Mostrando entradas con la etiqueta Monsanto. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Monsanto. Mostrar todas las entradas

Otro transgénico de Monsanto aprobado

Autorizan a Monsanto a vender una nueva semilla genéticamente modificada resistente al glifosato

Fecha de Publicación
: 04/10/2019
Fuente: El Cronista
Provincia/Región: Nacional


La Secretaría de Alimentos y Bioeconomía aprobó la comercialización de este producto resistente al glifosato y los lepidópteros. Se trata de la 60° semilla transgénica que se aprueba en la historia argentina
Luego de las evaluaciones que llevaron adelante la Comisión Nacional
Asesora de Biotecnología Agropecuaria (CONABIA), el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y la subsecretaría de Mercados Agropecuarios del Ministerio de Agricultura, se determinó que la nueva semilla es resistente al glifosato y a los insectos lepidópteros (las mariposas).
Estas entidades aseguraron que los riesgos de bioseguridad derivados de este cultivo a gran escala no difieren significativamente de los inherentes al cultivo de maíz no genéticamente modificado, por lo que este nuevo desarrollo no debería presentar efectos adversos sobre el agroecosistema.
No obstante, la resolución aclara que la firma "deberá suministrar en forma inmediata a la autoridad competente toda nueva información científico-técnica que surja que pudiera afectar o invalidar las conclusiones científicas en las que se basaron los dictámenes que sirven de antecedente a la presente autorización".
Por este motivo, la medida podría quedar sin efecto si, a criterio de la autoridad competente, existe nueva información que da cuenta de un riesgo potencial en su aplicación.
"Los mejores rindes llegan con la incorporación de conocimiento al trabajo diario en el campo. Este anuncio tiene que ver con la importancia de seguir estimulando el desarrollo científico en un marco de una agroindustria sostenible", señaló el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Miguel Etchevehere. Y agregó: "Somos uno de los países líderes y referentes a nivel global en materia biotecnológica".
Se trata de la 60° semilla transgénica que se aprueba en la historia argentina, desde la primera soja RR, tolerante al glifosato, que se autorizó en 1996, según los registros de la Conabia.
Un dato relevante es que el ritmo de aprobación de OVGM se potenció durante la presidencia de Mauricio Macri: en cuatro años, se avalaron 25 desarrollos transgénicos, casi la mitad de todos los autorizados en los últimos 23 ejercicios (el 41%). De ellos, 18 fueron aprobados en los últimos dos años de gestión.
.

El glifosato blindado por las políticas públicas



Bayer y Monsanto, blindados en Argentina: pese a nueva condena en EE.UU. contra el glifosato, el Gobierno lo considera inocuo

Fecha de Publicación
: 18/05/2019
Fuente: iProfesional
Provincia/Región: Nacional


Pese a que en Estados Unidos, país donde se lo creó, llueven las demandas y ahora arrecian las condenas por generar cáncer, el glifosato goza paradójicamente de muy buena salud en la Argentina.
Al menos, así se desprende de la férrea defensa en torno a su uso y la continuidad de un negocio en el mercado local que, en términos de ventas, mueve cerca de 900 millones de dólares anuales.
A pocas horas de conocida la tercera sentencia contra Monsanto en los Estados Unidos por ocultar información sobre la naturaleza tóxica de su formulación Roundup, fuentes del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) consultadas por iProfesional ratificaron que la decisión en ese país "no cambia en nada" el rótulo de "inocuo" que el Gobierno le asigna al producto.
"Para nuestros especialistas esta medida -en referencia a la condena a la multinacional- no cambia nada", dijo un vocero. La voz consultada señaló que, a los ojos del Gobierno, la decisión que tomó la Justicia en Estados Unidos no es más que un litigio entre particulares.
Cabe destacar que, en el segundo semestre de 2018, y luego de comprobarse que el jardinero estadounidense Dewayne Johnson había contraido cáncer tras efectuar pulverizaciones con el glifosato Roundup desarrollado por Monsanto, fuentes del SENASA contactadas por iProfesional brindaron detalles de la interpretación oficial.
El SENASA, vale aclarar, es el organismo dependiente de la cartera de Agroindustria que tiene competencia directa en lo que hace a aprobaciones y definición de criterios de uso de plaguicidas en la Argentina.
"El usuario de un producto va contra una empresa. Hasta acá, con los documentos y estudios que tienen todas las agencias de gobierno, incluso el SENASA, no hay motivos para cambiar la situación del glifosato", se manifestó en ese momento.
Casi un año y dos condenas multimillonarias más después, el Estado no ha movido ni un centímetro su posicionamiento.
Ahora, en el país del Norte, un tribunal en California condenó a la controlada por la alemana Bayer a pagar más de 2.000 millones de dólares a Alberta y Alva Pilliod, quienes desarrollaron linfoma no Hodgkin como resultado de pulverizar con el herbicida en campos propios a lo largo de 30 años.
El jurado llegó a la conclusión de que Monsanto ocultó información sobre el rasgo cancerígeno de su glifosato Roundup, fabricó y distribuyó el producto de manera "negligente", y que la compañía llevó a cabo dichas maniobras en forma adrede.
"El jurado vio por sí mismo los documentos internos de la compañía que demostraban que, desde el primer día, Monsanto nunca tuvo interés en averiguar si el Roundup es seguro. En lugar de invertir en ciencia sólida, usó millones para atacar a la ciencia que amenazaba su agenda comercial", expuso uno de los abogados que tomó parte en la defensa de los Pilliod.
Previo a este nuevo revés judicial, en agosto del año pasado Monsanto había sido condenada a indemnizar con 289 millones de dólares -que la apelación redujo a 78 millones- al jardinero Dewayne Johnson, enfermo de cáncer también por usar Roundup.
Ya en marzo de este año, la empresa volvió a ser declarada culpable en un juicio iniciado por Edwin Hardeman, también víctima de la misma enfermedad tras aplicar el herbicida en el jardín de su casa entre los años 1980 y 2012. En este caso, la Justicia fijó una indemnización de 80 millones de dólares.

Millones y millones
El glifosato es una pata clave del modelo de producción de soja transgénica en la Argentina, aunque también es determinante para el cultivo de variedades de maíz, algodón y alfalfa manipuladas genéticamente para resistir al agrotóxico.
Hoy, de los casi 400 millones de litros de plaguicidas que se aplican anualmente en la actividad agrícola local en todas sus escalas –a excepción de la alternativa agroecológica–, se estima que 320 millones corresponden a variedades de glifosato.
La nueva sentencia en California coincide con el dictamen de marzo de 2015 de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), vinculada a la OMS, el cual expuso que existe evidencia suficiente para relacionar este agroquímico con la proliferación del cáncer.
El herbicida, autorizado por primera vez en Estados Unidos en 1974, combina elementos químicos que inhiben el trabajo de enzimas que permiten a las plantas llevar a cabo procesos esenciales para la supervivencia.
Si bien Monsanto es la responsable de su creación, lo cierto que la patente del plaguicida se liberó en el año 2000 por lo que su fabricación ya se realiza en distintos lugares en el mundo. Una de las particularidades de este químico es que no actúa de manera selectiva: elimina toda la vegetación.
Sólo la incorporación de un gen que resiste la potencia del glifosato permite a variedades manipuladas en su ADN como la soja RR continuar desarrollándose en un campo luego de las habituales fumigaciones.

Roundup, el más vendido
El glifosato es el principio componente del Roundup, el herbicida desarrollado por Monsanto de mayor difusión en el agro local aunque, vale aclararlo, en la Argentina también se ofrece bajo marcas como Zamba (comercializado por Nidera), Sulfosato (Syngenta) o Sitrin (Bayer).
En julio de 2016, un trabajo que lleva la firma de, entre otros, Alicia Ronco -fallecida en noviembre de ese mismo año- y Damián Marino, investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), confirmó que la cuenca del río Paraná, considerada la segunda más importante de Sudamérica detrás de la que comprende al Amazonas y con desembocadura en el Río de la Plata, está altamente contaminada con glifosato o AMPA, metabolito originado de su degradación.
Un estudio contundente para demostrar la toxicidad del compuesto fue realizado por Andrés Carrasco, científico que -fallecido en mayo de 2014- llegó a presidir el CONICET y probó que la sustancia produce desde muerte celular hasta malformaciones.
En Francia, investigaciones del científico Gilles-Eric Séralini aportaron nuevos argumentos al trabajo realizado por Carrasco en la Argentina.
"Trabajamos en células de recién nacidos con dosis del producto cien mil veces inferiores a las que cualquier jardinero común está en contacto. El Roundup programa la muerte de esas células en pocas horas", indicó Séralini, especialista en biología molecular.
En julio de 2018, y tal como publicó iProfesional a modo de primicia, un estudio realizado por científicos del Centro de Investigaciones del Medioambiente (CIM), dependiente de la Universidad de La Plata, develó que las lluvias presentaron recurrentes concentraciones de herbicidas como el glifosato.
Y que la carga máxima cuantificada de agrotóxicos en las precipitaciones locales es hasta 20 veces superior a la registrada en países como Estados Unidos, el territorio con más trayectoria en lo que hace al uso de plaguicidas y el principal promotor mundial del uso de estas sustancias y su aplicación a través de las muy cuestionadas fumigaciones.
En la actualidad, los efectos nocivos sobre la salud humana y el medioambiente en general derivados de la aplicación de glifosato llenan las páginas de más de 800 trabajos científicos independientes desarrollados alrededor del mundo.

Bayer se desploma
El martes y tras conocerse la nueva condena a Monsanto, las acciones de Bayer llegaron a caer hasta 5 por ciento aunque los papeles finalmente cerraron con una baja del 2%, a 55,33 euros.
El dictamen en cuestión hizo que los papeles de la empresa se encaminen a cerrar en su nivel más bajo en casi siete años.
Desde el seno de Bayer su directiva informó, a través de un comunicado, que el veredicto provoca "decepción", al tiempo que notificó que se promoverá la apelación. Un portavoz de la firma calificó la decisión del jurado como "excesiva e injustificable".
Lo ocurrido en California coincidió con el escándalo desatado en Europa, luego de que la cúpula de la alemana reconociera que Monsanto espió durante años a políticos, científicos y periodistas en Francia a fin de conocer sus respectivas posiciones en torno al uso de agrotóxicos y la siembra de transgénicos.
De junio de 2018 -momento en que la alemana tomó posesión concreta de los movimientos de Monsanto- a la fecha, Bayer perdió cerca del 45 por ciento de su capitalización bursátil. Puesto en divisas, representa unos 63.000 millones de dólares.
Tras la sentencia de esta semana, Monsanto ahora deberá hacer frente a otras 13.400 demandas de usuarios de Roundup que denuncian afectaciones a la salud por efecto del herbicida.
.

Monsanto: condenado en EEUU, aquí lider de las BPA



Monsanto pierde en los tribunales de EE UU pero aquí lidera las "buenas prácticas"

Fecha de Publicación
: 25/03/2019
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Nacional


Mientras el fallo de un tribunal de California sostiene que el glifosato provoca cáncer, el lobby agroquímico en la Argentina goza de buena salud.
El glifosato que produce Monsato es un “factor sustancial” para desarrollar cáncer. El argumento se repite una y otra vez en estudios que las grandes multinacionales del sector agroquímico pretenden relativizar o sencillamente esconder, tarea para la cual cuentan con la anuencia de muchos gobiernos, entre ellos el argentino, que tiene entre sus filas a muchos ex gerentes de esas empresas. Pero esta vez, es un jurado federal de San Francisco, EE UU, el que considera probado que el herbicida Roundup ha precipitado el cáncer que sufre un hombre que manipuló ese producto durante décadas.
El de este martes es el segundo veredicto que apunta al glifosato de Monsanto como cancerígeno, luego de la condena que otro jurado estatal de California le impuso el año pasado a indemnizar en 289 millones de dólares –la cifra se redujo luego a 78 millones- al jardinero Dewayne Johson que estuvo largamente expuesto al producto.
Edwin Hardeman, de 70 años, contrajo el linfoma no Hodgkin por haber estado durante tres décadas expuesto al glifosato que usaba para quitar de hierbas su propiedad, tal es la conclusión a la que llegó el tribunal, que ahora deberá definir cuáles son los términos de la reparación que le impondrá a la megacorporación alemana Bayer, propietaria de Monsanto, cuyos voceros volvieron a negar la relación entre el herbicida y la enfermedad.
El fallo sienta jurisprudencia para otras 9 mil demandas similares que enfrenta Bayer en los Estados Unidos. Ahora, el juicio de Hardeman entra en una segunda etapa, que buscará demostrar si Monsanto conocía los riesgos y si los ocultó deliberadamente a los usuarios del herbicida. Luego de que se expresara el tribunal californiano, las acciones de Bayer cayeron este miércoles un 9,61% en la Bolsa de Frankfurt.
La sentencia contra Monsanto parece sellar un dilema que desvela a miles de comunidades “fumigadas” de la Argentina y de todo el mundo. No es una novedad para la Organización Mundial de la Salud, que desde 2015 considera al glifosato, el herbicida más utilizado, como “cancerígeno probable”. Sin embargo, son pocos los países que lo prohíben, presas de los fuertes intereses corporativos del agronegocio global.
En Europa, un amplio debate sobre el glifosato derivó en la renovación por cinco años (hasta 2022) de la licencia de uso del herbicida, aunque persiste la sospecha sobre la real independencia de las agencias científicas (particularmente la EFSA, European Food Safety Authority) que justificaron esa decisión.
En la Argentina, en tanto, la trágica historia del glifosato acumula cientos de muertes por cáncer que los vecinos de los “pueblos fumigados” adjudican al herbicida, y la lucha cotidiana de decenas de comunidades por establecer ordenanzas que impidan la utilización de esos peligrosos agroquímicos. El caso testigo ha sido Monte Maíz, la localidad a 290 kilómetros de Córdoba Capital donde los relevamientos arrojaron tasas de morbimortalidad hasta tres veces por encima de las nacionales, con decenas de casos de cáncer, sobre todo de pulmón, además de neumopatías, hipotiroidismo y otras enfermedades. Sólo en 2013, el 39% de los fallecimientos se debió al cáncer, en un pueblo de 8500 habitantes rodeados de cultivos de soja y maíz transgénicos.
El poder del agronegocio es tan grande que la discusión en la Argentina rara vez trata sobre la necesidad de prohibir el uso de ese peligroso herbicida. Sin una legislación nacional, el tópico que más se discute en los consejos deliberantes de los municipios es la distancia a la que se puede fumigar, respecto de zonas pobladas. Paraná, Gualeguaychú y Rosario son algunas de las ciudades que impulsaron ordenanzas prohibiendo su uso en el ejido urbano.
Todas estas iniciativas aisladas chocan contra el sólido respaldo del gobierno nacional a los agrotóxicos. En julio de 2018, cuatro ministros de Cambiemos (Sergio Bergman, de Ambiente; Lino Barañao, de Ciencia; Luis Etchevehere, de Agroindustria; y Adolfo Rubinstein, de Salud, luego degradados a secretarios) presentaron, sin investigación científica alguna que los avalara, una suerte de manual de “Buenas Prácticas en Aplicaciones de Fitosanitarias”, hecho a la medida del lobby agroquímico, que elimina las distancias mínimas para fumigar con glifosato y otros herbicidas.
En diciembre del año pasado, el ministro de Asuntos Agrarios de la Provincia de Buenos Aires, Leonardo Sarquis, firmó una resolución que habilita la fumigación en las llamadas “zonas de amortiguamiento”, es decir, lotes contiguos a escuelas y áreas de esparcimiento, a cursos de agua y reservas naturales. Antes de ser funcionario del gobierno de María Eugenia Vidal, Sarquis fue gerente de Monsanto.
.

El glifosato cada vez más cuestionado y limitado



Monsanto, en la mira: cada vez más ciudades prohíben el glifosato tras pruebas que relacionan su uso a la proliferación del cáncer

Fecha de Publicación
: 26/04/2018
Fuente: IProfesional
Provincia/Región: Nacional


Gualeguaychú aprobó la prohibición de uso en el ejido y se suma a las ciudades y pueblos que buscan alejar las pulverizaciones de los centros urbanos. Rosario, capital de la soja, hizo lo mismo en diciembre. Expertos alertan sobre la explosión en los indicadores de cáncer y otras dolencias 
El "No" más cercano cobró forma el lunes de esta semana.
En votación dividida, el Concejo Deliberante de Gualeguaychú, en la provincia de Entre Ríos, aprobó una ordenanza que prohíbe la comercialización y el uso del herbicida glifosato en todo el ejido de esa ciudad.
Se trata del plaguicida clave para el cultivo de la soja transgénica aunque, por presión comercial de compañías como su creadora Monsanto, las pulverizaciones con el químico se han vuelto una constante en las últimas dos décadas incluso en plazas, parques, vías y predios en general del grueso de las poblaciones agrícolas del interior de la Argentina.
El principal argumento al que apeló la mayoría de los legisladores de Gualeguaychú para vetar las aplicaciones con el herbicida radica el dictamen de marzo de 2015 de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), vinculada a la Organización Mundial de la Salud (OMS), que declaró que existe evidencia suficiente para relacionar al glifosato con, precisamente, la proliferación del cáncer.
Pero lo ocurrido en la ciudad en cuestión lejos está de representar un evento aislado. Muy por el contrario, la prohibición fijada se inscribe dentro de una ola de cuestionamientos y límites a la utilización del químico que ya suma varias plazas en provincias como Entre Ríos, Córdoba, Santa Fe o la misma Buenos Aires.
Según sendos especialistas del sector sanitario y legal consultados por iProfesional, en la actualidad cerca de 400 ciudades y pueblos del país mantienen vigentes o discuten limitaciones a la aplicación de plaguicidas dentro o cerca de núcleos urbanos.
La gran "peso pesado" en dar el primer paso en términos de veto a la aplicación de glifosato fue Rosario, la capital nacional de la soja.
En diciembre pasado, el Concejo Municipal de esa ciudad dio luz verde a un proyecto de prohibición concebido por Osvaldo Miatello, legislador por el bloque Compromiso con Rosario, y la normativa quedó firme precisamente durante los últimos días de 2017.
"La normativa establece un precedente tanto para la provincia como para toda la región. La ordenanza fija pautas, obligaciones, sanciones, que deberá coordinar Ambiente. Ahora lo que queda es ver de qué manera se llevarán a cabo los controles", comentó Miatello, en diálogo con iProfesional.
El texto desarrollado por el funcionario fija sanciones por hasta 500.000 pesos para quienes incumplan la ordenanza. Al mismo tiempo, erradica la comercialización del glifosato en supermercados, una práctica denunciada por el mismo legislador.
"Si bien Rosario no es el primer distrito que fija una prohibición así, lo impuesto tiene una enorme potencia simbólica por todo lo que significa la ciudad para el modelo agroindustrial. Por algo los actores que promueven el uso de glifosato ejercieron presión sobre los ediles para que no se apruebe la ordenanza. Sabían que luego se iba a dar lo que ahora ocurre: una ola de contagio", sostuvo ante iProfesional el doctor Damián Verzeñassi, titular de Salud Socioambiental de la Facultad de Medicina de la Universidad de Rosario (UNR).
Ya en febrero, Sergio Varisco, intendente de Paraná, promulgó una normativa que también prohíbe las pulverizaciones con el herbicida aunque, conviene aclararlo, el mandatario vetó un artículo que inhibía la venta y el traslado del compuesto dentro del ejido de la capital entrerriana.
El texto de la ordenanza, según pudo constatar iProfesional, destierra el uso total de "agroquímicos biológicos de uso agropecuario destinados a la fumigación o a la fertilización agrícola y/o forestal, y/o espacios verdes, que contengan glifosato y agroquímicos derivados".
Pocas semanas después, en marzo, el sector político de la localidad de Marcelino Escalada, ubicada en el departamento santafesino de San Justo, puso en vigencia la prohibición de las pulverizaciones con agroquímicos a menos de 500 metros de cualquier zona habitada.
El antecedente a dicha decisión hay que ubicarlo en lo sufrido por Diógenes Chapelet, un vecino de 75 años fallecido en enero último luego de una extensa agonía. Chapelet fue rociado dos veces con plaguicidas en el transcurso de noviembre de 2017.
Chapelet habitaba una vivienda lindera a dos campos que fueron fumigados en la previa al verano. La última de las pulverizaciones lo sorprendió en el patio de su casa. Luego llegaron los broncoespasmos, las manchas en la piel, y el traslado a un centro de salud en el marco de un sufrimiento que concluyó con una falla multisistémica, según los reportes médicos.
Marzo también fue el mes elegido por el Concejo de la ciudad santafesina de San José del Rincón para erradicar la posibilidad de uso del glifosato en todo el ejido municipal. En esa misma provincia, ahora discuten la imposición de una medida similar la capital Santa Fe, Recreo, Esperanza y Pueblo Esther.
Durante abril, en tanto, Concordia estableció un veto al mismo producto que incluye entre sus argumentos el vínculo entre el herbicida y la proliferación del cáncer demostrada por IARC.
En uno de sus artículos, la legislación fijada en esa ciudad impone, además, la obligación municipal de "realizar campañas de concientización sobre los tratamientos alternativos para el control de malezas e insectos tendientes a lograr una mejor calidad de vida de los habitantes...".
En otras palabras, sienta las bases para la migración a métodos que excluyan de plano las mezclas de agroquímicos.
"Lo que viene sucediendo confirma que, cuando se organizan y movilizan, las sociedades pueden instalar en el sector político preocupaciones como el control de los agroquímicos. En Entre Ríos, por ejemplo, se vienen realizando rondas todos los martes en casi todas las ciudades pidiendo el freno a las fumigaciones. Son herramientas de resistencia que explican los grandes avances que se dan en estos días", aseguró Verzeñassi.
Contactados por este medio, ejecutivos tanto de la multinacional Monsanto como de CASAFE, la cámara que aglutina a los fabricantes de plaguicidas en la Argentina, quedaron en pronunciarse respecto del impacto de estas medidas en sus respectivas estrategias de negocios.

¿Qué es el glifosato?
El glifosato, según la definición de la misma CASAFE, "se utiliza para eliminar la competencia de malezas en los cultivos por luz, agua y nutrientes". El herbicida, autorizado por primera vez en Norteamérica en 1974, combina elementos químicos que inhiben el trabajo de enzimas que permiten a las plantas llevar a cabo procesos esenciales para la supervivencia.
Si bien Monsanto es la responsable de su creación, lo cierto que la patente del plaguicida se liberó en el año 2000 por lo que su fabricación ya se realiza en distintos lugares en el mundo. Una de las particularidades de este químico es que no actúa de manera selectiva: elimina toda la vegetación. De ahí la manipulación genética que derivó en el desarrollo de la soja transgénica.
Sólo la incorporación del gen que resiste la potencia del glifosato permite a la oleaginosa continuar de pie y proseguir su crecimiento luego de las habituales fumigaciones.
El glifosato es el principio componente del Roundup, el herbicida desarrollado por Monsanto de mayor difusión en el agro local aunque, vale aclararlo, en la Argentina también se ofrece bajo marcas como Zamba (comercializado por Nidera), Sulfosato (Syngenta), o Sitrin (Bayer).
A la par del vínculo con el cáncer, distintas experiencias científicas comprobaron que el plaguicida atraviesa la placenta.
En julio de 2016, un trabajo que lleva la firma de, entre otros, Alicia Ronco -fallecida en noviembre de ese mismo año- y Damián Marino, investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), confirmó que la cuenca del río Paraná, considerada la segunda más importante de Sudamérica detrás de la que comprende al Amazonas y con desembocadura en el Río de la Plata, está altamente contaminada con glifosato o AMPA, metabolito originado de su degradación.
En el mismo mes pero de 2017, otra investigación científica llevada a cabo también por científicos del CONICET y el EMISA (Espacio Multidisciplinario de Interacción Socio Ambiental) -vinculados a la UNLP-, reveló que el herbicida que se aplica en la práctica agropecuaria no desaparece de los campos.
Por el contrario, y dada la enorme cantidad pulverizada y la afectación de los microorganismos encargados de su degradación, el glifosato no hace más que acumularse en las tierras con todo el riesgo tóxico que esto implica.
Otro estudio contundente en cuanto a demostrar la toxicidad del compuesto fue realizado por Andrés Carrasco, un científico que -fallecido en mayo de 2014- llegó a presidir el CONICET y probó que la sustancia produce desde muerte celular hasta malformaciones.
La investigación de Carrasco reportó estos daños, con el agravante de que la experiencia científica se llevó a cabo sobre concentraciones de glifosato mucho menores a las que hoy se aplican en los campos.
En Francia, investigaciones del científico Gilles-Eric Séralini aportaron nuevos argumentos a lo expuesto por Carrasco en la Argentina.
"Trabajamos en células de recién nacidos con dosis del producto cien mil veces inferiores a las que cualquier jardinero común está en contacto. El Roundup programa la muerte de esas células en pocas horas", indicó el profesional galo, especialista en biología molecular.
Este académico -quien además es docente de la Universidad de Caen en Francia y director del Comité de Investigación e Información sobre Ingeniería Genética- recalcó lo riesgoso que resulta para las embarazadas tener contacto o habitar en zonas cercanas a las fumigaciones con glifosato.
Séralini se focalizó en las células humanas de cordón umbilical, embrionarias, y de la placenta, y descubrió que la totalidad de esas células mueren antes de las 24 horas de exposición específica al Roundup.
En la actualidad, los efectos nocivos sobre la salud humana y el medioambiente en general derivados de la aplicación de glifosato pueblan las páginas de más de 600 trabajos científicos independientes desarrollados alrededor del mundo.

Medida celebrada
En sintonía con el reclamo popular devenido en ley en buena parte de los distritos agrícolas, representantes de la salud como el doctor Medardo Ávila Vázquez, experto de la Universidad Nacional de Córdoba y coordinador de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, destacaron como "sumamente positivo" el incremento en las restricciones al uso de glifosato.
Consultado por iProfesional, el especialista sostuvo que las ordenanzas que se multiplican son el "reflejo de un reclamo que viene de la gente y en defensa del derecho a la vida y la salud. Un reclamo en contra de un modelo de agricultura sustentado en las fumigaciones con agrotóxicos".
"En este momento en la Argentina se están usando más de 400 millones de litros de agrotóxicos por año, de los cuales 320 millones son de glifosato. En nuestro país, al año, se da una exposición promedio de 7 litros de glifosato por habitante. Pero en torno a ciudades como Concordia o Gualeguaychú, la tasa llega a 50 litros de glifosato por persona", alertó.
A los ojos de Ávila Vázquez, las nuevas ordenanzas muestran cómo las poblaciones asumen la necesidad de protegerse ante un modelo de agronegocios que atenta contra la seguridad sanitaria de esas sociedades.
"El aumento en las tasas de cáncer, malformaciones, abortos espontáneos, hipotiroidismo, asma, que se está dando en nuestros pueblos es indiscutible. Es la consecuencia de la exposición a los plaguicidas que propone el agronegocio", dijo.
Para luego concluir: "Con respecto a lo que manifiestan la Sociedad Rural y la Federación Agraria, nosotros decimos que estas prácticas productivas envenenan y enferman a la población. Y lo hacen mientras estas organizaciones se benefician económicamente. El agronegocio se apropia de una renta sustentada en la enfermedad".
Enrique Viale es referente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas. En diálogo con este medio, el especialista destacó que las normativas vigentes demuestran que "los graves efectos de los agroquímicos sobre la salud y el ambiente ya no pueden ser ocultados".
"Siempre los cambios vienen desde lo local. Los pueblos, más cercanos y afectados, son los primeros en tomar conciencia y exigir a sus autoridades leyes u ordenanzas protectoras. Esperemos que esto que ocurre sirva, además, para poder debatir la totalidad del modelo del agronegocio", finalizó.
.

Demuestran que el glifosato no se degrada en la tierra



El glifosato no se degrada, se acumula en la tierra argentina

Fecha de Publicación
: 29/01/2018
Fuente: La Tinta
Provincia/Región: Nacional


Un estudio del CONICET, publicado en la revista internacional Environmental Pollution, reveló que el peligroso herbicida glifosato se acumula en los campos argentinos, sobre todo en Entre Ríos. La exagerada cantidad utilizada supera la capacidad de degradación de la tierra.
“Dada la enorme cantidad pulverizada y la afectación de los microorganismos encargados de su degradación, el producto no hace más que acumularse en las tierras con todo el riesgo tóxico que esto implica“, revela la investigación publicada por la revista internacional y realizada por científicos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), según un articulo del periodista Patricio Eleisegui, autor del libro ‘Envenenados‘, quien accedió a esta nueva evidencia.
Recordemos que recientemente otro artículo había demostrado que además de afectar la biodiversidad del bosque nativo, el veneno creado por Monsanto está generando su némesis: especies nativas resistentes al mismo herbicida, utilizado por el sector agropecuario argentino en cantidades alarmantes.
El artículo de Eleisegui continúa así: “La investigación citada señala entre sus resultados que ‘bajo las prácticas actuales, las tasas de aplicación son más altas que las tasas de disipación'”. Para luego resaltar que “por lo tanto, glifosato y AMPA -su metabolito- deben ser considerados pseudo persistentes”.
El estudio en cuestión, sujeto a muestras tomadas durante 2015 de distintos lotes ubicados en el distrito de Urdinarrain, en la provincia de Entre Ríos, sostiene que la concentración de glifosato constatada en esa zona se encuentra entre las más altas a nivel mundial. El equipo de científicos también ubicó rastros del herbicida en aguas de superficie, aunque a niveles más bajos que los comprobados en el suelo.
Damián Marino, doctor en Química y uno de los especialistas del CONICET que coordinó la experiencia, consultado por este medio explicó que, en concreto, el monitoreo demuestra que “el glifosato no desaparece” en tanto “se vuelca en el ambiente más herbicida de lo que la naturaleza puede llegar a degradar“.
Esto último, la acumulación, también es consecuencia del amplio paquete de plaguicidas que pulverizan los productores más allá del citado glifosato. Marino lo explica con claridad: “Todo lo que se aplica en el campo no ha hecho más que degradar a los microorganismos que se podrían encargar de hacer desaparecer al glifosato. Hoy por hoy, estas opciones de degradación están tan afectadas que casi no operan. El sistema de producción rompió al sistema que limpia. Y continúa echando más glifosato que antes“.
A tono con lo anterior, vale decir que Argentina aparece hoy, como el país con mayor consumo de glifosato en el planeta, siempre en términos de cantidad de población. Así, mientras que naciones como Estados Unidos -uso anual de 136 millones de litros- promedian 0,42 litros del herbicida por habitante, Argentina -187 millones- ostenta una pauta de 4,3 litros por cada persona que puebla nuestra geografía. Siempre en términos anuales, claro.
“El glifosato y el AMPA muestran afinidad por las matrices sólidas, esto es, suelo y sedimentos. No se detectó concentración en aguas subterráneas“, concluye el estudio, que además recomienda “una revisión de las prácticas actuales de gestión agrícola con el fin de detener la acumulación constatada”, y exige una “reevaluación de riesgo toxicológico dadas las concentraciones (de glifosato) encontradas”.
“Hay un uso y un abuso del suelo, con una micro fauna afectada y una carga de químicos de uso permanente. El estudio no hace más que reafirmar que tenemos glifosato en todas partes y cada vez en mayor cantidad“, concluyó Marino.
En marzo de 2015, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), vinculada a la Organización Mundial de la Salud (OMS), declaró que existe evidencia suficiente para relacionar al glifosato con, precisamente, la proliferación del cáncer.
.

El glifosato más cuestionado que nunca

La guerra del glifosato

Fecha de Publicación
: 12/12/2017
Fuente: Clarin
Provincia/Región: Nacional


El ministro de Agricultura alemán votó a favor y una colega, la ministra de Medio Ambiente, salió a atacarlo. El presidente francés, Emmanuel Macron, se indignó con Alemania. La jefa del gobierno alemán, Angela Merkel, reveló que su ministro no la había consultado. El Ministro respondió que, para tomar una decisión de ese tipo, él no necesitaba consultarla.
Macron anunció que Francia respetaría el acuerdo sólo por un tiempo, pero el Primer Ministro dijo que se lo respetará hasta el final. Y el ministro de Agricultura francés se declara “encantado” con el voto alemán. ¿Qué cosa ha provocado esta crisis internacional y semejantes convulsiones en los gobiernos de dos potencias? Un herbicida.
Pero no un herbicida cualquiera. La mayor parte de los cultivos, en el mundo entero, crecen al amparo del glifosato. Los agricultores dicen que es insuperable y se niegan a abandonarlo. Sin embargo, se sospecha que envenena el suelo y el agua, esparciendo cáncer.
La sospecha no está confirmada ni descartada, pero la sola posibilidad ha sumido a los gobiernos en vacilaciones, luchas internas y conflictos, al mismo tiempo, con el agro, la industria y la sociedad.
¿Qué es lo que votó el ministro alemán? Que en los países de la Unión Europea se pueda usar libremente el glifosato durante los próximos cinco años. No es una novedad. Se lo ha usado hasta ahora. Pero la comunidad estaba considerando si no había llegado el tiempo de prohibirlo.
Decidirlo requirió dos sesiones. Con el glifosato en el banquillo de los acusados, la primera vez Alemania se abstuvo de defenderlo. En la segunda sostuvo que era inocente.Si hubiera vuelto a abstenerse, hoy el glifosato estaría prohibido en Europa. Pero el asunto no ha terminado. El comité “Stop Cicliphate”, que reúne a 114 organizaciones ambientalistas, ha presentado un petitorio, firmado vía Internet por 1.320.517 europeos, para que el Parlamento Europeo prohíba el glifosato mediante una “legislación especial”. La Unión Europea está obligada a considerar toda petición que reúna más de un millón de firmas.
Claro que la discusión se da en todas partes. Los movimientos ecologistas, y no sólo ellos, llevan adelante una campaña mundial contra el glifosato. Sus denuncias sobre la malignidad del herbicida siembran temor en la gente. Y los políticos no quieren que se los vea a favor de la muerte. En Estados Unidos, las autoridades de California, incluyeron al glifosato en una lista de productos cancerígenos.
Si lo es o no, es algo sobre lo que los científicos no se ponen de acuerdo: 1) La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA) y la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA), sostienen que el glifosato no es cancerígeno.
2) La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), dependiente de la Organización Mundial de la Salud, tiene al glifosato en su lista 2ª, donde pone los elementos “probablemente carcinógenos para humanos”. Pero en la misma lista está la carne vacuna, lo cual no contribuye a medir el grado de peligrosidad del herbicida. No se sabe a quiénes creerle.
Hay científicos que responden a intereses económicos, principalmente de Monsanto, el gigante norteamericano que descubrió el glifosato y armó un exitoso “combo” con plantas genéticamente modificadas.
Todo herbicida mata --unos con más eficiencia que otros-- la “hierba mala”, dejándoles a las plantaciones todo el terreno a su disposición. Pero algún daño les hacen. Con sus plantas genéticamente modificadas, Monsanto eximió a las plantaciones de cualquier daño, modificándolas para que el glifosato no les hiciera nada. Muchos afirman que ese monstruo multinacional, que luce la bandera norteamericana y en diez años facturó 132.718 millones de dólares, usó su poder para comprar científicos.Ahora sospechan de Alemania, porque Monsanto es parte de la alemana Bayer, que pagó 66.000 millones de dólares para absorber a la norteamericana y crear un emporio mundial de biotecnología.
Claro que los científicos exhibidos por los ecologistas también son sospechados. En este caso, por razones políticas.
En el ecologismo hay, junto con puros defensores del medio ambiente y la salud, sectores anticapitalistas , interesados en atacar un producto para atacar a su fabricante. Es más fácil movilizar a la gente contra el cáncer que movilizarla contra la plusvalía.
Sin embargo, también hay sectores progresistas que discuten con el ecologismo extremo: ése que no sólo lucha contra el glifosato sino contra todo que no sea orgánico. Quienes discrepan con tal radicalismo dicen que la agricultura orgánica es un privilegio de las burguesías urbanas, que a base de teorías no probadas denuestan la química y la biotecnología, sin la cual un tercio de la población mundial se moriría de hambre. En efecto, los fertilizantes, los herbicidas, los plaguicidas, los conservantes y la manipulación genética multiplican los panes. Pero el riesgo de cáncer (verdadero o falso) sigue en pie.
En la Argentina, el glifosato y la soja genéticamente ayudaron a salir de la crisis de 2002: a ellos se debe buen parte de la productividad que permitió multiplicar la exportación de soy y traer una cantidad imprevista de dólares.
Pero el conflicto entre salud y economía perdura. El mes pasado, en Rosario, el Concejo Municipal hizo algo similar a lo de Alemania en la Unión Europea: un día prohibió el glifosato y dos semanas después levantó la prohibición, en respuesta a los reclamos del campo.
Quizás una reunión de Premios Nobel, insospechados de parcialidad, y sobre la base de investigaciones irreprochables, podría poner claridad en la polémica. No la resolvería del todo. Los prejuicios todo lo superan. Pero al menos, se reduciría la incertidumbre y el margen para las manipulaciones, económicas o políticas. Pero si el glifosato produce cáncer, no se puede pagar por el desarrollo con la salud de la población. Habría que encontrar otra fuente de ingresos.
.

Córdoba: conflictos socioambientales al por mayor



Conflictos socioambientales en Córdoba: Bien plantados

Fecha de Publicación
: 25/04/2017
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba


Como nunca antes, Córdoba está atravesada por desacuerdos sociales que parten de preocupaciones ambientales y constituyen un nuevo modo de participación política. Cuáles son las características comunes. Miradas sobre estos fenómenos.
El 1° de marzo más de 15 mil personas protestaron en Córdoba contra el desmonte: había gente de toda la provincia, organizada y movilizada a través de casi 80 asambleas ciudadanas y aglutinada en la Coordinadora de Defensa del Bosque Nativo. Había elencos artísticos enteros en esa marcha a la que convocó Doña Jovita, difundió Raly Barrionuevo y apoyó Piñón Fijo, entre tantos otros artistas locales. Se sumaron ONG ambientalistas, universidades, partidos políticos, gremios y movimientos estudiantiles. También marcharon familias que sólo quieren seguir tomando mates bajo árboles autóctonos cuando van a las sierras y que respondieron al llamado a "defender la vida" que les llegó por WhatsApp.
No fue una protesta espontánea. Detrás de esa manifestación había años de militancia ambiental y microconflictos en torno al bosque nativo, grupos de estudio, profesionales universitarios y vecinos mejor preparados que muchos funcionarios y legisladores a la hora de dar discusiones técnicas, legales y ecológicas.
Sobre todo, había visiones de la vida, de la producción y de la participación ciudadana muy diferentes a las que reflejaba el proyecto de ley que el oficialismo planeó aprobar a las apuradas en noviembre de 2016, luego de acordar con las entidades ruralistas una ampliación de zonas aptas para la producción ganadera.
El tratamiento del proyecto se pospuso y sigue en análisis, con la mediación de la Defensoría del Pueblo. La discusión continúa, pero ahora muy condicionada por un conflicto socioambiental extendido, que se suma a una larga lista de desacuerdos sociales que surgen de problemáticas ambientales y que, superpuestos, nos atraviesan como nunca antes y definen un nuevo modo de participación política.
Repasemos los conflictos que se hicieron visibles en Córdoba en las últimas semanas: sigue el acampe de un grupo de habitantes de Villa Parque Santa Ana contra la planta de tratamiento de basura que Cormecor aún no pudo comenzar por una cautelar interpuesta por vecinos; se sumó la conmoción que causó la inundación y posterior derrame de sustancias peligrosas en la planta de residuos industriales de Taym; desde Villa Carlos Paz un lago San Roque plagado de algas y con olor a podrido trajo a la mesa la contaminación que la falta de cloacas impone a media provincia; Villa El Libertador continúa movilizada porque se sigue hundiendo en napas de aguas servidas y en decenas de pueblos crece, silenciado pero siempre presente, el fantasma del impacto de los agroquímicos sobre la salud.

Puntos en común
Son todas situaciones particulares, pero con elementos comunes que la sociología estudia hace años y que tienen patrones muy similares en toda Latinoamérica. La inmensa mayoría de los conflictos socioambientales nace de la preocupación por la salud o la posible pérdida de la calidad de vida por un cambio productivo o por la transformación del medio a través de obras públicas o emprendimientos privados.
De inmediato se gesta la organización vecinal: grupos de WhatsApp, páginas en Facebook, búsqueda de antecedentes, afianzamiento con términos técnicos y legales, asesoramiento de organizaciones ambientalistas, reuniones, asambleas y marchas de reclamo son los pasos que suelen seguirle a esa preocupación inicial.
Las redes sociales, la enorme cantidad de información disponible –no siempre de calidad, ni avalada científicamente– y el rápido involucramiento de las ONG ambientalistas suele ser decisivo para la conformación del movimiento de resistencia vecinal. Después le siguen, muchas veces, acciones concretas: recursos judiciales o medidas directas. Acampes, escraches o manifestaciones son parte de ese repertorio. Así se pone en marcha otro conflicto.
Las controversias socioambientales más profundas en Córdoba incluyeron recursos judiciales, que muchas veces fueron receptados en Tribunales y fortalecieron los reclamos. Así fue en el caso Monsanto en Malvinas Argentinas, en la pelea de Ituzaingó Anexo contra las fumigaciones –que incluyó la primera condena del país por el uso indebido de agrotóxicos–, en la crisis sanitaria de Villa El Libertador y en el conflicto de Villa Parque Santa Ana contra Cormecor, entre tantos otros.
Federico Macciocchi, abogado especializado en derecho ambiental, presidente de Club de Derecho y miembro de Fundación Tercera Generación, intervino en varios de esos casos en representación de los vecinos y no duda en que los conflictos tienen como denominador común "el desprecio por las normas ambientales de buena parte de los funcionarios del Estado, la indolencia ante situaciones de riesgo y el incumplimiento de su deber de anticiparse a un posible daño ambiental". Y ejemplifica: "A Monsanto le autorizaron su fallida planta de Malvinas Argentinas antes de que presentara el estudio de impacto". Finalmente, ese estudio fue presentado y rechazado por Ambiente.
También considera que buena parte de los jueces desconoce el derecho ambiental, y que el Poder Judicial en su conjunto aún no concibe al ambiente como un bien colectivo, ni al derecho a un ambiente sano como derecho humano fundamental. Además, su experiencia litigando le indica que la Justicia sólo actúa si hay movilización popular: toda una invitación al conflicto.

La mirada desde el Estado
Fabián López, ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos comienza aclarando: "Los conflictos socioambientales no son negativos: son parte de una etapa de maduración de la sociedad en relación con el ambiente, y también son parte de los desafíos que incluye el desarrollo socioeconómico sustentable". Recalca que es positivo el involucramiento y la movilización de una sociedad preocupada por el ambiente, que la clave es que existan herramientas e instrumentos para arribar a soluciones, y que las partes logren establecer un piso mínimo de conocimiento científico-técnico que permita negociar con rigurosidad y opiniones fundadas.
Para López, la nueva ley de Política Ambiental –existe consenso respecto del avance que supone esa norma gestada en medio el conflicto de Malvinas Argentinas contra Monsanto– ofrece 16 herramientas concretas de intervención, establece que la opinión de los ciudadanos debe ser tenida en cuenta y pone a Córdoba a la vanguardia en materia de resolución de conflictos ambientales. Desde que esa norma está vigente ya hubo más de un centenar de audiciencias públicas ambientales.
El biólogo Federico Kopta, del Foro Ambiental Córdoba, coincide en la defensa de esa ley provincial (la 10.028). No obstante, considera que hace falta aplicarla con mayor convicción y que esa norma no logró que el Estado acepte por completo los procesos participativos. Sostiene que el temor de los funcionarios a los conflictos ambientales, el sigilo y la escasa información pública sobre algunos proyectos es lo que termina potenciando esos conflictos.
"Mediar es difícil siempre. Hacerlo en las controversias ambientales, en las que las posturas suelen ser a todo o nada, es más difícil. En especial porque una parte debe ceder, y casi siempre debe hacerlo sin garantías de instancias de control posteriores. El factor que sobrevuela todos los conflictos es la escasa credibilidad en los distintos organismos que deben controlar", insiste Kopta.

La clase y el conflicto
Kopta aporta otro elemento: los conflictos ambientales suelen ser la reacción de grupos conectados, informados y de posiciones sociales medias que pelean por mantener su calidad de vida. "Hay un sector de la población que padece los problemas ambientales más serios y que ni siquiera percibe el riesgo, por lo que tampoco reacciona. Los pobres por lo general no plantean conflictos ambientales, y existe el riesgo de que sean ellos los que terminen asumiendo lo que rechazan otros sectores sociales", señala.
El sociólogo y planificador urbano chileno Franscisco Sabattini, docente de la Pontificia Universidad Católica de ese país, agrega a todo esto un elemento clave: la incidencia de la mediatización de los conflictos socioambientales. "Se trata de conflictos de intereses, son conflictos porque hay razón en ambas posturas y en muchos casos la movilización impone una igualdad de fuerzas. Ese es el momento en que el conflicto suele ser definido por los periodistas. Ni siquiera digo por la línea editorial de los grandes medios, sino los periodistas", planteó semanas atrás en Buenos Aires.
Su explicación: es el discurso periodístico el define el problema ambiental –el conflicto de Parque Santa Ana, por ejemplo, suele mencionarse como "la pelea contra el basural de Mestre" o "contra el complejo ambiental de Cormecor, que incluye enterramiento y cinco plantas de valorización de residuos"–, legitima a los actores, denomina la razón de la controversia y estabiliza el conflicto, dándole continuidad en la discusión pública e incluyendo a toda la sociedad en ese debate. Sabattini considera que el modo en que esa discusión abre puertas a la negociación o clausura con intransigencia el debate suele influir mucho en el modo en que finalmente se resuelve la disputa.


Conflictos socioambientales: Monsanto en Malvinas, una insignia

Un grupo de vecinos, junto a activistas ambientales y militantes agroecológicos de varios lugares del país mantuvieron durante más de tres años en los accesos al predio.
Pronto hará cinco años desde que, primero la expresidenta Cristina Fernández y luego el exgobernador José Manuel de la Sota, anunciaron una megainversión de la multinacional Monsanto en Malvinas Argentinas: 1.500 millones de pesos para construir una de las plantas de acondicionamiento de semillas de maíz transgénicas más grandes del mundo. 800 puestos de trabajo cuando estuviera funcionando y la articulación de un cinturón maicero de relevancia internacional en Córdoba. Eso decía el anuncio.
Hoy ese predio de Malvinas está vacío. Monsanto se lo vendió a Regam/AMG, luego de desmontar la obra que quedó inconclusa debido al bloqueo que un grupo de vecinos, junto a activistas ambientales y militantes agroecológicos de varios lugares del país mantuvieron durante más de tres años en los accesos al predio. Fueron ellos los que decidieron que esa inversión no se concretaría: con 30 carpas frente a los accesos al predio, persistencia y reclamos judiciales impusieron esa determinación a la compañía de agronegocios más poderosa del mundo, al Estado que propició su desembarco y a todos los sectores empresarios que vieron azorados cómo caía un proyecto productivo gigantesco a manos de "un grupo de fanáticos". Tal vez sea ese error de diagnóstico sobre lo que supone un conflicto socioambiental lo que condenó al fracaso el proyecto de Monsanto.
Mientras los funcionarios desacreditaban el "acampe" de Malvinas por "marginal, trosko y minoritario", el impacto internacional de esa pelea desigual contra Monsanto crecía y llovían apoyos para los manifestantes: desde una foto del Papa con la bandera que decía "Asamblea Malvinas lucha por la vida", a la visita de Manu Chao entre muchos otros artistas, además respaldos locales que crecieron, derivaron en marchas en Córdoba e instalaron una lógica que ningún poder local pudo frenar: agitación a través de redes sociales y resistencia pacífica en los ingresos al predio.

Reflexión postergada
La reflexión política sobre lo que ocurrió en Malvinas Argentinas todavía no se produjo, pero ese conflicto insignia dejó mensajes alarmantes: todas las instituciones del Estado naufragaron ante un grupo que logró convencer a mucha gente de que su salud estaba en peligro. Ni el municipio ni la Provincia lograron explicarle nunca a los vecinos de Malvinas Argentinas lo contrario.
Tampoco acreditaron en base a qué estudios de impacto ambiental habían autorizado ese proyecto, y por esa razón la Justicia frenó las obras. Continúan imputados por abuso de autoridad el entonces intendente de Malvinas y actual secretario de la Municipalidad de Córdoba, Daniel Arzani; el exsecretario de Ambiente de la Provincia, Luis Bocco; el exfuncionario municipal Rubén García y siete exconcejales.
Muchas veces se evaluó la posibilidad de una consulta popular en Malvinas, pero nunca se concretó. Finalmente, la Provincia bajó los brazos en la defensa del proyecto en base a encuestas, y luego de la Justicia avanzara con las imputaciones. Pero en las elecciones municipales de 2015 ganó por estrecho margen Silvina González, también radical y secretaria de Gobierno de la gestión de Arzani, que autorizó el proyecto. Le ganó por casi 500 votos a Malvinas Despierta, expresión política de la asamblea anti-Monsanto.
Cinco años después, no tienen respuestas las principales preguntas sobre aquel proyecto: ¿Realmente esa planta era un peligro para la salud de Malvinas Argentinas o esa localidad perdió una gran oportunidad productiva y 800 puestos de trabajo? ¿La oposición a Monsanto realmente era mayoritaria en Malvinas? ¿Cómo pudo el Estado autorizar ese emprendimiento de esa magnitud y de esa sensibilidad antes de que estuvieran los estudios de impacto ambiental?


Conflictos socioambientales: Cinco fenómenos que generan controversia

Gentrificación, "No en mi patio", urbanizaciones en suelo rural y otros temas ecológicos que despiertan controversias sociales.
No en mi patio. "Not In My Back Yard" (Nimby) se denomina a la reacción que se produce entre vecinos que se organizan para enfrentarse a los riesgos que supone la instalación en su entorno inmediato de actividades o instalaciones que son percibidas como peligrosas, pero sin oponerse a las actividades en sí mismas. El ejemplo más cercano es el acampe de vecinos de Villa Parque Santa Ana en contra del complejo ambiental que planea construir Cormecor a pocos metros de esa localidad. Antes, el mismo emprendimiento fue rechazado en otras localidades: Lozada, Toledo y Bouwer. Las protestas barriales que por años rodearon la instalación de las antenas de telefonía son otro ejemplo.
Urbanización de suelo rural. En Córdoba, los conflictos socioambientales por esta causa se focalizan en las zonas serranas, ya que suponen alteraciones paisajísticas y desmontes. El más reciente fue por el country El Terrón en Mendiolaza. Hay muchos antecedentes: una década de conflicto y pelea judicial en Carlos Paz por el country Le Quartier de la Montagne (hoy  View Lake), las protestas en contra de un emprendimiento inmobiliario en la zona de la histórica capilla de Candonga, la polémica por el megadesarrollo en torno a la Laguna Azul o, en su momento, la reacción contra la instalación de Dinosaurio en Salsipuedes.
Obras públicas con impacto ambiental. En 1996 la movilización en contra de la construcción de un dique en Cuesta Blanca que planeaba construir la Provincia fue un hito para el movimiento ecologista. En la actualidad, la resistencia al sistema de minidiques que la Provincia proyecta en la zona de Ascochinga para prevenir inundaciones incluyó la asistencia récord de vecinos a una audiencia pública ambiental, y el proyecto está frenado. La Municipalidad de Córdoba nunca pudo extender la avenida Costanera hacia el noroeste por la oposición de los vecinos que defienden la Reserva San Martín. La semana pasada, los vecinos de la comuna de San Roque salieron a protestar por el impacto que tendrá el anunciado puente sobre el lago que supone la Variante Costa Azul.
Convivencia residencial-industrial. Es una constante fuente de conflictos socioambientales, y en la ciudad de Córdoba hay cientos de industrias funcionando en zonas residenciales. Algunos de los conflictos más importantes vinculados a esta causa: el que rodea a la planta de Dioxitek en Alta Córdoba y la movilización de un grupo de vecinos de la zona sur contra la planta de Porta Hermanos.
Gentrificación. El término proviene del neologismo inglés gentrification, que se traduce como "elitización" de un espacio urbano. Supone la imposición de proyectos arquitectónicos para un sector social de mayor poder adquisitivo en barrios que fueron propios de sectores más humildes. El fenómeno casi siempre va acompañado del desplazamiento de los habitantes tradicionales del barrio, ya sea por el encarecimiento de la vida o por la presión que ejerce el sector inmobiliario, que termina adquiriendo las viviendas para levantar grandes desarrollos. Este tipo de conflicto se comenzó a observar en Córdoba: la reacción de varios barrios de la zona sur contra el megacomplejo que Corporación América hará en las tierras del ex Batallón 141 es un ejemplo.


Conflictos socioambientales: Otros hitos de las cruzadas locales

Además del reclamos de los vecinos de Santa Ana y del acampe contra Monsanto, hubo otras organizaciones sociales contra la extracción de uranio en las sierras, los agroquímicos o las fumigaciones.
Uranio en Los Gigantes, una pelea que lleva 25 años. Durante casi una década y hasta 1990 se extrajo uranio en Los Gigantes. La planta fue cerrada por las protestas ambientales, pero eso no significó el fin del conflicto: quedan allí, millones de toneladas desechos radiactivos y metales pesados que siguen contaminando ese lugar del que surge buena parte del agua que se toma en Córdoba. La Comisión Nacional de Enegía Atómica (Cnea) hace dos décadas que promete remediar Los Gigantes y no cumplió. La protesta social resurgió con fuerza el año pasado, cuando se conoció que se proyectaba trasladar a ese lugar las 58 mil toneladas de residuos radiactivos que se acumulan en la planta de Dioxitek en barrio Alta Córdoba.
Cuesta Blanca y otros diques que no fueron. En 1996 Gobierno provincial de Ramón Mestre se disponía a iniciar un gran dique de 100 hectómetros cúbicos en Cuesta Blanca para garantizar el agua a Villa Carlos Paz y alrededores. Fue inmediato el rechazo en las comunidades del sur de Punilla, por el costo ambiental que suponía el proyecto y luego de meses de conflicto, fue descartado. Luego serían rechazados por la misma causa otros proyectos de microembalses sobre el mismo río San Antonio. Otro conflicto similar estalló el año pasado en la zona de Ascochinga cuando la Provincia anunció un sistema de diques sobre el río Carapé para prevenir inundaciones.
Ituzaingó peleó por su vida. En 2002, un grupo de mujeres alarmadas por los casos de cáncer en este barrio de la zona sur de la ciudad de Córdoba inició una lucha que tuvo consecuencias inéditas: por caso, la primera condena en el país por fumigar con agrotóxicos y sin escrúpulos. En 2012, la Cámara 1ª del Crimen condenó a un aeroaplicador y a un productor a tres años de prisión por poner en riesgo la salud.
Al principio estas mujeres sólo reclamaban atención médica. Sofía Gatica perdió a su hija y fue quien realizó el primer censo sociosanitario para registrar a los enfermos. Luego se transformaron en las "Madres de Ituzaingó" y lograron generar conciencia, determinar de qué se componía el cóctel que los enfermaba, y hacer que el Estado tome en cuenta ese problema. Consiguieron mejoras para el barrio y por ellas se aprobó la ley que prohíbe las fumigaciones sobre zonas urbanizadas. Hace 15 años que mantienen su lucha.
Agroquímicos, el conflicto que sobrevuela media provincia. Las reacciones locales contra la fumigación con plaguicidas tal vez constituyan el conflicto más inquietante, más extendido y más ignorado a lo largo de la provincia y de buena parte del país: de un lado está la preocupación por la salud y del otro, la actividad productiva que más divisas aporta al país. Ese conflicto está liderado por la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, que advierte sobre los daños que –en especial– el glifosato produce sobre la salud humana. Esas consecuencias son negadas por los laboratorios de agroquímicos y por todas las entidades agrícolas. Pero hubo datos oficiales alarmantes sobre la incidencia de cáncer en los departamentos de la zona núcleo sojera.
.

Fuerte "lobby empresario" por la nueva Ley de Semillas



Denuncian vínculos entre el Gobierno y agroquímicas, que condicionan la nueva Ley de Semillas

Fecha de Publicación
: 27/03/2017
Fuente: El Tribuno (Salta)
Provincia/Región: Nacional


La ONG ambientalista Greenpeace denunció hoy que existe un fuerte "lobby empresario" detrás del proyecto de nueva Ley de Semillas, porque existen al menos 30 vínculos entre las compañías y funcionarios del Gobierno.
La ONG internacional presentó una investigación en la que enumera a los funcionarios vinculados con las compañías debido a que hay empresarios del sector que directamente asumieron en cargos en el Estado. Asimismo, Greenpeace afirma que el proyecto de ley impulsado por la administración de la alianza Cambiemos propicia "un modelo que concentra el control de las semillas y los alimentos en pocas manos".
"Quién controla las semillas, controla la alimentación", dice en su inicio el informe que dio a conocer la organización ambientalista fundada en 1971 en Vancouver, Canadá, que lucha contra los transgénicos. En la ONG argumentan que existe un proyecto de ley que avanza en ese sentido y que fue gestado por grandes empresas de cultivos transgénicos y agrotóxicos y fundaciones financiadas por las mismas empresas.
Greenpeace alega que esta nueva ley, impulsada por el Gobierno nacional, pretende limitar el uso libre de semillas para beneficio de las grandes empresas. A su vez, el proyecto, enviado al Congreso en octubre de 2016, no contempló ninguna de las solicitudes de agricultores familiares, campesinos, indígenas, académicos y universidades, denuncia la ONG.
El informe señala que al menos 30 funcionarios tienen vínculos con el oligopolio de la industria química, encabezado por Monsanto-Bayer, Dow-Du Pont, Syngenta-ChemChina y BASF, que controlan el 60% del mercado mundial de semillas y el 65% de las ventas mundiales de agrotóxicos.
"Una ley de semillas que da más poder a empresas agroquímicas solo puede traer más contaminación para los pueblos fumigados, más destrucción de bosques nativos y menos alimentos saludables accesibles para toda la población", dijo Franco Segesso, miembro del área de campañas de Greenpeace. En su denuncia, la ONG dice que el lobby empresario actúa en sectores diplomáticos, en el Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y en amplios sectores del agro argentino.
Algunos de los funcionarios señalados son el ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile; el jefe de Gabinete de Agroindustria, Guillermo Bernaudo; y la coordinadora de Políticas Públicas para el Desarrollo Sustentable del mismo ministerio, Beatriz Giraudo. También el jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña; el diputado nacional, Pablo Torello; el senador nacional, Alfredo De Angelis, entre otros.
La investigación presentada por Greenpeace destaca que "el lobby es ejercido hacia los funcionarios públicos que tienen vínculos con las empresas o por medio de asociaciones que las representan".
La Multisectorial contra la Ley Monsanto de Semillas, conformada por más de 50 organizaciones sociales, campesinas, ambientales y académicas, rechazó cualquier modificación a la Ley de Semillas vigente (N° 20.247). Y reclama esa multisectoral que los senadores y diputados detengan "las maniobras que benefician a los actores del agronegocio y legislen a favor de la salud, la vida y la alimentación de los argentinos".
Greenpeace recordó en un comunicado que un reciente informe de las Naciones Unidas alertó, también, que la industria agroquímica está dominada por este grupo reducido de empresas transnacionales que ejercen poder sobre la agenda regulatoria, las iniciativas legislativas y la investigación agroquímica a nivel mundial.
.

Monsanto en la TV pública



La TV Pública cede espacio a Monsanto mientras crecen las intoxicaciones por plaguicidas

Fecha de Publicación
: 05/12/2016
Fuente:  Tiempo Argentino
Provincia/Región: Nacional


El último Boletín Epidemiológico del Ministerio de Salud de la Nación registró un aumento del 26% en personas afectadas por herbicidas.
La multinacional líder en agronegocios Monsanto sigue ganando espacios de poder de la Argentina. La empresa denunciada por glifosato en todo el mundo sumó en los últimos días su presencia en programas de televisión de canales públicos. Al mismo tiempo, un dato aportado por el Boletín Epidemiológico del Ministerio de Salud de la Nación genera alarma: los intoxicados por plaguicidas aumentaron un 26% este año.
La TV Pública arrancó sin muchos anuncios un nuevo programa llamado Locos por el campo los domingos a las 14. El detalle es que tiene el auspicio central de Monsanto, quien se encargó de promocionar el envío en su Twitter. El protagonista central es Fernando Entín, galerista de arte que visita establecimientos rurales y conoce cómo producen leche, carne, soja y trigo.
Aparte de Monsanto (cuyo representante de Asuntos Legales habla en el canal de Youtube del programa), también los acompaña la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (CREA), de donde proviene Luis María Urriza, subsecretario de Agricultura del Ministerio de Agroindustria. Desde la productora Comando TV anunciaron que el producto "pretende ser un certero reflejo de lo que es la actividad agropecuaria".
El director del canal, Horacio Levin, admitió a Página/12 que desconocía los auspiciantes aunque no cree que "afecte a la artística del programa".
Y contó: "En mayo me vino a ver Nicolás Borenstein, de Comando TV, y me mostró el programa. Me encantó. Me dijo que me lo daba gratis a cambio de tres chivos. Como no tenía ninguna erogación para el Estado dije que sí."
Durante la semana pasada, Canal Encuentro también le dio lugar a Monsanto en el programa "¿Qué piensan los que no piensan como yo?" El tema de debate era el agro y los transgénicos. Y ahí Dardo Lizárraga, ingeniero, líder de Operaciones de Semillas de la compañía, afirmó que "si eliminamos el glifosato no se resuelven ninguno de los otros problemas: la desnutrición, el hambre mundial, etcétera".
Cuando se habla de Monsanto hay que referirse a la mayor empresa multinacional del agronegocio y la biotecnología del planeta, líder en el desarrollo de la soja transgénica y el herbicida glifosato, "probablemente cancerígeno" según dictaminó la OMS. Pero lo suyo no es sólo la soja. En septiembre fue adquirida por la farmacéutica Bayer en 66 mil millones de dólares.
El médico Damián Verzeñassi, subsecretario académico de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario, lleva realizados 28 campamentos sanitarios en localidades rurales, donde evalúan el estado de sus habitantes. "Que Monsanto-Bayer tenga la posibilidad de financiar y estar presente en la TV pública de nuestro país no es pluralidad de voces sino habilitar los espacios que son del pueblo a quienes están dañando, enfermando y matando al pueblo", asegura a Tiempo.
En el rubro "Intoxicación aguda por agentes químicos" del Boletín Epidemiológico del Ministerio de salud el ítem que más creció es el de plaguicidas (un 26%). De 1315 casos en 2015, a 1659 este año.
"A partir de la instalación del modelo de producción de transgénicos en nuestra región han cambiado las formas de enfermar y morir de las poblaciones: cada vez tenemos mayores problemas de salud vinculados al sistema endocrino, a problemas respiratorios, de abortos espontáneos, de malformaciones congénitas, y también enfermedades oncológicas. Esto pudimos evidenciarlo con nuestro trabajo de campo", resalta Verzeñassi. Según sus relevamientos en la zona que rodea a Rosario "se incrementó un 848% el uso de venenos". Al regresar de La Haya, donde testimonió contra Monsanto para que sea incorporada la figura de "ecocidio" como delito penal, Verzeñassi se encontró con que la universidad le había clausurado sus oficinas con cadenas.
La inserción de Monsanto en la TV Pública "tiene que ver con estrategias de legitimación que fueron encontrando para justificar los efectos nocivos que ya se hacen más que evidentes", subraya Tamara Perelmuter, integrante del Grupo de Estudios Rurales del Instituto Gino Germani de la UBA. Al ser constitutivos los agrotóxicos del modelo agrario que tiene el país desde hace 20 años, propone como salida cambiar el modelo: "Cerca del 60% de la superficie cultivada del país tiene soja transgénica. Cada vez es necesaria más cantidad de glifosato para misma cantidad de superficie." «

Más fondos para la soja en el norte

Tras la quita de retenciones, devaluación, modificación de Ley de Semillas y compra de tierras por extranjeros, el sector de agroindustria sigue recibiendo beneficios por parte del Ejecutivo. El presupuesto nacional aprobado en el Congreso prevé una partida extra de 4.500 millones de pesos para el Ministerio de Agroindustria, de los cuales 1000 millones irán como compensación a la producción de soja en las provincias comprendidas por el Plan Belgrano. Esos 4500 superan en más de seis veces los 700 millones que el gobierno decidió otorgarle como “refuerzo” al presupuesto de Ciencia, y que fuera anunciado en todos los medios afines.
.

El movimiento anti Monsanto en Córdoba sigue firme



Monsanto se fue, pero los asambleístas seguirán frente al predio de Malvinas

Fecha de Publicación
: 25/10/2016
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba


Quienes mantienen el acampe quieren conocer más detalles del proyecto de polo industrial en ese terreno. Desde el municipio aún no poseen mayor información para brindar.
“El fuego de la vida está en el bloqueo”. La frase está escrita en un trozo de tela deshilachada que flamea en la entrada del acampe que se instaló hace cuatro años frente al ingreso principal al predio de Malvinas Argentinas en el cual la multinacional Monsanto proyectaba levantar una planta de semillas de maíz.
Un poco más allá, otro retazo colgado del alambrado perimetral resume las convicciones de quienes se opusieron al emprendimiento desde el primer día: “El enemigo es Monsanto. La salida es colectiva”.
Y pese a que la compañía estadounidense –productora de agroquímicos y biotecnología destinada a la agricultura– anunció el 3 de agosto que desactivaba el plan y ponía a la venta el lote de 26 hectáreas, el campamento se mantiene. Aunque la actividad y el número de participantes se redujeron de manera sensible.
A la par de las construcciones precarias, se levantó un pequeño salón con bloques de cemento y techo de zinc. “Lo hicimos para protegernos de las lluvias”, explicó Gustavo, uno de los asambleístas activos. “Seguimos aquí porque tenemos más dudas que certezas”, agregó por su parte Eli, vecina de esa ciudad del departamento Colón –14 kilómetros al este de la Capital provincial– e integrante del colectivo que resiste.
“Nos enteramos por los medios de que Monsanto transfirió, supuestamente, estas tierras a una constructora cordobesa que piensa lotearlas y transformarlas en un parque industrial de pyme. Pero la escasa información al respecto es difusa y poco seria”, aseguró la mujer.

Pedido de informe
En la sesión del martes último, los concejales opositores presentaron un proyecto de pedido de informes requiriendo al Ejecutivo precisiones acerca del destino del predio que, en el plano catastral de la provincia, figura como zona de servicios. Lo hicieron ante “la necesidad de conocer en detalle los proyectos industriales que se desarrollan” en el pueblo y para “transmitirles a los vecinos información certera y veraz sobre el nuevo destino que tendrá el lote que pertenecía a Monsanto”, aclaró Vanesa Sartori, integrante del bloque Malvinas Despierta.
Al día siguiente, la empresa AMG Obras Civiles presentó una nota breve a la intendenta de Malvinas Argentinas, Silvina Paola González (UCR), en la cual le comunica que adquirió a la multinacional las 28 hectáreas y que la intención es desarrollar un polo fabril.
“No es ni siquiera un anteproyecto. Es sólo una idea, un panorama sencillo de lo que querrían hacer, acompañado de un dibujo muy simple del loteo”, dijo a La Voz Nicolás Arzani, secretario de Gobierno del municipio.
“AMG no presentó hasta ahora un boleto de compra venta del inmueble ni un proyecto de obra, como se exige en estos casos. Por eso aún no le enviamos nada al Concejo Deliberante ni podemos responder el pedido de informes”, agregó. El joven funcionario es hijo del exintendente de Malvinas Argentinas Daniel Arzani, actual secretario General de la Municipalidad de Córdoba.
Este integrante del gabinete de Ramón Mestre está imputado por supuesto abuso de autoridad al consentir durante su gestión el cambio de uso del suelo para que Monsanto pudiera construir la semillera de la discordia. En igual situación y por el mismo motivo se encuentra imputado el exsecretario de Ambiente de la Provincia Luis Bocco, entre otros funcionarios de ambas jurisdicciones.
Según la acusación, los terrenos no eran aptos para destinarse a emprendimientos industriales, conforme con disposiciones de la Ley Provincial de Uso del Suelo.
“A la decisión de mantener o levantar el acampe la vamos a tomar, como siempre, en el seno de la asamblea”, señaló Eli.
“Hay gente que pregunta por qué lo mantenemos. Seguimos acá porque tenemos más dudas que certezas, porque estamos cansados de las mentiras y que nos digan una cosa y hagan otra muy distinta”, concluyó la asambleísta, aún en pie de lucha.

Un camino sinuoso: comienzo y fin
Cómo fue la fallida historia de Monsanto en Malvinas.
2012. En junio, la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció que Monsanto realizaría una inversión millonaria en Malvinas Argentinas.
2013. En septiembre, la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida organizó un acampe en el ingreso al predio para oponerse a la obra.
2014. En febrero, los asambleístas lograron detener los trabajos por la vía legal.
2016. El 3 de agosto, la multinacional anunció su despedida.
.

Verzeñassi en el Juicio Internacional a Monsanto



Un argentino representará a Latinoamérica en el juicio por 'ecocidio' a Monsanto

Fecha de Publicación
: 12/10/2016
Fuente: Revista El Federal
Provincia/Región: Nacional


Del 14 al 16 de octubre se realizará el Primer Juicio Internacional a Monsanto. El médico argentino Damián Verzeñassi, subsecretario académico de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario será el único profesional latinoamericano que expondrá como testigo ante el Tribunal de La Haya, Países Bajos.
Se acerca el día en que la multinacional productora de agroquímicos Monsanto tendrá que enfrentarse a una Corte Internacional de abogados y jueces. Del 14 al 16 de octubre Monsanto deberá responder por los daños irreparables que causó (y causa) en la salud humana y el medio ambiente con los productos altamente tóxicos que desarrolló desde principios del siglo XX, siendo actualmente el Glifosato su creación estrella, el herbicida sobre el cual la Organización Mundial de la Salud (OMS) ya advirtió que puede causar cáncer.
El médico argentino Damián Verzeñassi, subsecretario académico de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), será el único representante de Latinoamérica que expondrá como testigo en el Tribunal Internacional Monsanto (TIM).
El TIM es una iniciativa de la sociedad civil internacional para examinar la responsabilidad por las violaciones a los derechos humanos, crímenes contra la humanidad y ecocidio, que cometió la compañía química estadounidense Monsanto en todo el mundo, con la finalidad de generar un saber científico-jurídico que permita a la Corte Penal Internacional de Justicia tener sustento a la hora de analizar casos de daños ambientales a nivel internacional.
Juristas de las universidades Católica de Lovaina (Bélgica); de Yale, New Haven (Estados Unidos) y de Burdeos (Francia), revisarán todos los testimonios y armarán un compendio para sustentar una nueva doctrina jurídica.
Entre las empresas demandantes destacan Organic Consumers Association (OCA), IFOAM International Organics, Navdanya, Regeneration International (RI), y Millions Against Monsanto, grupos pacifistas, de justicia ambiental y alimentación global.
Ronnie Cummins, Director Internacional de OCA (Estados Unidos) sostiene que Monsanto es "la mayor amenaza que los seres humanos han enfrentado en 100-200.000 años de evolución-calentamiento global y trastornos climáticos. ¿Por qué hay tanto dióxido de carbono, metano y óxido nitroso en la atmósfera y no hay suficiente materia orgánica y carbono en el suelo?"
Según Vandana Shiva, fundadora de Navdanya (India): "Monsanto promueve un modelo agroindustrial que contribuye con al menos un tercio de las emisiones de gas de efecto invernadero antropogénicas y es responsable de la merma de los recursos del suelo y el agua, especies y la declinación de biodiversidad y el desplazamiento de millones de pequeños campesinos en todo el mundo."
Andre Leu, presidente de IFOAM afirmó: "La historia de Monsanto puede ser leída como un manual de estilo sobre impunidad, beneficiando a las corporaciones trasnacionales y sus ejecutivos, cuyas actividades contribuyen a las crisis del clima y la biosfera y amenazan la seguridad del planeta."
Marie-Monique Robin, directora del documental 'El mundo según Monsanto', declaró: "Solamente a través de un resurgimiento colectivo de todas las fuerzas vivas podremos acabar con esta máquina de destrucción. Por ello hago un llamado a todos los ciudadanos del mundo a participar en este ejemplar tribunal."
Te invitamos a mirar nuestro video 'Cuando la producción de alimentos nos enferma', para que veas el riesgo en que nos pone el modelo de agroproducción actual de nuestro país.
.

Ley de semillas ya por otro debate

Con distintas visiones se abre el debate de una nueva ley de semillas en el Congreso

Fecha de Publicación
: 20/08/2016
Fuente: BAE Negocios
Provincia/Región: Nacional


Las discusiones de meses atrás en donde la multinacional Monsanto impulsó un sistema propio para el cobro de su tecnología aplicada a la semilla llevó a que el Ejecutivo intervenga con la consigna de que una empresa no podía meterse en la comercialización de granos dado que eso significaba poner trabas al ingreso de divisas al país. Este contexto impulsó la necesidad de cambiar la vieja ley que data de 1970. Será entonces en el Congreso donde se dirima el debate.
Los proyectos que llevan adelante tanto el oficialismo como la oposición buscan establecer límites a las empresas a la hora de vender sus productos, así como también en el uso propio. Las entidades del campo también llevan al Parlamento su propia propuesta.
Todo se centrará en saber lo que Agroindustria dará a conocer mañana ante la Comisión Nacional de Semillas (Conase). Este diario pudo saber que el proyecto que acotará el uso propio estará enmarcado en la facturación que tiene cada productor. Una información que tomó sobre la base de los datos de la AFIP.
En este punto es distinto de la iniciativa de la Federación Agraria que fuera presentada ayer. Para la entidad federada los chacareros que comercialicen por año 1.500 toneladas de soja estarán exceptuados del pago de la tecnología.
En referencia con el cobro y/o uso de la semilla por parte de las empresas, el Gobierno no pone peros al respecto y deja libre ese ítem al sostener “que no es un tema que compete a la nueva ley sino que es parte de la Ley de Patentes”.
Los federados sí ponen el grito de Alcorta en lo más alto al rechazar de plano “las cláusulas abusivas”, un tema que buscó instalar Monsanto a partir del testeo, así como también negar todo tipo de “licencias monopólicas en caso de que no se provea en cantidad y precio adecuando la semilla”.
Precio es precisamente lo que sostiene el proyecto del diputado massista Gilberto Alegre: “La regalía por un kilogramo de semilla no podrá exceder el cero siete por ciento (0,7%) del valor de un quintal del grano puesto en un mercado centralizador”. Un punto que no acepta la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA) por considerar que no es viable poner valores máximos o mínimos, de lo contrario debería pasar en otras cadenas comerciales, por ende será el productor el que libremente elegirá a quién comprar generando así un pelea sana, pero acá también estará en juego si las empresas no se ponen de acuerdo para establecer precios similares.
Lo cierto es que el debate se dará pronto. La necesidad de que las empresas cobren por sus descubrimientos es cierto y necesario. Pero también es cierto que productores de otros países iniciaron juicios.
Por eso el intercambio de ideas en el Parlamento será rico. Algunos diputados son positivos en que hay consenso para sacar las leyes, otros lo ponen en duda. Mientras no haya una definición rápida el productor será el que lleve las de perder.
Hoy hay un acuerdo vigente para la campaña 2015/2016. Pero llega la nueva y volverán nuevamente las discusiones. Se entiende que habrá una extensión, que dirán los dirigentes del campo.

Pequeños agricultores
Impulsan producción sustentable sin agroquímicos
Pequeños agricultores del Litoral que impulsan la producción sustentable de alimentos advirtieron el “daño” que los
agroquímicos generan sobre el medioambiente y abogaron por la planificación de políticas públicas agrícolas que protejan el suelo, en medio de una fortísima lucha por la tierra y el avance de las corporaciones semilleras.
Pequeños agricultores del Litoral que impulsan la producción sustentable de alimentos advirtieron el “daño” que los
agroquímicos generan sobre el medioambiente y abogaron por la planificación de políticas públicas agrícolas que protejan el suelo, en medio de una fortísima lucha por la tierra y el avance de las corporaciones semilleras.
Unos 400 productores campesinos e indígenas, referentes de organizaciones sociales, académicos y funcionarios protagonizaron el Encuentro Regional de Agroecología en Montecarlo, Misiones.
Según los agricultores, los agroquímicos son reemplazados por prácticas naturales que mantienen la fertilidad del suelo en la producción de yerba mate, mandioca, hortalizas, jugos, mermeladas y hasta plantas medicinales que son procesadas en origen y luego comercializadas a través de ferias y cooperativas en toda la provincia.
.

La polémica Ley de Semillas se presentaría el 17



Ley de Semillas: el proyecto oficial será presentado el 17

Fecha de Publicación
: 08/08/2016
Fuente: AgroVoz
Provincia/Región: Nacional


El proyecto oficial para sancionar una nueva Ley de Semillas será presentada el próximo 17 de agosto. Será ante la Comisión Nacional de Semillas (Conase), según lo anunció el jefe de Gabinete del Ministerio de Agroindustria, Guillermo Bernaudo, durante las jornadas de Aapresid que se desarrollaron en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
"El próximo 17 de agosto el Gobierno presentará el proyecto de ley de semillas ante la Comisión Nacional de Semillas (Conase) y en la semana siguiente será enviado al Congreso", anunció Guillermo Bernaudo.
Bernaudo hizo el anuncio en el marco de un panel sobre la regulación de la propiedad intelectual de las semillas, en la jornada de cierre del congreso de la Asociación de Productores de Siembra Directa (Aapresid), en Rosario.
También participaron de este panel el titular de Aapresid, Pedro Vigneau, y Miguel Rapela, de la Asociación Semilleros Argentinos.
.

La agricultura argentina en manos de Monsanto



Amenazan con aplicar multas a quienes obtengan semillas propias

Fecha de Publicación
: 05/08/2016
Fuente: AIM Digital
Provincia/Región: Nacional


Lo advirtió Raimundo Lavignolle, presidente del Instituto Nacional de Semillas. El objetivo es hacer cumplir la ley de patentes aprobada a pedido de la multinacional Monsanto para tener exclusividad en el comercio de semillas.
El presidente del Instituto Nacional de Semillas (Inase), Raimundo Lavignolle, afirmó en La Rural de Palermo que se aplicarán multas a quienes compren semillas que estén fuera de la normativa vigente.
“La gente que no cumple con la ley de semillas será sancionada. Estamos empezando a tener información sobre el sector ilegal de semillas, a partir del cruzamiento de datos,  de otra forma hubiese sido imposible porque en la práctica encontrar la semilla ilegal con un inspector del Inase sería muy difícil”, sostuvo, en una disertación acerca de la situación actual del sector semillero, en el marco de la 130 Exposición Rural de Palermo.
Al respecto precisó: “el problema pasa por lo que es la figura del uso propio. Yo adquirí semilla legal, entonces me puedo guardar lo que produje porque es para mí. Ahora, no las puedo intercambiar con mis amigos porque eso ya estaría fuera de la ley, no la puedo vender”.
La presentación tuvo como objetivo hacer un diagnóstico del sector así como también plantear cuál debe ser el rol del Estado en el actual escenario, la incorporación de nuevas tecnologías y la creación de políticas específicas que impulsen el desarrollo agrícola.
“Va a haber una multa para todos los que no pueden justificar la compra legal de semillas”, señaló Lavignolle, quien manifestó que es “momento de repensar cómo adecuar la norma para que podamos cumplir con todos los desafíos”.
En ese marco, definió como “desafíos” del Inase “combatir la ilegalidad” de las semillas; “difundir más la normativa vigente desde el Instituto de Semillas”, lo que calificó como “una gran deuda”;  generar “acceso a nuevos mercados”; e “incrementar la calidad y las normas de sanidad”; entre otros.
Además, reafirmó que el ministerio de Agroindustria está “trabajando en el proyecto de la nueva Ley de Semillas”, que “se va a presentar en agosto”, y aclaró que “el gobierno quiere se debata en el Congreso”.
Respecto a la constitución del directorio del Inase, manifestó que “no va a faltar mucho” para que el ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, “nombre al directorio”, y agregó: “Apoyo fuertemente la constitución del directorio del Inase. Quiero que se forme para que haya transparencia”.
.

Blog Archive

Seguir por E-Mail

Temas

Archivo de Blogs