El Gobierno pide en EE.UU. ayuda “directa” para proteger las riquezas naturales

Fecha de Publicación: 05/02/2021
Fuente: Clarin
Provincia/Región: Nacional


El ministro Juan Cabandié reclamó asistencia para preservar el patrimonio ambiental y ve oportunidades de trabajar con la administración Biden.
El Gobierno pidió este martes en Estados Unidos “ayuda financiera real, directa” para proteger el patrimonio ambiental argentino y criticó que los organismos internacionales exijan en este contexto de crisis al país una “precisión suiza” para el pago de la deuda. También destacó las oportunidades que se abren para trabajar con la nueva administración de Joe Biden sobre los urgentes desafíos climáticos.
En una conferencia virtual organizada por la embajada argentina en Washington, el ministro de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible Juan Cabandié señaló que la pandemia había enseñado que “no todo es tan fácil como pensaba la humanidad” y que desataba preguntas estructurales y filosóficas sobre qué hacer con nuestro planeta.
“Hay una certeza: no podemos quedarnos impávidos y debemos tener una acción efectiva para construir un mundo mejor”, dijo en el encuentro presentado por el embajador Jorge Argüello en el que también participaron expertos estadounidenses sobre el tema.
El ministro señaló que la Argentina tiene “un doble problema”. Porque “no solo es la crisis del Covid sino la crisis de deuda” y que además de los costos de la crisis sanitaria, los temas logísticos y las vacunas “también tenemos que afrontar vencimientos de deudas”, dijo. “Y ahí es donde los organismos internacionales de crédito son muy exigentes para nuestra región para que tengamos una precisión suiza para el pago de la deuda”, dijo.
El funcionario dijo que la riqueza natural de la región sirve a la humanidad, con pulmones ambientales, con distintos sistemas de biodiversidad y que para preservarlos “necesitamos ayuda financiera, real, directa para proteger nuestro patrimonio nacional”. Y aclaró que “no un monto de dinero para beneficio financiero, porque muchos países toman deuda que no van a la economía real”.
Cabandié destacó que el Gobierno asigna una gran prioridad al tema ambiental y que “asume la agenda de cambio climático como una política de estado”. Y señaló las oportunidades que se abren con la asunción del nuevo presidente estadounidense Joe Biden quien, al revés de su predecesor Donald Trump, dio un gran impulso al cuidado del ambiente. “Quiero celebrar que Estados Unidos esté nuevamente en el Acuerdo de París y propiciando diálogos y una posición firme sobre los caminos de la sociedad global”, dijo.
El ministro explicó que la Argentina ratificó también el Acuerdo de París y se adhirió al conjunto de países para reducir las emisiones de carbono a cero en 2025, así como la propuesta de modificación de la Ley de Bosques, la promoción de energías limpias y otras iniciativas.
Lisa Viscidi, experta del InterAmerican Dialogue, un centro de análisis de Washington, señaló que “el gobierno de Biden ofrece oportunidades para la región sobre el cambio climático”. Dijo que la transición a energías limpias requiere capital y uso de nuevas tecnologías y que Estados Unidos puede ayudar. “EE.UU. no obliga a sus bancos privados, como hace China. Pero puede dirigir la inversión con políticas, promover inversiones del sector privado”, dijo y agregó que Washington debería ayudar a la región porque también ayuda a los intereses estratégicos estadounidenses.
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Acelera el fracking de Vaca Muerta en el arranque del 2021

Fecha de Publicación: 05/02/2021
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén


Con un total de 662 las etapas de fractura realizadas en enero último, es la mejor marca desde mediados de 2019.
Si bien el Plan Gas.Ar empezó a dar sus primeros resultados de actividad, el fracking de Vaca Muerta también contempló al shale oil neuquino. En enero se contaron 662 etapas de fractura, el número más alto desde agosto de 2019 cuando hubo 676 en la provincia de Neuquén. En ese mismo mes se aplicaba el decreto 566, cambiando las reglas de juego y cuando muchas productoras le pusieron el freno de mano a sus inversiones.
Estos datos corresponden a un reporte mensual que realiza Luciano Fucello, country manager de NCS Multistage, y que es una referencia en la industria para tener un pantallazo de la actividad en el mundo del fracking en no convencional y convencional. "Ya se está viendo el 'Efecto Plan Gas' en la actividad de las empresas", señaló Fucello en diálogo con +e.
La compañía con más etapas de fractura fue YPF con 291, solicitadas a Halliburton. La empresa controlada por el Estado nacional tuvo una actividad muy importante en la zona de La Caverna y Loma Campana para conseguir shale oil con una serie de pozos. La compañía expresó que tiene intenciones de duplicar su producción de shale gas y así lo confirmó también el vicepresidente de No Convencionales, Pablo Iuliano.
La que le siguió en cantidad de fracturas fue Vista Oil & Gas con 111, pedidas a Schlumberger para sus proyectos en Bajada del Palo Oeste. La empresa fundada por Miguel Galuccio viene trabajando en distintos desarrollos, siendo el último la exploración del horizonte de Carbonato inferior desde su PAD 4. Incluso, la petrolera recuperó un 20% de su producción en el cierre del 2020.
En lo que son etapas de fractura con el objetivo de extraer gas están las 39 de Tecpetrol en Fortín de Piedra, las 24 de Pan American Energy en sus distintos desarrollos gasíferos en Vaca Muerta y Pluspetrol que realizó 31 en el bloque La Calera. Tecpetrol está reactivando gracias a que previamente preparó a Fortín de Piedra para que siga creciendo, por lo que el Plan Gas.Ar es un aliciente perfecto para incrementar la producción de shale gas.
"Para remarcar está ExxonMobil con 75 etapas de fractura en el área Bajo del Choique. Es una buena noticia que Exxon haya vuelto al ruedo", apuntó Fucello ante la consulta de este medio. Entre enero y febrero, la compañía estadounidense tiene pensado concretar un plan de aproximadamente 300 etapas de fractura con objetivo en la producción de petróleo.
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Paren de fumigarnos: más de 20 organizaciones piden la prohibición de agroquímicos en la provincia de Buenos Aires

Fecha de Publicación: 04/02/2021
Fuente: La Vaca
Provincia/Región: Buenos Aires


Más de veinte asambleas y organizaciones de la provincia de Buenos Aires redactaron un documento dirigido al gobernador Axel Kicillof y al ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, donde exigen la derogación de la resolución 246/2018, conocida como “la resolución del veneno”, que autoriza la fumigación de cultivos en todo el territorio bonaerense, y piden, entre otras cosas, instrumentar “la absoluta prohibición de la aplicación de agroquímicos biocidas” en 2000 metros lindantes a zonas pobladas, escuelas, cursos de agua, y zonas de protección o resguardo ambiental. Las organizaciones, además, cuestionan el retraso en las respuestas por parte de las autoridades: “La demora en vuestro trabajo es inadmisible. Somos nosotras y nosotros los que estamos experimentando en territorios y cuerpos las enfermedades y las afectaciones producto de un modelo dependiente de agroquímicos biocidas”. Subrayan que durante el período transcurrido desde la introducción del primer transgénico, se calcula la aplicación de más de 500 millones de kilogramos-litros de agrotóxicos en todo el país. Por eso, apuntan: “Dilatar la adopción de medidas de protección concreta en la elaboración de políticas públicas es prolongar la exposición y los daños, dado que mientras esas decisiones se retrasan los productores que utilizan biocidas no cesan jamás de hacerlo, ni aún en pandemia”. Compartimos el comunicado completo.

Al Gobernador de la Pcia. de Buenos Aires Axel Kicillof
c/c Javier Rodríguez, Ministerio de Desarrollo Agrario

Ante el inminente vencimiento, por segunda vez, de la suspensión de la Resolución 246/2018, conocida como la resolución del veneno, y tras un año de trabajo por demás insuficiente e incompleto por parte del Observatorio Técnico sobre fitosanitarios y de la Mesa de Trabajo ad hoc, –ambos espacios creados por la Resolución 8/2020 del Ministerio de Desarrollo Agrario, que fuera presentado con el objetivo de generar “un mayor control de las aplicaciones para profundizar el cuidado de la salud de la población, proteger los recursos naturales y el medio ambiente, teniendo en cuenta la seguridad agroalimentaria y las necesidades de los productores”,– las comunidades de pueblos de la Provincia de Buenos Aires decimos:
La demora en vuestro trabajo es inadmisible. Somos nosotras y nosotros los que estamos experimentando en territorios y cuerpos las enfermedades y las afectaciones producto de un modelo dependiente de agroquímicos biocidas.
En un rápido pero a la vez justo resumen podemos decir que desde 1991, año de la primera e incompleta reglamentación provincial, este tema no ha sido abordado con la seriedad y urgencia que amerita, al incidir, la práctica productiva que incluye venenos, en toda la provincia y sus comunidades de manera directa. Estamos hablando de 30 años de demora y a la vez de exposición constante de las y los habitantes de la provincia a plaguicidas altamente peligrosos. Dilatar la adopción de medidas de protección concreta en la elaboración de políticas públicas es prolongar la exposición y los daños, dado que mientras esas decisiones se retrasan los productores que utilizan biocidas no cesan jamás de hacerlo, ni aún en pandemia. Durante todo ese periodo transcurrido desde la introducción del primer transgénico –y llegando hasta los 61 existentes a la fecha–, el volumen de agrotóxicos aplicados creció exponencialmente. Se calcula que en nuestro país se pulverizan anualmente más de 500 millones de kilogramos-litros de agrotóxicos. De ese total, más de 300 millones son solo de glifosato, probable cancerígeno y genotóxico. El glifosato es el herbicida más usado en nuestra provincia.
Mientras el estado incumplía con sus deberes, las comunidades organizadas de los pueblos fumigados de la provincia de Buenos Aires hemos conseguido protecciones diversas, a través de la justicia u ordenanzas locales, tratando de subsanar la falta de políticas públicas concretas para alejar la utilización de productos extremadamente peligrosos de nuestras familias.
Las sucesivas declaraciones de su parte, o por parte de miembros de su cartera, que mencionan la posibilidad de una convivencia entre un modelo productivo sin venenos y el vigente dependiente de éstos, así como el escenario nacional tras el anuncio de la Iniciativa 200 millones de toneladas (resolución 216/2020 del Ministerio de Agricultura Nación) que avanza sobre la zona de amortiguamiento, y las continuas referencias a las mentadas “buenas prácticas agrícolas”, merecen nuestro repudio.
En este sentido recordamos que la ordenanza más progresiva en las limitaciones territoriales a la aplicación de plaguicidas es la del Partido de Cañuelas, que establece una restricción absoluta de la aplicación de agroquímicos en forma terrestre de 2000 metros de las poblaciones. Si se aplicara la distancia de exclusión de la ordenanza de Cañuelas a todo el territorio de uso agrícola de la Provincia de Buenos Aires, se dispondría de una superficie de producción libre de aplicación de agroquímicos biocidas de alrededor de 1,2 millones de hectáreas. En esa superficie, de poco más del 10% de toda la superficie cultivable de la provincia, se podrían desarrollar las diversas variantes agroecológicas de producción, conservando la biodiversidad y los servicios ecosistémicos y estableciendo un entorno sano para el desarrollo de la vida de los habitantes de nuestra provincia. Al transformarse toda esa superficie cultivable en casos concretos de producción agroecológica, su ejemplo alentará la transición hacia la agroecología en el resto del territorio bonaerense, acercándonos de esa manera a la tan necesaria soberanía alimentaria.
Concretamente, además de la posibilidad de producir alimentos sin plaguicidas, con esa medida se evitarían los daños al ambiente y a la salud causados por las derivas de plaguicidas en agua, aire, suelo y alimentos para unos 20 millones de personas. De forma homogénea e inmediata. Priorizando la vida por sobre cualquier actividad productiva. Garantizando nuestros derechos constitucionales a la salud y a un ambiente sano. Un cambio en el 10 por ciento de la superficie cultivable que producirá una mejora inmediata en la calidad de vida de 20 millones de personas y que esperamos sea el inicio del cambio completo del modelo productivo. Que es urgente. Que no admite más dilaciones.

Por lo tanto exigimos:

· La derogación de la Resolución 246/2018 del Ministerio de Desarrollo Agrario;
· Instrumentar de manera inmediata en toda la provincia de Buenos Aires la absoluta prohibición de la aplicación de agroquímicos biocidas en los 2000 metros lindantes a zonas pobladas, escuelas, cursos de agua, y zonas de protección o resguardo ambiental.
· Prohibir las fumigaciones aéreas en todo el territorio provincial, ya que son las que más riesgo y consecuencias generan al ambiente y las poblaciones.
· Instrumentar en esas hectáreas alcanzadas por la mencionada exclusión, las políticas públicas vigentes en el área y garantizar la asistencia técnica por parte del estado para la producción agroecológica.
· Celebrar a la brevedad un convenio técnico ad hoc que permita a las y los pobladores de la provincia realizar de modo gratuito análisis de agua de consumo destinados a detectar y cuantificar la presencia de los agroquímicos biocidas más utilizados en la actualidad para evitar consecuencias a la salud de la población por la ingesta de agua plausible de estar contaminada.
– Se provea de modo gratuito a la población bonaerense un laboratorio público de referencia con la capacidad de realizar análisis de sangre, orina y leche materna destinados a detectar y cuantificar la presencia de los agroquímicos biocidas.
– Incorporar análisis de agrotóxicos en el examen bacterio-lógico físico y químico que se realiza anualmente para el agua potable y segura en las escuelas, bajo la responsabilidad de los Consejos Escolares.

«Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo.» Artículo 41 de la Constitución Nacional.

#BastadeDemora
Es ahora
#parendefumigarBA

Primeras firmas de la provincia de Buenos Aires:
AMA Asamblea mercedina por la agroecología
AMARTYA Mar Chiquita
Asamblea No a la entrega de la costa Quilmes Avellaneda.
Ambiente Saludable San Andrés de Giles
Argentina sin fracking Buenos Aires
Asamblea socioambiental de San Antonio de Areco
Asamblea Ecoambiental Luján
Asamblea por el agua y el ambiente Chivilcoy
Asamblea Socioambiental de Chapadmalal
Bios Argentina – Nodo Tandil
Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria – UNLP
Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria – 9 de julio
CIPOCARR (Coordinadora Intercomunal Pro Obras y Aprovechamiento del Río
Reconquista)
Colectivo Tierra Viva Bolívar
ConCiencia Agroecológica 9 de Julio
Ecos de Chivilcoy
ECOS de Saladillo
Escuela Secundaria «Andrés Carrasco» de Saladillo
ESPACIO INTERCUENCAS
Evolución Ambiental Coronel Suárez
Exaltación Salud, grupo vecinal contra las fumigaciones y por la soberanía alimentaria. Exaltación de la Cruz
Foro Regional en Defensa del Río de la Plata la Salud y el Ambiente.
Huerquen, Comunicación en Colectivo
Junta vecinal por un ambiente saludable Tandil
Ong UPVA «Unidos por la vida y el medio Ambiente”
Paren de Fumigar Pergamino
Red Local de Estudios Agroecológicos Baradero San Pedro
Vecinxs autoconvocadxs por la salud ambiental/ Trenque Lauquen
XR Sauce Corto

Primeras firmas del resto del país y otros:

Asamblea Ciudadana Concordia (Entre Ríos)
Asamblea por la Vida Chilecito (La Rioja)
Asamblea Río Cuarto sin agrotóxicos (Córdoba)
Asamblea Socioambiental Zona Este (Mendoza)
Asociación Ciudadana por los derechos humanos
BIOS Argentina
Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Escuela de Nutrición (UBA)
Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria-Río Cuarto (Córdoba)
Colectivo Reciclador
COOPERATIVA DE TRABAJO IRIARTE VERDE LTDA. BARRACAS (CABA)
Democracia en Red (CABA)
Después de la Deriva (FM La Tribu)
ECOSUR, Ecología, Cultura y Educación desde los Pueblos del Sur
Frente de Lucha por la Soberanía Alimentaria
Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN)
Generaciones futuras
Gesta Colectiva
Grupo de Etnobiología, FCEyN-UBA/INMIBO-CONICET
GEUIC Grupo de Extensión Universitaria Impenetrable Chaqueño- UBA
Grupo de Filosofía de la Biología (UBA-CONICET)
Hijos de gaia,madre tierra, pachamama
Instituto de Salud Socioambiental de la FCM-UNR (Santa Fe)
Mujeres Defensoras del Agua del Famatina (La Rioja)
Museo del Hambre
Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas de América Latina (RAP-AL) – Javier Souza Casadinho
Red de defensoras del ambiente y el Buen Vivir
Red Federal de Docentes por la Vida
Seminario sobre el Derecho a la Alimentación Adecuada de la Facultad de Derecho (UBA)
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Tráfico de fauna: detectaron más de 60 animales exóticos en cautiverio en Bell Ville

Fecha de Publicación: 04/02/2021
Fuente: Vía País
Provincia/Región: Córdoba


Efectivos de Policía Ambiental realizaron un allanamiento en un establecimiento rural cercano a la ciudad de Bell Ville, donde constataron la presencia de numerosas especies exóticas en cautiverio.
El operativo se realizó el jueves en conjunto con personal de la Patrulla Rural de la Policía. Los agentes constataron gran cantidad de animales silvestres exóticos.
Se relevaron: dos ciervos dama, también conocidos como “ciervos gamos” provenientes de Europa; 11 ciervos axis, una especie propia de Asia; 34 ciervos colorados, llamados ciervos europeos o venados; seis muflones, esta especie es similar a una oveja y proviene del hemisferio norte; seis búfalos; cuatro maras; y un ñandú.
El propietario del lugar no contaba ni con la autorización ni con la habilitación necesarias para la tenencia de este tipo de animales.
Inmediatamente se procedió a labrar las actuaciones correspondientes que darán inicio a un sumario administrativo, por infringir la normativa vigente que prohíbe la tenencia, comercialización y tráfico de fauna silvestre.
Los agentes secuestraron a los animales pero a raíz de la gran cantidad, se encuentran en el mismo campo donde agentes evaluarán su destino en distintos centros de rescate.
“Son animales que se utilizan en coto de caza. Para su tenencia, se debe cumplimentar con una reglamentación otorgada por la Secretaría de Ambiente. El lugar no contaba con habilitación ni autorización”, precisó Adrián Rinaudo, director de Policía Ambiental.
La Policía Ambiental advierte que ante una situación que pueda estar dañando al ambiente, los recursos naturales y/o los recursos hídricos en la provincia se reciben denuncias a través de los siguientes canales: llamando al 0351-4420924, por correo electrónico a Policia.Ambiental@cba.gov.ar o vía web haciendo clic acá.
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Confían que la creciente del río Paraná favorecerá la reproducción de los peces

Fecha de Publicación: 04/02/2021
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Corrientes - Litoral Argentino


Bajo el fenómeno de sequía conocido como “La Niña” el río transita una bajante récord que dificulta el desove de la fauna íctica. Pero con los últimos registros de ascenso, los investigadores de la Unne esperan un cambio en la situación de las especies.  
El Instituto de Ictiología del Nordeste (Inicne) espera poder realizar este mes otra muestra de las condiciones de la fauna íctica del río Paraná en Corrientes, tras un período de bajante histórica y preocupantes índices de estrés y déficit de alimentos para los peces, lo que derivó en las dificultades para su reproducción. Desde la entidad universitaria confiaron a El Litoral que “es posible que ahora sí haya ocurrido el desove”.
Hace medio mes el río Paraná evidencia en Corrientes una sostenida creciente de su altura. La última marca de la Prefectura Naval Argentina, de ayer al mediodía, lo ubica en los 3.82 metros.
“La última vez que tomamos muestras fue en agosto. Después seguimos trabajando pero solo con pesca recreativa que es con devolución. Esto nos permitió ver el estado general de los peces pero no la toma de todas las muestras que siempre sacamos”, explicó a este diario el subdirector del Inicne, Sebastián Sánchez.
El río Paraná continúa bajo el fenómeno de sequía denominado “La Niña”, que de acuerdo a las proyecciones meteorológicas culminaría por estas semanas y recién en abril se neutralizaría, aunque se siguen esperando lluvias por debajo de la media anual.
“Hasta antes del repunte del río no hubo reproducción. Es posible que ahora sí haya ocurrido y que hagamos una campaña de pesca en febrero para ver si efectivamente desovaron. Creemos que así fue”, dijo Sánchez a El Litoral.
A la preocupación de los investigadores se les sumó la Asociación de Pescadores Deportivos del Litoral (Apdl), quienes reclamaron a la Dirección de Recursos Naturales de Corrientes mayores fiscalizaciones del Alto Paraná ante las reiteradas pruebas de violaciones a la veda pesquera, que exige la devolución de las especies.

Advertencias
Todavía se destacan las imágenes que circulan de los grandes ejemplares capturados en el río Paraná, que principalmente son frutos del período de gran reproducción de la creciente de finales de 2009 y primer semestre de 2010, cuando el río Paraná registró un tiempo óptimo de creciente por encima de los 5 metros de altura, asimismo ejemplares de menor talla con edades que rondan los 4 a 6 años.
Para su reproducción, los peces del Paraná necesitan que se manifiesten condiciones ambientales favorables, como aumento del fotoperiodo (más horas luz por día), aumento de la temperatura del agua y aumento del nivel del río, lo que suele suceder durante la temporada estival.
“Con este panorama, de pocas perspectivas de incremento del nivel del río Paraná, estamos yendo a una etapa de máxima vulnerabilidad para la vida de nuestros peces”, advirtió el año pasado el doctor Juan Pablo Roux, director del Inicne.
Por ello se reunieron con las autoridades provinciales para alertarlos de esta situación antes de la llegada masiva de turistas, atraídos por la actividad pesquera en Corrientes.
“Las perspectivas tienen que ser de mayor compromiso de los usuarios del río, la sociedad, los estados y organismos para conocer más fehacientemente cómo manejar el recurso”, finalizó Roux.
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Aseguran que proteger a los humedales es cuidar la salud humana

Fecha de Publicación: 03/02/2021
Fuente: Telam
Provincia/Región: Nacional


En el día en el que se conmemora el aniversario 50 de la firma de la Convención sobre los Humedales en Ramsar, Irán, al que Argentina adhirió hace 30 años, varios especialistas argumentaron sobre la necesidad de proteger esos espacios ante el cambio climático y el uso de los suelos para la ganadería y la agricultura.
 La destrucción de hábitats naturales y la alteración de los ecosistemas facilitan la propagación de los virus por lo que se debe proteger a los humedales de Argentina, que representan más del 20% de los ecosistemas del país, aseguraron organizaciones socioambientales y reiteraron su pedido por una ley que protección al conmemorarse hoy el Día Mundial de los Humedales.
"La destrucción de hábitats naturales, la disminución de la biodiversidad y la alteración de los ecosistemas facilitan la propagación de virus. En este contexto, resulta necesario mantener a los ecosistemas naturales en un buen nivel de salubridad con políticas públicas", aseguró Rubén Quintana, presidente de Fundación Humedales e investigador principal del Conicet.
"Esperemos que esta dura experiencia que nos atraviesa con la actual pandemia nos haga reflexionar sobre la necesidad de repensar la relación de la sociedad con la naturaleza", expresó al explicar por qué la salud está "estrechamente ligada" a la salud ambiental.
En Argentina, los humedales ocupan una superficie estimada en 600.000 km2, más del 20% del territorio.
Entre ellos, se destacan las turberas de Tierra del Fuego y los mallines de la Patagonia, los Esteros del Iberá, las lagunas de altura y salares de la Puna y el Delta del río Paraná.
"En Argentina tenemos una tendencia a la degradación y desaparición en grandes áreas de humedales, que es algo que se ve a nivel mundial. Se están perdiendo estos ecosistemas. No hay datos específicos de pérdidas, pero sí sabemos que desde 1700 en todo el mundo se ha perdido el 87% de los humedales", dijo a Télam Daniel Blanco director de la Fundación Humedales.
Según explicaron los especialistas, los humedales se ven amenazados por el cambio climático y por el uso de los suelos para la agricultura, ganadería y urbanizaciones.
El año pasado en el Delta del Paraná según las estimaciones del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible se perdieron 328 mil hectáreas arrasadas por incendios como consecuencia de la acción humana.
"Lo del 2020 fue un panorama desastroso. La sequía histórica en el Río Paraná producida por el cambio climático y las modificaciones en el uso de la tierra por el avance de los monocultivos de soja y la ganadería produjeron que grandes extensiones de humedales que están secas como pajonales se prendieran fuego", explicó Blanco.
"Creemos que en lugar de respuestas de emergencia a la situación, es tiempo de tener políticas públicas que anticipen, prevengan y minimicen los riesgos e impactos asociados a las quemas. Los humedales están para ser aprovechados pero hay que pensar formas de producción innovadoras y más amigables con el medio ambiente", opinó Blanco.
Este martes se conmemora el aniversario 50 de la firma de la Convención sobre los Humedales en Ramsar, Irán, al que Argentina adhirió hace 30 años al igual que otros 171 países.
Allí se definió la Red de Sitios Ramsar, que nuclea a aquellos humedales considerados de importancia internacional por ser "esenciales para la vida en el planeta" y busca generar un compromiso por parte de los países para protegerlos y conservarlos para la gente y la naturaleza.

Los humedales en la Argentina
En la Argentina, se han designado hasta el presente 23 Sitios Ramsar, que abarcan una superficie total de 5.687.651 hectáreas de ambientes diversos, tales como lagunas altoandinas, zonas costeras marinas, lagunas endorreicas, turberas y llanuras de inundación, entre otros.
A pesar de la suscripción de Argentina al acuerdo de Ramsar, desde las organizaciones socioambientales se alertó que, por fuera de los sitios definidos, los humedales no cuentan con una legislación que los proteja, por lo que reiteraron la necesidad de aprobar una Ley de Humedales.
"A la fecha no hay ley que ampare a los humedales. Esto permite que industrias, como la ganadera y la inmobiliaria, desarrollen sus negocios sobre humedales, lo que modifica directamente su composición y sus funciones como ecosistema. Por eso, necesitamos urgentemente la sanción de una ley que proteja los humedales", sostuvo Leonel Mingo, coordinador de clima y energía de Greenpeace.
Según la organización, la industria inmobiliaria ha generado daños severos al Delta del Paraná.
Datos de Fundación Humedales de 2018 registraban 543 urbanizaciones cerradas, construidas y proyectadas en el Delta del Paraná y en las planicies de inundación de los ríos y arroyos.
"Sólo el 2.5% del agua del planeta es dulce y menos del 1% puede utilizarse. Por esta razón, la protección de los humedales, que son nuestras reservas de agua dulce, debe ser una prioridad", concluyó Mingo.
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Empresa privada revela cómo usa el agua del río Atuel

Fecha de Publicación: 03/02/2021
Fuente: La Arena
Provincia/Región: Mendoza - La Pampa


El intento privatizador de la Laguna del Atuel no deja de deparar sorpresas, desagradables para La Pampa -como era de esperar-. La empresa propietaria de la estancia El Sosneado, donde se encuentra la laguna, admite que utiliza no solo las aguas de ríos y arroyos tributarios del Atuel en su propio beneficio, sino también las del río Diamante. Habla de una «veintena de arroyos y ríos tributarios del Atuel y del Diamante» que cruzan su predio. Paradojas de la historia, la estancia fue fundada en 1901 por un pionero pampeano, Alfonso Capdevielle, que llegó allí luego de su agitada historia pampeana.
El comunicado de prensa que las empresas Sominar SA y Luncay SA emitieron el día 26 buscando convencer a los lectores de que el acuerdo firmado en 2018 con el gobierno mendocino para gestionar la Laguna del Atuel -donde nace el río que cruza esa provincia y termina en La Pampa- se ajustaba a derecho, abrió la puerta a conocer detalles sobre cómo se maneja el recurso interprovincial en esta parte de la provincia de Mendoza, a espaldas de La Pampa e ignorando de plano el carácter interprovincial del curso.
Los detalles surgen de la propia página web de la firma Sominar SA, alojada en la dirección www.sominar.com.ar. Allí se lee que «Sominar – Sociedad Minera Argentina Sociedad Anónima es una empresa argentina fundada el 28 de febrero de 1937» que hasta la década de los ’80 se dedicó a la explotación minera en las provincias de San Luis, Córdoba y Mendoza.
«Es una empresa de capitales argentinos que actualmente solo cuenta con propiedades en Mendoza», la principal de ellas «la estancia El Sosneado, donde realiza diversas actividades económicas».
Según un tríptico promocional que se puede descargar desde la página, en el año 1942 la firma Sominar «adquirió un campo de aproximadamente 330.000 hectáreas conocido como Estancia El Sosneado con el objeto de explotar la mina de azufre Volcán Overo, ubicada a 4.400 metros sobre el nivel del mar, en el cráter del volcán homónimo, en plena Cordillera de Los Andes».
La infraestructura creada para la extracción, transporte y procesamiento del mineral «marcaron un hito en la historia de la minería nacional», destacó la firma.

Veintena de arroyos.
Algunos detalles sobre cómo maneja el agua la empresa se encuentra en el apartado de Desarrollos & Proyectos de la página. Allí Sominar informa que «se encuentra analizando y desarrollando nuevos proyectos agrícola-ganaderos aprovechando el impresionante potencial y la riqueza natural que posee su extenso territorio, ubicado en plena Cordillera de Los Andes».
La estancia El Sosneado «tiene una extensión de 330.000 hectáreas, más de 16 veces la Capital Federal, en los departamentos San Carlos y San Rafael» y limita por el norte con el río Diamante, por el sur con el Atuel, al este se acerca a la ruta nacional 40 y al oeste termina en el límite internacional con Chile, detalló.
«Dentro de la estancia -se lee en la pestaña Agricultura- existen 500 hectáreas de potreros cercados, 280 destinadas al cultivo rotativo de papas para semilla certificada; ajos por exportación, zanahorias, alfalfa, y centeno, entre otros. Las hectáreas restantes son utilizadas para pastoreo de animales y para la forestación de bosques de álamos».
A renglón seguido surge un párrafo revelador: «la veintena de arroyos y ríos tributarios de los ríos Atuel y Diamante incrementan la disponibilidad de tierras para plantaciones pudiendo sembrarse además, todo tipo de pasturas para mejorar la alimentación del ganado en los campos».
Aprovechando ese privilegio, la empresa informó que «se encuentra realizando pruebas de cultivos que pueden desarrollarse en la zona, como membrillos ciruelas, manzanas, peras, damascos, uvas y nueces, entre otros», mientras que «también incorporará hectáreas de alfalfa para la sustentabilidad del proyecto ganadero».
El tríptico ahonda en los detalles: «Actualmente, parte del campo se ha destinado principalmente al cultivo de alfalfa y maíz forrajero. También se realizan cultivos rotativos de papa semilla certificada, zanahorias y centeno». El resto de la provincia «está arrendada mediante contratos para su explotación ganadera, en su mayoría caprino, ovino, vacuno y equino».

Manejo interprovincial.
Esta información era, hasta ahora, poco conocida y raras veces había formado parte de la discusión sobre el manejo integrado del río Atuel -algún día corresponderá hacerlo sobre el Diamante- que mantienen desde hace décadas Mendoza y La Pampa.
De hecho, Mendoza siempre ha querido, y de hecho lo ha logrado, acotar la discusión por la gestión del río al tramo inferior, y por ello la comisión que ha albergado esos encuentros se denomina Comisión Interprovincial del Atuel Inferior. Nunca estuvo, hasta los últimos años, en debate la gestión del río en el curso superior y el tramo medio.
En el año 2017, cuando la Corte Suprema de Justicia pateó el tablero y dijo que el río debía manejarse con criterio «ecocéntrico» y espíritu federal, también dispuso que la gestión sea integral, desde un extremo al otro del curso.
Por ello está en marcha la creación de un comité de cuenca que ya no será del Atuel Inferior sino de todo el curso. Es el CIRA, el Comité Interjurisdiccional del Río Atuel, un proyecto que aún está tomando carrera porque Mendoza resiste a ultranza cualquier posibilidad de ceder el manejo de todo el curso.

El verdugo del Atuel.
Ironías de la historia: la estancia El Sosneado que ahora aparece como verdugo de los intereses pampeanos sobre los ríos Atuel y Diamante, fue fundada en el año 1901 -ó 1910 según otras fuentes- por Alfonso Capdevielle, el pionero pampeano que fue intendente de Victorica y luego fundó la localidad de Telén. Capdevielle fue incluso el primero en proyectar la construcción de la represa El Nihuil, para la cual había adquirido equipos en Alemania que nunca llegaron al país por el inicio de la Primera Guerra Mundial.
Un artículo publicado por un portal de minería denominado «MiningPress», dice que las tierras donde está la estancia «fue conocida por Alfonso Capdevielle, un visionario francés, a principios del siglo XX durante los traslados de hacienda hacia Chile». El fundador de Telén «quedó impactado por la excelencia de las pasturas, la calidad de sus aguas, su ubicación estratégica y las riquezas mineras» de la zona.
«Hasta ahí llegó Alfonso Capdevielle, un francés soñador. Era el 2 de agosto de 1910, cuando decidió comprar más de 340.000 hectáreas», detalla el portal.
Una vez radicado en El Sosneado, Capdevielle «le dio vida a proyectos innovadores y trajo al paraje adelantos tecnológicos como luz, telégrafo, esquiladoras y elementos para el bienestar de pobladores locales».
Capdevielle murió en su estancia el 26 de enero de 1920 y su deceso «dejó inconcluso uno de sus más grandes proyectos: la construcción de la presa El Nihuil». Con ese objeto «ya había comprometido capitales privados y las maquinarias no pudieron ser trasladadas debido al estallido de la Primera Guerra Mundial».
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Cerdá sostuvo que habría otra ronda de debate por el proyecto

Fecha de Publicación: 03/02/2021
Fuente: El Chubut
Provincia/Región: Chubut


El ministro de Hidrocarburos del Chubut, Martín Cerdá, presidente del Consejo Federal Minero (COFEMIN), dijo que el Gobierno analiza organizar una nueva agenda para continuar con el debate por el proyecto de ley de zonificación minera en la Meseta. Y, en este contexto, valoró el apoyo expresado por el presidente Alberto Fernández a la propuesta de desarrollo y generación de empleo.
«Nosotros continuamos con el proceso que se inició semanas atrás. Tuvimos varias reuniones y hemos recibido muchas propuestas que están siendo tenidas en cuenta y se ha informado al ámbito legislativo de todo lo recogido», dijo Cerdá, en declaraciones a la FM Cien Punto Uno de Comodoro Rivadavia, y consultado sobre la ronda de encuentros realizada durante toda la semana pasada.
«Esta semana hemos seguido en contacto con gente que sigue acercando cuestiones para seguir fortaleciendo el proyecto. Seguimos en ese camino y abiertos a todas las propuestas que quieran acercar o a toda discusión que se pueda dar», agregó. Respecto de la posibilidad de reeditar el debate próximamente, Cerdá indicó: «Se puede volver a hacer un ejercicio como el de la semana pasada cuando se convocó a diferentes sectores y se generó ese debate con aportes».
Y agregó que «debido a la agenda de esta semana» en la que el gobernador Mariano Arcioni y varios funcionarios tuvieron encuentros con ministros nacionales en Buenos Aires para realizar gestiones en distintas áreas, «no se hizo con esa modalidad, pero se está analizando armar una agenda para que se pueda continuar por ese camino».
«Nosotros emitimos un documento con un cierre de toda la semana de reuniones. Hemos recibido algunos aportes más, que también vamos a ir enviando a la Legislatura; y a medida que se haga el ejercicio como el de la semana pasada iremos informando todo lo que vaya aconteciendo», enfatizó.
Cerdá también se refirió a la reunión que Arcioni tuvo con Alberto Fernández y en la cual el Presidente expresó el apoyo al proyecto de zonificación minera.
«El Presidente tuvo la oportunidad de ver el marco regulatorio del proyecto de manos del propio gobernador», valoró el funcionario.
Y en este contexto agregó: «Por todo el camino que hicimos, recogiendo las mejores experiencias que tienen otras provincias, con un montón de encuentros de trabajo durante el año pasado, quedó plasmado el mejor proyecto que puede tener la actividad para el país».
Añadió que el secretario de Minería de la Nación, Alberto Hensel, «monitoreó desde el inicio el proyecto; fue lo que se le mencionó al Presidente en esa reunión y obviamente es una tranquilidad también para el Presidente que Chubut pueda haber contemplado todas las cuestiones que requiere esta actividad».
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El Riachuelo en pandemia: controles ambientales suspendidos, viviendas sin entregar y las cifras de una contaminación que persiste

Fecha de Publicación: 02/02/2021
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Riachuelo


Los análisis de ACUMAR reflejan que el icónico cauce mantuvo sus altos niveles de contaminación. Avances discretos en una zona en la que viven más de 4 millones de personas y 500 mil están en riesgo
Desde que empezó a ser utilizado hace 200 años como pozo ciego para desechos por la industria saladeril, el Riachuelo nunca logró ser saneado. Aunque nadie lo esperaba, tampoco el año de la pandemia trastocó los destinos del emblemático cauce. Y podría haber ocurrido. En muchos países, la caída del consumo de energía y de emisiones de dióxido de carbono ocasionados por las cuarentenas representaron un “alivio” ambiental. Para la región de la cuenca del Riachuelo, donde viven cerca 4.500.000 millones de personas, solo se trató de un año más.
Desde el fallo “Mendoza” del 2008, la Corte Suprema de Justicia ordenó al Estado con jurisdicción en la cuenca Matanza-Riachuelo avanzar en soluciones por el daño ambiental. Con ese fin, se creó el Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA), un paquete de 14 acciones para atender la compleja problemática socioambiental de la cuenca.
Sin embargo, los avances fueron discretos desde entonces. Según los últimos datos oficiales de 2020, la contaminación permaneció en sus niveles altos y habituales, sin poder cumplir los estándares mínimos de calidad ambiental. Incluso, varios de los controles previstos no se pudieron realizar debido a las restricciones del aislamiento obligatorio de la pandemia. En toda la cuenca, unas 502.398 personas viven en zonas urbanas de riesgo alto y muy alto por los déficit socio-ambientales, mientras que 700 familias viven en los márgenes del Riachuelo.
En principio, las autoridades y técnicos de Acumar, que lidera Martín Sabbatella, tienen objetivos más acotados que la búsqueda de un ambiente balneario donde se pueda nadar y pescar. Es lo deseable, pero la meta primaria de gestión es que los cursos de agua sean aptos para realizar “actividades recreativas pasivas”, es decir poder contemplarlos sin tener un contacto directo. A este tipo de indicador, el PISA lo define como “Uso-IV”. Pero esos parámetros tampoco se alcanzaron y obtuvieron el nivel más bajo desde 2010, a pesar de las acciones implementadas y las particularidades del monitoreo en pandemia.

Las industrias siguieron volcando
“El canal Millán (...), una vez tomada y envasada la muestra, comenzó a descargar un vertido de características visuales particulares, de color blanquecino y grasosa. No se pudo tomar una nueva muestra por falta de instrumental. Sin embargo, se dio aviso a las áreas pertinentes para que tomen las medidas necesarias”, señala uno de los reportes ambientales que se hicieron durante el 2020. Un botón de muestra de los tóxicos y elementos extraños que se pueden encontrar en el agua del Riachuelo.
Los expertos de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) consideran que existen tres fuentes principales de contaminación en la región: la industrial, la cloacal y la causada por residuos sólidos, entre ellos, los basurales. La combinación de estos factores impacta sobre la calidad de vida de los millones que habitan en la cuenca hídrica.
En el área de influencia existen unos 8.000 establecimientos industriales. Durante el último empadronamiento efectuado en 2019, el sistema de autoregistro arrojó 5.266 establecimientos. De ese grupo, unos 1.000 vuelcan allí sus desperdicios.
“Entre ellos, 370 que fueron declarados Agentes Contaminantes (AC) aún conservan esa condición”, precisó a Infobae Bruno de Alto, director general ambiental de Acumar. Son 805 las fábricas y empresas industriales que emiten sustancias dañinas a la salud, pero no todas vuelcan.
“De los que vuelcan, no todos lo hacen con el mismo volumen de efluentes líquidos ni con el mismo grado de potencial contaminante. Uno de los objetivos estratégicos que hemos fijado es el de controlar de manera automática y en línea a las aproximadamente 80 empresas que son responsables del 90 % del volumen de vuelco”, agregó de Alto.
El método de control son monitoreos a distancia e inspecciones con tomas de muestras de los efluentes. Los vecinos también reclaman. En septiembre pasado hubo uno de esos casos. Después de clausuras preventivas, denuncias repetidas y un allanamiento judicial, se cerró de manera definitiva una curtiembre clandestina en Piñeyro, en el partido de Avellaneda, por violar la normativa ambiental.
Los controles del Estado son modestos. Con el recambio de administración a fines de 2019, solo había 30 planes de adecuación ambiental en las 807 plantas con agentes contaminantes. “Durante el 2020 se lograron 2 adecuaciones y que los planes de adecuación en trámite asciendan a 105″, señaló Bruno de Alto. “Estamos intimando formalmente, mediante comunicación oficial, a dichas empresas a que lleven a cabo el proceso de formulación, aprobación y ejecución de los Planes de Adecuación (PA) necesarios para que su actividad no tenga característica de contaminante”, agregó.
A lo largo del aislamiento obligatorio (ASPO), los establecimientos fabriles apenas redujeron su actividad en un período corto de tiempo. Por lo tanto, “los cambios en los cuerpos de agua van a ser la última variable en modificarse frente a cambios en los ecosistemas”, señaló el director general ambiental. Mientras tanto, se firmó un convenio con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el INTI y empresas privadas para instalar equipos automáticos para que midan en tiempo real el caudal y la calidad de los vuelcos de las empresas. La intención también apunta a que los establecimientos implementen, en cooperación con la UTN, un sistema de autocontrol de sus descargas a los efluentes. “La idea es que estén en marcha en 2021″, indicaron.

Las conclusiones de la campaña 2020
El año pasado, Acumar llevó adelante tres campañas de monitoreo de los indicadores más relevantes de la cuenca del Riachuelo, que registran la calidad de agua superficial, sedimentos, y aire. Estos estudios no se pudieron hacer de manera completa a raíz de la cuarentena, por lo que no son “equivalentes” con años anteriores. Es decir, las muestras “ad hoc” recolectadas sobre el índice de calidad de agua superficial (ICA) son ilustrativas del estado de la cuenca durante la pandemia de COVID-19, y recién habrá resultados completos para las mediciones trimestrales de marzo y julio de 2021.
Ante la consulta de Infobae sobre la influencia en los niveles de contaminación, Bruno de Alto respondió que “los cambios observados en la calidad del agua no son directamente atribuibles a las medidas de ASPO, sino que se deben más tanto a variaciones estacionales como a las escasas precipitaciones observadas durante 2020″.
La conclusión del informe sobre la calidad de agua superficial es que no hubo modificaciones significativas en valores como oxígeno disuelto (OD), uno de los elementos del análisis claves para identificar el desarrollo de vida acuática. Para alcanzar ese estadio, es preciso detectar 4 a 5 mg/L en ese indicador de manera sostenida, un estándar que continúa sin ser alcanzado. “Los resultados durante la campaña de agosto 2020 resultaron en su mayoría similares a los que suelen encontrarse durante esta época del año”, señala el reporte sobre la muestra.
En sus estudios, Acumar mide si las muestras registran 2mg/L de OD, uno de los 10 parámetros físico-químicos vinculados al “Uso IV” del ecosistema que apunta a la realización de “actividades recreativas pasivas”. De las campañas de junio y agosto, solo en 4 de 20 estaciones se cumplieron esos niveles de oxígeno disuelto. Según los analistas, hubo “dificultades generales” para cumplir con los estándares en “prácticamente todos los puntos monitoreados”.
Si bien no es comparable por el tipo de análisis limitado por el ASPO, el nivel de cumplimiento de calidad de agua en 2020 alcanzó su registro más bajo desde abril de 2010. De los 20 sitios de muestreo, solo 1 cumplía condicionalmente con el uso IV de calidad de agua, y de los restantes, 9 no cumplían con al menos uno de los parámetros, en tanto que 10 no pudieron ser monitoreados.
Los resultados fueron más negativos en la cuenca baja, que cuenta históricamente con mayor deterioro ambiental. En los icónicos sitios de Puente La Noria, la desembocadura del Riachuelo y el Puente Alsina, donde hay tres puntos de muestreo, la conclusión fue que el nivel de oxígeno disuelto encontrado “no permite el desarrollo de la biota esperable”.
Otro dato típico registrado fue la presencia de bacterias. “La carga bacteriana es elevada en los 20 sitios seleccionados para esta campaña”, apunta el monitoreo, que detectó coliformes fecales y Escherichia Coli en la muestra de agosto. “En relación a la cantidad de unidades formadoras de colonias se concluye que en los tres puntos de muestreo mantienen elevada concentración para un cuerpo de agua natural”, precisó el estudio ambiental. De acuerdo a estos niveles, un entorno de agua dulce es apto para el uso recreativo directo si la escherichia coli cuenta con un nivel máximo de 573 UFC/100 mL. “En las aguas del Riachuelo dichos valores se superan en todos los casos”, concluye el monitoreo.

El deterioro ambiental y el impacto en la salud
La existencia de los basurales a cielo abierto y un inadecuado tratamiento de los residuos son factores de riesgo para la salud de la población.
Según la Dirección de Gestión Integral de Residuos Sólidos del organismo, de enero a noviembre de 2020 se retiraron 52.518,43 toneladas de residuos. En lo que refiere a la limpieza de los márgenes del Riachuelo, unos 18 cooperativas de trabajo -integradas por 592 cooperativistas- retiraron 23.306,30 toneladas. La Acumar destaca este tipo de trabajo en cuadrillas, ya que lo observa como un mecanismo de inclusión que genera fuentes de trabajo desde la propia comunidad, y al mismo tiempo, se incorpore una mirada de educación ambiental.
“Hoy el indicador principal de éxito no tiene que ser cuántas toneladas de residuos se recolectan del cauce principal, sino cuántas toneladas de residuos se recuperan para el sistema productivo”, definió Bruno de Alto.
En relación a la limpieza de basurales, hubo un retiro de 26.468,39 toneladas, mientras que otras 2743,74 de desperdicios que se removieron de la superficie del agua. De Alto informó que se hizo un trabajo de recuperación de las riberas, con la liberación del camino de sirga en un 88% de obstrucciones desde las cuatro bocas hasta la Ruta 4. Además, se concretó la limpieza de 185 km de las márgenes del cauce principal y arroyos, junto con 22 km de remoción de residuos flotantes entre el Puente La Noria y la desembocadura del Riachuelo.
De los 59 buques hundidos entre Puente Nicolás Avellaneda y el Puente Pueyrredón identificados por el fallo de la Corte Suprema en la causa “Mendoza”, faltarían removerse unas tres embarcaciones pendientes “que la anterior gestión no financió”. “El presupuesto plurianual 2021–2023 de ACUMAR tiene previsto su cuota parte para el cumplimiento”, puntualizó De Alto.
Desde Acumar admiten que las tarea de erradicación de basurales y de limpieza es incompleta por la complejidad de la cuenca. Es que parte del problema está vinculado con las condiciones de habitabilidad y de trabajo de las personas que habitan la región.
“Las empresas que contaminan no son el único peligro al que se ven expuestas las poblaciones, sino que, en gran medida, la exposición se relaciona con la actividad laboral “informal” como acopio de chatarra, baterías de autos, quema de cables”, sostuvo María Andrea Dakessian, directora de Salud y Educación Ambiental de Acumar. “Esta situación no se resuelve con la relocalización, sino con educación ambiental y a través de programas que impulsen la generación de empleo verde sustentable o sostenible, entre otras políticas públicas saludables”, puntualizó.
Dakessian apunta que son 502.398 personas que habitan urbanizaciones emergentes categorizadas como de riesgo alto y muy alto, según el Mapa de Riesgo Sanitario Ambiental de ACUMAR. El número es aproximado y “podría ser aún mayor”, aclara. Este grupo está expuesto a una o más amenazas, como las condiciones inadecuadas de vida, no tener acceso a agua ni cloacas, manejo inseguro de la basura, contaminación atmosférica, suelos contaminados, la presencia de industrias contaminantes, entre otras.
Unas 10.069 personas son supervisadas por las Evaluaciones Integrales de Salud Ambiental en Áreas de Riesgo (Eisaar). En estos operativos se pueden identificar los “casos” de niños con vacunación incompleta, poblaciones con enfermedades crónicas no controladas y atender cuestiones de infraestructura básica en las urbanizaciones.
“No todas las situaciones requieren la relocalización de las familias, ya que en muchas situaciones se puede evitar la exposición brindando apoyo a través de soluciones habitacionales que permitan a las familias obtener mejores condiciones de hábitat sin tener que dejar su lugar de pertenencia ni sus vínculos cercanos”, aclaró Dakessian.
Durante 2020, Acumar midió el índice de calidad del hábitat de arroyos urbanos USHI (Urban Stream Habitat Index), como parte de la campaña de monitoreo del agua superficial. El indicador varía de cero a diez, siendo el valor más alto de diez una mejor calidad de hábitat. Se trata de un trabajo de campo recientemente implementado, que apunta a medir el deterioro ambiental de los afluentes por la presencia de basura y escombros, edificaciones, alteración de los arroyos y existencia de plantas acuáticas, entre otros factores.
Las conclusiones del registro no habilitan dudas. De las 15 estaciones relevadas, el 20% presentaron condiciones de hábitat “muy malas” y el 63% “malas”. Solo presentan “condiciones moderadas” el 27% de las áreas analizadas.

Cloacas, plomo y calidad de vida
Todo la región carece de instalaciones cloacales adecuadas. Apenas el 50% de la población cuenta con acceso al servicio, lo que impacta junto a la contaminación ambiental, al tener que eliminar de manera informal los desechos urbanos y domiciliarios.
Sin embargo, en 2020 hubo algunos avances en materia de obras en plantas de tratamientos cloacales de Cañuelas, Lanús, Laferrere o en la villa 21-24 de la Ciudad de Buenos Aires. La más importante es la mega obra de “Sistema Riachuelo”, que cuenta con financiamiento internacional del Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y está prevista su finalización estar finalizada en 2023. El año pasado se concluyeron 1,5 km del “Tramo Transporte” del Emisario Riachuelo o “hinca de risers”, con la instalación de 34 difusores para el tratamiento de los líquidos.
En el acceso al agua potable, los registros son algo mejores, pero se está lejos de lo deseable. “Para que se alcance el 100% de la cobertura, será imprescindible el previo acompañamiento de la urbanización de todos los sectores vulnerables”, indicó Bruno de Alto. Con ese fin, el pasado 21 de diciembre se realizaron relevamientos en barrios sin infraestructura y acceso como Villa Tranquila, Alianza, Isla Maciel, Villa Inflamable y La Saladita.
La ausencia de infraestructura acorde también impacta en la calidad de vida. Acumar mide este indicador en función a cuatro dimensiones (vivienda, educación, salud y entorno). Según el organismo, en el área que involucra a la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires, se registran los valores más altos de calidad de vida, mientras que en La Matanza aparecen los valores más bajos. El factor “entorno” es lo que más se deterioró entre 2016 y 2019, nuevamente en La Matanza, pero también en la Ciudad de Buenos Aires.
La mejoría en la calidad de vida se manifiesta en otro variable, como la medición de la valores de plomo en sangre de la población. En 2020, se detectaron valores menores, con un 13% de disminución de las plombemias en las personas con exposición confirmada.
“La variación depende de las mejoras en las condiciones de vida, así como del cumplimiento de las recomendaciones higiénico dietéticas del equipo especializado en seguimiento de casos con plombemias elevadas oportunamente. Sin embargo, los niveles de plomo no son indicadores que permitan medir directamente la efectividad de las acciones de cuidado en salud”, precisó Maru Dakessian.
En general, desde Acumar reconocen que los datos vinculados a la relación de los factores ambientales y su impacto en la salud “se basan en los operativos realizados y en la pesquisa en sistemas de información”, como el Eisaar, que “son de por sí sesgados”.
“Hay un déficit de información sobre todo la generada en el subsistema privado y de obras sociales. La propuesta de avanzar hacia un sistema integral de salud aportaría datos más cercanos a la realidad que permitan realizar un análisis epidemiológico acorde que sirva de base para la toma de decisiones”, subrayó Dakessian.
Entre las cuentas pendientes permanece una deuda histórica con el déficit habitacional. El fallo “Mendoza” obliga al Estado a realizar 17.771 viviendas para las personas relevadas en ese momento que estaban en riesgo ambiental. Doce años después de la sentencia, se entregaron 4.932 soluciones habitacionales, y en 2020, apenas 356. Mientras tanto, más familias pudieron haberse radicado en cuenca Matanza-Riachuelo, por lo que la cifra inicial no sea suficiente para resolver la problemática. Pero tampoco existe una expectativa de que se vaya a cumplir rápidamente la manda judicial.
“Es sabido que estos números duros son metas establecidas sobre un proceso absolutamente dinámico como es la dinámica poblacional”, planteó María Laura Rey, directora de Ordenamiento Territorial de Acumar. “El plan de reactivación que se está llevando a cabo a nivel nacional prevé la reactivación de cerca de 2000 soluciones habitacionales que se encontraban en situación de paralización desde el año 2016″, concluyó.
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Juan Cabandié: "Si se sigue ampliando la frontera agraria estaremos en peligro"

Fecha de Publicación: 02/02/2021
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional


 La modificación de la ley de bosques y, quizá, ir por un fuero ambiental son dos de las premisas que tiene en mente el ministro de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié. En diálogo con La Nación, detalló el estado de situación tras los fuegos de 2020 y los que han empezado a desatarse este año.

-Tras los incendios del año pasado, ¿cuál es el estado de situación?
-Vamos bien encaminados. La ley de incendios es una ayuda. Pusimos en agenda el tema como no estaba antes. El trasfondo es la necesidad de revisar las prácticas productivas, por lo que significa la extensión de la frontera agropecuaria en contra de los ecosistemas. Tuvimos reuniones con ONG y especialistas para modificar la ley de bosques, que ya tiene 12 o 13 años. Durante el 2020 hubo 332.000 hectáreas afectadas y 100.000 hectáreas de desmonte. Entre las dos suman 420.000 hectáreas con bosques perjudicados y arrasados. Debemos ponerle ahínco al trabajo con las provincias para el combate rápido. Ha pasado que las provincias a veces tardaban en pedirnos ayuda. En agosto teníamos 14 provincias con fuegos simultáneos, por factores naturales y de gestión. Por eso dispusimos que los brigadistas de parques nacionales tengan estabilidad laboral. Serían unos 450 en total, estables en cada parque.
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-¿Qué tipo de modificación incluirá la nueva ley de bosques?
-Varias. Se tipificará el delito de incendio de bosque nativo. Y, como también es cierto que la categoría color verde quedó obsoleta, vamos a eliminarla. Porque gran parte de la deforestación es sobre áreas verdes. Es un problema, porque legaliza el desmonte. Habría que hacer un nuevo ordenamiento. Estamos conversando con los sectores, con ONG, movimientos campesinos, las provincias; estamos en condiciones de avanzar para que ingrese en marzo al Congreso.

-Se suele decir que las leyes ambientales argentinas están bien, pero que no se cumplen. En concreto, que las provincias no ejercen su poder de policía para evitar la deforestación.
-Por eso la tipificación de delito. En líneas generales, la posición es siempre que lo ambiental no sea obstáculo del desarrollo, pero que sea un desarrollo sostenible. Es la única salida por la gravedad de la situación planetaria. Las zonas amarillas no impiden la actividad productiva, siempre que sea con planificación, que haya un manejo integral del bosque. Quizá algún sector de la soja se quejará, pero si seguimos ampliando la frontera agraria estaremos en peligro real. Vimos las inundaciones de La Falda en estos días. Los bosques son fundamentales en la regulación hídrica, la protección del suelo, la fijación de gases de efecto invernadero. La pérdida del suelo por erosión es enorme y tiene consecuencias para la calidad de vida. Agotar el suelo no le sirve al sector productivo tampoco. Si se estresa el suelo, se desertifican zonas que podrían ser más productivas. Es un cambio de paradigma. Nuestras cuencas y bosques hay que cuidarlos. El sector productivo debe incorporar conceptos de sostenibilidad; es un territorio donde vivimos todos.

-Otro debate es la disyuntiva entre penalizar a quienes deforestan o convencerlos de que lo que hacen es malo para todos.
-Por eso la ley de educación ambiental. Hay que hacer las leyes poniendo el diálogo por adelante. Me ha pasado, por poner un ejemplo, con los fuegos artificiales, con la cámara que agrupa a los vendedores. Sacamos un decreto en diciembre donde el estado prohíbe las compras de esos fuegos sonoros. Vino la cámara enojada, dialogamos, y ahora volvieron, y este año hubo demanda para usar fuegos sin estruendo. El mercado se readaptó para ir solo a lo lumínico. Se beneficia así a personas con autismo, y también a las mascotas.

-¿Qué grado de efectividad pueden llegar a tener medidas como la ley de manejo del fuego?
-Fue pertinente. La legislación comparada muestra que es una medida que ha sido exitosa y bajó la tasa de fuegos. Este año ya no hay registros de focos significativos. Hoy en el Delta el ganado vacuno empieza a consumir pastos y evidentemente los incendios fueron para renovar pasturas. La medición de cómo funciona la ley en el terreno la vamos a tener en marzo o abril. Hay distintos eslabones de las cadenas de decisiones y en ese sentido la Justicia tiene un rol, como insistí desde el principio. Creo que habría que pensar en un fuero específico de lo ambiental, que los jueces no tengan excusas para aplicar las leyes.
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Organización de abogados del Noa repudia atropellos contra comunidades indígenas de Jujuy

Fecha de Publicación: 02/02/2021
Fuente: Grupo La Provincia
Provincia/Región: Jujuy


La organización de Abogados y Abogadas del Noa en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes) repudió hoy hechos de violencia sufridos durante una asamblea organizada por la comunidad indígena Las Capillas, y, por otro lado, la concreción de un desmonte ilegal en perjuicio de la Comunidad Tusca Pacha, ambas de Jujuy.
“Estos hechos no resultan aislados dentro de la provincia de Jujuy ni del país, sino que se correlatan con una serie de vulneraciones de los derechos humanos más elementales que defienden las comunidades indígenas que resisten: el derecho a sus territorios ancestrales y a una vida digna dentro de los mismos”, indicó Andhes, en un comunicado de prensa.
Del hecho de violencia contra la Comunidad de Las Capillas, del Pueblo Ocloyas, detallaron que ocurrió el pasado 23 de enero, durante una asamblea que convocaron para visibilizar los conflictos territoriales que atraviesan y de la que participaban representantes de pueblos indígenas de Jujuy, Salta y Santiago del Estero; de organismos nacionales; y organizaciones sociales y de derechos humanos, entre ellas Andhes.
“Lamentablemente, mientras se llevaba a cabo dicha Asamblea Comunitaria, la vivienda de un anciano de unos 80 años que participaba de la reunión sufrió un ataque que produjo serios daños materiales y la sustracción de algunos elementos personales”, explicaron desde la organización.
Desde Andhes descartaron que se tratase de un hecho aislado, y argumentaron que la Comunidad viene sufriendo “constantemente diversos atropellos por parte de una empresa que ha mandado empleados a poner alambrados, cerramiento de paso, restricción de circulación de ganado en zonas de pastoreo, entre otros”, en el marco del conflicto territorial existente.
Respecto al desmonte ilegal sufrido por la Comunidad Indígena Tusca Pacha, de la localidad de Palpalá, indicaron que tuvo lugar la mañana del 25 de enero, cuando despertaron en el lugar con árboles caídos, arrancados por una máquina de desmalezar.
“Está ligado a los intereses empresariales vinculados a la inmobiliaria Sucre, por lo que el fatal desenlace es inminente sino se toman las medidas necesarias”, sostuvieron al respecto y señalaron que “el daño causado fue parcialmente detenido por integrantes de la comunidad que se apersonaron a la comisaría local para hacer la denuncia pertinente”.
“Desde Andhes se reitera el apoyo a la Comunidad Indígena Las Capillas y Tusca Pacha, resaltando el papel fundamental que debe tener en estos casos el Estado Argentino a fin de brindar las garantías necesarias para prevenir y castigar a las empresas junto con sus cómplices que quieran despojar a las comunidades indígenas de su territorio comunitario”, concluyeron. (Télam)
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Audiencia Pública: más del 97% de los oradores rechazó la privatización de Costa Salguero

Fecha de Publicación: 01/02/2021
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Capital Federal


Entre los principales argumentos que fueron esgrimidos para rechazar el proyecto se encuentran sus contradicciones con la Constitución de la Ciudad, el Plan Urbano Ambiental y el Código Urbanístico; el déficit de espacios verdes y la preservación del ecosistema ribereño y la pérdida de espacios públicos, entre otros.
La audiencia pública por la rezonificación de Costa Salguero y Punta Carrasco, que se realizó en la Legislatura porteña a lo largo de los últimos dos meses, finalizó este sábado con el 97,6% de sus oradores rechazando el proyecto del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que busca habilitar en esos predios la construcción de edificios de hasta 10 pisos.
De acuerdo a un relevamiento realizado por los legisladores porteños del Frente de Todos (FdT), Juan Manuel Valdés y Lucía Cámpora, expusieron en la audiencia un total de 2.057 personas, de las cuales 2.002 se opusieron a la iniciativa del Ejecutivo local, que propone cambiar las normas urbanísticas de estos dos predios, que están ubicados en la ribera del Río de la Plata y abarcan 32 hectáreas.
En tanto, sólo 55 participantes se manifestaron a favor de la iniciativa. De estos, 24 son o fueron funcionarios con cargos jerárquicos dentro del GCBA, mayormente en áreas vinculadas con la implementación del proyecto, y otros 7 tienen algún tipo de vinculación formal con el Gobierno porteño o con la fuerza política gobernante.
"Miles de ciudadanos y ciudadanas expresaron su rechazo al proyecto que se pretende desde el Gobierno de la Ciudad", dijo al respecto Valdés a través de un comunicado, en el cual agregó: "Tenemos que redoblar los esfuerzos para evitar que llegue al recinto".
Vecinos y vecinas de todos los barrios de la Ciudad, activistas ambientalistas, colectivos de profesionales de la arquitectura, autoridades de la universidad pública, referentes académicas/os, jóvenes y adultas/os mayores, artistas, comunicadores, senadores, diputados/as, comuneros/as, agrupamientos vecinales y agrupaciones políticas, se destacan en el amplio abanico de participaciones de las 30 jornadas de audiencia pública.
Entre los principales argumentos que fueron esgrimidos para rechazar el proyecto se encuentran sus contradicciones con la Constitución de la Ciudad, el Plan Urbano Ambiental y el Código Urbanístico; el déficit de espacios verdes y la preservación del ecosistema ribereño y la pérdida de espacios públicos, entre otros.
Además, durante las audiencias fue señalado la problemática de la cercanía con el aeropuerto Jorge Newbery. En este sentido, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) advirtió que los edificios proyectados "atentan contra la seguridad aeronáutica", ya que se construirían a menos de 500 metros de la cabecera de una de las pistas del aeroparque metropolitano.
En tanto, la propuesta de crear un gran parque público fue contundente: se propuso llamarlo "Diego Armando Maradona".
“El Gobierno de la Ciudad debe escuchar la voz de los porteños y porteñas que se manifestaron en esta enorme audiencia, al igual que en las distintas manifestaciones que se llevan adelante en defensa de la costanera. Avanzar con un proyecto de estas características, desoyendo el pedido de tantos vecinos y vecinas, sería un acto de enorme sordera y un irremediable error en la historia de la Ciudad”, señalaron desde el bloque de legisladores del Frente de Todos.
El proyecto de rezonificación fue aprobado en primera lectura en la Legislatura porteña en octubre pasado, con votos del oficialismo (Vamos Juntos) y de bloques aliados (UCR-Evolución y Partido Socialista), y la audiencia pública era requisito para que la norma llegue al recinto para una segunda y definitiva votación.
En diciembre de 2019, el oficialismo porteño, que en ese momento contaba con 32 bancas en la Legislatura, de un total de 60, aprobó una ley que autorizaba la venta de las tierras de Costa Salguero y Punta Carrasco, que pertenecen al Estado local, y luego lanzó el "Concurso nacional de ideas", convocando a proyectos arquitectónicos que incluyeran la construcción los edificios.
Sin embargo, la venta de las tierras se encuentra suspendida por un fallo de la justicia local en segunda instancia, el cual consideró que las tierras ribereñas son de "especial tutela" por su valor ambiental; además, la Constitución porteña establece en su artículo 8° que los terrenos costeros son "públicos y de libre acceso y circulación".
Dicha Constitución también establece, en su artículo 1°, que la Ciudad de Buenos Aires, "organiza sus instituciones autónomas como democracia participativa".
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Desde la UNR solicitan a Perotti que se reglamente la Ley de Humedales provincial

Fecha de Publicación: 01/02/2021
Fuente: Mirador Provincial
Provincia/Región: Santa Fe


En el primer mes de un año con nuevos focos ígneos y más de 1100 hectáreas incendiadas en las islas frente a Santa Fe, el Observatorio Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario recordó al gobernador de la provincia la necesidad de reglamentar -para evitar un año de sucesivas quemas como fue el 2020- la postergada Ley de Humedales provincial (n°13.932) que fue aprobada por Congreso Provincial el 23 de noviembre de 2019.
 "En caso de que no se avance con la reglamentación de la Ley que nos ampara, y de avances en el Comité de Emergencia Ambiental intergubernamental creado por decisión de la Corte Suprema (que no se está reuniendo), en mayo o junio de este año, nos encontraremos con el mismo panorama de quemas de pastizales descontroladas y una nueva baja en la calidad del aire", fueron las palabras de advertencia del director del Observatorio Ambiental, Matías de Bueno, en diálogo con Mirador.
Esta ley generará, según explicó, un plan de reordenamiento del territorio en las islas que sean santafesinas. Para ello la ministra de Medioambiente Érika Gonnet deberá elaborar el proyecto con la decisión de qué autoridad de aplicación controlará cada zona, movilizará los permisos y prohibiciones, contará con presupuestos, grupos de intervención para las investigaciones, y mejores controles sobre el manejo del fuego.

"Decisión política"
"Para reglamentarla sólo es necesaria la decisión política, y por eso no se entiende si es omisión por desinterés o por cubrir intereses de terratenientes, y como sea es un abuso", fustigó De Bueno, quien recordó que "será Gonnet quien defina los detalles, que sólo deben estar en sintonía con la legislación nacional de presupuestos mínimos de preservación ambiental, y una vez reglamentada la ley, se aplica por decreto del gobernador Perotti".
Además destacó que si la provincia avanza en aplicar su propia ley, "nos fortalecerá a los santafesinos al pedir colaboraciones interjurisdiccionales a la hora de necesitar apagar focos", destacó. A eso se suma que una vez reglamentada, Santa Fe servirá de ejemplo y presión al Congreso Nacional de cara al año ordinario para que sea tratada finalmente la Ley Nacional de Humedales que quedó pendiente a fines del año pasado.
La recomendación que dio el referente del Observatorio Ambiental fue de "que se realice una asamblea pública, a modo de consulta popular sobre qué actividades permitir y dónde, que participen diversos sectores de la sociedad, principalmente quienes habitan esas zonas y viven el impacto ambiental". A eso se puede sumar la asesoría del propio Observatorio, así como de especialistas y consultores ambientales.
Este medio pudo saber además que hay organizaciones ecologistas que, para hacer cumplir al Estado la obligación de reglamentar la Ley de Humedales, piensan utilizar como recurso la Ley 10 mil, que protege a la ciudadanía cuando se violenta algún derecho de incidencia colectiva.
Es un recurso para "tutelar la salud pública, conservar la fauna, la flora, el paisaje, el medio ambiente, preservar el patrimonio histórico, cultural y artístico, la correcta comercialización de mercaderías a la población y en general", reza el texto en el Sistema Argentino de Información Jurídica.

El comienzo del año sin cambios
Como se precisaba al comienzo de este artículo, el cálculo sobre la cantidad de tierra quemada en las islas en lo que va del mes de enero es de 1.100 hectáreas, según las precisiones del Centro de Estudios Territoriales de la Facultad de Ciencias Agrarias (UNR). Esa cantidad implica alrededor de 120 focos ígneos en el Delta del Paraná, de los cuales unos 40 pertenecen a las islas frente a la ciudad de Rosario.
Pero estos focos que se encienden durante el verano, difieren mucho según se observó, de los realizados durante el invierno pasado, ya que "en ese entonces había mucha biomasa para quemar y sequía, y no había turismo en las islas por la época del año, sumado a que no había controles casi por la pandemia, y por eso fue arrasador".
Actualmente las quemas se detectan hacia el sur de la provincia, hasta la provincia de Buenos Aires, y "más de la mitad de los focos actuales son desde San Nicolás hacia el sur", sumado a otras zonas dispersas frente a Santa Fe que "como no se habían quemado las están quemando ahora, y se sabe que son completamente intencionales", aseguró De Bueno.
También se detectaron algunos focos más cercanos al río Paraná, y según presunciones del monitoreo "esos sí se producen sin intenciones comerciales, probablemente por fuegos de turistas".
El cálculo sobre la cantidad de tierra quemada en las islas en lo que va del mes de enero es de 1.100 hectáreas, según las precisiones del Centro de Estudios Territoriales de la Facultad de Ciencias Agrarias (UNR). Esa cantidad implica alrededor de 120 focos ígneos en el Delta del Paraná, de los cuales unos 40 pertenecen a las islas frente a la ciudad de Rosario.

Los estudios a las islas tras la tierra quemada
La UNR cuenta con diferentes grupos de investigaciones en la zona de la Isla de los Mástiles, frente a la ciudad de Baigorria, para investigar las consecuencias en la contaminación del aire, del agua, el contraste de las superficies quemadas y las no quemadas, y cómo se encuentran la fauna ictícola, las tortugas, las aves, los insectos y la fauna.
Las investigaciones llevarán unos dos años, y se realizan desde las facultades de Bioquímicas, Ciencias Agrarias, Veterinaria e Ingeniería, que luego serán tomados sus resultados de forma multidisciplinaria desde el Observatorio Ambiental, la Secretaría de Ciencia y Técnica y la Plataforma Ambiental de la UNR. En marzo de este año ya habrá algunos informes preliminares.
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“Ecocidio” en Garuhapé: sin respuestas de Ecología y Industria

Fecha de Publicación: 01/02/2021
Fuente: Misiones Cuatro
Provincia/Región: Misiones


Tras las denuncias públicas motorizadas por una agrupación liderada por un dirigente del PAyS y el FdT, el Ministro de Ecología, Mario Vialey y el de Industria, Luis Lichowski, se mantienen en silencio y evitan todo contacto con la prensa.
 Luego de las fuertes denuncias contra el gobierno provincial por el “ecocidio” (destrucción del ecosistema) que empresas están realizando en la zona de Garuhapé, los apuntados ministros Mario Vialey (Ecología) y Luis Lichowski (Industria), evitaron todo pronunciamiento o desmentida. Ambos están señalados como cómplices de un grave daño ambiental que está siendo promovido por una empresa que fabrica cerámicos y estaría vinculada al Iprodha, por vía de tercerización de servicios.
Sin embargo, la situación salpica también al fantasmal ministerio del Cambio Climático, que estaría recibiendo una importante inversión pública, pero carece de una función o actividad conocida. Desde luego, el ministro Patricio Lombardi ya dejó en claro que no va a denunciar los desmontes en Misiones. Tampoco cuestionará las mega-represas en la provincia, pese a los efectos devastadores para el clima y el medioambiente. Pero esta denuncia lo expone. Es que Lombardi tampoco interviene de motus propio en temas vinculados a la ecología y la destrucción de ecosistemas como en el caso de Garuhapé.

Lo que denuncia la organización del dirigente del PAyS/FdT
Según la denuncia presentada por el Frente Kaapuera, una organización liderada por integrantes del Frente de Todos, empresas del cerámico avanzaron sobre la cobertura vegetal (selva en galería) del arroyo principal de Garuhapé. “La biodiversidad afectada es enorme y se habla de kilómetros de márgenes de arroyo que han desaparecido, tanto de tierra como de la selva”, alertaron desde el grupo.
De acuerdo con la denuncia, empresas de la cerámica, por el boom de la construcción, están depredando la cuenca del arroyo, prácticamente sin ningún control. Y no sólo extraen tierra, sino que talan los árboles de la zona de la selva en galería. “Es un ecocidio y recuperar esa selva será imposible”, manifestó uno de los referentes del Frente Kaapuera, conocido por haber sido candidato del PAyS, en pasadas elecciones.

Vialey y Lichowski en la mira
Desde la asociación, apuntaron a las responsabilidades de los ministros Lichowski y Vialey. El primero porque su organismo debe regular la actividad de la industria. Y el segundo porque Ecología es la autoridad de aplicación de la Ley XVI Nº 105 que establece el ordenamiento de los bosques nativos, los mecanismos a implementar para su conservación y el régimen de promoción de manejo sostenible.
Según la denuncia el bosque nativo que está arriba del suelo removido por las empresas de cerámica, también desapareció y se lo llevaron. Pero es el Ministerio de Ecología el que otorga las guías forestales que permiten el corte de materia nativa. De allí las denuncias presentadas ante el organismo que preside Vialey. Cabe recordar que este ministerio, según el Presupuesto 2021, tiene asignados $683.821.000.
De acuerdo con los denunciantes, como en Octubre, el ministerio de Ecología no respondió a los pedidos de informes sobre las guías forestales, en Noviembre hubo una nueva denuncia presentada ante ese organismo y ante el ministerio de Industria. Ninguno de los ministerios en cuestión, respondieron a las denuncias.

¿Interna entre el Frente de Todos y la Renovación?
Cabe acotar que las denuncias por el ecocidio están siendo impulsadas por una organización conducida por un dirigente kirchnerista del PAyS (Partido Agrario y Social), cuyos referentes estarían buscando posicionarse políticamente, con vistas a las inminentes elecciones legislativa. El PAyS ya avisó que va a competir electoralmente contra la Renovación, pese a que forman parte del mismo espacio oficialista.
Desde luego, el gobierno provincial de la Renovación K, es uno de los aliados del gobierno nacional, actualmente conducido por el Frente de Todos. Y el PAyS forma parte del Frente de Todos. De hecho, en casi todas las votaciones en el Congreso, renovadores y kirchneristas aportaron sus votos al oficialismo. Dada la pertenencia al mismo proyecto nacional, no extraña que los cuestionamientos no apunten a las empresas del cerámico. Una de ellas estaría vinculada -por terceros- al Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional.
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