Salta alcanza récord de deforestación
11:06 | 
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Urtubey marcó un récord de deforestación clandestina
Fecha de Publicación: 28/01/2013
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Salta
La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación admite, en un informe que no fue dado a publicidad oficialmente, que la Ley de Bosques sancionada el noviembre de 2007 fracasó por completo: en los últimos cinco años desaparecieron un millón de hectáreas de monte nativo. De ese total, 236.246 hectáreas se encuentran en territorio salteño.
El informe fue difundido por el movimiento político Los Verdes que encabeza el exdirectivo de Greenpeace, Juan Carlos Villalonga, quien participó de la colocación en un ternero de un collar satelital para rastreo de yaguaretés.
Santiago del Estero encabezaría los desmontes posteriores a 2007, con 453.551 hectáreas, seguida por Salta (236.246), Formosa (129.603), Chaco (110.889), San Luis (37.483), Misiones (21.406), Tucumán (18.478) y Catamarca (12.164).
El proyecto de Ley de Bosques había sido presentado en la Cámara de Diputados a fines de 2006 por el activista porteño Miguel Bonasso, quien tomara un proyecto redactado por Greenpeace. La iniciativa condenaba a todas las provincias del Norte a paralizar el desarrollo rural. Los diputados salteños Osvaldo Salum y Beatriz Daher detectaron en ese momento la gravedad de la iniciativa y lograron frenar el primer dictamen que el oficialismo, por orden expresa del entonces jefe de Gabinete Alberto Fernández, trataba de sancionar en trámite sumario. La reacción de los legisladores de otras provincias afectadas, especialmente, Misiones, Chaco y Santa Fe, se sumaron a la resistencia. El proyecto logró media sanción en Diputados, con la negativa de gran parte de los diputados del NOA y NEA. En esa sesión, con Villalonga en un palco del recinto, sólo se escucharon fundamentaciones en contra, pero se impuso el número que respondía al Poder Ejecutivo. Entre los salteños, votaron en contra Salum, Daher, Andrés Zottos, Antonio Lovaglio y Carlos “Querubín” Sosa. Los oficialistas Juan Manuel Urtubey y Susana Canela se sumaron a la iniciativa de Bonasso.
En el Senado, los salteños Marcelo López Arias y Sonia Escudero encabezaron el tratamiento y tras meses de consultas con expertos, redactaron otra ley, que nada tenía que ver con la de Bonasso y Villalonga.
Ordenamiento trucho
La Ley Nacional (26.331) de Bosques se aprobó a fines de 2007.
Con Urtubey ya como gobernador, la Legislatura sancionó una ley de ordenamiento territorial acorde a las necesidades de desarrollo agropecuario y el Poder Ejecutivo la distorsionó estableciendo un cepo que impide en los hechos el desarrollo rural, pero que permite que continúe la deforestación irregular, ya sea por desmontes clandestinos blanqueados con procedimientos oscuros o por la acción predatoria del pastoreo que produjo la mayor desertificación.
Urtubey dejó la política ambiental en manos del biólogo de la UNSa, Julio Nasser, propuesto por la entonces rectora Stella Maris Pérez de Bianchi, quien organizaba campañas ambientalistas animadas por el rockero porteño Gustavo Cordera. El ordenamiento estuvo a cargo de antropólogos, porque se priorizó la estrategia social antes que el desarrollo agroganadero moderno.
¿Qué pasa con la plata?
El informe de la SAyDS indica que en febrero de 2011, Santiago del Estero, Salta, San Luis, Chaco, Catamarca, Formosa, Tucumán y Misiones habían recibido unos 114 millones de pesos en concepto de Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos y destaca en este punto que, a pesar de ello, el desmonte prosiguió.
Lo cierto es que la ley 26.331, en su artículo 31 incisos a y b, estableció una partida no menor del 0,3 por ciento del Presupuesto Nacional, es decir 1.515 millones de pesos.
Adicionalmente, una asignación específica del dos por ciento de las retenciones a las exportaciones de productos primarios y secundarios provenientes de la agricultura, ganadería y sector forestal, que elevaría el monto a 2.327 millones de pesos en 2012.
Enorme diferencia
La diferencia es abismal y ninguna provincia reclamó por eso. Salta, tampoco.
Ni durante la gestión de Julio Nasser, de su sucesor Francisco López Sastre ni ahora, con Alfredo de Angelis al frente del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia.
Cabe señalar que en ese lapso, la provincia recibió unos 150 millones de pesos que se utilizaron como subsidios, pero que equivalen al diez por ciento de lo que correspondería según la ley y, además, no fueron aplicados a compensar económicamente a los dueños de los bosques nativos por la renta que pierden para conservar la biodiversidad que establece la legislación.
Depredación sin desarrollo
En 2012, un estudio de la Red Agroforestal Chaco Argentina ya había advertido que unas 100 mil hectáreas de bosque nativo fueron desmontadas ilegalmente en Salta desde 2008. El análisis destacó que “no se respetaron las zonas de prohibición de desmontes definidas por el Ordenamiento Territorial sancionado por la legislatura provincial”, y que “tampoco se respetaron las restricciones fijadas por la Corte Suprema de Justicia tras denuncias de organizaciones de campesinos e indígenas”. El informe contó con el apoyo técnico de la Facultad de Agronomía de la UBA y el INTA Salta. Las 100 mil hectáreas desmontadas en los últimos cuatro años corresponden, dice, a zonas señaladas como “de mediano y alto valor de conservación”. El caso salteño es especial, porque las irregularidades no solo frenan la instalación de establecimientos modernos con capacidad para generar empleo, sino que favorecen un entramado oscuro, donde, al margen de la ley que regula el desarrollo, se depreda mucho más que con una política agroganadera de la que Salta carece. En 2012, la Defensoría del Pueblo de la Nación constató desmontes en zonas prohibidas de Dragones, violencia sobre comunidades, incumplimiento de leyes nacionales y provinciales y falta de control por parte del gobierno provincial.
El conjunto de contradicciones e irregularidades se agrava si se tiene en cuenta que entre 2008 y 2011, la tala y el desmonte estuvieron prohibidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con una muy endeble defensa de parte del Ejecutivo provincial. Luego de tres años de paralización del desarrollo rural se declaró incompetente -lo que se sabía desde el principio- y devolvió la cuestión a la Justicia salteña, que nada hizo al respecto hasta ahora.
Intento de estafa con fondos de bosues
Un intento de estafa con fondos de la ley de Bosques fue decisiva en la salida del gabinete del exministro de Ambiente, Francisco López Sastre, en febrero del año pasado. El hecho se conoció cuando un empleado del banco Macro se percató de una irregularidad por parte de personas que, en dos oportunidades, intentaron crear cuentas para recibir fondos previstos por esa normativa a nombre de personas fallecidas, por un total de $258 mil.
López Sastre no pudo convencer a nadie con sus explicaciones y generó amplio rechazo cuando intentó desligarse del tema. A los senadores que lo habían citado les dijo que “si se concretaba la estafa, la culpa era del banco”, basándose en su criterio de que los controles dentro de la cartera que conducía habían sido “impecables”. Y dijo que el otorgamiento de los fondos eran responsabilidad compartida entre el Ministerio y la entidad bancaria: “La única forma de que se haga efectivo el pago es que concurra el titular de las tierras; nosotros no podemos negar que un gestor o un apoderado haga todos los trámites en el ministerio”.
En el medio de la polémica, que el Gobierno de la Provincia no pudo contener, el primer en salir del gabinete Juan Carlos Godoy, quien estaba a cargo de la agencia de Bosques Nativos. Luego le siguieron López Sastre y los subsecretarios de Gestión Ambiental, Emiliano Venier, y de Ordenamiento Territorial, Sebastián Varela.
El juez Federal 2, Miguel Medina, se hizo cargo de la investigación en la que decidió procesar a tres particulares y tres exfuncionarios en la causa que se abrió por el irregular sistema para entrega de fondos nacionales que corresponden a la conservación de Bosques.
Los procesados fueron José Luis Yáñez Benítez y Oscar Vázquez, por falsificación de documento y fraude a la administración pública en grado de tentativa; Julio Chávez por posible participación en el delito de fraude a la administración pública; el exsecretario de Ambiente Sebastián Varela, el extitular de la agencia de Bosques Nativos, Juan Carlos Godoy, y a la exasesora legal del desaparecido Ministerio, María Angeles Finetti, los tres por incumplimiento de deberes de funcionario público. El juez dictó la falta de mérito sobre la exsecretaria privada del Ministerio, Silvina Guillou, y liberó a Oscar Vázquez, quien estuvo encarcelado 10 meses por esta causa.
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Fecha de Publicación: 28/01/2013
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Salta
La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación admite, en un informe que no fue dado a publicidad oficialmente, que la Ley de Bosques sancionada el noviembre de 2007 fracasó por completo: en los últimos cinco años desaparecieron un millón de hectáreas de monte nativo. De ese total, 236.246 hectáreas se encuentran en territorio salteño.El informe fue difundido por el movimiento político Los Verdes que encabeza el exdirectivo de Greenpeace, Juan Carlos Villalonga, quien participó de la colocación en un ternero de un collar satelital para rastreo de yaguaretés.
Santiago del Estero encabezaría los desmontes posteriores a 2007, con 453.551 hectáreas, seguida por Salta (236.246), Formosa (129.603), Chaco (110.889), San Luis (37.483), Misiones (21.406), Tucumán (18.478) y Catamarca (12.164).
El proyecto de Ley de Bosques había sido presentado en la Cámara de Diputados a fines de 2006 por el activista porteño Miguel Bonasso, quien tomara un proyecto redactado por Greenpeace. La iniciativa condenaba a todas las provincias del Norte a paralizar el desarrollo rural. Los diputados salteños Osvaldo Salum y Beatriz Daher detectaron en ese momento la gravedad de la iniciativa y lograron frenar el primer dictamen que el oficialismo, por orden expresa del entonces jefe de Gabinete Alberto Fernández, trataba de sancionar en trámite sumario. La reacción de los legisladores de otras provincias afectadas, especialmente, Misiones, Chaco y Santa Fe, se sumaron a la resistencia. El proyecto logró media sanción en Diputados, con la negativa de gran parte de los diputados del NOA y NEA. En esa sesión, con Villalonga en un palco del recinto, sólo se escucharon fundamentaciones en contra, pero se impuso el número que respondía al Poder Ejecutivo. Entre los salteños, votaron en contra Salum, Daher, Andrés Zottos, Antonio Lovaglio y Carlos “Querubín” Sosa. Los oficialistas Juan Manuel Urtubey y Susana Canela se sumaron a la iniciativa de Bonasso.
En el Senado, los salteños Marcelo López Arias y Sonia Escudero encabezaron el tratamiento y tras meses de consultas con expertos, redactaron otra ley, que nada tenía que ver con la de Bonasso y Villalonga.
Ordenamiento trucho
La Ley Nacional (26.331) de Bosques se aprobó a fines de 2007.
Con Urtubey ya como gobernador, la Legislatura sancionó una ley de ordenamiento territorial acorde a las necesidades de desarrollo agropecuario y el Poder Ejecutivo la distorsionó estableciendo un cepo que impide en los hechos el desarrollo rural, pero que permite que continúe la deforestación irregular, ya sea por desmontes clandestinos blanqueados con procedimientos oscuros o por la acción predatoria del pastoreo que produjo la mayor desertificación.
Urtubey dejó la política ambiental en manos del biólogo de la UNSa, Julio Nasser, propuesto por la entonces rectora Stella Maris Pérez de Bianchi, quien organizaba campañas ambientalistas animadas por el rockero porteño Gustavo Cordera. El ordenamiento estuvo a cargo de antropólogos, porque se priorizó la estrategia social antes que el desarrollo agroganadero moderno.
¿Qué pasa con la plata?
El informe de la SAyDS indica que en febrero de 2011, Santiago del Estero, Salta, San Luis, Chaco, Catamarca, Formosa, Tucumán y Misiones habían recibido unos 114 millones de pesos en concepto de Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos y destaca en este punto que, a pesar de ello, el desmonte prosiguió.
Lo cierto es que la ley 26.331, en su artículo 31 incisos a y b, estableció una partida no menor del 0,3 por ciento del Presupuesto Nacional, es decir 1.515 millones de pesos.
Adicionalmente, una asignación específica del dos por ciento de las retenciones a las exportaciones de productos primarios y secundarios provenientes de la agricultura, ganadería y sector forestal, que elevaría el monto a 2.327 millones de pesos en 2012.
Enorme diferencia
La diferencia es abismal y ninguna provincia reclamó por eso. Salta, tampoco.
Ni durante la gestión de Julio Nasser, de su sucesor Francisco López Sastre ni ahora, con Alfredo de Angelis al frente del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia.
Cabe señalar que en ese lapso, la provincia recibió unos 150 millones de pesos que se utilizaron como subsidios, pero que equivalen al diez por ciento de lo que correspondería según la ley y, además, no fueron aplicados a compensar económicamente a los dueños de los bosques nativos por la renta que pierden para conservar la biodiversidad que establece la legislación.
Depredación sin desarrollo
En 2012, un estudio de la Red Agroforestal Chaco Argentina ya había advertido que unas 100 mil hectáreas de bosque nativo fueron desmontadas ilegalmente en Salta desde 2008. El análisis destacó que “no se respetaron las zonas de prohibición de desmontes definidas por el Ordenamiento Territorial sancionado por la legislatura provincial”, y que “tampoco se respetaron las restricciones fijadas por la Corte Suprema de Justicia tras denuncias de organizaciones de campesinos e indígenas”. El informe contó con el apoyo técnico de la Facultad de Agronomía de la UBA y el INTA Salta. Las 100 mil hectáreas desmontadas en los últimos cuatro años corresponden, dice, a zonas señaladas como “de mediano y alto valor de conservación”. El caso salteño es especial, porque las irregularidades no solo frenan la instalación de establecimientos modernos con capacidad para generar empleo, sino que favorecen un entramado oscuro, donde, al margen de la ley que regula el desarrollo, se depreda mucho más que con una política agroganadera de la que Salta carece. En 2012, la Defensoría del Pueblo de la Nación constató desmontes en zonas prohibidas de Dragones, violencia sobre comunidades, incumplimiento de leyes nacionales y provinciales y falta de control por parte del gobierno provincial.
El conjunto de contradicciones e irregularidades se agrava si se tiene en cuenta que entre 2008 y 2011, la tala y el desmonte estuvieron prohibidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con una muy endeble defensa de parte del Ejecutivo provincial. Luego de tres años de paralización del desarrollo rural se declaró incompetente -lo que se sabía desde el principio- y devolvió la cuestión a la Justicia salteña, que nada hizo al respecto hasta ahora.
Intento de estafa con fondos de bosues
Un intento de estafa con fondos de la ley de Bosques fue decisiva en la salida del gabinete del exministro de Ambiente, Francisco López Sastre, en febrero del año pasado. El hecho se conoció cuando un empleado del banco Macro se percató de una irregularidad por parte de personas que, en dos oportunidades, intentaron crear cuentas para recibir fondos previstos por esa normativa a nombre de personas fallecidas, por un total de $258 mil.
López Sastre no pudo convencer a nadie con sus explicaciones y generó amplio rechazo cuando intentó desligarse del tema. A los senadores que lo habían citado les dijo que “si se concretaba la estafa, la culpa era del banco”, basándose en su criterio de que los controles dentro de la cartera que conducía habían sido “impecables”. Y dijo que el otorgamiento de los fondos eran responsabilidad compartida entre el Ministerio y la entidad bancaria: “La única forma de que se haga efectivo el pago es que concurra el titular de las tierras; nosotros no podemos negar que un gestor o un apoderado haga todos los trámites en el ministerio”.
En el medio de la polémica, que el Gobierno de la Provincia no pudo contener, el primer en salir del gabinete Juan Carlos Godoy, quien estaba a cargo de la agencia de Bosques Nativos. Luego le siguieron López Sastre y los subsecretarios de Gestión Ambiental, Emiliano Venier, y de Ordenamiento Territorial, Sebastián Varela.
El juez Federal 2, Miguel Medina, se hizo cargo de la investigación en la que decidió procesar a tres particulares y tres exfuncionarios en la causa que se abrió por el irregular sistema para entrega de fondos nacionales que corresponden a la conservación de Bosques.
Los procesados fueron José Luis Yáñez Benítez y Oscar Vázquez, por falsificación de documento y fraude a la administración pública en grado de tentativa; Julio Chávez por posible participación en el delito de fraude a la administración pública; el exsecretario de Ambiente Sebastián Varela, el extitular de la agencia de Bosques Nativos, Juan Carlos Godoy, y a la exasesora legal del desaparecido Ministerio, María Angeles Finetti, los tres por incumplimiento de deberes de funcionario público. El juez dictó la falta de mérito sobre la exsecretaria privada del Ministerio, Silvina Guillou, y liberó a Oscar Vázquez, quien estuvo encarcelado 10 meses por esta causa.
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