El Riachuelo, sin solución
22:45 | 
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El Riachuelo, sin solución
Fecha de Publicación: 21/10/2012
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Riachuelo
La última audiencia fijada por la Corte ha vuelto a demostrar el desinterés y la falta de controles para el saneamiento del curso de agua más contaminado del país
Transcurre el tiempo y a pesar del expreso mandato judicial, el Riachuelo todavía se encuentra inserto en un lento proceso de recuperación.
Fiel reflejo de esa situación fue la última audiencia pública que fijó la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con el objetivo de evaluar el grado de cumplimiento en el saneamiento de la cuenca Matanza Riachuelo, respecto a los mandatos impuestos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la sentencia condenatoria del 8 de julio de 2008 del renombrado "caso Mendoza".
Fueron convocados a ese encuentro los representantes de la Nación, de la Ciudad y de la provincia de Buenos Aires; la Autoridad de Cuenca (Acumar), los intendentes de seis partidos del Gran Buenos Aires (Almirante Brown, Avellaneda, Esteban Echeverría, La Matanza, Lanús y Lomas de Zamora), además del defensor del Pueblo; la Auditoría General de la Nación, y los representantes de AySA y de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse).
Antes de la audiencia, la Asociación de Vecinos de La Boca, una de las ONG encargadas de monitorear el avance del saneamiento del Riachuelo, había denunciado que persistían los vertidos sin restricciones de sustancias contaminantes, como mercurio, plomo, cromo, cadmio, arsénico, y la Escherichia coli, entre otros elementos peligrosos.
Con la presencia de varios miembros del más alto tribunal, su titular, Ricardo Lorenzetti, interrogó minuciosamente sobre la calidad de las aguas a la que apuntan los trabajos, sobre cuestiones sanitarias de la población de la zona de influencia y, fundamentalmente, sobre los controles presupuestarios y de ejecución de las obras. Es que Acumar ha subcontratado a dos empresas del Estado (AySA y Ceamse) para realizar los trabajos en la cuenca.
Lorenzetti indagó al secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Juan José Mussi, acerca del control sobre las firmas encargadas de los trabajos -concretamente AySA-, a lo que el funcionario respondió: "No lo realizamos, porque la empresa las hace como parte de un plan director", y agregó que se había firmado un convenio con la Auditoría General de la Nación para que se verificaran los trabajos.
Mussi manifestó la existencia de "problemas de presupuesto" de la entidad que preside, lo que llevó a los jueces de la Corte a considerar la búsqueda de un financiamiento internacional para poder avanzar con esta obra. Y, por otro lado, el funcionario trasladó responsabilidades al denunciar que la Ciudad y la provincia de Buenos Aires no depositan los fondos para ejecutar las obras previstas para el corriente año. Como era de esperar, el representante del Estado bonaerense, José Luis Enríquez, se excusó alegando que no aportó los fondos por la crisis financiera de su distrito, mientras que Mussi hizo notar las demoras en la obtención de los créditos internacionales.
Sin duda los recursos con los que cuentan las autoridades permiten definir si será posible cumplir sus objetivos, pero esa circunstancia no debe hacer perder de vista los preceptos de nuestra Constitución, que consagran el derecho a un ambiente sano y equilibrado, con el deber correlativo de preservarlo por parte de las autoridades.
No resulta descabellado preguntarse cuánto afectó el presupuesto de la Secretaría de Ambiente de la Nación el desvío de fondos de esa cartera hacia el programa Fútbol para Todos. En la audiencia, nadie lo mencionó.
Queda claro que el interés de las autoridades sobre estos problemas del derecho a un ambiente sano de los vecinos del Riachuelo es bastante bajo frente al rédito que fácilmente se obtiene de los programas masivos del fútbol. Lo lamentable es que este tipo de dilemas continúen escapando a las responsabilidades de quienes tienen a cargo esta tarea sin dudas extraordinaria. Así, no se advierte la magnitud del problema que está en juego y, como ya hemos publicado en estas columnas, eso habilita a que continúe prevaleciendo una política de coyuntura frente a la cual todos los demás problemas resultan ajenos a la realidad. Dado ese panorama, es un hecho que el Riachuelo seguirá contaminado.
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Fecha de Publicación: 21/10/2012
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Riachuelo
La última audiencia fijada por la Corte ha vuelto a demostrar el desinterés y la falta de controles para el saneamiento del curso de agua más contaminado del país
Transcurre el tiempo y a pesar del expreso mandato judicial, el Riachuelo todavía se encuentra inserto en un lento proceso de recuperación.
Fiel reflejo de esa situación fue la última audiencia pública que fijó la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con el objetivo de evaluar el grado de cumplimiento en el saneamiento de la cuenca Matanza Riachuelo, respecto a los mandatos impuestos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la sentencia condenatoria del 8 de julio de 2008 del renombrado "caso Mendoza".
Fueron convocados a ese encuentro los representantes de la Nación, de la Ciudad y de la provincia de Buenos Aires; la Autoridad de Cuenca (Acumar), los intendentes de seis partidos del Gran Buenos Aires (Almirante Brown, Avellaneda, Esteban Echeverría, La Matanza, Lanús y Lomas de Zamora), además del defensor del Pueblo; la Auditoría General de la Nación, y los representantes de AySA y de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse).
Antes de la audiencia, la Asociación de Vecinos de La Boca, una de las ONG encargadas de monitorear el avance del saneamiento del Riachuelo, había denunciado que persistían los vertidos sin restricciones de sustancias contaminantes, como mercurio, plomo, cromo, cadmio, arsénico, y la Escherichia coli, entre otros elementos peligrosos.
Con la presencia de varios miembros del más alto tribunal, su titular, Ricardo Lorenzetti, interrogó minuciosamente sobre la calidad de las aguas a la que apuntan los trabajos, sobre cuestiones sanitarias de la población de la zona de influencia y, fundamentalmente, sobre los controles presupuestarios y de ejecución de las obras. Es que Acumar ha subcontratado a dos empresas del Estado (AySA y Ceamse) para realizar los trabajos en la cuenca.
Lorenzetti indagó al secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Juan José Mussi, acerca del control sobre las firmas encargadas de los trabajos -concretamente AySA-, a lo que el funcionario respondió: "No lo realizamos, porque la empresa las hace como parte de un plan director", y agregó que se había firmado un convenio con la Auditoría General de la Nación para que se verificaran los trabajos.
Mussi manifestó la existencia de "problemas de presupuesto" de la entidad que preside, lo que llevó a los jueces de la Corte a considerar la búsqueda de un financiamiento internacional para poder avanzar con esta obra. Y, por otro lado, el funcionario trasladó responsabilidades al denunciar que la Ciudad y la provincia de Buenos Aires no depositan los fondos para ejecutar las obras previstas para el corriente año. Como era de esperar, el representante del Estado bonaerense, José Luis Enríquez, se excusó alegando que no aportó los fondos por la crisis financiera de su distrito, mientras que Mussi hizo notar las demoras en la obtención de los créditos internacionales.
Sin duda los recursos con los que cuentan las autoridades permiten definir si será posible cumplir sus objetivos, pero esa circunstancia no debe hacer perder de vista los preceptos de nuestra Constitución, que consagran el derecho a un ambiente sano y equilibrado, con el deber correlativo de preservarlo por parte de las autoridades.
No resulta descabellado preguntarse cuánto afectó el presupuesto de la Secretaría de Ambiente de la Nación el desvío de fondos de esa cartera hacia el programa Fútbol para Todos. En la audiencia, nadie lo mencionó.
Queda claro que el interés de las autoridades sobre estos problemas del derecho a un ambiente sano de los vecinos del Riachuelo es bastante bajo frente al rédito que fácilmente se obtiene de los programas masivos del fútbol. Lo lamentable es que este tipo de dilemas continúen escapando a las responsabilidades de quienes tienen a cargo esta tarea sin dudas extraordinaria. Así, no se advierte la magnitud del problema que está en juego y, como ya hemos publicado en estas columnas, eso habilita a que continúe prevaleciendo una política de coyuntura frente a la cual todos los demás problemas resultan ajenos a la realidad. Dado ese panorama, es un hecho que el Riachuelo seguirá contaminado.
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