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El glifosato cada vez más cuestionado y limitado



Monsanto, en la mira: cada vez más ciudades prohíben el glifosato tras pruebas que relacionan su uso a la proliferación del cáncer

Fecha de Publicación
: 26/04/2018
Fuente: IProfesional
Provincia/Región: Nacional


Gualeguaychú aprobó la prohibición de uso en el ejido y se suma a las ciudades y pueblos que buscan alejar las pulverizaciones de los centros urbanos. Rosario, capital de la soja, hizo lo mismo en diciembre. Expertos alertan sobre la explosión en los indicadores de cáncer y otras dolencias 
El "No" más cercano cobró forma el lunes de esta semana.
En votación dividida, el Concejo Deliberante de Gualeguaychú, en la provincia de Entre Ríos, aprobó una ordenanza que prohíbe la comercialización y el uso del herbicida glifosato en todo el ejido de esa ciudad.
Se trata del plaguicida clave para el cultivo de la soja transgénica aunque, por presión comercial de compañías como su creadora Monsanto, las pulverizaciones con el químico se han vuelto una constante en las últimas dos décadas incluso en plazas, parques, vías y predios en general del grueso de las poblaciones agrícolas del interior de la Argentina.
El principal argumento al que apeló la mayoría de los legisladores de Gualeguaychú para vetar las aplicaciones con el herbicida radica el dictamen de marzo de 2015 de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), vinculada a la Organización Mundial de la Salud (OMS), que declaró que existe evidencia suficiente para relacionar al glifosato con, precisamente, la proliferación del cáncer.
Pero lo ocurrido en la ciudad en cuestión lejos está de representar un evento aislado. Muy por el contrario, la prohibición fijada se inscribe dentro de una ola de cuestionamientos y límites a la utilización del químico que ya suma varias plazas en provincias como Entre Ríos, Córdoba, Santa Fe o la misma Buenos Aires.
Según sendos especialistas del sector sanitario y legal consultados por iProfesional, en la actualidad cerca de 400 ciudades y pueblos del país mantienen vigentes o discuten limitaciones a la aplicación de plaguicidas dentro o cerca de núcleos urbanos.
La gran "peso pesado" en dar el primer paso en términos de veto a la aplicación de glifosato fue Rosario, la capital nacional de la soja.
En diciembre pasado, el Concejo Municipal de esa ciudad dio luz verde a un proyecto de prohibición concebido por Osvaldo Miatello, legislador por el bloque Compromiso con Rosario, y la normativa quedó firme precisamente durante los últimos días de 2017.
"La normativa establece un precedente tanto para la provincia como para toda la región. La ordenanza fija pautas, obligaciones, sanciones, que deberá coordinar Ambiente. Ahora lo que queda es ver de qué manera se llevarán a cabo los controles", comentó Miatello, en diálogo con iProfesional.
El texto desarrollado por el funcionario fija sanciones por hasta 500.000 pesos para quienes incumplan la ordenanza. Al mismo tiempo, erradica la comercialización del glifosato en supermercados, una práctica denunciada por el mismo legislador.
"Si bien Rosario no es el primer distrito que fija una prohibición así, lo impuesto tiene una enorme potencia simbólica por todo lo que significa la ciudad para el modelo agroindustrial. Por algo los actores que promueven el uso de glifosato ejercieron presión sobre los ediles para que no se apruebe la ordenanza. Sabían que luego se iba a dar lo que ahora ocurre: una ola de contagio", sostuvo ante iProfesional el doctor Damián Verzeñassi, titular de Salud Socioambiental de la Facultad de Medicina de la Universidad de Rosario (UNR).
Ya en febrero, Sergio Varisco, intendente de Paraná, promulgó una normativa que también prohíbe las pulverizaciones con el herbicida aunque, conviene aclararlo, el mandatario vetó un artículo que inhibía la venta y el traslado del compuesto dentro del ejido de la capital entrerriana.
El texto de la ordenanza, según pudo constatar iProfesional, destierra el uso total de "agroquímicos biológicos de uso agropecuario destinados a la fumigación o a la fertilización agrícola y/o forestal, y/o espacios verdes, que contengan glifosato y agroquímicos derivados".
Pocas semanas después, en marzo, el sector político de la localidad de Marcelino Escalada, ubicada en el departamento santafesino de San Justo, puso en vigencia la prohibición de las pulverizaciones con agroquímicos a menos de 500 metros de cualquier zona habitada.
El antecedente a dicha decisión hay que ubicarlo en lo sufrido por Diógenes Chapelet, un vecino de 75 años fallecido en enero último luego de una extensa agonía. Chapelet fue rociado dos veces con plaguicidas en el transcurso de noviembre de 2017.
Chapelet habitaba una vivienda lindera a dos campos que fueron fumigados en la previa al verano. La última de las pulverizaciones lo sorprendió en el patio de su casa. Luego llegaron los broncoespasmos, las manchas en la piel, y el traslado a un centro de salud en el marco de un sufrimiento que concluyó con una falla multisistémica, según los reportes médicos.
Marzo también fue el mes elegido por el Concejo de la ciudad santafesina de San José del Rincón para erradicar la posibilidad de uso del glifosato en todo el ejido municipal. En esa misma provincia, ahora discuten la imposición de una medida similar la capital Santa Fe, Recreo, Esperanza y Pueblo Esther.
Durante abril, en tanto, Concordia estableció un veto al mismo producto que incluye entre sus argumentos el vínculo entre el herbicida y la proliferación del cáncer demostrada por IARC.
En uno de sus artículos, la legislación fijada en esa ciudad impone, además, la obligación municipal de "realizar campañas de concientización sobre los tratamientos alternativos para el control de malezas e insectos tendientes a lograr una mejor calidad de vida de los habitantes...".
En otras palabras, sienta las bases para la migración a métodos que excluyan de plano las mezclas de agroquímicos.
"Lo que viene sucediendo confirma que, cuando se organizan y movilizan, las sociedades pueden instalar en el sector político preocupaciones como el control de los agroquímicos. En Entre Ríos, por ejemplo, se vienen realizando rondas todos los martes en casi todas las ciudades pidiendo el freno a las fumigaciones. Son herramientas de resistencia que explican los grandes avances que se dan en estos días", aseguró Verzeñassi.
Contactados por este medio, ejecutivos tanto de la multinacional Monsanto como de CASAFE, la cámara que aglutina a los fabricantes de plaguicidas en la Argentina, quedaron en pronunciarse respecto del impacto de estas medidas en sus respectivas estrategias de negocios.

¿Qué es el glifosato?
El glifosato, según la definición de la misma CASAFE, "se utiliza para eliminar la competencia de malezas en los cultivos por luz, agua y nutrientes". El herbicida, autorizado por primera vez en Norteamérica en 1974, combina elementos químicos que inhiben el trabajo de enzimas que permiten a las plantas llevar a cabo procesos esenciales para la supervivencia.
Si bien Monsanto es la responsable de su creación, lo cierto que la patente del plaguicida se liberó en el año 2000 por lo que su fabricación ya se realiza en distintos lugares en el mundo. Una de las particularidades de este químico es que no actúa de manera selectiva: elimina toda la vegetación. De ahí la manipulación genética que derivó en el desarrollo de la soja transgénica.
Sólo la incorporación del gen que resiste la potencia del glifosato permite a la oleaginosa continuar de pie y proseguir su crecimiento luego de las habituales fumigaciones.
El glifosato es el principio componente del Roundup, el herbicida desarrollado por Monsanto de mayor difusión en el agro local aunque, vale aclararlo, en la Argentina también se ofrece bajo marcas como Zamba (comercializado por Nidera), Sulfosato (Syngenta), o Sitrin (Bayer).
A la par del vínculo con el cáncer, distintas experiencias científicas comprobaron que el plaguicida atraviesa la placenta.
En julio de 2016, un trabajo que lleva la firma de, entre otros, Alicia Ronco -fallecida en noviembre de ese mismo año- y Damián Marino, investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), confirmó que la cuenca del río Paraná, considerada la segunda más importante de Sudamérica detrás de la que comprende al Amazonas y con desembocadura en el Río de la Plata, está altamente contaminada con glifosato o AMPA, metabolito originado de su degradación.
En el mismo mes pero de 2017, otra investigación científica llevada a cabo también por científicos del CONICET y el EMISA (Espacio Multidisciplinario de Interacción Socio Ambiental) -vinculados a la UNLP-, reveló que el herbicida que se aplica en la práctica agropecuaria no desaparece de los campos.
Por el contrario, y dada la enorme cantidad pulverizada y la afectación de los microorganismos encargados de su degradación, el glifosato no hace más que acumularse en las tierras con todo el riesgo tóxico que esto implica.
Otro estudio contundente en cuanto a demostrar la toxicidad del compuesto fue realizado por Andrés Carrasco, un científico que -fallecido en mayo de 2014- llegó a presidir el CONICET y probó que la sustancia produce desde muerte celular hasta malformaciones.
La investigación de Carrasco reportó estos daños, con el agravante de que la experiencia científica se llevó a cabo sobre concentraciones de glifosato mucho menores a las que hoy se aplican en los campos.
En Francia, investigaciones del científico Gilles-Eric Séralini aportaron nuevos argumentos a lo expuesto por Carrasco en la Argentina.
"Trabajamos en células de recién nacidos con dosis del producto cien mil veces inferiores a las que cualquier jardinero común está en contacto. El Roundup programa la muerte de esas células en pocas horas", indicó el profesional galo, especialista en biología molecular.
Este académico -quien además es docente de la Universidad de Caen en Francia y director del Comité de Investigación e Información sobre Ingeniería Genética- recalcó lo riesgoso que resulta para las embarazadas tener contacto o habitar en zonas cercanas a las fumigaciones con glifosato.
Séralini se focalizó en las células humanas de cordón umbilical, embrionarias, y de la placenta, y descubrió que la totalidad de esas células mueren antes de las 24 horas de exposición específica al Roundup.
En la actualidad, los efectos nocivos sobre la salud humana y el medioambiente en general derivados de la aplicación de glifosato pueblan las páginas de más de 600 trabajos científicos independientes desarrollados alrededor del mundo.

Medida celebrada
En sintonía con el reclamo popular devenido en ley en buena parte de los distritos agrícolas, representantes de la salud como el doctor Medardo Ávila Vázquez, experto de la Universidad Nacional de Córdoba y coordinador de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, destacaron como "sumamente positivo" el incremento en las restricciones al uso de glifosato.
Consultado por iProfesional, el especialista sostuvo que las ordenanzas que se multiplican son el "reflejo de un reclamo que viene de la gente y en defensa del derecho a la vida y la salud. Un reclamo en contra de un modelo de agricultura sustentado en las fumigaciones con agrotóxicos".
"En este momento en la Argentina se están usando más de 400 millones de litros de agrotóxicos por año, de los cuales 320 millones son de glifosato. En nuestro país, al año, se da una exposición promedio de 7 litros de glifosato por habitante. Pero en torno a ciudades como Concordia o Gualeguaychú, la tasa llega a 50 litros de glifosato por persona", alertó.
A los ojos de Ávila Vázquez, las nuevas ordenanzas muestran cómo las poblaciones asumen la necesidad de protegerse ante un modelo de agronegocios que atenta contra la seguridad sanitaria de esas sociedades.
"El aumento en las tasas de cáncer, malformaciones, abortos espontáneos, hipotiroidismo, asma, que se está dando en nuestros pueblos es indiscutible. Es la consecuencia de la exposición a los plaguicidas que propone el agronegocio", dijo.
Para luego concluir: "Con respecto a lo que manifiestan la Sociedad Rural y la Federación Agraria, nosotros decimos que estas prácticas productivas envenenan y enferman a la población. Y lo hacen mientras estas organizaciones se benefician económicamente. El agronegocio se apropia de una renta sustentada en la enfermedad".
Enrique Viale es referente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas. En diálogo con este medio, el especialista destacó que las normativas vigentes demuestran que "los graves efectos de los agroquímicos sobre la salud y el ambiente ya no pueden ser ocultados".
"Siempre los cambios vienen desde lo local. Los pueblos, más cercanos y afectados, son los primeros en tomar conciencia y exigir a sus autoridades leyes u ordenanzas protectoras. Esperemos que esto que ocurre sirva, además, para poder debatir la totalidad del modelo del agronegocio", finalizó.
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Demuestran que el glifosato no se degrada en la tierra



El glifosato no se degrada, se acumula en la tierra argentina

Fecha de Publicación
: 29/01/2018
Fuente: La Tinta
Provincia/Región: Nacional


Un estudio del CONICET, publicado en la revista internacional Environmental Pollution, reveló que el peligroso herbicida glifosato se acumula en los campos argentinos, sobre todo en Entre Ríos. La exagerada cantidad utilizada supera la capacidad de degradación de la tierra.
“Dada la enorme cantidad pulverizada y la afectación de los microorganismos encargados de su degradación, el producto no hace más que acumularse en las tierras con todo el riesgo tóxico que esto implica“, revela la investigación publicada por la revista internacional y realizada por científicos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), según un articulo del periodista Patricio Eleisegui, autor del libro ‘Envenenados‘, quien accedió a esta nueva evidencia.
Recordemos que recientemente otro artículo había demostrado que además de afectar la biodiversidad del bosque nativo, el veneno creado por Monsanto está generando su némesis: especies nativas resistentes al mismo herbicida, utilizado por el sector agropecuario argentino en cantidades alarmantes.
El artículo de Eleisegui continúa así: “La investigación citada señala entre sus resultados que ‘bajo las prácticas actuales, las tasas de aplicación son más altas que las tasas de disipación'”. Para luego resaltar que “por lo tanto, glifosato y AMPA -su metabolito- deben ser considerados pseudo persistentes”.
El estudio en cuestión, sujeto a muestras tomadas durante 2015 de distintos lotes ubicados en el distrito de Urdinarrain, en la provincia de Entre Ríos, sostiene que la concentración de glifosato constatada en esa zona se encuentra entre las más altas a nivel mundial. El equipo de científicos también ubicó rastros del herbicida en aguas de superficie, aunque a niveles más bajos que los comprobados en el suelo.
Damián Marino, doctor en Química y uno de los especialistas del CONICET que coordinó la experiencia, consultado por este medio explicó que, en concreto, el monitoreo demuestra que “el glifosato no desaparece” en tanto “se vuelca en el ambiente más herbicida de lo que la naturaleza puede llegar a degradar“.
Esto último, la acumulación, también es consecuencia del amplio paquete de plaguicidas que pulverizan los productores más allá del citado glifosato. Marino lo explica con claridad: “Todo lo que se aplica en el campo no ha hecho más que degradar a los microorganismos que se podrían encargar de hacer desaparecer al glifosato. Hoy por hoy, estas opciones de degradación están tan afectadas que casi no operan. El sistema de producción rompió al sistema que limpia. Y continúa echando más glifosato que antes“.
A tono con lo anterior, vale decir que Argentina aparece hoy, como el país con mayor consumo de glifosato en el planeta, siempre en términos de cantidad de población. Así, mientras que naciones como Estados Unidos -uso anual de 136 millones de litros- promedian 0,42 litros del herbicida por habitante, Argentina -187 millones- ostenta una pauta de 4,3 litros por cada persona que puebla nuestra geografía. Siempre en términos anuales, claro.
“El glifosato y el AMPA muestran afinidad por las matrices sólidas, esto es, suelo y sedimentos. No se detectó concentración en aguas subterráneas“, concluye el estudio, que además recomienda “una revisión de las prácticas actuales de gestión agrícola con el fin de detener la acumulación constatada”, y exige una “reevaluación de riesgo toxicológico dadas las concentraciones (de glifosato) encontradas”.
“Hay un uso y un abuso del suelo, con una micro fauna afectada y una carga de químicos de uso permanente. El estudio no hace más que reafirmar que tenemos glifosato en todas partes y cada vez en mayor cantidad“, concluyó Marino.
En marzo de 2015, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), vinculada a la Organización Mundial de la Salud (OMS), declaró que existe evidencia suficiente para relacionar al glifosato con, precisamente, la proliferación del cáncer.
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El glifosato más cuestionado que nunca

La guerra del glifosato

Fecha de Publicación
: 12/12/2017
Fuente: Clarin
Provincia/Región: Nacional


El ministro de Agricultura alemán votó a favor y una colega, la ministra de Medio Ambiente, salió a atacarlo. El presidente francés, Emmanuel Macron, se indignó con Alemania. La jefa del gobierno alemán, Angela Merkel, reveló que su ministro no la había consultado. El Ministro respondió que, para tomar una decisión de ese tipo, él no necesitaba consultarla.
Macron anunció que Francia respetaría el acuerdo sólo por un tiempo, pero el Primer Ministro dijo que se lo respetará hasta el final. Y el ministro de Agricultura francés se declara “encantado” con el voto alemán. ¿Qué cosa ha provocado esta crisis internacional y semejantes convulsiones en los gobiernos de dos potencias? Un herbicida.
Pero no un herbicida cualquiera. La mayor parte de los cultivos, en el mundo entero, crecen al amparo del glifosato. Los agricultores dicen que es insuperable y se niegan a abandonarlo. Sin embargo, se sospecha que envenena el suelo y el agua, esparciendo cáncer.
La sospecha no está confirmada ni descartada, pero la sola posibilidad ha sumido a los gobiernos en vacilaciones, luchas internas y conflictos, al mismo tiempo, con el agro, la industria y la sociedad.
¿Qué es lo que votó el ministro alemán? Que en los países de la Unión Europea se pueda usar libremente el glifosato durante los próximos cinco años. No es una novedad. Se lo ha usado hasta ahora. Pero la comunidad estaba considerando si no había llegado el tiempo de prohibirlo.
Decidirlo requirió dos sesiones. Con el glifosato en el banquillo de los acusados, la primera vez Alemania se abstuvo de defenderlo. En la segunda sostuvo que era inocente.Si hubiera vuelto a abstenerse, hoy el glifosato estaría prohibido en Europa. Pero el asunto no ha terminado. El comité “Stop Cicliphate”, que reúne a 114 organizaciones ambientalistas, ha presentado un petitorio, firmado vía Internet por 1.320.517 europeos, para que el Parlamento Europeo prohíba el glifosato mediante una “legislación especial”. La Unión Europea está obligada a considerar toda petición que reúna más de un millón de firmas.
Claro que la discusión se da en todas partes. Los movimientos ecologistas, y no sólo ellos, llevan adelante una campaña mundial contra el glifosato. Sus denuncias sobre la malignidad del herbicida siembran temor en la gente. Y los políticos no quieren que se los vea a favor de la muerte. En Estados Unidos, las autoridades de California, incluyeron al glifosato en una lista de productos cancerígenos.
Si lo es o no, es algo sobre lo que los científicos no se ponen de acuerdo: 1) La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA) y la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA), sostienen que el glifosato no es cancerígeno.
2) La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), dependiente de la Organización Mundial de la Salud, tiene al glifosato en su lista 2ª, donde pone los elementos “probablemente carcinógenos para humanos”. Pero en la misma lista está la carne vacuna, lo cual no contribuye a medir el grado de peligrosidad del herbicida. No se sabe a quiénes creerle.
Hay científicos que responden a intereses económicos, principalmente de Monsanto, el gigante norteamericano que descubrió el glifosato y armó un exitoso “combo” con plantas genéticamente modificadas.
Todo herbicida mata --unos con más eficiencia que otros-- la “hierba mala”, dejándoles a las plantaciones todo el terreno a su disposición. Pero algún daño les hacen. Con sus plantas genéticamente modificadas, Monsanto eximió a las plantaciones de cualquier daño, modificándolas para que el glifosato no les hiciera nada. Muchos afirman que ese monstruo multinacional, que luce la bandera norteamericana y en diez años facturó 132.718 millones de dólares, usó su poder para comprar científicos.Ahora sospechan de Alemania, porque Monsanto es parte de la alemana Bayer, que pagó 66.000 millones de dólares para absorber a la norteamericana y crear un emporio mundial de biotecnología.
Claro que los científicos exhibidos por los ecologistas también son sospechados. En este caso, por razones políticas.
En el ecologismo hay, junto con puros defensores del medio ambiente y la salud, sectores anticapitalistas , interesados en atacar un producto para atacar a su fabricante. Es más fácil movilizar a la gente contra el cáncer que movilizarla contra la plusvalía.
Sin embargo, también hay sectores progresistas que discuten con el ecologismo extremo: ése que no sólo lucha contra el glifosato sino contra todo que no sea orgánico. Quienes discrepan con tal radicalismo dicen que la agricultura orgánica es un privilegio de las burguesías urbanas, que a base de teorías no probadas denuestan la química y la biotecnología, sin la cual un tercio de la población mundial se moriría de hambre. En efecto, los fertilizantes, los herbicidas, los plaguicidas, los conservantes y la manipulación genética multiplican los panes. Pero el riesgo de cáncer (verdadero o falso) sigue en pie.
En la Argentina, el glifosato y la soja genéticamente ayudaron a salir de la crisis de 2002: a ellos se debe buen parte de la productividad que permitió multiplicar la exportación de soy y traer una cantidad imprevista de dólares.
Pero el conflicto entre salud y economía perdura. El mes pasado, en Rosario, el Concejo Municipal hizo algo similar a lo de Alemania en la Unión Europea: un día prohibió el glifosato y dos semanas después levantó la prohibición, en respuesta a los reclamos del campo.
Quizás una reunión de Premios Nobel, insospechados de parcialidad, y sobre la base de investigaciones irreprochables, podría poner claridad en la polémica. No la resolvería del todo. Los prejuicios todo lo superan. Pero al menos, se reduciría la incertidumbre y el margen para las manipulaciones, económicas o políticas. Pero si el glifosato produce cáncer, no se puede pagar por el desarrollo con la salud de la población. Habría que encontrar otra fuente de ingresos.
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Córdoba: conflictos socioambientales al por mayor



Conflictos socioambientales en Córdoba: Bien plantados

Fecha de Publicación
: 25/04/2017
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba


Como nunca antes, Córdoba está atravesada por desacuerdos sociales que parten de preocupaciones ambientales y constituyen un nuevo modo de participación política. Cuáles son las características comunes. Miradas sobre estos fenómenos.
El 1° de marzo más de 15 mil personas protestaron en Córdoba contra el desmonte: había gente de toda la provincia, organizada y movilizada a través de casi 80 asambleas ciudadanas y aglutinada en la Coordinadora de Defensa del Bosque Nativo. Había elencos artísticos enteros en esa marcha a la que convocó Doña Jovita, difundió Raly Barrionuevo y apoyó Piñón Fijo, entre tantos otros artistas locales. Se sumaron ONG ambientalistas, universidades, partidos políticos, gremios y movimientos estudiantiles. También marcharon familias que sólo quieren seguir tomando mates bajo árboles autóctonos cuando van a las sierras y que respondieron al llamado a "defender la vida" que les llegó por WhatsApp.
No fue una protesta espontánea. Detrás de esa manifestación había años de militancia ambiental y microconflictos en torno al bosque nativo, grupos de estudio, profesionales universitarios y vecinos mejor preparados que muchos funcionarios y legisladores a la hora de dar discusiones técnicas, legales y ecológicas.
Sobre todo, había visiones de la vida, de la producción y de la participación ciudadana muy diferentes a las que reflejaba el proyecto de ley que el oficialismo planeó aprobar a las apuradas en noviembre de 2016, luego de acordar con las entidades ruralistas una ampliación de zonas aptas para la producción ganadera.
El tratamiento del proyecto se pospuso y sigue en análisis, con la mediación de la Defensoría del Pueblo. La discusión continúa, pero ahora muy condicionada por un conflicto socioambiental extendido, que se suma a una larga lista de desacuerdos sociales que surgen de problemáticas ambientales y que, superpuestos, nos atraviesan como nunca antes y definen un nuevo modo de participación política.
Repasemos los conflictos que se hicieron visibles en Córdoba en las últimas semanas: sigue el acampe de un grupo de habitantes de Villa Parque Santa Ana contra la planta de tratamiento de basura que Cormecor aún no pudo comenzar por una cautelar interpuesta por vecinos; se sumó la conmoción que causó la inundación y posterior derrame de sustancias peligrosas en la planta de residuos industriales de Taym; desde Villa Carlos Paz un lago San Roque plagado de algas y con olor a podrido trajo a la mesa la contaminación que la falta de cloacas impone a media provincia; Villa El Libertador continúa movilizada porque se sigue hundiendo en napas de aguas servidas y en decenas de pueblos crece, silenciado pero siempre presente, el fantasma del impacto de los agroquímicos sobre la salud.

Puntos en común
Son todas situaciones particulares, pero con elementos comunes que la sociología estudia hace años y que tienen patrones muy similares en toda Latinoamérica. La inmensa mayoría de los conflictos socioambientales nace de la preocupación por la salud o la posible pérdida de la calidad de vida por un cambio productivo o por la transformación del medio a través de obras públicas o emprendimientos privados.
De inmediato se gesta la organización vecinal: grupos de WhatsApp, páginas en Facebook, búsqueda de antecedentes, afianzamiento con términos técnicos y legales, asesoramiento de organizaciones ambientalistas, reuniones, asambleas y marchas de reclamo son los pasos que suelen seguirle a esa preocupación inicial.
Las redes sociales, la enorme cantidad de información disponible –no siempre de calidad, ni avalada científicamente– y el rápido involucramiento de las ONG ambientalistas suele ser decisivo para la conformación del movimiento de resistencia vecinal. Después le siguen, muchas veces, acciones concretas: recursos judiciales o medidas directas. Acampes, escraches o manifestaciones son parte de ese repertorio. Así se pone en marcha otro conflicto.
Las controversias socioambientales más profundas en Córdoba incluyeron recursos judiciales, que muchas veces fueron receptados en Tribunales y fortalecieron los reclamos. Así fue en el caso Monsanto en Malvinas Argentinas, en la pelea de Ituzaingó Anexo contra las fumigaciones –que incluyó la primera condena del país por el uso indebido de agrotóxicos–, en la crisis sanitaria de Villa El Libertador y en el conflicto de Villa Parque Santa Ana contra Cormecor, entre tantos otros.
Federico Macciocchi, abogado especializado en derecho ambiental, presidente de Club de Derecho y miembro de Fundación Tercera Generación, intervino en varios de esos casos en representación de los vecinos y no duda en que los conflictos tienen como denominador común "el desprecio por las normas ambientales de buena parte de los funcionarios del Estado, la indolencia ante situaciones de riesgo y el incumplimiento de su deber de anticiparse a un posible daño ambiental". Y ejemplifica: "A Monsanto le autorizaron su fallida planta de Malvinas Argentinas antes de que presentara el estudio de impacto". Finalmente, ese estudio fue presentado y rechazado por Ambiente.
También considera que buena parte de los jueces desconoce el derecho ambiental, y que el Poder Judicial en su conjunto aún no concibe al ambiente como un bien colectivo, ni al derecho a un ambiente sano como derecho humano fundamental. Además, su experiencia litigando le indica que la Justicia sólo actúa si hay movilización popular: toda una invitación al conflicto.

La mirada desde el Estado
Fabián López, ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos comienza aclarando: "Los conflictos socioambientales no son negativos: son parte de una etapa de maduración de la sociedad en relación con el ambiente, y también son parte de los desafíos que incluye el desarrollo socioeconómico sustentable". Recalca que es positivo el involucramiento y la movilización de una sociedad preocupada por el ambiente, que la clave es que existan herramientas e instrumentos para arribar a soluciones, y que las partes logren establecer un piso mínimo de conocimiento científico-técnico que permita negociar con rigurosidad y opiniones fundadas.
Para López, la nueva ley de Política Ambiental –existe consenso respecto del avance que supone esa norma gestada en medio el conflicto de Malvinas Argentinas contra Monsanto– ofrece 16 herramientas concretas de intervención, establece que la opinión de los ciudadanos debe ser tenida en cuenta y pone a Córdoba a la vanguardia en materia de resolución de conflictos ambientales. Desde que esa norma está vigente ya hubo más de un centenar de audiciencias públicas ambientales.
El biólogo Federico Kopta, del Foro Ambiental Córdoba, coincide en la defensa de esa ley provincial (la 10.028). No obstante, considera que hace falta aplicarla con mayor convicción y que esa norma no logró que el Estado acepte por completo los procesos participativos. Sostiene que el temor de los funcionarios a los conflictos ambientales, el sigilo y la escasa información pública sobre algunos proyectos es lo que termina potenciando esos conflictos.
"Mediar es difícil siempre. Hacerlo en las controversias ambientales, en las que las posturas suelen ser a todo o nada, es más difícil. En especial porque una parte debe ceder, y casi siempre debe hacerlo sin garantías de instancias de control posteriores. El factor que sobrevuela todos los conflictos es la escasa credibilidad en los distintos organismos que deben controlar", insiste Kopta.

La clase y el conflicto
Kopta aporta otro elemento: los conflictos ambientales suelen ser la reacción de grupos conectados, informados y de posiciones sociales medias que pelean por mantener su calidad de vida. "Hay un sector de la población que padece los problemas ambientales más serios y que ni siquiera percibe el riesgo, por lo que tampoco reacciona. Los pobres por lo general no plantean conflictos ambientales, y existe el riesgo de que sean ellos los que terminen asumiendo lo que rechazan otros sectores sociales", señala.
El sociólogo y planificador urbano chileno Franscisco Sabattini, docente de la Pontificia Universidad Católica de ese país, agrega a todo esto un elemento clave: la incidencia de la mediatización de los conflictos socioambientales. "Se trata de conflictos de intereses, son conflictos porque hay razón en ambas posturas y en muchos casos la movilización impone una igualdad de fuerzas. Ese es el momento en que el conflicto suele ser definido por los periodistas. Ni siquiera digo por la línea editorial de los grandes medios, sino los periodistas", planteó semanas atrás en Buenos Aires.
Su explicación: es el discurso periodístico el define el problema ambiental –el conflicto de Parque Santa Ana, por ejemplo, suele mencionarse como "la pelea contra el basural de Mestre" o "contra el complejo ambiental de Cormecor, que incluye enterramiento y cinco plantas de valorización de residuos"–, legitima a los actores, denomina la razón de la controversia y estabiliza el conflicto, dándole continuidad en la discusión pública e incluyendo a toda la sociedad en ese debate. Sabattini considera que el modo en que esa discusión abre puertas a la negociación o clausura con intransigencia el debate suele influir mucho en el modo en que finalmente se resuelve la disputa.


Conflictos socioambientales: Monsanto en Malvinas, una insignia

Un grupo de vecinos, junto a activistas ambientales y militantes agroecológicos de varios lugares del país mantuvieron durante más de tres años en los accesos al predio.
Pronto hará cinco años desde que, primero la expresidenta Cristina Fernández y luego el exgobernador José Manuel de la Sota, anunciaron una megainversión de la multinacional Monsanto en Malvinas Argentinas: 1.500 millones de pesos para construir una de las plantas de acondicionamiento de semillas de maíz transgénicas más grandes del mundo. 800 puestos de trabajo cuando estuviera funcionando y la articulación de un cinturón maicero de relevancia internacional en Córdoba. Eso decía el anuncio.
Hoy ese predio de Malvinas está vacío. Monsanto se lo vendió a Regam/AMG, luego de desmontar la obra que quedó inconclusa debido al bloqueo que un grupo de vecinos, junto a activistas ambientales y militantes agroecológicos de varios lugares del país mantuvieron durante más de tres años en los accesos al predio. Fueron ellos los que decidieron que esa inversión no se concretaría: con 30 carpas frente a los accesos al predio, persistencia y reclamos judiciales impusieron esa determinación a la compañía de agronegocios más poderosa del mundo, al Estado que propició su desembarco y a todos los sectores empresarios que vieron azorados cómo caía un proyecto productivo gigantesco a manos de "un grupo de fanáticos". Tal vez sea ese error de diagnóstico sobre lo que supone un conflicto socioambiental lo que condenó al fracaso el proyecto de Monsanto.
Mientras los funcionarios desacreditaban el "acampe" de Malvinas por "marginal, trosko y minoritario", el impacto internacional de esa pelea desigual contra Monsanto crecía y llovían apoyos para los manifestantes: desde una foto del Papa con la bandera que decía "Asamblea Malvinas lucha por la vida", a la visita de Manu Chao entre muchos otros artistas, además respaldos locales que crecieron, derivaron en marchas en Córdoba e instalaron una lógica que ningún poder local pudo frenar: agitación a través de redes sociales y resistencia pacífica en los ingresos al predio.

Reflexión postergada
La reflexión política sobre lo que ocurrió en Malvinas Argentinas todavía no se produjo, pero ese conflicto insignia dejó mensajes alarmantes: todas las instituciones del Estado naufragaron ante un grupo que logró convencer a mucha gente de que su salud estaba en peligro. Ni el municipio ni la Provincia lograron explicarle nunca a los vecinos de Malvinas Argentinas lo contrario.
Tampoco acreditaron en base a qué estudios de impacto ambiental habían autorizado ese proyecto, y por esa razón la Justicia frenó las obras. Continúan imputados por abuso de autoridad el entonces intendente de Malvinas y actual secretario de la Municipalidad de Córdoba, Daniel Arzani; el exsecretario de Ambiente de la Provincia, Luis Bocco; el exfuncionario municipal Rubén García y siete exconcejales.
Muchas veces se evaluó la posibilidad de una consulta popular en Malvinas, pero nunca se concretó. Finalmente, la Provincia bajó los brazos en la defensa del proyecto en base a encuestas, y luego de la Justicia avanzara con las imputaciones. Pero en las elecciones municipales de 2015 ganó por estrecho margen Silvina González, también radical y secretaria de Gobierno de la gestión de Arzani, que autorizó el proyecto. Le ganó por casi 500 votos a Malvinas Despierta, expresión política de la asamblea anti-Monsanto.
Cinco años después, no tienen respuestas las principales preguntas sobre aquel proyecto: ¿Realmente esa planta era un peligro para la salud de Malvinas Argentinas o esa localidad perdió una gran oportunidad productiva y 800 puestos de trabajo? ¿La oposición a Monsanto realmente era mayoritaria en Malvinas? ¿Cómo pudo el Estado autorizar ese emprendimiento de esa magnitud y de esa sensibilidad antes de que estuvieran los estudios de impacto ambiental?


Conflictos socioambientales: Cinco fenómenos que generan controversia

Gentrificación, "No en mi patio", urbanizaciones en suelo rural y otros temas ecológicos que despiertan controversias sociales.
No en mi patio. "Not In My Back Yard" (Nimby) se denomina a la reacción que se produce entre vecinos que se organizan para enfrentarse a los riesgos que supone la instalación en su entorno inmediato de actividades o instalaciones que son percibidas como peligrosas, pero sin oponerse a las actividades en sí mismas. El ejemplo más cercano es el acampe de vecinos de Villa Parque Santa Ana en contra del complejo ambiental que planea construir Cormecor a pocos metros de esa localidad. Antes, el mismo emprendimiento fue rechazado en otras localidades: Lozada, Toledo y Bouwer. Las protestas barriales que por años rodearon la instalación de las antenas de telefonía son otro ejemplo.
Urbanización de suelo rural. En Córdoba, los conflictos socioambientales por esta causa se focalizan en las zonas serranas, ya que suponen alteraciones paisajísticas y desmontes. El más reciente fue por el country El Terrón en Mendiolaza. Hay muchos antecedentes: una década de conflicto y pelea judicial en Carlos Paz por el country Le Quartier de la Montagne (hoy  View Lake), las protestas en contra de un emprendimiento inmobiliario en la zona de la histórica capilla de Candonga, la polémica por el megadesarrollo en torno a la Laguna Azul o, en su momento, la reacción contra la instalación de Dinosaurio en Salsipuedes.
Obras públicas con impacto ambiental. En 1996 la movilización en contra de la construcción de un dique en Cuesta Blanca que planeaba construir la Provincia fue un hito para el movimiento ecologista. En la actualidad, la resistencia al sistema de minidiques que la Provincia proyecta en la zona de Ascochinga para prevenir inundaciones incluyó la asistencia récord de vecinos a una audiencia pública ambiental, y el proyecto está frenado. La Municipalidad de Córdoba nunca pudo extender la avenida Costanera hacia el noroeste por la oposición de los vecinos que defienden la Reserva San Martín. La semana pasada, los vecinos de la comuna de San Roque salieron a protestar por el impacto que tendrá el anunciado puente sobre el lago que supone la Variante Costa Azul.
Convivencia residencial-industrial. Es una constante fuente de conflictos socioambientales, y en la ciudad de Córdoba hay cientos de industrias funcionando en zonas residenciales. Algunos de los conflictos más importantes vinculados a esta causa: el que rodea a la planta de Dioxitek en Alta Córdoba y la movilización de un grupo de vecinos de la zona sur contra la planta de Porta Hermanos.
Gentrificación. El término proviene del neologismo inglés gentrification, que se traduce como "elitización" de un espacio urbano. Supone la imposición de proyectos arquitectónicos para un sector social de mayor poder adquisitivo en barrios que fueron propios de sectores más humildes. El fenómeno casi siempre va acompañado del desplazamiento de los habitantes tradicionales del barrio, ya sea por el encarecimiento de la vida o por la presión que ejerce el sector inmobiliario, que termina adquiriendo las viviendas para levantar grandes desarrollos. Este tipo de conflicto se comenzó a observar en Córdoba: la reacción de varios barrios de la zona sur contra el megacomplejo que Corporación América hará en las tierras del ex Batallón 141 es un ejemplo.


Conflictos socioambientales: Otros hitos de las cruzadas locales

Además del reclamos de los vecinos de Santa Ana y del acampe contra Monsanto, hubo otras organizaciones sociales contra la extracción de uranio en las sierras, los agroquímicos o las fumigaciones.
Uranio en Los Gigantes, una pelea que lleva 25 años. Durante casi una década y hasta 1990 se extrajo uranio en Los Gigantes. La planta fue cerrada por las protestas ambientales, pero eso no significó el fin del conflicto: quedan allí, millones de toneladas desechos radiactivos y metales pesados que siguen contaminando ese lugar del que surge buena parte del agua que se toma en Córdoba. La Comisión Nacional de Enegía Atómica (Cnea) hace dos décadas que promete remediar Los Gigantes y no cumplió. La protesta social resurgió con fuerza el año pasado, cuando se conoció que se proyectaba trasladar a ese lugar las 58 mil toneladas de residuos radiactivos que se acumulan en la planta de Dioxitek en barrio Alta Córdoba.
Cuesta Blanca y otros diques que no fueron. En 1996 Gobierno provincial de Ramón Mestre se disponía a iniciar un gran dique de 100 hectómetros cúbicos en Cuesta Blanca para garantizar el agua a Villa Carlos Paz y alrededores. Fue inmediato el rechazo en las comunidades del sur de Punilla, por el costo ambiental que suponía el proyecto y luego de meses de conflicto, fue descartado. Luego serían rechazados por la misma causa otros proyectos de microembalses sobre el mismo río San Antonio. Otro conflicto similar estalló el año pasado en la zona de Ascochinga cuando la Provincia anunció un sistema de diques sobre el río Carapé para prevenir inundaciones.
Ituzaingó peleó por su vida. En 2002, un grupo de mujeres alarmadas por los casos de cáncer en este barrio de la zona sur de la ciudad de Córdoba inició una lucha que tuvo consecuencias inéditas: por caso, la primera condena en el país por fumigar con agrotóxicos y sin escrúpulos. En 2012, la Cámara 1ª del Crimen condenó a un aeroaplicador y a un productor a tres años de prisión por poner en riesgo la salud.
Al principio estas mujeres sólo reclamaban atención médica. Sofía Gatica perdió a su hija y fue quien realizó el primer censo sociosanitario para registrar a los enfermos. Luego se transformaron en las "Madres de Ituzaingó" y lograron generar conciencia, determinar de qué se componía el cóctel que los enfermaba, y hacer que el Estado tome en cuenta ese problema. Consiguieron mejoras para el barrio y por ellas se aprobó la ley que prohíbe las fumigaciones sobre zonas urbanizadas. Hace 15 años que mantienen su lucha.
Agroquímicos, el conflicto que sobrevuela media provincia. Las reacciones locales contra la fumigación con plaguicidas tal vez constituyan el conflicto más inquietante, más extendido y más ignorado a lo largo de la provincia y de buena parte del país: de un lado está la preocupación por la salud y del otro, la actividad productiva que más divisas aporta al país. Ese conflicto está liderado por la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, que advierte sobre los daños que –en especial– el glifosato produce sobre la salud humana. Esas consecuencias son negadas por los laboratorios de agroquímicos y por todas las entidades agrícolas. Pero hubo datos oficiales alarmantes sobre la incidencia de cáncer en los departamentos de la zona núcleo sojera.
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Fuerte "lobby empresario" por la nueva Ley de Semillas



Denuncian vínculos entre el Gobierno y agroquímicas, que condicionan la nueva Ley de Semillas

Fecha de Publicación
: 27/03/2017
Fuente: El Tribuno (Salta)
Provincia/Región: Nacional


La ONG ambientalista Greenpeace denunció hoy que existe un fuerte "lobby empresario" detrás del proyecto de nueva Ley de Semillas, porque existen al menos 30 vínculos entre las compañías y funcionarios del Gobierno.
La ONG internacional presentó una investigación en la que enumera a los funcionarios vinculados con las compañías debido a que hay empresarios del sector que directamente asumieron en cargos en el Estado. Asimismo, Greenpeace afirma que el proyecto de ley impulsado por la administración de la alianza Cambiemos propicia "un modelo que concentra el control de las semillas y los alimentos en pocas manos".
"Quién controla las semillas, controla la alimentación", dice en su inicio el informe que dio a conocer la organización ambientalista fundada en 1971 en Vancouver, Canadá, que lucha contra los transgénicos. En la ONG argumentan que existe un proyecto de ley que avanza en ese sentido y que fue gestado por grandes empresas de cultivos transgénicos y agrotóxicos y fundaciones financiadas por las mismas empresas.
Greenpeace alega que esta nueva ley, impulsada por el Gobierno nacional, pretende limitar el uso libre de semillas para beneficio de las grandes empresas. A su vez, el proyecto, enviado al Congreso en octubre de 2016, no contempló ninguna de las solicitudes de agricultores familiares, campesinos, indígenas, académicos y universidades, denuncia la ONG.
El informe señala que al menos 30 funcionarios tienen vínculos con el oligopolio de la industria química, encabezado por Monsanto-Bayer, Dow-Du Pont, Syngenta-ChemChina y BASF, que controlan el 60% del mercado mundial de semillas y el 65% de las ventas mundiales de agrotóxicos.
"Una ley de semillas que da más poder a empresas agroquímicas solo puede traer más contaminación para los pueblos fumigados, más destrucción de bosques nativos y menos alimentos saludables accesibles para toda la población", dijo Franco Segesso, miembro del área de campañas de Greenpeace. En su denuncia, la ONG dice que el lobby empresario actúa en sectores diplomáticos, en el Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y en amplios sectores del agro argentino.
Algunos de los funcionarios señalados son el ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile; el jefe de Gabinete de Agroindustria, Guillermo Bernaudo; y la coordinadora de Políticas Públicas para el Desarrollo Sustentable del mismo ministerio, Beatriz Giraudo. También el jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña; el diputado nacional, Pablo Torello; el senador nacional, Alfredo De Angelis, entre otros.
La investigación presentada por Greenpeace destaca que "el lobby es ejercido hacia los funcionarios públicos que tienen vínculos con las empresas o por medio de asociaciones que las representan".
La Multisectorial contra la Ley Monsanto de Semillas, conformada por más de 50 organizaciones sociales, campesinas, ambientales y académicas, rechazó cualquier modificación a la Ley de Semillas vigente (N° 20.247). Y reclama esa multisectoral que los senadores y diputados detengan "las maniobras que benefician a los actores del agronegocio y legislen a favor de la salud, la vida y la alimentación de los argentinos".
Greenpeace recordó en un comunicado que un reciente informe de las Naciones Unidas alertó, también, que la industria agroquímica está dominada por este grupo reducido de empresas transnacionales que ejercen poder sobre la agenda regulatoria, las iniciativas legislativas y la investigación agroquímica a nivel mundial.
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Monsanto en la TV pública



La TV Pública cede espacio a Monsanto mientras crecen las intoxicaciones por plaguicidas

Fecha de Publicación
: 05/12/2016
Fuente:  Tiempo Argentino
Provincia/Región: Nacional


El último Boletín Epidemiológico del Ministerio de Salud de la Nación registró un aumento del 26% en personas afectadas por herbicidas.
La multinacional líder en agronegocios Monsanto sigue ganando espacios de poder de la Argentina. La empresa denunciada por glifosato en todo el mundo sumó en los últimos días su presencia en programas de televisión de canales públicos. Al mismo tiempo, un dato aportado por el Boletín Epidemiológico del Ministerio de Salud de la Nación genera alarma: los intoxicados por plaguicidas aumentaron un 26% este año.
La TV Pública arrancó sin muchos anuncios un nuevo programa llamado Locos por el campo los domingos a las 14. El detalle es que tiene el auspicio central de Monsanto, quien se encargó de promocionar el envío en su Twitter. El protagonista central es Fernando Entín, galerista de arte que visita establecimientos rurales y conoce cómo producen leche, carne, soja y trigo.
Aparte de Monsanto (cuyo representante de Asuntos Legales habla en el canal de Youtube del programa), también los acompaña la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (CREA), de donde proviene Luis María Urriza, subsecretario de Agricultura del Ministerio de Agroindustria. Desde la productora Comando TV anunciaron que el producto "pretende ser un certero reflejo de lo que es la actividad agropecuaria".
El director del canal, Horacio Levin, admitió a Página/12 que desconocía los auspiciantes aunque no cree que "afecte a la artística del programa".
Y contó: "En mayo me vino a ver Nicolás Borenstein, de Comando TV, y me mostró el programa. Me encantó. Me dijo que me lo daba gratis a cambio de tres chivos. Como no tenía ninguna erogación para el Estado dije que sí."
Durante la semana pasada, Canal Encuentro también le dio lugar a Monsanto en el programa "¿Qué piensan los que no piensan como yo?" El tema de debate era el agro y los transgénicos. Y ahí Dardo Lizárraga, ingeniero, líder de Operaciones de Semillas de la compañía, afirmó que "si eliminamos el glifosato no se resuelven ninguno de los otros problemas: la desnutrición, el hambre mundial, etcétera".
Cuando se habla de Monsanto hay que referirse a la mayor empresa multinacional del agronegocio y la biotecnología del planeta, líder en el desarrollo de la soja transgénica y el herbicida glifosato, "probablemente cancerígeno" según dictaminó la OMS. Pero lo suyo no es sólo la soja. En septiembre fue adquirida por la farmacéutica Bayer en 66 mil millones de dólares.
El médico Damián Verzeñassi, subsecretario académico de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario, lleva realizados 28 campamentos sanitarios en localidades rurales, donde evalúan el estado de sus habitantes. "Que Monsanto-Bayer tenga la posibilidad de financiar y estar presente en la TV pública de nuestro país no es pluralidad de voces sino habilitar los espacios que son del pueblo a quienes están dañando, enfermando y matando al pueblo", asegura a Tiempo.
En el rubro "Intoxicación aguda por agentes químicos" del Boletín Epidemiológico del Ministerio de salud el ítem que más creció es el de plaguicidas (un 26%). De 1315 casos en 2015, a 1659 este año.
"A partir de la instalación del modelo de producción de transgénicos en nuestra región han cambiado las formas de enfermar y morir de las poblaciones: cada vez tenemos mayores problemas de salud vinculados al sistema endocrino, a problemas respiratorios, de abortos espontáneos, de malformaciones congénitas, y también enfermedades oncológicas. Esto pudimos evidenciarlo con nuestro trabajo de campo", resalta Verzeñassi. Según sus relevamientos en la zona que rodea a Rosario "se incrementó un 848% el uso de venenos". Al regresar de La Haya, donde testimonió contra Monsanto para que sea incorporada la figura de "ecocidio" como delito penal, Verzeñassi se encontró con que la universidad le había clausurado sus oficinas con cadenas.
La inserción de Monsanto en la TV Pública "tiene que ver con estrategias de legitimación que fueron encontrando para justificar los efectos nocivos que ya se hacen más que evidentes", subraya Tamara Perelmuter, integrante del Grupo de Estudios Rurales del Instituto Gino Germani de la UBA. Al ser constitutivos los agrotóxicos del modelo agrario que tiene el país desde hace 20 años, propone como salida cambiar el modelo: "Cerca del 60% de la superficie cultivada del país tiene soja transgénica. Cada vez es necesaria más cantidad de glifosato para misma cantidad de superficie." «

Más fondos para la soja en el norte

Tras la quita de retenciones, devaluación, modificación de Ley de Semillas y compra de tierras por extranjeros, el sector de agroindustria sigue recibiendo beneficios por parte del Ejecutivo. El presupuesto nacional aprobado en el Congreso prevé una partida extra de 4.500 millones de pesos para el Ministerio de Agroindustria, de los cuales 1000 millones irán como compensación a la producción de soja en las provincias comprendidas por el Plan Belgrano. Esos 4500 superan en más de seis veces los 700 millones que el gobierno decidió otorgarle como “refuerzo” al presupuesto de Ciencia, y que fuera anunciado en todos los medios afines.
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El movimiento anti Monsanto en Córdoba sigue firme



Monsanto se fue, pero los asambleístas seguirán frente al predio de Malvinas

Fecha de Publicación
: 25/10/2016
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba


Quienes mantienen el acampe quieren conocer más detalles del proyecto de polo industrial en ese terreno. Desde el municipio aún no poseen mayor información para brindar.
“El fuego de la vida está en el bloqueo”. La frase está escrita en un trozo de tela deshilachada que flamea en la entrada del acampe que se instaló hace cuatro años frente al ingreso principal al predio de Malvinas Argentinas en el cual la multinacional Monsanto proyectaba levantar una planta de semillas de maíz.
Un poco más allá, otro retazo colgado del alambrado perimetral resume las convicciones de quienes se opusieron al emprendimiento desde el primer día: “El enemigo es Monsanto. La salida es colectiva”.
Y pese a que la compañía estadounidense –productora de agroquímicos y biotecnología destinada a la agricultura– anunció el 3 de agosto que desactivaba el plan y ponía a la venta el lote de 26 hectáreas, el campamento se mantiene. Aunque la actividad y el número de participantes se redujeron de manera sensible.
A la par de las construcciones precarias, se levantó un pequeño salón con bloques de cemento y techo de zinc. “Lo hicimos para protegernos de las lluvias”, explicó Gustavo, uno de los asambleístas activos. “Seguimos aquí porque tenemos más dudas que certezas”, agregó por su parte Eli, vecina de esa ciudad del departamento Colón –14 kilómetros al este de la Capital provincial– e integrante del colectivo que resiste.
“Nos enteramos por los medios de que Monsanto transfirió, supuestamente, estas tierras a una constructora cordobesa que piensa lotearlas y transformarlas en un parque industrial de pyme. Pero la escasa información al respecto es difusa y poco seria”, aseguró la mujer.

Pedido de informe
En la sesión del martes último, los concejales opositores presentaron un proyecto de pedido de informes requiriendo al Ejecutivo precisiones acerca del destino del predio que, en el plano catastral de la provincia, figura como zona de servicios. Lo hicieron ante “la necesidad de conocer en detalle los proyectos industriales que se desarrollan” en el pueblo y para “transmitirles a los vecinos información certera y veraz sobre el nuevo destino que tendrá el lote que pertenecía a Monsanto”, aclaró Vanesa Sartori, integrante del bloque Malvinas Despierta.
Al día siguiente, la empresa AMG Obras Civiles presentó una nota breve a la intendenta de Malvinas Argentinas, Silvina Paola González (UCR), en la cual le comunica que adquirió a la multinacional las 28 hectáreas y que la intención es desarrollar un polo fabril.
“No es ni siquiera un anteproyecto. Es sólo una idea, un panorama sencillo de lo que querrían hacer, acompañado de un dibujo muy simple del loteo”, dijo a La Voz Nicolás Arzani, secretario de Gobierno del municipio.
“AMG no presentó hasta ahora un boleto de compra venta del inmueble ni un proyecto de obra, como se exige en estos casos. Por eso aún no le enviamos nada al Concejo Deliberante ni podemos responder el pedido de informes”, agregó. El joven funcionario es hijo del exintendente de Malvinas Argentinas Daniel Arzani, actual secretario General de la Municipalidad de Córdoba.
Este integrante del gabinete de Ramón Mestre está imputado por supuesto abuso de autoridad al consentir durante su gestión el cambio de uso del suelo para que Monsanto pudiera construir la semillera de la discordia. En igual situación y por el mismo motivo se encuentra imputado el exsecretario de Ambiente de la Provincia Luis Bocco, entre otros funcionarios de ambas jurisdicciones.
Según la acusación, los terrenos no eran aptos para destinarse a emprendimientos industriales, conforme con disposiciones de la Ley Provincial de Uso del Suelo.
“A la decisión de mantener o levantar el acampe la vamos a tomar, como siempre, en el seno de la asamblea”, señaló Eli.
“Hay gente que pregunta por qué lo mantenemos. Seguimos acá porque tenemos más dudas que certezas, porque estamos cansados de las mentiras y que nos digan una cosa y hagan otra muy distinta”, concluyó la asambleísta, aún en pie de lucha.

Un camino sinuoso: comienzo y fin
Cómo fue la fallida historia de Monsanto en Malvinas.
2012. En junio, la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció que Monsanto realizaría una inversión millonaria en Malvinas Argentinas.
2013. En septiembre, la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida organizó un acampe en el ingreso al predio para oponerse a la obra.
2014. En febrero, los asambleístas lograron detener los trabajos por la vía legal.
2016. El 3 de agosto, la multinacional anunció su despedida.
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Verzeñassi en el Juicio Internacional a Monsanto



Un argentino representará a Latinoamérica en el juicio por 'ecocidio' a Monsanto

Fecha de Publicación
: 12/10/2016
Fuente: Revista El Federal
Provincia/Región: Nacional


Del 14 al 16 de octubre se realizará el Primer Juicio Internacional a Monsanto. El médico argentino Damián Verzeñassi, subsecretario académico de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario será el único profesional latinoamericano que expondrá como testigo ante el Tribunal de La Haya, Países Bajos.
Se acerca el día en que la multinacional productora de agroquímicos Monsanto tendrá que enfrentarse a una Corte Internacional de abogados y jueces. Del 14 al 16 de octubre Monsanto deberá responder por los daños irreparables que causó (y causa) en la salud humana y el medio ambiente con los productos altamente tóxicos que desarrolló desde principios del siglo XX, siendo actualmente el Glifosato su creación estrella, el herbicida sobre el cual la Organización Mundial de la Salud (OMS) ya advirtió que puede causar cáncer.
El médico argentino Damián Verzeñassi, subsecretario académico de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), será el único representante de Latinoamérica que expondrá como testigo en el Tribunal Internacional Monsanto (TIM).
El TIM es una iniciativa de la sociedad civil internacional para examinar la responsabilidad por las violaciones a los derechos humanos, crímenes contra la humanidad y ecocidio, que cometió la compañía química estadounidense Monsanto en todo el mundo, con la finalidad de generar un saber científico-jurídico que permita a la Corte Penal Internacional de Justicia tener sustento a la hora de analizar casos de daños ambientales a nivel internacional.
Juristas de las universidades Católica de Lovaina (Bélgica); de Yale, New Haven (Estados Unidos) y de Burdeos (Francia), revisarán todos los testimonios y armarán un compendio para sustentar una nueva doctrina jurídica.
Entre las empresas demandantes destacan Organic Consumers Association (OCA), IFOAM International Organics, Navdanya, Regeneration International (RI), y Millions Against Monsanto, grupos pacifistas, de justicia ambiental y alimentación global.
Ronnie Cummins, Director Internacional de OCA (Estados Unidos) sostiene que Monsanto es "la mayor amenaza que los seres humanos han enfrentado en 100-200.000 años de evolución-calentamiento global y trastornos climáticos. ¿Por qué hay tanto dióxido de carbono, metano y óxido nitroso en la atmósfera y no hay suficiente materia orgánica y carbono en el suelo?"
Según Vandana Shiva, fundadora de Navdanya (India): "Monsanto promueve un modelo agroindustrial que contribuye con al menos un tercio de las emisiones de gas de efecto invernadero antropogénicas y es responsable de la merma de los recursos del suelo y el agua, especies y la declinación de biodiversidad y el desplazamiento de millones de pequeños campesinos en todo el mundo."
Andre Leu, presidente de IFOAM afirmó: "La historia de Monsanto puede ser leída como un manual de estilo sobre impunidad, beneficiando a las corporaciones trasnacionales y sus ejecutivos, cuyas actividades contribuyen a las crisis del clima y la biosfera y amenazan la seguridad del planeta."
Marie-Monique Robin, directora del documental 'El mundo según Monsanto', declaró: "Solamente a través de un resurgimiento colectivo de todas las fuerzas vivas podremos acabar con esta máquina de destrucción. Por ello hago un llamado a todos los ciudadanos del mundo a participar en este ejemplar tribunal."
Te invitamos a mirar nuestro video 'Cuando la producción de alimentos nos enferma', para que veas el riesgo en que nos pone el modelo de agroproducción actual de nuestro país.
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Ley de semillas ya por otro debate

Con distintas visiones se abre el debate de una nueva ley de semillas en el Congreso

Fecha de Publicación
: 20/08/2016
Fuente: BAE Negocios
Provincia/Región: Nacional


Las discusiones de meses atrás en donde la multinacional Monsanto impulsó un sistema propio para el cobro de su tecnología aplicada a la semilla llevó a que el Ejecutivo intervenga con la consigna de que una empresa no podía meterse en la comercialización de granos dado que eso significaba poner trabas al ingreso de divisas al país. Este contexto impulsó la necesidad de cambiar la vieja ley que data de 1970. Será entonces en el Congreso donde se dirima el debate.
Los proyectos que llevan adelante tanto el oficialismo como la oposición buscan establecer límites a las empresas a la hora de vender sus productos, así como también en el uso propio. Las entidades del campo también llevan al Parlamento su propia propuesta.
Todo se centrará en saber lo que Agroindustria dará a conocer mañana ante la Comisión Nacional de Semillas (Conase). Este diario pudo saber que el proyecto que acotará el uso propio estará enmarcado en la facturación que tiene cada productor. Una información que tomó sobre la base de los datos de la AFIP.
En este punto es distinto de la iniciativa de la Federación Agraria que fuera presentada ayer. Para la entidad federada los chacareros que comercialicen por año 1.500 toneladas de soja estarán exceptuados del pago de la tecnología.
En referencia con el cobro y/o uso de la semilla por parte de las empresas, el Gobierno no pone peros al respecto y deja libre ese ítem al sostener “que no es un tema que compete a la nueva ley sino que es parte de la Ley de Patentes”.
Los federados sí ponen el grito de Alcorta en lo más alto al rechazar de plano “las cláusulas abusivas”, un tema que buscó instalar Monsanto a partir del testeo, así como también negar todo tipo de “licencias monopólicas en caso de que no se provea en cantidad y precio adecuando la semilla”.
Precio es precisamente lo que sostiene el proyecto del diputado massista Gilberto Alegre: “La regalía por un kilogramo de semilla no podrá exceder el cero siete por ciento (0,7%) del valor de un quintal del grano puesto en un mercado centralizador”. Un punto que no acepta la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA) por considerar que no es viable poner valores máximos o mínimos, de lo contrario debería pasar en otras cadenas comerciales, por ende será el productor el que libremente elegirá a quién comprar generando así un pelea sana, pero acá también estará en juego si las empresas no se ponen de acuerdo para establecer precios similares.
Lo cierto es que el debate se dará pronto. La necesidad de que las empresas cobren por sus descubrimientos es cierto y necesario. Pero también es cierto que productores de otros países iniciaron juicios.
Por eso el intercambio de ideas en el Parlamento será rico. Algunos diputados son positivos en que hay consenso para sacar las leyes, otros lo ponen en duda. Mientras no haya una definición rápida el productor será el que lleve las de perder.
Hoy hay un acuerdo vigente para la campaña 2015/2016. Pero llega la nueva y volverán nuevamente las discusiones. Se entiende que habrá una extensión, que dirán los dirigentes del campo.

Pequeños agricultores
Impulsan producción sustentable sin agroquímicos
Pequeños agricultores del Litoral que impulsan la producción sustentable de alimentos advirtieron el “daño” que los
agroquímicos generan sobre el medioambiente y abogaron por la planificación de políticas públicas agrícolas que protejan el suelo, en medio de una fortísima lucha por la tierra y el avance de las corporaciones semilleras.
Pequeños agricultores del Litoral que impulsan la producción sustentable de alimentos advirtieron el “daño” que los
agroquímicos generan sobre el medioambiente y abogaron por la planificación de políticas públicas agrícolas que protejan el suelo, en medio de una fortísima lucha por la tierra y el avance de las corporaciones semilleras.
Unos 400 productores campesinos e indígenas, referentes de organizaciones sociales, académicos y funcionarios protagonizaron el Encuentro Regional de Agroecología en Montecarlo, Misiones.
Según los agricultores, los agroquímicos son reemplazados por prácticas naturales que mantienen la fertilidad del suelo en la producción de yerba mate, mandioca, hortalizas, jugos, mermeladas y hasta plantas medicinales que son procesadas en origen y luego comercializadas a través de ferias y cooperativas en toda la provincia.
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La polémica Ley de Semillas se presentaría el 17



Ley de Semillas: el proyecto oficial será presentado el 17

Fecha de Publicación
: 08/08/2016
Fuente: AgroVoz
Provincia/Región: Nacional


El proyecto oficial para sancionar una nueva Ley de Semillas será presentada el próximo 17 de agosto. Será ante la Comisión Nacional de Semillas (Conase), según lo anunció el jefe de Gabinete del Ministerio de Agroindustria, Guillermo Bernaudo, durante las jornadas de Aapresid que se desarrollaron en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
"El próximo 17 de agosto el Gobierno presentará el proyecto de ley de semillas ante la Comisión Nacional de Semillas (Conase) y en la semana siguiente será enviado al Congreso", anunció Guillermo Bernaudo.
Bernaudo hizo el anuncio en el marco de un panel sobre la regulación de la propiedad intelectual de las semillas, en la jornada de cierre del congreso de la Asociación de Productores de Siembra Directa (Aapresid), en Rosario.
También participaron de este panel el titular de Aapresid, Pedro Vigneau, y Miguel Rapela, de la Asociación Semilleros Argentinos.
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La agricultura argentina en manos de Monsanto



Amenazan con aplicar multas a quienes obtengan semillas propias

Fecha de Publicación
: 05/08/2016
Fuente: AIM Digital
Provincia/Región: Nacional


Lo advirtió Raimundo Lavignolle, presidente del Instituto Nacional de Semillas. El objetivo es hacer cumplir la ley de patentes aprobada a pedido de la multinacional Monsanto para tener exclusividad en el comercio de semillas.
El presidente del Instituto Nacional de Semillas (Inase), Raimundo Lavignolle, afirmó en La Rural de Palermo que se aplicarán multas a quienes compren semillas que estén fuera de la normativa vigente.
“La gente que no cumple con la ley de semillas será sancionada. Estamos empezando a tener información sobre el sector ilegal de semillas, a partir del cruzamiento de datos,  de otra forma hubiese sido imposible porque en la práctica encontrar la semilla ilegal con un inspector del Inase sería muy difícil”, sostuvo, en una disertación acerca de la situación actual del sector semillero, en el marco de la 130 Exposición Rural de Palermo.
Al respecto precisó: “el problema pasa por lo que es la figura del uso propio. Yo adquirí semilla legal, entonces me puedo guardar lo que produje porque es para mí. Ahora, no las puedo intercambiar con mis amigos porque eso ya estaría fuera de la ley, no la puedo vender”.
La presentación tuvo como objetivo hacer un diagnóstico del sector así como también plantear cuál debe ser el rol del Estado en el actual escenario, la incorporación de nuevas tecnologías y la creación de políticas específicas que impulsen el desarrollo agrícola.
“Va a haber una multa para todos los que no pueden justificar la compra legal de semillas”, señaló Lavignolle, quien manifestó que es “momento de repensar cómo adecuar la norma para que podamos cumplir con todos los desafíos”.
En ese marco, definió como “desafíos” del Inase “combatir la ilegalidad” de las semillas; “difundir más la normativa vigente desde el Instituto de Semillas”, lo que calificó como “una gran deuda”;  generar “acceso a nuevos mercados”; e “incrementar la calidad y las normas de sanidad”; entre otros.
Además, reafirmó que el ministerio de Agroindustria está “trabajando en el proyecto de la nueva Ley de Semillas”, que “se va a presentar en agosto”, y aclaró que “el gobierno quiere se debata en el Congreso”.
Respecto a la constitución del directorio del Inase, manifestó que “no va a faltar mucho” para que el ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, “nombre al directorio”, y agregó: “Apoyo fuertemente la constitución del directorio del Inase. Quiero que se forme para que haya transparencia”.
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Monsanto desiste de su proyecto en Córdoba



Baldazo de agua fría para el campo: Monsanto desarma su proyecto de $1.500 millones en Córdoba

Fecha de Publicación
: 04/08/2016
Fuente: iProfesional
Provincia/Región: Córdoba


Fuentes vinculadas a la multinacional confirmaron a iProfesional que negocian la venta del predio en Malvinas Argentinas. La empresa comenzó a desmontar las estructuras que inició en 2012. Las escasa superficie de maíz y el reclamo ambientalista fueron las causas que precipitaron la decisión
Tras un sinfín de idas y vueltas, Monsanto ordenó desarticular la planta para procesamiento de maíz que desde hace casi cuatro años intentaba levantar en la localidad cordobesa de Malvinas Argentinas.
La iniciativa había partido de un anuncio entusiasta que la por entonces presidenta Cristina Kirchner concretó desde Nueva York en junio de 2012. El monto prometido: $1.500 millones.
Pero, con el correr de los meses -luego años- la instalación de Monsanto se topó primero con la dura resistencia de buena parte de la población local. Y la frutilla del postre la aportó una política agropecuaria que directamente minó la expansión de la superficie de maíz, cereal que la multinacional pensaba tratar en Malvinas Argentinas.
La combinación de factores desembocó primero en el parate de las obras en las 30 hectáreas bajo control de la firma, para luego concluir con esta decisión oficial de abandonar los planes pautados para esa zona de Córdoba.
El fin del proyecto fue confirmado a iProfesional por una fuente vinculada a la compañía, quien explicó que "la pauta de procesamiento de la planta estaba en el orden de los 3,5 millones de hectáreas de maíz y en los últimos año apenas se pasó de los 2,5 millones".
"Una inversión así no tiene sentido desde el punto de vista del negocio. Con las instalaciones que hoy Monsanto posee en Rojas, en la provincia de Buenos Aires, la compañía puede operar con tranquilidad. Es más: como están las cosas, probablemente alcance sólo con esa planta de maíz por los próximos cinco años", explicó.
La fuente consultada reconoció que el bloqueo llevado a cabo por vecinos y ambientalistas en general, que frenó por completo la entrada de los materiales que requerían la construcción, también pesó a la hora de evaluar la continuidad de la inversión.
"No se pudo avanzar con la planta y esto también influyó. Pero lo más trascendente fue que el negocio cambió y dejó de ser conveniente para Monsanto", aseveró.
Según pudo confirmar iProfesional, la multinacional ya mantiene negociaciones con potenciales interesados en el predio.
"La idea es tratar de vender el terreno este año. En eso dependemos de la decisión de compra de quienes necesitan la superficie para otro proyecto", sostuvo la fuente.

El plan que caducó
La planta de Malvinas Argentinas preveía una inversión de $1.500 millones y su inauguración fue pautada para diciembre de 2013. La estrategia de Monsanto contemplaba, además, un desembolso extra de $170 millones en concepto de investigación y desarrollo.
"Dicha inversión contempla la construcción de dos nuevas estaciones experimentales (una en la provincia de Córdoba y la otra en la provincia de Tucumán); el desarrollo de programas de investigación y desarrollo de maíz y soja; ensayos experimentales a campo, investigación local en biotecnología y la expansión de laboratorios", informó la multinacional en un comunicado de junio de 2012.
La firma prometía crear hasta 400 puestos de trabajo directos en esa área de la provincia mediterránea.
Sin embargo, la movilización de gran parte de los vecinos de Malvinas Argentinas, en franca oposición a una planta de granos tratados con agroquímicos, en paralelo a un esquema orientado a inhibir la siembra de cultivos que no sean soja, culminó por enterrar otro anuncio kirchnerista que apenas si pasó de la promesa.
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Por Monsanto imputan a ex funcionarios en Córdoba



Monsanto: imputaron a funcionarios y ediles que aprobaron el uso del suelo

Fecha de Publicación
: 01/08/2016
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba


Anticorrupción acusó de abuso de autoridad a Daniel Arzani, exintendente de Malvinas, y a Luis Bocco, el extitular de Ambiente. Señalan que la radicación se habilitó en terrenos no aptos para uso industrial, según la legislación.
El fiscal Anticorrupción Hugo Amayusco imputó al exintendente de Malvinas Argentinas, Daniel Arzani, y al exsecretario de Ambiente de la Provincia, Luis Bocco, entre otros funcionarios de ambas jurisdicciones, por haber autorizado en forma aparentemente irregular el uso del suelo en los terrenos donde luego comenzó a levantar su planta semillera la firma Monsanto.
La investigación, iniciada a partir de una denuncia formulada en 2012, le achaca a Arzani el delito de abuso de autoridad, en calidad de partícipe necesario, y a Bocco el mismo delito, como autor.
Según la acusación, los terrenos no eran aptos para destinarse a emprendimientos industriales, conforme con disposiciones de la Ley Provincial de Uso del Suelo.
Desde la defensa de uno de los imputados relativizaron el enfoque, señalando que hay de por medio “una cuestión semántica” por discutir. “La redacción habla de que es zona agropecuaria. ¿La selección de semillas no es parte de esa actividad? ¿O sólo hay que contar la siembra?”, se planteó.
El terreno en cuestión está sobre la ruta provincial A-58, más conocida como “viejo camino a Monte Cristo”, y se da la particularidad de que los lotes de una mano sí son aptos para uso industrial, y los del otro lado, apenas cruzando la ruta, ya no.
Además de Arzani –actual secretario de Coordinación en la Municipalidad de Córdoba– también están imputados por abuso de autoridad el exjefe de Catastro y Planeamiento de Malvinas Argentinas, Rubén García (como autor), y los exconcejales radicales José Blanco, Emilio Ferrero, Elsa Martínez, María Ferreyra, Marta Castro y Ricardo Guzmán, todos ellos como coautores.
La misma acusación recayó para la exedil peronista Rosa Estela Castañares.
Por el lado de la Provincia, como quedó dicho, la imputación es para el mencionado Bocco, quien ahora se desempeña como asesor en el bloque de concejales capitalinos de Unión por Córdoba.
Trascendió que cumple tareas de coordinación con la concejala Natalia de la Sota, hija del exgobernador José Manuel de la Sota, durante cuyo mandato se registraron los hechos y se dio también la autorización para la polémica instalación de Monsanto.
Fuentes de la Fiscalía Anticorrupción aclararon que las imputaciones dispuestas nada tienen que ver con la discusión jurídica, también abierta, respecto de si la radicación de Monsanto va contra la Ley de Ambiente o si su actividad es contaminante.
El debate en este caso se ciñe, indicaron, a decisiones administrativas referentes al uso del suelo y a la habilitación de las obras.
En ese marco es que, por ejemplo, el fiscal desestimó un planteo de la defensa de Arzani, en el que señalaba que los hechos que se le imputan ya estarían subsumidos en otra sentencia judicial previa por otra causa, también referida a la radicación de Monsanto.

En detalle
La investigación del fiscal ?Amayusco describe cinco hechos.
El primero está enfocado en la emisión del certificado de prefactibilidad del proyecto industrial.
El segundo hecho tiene que ver con la visación de los planos de subdivisión del terreno, bajo responsabilidad de García.
El tercer hecho alude a la sanción de la ordenanza 808/12 y el correspondiente decreto municipal, que autorizaron el inicio de tareas preliminares en el predio de Monsanto.
La cuarta mención refiere a la resolución N° 595 y dictámenes técnicos y legales, por los cuales se aprobó el aviso de proyecto.
En este caso, la responsabilidad recae sobre Bocco, en su calidad de exsecretario de Ambiente. También están imputados, como coautores de abuso de autoridad, los exfuncionarios provinciales Abel Anuzis, Duilio Padula, Alejandro Natalicio y Jorge Elia, miembros de la Comisión Técnica Interdisciplinaria que entendía en el expediente.
Idéntica acusación recayó sobre los exfuncionarios Jorge Ferrari, exdirector de Jurisdicción de Asuntos Legales de la Secretaría de Ambiente, y María Belén Pistone, exjefa del área Dictámenes de la misma repartición provincial.
El quinto hecho alude al permiso de obra concedido.
La radicación de Monsanto en Malvinas agitó una fuerte reacción social y las obras están paradas desde 2014 por orden de la Justicia, que admitió un amparo presentado por ambientalistas.
En marzo pasado, los activistas que se oponen al montaje de la semillera (la inversión era de 1.600 millones de pesos) levantaron el acampe que realizaban en el lugar para impedir el avance de los trabajos. Sin embargo, la propia Monsanto le quitó luego prioridad a esa inversión en Córdoba.

Puntos de vista
Daniel Arzani. Exintendente de Malvinas Argentinas.
Durante su gestión se inició el tortuoso proceso de radicación de Monsanto en esa localidad. Le objetan haber autorizado la instalación en terrenos no aptos para uso industrial. Es secretario general en la Municipalidad de Córdoba.
Luis Federico Bocco. Exsecretario de Ambiente de la Provincia.
Le reprochan haber habilitado por etapas la construcción de la planta semillera y haber violado disposiciones sobre impacto ambiental y la Ley del Uso del Suelo. Actualmente es asesor de los concejales capitalinos del PJ.
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El finde gritaron contra Monsanto



Agrotóxicos y soberanía alimentaria, los ejes de la marcha contra Monsanto

Fecha de Publicación
: 24/05/2016
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Nacional


Por quinto año consecutivo, una movilización global alertó sobre los peligros del monopolio de las semillas transgénicas que pretende imponer la multinacional de los agronegocios. Expertos denunciaron el efecto del glifosato en los pueblos fumigados y el riesgo de que el país se sume al Acuerdo Transpacífico, dando a las empresas beneficios de patentamiento.
Veinte años transcurrieron de la resolución 167/96 que autorizó la producción y comercialización de la Soja RR, propiedad de Monsanto, y que cambió para siempre el modelo agrícola del país. Y el aniversario llegó con una Marcha Mundial contra Monsanto, que tuvo su epicentro local ayer, por quinto año consecutivo, desde las oficinas de la multinacional hasta el Obelisco, mientras la agroquímica exige al gobierno nacional una "aduana privada" para cobrarles regalías a los productores por el uso de semillas, y enfrenta denuncias judiciales de pueblos fumigados. De los 40 países que organizaron esta marcha, la Argentina fue el cuarto con más ciudades adherentes –veinte–, de Salta a Esquel. Una reacción masiva que tiene un porqué.
"Estamos contra la agricultura industrial y transgénica basada en el uso masivo de agrotóxicos. Decían que acabarían con el hambre del mundo: pasó todo lo contrario." Quien habla es Julián Galeano, integrante de la asamblea organizadora. El reclamo central fue el rechazo a que la Argentina se incorpore al Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP), un deseo del presidente Macri. Impulsado por EE UU, propone quitar medidas proteccionistas a favor de mayores beneficios de patentamiento para las grandes transnacionales.
Estos 20 años fueron todo ganancia para las empresas de agronegocios. Con Monsanto a la cabeza, aumentaron su rentabilidad y su injerencia en el país, con escaso control oficial, al tiempo que se sancionaban normativas favorables, como permitirles fumigar a sólo 50 o cien metros de los pueblos, cuando el mínimo debería ser mil. La estrella fue el glifosato, principio activo del herbicida RoundUp. Con la asunción de Cambiemos, la relación se hizo explícita. La gestión de Macri cambió el rótulo del Ministerio de "Agroindustria", y en la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal nombró como titular de Asuntos Agrarios a Leonardo Sarquis, ex gerente de la división Semillas Vegetales de Monsanto.
Recién el año pasado, el Ministerio de Salud empezó a publicar los "efectos colaterales" del modelo agrario. "Se vio claramente que los departamentos que usan glifosato tienen el doble de mortalidad por cáncer. En los pueblos sojeros de Chaco, las familias tienen un 30% de sus miembros enfermos de cáncer; en los ganaderos es entre 3 y 5%", grafica Medardo Ávila Vázquez, titular de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados.
Sobre la base de los informes de la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes, la Red Universitaria de Ambiente y Salud advirtió que el consumo de agrotóxicos aumentó un 983% en 25 años: de 38 mil toneladas en 1990 a 370 mil en 2015. Medardo subraya: "La Argentina es el país que más glifosato usa por habitante al año, con 5 litros por kilo." La superficie cultivada creció hasta 30 millones de hectáreas (70% es transgénico), y ya son 12 millones de personas las expuestas a estos herbicidas.
Pero las plantas se hacen más resistentes. En la misma hectárea donde en 1996 empleaban tres kilos por año de glifosato, hoy aplican doce. Y los vecinos toman conciencia: unos 150 municipios ordenaron sacar a los agroquímicos de las zonas urbanas.
En Monte Maíz, en el sureste cordobés, toda la vida pasa por la agricultura. A principios de 2000, empezaron a darse cuenta: desde la aparición del glifosato aumentaban los casos de cáncer, lupus, alergia y abortos espontáneos. Recién en 2014, con el aporte de Ávila, de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Córdoba, pudieron comprobarlo: en Monte Maíz los nuevos casos de tumores cada año son cinco veces más que la tasa informada por la OMS para el país: 1070 casos cada 100 mil habitantes, contra 200. Colon y pulmón, los más usuales.
"Fumigaban en clubes, escuelas, en la plaza. Mezclaban productos sin control de los ingenieros agrónomos, que tienen el librito de Monsanto en la facultad. Pocos toman conciencia de que es un veneno", enfatiza Gladys Rodríguez, maestra jubilada de 70 años. Su hermano y su primo murieron de cáncer. Sólo en 2014 detectaron 34 casos nuevos: el cura, el director del hospital, funcionarios. La última: una maestra de 30 años que falleció en Laborde, al lado de Monte Maíz. En julio de 2015, el Concejo Deliberante prohibió fumigar a menos de 500 metros de la última casa del pueblo, aunque los silos con glifosato permanecen en la zona urbana.
En marzo del año pasado, el glifosato fue recatalogado como probable carcinógeno humano por la OMS. Cinco meses después, un equipo de científicos de la Universidad de La Plata detectó presencia de glifosato en el 85% de los productos de higiene personal que contienen algodón, y en el 76% de frutas y verduras. El Centro de Investigaciones del Medio Ambiente de esa universidad publicó un trabajo que demuestra por primera vez que el herbicida también evapora y cae con las lluvias. Tanta es su presencia cotidiana, que la Facultad de Agronomía de la UBA desarrolló el "glifotest", para detectarlo rápidamente en agua, suelo y alimentos. Pero en las universidades también hay connivencia. Acuerdos, como la cátedra de Cerealicultura, entre la UBA y Monsanto, o sanciones a quienes investigan: el decano cordobés de Agronomía pidió la expulsión de Ávila.
Jorge Rulli, referente del grupo de Reflexión Rural, explica que "las consecuencias de lo transgénico son impredecibles. Por eso creo que Monsanto se prepara para anunciar un salto tecnológico menos vulnerable a críticas, dejar un poco la soja, volcarse al maíz para combustible y vender una parte a Bayer."
La cuestión se centra en la soberanía alimentaria y el modelo de producción de alimentos. Galeano propone la agroecología, sin el tinte industrial, "una agricultura sin pesticidas, que puede alimentar al mundo, generar más empleo y no dañar al medio ambiente". Los médicos de pueblos fumigados presentaron una cautelar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a fines de 2015. También hay una demanda colectiva por daño ambiental encarada por un grupo de abogados contra el Estado y once corporaciones transgénicas, exigiendo una indemnización multimillonaria a toda la sociedad. Y el 16 de octubre, Día Mundial de la Alimentación, en La Haya, una Corte Internacional evaluará a Monsanto por "crímenes contra la Humanidad y el Medio Ambiente".«

"Decepcionados" con el gobierno de Macri
Más allá de tener ex empleados de Monsanto en el Ejecutivo, y de llamar "de Agroindustria" al Ministerio de Agricultura, el Gobierno Nacional enfrenta un conflicto no deseado con la multinacional agroquímica por la llamada "Cláusula Monsanto". Se trata del testeo a los camiones de los productores por parte de las grandes firmas del sector para controlar la biotecnología en las semillas (RR2 o Intacta), que según Monsanto cuentan con protección de la propiedad intelectual. Pero los productores se niegan a pagarle más a Monsanto por las semillas. Esta "aduana paralela" volvió a unir en el reclamo a las cuatro entidades de la Mesa de Enlace, que señalaron que "Monsanto aprovecha la inacción del Estado para asumir el rol de fiscalizar la producción de soja e imponer así retenciones".
A mediados de abril, el gobierno sacó una resolución que establece que cualquier control de granos debe contar antes con la autorización de la cartera a cargo de Ricardo Buryaile. El "ninguneo" a Monsanto generó reuniones de funcionarios con los altos mandos de la firma a nivel mundial, aunque en ninguna estuvo Mauricio Macri. Su administración no niega el actual sistema, ni siquiera que la empresa cobre regalías por su producto, pero apunta a que el control de semillas esté en manos del Estado. La cuestión se agravó estos últimos días: el miércoles, Monsanto suspendió el lanzamiento de su nueva semilla transgénica XTEND. Su CEO global, Brett Begemann, señaló que se sentía "decepcionado" con el gobierno.

Monsanto en las escuelas porteñas
A muchos padres de niños que asisten a escuelas primarias porteñas les llegó un pedido de conformidad para que el colegio participe de una encuesta para el programa "Mi escuela saludable", del Gobierno de la Ciudad, que busca "promover hábitos saludables para prevenir y disminuir el avance del sobrepeso/obesidad". Las firmas que componen ILSI Argentina, la consultora que analizará los resultados, son grandes multinacionales, muchas denunciadas por su accionar en términos ambientales y de alimentación saludable. Entre ellas figuran Monsanto, Coca-Cola, Bayer y Syngenta Agro S.A.
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