvieron que un fallo de la Corte en torno al “Proyecto Productivo Ayuí Grande” fue leído por el gobierno como una presunta autorización cuando " en realidad se trata de una resolución de la que nada tienen que ver con la autorización o no de realizar el proyecto".
En consecuencia habían solicitado al gobierno nacional, que “intervenga para comprobar si la Ley Provincial de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Corrientes, responde al espíritu de la Ley Nacional" y estudios para determinar si "este emprendimiento puede contaminar el Río Uruguay".
Los ambientalistas mencionaron que desde hace varios años numerosas instituciones, científicos, políticos y personalidades de todos los ámbitos han rechazado este proyecto implica "anteponer" intereses económicos a los ambientales y agrava el deterioro planetario.
El petitorio para que se "desista" del proyecto fue dirigido a los responsables de la UTE “Represa Ayuí Grande” integrada por Copra S.A (José Aranda – Vicepresidente de Clarín) y Adecoagro (George Soros) y al gobierno provincial.
“No es nuestra intención oponernos al desarrollo económico de la provincia ni a la producción de arroz, pero pedimos respeto por las normas ambientales.” Aclararon las instituciones y entidades firmantes en rechazo del proyecto.
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Fecha de Publicación: 24/01/2013
Fuente: Morandú
Provincia/Región: Corrientes
Desde el sector arrocero revelaron a momarandu.com que el proyecto Ayuí Grande para represar miles de hectáreas para plantaciones agropecuarias “no está caído” que se esperan mejores escenarios políticos y que nuevos proyectos complementarios aguardan la reactivación de Ayuí Grande.
El Proyecto Productivo Represa Ayuí Grande se gestó con el objetivo principal de llevar adelante la producción de alimentos, fundamentalmente arroz, otros granos y ganadería, para lo cual prevé la construcción de una represa que permita la conformación de un lago de 7.900 hectáreas aproximadamente ubicada sobre el Arroyo Ayuí Grande.
Se trataba del plan de inversión hidráulico-agropecuario de mayor envergadura en la Provincia de Corrientes y el proyecto privado arrocero más importante del MERCOSUR.
Pero reclamos ambientalistas primero, sumados a la intervención del Gobierno nacional que frenó el proyecto, generaron que en su momento se diera por caído el proyecto pese a que en la justicia se avaló la postura de Corrientes, incluso la misma Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Pero desde el sector arrocero expresaron a Momarandu.com que “Ayuí está en suspenso, se está esperando mejores momentos para las inversiones” en clara referencia a la oposición del Estado nacional al proyecto por estar involucrado como inversor un referente del Grupo Clarín, grupo enfrentado al Gobierno nacional.
Manifestaron incluso que hay cinco o seis proyectos de gran envergadura esperando por la concreción de Ayuí Grande, que tenía a empresas de George Soros como principales promotoras.
Desde el sector sostienen que el principal freno al proyecto es el político, pues la Corte Suprema en distintas medidas avaló reclamos del Gobierno de Corrientes en favor del proyecto.
Los vaivenes judiciales
Cabe recordar que conocido el proyecto de represamiento, ecologistas presentaron medidas de amparo para frenar la iniciativa productiva pero la Corte Suprema de Justicia falló a favor del Gobierno de Corrientes.
Tras el reconocimiento de la Corte Suprema a favor de Corrientes en cuanto a la legalidad del proyecto, el 24 de agosto de 2011 la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación emitió la Resolución N° 1.238 que frenaba la iniciativa.
La medida estableció que las obras concernientes al "Proyecto Productivo Ayuí Grande" resultarían incompatibles con las obligaciones asumidas por Argentina en el Estatuto del Río Uruguay y otras normas y acuerdos internacionales, debido a que Ayuí podría comprometer la responsabilidad internacional del Estado por tratarse de una obra que causará perjuicio sensible al Río Uruguay al afectar la calidad de sus aguas.
Asimismo, la Secretaría de Medio Ambiente estableció que el "Proyecto Productivo Ayuí Grande" resultaría incompatible con las disposiciones de la Ley General de Ambientes N° 25.675, y de la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos N° 26.331, contrariando de ese modo los objetivos de la política ambiental nacional.
Contra dicha Resolución, la Fiscalía de Estado de Corrientes presentó Recurso Jerárquico atacando la medida, lo cual fue desestimado en diciembre último por la Jefatura de Ministros de la Nación.
Por las medidas de la Secretaría de Ambiente y de la Jefatura de Ministros, el Gobierno de Corrientes recurrió nuevamente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, máximo órgano judicial que reconoció la inconstitucionalidad de una resolución de la Secretaría de Ambiente de la Nación que ordenó el freno del proyecto, y admitió que un fallo de ese tipo es competencia de la Justicia ordinaria.
Corrientes había solicitado la declaración de inconstitucionalidad de la resolución de la Secretaría de Ambiente de la Nación, que sostuvo que el proyecto hídrico Ayuí Grande era incompatible con las obligaciones asumidas por la República en el Estatuto del Río Uruguay.
Concretamente, la provincia presentó demanda contra el Estado Nacional a fin de obtener la declaración de inconstitucionalidad de las resoluciones 1238/2011 emitida por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y la Resolución 1149 dictada por el Jefe de Gabinete de Ministros, que desestimó el recurso jerárquico de Corrientes contra la medida sobre Ayuí.
Además, el Estado correntino consideró que la Secretaría de Ambiente no tiene competencia para controlar el impacto ambiental de un río internacional y que debió darles a los organismos internacionales, nacionales y provinciales, al Consejo Federal del Ambiente, a la Comisión Administradora del Río Uruguay y a otros organismos con facultades competentes.
Por ello, estimó que la actuación del Gobierno nacional avasalló el dominio originario de los recursos naturales provinciales, y además invade la potestad de regular el uso y aprovechamiento de recursos, y viola el debido proceso adjetivo ya que Nación no le dio participación a la Provincia en la medida.
Pese a que en momento del fallo de la Corte Suprema el proyecto de Ayuí estaba caído por el retiro del grupo Soros, para el Gobierno de Corrientes resultó importante porque garantizaba la autonomía de Corrientes en la definición de proyectos productivos, y limitaba la intervención del Estado nacional.
Además la medida de la Corte contra la resolución de la Subsecretaria de Ambiente dejó libre la posibilidad de retomar en algún momento el mega emprendimiento de Ayuí.
El proyecto
El Proyecto Ayuí promovido por las empresas Copra S.A., Pilagá S.R.L., Tupantuva S.A., Santa Clara y Yuquerí S.A. y Ea. Ñú Verá proyectaba la producción de alimentos sobre la base de arroz irrigado, cultivos de otros granos y ganadería bovina, desarrollado en unas 77.000 hectáreas de suelos aptos incluidos en campos de su propiedad, ubicados dentro de la Cuenca del Arroyo Ayuí Grande, en el Departamento de Mercedes.
El proyecto obtuvo en 2009 aprobación por decreto del gobernador Arturo Colombi que para ello modificó el área de protección señalada sobre la reserva de Iberá y cuenta con el acompañamiento de la actual administración en el gobierno que lidera su primo Ricardo Colombi.
Se trata del plan de inversión hidráulico-agropecuario de mayor envergadura en la Provincia de Corrientes y el proyecto privado arrocero más importante del MERCOSUR a partir de la construcción de una presa que generaría un lago de 7.900 hectáreas y permitiría regar alrededor de 18 mil hectáreas de arroz o una superficie equivalente en consumo de agua.
La iniciativa reuniría tanto la disponibilidad de aguas y suelos, como la presencia de empresas con voluntad de asociarse, capacidad institucional y el respaldo financiero para asegurar la ejecución del proyecto; todo ello garantizado por la experiencia de firmas de solvente trayectoria, y líderes en la producción agrícola – ganadera.
Preveía incorporar 15.000 nuevas hectáreas a la producción de arroz -el cultivo de mayor incidencia en la economía provincial-, es decir más de 120.000 toneladas de arroz de producción anual, transformando al Departamento de Mercedes en el mayor polo arrocero del país y a Corrientes en la mayor provincia productora de arroz de Argentina; así como también preveía el desarrollo de unas 5.000 hectáreas de otros granos bajo riego como sorgo, maíz, trigo y soja en doble cosecha anual.
Adicionalmente, la iniciativa incluiría la producción de 9.000 hectáreas de cultivos de otros granos en secano y actividad ganadera sobre unas 13.000 hectáreas de pasturas implantadas, 7.500 hectáreas sobre rastrojo de arroz y 11.000 hectáreas en campo natural.
Rechazo a cuestionamientos
Los responsables del proyecto Ayuí Grande habías argumentado su rechazo a los distintos cuestionamientos recibidos por la iniciativa.
Respecto a que no se realizaron estudios técnicos y ambientales serios, indicaron que se efectuaron numerosos estudios, técnicamente solventes, de mucha seriedad y profesionalismo. Desde 1997 a la fecha, se han llevado a cabo múltiples trabajos, que demuestran lo contrario a lo que sostienen algunos.
Sobre críticas a que no se cumplimentaron los pasos legales previstos, desde el proyecto Ayuí argumentaron que la totalidad de los pasos administrativos y legales han sido rigurosamente cumplidos en sus diferentes etapas hasta culminar los mismos por completo.
Ante denuncias que la represa prevista en el proyecto es ilegal porque no se la puede ubicar interrumpiendo un cauce público, se sostuvo que si bien es correcto que el Ayuí Grande es un Arroyo no navegable cuyo cauce es de Dominio Público, no es correcto sostener que eso impide la realización de una represa sobre el arroyo.
Sobre planteos de que la represa producirá cambios negativos severos en el régimen hidrológico del Ayuí o incluso su colapso, se explicó que “sin dudas, la represa producirá, como cualquier emprendimiento, cambios en el régimen hidrológico del Ayuí Grande, pero todos ellos de carácter admisibles y en un balance general, de signo positivo”.
En relación a que los agroquímicos del Proyecto podrán contaminar el río Uruguay, se consideró esa aseveración fuera de contexto porque no establece parámetros razonables para sostenerse conceptualmente.
Mientras que frente a afirmaciones que la represa producirá proliferación de algas, se explicó que en ambientes lacustres, naturales o artificiales, con condiciones adecuadas de temperatura, turbidez y químicas del agua puede producirse la proliferación de algas. En el caso del proyecto ese impacto esta previsto, incluyendo su monitoreo.
Respecto a que la eventual rotura de la represa producirá severos daños aguas abajo, se argumentó que las dimensiones y alturas de la represa, y sus características estructurales y técnicas reducen al mínimo esa posibilidad de ocurrencia.
Por otra parte, respecto a que el proyecto producirá un escaso impacto socioeconómico favorable ya que el arroz ocupa poca mano de obra y todas las máquinas provienen de otras provincias, se explicó que el proyecto tendrá un impacto socioeconómico directo e indirecto de gran significación que será muy importante para la región de Mercedes y la Provincia de Corrientes.
Postura re rechazo
El megaproyecto que implicaba la construcción de una represa sobre el cauce del arroyo Ayuí Grande fue cuestionado por ambientalistas y el mismo Estado Nacional.
El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, en su momento expresó la preocupación del Gobierno nacional por el posible impacto ambiental severo de la represa Ayuí Grande en el ecosistema próximo a los Esteros del Iberá, y en el Tratado del río Uruguay.
La empresa fue motivo de estudio del gabinete nacional que analizó el anegamiento de tierras en la cuenca del arroyo Ayuí, afluente del río Uruguay, que proyectan Copra S.A. y Adeco Agro para regar unas 18.000 hectáreas de futuros arrozales.
El canciller Héctor Ti merman se refirió al proyecto durante su encuentro con la Asamblea Ciudadana Ambiental de Entre Ríos como una "amenaza contra el medio ambiente".
Sobre el tema se pronunciaron en su momento la Asamblea Ambiental de Paso de los Libres y Guardianes del Iberá junto pobladores de Mercedes , y el acompañamiento de otras 56 organizaciones ambientales de diferentes puntos del país.
Sostuvieron que un fallo de la Corte en torno al “Proyecto Productivo Ayuí Grande” fue leído por el gobierno como una presunta autorización cuando " en realidad se trata de una resolución de la que nada tienen que ver con la autorización o no de realizar el proyecto".
En consecuencia habían solicitado al gobierno nacional, que “intervenga para comprobar si la Ley Provincial de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Corrientes, responde al espíritu de la Ley Nacional" y estudios para determinar si "este emprendimiento puede contaminar el Río Uruguay".
Los ambientalistas mencionaron que desde hace varios años numerosas instituciones, científicos, políticos y personalidades de todos los ámbitos han rechazado este proyecto implica "anteponer" intereses económicos a los ambientales y agrava el deterioro planetario.
El petitorio para que se "desista" del proyecto fue dirigido a los responsables de la UTE “Represa Ayuí Grande” integrada por Copra S.A (José Aranda – Vicepresidente de Clarín) y Adecoagro (George Soros) y al gobierno provincial.
“No es nuestra intención oponernos al desarrollo económico de la provincia ni a la producción de arroz, pero pedimos respeto por las normas ambientales.” Aclararon las instituciones y entidades firmantes en rechazo del proyecto.
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