Santiago realiza operativos por el tráfico de aves
09:00 | 
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Eco Sitio |
Realizan operativos de control para evitar el tráfico de aves silvestres
Fecha de Publicación: 14/12/2014
Fuente: Nuevo Diario
Provincia/Región: Santiago del Estero
El Ministerio de Producción, a través de la Dirección General de Bosque y Fauna informó que se están llevando a cabo controles e inspecciones en diferentes departamentos y rutas estratégicas de la provincia, con apoyo de personal policial, debido al tráfico ilegal de especies silvestres, principalmente del loro hablador “Amazona aestiva”.
Se comunica, además, que está vigente la Ley provincial Nº 4.802 de “Protección a la Fauna Silvestre” y decretos reglamentarios, la cual establece que toda persona que quiera ejercer el comercio de aves, tanto autóctonas como exóticas, deberá estar inscripta en el “Registro de comerciantes de aves provenientes de criaderos y declaradas plagas”, sito en este organismo.
Por lo tanto se recuerda que las aves que pueden comercializarse son las provenientes de criaderos habilitados, tales como: catita australiana, calafate, manón, diamante, canario, etc., y especies declaradas plagas tales como catas y calas.
Entre las especies que se encuentran prohibidas están: cardenales, reina mora, sachitas, pepetero, zorzal, brasitas, corbatitas, siete colores, celestinos, loro hablador, aves canoras autóctonas, etc.
Se advierte a los propietarios del rubro forrajería que no está permitida la venta de animales silvestres. Ante el incumplimiento de las normas citadas se realizará el procedimiento de rigor, secuestro, liberación cuando corresponda y multa pertinente.
Según los casos, se girarán las actuaciones efectuadas a la Justicia del Crimen, tal como lo establece la legislación vigente y decretos reglamentarios. De esta manera se pretende preservar y conservar las aves autóctonas para evitar su comercio y tráfico ilegal. Al mismo tiempo, se recomienda no capturar aves ni comprarlas.
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Fecha de Publicación: 14/12/2014
Fuente: Nuevo Diario
Provincia/Región: Santiago del Estero
El Ministerio de Producción, a través de la Dirección General de Bosque y Fauna informó que se están llevando a cabo controles e inspecciones en diferentes departamentos y rutas estratégicas de la provincia, con apoyo de personal policial, debido al tráfico ilegal de especies silvestres, principalmente del loro hablador “Amazona aestiva”.
Se comunica, además, que está vigente la Ley provincial Nº 4.802 de “Protección a la Fauna Silvestre” y decretos reglamentarios, la cual establece que toda persona que quiera ejercer el comercio de aves, tanto autóctonas como exóticas, deberá estar inscripta en el “Registro de comerciantes de aves provenientes de criaderos y declaradas plagas”, sito en este organismo.
Por lo tanto se recuerda que las aves que pueden comercializarse son las provenientes de criaderos habilitados, tales como: catita australiana, calafate, manón, diamante, canario, etc., y especies declaradas plagas tales como catas y calas.
Entre las especies que se encuentran prohibidas están: cardenales, reina mora, sachitas, pepetero, zorzal, brasitas, corbatitas, siete colores, celestinos, loro hablador, aves canoras autóctonas, etc.
Se advierte a los propietarios del rubro forrajería que no está permitida la venta de animales silvestres. Ante el incumplimiento de las normas citadas se realizará el procedimiento de rigor, secuestro, liberación cuando corresponda y multa pertinente.
Según los casos, se girarán las actuaciones efectuadas a la Justicia del Crimen, tal como lo establece la legislación vigente y decretos reglamentarios. De esta manera se pretende preservar y conservar las aves autóctonas para evitar su comercio y tráfico ilegal. Al mismo tiempo, se recomienda no capturar aves ni comprarlas.
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Podrían desaparecer los monos carayá rojo
Advierten que se podrían extinguir los monos carayá rojo en Misiones
Fecha de Publicación: 14/12/2014
Fuente: Misiones On Line
Provincia/Región: Misiones
El mono carayá rojo, o aullador rojo (Alouatta guariba) es la especie de primate más amenazada de Argentina. Se encuentra en peligro crítico de extinción según la Sociedad Argentina para el Estudio de los Mamíferos. Habita solamente en Misiones, donde tiene una distribución reducida y densidades extremadamente bajas.
Además de los desmontes, una de las amenazas más importantes para los monos carayá son las epidemias de fiebre amarilla, una enfermedad causada por un virus que es transmitido por mosquitos.
Los carayá son primates sensibles a la fiebre amarilla y no constituyen un reservorio del virus sino que son víctimas de la misma ya que enferman y mueren. El hallazgo de monos carayá (rojos o negros) enfermos o muertos alertan en forma temprana la necesidad de vacunar a la población humana, motivo por el cual son considerados centinelas de la enfermedad para la salud pública. Como centinelas, los carayá ayudan a proteger a la gente que vive en las áreas donde el virus está circulando, deteniendo también la propagación del mismo.
Durante el Primer Taller de Conservación del Mono Carayá Rojo que se llevó a cabo en Argentina en el año 2013, un grupo de profesionales, a través de simulaciones con programas que analizan posibles escenarios futuros para la población, demostró que brotes recurrentes de fiebre amarilla podrían llevar a los carayá rojos a desaparecer rápidamente de nuestro país. Para la pequeña población de carayá rojo de Misiones, la fiebre amarilla es la principal amenaza de extinción.
El último brote epidémico de fiebre amarilla que afectó a la provincia de Misiones fue detectado por científicas del Instituto de Biología Subtropical (IBS, CONICET – UNaM) y la Asociación Civil Centro de Investigaciones del Bosque Atlántico (CeIBA), que desarrollaron un estudio de la ecología de los monos carayá en el Parque Provincial El Piñalito de Misiones entre 2005 y 2008. Todos los individuos de los grupos bajo estudio murieron durante la epidemia y la población de carayá rojo de Misiones fue casi exterminada.
Desde diferentes instituciones, tales como el Instituto de Biología Subtropical (IBS), la Asociación Civil Centro de Investigaciones del Bosque Atlántico (CeIBA), el Instituto Nacional de Medicina Tropical (INMeT) – MSAL, la Estación Biológica de Corrientes (EBCO) MACN BR – CONICET y el Instituto Nacional de Enfermedades Virales Humanas (INEVH) – ANLIS, biólogos, veterinarios y epidemiólogos están trabajando en definir estrategias para implementar un sistema de vigilancia activa en toda la región nordeste del país.
Entre las líneas prioritarias identificadas, los expertos pertenecientes a estas instituciones destacaron la importancia de llevar a cabo un monitoreo de los mosquitos vectores de la enfermedad y el aislamiento del virus de la fiebre amarilla en Misiones. También es importante alertar a los pobladores rurales, guardaparques e investigadores para incrementar la capacidad de detección de mortalidad o enfermedad de carayá en el territorio.
A su vez, es necesario difundir entre los guardaparques e investigadores potencialmente involucrados un protocolo y un breve entrenamiento sobre cómo actuar en el caso de hallazgo de un mono muerto y difundir material informativo sobre los monos carayá y sobre la fiebre amarilla en las áreas rurales. La implementación de estas acciones, con el apoyo de las autoridades correspondientes de salud pública y áreas protegidas generará una red de vigilancia efectiva que facilitará la detección temprana de futuros brotes de fiebre amarilla en el nordeste de Argentina.
Proteger la última población de carayá rojo en nuestro país es importante no solamente para la conservación de la especie, sino también para proteger la salud de la gente. Ante cualquier caso de mortandad de monos carayá rojos o negros sospechado o confirmado, cualquier persona debe reportarla ante las autoridades de salud pública (Ministerio de Salud de la Nación: 0-800-222-1002 opción 5; INMeT-MSAL en Puerto Iguazú: 03757-425001/02).
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Fecha de Publicación: 14/12/2014
Fuente: Misiones On Line
Provincia/Región: Misiones
El mono carayá rojo, o aullador rojo (Alouatta guariba) es la especie de primate más amenazada de Argentina. Se encuentra en peligro crítico de extinción según la Sociedad Argentina para el Estudio de los Mamíferos. Habita solamente en Misiones, donde tiene una distribución reducida y densidades extremadamente bajas.
Además de los desmontes, una de las amenazas más importantes para los monos carayá son las epidemias de fiebre amarilla, una enfermedad causada por un virus que es transmitido por mosquitos.
Los carayá son primates sensibles a la fiebre amarilla y no constituyen un reservorio del virus sino que son víctimas de la misma ya que enferman y mueren. El hallazgo de monos carayá (rojos o negros) enfermos o muertos alertan en forma temprana la necesidad de vacunar a la población humana, motivo por el cual son considerados centinelas de la enfermedad para la salud pública. Como centinelas, los carayá ayudan a proteger a la gente que vive en las áreas donde el virus está circulando, deteniendo también la propagación del mismo.
Durante el Primer Taller de Conservación del Mono Carayá Rojo que se llevó a cabo en Argentina en el año 2013, un grupo de profesionales, a través de simulaciones con programas que analizan posibles escenarios futuros para la población, demostró que brotes recurrentes de fiebre amarilla podrían llevar a los carayá rojos a desaparecer rápidamente de nuestro país. Para la pequeña población de carayá rojo de Misiones, la fiebre amarilla es la principal amenaza de extinción.
El último brote epidémico de fiebre amarilla que afectó a la provincia de Misiones fue detectado por científicas del Instituto de Biología Subtropical (IBS, CONICET – UNaM) y la Asociación Civil Centro de Investigaciones del Bosque Atlántico (CeIBA), que desarrollaron un estudio de la ecología de los monos carayá en el Parque Provincial El Piñalito de Misiones entre 2005 y 2008. Todos los individuos de los grupos bajo estudio murieron durante la epidemia y la población de carayá rojo de Misiones fue casi exterminada.
Desde diferentes instituciones, tales como el Instituto de Biología Subtropical (IBS), la Asociación Civil Centro de Investigaciones del Bosque Atlántico (CeIBA), el Instituto Nacional de Medicina Tropical (INMeT) – MSAL, la Estación Biológica de Corrientes (EBCO) MACN BR – CONICET y el Instituto Nacional de Enfermedades Virales Humanas (INEVH) – ANLIS, biólogos, veterinarios y epidemiólogos están trabajando en definir estrategias para implementar un sistema de vigilancia activa en toda la región nordeste del país.
Entre las líneas prioritarias identificadas, los expertos pertenecientes a estas instituciones destacaron la importancia de llevar a cabo un monitoreo de los mosquitos vectores de la enfermedad y el aislamiento del virus de la fiebre amarilla en Misiones. También es importante alertar a los pobladores rurales, guardaparques e investigadores para incrementar la capacidad de detección de mortalidad o enfermedad de carayá en el territorio.
A su vez, es necesario difundir entre los guardaparques e investigadores potencialmente involucrados un protocolo y un breve entrenamiento sobre cómo actuar en el caso de hallazgo de un mono muerto y difundir material informativo sobre los monos carayá y sobre la fiebre amarilla en las áreas rurales. La implementación de estas acciones, con el apoyo de las autoridades correspondientes de salud pública y áreas protegidas generará una red de vigilancia efectiva que facilitará la detección temprana de futuros brotes de fiebre amarilla en el nordeste de Argentina.
Proteger la última población de carayá rojo en nuestro país es importante no solamente para la conservación de la especie, sino también para proteger la salud de la gente. Ante cualquier caso de mortandad de monos carayá rojos o negros sospechado o confirmado, cualquier persona debe reportarla ante las autoridades de salud pública (Ministerio de Salud de la Nación: 0-800-222-1002 opción 5; INMeT-MSAL en Puerto Iguazú: 03757-425001/02).
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La pericia que podría complicar a la Alumbrera
Esperan un dictamen pericial que podría complicar a Minera Alumbrera
Fecha de Publicación: 13/12/2014
Fuente: Primera Fuente
Provincia/Región: Tucumán
Antes de fin de año, el juez federal Nº 2, Fernando Poviña, tendría en sus manos un informe sobre los valores de metales pesados en el canal donde Minera Alumbrera arroja sus desechos.
En dos semanas el Juzgado Federal Nº2 de Tucumán, a cargo de Fernando Poviña, contaría con otro elemento clave en la causa por contaminación de Minera Alumbrera a la cuenca Salí-Dulce. Una prueba más que implicaría la indagatoria a directivos de la minera y la UNT.
Se trata de los resultados de los análisis que peritos designados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación deben realizar en base a muestras de agua obtenidas en un allanamiento realizado a la planta de secado ubicada en la localidad tucumana Cruz del Norte (Ranchillos, departamento Cruz Alta), en septiembre de 2012. Desde este lugar se arrojan los efluentes aparentemente contaminantes al canal DP2, surgidos del mineraloducto que nace en la explotación de Bajo la Alumbrera, Catamarca.
En esa oportunidad, peritos de la UNT, corroboraron según pericias realizadas en el Instituto Nacional del Agua, la existencia de metales como selenio, mercurio y cobre en el agua. Estos elementos, son considerados en el Anexo II de la ley federal 24.051 (sobre residuos peligrosos) como “ecotóxicos”.
Desde la ONG Pro-Eco Grupo Ecologista, querellante en la causa contra Minera Alumbrera por daño ambiental, reclamaron previamente a la realización de este informe, la designación de estos técnicos debido al vínculo societario entre la UNT y Minera Alumbrera a través de la UTE Yacimientos Mineros Agua de Dionisio (YMAD). En un primer momento, el planteo de la agrupación no fue aceptado. Sin embargo, la defensa de Minera Alumbrera, al conocer el lapidario estudio en su contra, pidió la nulidad de el informe pericial. Sugestivamente, esta vez la Justicia sí dio lugar al planteo y mandó a realizar otro estudio.
“Esperamos el dictamen pericial de la Corte. Una vez que lleguen los dictámenes, con ese material probatorio, se debería llamar a indagatoria. Sin embargo, cuestionamos que el juez, con la cantidad de pruebas que ya existen, dependa de este informe para citar a los directivos de ?Minera Alumbrera?”, afirmó Susana Carrizo, abogada de Pro-Eco.
En este contexto de reclamo de justicia, se realizó este miércoles una concentración frente al Tribunal Federal de Tucumán, en coincidencia con el Día de los Derechos Humanos. “Nos manifestamos en defensa del agua y la vida. Aquí se daña la cuenca Salí-Dulce por parte de diferentes industrias y actividades extractivas como la megaexplotación de Minera Alumbrera que contamina impunemente pese a tener una causa desde hace 15 años “, afirmó Alfredo Carbonel.
El referente de Pro-Eco también alertó sobre el inminente comienzo de la explotación del yacimiento de Bajo el Durazno. “Esta nuevo emprendimiento minero utilizará en Tucumán las mismas instalaciones de Minera Alumbrera, entre esas el mineraloducto y la planta de secado en Ranchillos. Para eso deben pedir autorización a la Dirección de Minería y presentar Informe de Impacto Ambiental, caso contrario se estaría violando el Código de Minería. Sin embargo nada de esto existe”, alertó Carbonel.
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Fecha de Publicación: 13/12/2014
Fuente: Primera Fuente
Provincia/Región: Tucumán
Antes de fin de año, el juez federal Nº 2, Fernando Poviña, tendría en sus manos un informe sobre los valores de metales pesados en el canal donde Minera Alumbrera arroja sus desechos.
En dos semanas el Juzgado Federal Nº2 de Tucumán, a cargo de Fernando Poviña, contaría con otro elemento clave en la causa por contaminación de Minera Alumbrera a la cuenca Salí-Dulce. Una prueba más que implicaría la indagatoria a directivos de la minera y la UNT.
Se trata de los resultados de los análisis que peritos designados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación deben realizar en base a muestras de agua obtenidas en un allanamiento realizado a la planta de secado ubicada en la localidad tucumana Cruz del Norte (Ranchillos, departamento Cruz Alta), en septiembre de 2012. Desde este lugar se arrojan los efluentes aparentemente contaminantes al canal DP2, surgidos del mineraloducto que nace en la explotación de Bajo la Alumbrera, Catamarca.
En esa oportunidad, peritos de la UNT, corroboraron según pericias realizadas en el Instituto Nacional del Agua, la existencia de metales como selenio, mercurio y cobre en el agua. Estos elementos, son considerados en el Anexo II de la ley federal 24.051 (sobre residuos peligrosos) como “ecotóxicos”.
Desde la ONG Pro-Eco Grupo Ecologista, querellante en la causa contra Minera Alumbrera por daño ambiental, reclamaron previamente a la realización de este informe, la designación de estos técnicos debido al vínculo societario entre la UNT y Minera Alumbrera a través de la UTE Yacimientos Mineros Agua de Dionisio (YMAD). En un primer momento, el planteo de la agrupación no fue aceptado. Sin embargo, la defensa de Minera Alumbrera, al conocer el lapidario estudio en su contra, pidió la nulidad de el informe pericial. Sugestivamente, esta vez la Justicia sí dio lugar al planteo y mandó a realizar otro estudio.
“Esperamos el dictamen pericial de la Corte. Una vez que lleguen los dictámenes, con ese material probatorio, se debería llamar a indagatoria. Sin embargo, cuestionamos que el juez, con la cantidad de pruebas que ya existen, dependa de este informe para citar a los directivos de ?Minera Alumbrera?”, afirmó Susana Carrizo, abogada de Pro-Eco.
En este contexto de reclamo de justicia, se realizó este miércoles una concentración frente al Tribunal Federal de Tucumán, en coincidencia con el Día de los Derechos Humanos. “Nos manifestamos en defensa del agua y la vida. Aquí se daña la cuenca Salí-Dulce por parte de diferentes industrias y actividades extractivas como la megaexplotación de Minera Alumbrera que contamina impunemente pese a tener una causa desde hace 15 años “, afirmó Alfredo Carbonel.
El referente de Pro-Eco también alertó sobre el inminente comienzo de la explotación del yacimiento de Bajo el Durazno. “Esta nuevo emprendimiento minero utilizará en Tucumán las mismas instalaciones de Minera Alumbrera, entre esas el mineraloducto y la planta de secado en Ranchillos. Para eso deben pedir autorización a la Dirección de Minería y presentar Informe de Impacto Ambiental, caso contrario se estaría violando el Código de Minería. Sin embargo nada de esto existe”, alertó Carbonel.
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Alumbrera,
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Tucumán
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La CSJ restablece la vigencia del seguro ambiental
La Corte Suprema de Justicia restablece la vigencia del seguro ambiental
Fecha de Publicación: 13/12/2014
Fuente: Centro de Información Judicial
Provincia/Región: Nacional
La Corte Suprema con el voto de los Doctores Lorenzetti, Highton de Nolasco, Fayt y Maqueda restableció en el día de la fecha la vigencia del seguro ambiental previsto en el decreto reglamentario de la Ley General del Ambiente (causa “Fundación Medio Ambiente/ EN-PEN-DTO 1638/12- SSN Resol. 37.160 s/ medida cautelar autónoma”).
Para así decidir, la Corte Suprema revocó una medida cautelar dictada por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal que había suspendido la vigencia de las normas reglamentarias del seguro ambiental a través de las cuales se podrían contratar dos tipos de seguros: un seguro de caución por daño ambiental de incidencia colectiva y un seguro de responsabilidad por daño ambiental de incidencia colectiva (Decreto 1638/12 y resolución 37.160/12 de la Superintendencia de Seguros de la Nación). Además, esa Cámara ordenó al Estado Nacional adoptar otros procedimientos de conformidad ambiental y acreditación de capacidad técnica no previstos por las normas en cuestión.
La Corte Suprema explicó que la decisión tomada por esa Cámara de Apelaciones había causado una situación de gravedad institucional, porque -en esos términos- impedía en forma total la aplicación por parte del Estado de las normas que permiten que en la Argentina se puedan contratar seguros de recomposición ambiental.
Precisó que la Cámara de Apelaciones fundó en forma insuficiente una medida cautelar que tuvo como efecto paralizar una política ambiental del estado, a la par que estableció otra. Por un lado, explicó que la sentencia apelada carecía de sustento constitucional y legal en la medida en que la Cámara de Apelaciones –al imponer a las aseguradoras la obligación de prevenir y recomponer el daño ambiental colectivo– no consideró el principio de responsabilidad ambiental según el cual es el generador de degradación actual o futuro en el ambiente quién es responsable de las acciones preventivas y correctivas de recomposición (art. 4 de la ley 25.675, Ley General del Ambiente).
Por otro lado, destacó que tampoco estaba acreditado cual era el peligro en la demora que justificaba alterar por vía de una medida cautelar el régimen de seguros ambientales.
La Corte Suprema concluyó que la medida cautelar dictada resultaba un remedio desproporcionado a la naturaleza y relevancia del caso planteado por la Fundación Medio Ambiente. Al considerar si correspondía otorgarla, la Cámara debió haber tenido en cuenta que una cautelar que suspende la vigencia de las normas citadas y ordena a la par la adopción de un sistema determinado de comprobación de idoneidad técnica, tiene una significativa incidencia sobre el principio constitucional de división de poderes, por lo que su procedencia debió ser evaluada con criterios especialmente estrictos que la Cámara no aplicó.
Por último, cabe señalar que la Procuración General de la Nación había dictaminado en sentido concordante con lo resuelto por la Corte Suprema, opinando que debía revocarse la resolución cautelar que había suspendido la vigencia del seguro ambiental.
Por disposición del Alto Tribunal, la causa será devuelta a la cámara de apelaciones a fin de que dicte un nuevo pronunciamiento fundado sobre la base de lo decidido por la Corte.
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Fecha de Publicación: 13/12/2014
Fuente: Centro de Información Judicial
Provincia/Región: Nacional
La Corte Suprema con el voto de los Doctores Lorenzetti, Highton de Nolasco, Fayt y Maqueda restableció en el día de la fecha la vigencia del seguro ambiental previsto en el decreto reglamentario de la Ley General del Ambiente (causa “Fundación Medio Ambiente/ EN-PEN-DTO 1638/12- SSN Resol. 37.160 s/ medida cautelar autónoma”).
Para así decidir, la Corte Suprema revocó una medida cautelar dictada por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal que había suspendido la vigencia de las normas reglamentarias del seguro ambiental a través de las cuales se podrían contratar dos tipos de seguros: un seguro de caución por daño ambiental de incidencia colectiva y un seguro de responsabilidad por daño ambiental de incidencia colectiva (Decreto 1638/12 y resolución 37.160/12 de la Superintendencia de Seguros de la Nación). Además, esa Cámara ordenó al Estado Nacional adoptar otros procedimientos de conformidad ambiental y acreditación de capacidad técnica no previstos por las normas en cuestión.
La Corte Suprema explicó que la decisión tomada por esa Cámara de Apelaciones había causado una situación de gravedad institucional, porque -en esos términos- impedía en forma total la aplicación por parte del Estado de las normas que permiten que en la Argentina se puedan contratar seguros de recomposición ambiental.
Precisó que la Cámara de Apelaciones fundó en forma insuficiente una medida cautelar que tuvo como efecto paralizar una política ambiental del estado, a la par que estableció otra. Por un lado, explicó que la sentencia apelada carecía de sustento constitucional y legal en la medida en que la Cámara de Apelaciones –al imponer a las aseguradoras la obligación de prevenir y recomponer el daño ambiental colectivo– no consideró el principio de responsabilidad ambiental según el cual es el generador de degradación actual o futuro en el ambiente quién es responsable de las acciones preventivas y correctivas de recomposición (art. 4 de la ley 25.675, Ley General del Ambiente).
Por otro lado, destacó que tampoco estaba acreditado cual era el peligro en la demora que justificaba alterar por vía de una medida cautelar el régimen de seguros ambientales.
La Corte Suprema concluyó que la medida cautelar dictada resultaba un remedio desproporcionado a la naturaleza y relevancia del caso planteado por la Fundación Medio Ambiente. Al considerar si correspondía otorgarla, la Cámara debió haber tenido en cuenta que una cautelar que suspende la vigencia de las normas citadas y ordena a la par la adopción de un sistema determinado de comprobación de idoneidad técnica, tiene una significativa incidencia sobre el principio constitucional de división de poderes, por lo que su procedencia debió ser evaluada con criterios especialmente estrictos que la Cámara no aplicó.
Por último, cabe señalar que la Procuración General de la Nación había dictaminado en sentido concordante con lo resuelto por la Corte Suprema, opinando que debía revocarse la resolución cautelar que había suspendido la vigencia del seguro ambiental.
Por disposición del Alto Tribunal, la causa será devuelta a la cámara de apelaciones a fin de que dicte un nuevo pronunciamiento fundado sobre la base de lo decidido por la Corte.
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Postura poco destacada de Argentina en la COP
El país no se compromete a reducir la contaminación
Fecha de Publicación: 12/12/2014
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
En su discurso, Boudou no anunció ninguna propuesta de mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero y pidió por las responsabilidades comunes pero diferenciadas.
Argentina aún no realizó anuncios concretos de reducción de emisiones en vista del acuerdo mundial que debería firmarse en 2015, pero que por estos días se está discutiendo en Lima.
Ayer, el vicepresidente Amado Boudou habló en nombre del país en la cumbre sobre cambio climático de la capital peruana (COP20).
En su discurso no dio precisiones sobre mitigación de gases de efecto invernadero (GEI) como sí lo han hecho otros países de la región. El plazo límite es abril de 2015, pero lo ideal sería que los anuncios ocurran en la COP20.
Boudou llamó más la atención por su situación judicial que por lo que dijo en materia ambiental.
Sus argumentos estuvieron centrados en el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas; es decir, que los países desarrollados responsables históricos de la emisión de GEI sean los que realicen los mayores esfuerzos para reducir la contaminación y aportar dinero y tecnología a los países vulnerables para que se adapten a las consecuencias del calentamiento global.
“La responsabilidad histórica y los niveles de emisión actuales no pueden asignarse de igual manera a todos los países. El calentamiento global ha tenido como principales responsables a los países hoy desarrollados”, dijo Boudou.
Y agregó: “Existen tres principios que son irrenunciables a la firma de un convenio: responsabilidades comunes pero diferenciadas, responsabilidad histórica de emisión y equidad”.
Este lineamiento es el que ha sostenido Argentina y el resto de los países latinoamericano en las últimas cumbres. En la región existen dos grupos: el Alba, integrado por Venezuela, Ecuador y Bolivia, entre otros; y la Ailac (Perú, Colombia, Chile, Costa Rica, Panamá y Guatemala). El otro actor fuerte de la región es Brasil.
Si bien en el discurso todos se parecen, en términos de acción y diplomacia Brasil y la Ailac están mejor posicionados porque han anunciado medidas concretas de reducción de emisiones de GEI, lo que les interesa a los países ricos.
Brasil comunicó una reducción del 36 al 38,9 por ciento de sus emisiones para 2020. Colombia ha garantizado una disminución del 55,8 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2) también para 2020.
Chile propuso una reducción del 20 por ciento. Perú, del 45 por ciento comparado con sus niveles de 2000.
No propuesta
En el sitio oficial del organismo de la ONU sobre cambio climático, Argentina enuncia un conjunto de leyes que ayudarían a reducir las emisiones. Pero no está cuantificada su propuesta de mitigación.
A su vez, muchas de estas leyes no se cumplen. Por ejemplo, la normativa de energías renovables, la cual prevé que para 2016 el país alcance el 8 por ciento de producción eléctrica a partir de fuentes eólica, solar, minihidráulica, biogás y biomasa. Las proyecciones indican que ese porcentaje ahora está por debajo del 2 por ciento.
En su discurso, Boudou hizo hincapié en las medidas llevadas a cabo en el sector agropecuario como la siembra directa y la rotación de cultivos
Las actividades agrícola y ganadera representan el 43 por ciento del total de la contaminación por GEI nacional. Pero no hay ninguna ley o política para promover una reducción de sus emisiones, principalmente provocadas por las digestión de las vacas y la liberación de óxido nitroso en los cultivos de soja.
Finaliza mañana
La COP20 finaliza mañana. Al parecer las negociaciones están trabadas y peligra un acuerdo. El tema más complicado es la financiación para adaptarse que los países pobres les reclaman a los más ricos por su mayor responsabilidad histórica.
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Fecha de Publicación: 12/12/2014
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
En su discurso, Boudou no anunció ninguna propuesta de mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero y pidió por las responsabilidades comunes pero diferenciadas.
Argentina aún no realizó anuncios concretos de reducción de emisiones en vista del acuerdo mundial que debería firmarse en 2015, pero que por estos días se está discutiendo en Lima.
Ayer, el vicepresidente Amado Boudou habló en nombre del país en la cumbre sobre cambio climático de la capital peruana (COP20).
En su discurso no dio precisiones sobre mitigación de gases de efecto invernadero (GEI) como sí lo han hecho otros países de la región. El plazo límite es abril de 2015, pero lo ideal sería que los anuncios ocurran en la COP20.
Boudou llamó más la atención por su situación judicial que por lo que dijo en materia ambiental.
Sus argumentos estuvieron centrados en el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas; es decir, que los países desarrollados responsables históricos de la emisión de GEI sean los que realicen los mayores esfuerzos para reducir la contaminación y aportar dinero y tecnología a los países vulnerables para que se adapten a las consecuencias del calentamiento global.
“La responsabilidad histórica y los niveles de emisión actuales no pueden asignarse de igual manera a todos los países. El calentamiento global ha tenido como principales responsables a los países hoy desarrollados”, dijo Boudou.
Y agregó: “Existen tres principios que son irrenunciables a la firma de un convenio: responsabilidades comunes pero diferenciadas, responsabilidad histórica de emisión y equidad”.
Este lineamiento es el que ha sostenido Argentina y el resto de los países latinoamericano en las últimas cumbres. En la región existen dos grupos: el Alba, integrado por Venezuela, Ecuador y Bolivia, entre otros; y la Ailac (Perú, Colombia, Chile, Costa Rica, Panamá y Guatemala). El otro actor fuerte de la región es Brasil.
Si bien en el discurso todos se parecen, en términos de acción y diplomacia Brasil y la Ailac están mejor posicionados porque han anunciado medidas concretas de reducción de emisiones de GEI, lo que les interesa a los países ricos.
Brasil comunicó una reducción del 36 al 38,9 por ciento de sus emisiones para 2020. Colombia ha garantizado una disminución del 55,8 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2) también para 2020.
Chile propuso una reducción del 20 por ciento. Perú, del 45 por ciento comparado con sus niveles de 2000.
No propuesta
En el sitio oficial del organismo de la ONU sobre cambio climático, Argentina enuncia un conjunto de leyes que ayudarían a reducir las emisiones. Pero no está cuantificada su propuesta de mitigación.
A su vez, muchas de estas leyes no se cumplen. Por ejemplo, la normativa de energías renovables, la cual prevé que para 2016 el país alcance el 8 por ciento de producción eléctrica a partir de fuentes eólica, solar, minihidráulica, biogás y biomasa. Las proyecciones indican que ese porcentaje ahora está por debajo del 2 por ciento.
En su discurso, Boudou hizo hincapié en las medidas llevadas a cabo en el sector agropecuario como la siembra directa y la rotación de cultivos
Las actividades agrícola y ganadera representan el 43 por ciento del total de la contaminación por GEI nacional. Pero no hay ninguna ley o política para promover una reducción de sus emisiones, principalmente provocadas por las digestión de las vacas y la liberación de óxido nitroso en los cultivos de soja.
Finaliza mañana
La COP20 finaliza mañana. Al parecer las negociaciones están trabadas y peligra un acuerdo. El tema más complicado es la financiación para adaptarse que los países pobres les reclaman a los más ricos por su mayor responsabilidad histórica.
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Procuración dictaminó a favor de vecinos andalgalenses
Minería: la Procuración dictaminó a favor de los vecinos de Andalgalá
Fecha de Publicación: 12/12/2014
Fuente: Chaco Día por Día
Provincia/Región: Catamarca
Para la procuradora general, en la causa se debate “el derecho humano de todos los habitantes a la salud y a gozar de un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano”. El amparo fue presentado por un grupo de vecinos contra la provincia de Catamarca, el municipio y dos empresas mineras para obtener la suspensión de todo tipo de actividades relacionadas con la explotación de las Minas de Agua Rica.
La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, dictaminó que debe admitirse el recurso presentado por los habitantes del municipio de Andalgalá en la causa por la explotación de las Minas de Agua Rica. Los vecinos habían presentado un amparo para que se suspendan todo tipo de actividades en la zona, rechazado por todas las instancias judiciales provinciales. Ahora, la Corte Suprema de Justicia deberá resolver el expediente.
En su dictamen, Gils Carbó opinó que se debía devolver la causa a la Corte de Justicia de la Provincia de Catamarca “a fin de que se dicte una nueva ajustada a derecho”. La procuradora sostuvo que se debate “el derecho humano de todos los habitantes a la salud y a gozar de un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes, sin comprometer las de las generaciones futuras”, según el artículo 41 de la Constitución Nacional.
Además, señaló que, “a fin de garantizar el acceso a la justicia de los afectados”, el tratamiento y la verificación de la admisibilidad del amparo debían ser tratados con “el máximo grado de prudencia”. En ese sentido, consideró que el fallo de la Corte de Justicia de Catamarca (que no había hecho lugar a la solicitud por no cumplir con el requisito de sentencia definitiva exigido por la ley procesal local), “exhibe defectos de fundamentación” que afectan de forma directa e indirecta “las garantías constitucionales que se dicen vulneradas”.
Enfatizó, además, que el máximo tribunal provincial no tuvo en cuenta los agravios presentados por los habitantes. En la demanda, se había ofrecido un análisis del estudio de impacto ambiental presentado por la empresa minera y realizado por la Universidad de Tucumán. También, habían solicitado la designación de peritos para que analizaran el emprendimiento, algo que ninguno de los magistrados intervinientes proveyó.
El amparo
En enero de 2010, un grupo de vecinos de Andalgalá, Catamarca, presentaron una acción de amparo contra la provincia, el municipio, la empresa Minera Agua Rica y la sociedad Yamana Gold Inc. El fin de la acción era obtener la suspensión de todo trabajo de instalación, transporte, construcción o preparación destinado a la explotación de las Minas de Agua Rica. El yacimiento está ubicado en los nevados de Aconquija, donde se encuentran varios ríos que irrigan a los territorios más bajos y que aportan el caudal para la supervivencia de Andalgalá y otros pueblos vecinos.
En el recurso, también solicitaban el cese definitivo del emprendimiento “por lesionar al medio ambiente y afectar los derechos a la vida y a la salud de todos los habitantes de la región”. Agregaron que la metodología de explotación implica la detonación diaria de toneladas de explosivos, así como el triturado de roca, afectaría “la calidad del aire”. Como argumento, citaron un informe de la Secretaria de Estado de Minería de la provincia de Catamarca, donde se formulaban una serie de objeciones y observaciones que debía resolver la empresa minera previamente a iniciar cualquier trabajo, algo que fue incumplido. Finalmente, destacaron que en los últimos años, varios médicos de la zona asociaron el incremento de diversas enfermedades (cáncer, enfermedades respiratorias y esclerosis múltiple, entre otras) con la explotación minera a cielo abierto.
Aunque en un primer momento el Juzgado de Control de Garantías había declarado admisible el amparo y requirió la presentación de informes al Poder Ejecutivo de la provincia de Catamarca; a la Secretaria de Minería; al Ministerio de Salud; a la Secretaría de Ambiente; al Poder Legislativo local; a la empresa Agua Rica, y a la municipalidad de Andalgalá, luego declaró la inadmisibilidad. Lo fundamentó en “la necesidad de un mayor debate y prueba para la dilucidación”. La decisión fue confirmada por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, de Minas y del Trabajo de Segunda Nominación de la provincia.
En ese momento, los habitantes recurrieron ante la Corte Provincial, que también declaró inadmisible la acción. Luego del recurso extraordinario (que fue denegado), presentaron un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
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Fecha de Publicación: 12/12/2014
Fuente: Chaco Día por Día
Provincia/Región: Catamarca
Para la procuradora general, en la causa se debate “el derecho humano de todos los habitantes a la salud y a gozar de un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano”. El amparo fue presentado por un grupo de vecinos contra la provincia de Catamarca, el municipio y dos empresas mineras para obtener la suspensión de todo tipo de actividades relacionadas con la explotación de las Minas de Agua Rica.
La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, dictaminó que debe admitirse el recurso presentado por los habitantes del municipio de Andalgalá en la causa por la explotación de las Minas de Agua Rica. Los vecinos habían presentado un amparo para que se suspendan todo tipo de actividades en la zona, rechazado por todas las instancias judiciales provinciales. Ahora, la Corte Suprema de Justicia deberá resolver el expediente.
En su dictamen, Gils Carbó opinó que se debía devolver la causa a la Corte de Justicia de la Provincia de Catamarca “a fin de que se dicte una nueva ajustada a derecho”. La procuradora sostuvo que se debate “el derecho humano de todos los habitantes a la salud y a gozar de un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes, sin comprometer las de las generaciones futuras”, según el artículo 41 de la Constitución Nacional.
Además, señaló que, “a fin de garantizar el acceso a la justicia de los afectados”, el tratamiento y la verificación de la admisibilidad del amparo debían ser tratados con “el máximo grado de prudencia”. En ese sentido, consideró que el fallo de la Corte de Justicia de Catamarca (que no había hecho lugar a la solicitud por no cumplir con el requisito de sentencia definitiva exigido por la ley procesal local), “exhibe defectos de fundamentación” que afectan de forma directa e indirecta “las garantías constitucionales que se dicen vulneradas”.
Enfatizó, además, que el máximo tribunal provincial no tuvo en cuenta los agravios presentados por los habitantes. En la demanda, se había ofrecido un análisis del estudio de impacto ambiental presentado por la empresa minera y realizado por la Universidad de Tucumán. También, habían solicitado la designación de peritos para que analizaran el emprendimiento, algo que ninguno de los magistrados intervinientes proveyó.
El amparo
En enero de 2010, un grupo de vecinos de Andalgalá, Catamarca, presentaron una acción de amparo contra la provincia, el municipio, la empresa Minera Agua Rica y la sociedad Yamana Gold Inc. El fin de la acción era obtener la suspensión de todo trabajo de instalación, transporte, construcción o preparación destinado a la explotación de las Minas de Agua Rica. El yacimiento está ubicado en los nevados de Aconquija, donde se encuentran varios ríos que irrigan a los territorios más bajos y que aportan el caudal para la supervivencia de Andalgalá y otros pueblos vecinos.
En el recurso, también solicitaban el cese definitivo del emprendimiento “por lesionar al medio ambiente y afectar los derechos a la vida y a la salud de todos los habitantes de la región”. Agregaron que la metodología de explotación implica la detonación diaria de toneladas de explosivos, así como el triturado de roca, afectaría “la calidad del aire”. Como argumento, citaron un informe de la Secretaria de Estado de Minería de la provincia de Catamarca, donde se formulaban una serie de objeciones y observaciones que debía resolver la empresa minera previamente a iniciar cualquier trabajo, algo que fue incumplido. Finalmente, destacaron que en los últimos años, varios médicos de la zona asociaron el incremento de diversas enfermedades (cáncer, enfermedades respiratorias y esclerosis múltiple, entre otras) con la explotación minera a cielo abierto.
Aunque en un primer momento el Juzgado de Control de Garantías había declarado admisible el amparo y requirió la presentación de informes al Poder Ejecutivo de la provincia de Catamarca; a la Secretaria de Minería; al Ministerio de Salud; a la Secretaría de Ambiente; al Poder Legislativo local; a la empresa Agua Rica, y a la municipalidad de Andalgalá, luego declaró la inadmisibilidad. Lo fundamentó en “la necesidad de un mayor debate y prueba para la dilucidación”. La decisión fue confirmada por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, de Minas y del Trabajo de Segunda Nominación de la provincia.
En ese momento, los habitantes recurrieron ante la Corte Provincial, que también declaró inadmisible la acción. Luego del recurso extraordinario (que fue denegado), presentaron un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
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Por el cambio climático se esperan más lluvias
Se esperan más lluvias y más frecuentes
Fecha de Publicación: 12/12/2014
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Además de contribuir a mitigar las causas del cambio climático, cada año más influenciado por los efectos de la concentración de población en los grandes conglomerados urbanos, la ciudad de Buenos Aires debe asumir la empresa de adaptarse a los desafíos que se están produciendo y continuarán por varias décadas aunque se logren -y se cumplan- acuerdos internacionales para reducir radicalmente las emisiones de gases de efecto invernadero.
Las evaluaciones que se vienen haciendo en el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) indican que deben esperarse cambios en la frecuencia e intensidad de los fenómenos extremos del tiempo. Esto incluye precipitaciones severas en varias regiones.
El informe del IPCC de 2013 dice que los cambios en las precipitaciones no serán uniformes y que son más las regiones donde han aumentado que aquellas en las que han disminuido. También indica que la reciente observación de tendencias crecientes en las precipitaciones extremas y la descarga en las cuencas, implica mayor riesgo de inundación a escala regional.
En realidad, el IPCC no hace pronósticos, sino que analiza las posibilidades en distintos escenarios. Para el caso de la ciudad de Buenos Aires, es probable que aumente la precipitación media.
Las condiciones naturales de la ciudad no son modificables y claramente nos colocan en una situación vulnerable ante el cambio climático. Estamos en una llanura que acumula agua cuando llueve. Estamos también a orillas de un gran río cuyo nivel crece empujado por el mar. Pero podemos reducir la exposición de la población a la vulnerabilidad, que siempre castiga más fuerte a los sectores de ingresos bajos. Cuando se anunció una gran lluvia sobre Nueva York se cerraron los subterráneos. Para ello se requieren políticas y obras de adaptación. En esas mismas semanas, con un diluvio sobre Buenos Aires, un electricista del subte fue enviado a los rieles para verificar la situación y murió electrocutado.
Hace falta que comprendamos el problema en su cabalidad y que tomemos las medidas para enfrentar situaciones que antes no se presentaban. Con el cálculo sobre lo que ha ocurrido antes, no se podrá proyectar la solución para lo que seguramente sobrevendrá.
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Fecha de Publicación: 12/12/2014
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Además de contribuir a mitigar las causas del cambio climático, cada año más influenciado por los efectos de la concentración de población en los grandes conglomerados urbanos, la ciudad de Buenos Aires debe asumir la empresa de adaptarse a los desafíos que se están produciendo y continuarán por varias décadas aunque se logren -y se cumplan- acuerdos internacionales para reducir radicalmente las emisiones de gases de efecto invernadero.
Las evaluaciones que se vienen haciendo en el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) indican que deben esperarse cambios en la frecuencia e intensidad de los fenómenos extremos del tiempo. Esto incluye precipitaciones severas en varias regiones.
El informe del IPCC de 2013 dice que los cambios en las precipitaciones no serán uniformes y que son más las regiones donde han aumentado que aquellas en las que han disminuido. También indica que la reciente observación de tendencias crecientes en las precipitaciones extremas y la descarga en las cuencas, implica mayor riesgo de inundación a escala regional.
En realidad, el IPCC no hace pronósticos, sino que analiza las posibilidades en distintos escenarios. Para el caso de la ciudad de Buenos Aires, es probable que aumente la precipitación media.
Las condiciones naturales de la ciudad no son modificables y claramente nos colocan en una situación vulnerable ante el cambio climático. Estamos en una llanura que acumula agua cuando llueve. Estamos también a orillas de un gran río cuyo nivel crece empujado por el mar. Pero podemos reducir la exposición de la población a la vulnerabilidad, que siempre castiga más fuerte a los sectores de ingresos bajos. Cuando se anunció una gran lluvia sobre Nueva York se cerraron los subterráneos. Para ello se requieren políticas y obras de adaptación. En esas mismas semanas, con un diluvio sobre Buenos Aires, un electricista del subte fue enviado a los rieles para verificar la situación y murió electrocutado.
Hace falta que comprendamos el problema en su cabalidad y que tomemos las medidas para enfrentar situaciones que antes no se presentaban. Con el cálculo sobre lo que ha ocurrido antes, no se podrá proyectar la solución para lo que seguramente sobrevendrá.
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La Patagonia se calientó 1°C en solo 50 años
La Patagonia estuvo más cálida en los últimos 50 años
Fecha de Publicación: 11/12/2014
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Patagonia - Nacional
Hubo menos días con heladas hacia el 2010 respecto de 1960. En todo el país llovió más, salvo en los Andes del sur.
El calentamiento global no es un mito, a juzgar por los datos arrojados por un estudio que comparó los registros de 2010 con los de 1960 en la Argentina.
Los primeros resultados del Proyecto Tercera Comunicación Nacional sobre Cambio Climático -Tcncc- permitieron identificar que el aumento de la temperatura media en los últimos 50 años ha sido más alto en la Patagonia, llegando en algunas zonas a superar 1°C, cuando en el resto del país ese incremento fue de la mitad. Esto se ve reflejado en la generalizada retirada de los glaciares existentes en esa región.
Ya se encuentra disponible el estudio correspondiente a Modelos Climáticos. El trabajo fue realizado por el Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera -CIMA- para la Tcncc. Los mismos se pueden consultar en el sitio www.ambiente.gob.ar. Entre otros aspectos se destacan el aumento de la temperatura media en algunas regiones, lluvias intensas y olas de calor.
La Patagonia, más cálida
Según el estudio, realizado por el Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera para la Tcncc, en la mayor parte de la Argentina no patagónica hubo un aumento de temperatura de hasta medio grado. Este aumento fue menor al promedio global, lo cual se debería a las condiciones predominantemente oceánicas del Hemisferio Sur. Los expertos señalan que también podría deberse a que los cambios de la temperatura en el sur de Sudamérica no solo obedecen al calentamiento global sino además a procesos internos del sistema climático como cambios en la circulación atmosférica.
En el mismo período estudiado la precipitación anual aumentó en casi todo el país, aunque con variaciones interanuales. Los mayores cambios se registraron en el este con más de 200 mm, lo cual corresponde a un aumento de 10%. En algunas zonas semiáridas las lluvias más abundantes facilitó la expansión de la frontera agrícola alentada por otros factores no climáticos. Por el contrario, sobre los Andes Patagónicos y Cuyanos las precipitaciones disminuyeron, aunque en este último caso, con fuertes variaciones de año a año.
Olas de calor, lluvia y sequía
En gran parte del país hubo una reducción en el número de días con heladas mientras que el número de días con olas de calor tanto como las noches tropicales aumentaron considerablemente en el norte y este del país.
En cuanto a la precipitación, los eventos extremos resultaron más intensos y frecuentes en casi toda la Argentina no patagónica. Por otro lado, la duración de períodos prácticamente sin precipitación -conocidos como racha seca- disminuyó en la Pampa húmeda y la Patagonia no Andina. Al mismo tiempo, en el oeste y notoriamente en el norte del país, hubo un cambio hacia la prolongación del periodo seco invernal, lo cual genera problemas en la disponibilidad de agua en estas zonas.
En resumen, los cambios más significativos para las variables de precipitación y temperatura se han registrado en los extremos climáticos en comparación con los valores medios.
Las tendencias siguen para los próximos 25 años
Para los próximos 25 años se proyecta una aceleración del aumento de la temperatura media donde la región con mayores cambios sería el noroeste del país, con aumentos de hasta 1,5 grados centígrados. En cuanto a la precipitación media anual no se esperan grandes cambios. Sin embargo, los extremos de ambas variables seguirán en aumento y se registrará una mayor frecuencia de olas de calor, temperaturas más elevadas durante el día y la noche, sequías y lluvias extremas.
La Tcncc forma parte de las obligaciones asumidas por Argentina con la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (Cmnucc). En por ello que Argentina debe elaborar, actualizar, publicar y facilitar a la Conferencia de las Partes inventarios nacionales de las emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero. Además debe informar programas nacionales que contengan medidas para mitigar y facilitar la adecuada adaptación al cambio climático, como así también cualquier otra información relevante para el logro del objetivo de la Cmnucc. La Tercera Comunicación Nacional sobre Cambio Climático trabaja para poner a disposición los resultados de los diferentes estudios entre tomadores de decisión, académicos y otros grupos de interés. Ello con el propósito de la inclusión del cambio climático, los impactos asociados y medidas de respuesta en la agenda política a nivel nacional y provincial.
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Fecha de Publicación: 11/12/2014
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Patagonia - Nacional
Hubo menos días con heladas hacia el 2010 respecto de 1960. En todo el país llovió más, salvo en los Andes del sur.
El calentamiento global no es un mito, a juzgar por los datos arrojados por un estudio que comparó los registros de 2010 con los de 1960 en la Argentina.
Los primeros resultados del Proyecto Tercera Comunicación Nacional sobre Cambio Climático -Tcncc- permitieron identificar que el aumento de la temperatura media en los últimos 50 años ha sido más alto en la Patagonia, llegando en algunas zonas a superar 1°C, cuando en el resto del país ese incremento fue de la mitad. Esto se ve reflejado en la generalizada retirada de los glaciares existentes en esa región.
Ya se encuentra disponible el estudio correspondiente a Modelos Climáticos. El trabajo fue realizado por el Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera -CIMA- para la Tcncc. Los mismos se pueden consultar en el sitio www.ambiente.gob.ar. Entre otros aspectos se destacan el aumento de la temperatura media en algunas regiones, lluvias intensas y olas de calor.
La Patagonia, más cálida
Según el estudio, realizado por el Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera para la Tcncc, en la mayor parte de la Argentina no patagónica hubo un aumento de temperatura de hasta medio grado. Este aumento fue menor al promedio global, lo cual se debería a las condiciones predominantemente oceánicas del Hemisferio Sur. Los expertos señalan que también podría deberse a que los cambios de la temperatura en el sur de Sudamérica no solo obedecen al calentamiento global sino además a procesos internos del sistema climático como cambios en la circulación atmosférica.
En el mismo período estudiado la precipitación anual aumentó en casi todo el país, aunque con variaciones interanuales. Los mayores cambios se registraron en el este con más de 200 mm, lo cual corresponde a un aumento de 10%. En algunas zonas semiáridas las lluvias más abundantes facilitó la expansión de la frontera agrícola alentada por otros factores no climáticos. Por el contrario, sobre los Andes Patagónicos y Cuyanos las precipitaciones disminuyeron, aunque en este último caso, con fuertes variaciones de año a año.
Olas de calor, lluvia y sequía
En gran parte del país hubo una reducción en el número de días con heladas mientras que el número de días con olas de calor tanto como las noches tropicales aumentaron considerablemente en el norte y este del país.
En cuanto a la precipitación, los eventos extremos resultaron más intensos y frecuentes en casi toda la Argentina no patagónica. Por otro lado, la duración de períodos prácticamente sin precipitación -conocidos como racha seca- disminuyó en la Pampa húmeda y la Patagonia no Andina. Al mismo tiempo, en el oeste y notoriamente en el norte del país, hubo un cambio hacia la prolongación del periodo seco invernal, lo cual genera problemas en la disponibilidad de agua en estas zonas.
En resumen, los cambios más significativos para las variables de precipitación y temperatura se han registrado en los extremos climáticos en comparación con los valores medios.
Las tendencias siguen para los próximos 25 años
Para los próximos 25 años se proyecta una aceleración del aumento de la temperatura media donde la región con mayores cambios sería el noroeste del país, con aumentos de hasta 1,5 grados centígrados. En cuanto a la precipitación media anual no se esperan grandes cambios. Sin embargo, los extremos de ambas variables seguirán en aumento y se registrará una mayor frecuencia de olas de calor, temperaturas más elevadas durante el día y la noche, sequías y lluvias extremas.
La Tcncc forma parte de las obligaciones asumidas por Argentina con la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (Cmnucc). En por ello que Argentina debe elaborar, actualizar, publicar y facilitar a la Conferencia de las Partes inventarios nacionales de las emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero. Además debe informar programas nacionales que contengan medidas para mitigar y facilitar la adecuada adaptación al cambio climático, como así también cualquier otra información relevante para el logro del objetivo de la Cmnucc. La Tercera Comunicación Nacional sobre Cambio Climático trabaja para poner a disposición los resultados de los diferentes estudios entre tomadores de decisión, académicos y otros grupos de interés. Ello con el propósito de la inclusión del cambio climático, los impactos asociados y medidas de respuesta en la agenda política a nivel nacional y provincial.
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Un crimen casi impune, del campesino Cristian Ferreyra
Un disparo sin autor intelectual
Fecha de Publicación: 11/12/2014
Fuente: Página 12 / Biodiversidad en América Latina y El Caribe
Provincia/Región: Santiago del Estero
El tribunal oral de primera nominación de Santiago del Estero liberó de culpa y cargo a Jorge Ciccioli, el empresario acusado de ser el autor intelectual del asesinato del campesino Cristian Ferreyra, quien recibió un disparo de escopeta al resistir un desalojo en sus tierras. Los jueces condenaron a 10 años de prisión al autor material del crimen, Javier Juárez. El Mocase protesta frente al juzgado.
El fallo, dictado esta mañana en la ciudad de Monte Quemado, en el norte provincial, por la Cámara en lo Criminal y Correccional de Primera Nominación, generó protestas entre familiares y allegados a la víctima, ya que la pena solicitada contra Juárez era mayor y se esperaba una condena contra el empresario Ciccioli.
Cristian "Cacho" Ferreyra, de 23 años, dirigente del movimiento Mocase-Vía Campesina, fue asesinado el 16 de noviembre de 2011 de un balazo de itaka frente a la vivienda de otro integrante de esa agrupación, en el paraje santiagueño Campo de Mayo. Juárez fue encontrado culpable como autor material del hecho, cometido cuando llegó al lugar a exigirles el desalojo del campo que supuestamente había comprado Ciccioli.
El Mocase sostienen una larga lucha en la provincia para evitar el desalojo de campesinos de las tierras, que son desmontadas por grandes empresarios para el cultivo de soja.
El tribunal integrado por Élida Suárez de Bravo, María Angélica Peralta de Aguirre y Federico López Alzogaray, condenó a Juárez a 10 años de prisión, mientras el fiscal Guillermo Lozano había pedido una pena de 14 años y seis meses y la querella a 25 años. En cambio, decidió absolver a Ciccioli, para quien trabajaba Juárez en el momento del crimen, cuando el fiscal había reclamado una pena de cinco años y la querella de 16.
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Fecha de Publicación: 11/12/2014
Fuente: Página 12 / Biodiversidad en América Latina y El Caribe
Provincia/Región: Santiago del Estero
El tribunal oral de primera nominación de Santiago del Estero liberó de culpa y cargo a Jorge Ciccioli, el empresario acusado de ser el autor intelectual del asesinato del campesino Cristian Ferreyra, quien recibió un disparo de escopeta al resistir un desalojo en sus tierras. Los jueces condenaron a 10 años de prisión al autor material del crimen, Javier Juárez. El Mocase protesta frente al juzgado.
El fallo, dictado esta mañana en la ciudad de Monte Quemado, en el norte provincial, por la Cámara en lo Criminal y Correccional de Primera Nominación, generó protestas entre familiares y allegados a la víctima, ya que la pena solicitada contra Juárez era mayor y se esperaba una condena contra el empresario Ciccioli.
Cristian "Cacho" Ferreyra, de 23 años, dirigente del movimiento Mocase-Vía Campesina, fue asesinado el 16 de noviembre de 2011 de un balazo de itaka frente a la vivienda de otro integrante de esa agrupación, en el paraje santiagueño Campo de Mayo. Juárez fue encontrado culpable como autor material del hecho, cometido cuando llegó al lugar a exigirles el desalojo del campo que supuestamente había comprado Ciccioli.
El Mocase sostienen una larga lucha en la provincia para evitar el desalojo de campesinos de las tierras, que son desmontadas por grandes empresarios para el cultivo de soja.
El tribunal integrado por Élida Suárez de Bravo, María Angélica Peralta de Aguirre y Federico López Alzogaray, condenó a Juárez a 10 años de prisión, mientras el fiscal Guillermo Lozano había pedido una pena de 14 años y seis meses y la querella a 25 años. En cambio, decidió absolver a Ciccioli, para quien trabajaba Juárez en el momento del crimen, cuando el fiscal había reclamado una pena de cinco años y la querella de 16.
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Neuquén se urbaniza hacia los pozos petroleros
La ciudad que crece hacia los yacimientos
Fecha de Publicación: 11/12/2014
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
En Neuquén, en los últimos 10 años los tomadores de tierras terminaron junto a los pozos petroleros. Buscan contener con una legislación.
Allí donde la ciudad se expandió a fuerza de tomas, hacia el límite oeste, en el que Neuquén casi que se transforma en un mismo lugar junto con Plottier, el riesgo terminó por consolidarse: centenares de personas que se apropiaron de un pedazo de tierra quedaron viviendo sobre un yacimiento.
Sus casas, lisa y llanamente, forman parte de un mismo paisaje junto a las bombas que extraen el fluido de forma constante, como marcándole el pulso al principal motor de la economía provincial.
El crecimiento descontrolado y sin planificación, principalmente en la capital, provocó esta coexistencia. Así, familias para las que es difícil acceder a tierras terminan en una situación ambientalmente precaria, sobre áreas otorgadas hace 20 años, que quedan integradas, fuera de todo plan, al casco urbano.
En el ejido de la capital provincial hay exactamente 198 pozos petroleros. Es una cifra relativamente baja para las 12.828 hectáreas de su extensión. Sucede que varios de ellos quedaron en barrios como Valentina Norte Rural, literalmente, medianera de por medio, con los equipos de bombeo.
Este avance de quienes tomaron las tierras se produjo sobre todo en los últimos diez años.
En muchos casos, por necesidad, quedaron en una situación de riesgo. Saben, por caso, que no tienen que tomar agua de pozo porque es muy probable que esté contaminada. Y casi nadie se anima a plantar hortalizas.
El gobierno provincial, tras el avance de la zona urbana y como contrapartida de la renegociación de concesiones establecidas en la Ley 2615, tuvo que comenzar con un plan de remediación junto con las empresas. En el oeste de la ciudad se remediaron piletas de antiguos pozos. Se trata del yacimiento Centenario, que forma parte de la zona caliente del cruce de ejidos entre Neuquén y Plottier, donde se puede ver a niños que caminan junto a los equipos de bombeo.
El ejido de Plottier, según los datos de la Subsecretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible, tiene 204 pozos en sus 14.268 hectáreas.
“Se observa que existe una coexistencia entre la actividad hidrocarburífera y las zonas pobladas en las localidades de Neuquén y Plottier que todavía no existe en lugares de Centenario y Senillosa”, concluye un informe de la secretaría, al que accedió en exclusiva LM Neuquén, donde se manifiesta el avance de verdaderas barriadas sobre una geografía que antes solo formaba parte de los yacimientos.
Dentro de la Confluencia hay otras localidades que también tienen pozos en su zona de influencia. Con todo, no llegan a ser situaciones preocupantes como en la capital y sus adyacencias.
Por caso, en Centenario hay 97 pozos, en Vista Alegre hay unos 120 y en Senillosa, el más grande de todos los ejidos urbanos, con 143.581 hectáreas, se perforaron 684 pozos petroleros.
Escenario
Esta situación irregular que se registra sobre todo en la capital neuquina y el incipiente desarrollo de Vaca Muerta, y la desmesurada extensión de esa formación geológica por buena parte de la provincia, están promoviendo una nueva legislación para tratar de garantizar estándares de convivencia entre los pozos y las zonas urbanas dentro de un margen de seguridad más adecuado.
El titular de la cartera ambiental neuquina, Ricardo Esquivel, adelantó que ya hay algunos acercamientos con intendentes para darle forma a este marco normativo (ver aparte).
Hay cuestiones básicas que se busca erradicar. Por caso, hoy un pozo no puede estar a menos de 200 metros de distancia de un centro urbano, dijo Esquivel. Se trata de algo que en el extremo oeste de la capital en algunos casos no se cumple.
“Es una legislación antigua, que hay que poner al día”, dijo el funcionario sobre la necesidad de aumentar las distancias.
Por fuera de la afectación ambiental está la situación de inseguridad, que implica la convivencia de un pozo petrolero con una zona habitada. La capital provincial tiene un antecedente claro en el incendio que tuvo lugar en Plottier en julio de 2013 en un pozo operado por Pluspetrol, donde participaron unas 20 dotaciones de bomberos, a unos 200 metros de un, por entonces, nuevo plan de viviendas.
Apuestan y Avanzan en una ley
El subsecretario de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Provincia, Ricardo Esquivel, manifestó que el objetivo del Gobierno es contar con un nuevo marco regulatorio que fije pautas para los pozos petroleros en ejidos urbanos, en el primer tramo del año próximo.
En este contexto, ya hay reuniones, sobre todo con los intendentes de la Confluencia, para acordar las pautas que incluirá. Sobre el avance de áreas urbanas en la capital, sostuvo que “fue parte de un proceso que se dio a partir del crecimiento desmesurado de las tomas de tierras” y que, en este contexto, el Gobierno “heredó una situación que comenzó a consolidarse sobre el oeste de la capital”.
Señaló que “a partir de la ley de renegociación de las concesiones petroleras 2615, comenzamos a remediar algunos sectores de la ciudad que estaban afectados por piletas” de antiguos pozos. Y que se realizan mediciones en las napas freáticas. Con todo, muchos deciden no tomar agua de pozo para cuidarse de una posible contaminación.
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Fecha de Publicación: 11/12/2014
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
En Neuquén, en los últimos 10 años los tomadores de tierras terminaron junto a los pozos petroleros. Buscan contener con una legislación.
Allí donde la ciudad se expandió a fuerza de tomas, hacia el límite oeste, en el que Neuquén casi que se transforma en un mismo lugar junto con Plottier, el riesgo terminó por consolidarse: centenares de personas que se apropiaron de un pedazo de tierra quedaron viviendo sobre un yacimiento.
Sus casas, lisa y llanamente, forman parte de un mismo paisaje junto a las bombas que extraen el fluido de forma constante, como marcándole el pulso al principal motor de la economía provincial.
El crecimiento descontrolado y sin planificación, principalmente en la capital, provocó esta coexistencia. Así, familias para las que es difícil acceder a tierras terminan en una situación ambientalmente precaria, sobre áreas otorgadas hace 20 años, que quedan integradas, fuera de todo plan, al casco urbano.
En el ejido de la capital provincial hay exactamente 198 pozos petroleros. Es una cifra relativamente baja para las 12.828 hectáreas de su extensión. Sucede que varios de ellos quedaron en barrios como Valentina Norte Rural, literalmente, medianera de por medio, con los equipos de bombeo.
Este avance de quienes tomaron las tierras se produjo sobre todo en los últimos diez años.
En muchos casos, por necesidad, quedaron en una situación de riesgo. Saben, por caso, que no tienen que tomar agua de pozo porque es muy probable que esté contaminada. Y casi nadie se anima a plantar hortalizas.
El gobierno provincial, tras el avance de la zona urbana y como contrapartida de la renegociación de concesiones establecidas en la Ley 2615, tuvo que comenzar con un plan de remediación junto con las empresas. En el oeste de la ciudad se remediaron piletas de antiguos pozos. Se trata del yacimiento Centenario, que forma parte de la zona caliente del cruce de ejidos entre Neuquén y Plottier, donde se puede ver a niños que caminan junto a los equipos de bombeo.
El ejido de Plottier, según los datos de la Subsecretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible, tiene 204 pozos en sus 14.268 hectáreas.
“Se observa que existe una coexistencia entre la actividad hidrocarburífera y las zonas pobladas en las localidades de Neuquén y Plottier que todavía no existe en lugares de Centenario y Senillosa”, concluye un informe de la secretaría, al que accedió en exclusiva LM Neuquén, donde se manifiesta el avance de verdaderas barriadas sobre una geografía que antes solo formaba parte de los yacimientos.
Dentro de la Confluencia hay otras localidades que también tienen pozos en su zona de influencia. Con todo, no llegan a ser situaciones preocupantes como en la capital y sus adyacencias.
Por caso, en Centenario hay 97 pozos, en Vista Alegre hay unos 120 y en Senillosa, el más grande de todos los ejidos urbanos, con 143.581 hectáreas, se perforaron 684 pozos petroleros.
Escenario
Esta situación irregular que se registra sobre todo en la capital neuquina y el incipiente desarrollo de Vaca Muerta, y la desmesurada extensión de esa formación geológica por buena parte de la provincia, están promoviendo una nueva legislación para tratar de garantizar estándares de convivencia entre los pozos y las zonas urbanas dentro de un margen de seguridad más adecuado.
El titular de la cartera ambiental neuquina, Ricardo Esquivel, adelantó que ya hay algunos acercamientos con intendentes para darle forma a este marco normativo (ver aparte).
Hay cuestiones básicas que se busca erradicar. Por caso, hoy un pozo no puede estar a menos de 200 metros de distancia de un centro urbano, dijo Esquivel. Se trata de algo que en el extremo oeste de la capital en algunos casos no se cumple.
“Es una legislación antigua, que hay que poner al día”, dijo el funcionario sobre la necesidad de aumentar las distancias.
Por fuera de la afectación ambiental está la situación de inseguridad, que implica la convivencia de un pozo petrolero con una zona habitada. La capital provincial tiene un antecedente claro en el incendio que tuvo lugar en Plottier en julio de 2013 en un pozo operado por Pluspetrol, donde participaron unas 20 dotaciones de bomberos, a unos 200 metros de un, por entonces, nuevo plan de viviendas.
Apuestan y Avanzan en una ley
El subsecretario de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Provincia, Ricardo Esquivel, manifestó que el objetivo del Gobierno es contar con un nuevo marco regulatorio que fije pautas para los pozos petroleros en ejidos urbanos, en el primer tramo del año próximo.
En este contexto, ya hay reuniones, sobre todo con los intendentes de la Confluencia, para acordar las pautas que incluirá. Sobre el avance de áreas urbanas en la capital, sostuvo que “fue parte de un proceso que se dio a partir del crecimiento desmesurado de las tomas de tierras” y que, en este contexto, el Gobierno “heredó una situación que comenzó a consolidarse sobre el oeste de la capital”.
Señaló que “a partir de la ley de renegociación de las concesiones petroleras 2615, comenzamos a remediar algunos sectores de la ciudad que estaban afectados por piletas” de antiguos pozos. Y que se realizan mediciones en las napas freáticas. Con todo, muchos deciden no tomar agua de pozo para cuidarse de una posible contaminación.
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Argentina olvida sus leyes climáticas y las incumple
Las leyes contra el cambio climático están fracasando
Fecha de Publicación: 10/12/2014
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
Las medidas nacionales que fomentan las energías renovables y la que protege los bosques nativos no se cumplen. Faltan normas para reducir emisiones agropecuarias.
Desde el lunes y hasta el vienes 12, el mundo discute cómo evitar el calentamiento global en la cumbre sobre cambio climático de Lima (COP20). El objetivo es lograr un acuerdo para reducir emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).
Los principales protagonistas son las potencias como Estados Unidos, China y la Unión Europea, responsables históricos de la contaminación. En 2015 estas naciones deberán firmar un acuerdo vinculante de reducción de emisiones.
La meta es evitar que la temperatura global del planeta aumente más de dos grados respecto de las mediciones de la época preindustrial.
Con menos del uno por ciento de las emisiones mundiales, Argentina se ubica 23º en el ranking de países y está tercero en América latina. En emisiones per cápita se ubica 52º, con unas ocho toneladas de dióxido de carbono (CO2) por año, una cifra similar a países europeos como España, Italia o Portugal y a la poderosa China.
“Aunque somos una economía del G20, con una matriz energética compuesta en un 90 por ciento por combustibles fósiles, el país está encaprichado en no asumir ningún compromiso vinculante”, dice Mauro Fernández, responsable de la campaña de Clima y Energía de Greenpeace.
Fernández dice que ya no pueden seguir poniendo excusas. Otros países de América latina le han puesto números a sus compromisos. Argentina aún no. “El país no realizará una propuesta de reducción de emisiones, sino de adaptación”, asegura Nazareno Castillo, quien hasta octubre fue el director de Cambio Climático de la Secretaría de Ambiente de la Nación.
Y explica que al mundo no le interesan los planes de adaptación que haremos en nuestro territorio, sino una reducción de emisiones que influirá en el clima mundial.
Fernández y Castillo coinciden en que la prioridad para el país es adaptarse a las consecuencias de un planeta más caliente: inundaciones, sequías, eventos climáticos extremos, pérdida de costas y avance de enfermedades trasmitidas por vectores, entre otras.
Pero Castillo entiende que Argentina debería aprovechar las oportunidades de financiamiento para mitigar la contaminación.
Para reducir sus emisiones el países sancionó algunas leyes que ya tienen más de cinco años de vigencia. Casi ninguna ha sido exitosa.
Energías renovables
Las plantas generadoras de energía son la principal fuente de emisión de GEI (el 28% del total). En 2006, se sancionó la ley de fomento para el uso de fuentes renovables de energía.
La meta era lograr que en 2016 el 8 por ciento de la producción eléctrica nacional provenga de las energías eólica, solar, minihidráulica, biogás y biomasa. Establece exenciones fiscales para incentivar la inversión en el sector.
Las proyecciones indican que no se va a cumplir el objetivo. “Hasta el momento no superamos el 2 por ciento y las perspectivas no son promisorias”, dice Fernández.
Otra forma de producir menos energía es ser más eficiente en el consumo. La ley de reemplazo de lámparas incandescentes se engloba en este punto, como también las normativas para etiquetar los aparatos eléctricos para que el consumidor se informe sobre su eficiencia.
Esta última reglamentación es obligatoria para heladeras, lavarropas y aires acondicionados. A pesar de que son normas que se cumplen, no hay datos oficiales sobre la reducción de emisiones que significaron estas medidas.
Bosques
Otra ley clave fue la de bosques nativos, sancionada en 2007. Los árboles sirven para captar el CO2. Pero si se los tala, el carbono vuelve a la atmósfera.
“Es una normativa muy buena pero difícil de implementar. Cerca del 7 por ciento de las emisiones provienen de la tala de árboles”, dice Castillo.
Fernández agrega que desde la sanción de la ley, se desmontaron 1,9 millones de hectáreas de bosques, a razón de dos hectáreas por minuto.
“Y se desmontó más en áreas protegidas que en las que está permitido deforestar. Además, el Presupuesto Nacional 2015 incluyó sólo el 5 por ciento de lo que obliga la ley para protección de bosques”, comenta.
Transporte
El 13 por ciento de la emisiones del país provienen de lo que emiten los caños de escapes de autos, camiones y colectivos.
Por ley, desde 2010 la nafta y el diésel deben tener un 5 por ciento de bioetanol y biodiésel, que en el país se producen a partir de cultivos agrícolas. Desde diciembre de este año ese porcentaje es del 10 por ciento.
Desde el sector ambiental discuten la eficacia de este medida. Algunos estudios señalan que el bioetanol producido a partir del maíz no reduce las emisiones, si se compara con la nafta del petróleo. Lo números son más “verdes” en el bioetanol de caña de azúcar y el biodiésel de soja.
El campo
El país no ha señalado ninguna medida o política para mitigar las emisiones generadas por las actividades agrícola y ganadera, que representan el 43 por ciento del total de la contaminación nacional con GEI.
La digestión de las vacas produce metano y representa el 20 por ciento de los GEI emitidos en Argentina. En tanto, los fertilizantes y el cultivo de soja provocan emisiones de óxido nitroso, otro GEI, el cual es culpable del 23 por ciento de nuestras emanaciones.
En este sector, entre las medidas a considerar deberían promoverse la rotación de cultivo y el remplazo de un sistema de crianza pastoril por otro de alimentación a partir de concentrado en corrales.
Aunque también hay medidas extremas e impensadas en la economía y cultura nacionales, como disminuir la superficie sembrada con soja o desalentar la ganadería vacuna.
Otro sector contaminante son los enterramientos de residuos que contribuyen con el 5 por ciento de las emisiones nacionales.
Algunos municipios con ayuda de la nación están realizando acciones para gestionar de forma más eficientes los residuos y hay iniciativas para capturar sus emanaciones y transformarlas en biogás reutilizable.
La razones
Castillo fue funcionario por varios años en la gestión kirchnerista. Explica por qué Argentina ha fracaso en sus acciones contra el cambio climático.
“Falta trabajo interno. El cambio climático en Brasil ha llegado a los máximos referentes. Dilma Rousseff habla de cambio climático. En Argentina no está en la agenda política de los que toman las decisiones en los altos niveles”, dice.
Y agrega: “En otros países, detrás del cambio climático hay otros temas. En Brasil, está el Amazonas y su soberanía. El mundo se quiere meter adentro del país para controlarlos. Argentina no está en los ojos del mundo, entonces el decisor político no se preocupa”.
El calor no respeta a Papá Noel
Un descanso. Vestido como para las temperaturas del Hemisferio Norte, Papá Noel sufrió como nadie el calor de la peatonal cordobesa. Ayer tuvimos en la Capital una máxima de 34,5 grados a las 16. Para hoy se prevé una máxima de 37 grados, mientras que recién el domingo bajaría la temperatura y se registrarían algunas lluvias.
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Fecha de Publicación: 10/12/2014
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
Las medidas nacionales que fomentan las energías renovables y la que protege los bosques nativos no se cumplen. Faltan normas para reducir emisiones agropecuarias.
Desde el lunes y hasta el vienes 12, el mundo discute cómo evitar el calentamiento global en la cumbre sobre cambio climático de Lima (COP20). El objetivo es lograr un acuerdo para reducir emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).
Los principales protagonistas son las potencias como Estados Unidos, China y la Unión Europea, responsables históricos de la contaminación. En 2015 estas naciones deberán firmar un acuerdo vinculante de reducción de emisiones.
La meta es evitar que la temperatura global del planeta aumente más de dos grados respecto de las mediciones de la época preindustrial.
Con menos del uno por ciento de las emisiones mundiales, Argentina se ubica 23º en el ranking de países y está tercero en América latina. En emisiones per cápita se ubica 52º, con unas ocho toneladas de dióxido de carbono (CO2) por año, una cifra similar a países europeos como España, Italia o Portugal y a la poderosa China.
“Aunque somos una economía del G20, con una matriz energética compuesta en un 90 por ciento por combustibles fósiles, el país está encaprichado en no asumir ningún compromiso vinculante”, dice Mauro Fernández, responsable de la campaña de Clima y Energía de Greenpeace.
Fernández dice que ya no pueden seguir poniendo excusas. Otros países de América latina le han puesto números a sus compromisos. Argentina aún no. “El país no realizará una propuesta de reducción de emisiones, sino de adaptación”, asegura Nazareno Castillo, quien hasta octubre fue el director de Cambio Climático de la Secretaría de Ambiente de la Nación.
Y explica que al mundo no le interesan los planes de adaptación que haremos en nuestro territorio, sino una reducción de emisiones que influirá en el clima mundial.
Fernández y Castillo coinciden en que la prioridad para el país es adaptarse a las consecuencias de un planeta más caliente: inundaciones, sequías, eventos climáticos extremos, pérdida de costas y avance de enfermedades trasmitidas por vectores, entre otras.
Pero Castillo entiende que Argentina debería aprovechar las oportunidades de financiamiento para mitigar la contaminación.
Para reducir sus emisiones el países sancionó algunas leyes que ya tienen más de cinco años de vigencia. Casi ninguna ha sido exitosa.
Energías renovables
Las plantas generadoras de energía son la principal fuente de emisión de GEI (el 28% del total). En 2006, se sancionó la ley de fomento para el uso de fuentes renovables de energía.
La meta era lograr que en 2016 el 8 por ciento de la producción eléctrica nacional provenga de las energías eólica, solar, minihidráulica, biogás y biomasa. Establece exenciones fiscales para incentivar la inversión en el sector.
Las proyecciones indican que no se va a cumplir el objetivo. “Hasta el momento no superamos el 2 por ciento y las perspectivas no son promisorias”, dice Fernández.
Otra forma de producir menos energía es ser más eficiente en el consumo. La ley de reemplazo de lámparas incandescentes se engloba en este punto, como también las normativas para etiquetar los aparatos eléctricos para que el consumidor se informe sobre su eficiencia.
Esta última reglamentación es obligatoria para heladeras, lavarropas y aires acondicionados. A pesar de que son normas que se cumplen, no hay datos oficiales sobre la reducción de emisiones que significaron estas medidas.
Bosques
Otra ley clave fue la de bosques nativos, sancionada en 2007. Los árboles sirven para captar el CO2. Pero si se los tala, el carbono vuelve a la atmósfera.
“Es una normativa muy buena pero difícil de implementar. Cerca del 7 por ciento de las emisiones provienen de la tala de árboles”, dice Castillo.
Fernández agrega que desde la sanción de la ley, se desmontaron 1,9 millones de hectáreas de bosques, a razón de dos hectáreas por minuto.
“Y se desmontó más en áreas protegidas que en las que está permitido deforestar. Además, el Presupuesto Nacional 2015 incluyó sólo el 5 por ciento de lo que obliga la ley para protección de bosques”, comenta.
Transporte
El 13 por ciento de la emisiones del país provienen de lo que emiten los caños de escapes de autos, camiones y colectivos.
Por ley, desde 2010 la nafta y el diésel deben tener un 5 por ciento de bioetanol y biodiésel, que en el país se producen a partir de cultivos agrícolas. Desde diciembre de este año ese porcentaje es del 10 por ciento.
Desde el sector ambiental discuten la eficacia de este medida. Algunos estudios señalan que el bioetanol producido a partir del maíz no reduce las emisiones, si se compara con la nafta del petróleo. Lo números son más “verdes” en el bioetanol de caña de azúcar y el biodiésel de soja.
El campo
El país no ha señalado ninguna medida o política para mitigar las emisiones generadas por las actividades agrícola y ganadera, que representan el 43 por ciento del total de la contaminación nacional con GEI.
La digestión de las vacas produce metano y representa el 20 por ciento de los GEI emitidos en Argentina. En tanto, los fertilizantes y el cultivo de soja provocan emisiones de óxido nitroso, otro GEI, el cual es culpable del 23 por ciento de nuestras emanaciones.
En este sector, entre las medidas a considerar deberían promoverse la rotación de cultivo y el remplazo de un sistema de crianza pastoril por otro de alimentación a partir de concentrado en corrales.
Aunque también hay medidas extremas e impensadas en la economía y cultura nacionales, como disminuir la superficie sembrada con soja o desalentar la ganadería vacuna.
Otro sector contaminante son los enterramientos de residuos que contribuyen con el 5 por ciento de las emisiones nacionales.
Algunos municipios con ayuda de la nación están realizando acciones para gestionar de forma más eficientes los residuos y hay iniciativas para capturar sus emanaciones y transformarlas en biogás reutilizable.
La razones
Castillo fue funcionario por varios años en la gestión kirchnerista. Explica por qué Argentina ha fracaso en sus acciones contra el cambio climático.
“Falta trabajo interno. El cambio climático en Brasil ha llegado a los máximos referentes. Dilma Rousseff habla de cambio climático. En Argentina no está en la agenda política de los que toman las decisiones en los altos niveles”, dice.
Y agrega: “En otros países, detrás del cambio climático hay otros temas. En Brasil, está el Amazonas y su soberanía. El mundo se quiere meter adentro del país para controlarlos. Argentina no está en los ojos del mundo, entonces el decisor político no se preocupa”.
El calor no respeta a Papá Noel
Un descanso. Vestido como para las temperaturas del Hemisferio Norte, Papá Noel sufrió como nadie el calor de la peatonal cordobesa. Ayer tuvimos en la Capital una máxima de 34,5 grados a las 16. Para hoy se prevé una máxima de 37 grados, mientras que recién el domingo bajaría la temperatura y se registrarían algunas lluvias.
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Agroecología urbana en Buenos Aires y el conurbano
Agroecología urbana; alimentos sanos: del huerto en casa a la mesa
Fecha de Publicación: 10/12/2014
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Buenos Aires
Sembrar en el momento adecuado, buscar cada temporada semillas que se adapten al suelo y al clima, encontrar la mejor estrategia para preparar la tierra y el abono. Ésas son algunas de las claves a la hora de diseñar un huerto hogareño. Remolachas, ciboulette, papas, lechugas y espinacas asomarán a su tiempo en cada cantero, macetero o bolsa para empezar a generar una producción propia de alimentos.
Los huertos pequeños, familiares y urbanos superan las barreras sociales. Se trata de elegir un modo más sano de alimentarse. Y más económico. La agroecología urbana se afianza en Buenos Aires y el conurbano. Hoy, sólo el programa Pro Huerta tiene registrados 55.000 emprendimientos de este tipo.
La agroecología urbana se diferencia de la producción orgánica o la siembra en grandes espacios: se trata de una decisión personal por razones económicas, sociales o ideológicas, que tiene detrás conceptos como el comercio justo, la solidaridad y el desarrollo sustentable.
La agroecología urbana engloba también el concepto de soberanía alimentaria; debate el modo actual de producción agrícola y aparece como una solución posible para las necesidades de millones de personas en todo el mundo que viven con menos de dos dólares por día.
Las motivaciones y el movimiento de la agroecología urbana se expanden en la región. En Rosario nació con la crisis de 2001 y sigue en pie. Al AMBA llegó para quedarse.
Juan Pablo La Porta y María Belén Richter tomaron la semana pasada la última clase para convertirse en promotores sociales de esta movida. No sólo tienen su propia cosecha de verduras, sino que también, de forma voluntaria, enseñarán a otros cómo generar su huerta.
"Tuvimos esta iniciativa porque en mi casa siempre hubo huerta. Como vivimos en un departamento generamos los plantines y después los llevamos a la casa de mi hermano, que tiene un espacio un poco más grande", contó a LA NACION La Porta, que vive en San Miguel y cree que es preferible consumir frutas y verduras que no hayan tenido ningún contacto con agroquímicos.
"Además, es una gran satisfacción ver crecer lo que uno planta. Es muy importante conseguir y generar buenas semillas para después poder intercambiar", agregó su pareja, María Belén.
"La agricultura urbana es distinta de la periurbana. Esta última es la que hace un productor hortícola que tiene cinco hectáreas. El agricultor urbano vive en una cuadrícula urbana y produce en el fondo de su casa, básicamente porque no le da la superficie o porque tiene un espacio reducido. Tiene como premisa el comercio justo", explicó Claudio Leveratto, jefe de la delegación de la Zona Norte del INTA.
El comercio justo es una forma alternativa de intercambio de bienes promovida por ONG y por las Naciones Unidas. Busca que productores y consumidores acuerden el valor de las mercancías que intercambian.
Por caso, las semillas no se compran ni se venden, sino que son objeto de trueque. Así sucede en los encuentros y talleres que se dictan en ferias estables como Sabe la Tierra o Raíz, o en convocatorias específicas de intercambio. Se hace en El Galpón, en Chacarita, o en el Mercado Bonpland, de Palermo.
El sistema Pro Huerta cumple 25 años y cada temporada, cada seis meses, reparte gratuitamente los sobres de semillas.
"Tratamos de que quienes vendan sus productos no lo hagan muy caro porque si no resulta privativo para algunas personas. Es una diferencia con el cultivo orgánico que termina incrementando su valor después de la certificación", agregó Leveratto.
San Miguel, José C. Paz y Malvinas Argentinas trabajan en sinergia con el apoyo del INTA y de la Universidad Nacional General Sarmiento (UNGS) para crear una red de promotores voluntarios que, con ayuda de los municipios, generan nuevos cultivos y huertas en la zona.
Detrás de la estación Muñiz del ferrocarril San Martín, en San Miguel, lo que era un baldío y fue escenario de la muerte violenta de un adolescente muestra hoy radichetas en flor, tomates que asoman y dos repollos que esperan a ser cosechados, entre otras plantaciones. Allí se instaló una huerta en maceteros que sirve para la formación de promotores ambientales, a cargo de la UNGS.
"La tierra no era buena en este terreno. Tuvimos que colocar estos canteros y elevar los cultivos para conseguir una buena producción. Pero empezamos hace un año y ya tuvimos varias cosechas", dijo Santiago Piaggio, director de Medio Ambiente e Industria de San Miguel.
Valeria Sosa estudia Ecología Urbana en la UNGS y enseña a quienes serán los futuros promotores ambientales: "Compartimos este terreno con un vecino, José Painemilla, que también produce en la huerta y fabrica adornos ornamentales. Hace lombricultura y permite que el abono mejore la producción".
Los futuros promotores se preguntan por qué puede fracasar un cultivo. Les explican que siempre es mejor dejar que la planta cumpla su ciclo. La paciencia y el respeto por los ciclos naturales y estacionales son fundamentales para este tipo de cultivos y de producción. "Siempre es mejor usar una semilla que se generó en nuestro huerto que utilizar otra que provenga de otro ecosistema. Las plantas se van adaptando y transmiten la información genética, razón por la cual tendrán más posibilidades de éxito si consiguen sus propias semillas", explicó Sosa a los más de 120 alumnos que se convertirán en promotores.
La variedad de la producción de una huerta en el clima del AMBA es interesante: papas, batatas, rabanitos, cebollas, puerros, repollo, berenjenas, varios tipos de lechuga, perejil, zapallo, acelgas, rúcula, radicheta, maíz y todas las aromáticas.
Las hortalizas tienen un ciclo de producción corto. Algunas se pueden recolectar a los 60 días de la siembra, lo cual se adecua a la agricultura urbana.
Las papas, por ejemplo, se siembran y cosechan en bolsas grandes sólo a partir de un brote. "Necesita mucha cantidad de tierra. Es por eso que se usa un brote y se lo tapa hasta que se ve la planta; se vuelve a colocar tierra y así hasta que la capacidad de la bolsa queda repleta. Después de tres meses se cosechan hasta 20 papas por bolsa", explicó Piaggio.
Según un estudio de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), los huertos pueden ser hasta 15 veces más productivos que las fincas rurales. Un metro cuadrado puede proporcionar 20 kilos de comida al año.
"Los horticultores urbanos gastan menos en transporte, envasado y almacenamiento, y pueden vender directamente en puestos de comida en la calle y en el mercado. Así obtienen más ingresos en vez de que vayan a parar a los intermediarios", indica el último informe de la FAO.
Este tipo de agricultura se practica, por ejemplo, en un 40 % de los hogares de Cuba y en el 20 % de los de Guatemala y Santa Lucía. En las principales ciudades y municipios del Estado Plurinacional de Bolivia 50.000 familias son productoras de alimentos. En Bogotá, 8500 familias producen alimentos para consumo doméstico. En Haití, 25.500 familias cultivan 260 hectáreas de tierra en Puerto Príncipe y sus alrededores.
Entre las capitales, la "más verde" es La Habana, donde 90.000 cubanos se dedican a alguna forma de agricultura, ya sea en huertos caseros o trabajando en los huertos y las granjas pecuarias comerciales de la ciudad. Quito es otra de las que destacan; según el último recuento la capital ecuatoriana contaba con 140 huertos comunitarios, 800 huertos familiares y 128 huertos escolares.
En Buenos Aires, las escuelas públicas ya cuentan con 306 huertas que tienen una doble función: la social y ambiental y la educativa. Cada escuela trabaja sobre distintos dispositivos según el espacio y las posibilidades edilicias con las que cuentan. El 41% instaló su huerto en un terreno; el 32%, en cajones; el 15%, en botellas y recipientes reutilizados, y el 12%, en macetas y canteros.
"Gracias al proyecto Huertas Escolares los chicos pueden abordar distintos contenidos pedagógicos a través de la experiencia y el contacto con las plantas y la tierra y tener la oportunidad de conocer de dónde vienen los alimentos que consumen en sus casas. Para eso se les entrega a los docentes un manual que detalla el anclaje curricular para su implementación en clase", explicó Carlos Gentile, responsable del programa Escuelas Verdes del Ministerio de Educación porteño.
También en la Legislatura se debate el tema. El proyecto presentado por Pablo Bergel (Bien Común) pretende convertir en política pública lo que es una práctica creciente, aunque todavía marginal.
"La iniciativa fue presentada en 2012. Y abarca tres aspectos: el primero se refiere a la producción de compost a partir de la producción de residuos orgánicos; el segundo, a la promoción de las huertas familiares, individuales y en edificios, y el tercero, a los puntos de venta", explicó el diputado, que espera que su iniciativa se debata en el recinto.
Federico Moschettoni, fundador del emprendimiento Del Gorro (www.delgorro.net), es asesor en la construcción de huertas a medida: "Aumentó la demanda de la gente de querer tener huertas, está mucho más asentada. Ya pasó a otra etapa y hay mucha que tiene algo sembrado en donde esté".
Moschettoni empezó a armar este tipo de soluciones ante la demanda cada vez más frecuente de gente que quiere obtener sus propios alimentos, al menos para las ensaladas. "Empecé preparando estas huertas para chefs; gracias al boca en boca la gente se entera y llama. Primero nos sentamos y vemos qué es lo que quiere la gente. Se define el tamaño del cantero, si se necesita más o menos sol, el tipo de riego, cómo se harán los canteros. Después ponemos el relleno y nos sentamos y definimos qué vamos a poner. Lo importante es que con el tiempo la gente se da cuenta de lo que da la huerta, de lo que consume y, también, de lo que necesita".
Leveratto contó que el año próximo se incorporará la Agroecología Urbana como curso de posgrado en la UNGS. Y el INTA lanzará en los próximos días la guía "Mi casa, Mi huerta", realizada por Janine Schonwald y Francisco Pescio, una publicación didáctica dedicada a todos aquellos habitantes del ámbito urbano que quieran emprender una huerta en su hogar y no se animen a hacerlo por creer que no disponen del espacio suficiente.
Todas estas acciones fortalecen el concepto de la propia provisión de alimentos sanos. Del huerto en casa a la mesa de la familia.
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Fecha de Publicación: 10/12/2014
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Buenos Aires
Sembrar en el momento adecuado, buscar cada temporada semillas que se adapten al suelo y al clima, encontrar la mejor estrategia para preparar la tierra y el abono. Ésas son algunas de las claves a la hora de diseñar un huerto hogareño. Remolachas, ciboulette, papas, lechugas y espinacas asomarán a su tiempo en cada cantero, macetero o bolsa para empezar a generar una producción propia de alimentos.
Los huertos pequeños, familiares y urbanos superan las barreras sociales. Se trata de elegir un modo más sano de alimentarse. Y más económico. La agroecología urbana se afianza en Buenos Aires y el conurbano. Hoy, sólo el programa Pro Huerta tiene registrados 55.000 emprendimientos de este tipo.
La agroecología urbana se diferencia de la producción orgánica o la siembra en grandes espacios: se trata de una decisión personal por razones económicas, sociales o ideológicas, que tiene detrás conceptos como el comercio justo, la solidaridad y el desarrollo sustentable.
La agroecología urbana engloba también el concepto de soberanía alimentaria; debate el modo actual de producción agrícola y aparece como una solución posible para las necesidades de millones de personas en todo el mundo que viven con menos de dos dólares por día.
Las motivaciones y el movimiento de la agroecología urbana se expanden en la región. En Rosario nació con la crisis de 2001 y sigue en pie. Al AMBA llegó para quedarse.
Juan Pablo La Porta y María Belén Richter tomaron la semana pasada la última clase para convertirse en promotores sociales de esta movida. No sólo tienen su propia cosecha de verduras, sino que también, de forma voluntaria, enseñarán a otros cómo generar su huerta.
"Tuvimos esta iniciativa porque en mi casa siempre hubo huerta. Como vivimos en un departamento generamos los plantines y después los llevamos a la casa de mi hermano, que tiene un espacio un poco más grande", contó a LA NACION La Porta, que vive en San Miguel y cree que es preferible consumir frutas y verduras que no hayan tenido ningún contacto con agroquímicos.
"Además, es una gran satisfacción ver crecer lo que uno planta. Es muy importante conseguir y generar buenas semillas para después poder intercambiar", agregó su pareja, María Belén.
"La agricultura urbana es distinta de la periurbana. Esta última es la que hace un productor hortícola que tiene cinco hectáreas. El agricultor urbano vive en una cuadrícula urbana y produce en el fondo de su casa, básicamente porque no le da la superficie o porque tiene un espacio reducido. Tiene como premisa el comercio justo", explicó Claudio Leveratto, jefe de la delegación de la Zona Norte del INTA.
El comercio justo es una forma alternativa de intercambio de bienes promovida por ONG y por las Naciones Unidas. Busca que productores y consumidores acuerden el valor de las mercancías que intercambian.
Por caso, las semillas no se compran ni se venden, sino que son objeto de trueque. Así sucede en los encuentros y talleres que se dictan en ferias estables como Sabe la Tierra o Raíz, o en convocatorias específicas de intercambio. Se hace en El Galpón, en Chacarita, o en el Mercado Bonpland, de Palermo.
El sistema Pro Huerta cumple 25 años y cada temporada, cada seis meses, reparte gratuitamente los sobres de semillas.
"Tratamos de que quienes vendan sus productos no lo hagan muy caro porque si no resulta privativo para algunas personas. Es una diferencia con el cultivo orgánico que termina incrementando su valor después de la certificación", agregó Leveratto.
San Miguel, José C. Paz y Malvinas Argentinas trabajan en sinergia con el apoyo del INTA y de la Universidad Nacional General Sarmiento (UNGS) para crear una red de promotores voluntarios que, con ayuda de los municipios, generan nuevos cultivos y huertas en la zona.
Detrás de la estación Muñiz del ferrocarril San Martín, en San Miguel, lo que era un baldío y fue escenario de la muerte violenta de un adolescente muestra hoy radichetas en flor, tomates que asoman y dos repollos que esperan a ser cosechados, entre otras plantaciones. Allí se instaló una huerta en maceteros que sirve para la formación de promotores ambientales, a cargo de la UNGS.
"La tierra no era buena en este terreno. Tuvimos que colocar estos canteros y elevar los cultivos para conseguir una buena producción. Pero empezamos hace un año y ya tuvimos varias cosechas", dijo Santiago Piaggio, director de Medio Ambiente e Industria de San Miguel.
Valeria Sosa estudia Ecología Urbana en la UNGS y enseña a quienes serán los futuros promotores ambientales: "Compartimos este terreno con un vecino, José Painemilla, que también produce en la huerta y fabrica adornos ornamentales. Hace lombricultura y permite que el abono mejore la producción".
Los futuros promotores se preguntan por qué puede fracasar un cultivo. Les explican que siempre es mejor dejar que la planta cumpla su ciclo. La paciencia y el respeto por los ciclos naturales y estacionales son fundamentales para este tipo de cultivos y de producción. "Siempre es mejor usar una semilla que se generó en nuestro huerto que utilizar otra que provenga de otro ecosistema. Las plantas se van adaptando y transmiten la información genética, razón por la cual tendrán más posibilidades de éxito si consiguen sus propias semillas", explicó Sosa a los más de 120 alumnos que se convertirán en promotores.
La variedad de la producción de una huerta en el clima del AMBA es interesante: papas, batatas, rabanitos, cebollas, puerros, repollo, berenjenas, varios tipos de lechuga, perejil, zapallo, acelgas, rúcula, radicheta, maíz y todas las aromáticas.
Las hortalizas tienen un ciclo de producción corto. Algunas se pueden recolectar a los 60 días de la siembra, lo cual se adecua a la agricultura urbana.
Las papas, por ejemplo, se siembran y cosechan en bolsas grandes sólo a partir de un brote. "Necesita mucha cantidad de tierra. Es por eso que se usa un brote y se lo tapa hasta que se ve la planta; se vuelve a colocar tierra y así hasta que la capacidad de la bolsa queda repleta. Después de tres meses se cosechan hasta 20 papas por bolsa", explicó Piaggio.
Según un estudio de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), los huertos pueden ser hasta 15 veces más productivos que las fincas rurales. Un metro cuadrado puede proporcionar 20 kilos de comida al año.
"Los horticultores urbanos gastan menos en transporte, envasado y almacenamiento, y pueden vender directamente en puestos de comida en la calle y en el mercado. Así obtienen más ingresos en vez de que vayan a parar a los intermediarios", indica el último informe de la FAO.
Este tipo de agricultura se practica, por ejemplo, en un 40 % de los hogares de Cuba y en el 20 % de los de Guatemala y Santa Lucía. En las principales ciudades y municipios del Estado Plurinacional de Bolivia 50.000 familias son productoras de alimentos. En Bogotá, 8500 familias producen alimentos para consumo doméstico. En Haití, 25.500 familias cultivan 260 hectáreas de tierra en Puerto Príncipe y sus alrededores.
Entre las capitales, la "más verde" es La Habana, donde 90.000 cubanos se dedican a alguna forma de agricultura, ya sea en huertos caseros o trabajando en los huertos y las granjas pecuarias comerciales de la ciudad. Quito es otra de las que destacan; según el último recuento la capital ecuatoriana contaba con 140 huertos comunitarios, 800 huertos familiares y 128 huertos escolares.
En Buenos Aires, las escuelas públicas ya cuentan con 306 huertas que tienen una doble función: la social y ambiental y la educativa. Cada escuela trabaja sobre distintos dispositivos según el espacio y las posibilidades edilicias con las que cuentan. El 41% instaló su huerto en un terreno; el 32%, en cajones; el 15%, en botellas y recipientes reutilizados, y el 12%, en macetas y canteros.
"Gracias al proyecto Huertas Escolares los chicos pueden abordar distintos contenidos pedagógicos a través de la experiencia y el contacto con las plantas y la tierra y tener la oportunidad de conocer de dónde vienen los alimentos que consumen en sus casas. Para eso se les entrega a los docentes un manual que detalla el anclaje curricular para su implementación en clase", explicó Carlos Gentile, responsable del programa Escuelas Verdes del Ministerio de Educación porteño.
También en la Legislatura se debate el tema. El proyecto presentado por Pablo Bergel (Bien Común) pretende convertir en política pública lo que es una práctica creciente, aunque todavía marginal.
"La iniciativa fue presentada en 2012. Y abarca tres aspectos: el primero se refiere a la producción de compost a partir de la producción de residuos orgánicos; el segundo, a la promoción de las huertas familiares, individuales y en edificios, y el tercero, a los puntos de venta", explicó el diputado, que espera que su iniciativa se debata en el recinto.
Federico Moschettoni, fundador del emprendimiento Del Gorro (www.delgorro.net), es asesor en la construcción de huertas a medida: "Aumentó la demanda de la gente de querer tener huertas, está mucho más asentada. Ya pasó a otra etapa y hay mucha que tiene algo sembrado en donde esté".
Moschettoni empezó a armar este tipo de soluciones ante la demanda cada vez más frecuente de gente que quiere obtener sus propios alimentos, al menos para las ensaladas. "Empecé preparando estas huertas para chefs; gracias al boca en boca la gente se entera y llama. Primero nos sentamos y vemos qué es lo que quiere la gente. Se define el tamaño del cantero, si se necesita más o menos sol, el tipo de riego, cómo se harán los canteros. Después ponemos el relleno y nos sentamos y definimos qué vamos a poner. Lo importante es que con el tiempo la gente se da cuenta de lo que da la huerta, de lo que consume y, también, de lo que necesita".
Leveratto contó que el año próximo se incorporará la Agroecología Urbana como curso de posgrado en la UNGS. Y el INTA lanzará en los próximos días la guía "Mi casa, Mi huerta", realizada por Janine Schonwald y Francisco Pescio, una publicación didáctica dedicada a todos aquellos habitantes del ámbito urbano que quieran emprender una huerta en su hogar y no se animen a hacerlo por creer que no disponen del espacio suficiente.
Todas estas acciones fortalecen el concepto de la propia provisión de alimentos sanos. Del huerto en casa a la mesa de la familia.
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Urbanismo feróz y cuidado del agua en Córdoba
La guerra del agua en Córdoba
Fecha de Publicación: 10/12/2014
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Córdoba
Al noroeste de la capital provincial, un caso testigo pone de relieve la crisis del agua en la provincia. El gobierno autorizó un emprendimiento inmobiliario y turístico cerca de la histórica Capilla de Candonga, pero los pobladores denuncian que los dejará sin agua.
Las Sierras Chicas cordobesas ofrecen su agreste paisaje, característico por sus ríos y arroyos, a miles de turistas cada verano. Esa belleza natural, ubicada al noroeste de la ciudad de Córdoba, está en disputa permanente. De un lado están quienes habitan la zona. Desde otra posición aparecen empresarios que apuestan por la proliferación de barrios cerrados, villas turísticas y campos de golf, entre otras iniciativas. La principal problemática de discusión es el agua, que no pocas veces escasea para los vecinos de las sierras. Un caso testigo es el del proyecto inmobiliario de la empresa Ticupil, en cercanías de la histórica Capilla de Candonga. Resistido por la Asamblea de la cuenca del Chavascate, el emprendimiento en cuestión abarca la captación de agua que abastece a tres poblados serranos, Cerro Azul, Agua de Oro y El Manzano, ubicados a 40 kilómetros de la capital provincial. Un reciente informe de la Universidad Nacional de Córdoba sugiere “la preservación de toda la zona circundante a la obra de captación en el vado de Candonga”, para garantizar cantidad y calidad de agua. Y apunta que “no es recomendable la urbanización de manera absoluta, hasta tanto se realicen las investigaciones del caso”. El Poder Judicial y el gobierno provincial avalan al grupo empresario, que continúa con su avanzada.
En 2010, la Secretaría de Ambiente de Córdoba aprobó el aviso de proyecto de Ticupil mediante la resolución 1200. La empresa comenzó a ofrecer 300 lotes ubicados dentro de las 150 hectáreas de predio, en las que montarán cabañas para turistas, canchas de tenis, fútbol y pileta climatizada. Todo protegido con “vigilancia las 24 horas, alambrado perimetral y control de acceso”. Los vecinos de la zona manifestaron que el proyecto violaba la Ley de Bosques nacional, y su complementaria provincial. Parte del predio se encuentra ubicado en lo que según esas normas se denomina como zona roja, es decir, áreas de alto valor de conservación que no debieran ser intervenidas. Este reclamo desembocó en una denuncia penal por parte de la asamblea contra el ex secretario de Ambiente Raúl Cosa, quien autorizó a Ticupil.
Frente al avance empresario, la organización social también presentó el año pasado un amparo en los Tribunales de Jesús María para detener las tareas en Candonga. Acompañada por la firma de los vecinos, la acción de amparo se basó en la Ley General del Ambiente: “Cuando haya peligro de daño grave e irreversible la ausencia de información no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces” para proteger el ambiente. El juez José Sartori hizo lugar al amparo, pero al mes se expidió a favor de la empresa.
El amparo tuvo un curioso capítulo. Los abogados que acompañaron la presentación de la asamblea, Marco Constantino y Juan Smith, fueron denunciados por la empresa e imputados por el fiscal José Almeyda por “estafa procesal”. “Sería un intento de engaño al juez por una supuesta falsedad de las firmas que acompañaban el amparo”, explica Smith. Pero asegura que “el objetivo de fondo era intimidar y dejar a la asamblea sin defensa”. “Esa imputación es lo peor que le pueden hacer a un abogado”, agrega. La medida fue apelada y Smith aclara: “No vamos a dejar la causa a pesar del poder que tienen y sabiendo que son capaces de cualquier cosa”.
Días atrás fue allanada la casa de Carlos Alvarez, uno de los asambleístas, por la desaparición de un cartel de Ticupil. El objeto buscado había sido tomado por una persona que estaba junto a Alvarez en una jornada de manifestación, y el propio miembro de la asamblea hizo una exposición ese día en la comisaría de Salsipuedes, donde entregó el cartel. Sin embargo, semanas atrás, se desayunó con un allanamiento en el domicilio de Córdoba donde reside su madre. “Nos buscan extorsionar, y además no discutir el tema de fondo, que es el agua”, denuncia Alvarez.
Del lado de la empresa oficia de vocero el ingeniero agrónomo Marcos Martínez, ex diputado provincial e hijo del ex vicepresidente radical Víctor Martínez. El técnico de Ticupil plantea un slogan para enfrentar al de la asamblea: “Ellos dicen ‘Candonga no se toca’, nosotros decimos ‘Candonga sustentable’”. “Hay gente que plantea no hacer nada allí, y eso es condenar a toda el área a no ser sustentable socialmente”, analiza. Acerca del daño sobre el bosque y la toma de agua, Martínez señala que “la mitigación prevista compensa el impacto”, mientras que “habrá beneficio por la reconversión de la zona”.
El titular de la Secretaria de Ambiente, Germán Pratto, asegura que “la preocupación y el reclamo vecinal son legítimos”, pero “no está en los planes revisar la resolución 1200”. Pratto apuesta a “generar reuniones para explicar los motivos que dispararon esa resolución”. El funcionario confía en el trabajo realizado por sus antecesores: “El gobierno tiene personal de excelentísimo nivel técnico, y en principio no vamos a cuestionar ese trabajo”.
Para Carlos Alvarez el avance de esta empresa sirve de reflejo para otros actores que “buscan generar un gran polo inmobiliario en esta zona que se volvió muy apetecible”. Aunque mantienen la esperanza en las siguientes instancias, desde la Asamblea son conscientes de que por ahora “Ticupil no tiene ningún impedimento para seguir avanzando”. “Lo único que queda es la movilización social”, arenga Alvarez.
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Fecha de Publicación: 10/12/2014
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Córdoba
Al noroeste de la capital provincial, un caso testigo pone de relieve la crisis del agua en la provincia. El gobierno autorizó un emprendimiento inmobiliario y turístico cerca de la histórica Capilla de Candonga, pero los pobladores denuncian que los dejará sin agua.
Las Sierras Chicas cordobesas ofrecen su agreste paisaje, característico por sus ríos y arroyos, a miles de turistas cada verano. Esa belleza natural, ubicada al noroeste de la ciudad de Córdoba, está en disputa permanente. De un lado están quienes habitan la zona. Desde otra posición aparecen empresarios que apuestan por la proliferación de barrios cerrados, villas turísticas y campos de golf, entre otras iniciativas. La principal problemática de discusión es el agua, que no pocas veces escasea para los vecinos de las sierras. Un caso testigo es el del proyecto inmobiliario de la empresa Ticupil, en cercanías de la histórica Capilla de Candonga. Resistido por la Asamblea de la cuenca del Chavascate, el emprendimiento en cuestión abarca la captación de agua que abastece a tres poblados serranos, Cerro Azul, Agua de Oro y El Manzano, ubicados a 40 kilómetros de la capital provincial. Un reciente informe de la Universidad Nacional de Córdoba sugiere “la preservación de toda la zona circundante a la obra de captación en el vado de Candonga”, para garantizar cantidad y calidad de agua. Y apunta que “no es recomendable la urbanización de manera absoluta, hasta tanto se realicen las investigaciones del caso”. El Poder Judicial y el gobierno provincial avalan al grupo empresario, que continúa con su avanzada.
En 2010, la Secretaría de Ambiente de Córdoba aprobó el aviso de proyecto de Ticupil mediante la resolución 1200. La empresa comenzó a ofrecer 300 lotes ubicados dentro de las 150 hectáreas de predio, en las que montarán cabañas para turistas, canchas de tenis, fútbol y pileta climatizada. Todo protegido con “vigilancia las 24 horas, alambrado perimetral y control de acceso”. Los vecinos de la zona manifestaron que el proyecto violaba la Ley de Bosques nacional, y su complementaria provincial. Parte del predio se encuentra ubicado en lo que según esas normas se denomina como zona roja, es decir, áreas de alto valor de conservación que no debieran ser intervenidas. Este reclamo desembocó en una denuncia penal por parte de la asamblea contra el ex secretario de Ambiente Raúl Cosa, quien autorizó a Ticupil.
Frente al avance empresario, la organización social también presentó el año pasado un amparo en los Tribunales de Jesús María para detener las tareas en Candonga. Acompañada por la firma de los vecinos, la acción de amparo se basó en la Ley General del Ambiente: “Cuando haya peligro de daño grave e irreversible la ausencia de información no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces” para proteger el ambiente. El juez José Sartori hizo lugar al amparo, pero al mes se expidió a favor de la empresa.
El amparo tuvo un curioso capítulo. Los abogados que acompañaron la presentación de la asamblea, Marco Constantino y Juan Smith, fueron denunciados por la empresa e imputados por el fiscal José Almeyda por “estafa procesal”. “Sería un intento de engaño al juez por una supuesta falsedad de las firmas que acompañaban el amparo”, explica Smith. Pero asegura que “el objetivo de fondo era intimidar y dejar a la asamblea sin defensa”. “Esa imputación es lo peor que le pueden hacer a un abogado”, agrega. La medida fue apelada y Smith aclara: “No vamos a dejar la causa a pesar del poder que tienen y sabiendo que son capaces de cualquier cosa”.
Días atrás fue allanada la casa de Carlos Alvarez, uno de los asambleístas, por la desaparición de un cartel de Ticupil. El objeto buscado había sido tomado por una persona que estaba junto a Alvarez en una jornada de manifestación, y el propio miembro de la asamblea hizo una exposición ese día en la comisaría de Salsipuedes, donde entregó el cartel. Sin embargo, semanas atrás, se desayunó con un allanamiento en el domicilio de Córdoba donde reside su madre. “Nos buscan extorsionar, y además no discutir el tema de fondo, que es el agua”, denuncia Alvarez.
Del lado de la empresa oficia de vocero el ingeniero agrónomo Marcos Martínez, ex diputado provincial e hijo del ex vicepresidente radical Víctor Martínez. El técnico de Ticupil plantea un slogan para enfrentar al de la asamblea: “Ellos dicen ‘Candonga no se toca’, nosotros decimos ‘Candonga sustentable’”. “Hay gente que plantea no hacer nada allí, y eso es condenar a toda el área a no ser sustentable socialmente”, analiza. Acerca del daño sobre el bosque y la toma de agua, Martínez señala que “la mitigación prevista compensa el impacto”, mientras que “habrá beneficio por la reconversión de la zona”.
El titular de la Secretaria de Ambiente, Germán Pratto, asegura que “la preocupación y el reclamo vecinal son legítimos”, pero “no está en los planes revisar la resolución 1200”. Pratto apuesta a “generar reuniones para explicar los motivos que dispararon esa resolución”. El funcionario confía en el trabajo realizado por sus antecesores: “El gobierno tiene personal de excelentísimo nivel técnico, y en principio no vamos a cuestionar ese trabajo”.
Para Carlos Alvarez el avance de esta empresa sirve de reflejo para otros actores que “buscan generar un gran polo inmobiliario en esta zona que se volvió muy apetecible”. Aunque mantienen la esperanza en las siguientes instancias, desde la Asamblea son conscientes de que por ahora “Ticupil no tiene ningún impedimento para seguir avanzando”. “Lo único que queda es la movilización social”, arenga Alvarez.
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Río Negro: Determinan desprotección de aves costeras
En la costa atlántica rionegrina conviven numerosas aves desprotegidas
Fecha de Publicación: 09/12/2014
Fuente: ADN Río Negro
Provincia/Región: Río Negro
En la formación de acantilados que comienzan en el balneario el Cóndor, ubicado a 30 kilómetros de Viedma, se asienta la colonia de loros barranqueros más grande del mundo.
Pero, en esos lugares anidan, en asociación con esas aves, otras especies como Halcón Peregrino, Halconcito Colorado, Chimango, Lechuza de Campanario, Lechucita de las Vizcacheras, Jote de Cabeza Negra, Golondrina Barranquera y Golondrina Negra, entre otras.
Como resultado del relevamiento oficial de aves rapaces en la costa atlántica rionegrina, se pudo determinar la importancia del área en cuanto a la riqueza y diversidad de aves que contiene. “Si bien dentro del sector observado se encuentran dos Áreas Naturales Protegidas (Punta Bermeja y Caleta de Los Loros), gran parte del sector de acantilados habitados por estas aves no cuenta con protección alguna”, consignó un parte oficial.
Agregó: “Las amenazas a las que están expuestas las aves están directamente relacionadas con la presencia del hombre, entre las que está la aceleración de la caída de los acantilados a causa de diferentes actividades antrópicas que aumentan la erosión de los mismos (circulación de vehículos por la costa, desmontes y eliminación de dunas costeras)”.
Se informó que profesionales de la Dirección de Fauna Silvestre y el cuerpo de Guardas Ambientales del Sistema de Áreas Naturales Protegidas, dependientes de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, durante las últimas semanas de noviembre colaboraron en las tareas de relevamiento anual de aves rapaces en el sector del acantilado de la costa atlántica de Río Negro.
El trabajo forma parte de las investigaciones que viene realizando, desde el año 2010, el veterinario y director del Centro para el Estudio y el Manejo de Predadores de Argentina (CEMPA), de la Fundación de Historia Natural Félix de Azara, Eduardo De Lucca.
Los objetivos generales del proyecto “Aves de Presa del Nordeste Patagónico” son: establecer una base de datos y efectuar monitoreos anuales respecto de la distribución y performance reproductiva de las aves de presa – número de pichones criados con éxito – que habitan el litoral del mar argentino en Río Negro.
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Fecha de Publicación: 09/12/2014
Fuente: ADN Río Negro
Provincia/Región: Río Negro
En la formación de acantilados que comienzan en el balneario el Cóndor, ubicado a 30 kilómetros de Viedma, se asienta la colonia de loros barranqueros más grande del mundo.
Pero, en esos lugares anidan, en asociación con esas aves, otras especies como Halcón Peregrino, Halconcito Colorado, Chimango, Lechuza de Campanario, Lechucita de las Vizcacheras, Jote de Cabeza Negra, Golondrina Barranquera y Golondrina Negra, entre otras.
Como resultado del relevamiento oficial de aves rapaces en la costa atlántica rionegrina, se pudo determinar la importancia del área en cuanto a la riqueza y diversidad de aves que contiene. “Si bien dentro del sector observado se encuentran dos Áreas Naturales Protegidas (Punta Bermeja y Caleta de Los Loros), gran parte del sector de acantilados habitados por estas aves no cuenta con protección alguna”, consignó un parte oficial.
Agregó: “Las amenazas a las que están expuestas las aves están directamente relacionadas con la presencia del hombre, entre las que está la aceleración de la caída de los acantilados a causa de diferentes actividades antrópicas que aumentan la erosión de los mismos (circulación de vehículos por la costa, desmontes y eliminación de dunas costeras)”.
Se informó que profesionales de la Dirección de Fauna Silvestre y el cuerpo de Guardas Ambientales del Sistema de Áreas Naturales Protegidas, dependientes de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, durante las últimas semanas de noviembre colaboraron en las tareas de relevamiento anual de aves rapaces en el sector del acantilado de la costa atlántica de Río Negro.
El trabajo forma parte de las investigaciones que viene realizando, desde el año 2010, el veterinario y director del Centro para el Estudio y el Manejo de Predadores de Argentina (CEMPA), de la Fundación de Historia Natural Félix de Azara, Eduardo De Lucca.
Los objetivos generales del proyecto “Aves de Presa del Nordeste Patagónico” son: establecer una base de datos y efectuar monitoreos anuales respecto de la distribución y performance reproductiva de las aves de presa – número de pichones criados con éxito – que habitan el litoral del mar argentino en Río Negro.
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Tráfico diezma la fauna de Salta (aparte de los desmontes)
El tráfico, una trampa mortal para muchos animales en Salta
Fecha de Publicación: 09/12/2014
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Salta
De cada diez animales que son atrapados para la venta, sólo dos llegan con vida al mercado ilegal. En el 2013 la Estación de Fauna de la provincia albergó a mil animales rescatados en operativos
Un puma suelto en la vía pública, no representa un hecho aislado. Existen probabilidades que sea la evidencia más clara de un tráfico de animales.
El año pasado, mil ejemplares fueron albergados en la Estación de Fauna provincial (Finca Las Costas) provenientes de distintos operativos y secuestros de venta clandestina. Durante el 2012 se registraron dos mil.
Hacinamiento, mal estado sanitario o inclusive heridas de bala, son algunas de las causas por las que cientos de animales son recuperados luego de una comercialización ilegal con efectos mortales.
Sólo dos de cada diez animales atrapados llegan a ser vendidos, el resto muere en el camino.
El tráfico de fauna está reconocido como la tercera actividad ilegal en el mundo, luego del de drogas y armas.
Salta no está ajena a ello. El loro hablador y el mono caí son las especies autóctonas más vendidas mientras que las víboras (boas o pitón) erizos africanos y hurones son de las exóticas, entendidas éstas como los exponentes oriundos de otros países.
La falta de concientización e información sobre el tema son los obstáculos más importantes con los que deben luchar los organismos de control como la Dirección de Biodiversidad de la Provincia y División Rural Ambiental de la Policía de Salta.
El mascotismo de especies no domésticas es uno de los conceptos que se trata de erradicar desde hace tiempo.
"Hoy en día la fauna es como la droga, tiene más valor en Europa . En Salta existen lugares como algunos Petshop en donde se pueden encontrar este tipo de animales. Quizás no los tienen en ese mismo lugar pero los consiguen. Un loro hablador en el exterior se llega a vender hasta en 2 mil dólares", dijo a El Tribuno, Marcelo Choque, médico veterinario legal de la policía.
Cautivos 150 Loros habladores, es la cantidad que se encuentra generalmente por caja a la hora de los operativos que se realizan tanto en comercios, casas particulares como en rutas
"El tráfico es constante durante todo el año. Hay épocas, como el Día del Niño y otras fechas que tienen que ver con los chicos, en que se acrecienta aún más", explicó.
Para los especialistas, tener un animal para exhibirlo o coleccionarlo, es un acto de crueldad.
Existen mecanismos legales para contrarrestar la venta clandestina y la tenencia irresponsable, pero la concientización sobre el daño que se produce en la fauna y neutralizar la demanda son las únicas garantías de revertir la triste historia de muchos animales en la provincia.
Fecha de Publicación: 09/12/2014
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Salta
De cada diez animales que son atrapados para la venta, sólo dos llegan con vida al mercado ilegal. En el 2013 la Estación de Fauna de la provincia albergó a mil animales rescatados en operativos
Un puma suelto en la vía pública, no representa un hecho aislado. Existen probabilidades que sea la evidencia más clara de un tráfico de animales.
El año pasado, mil ejemplares fueron albergados en la Estación de Fauna provincial (Finca Las Costas) provenientes de distintos operativos y secuestros de venta clandestina. Durante el 2012 se registraron dos mil.
Hacinamiento, mal estado sanitario o inclusive heridas de bala, son algunas de las causas por las que cientos de animales son recuperados luego de una comercialización ilegal con efectos mortales.
Sólo dos de cada diez animales atrapados llegan a ser vendidos, el resto muere en el camino.
El tráfico de fauna está reconocido como la tercera actividad ilegal en el mundo, luego del de drogas y armas.
Salta no está ajena a ello. El loro hablador y el mono caí son las especies autóctonas más vendidas mientras que las víboras (boas o pitón) erizos africanos y hurones son de las exóticas, entendidas éstas como los exponentes oriundos de otros países.
La falta de concientización e información sobre el tema son los obstáculos más importantes con los que deben luchar los organismos de control como la Dirección de Biodiversidad de la Provincia y División Rural Ambiental de la Policía de Salta.
El mascotismo de especies no domésticas es uno de los conceptos que se trata de erradicar desde hace tiempo.
"Hoy en día la fauna es como la droga, tiene más valor en Europa . En Salta existen lugares como algunos Petshop en donde se pueden encontrar este tipo de animales. Quizás no los tienen en ese mismo lugar pero los consiguen. Un loro hablador en el exterior se llega a vender hasta en 2 mil dólares", dijo a El Tribuno, Marcelo Choque, médico veterinario legal de la policía.
Cautivos 150 Loros habladores, es la cantidad que se encuentra generalmente por caja a la hora de los operativos que se realizan tanto en comercios, casas particulares como en rutas
"El tráfico es constante durante todo el año. Hay épocas, como el Día del Niño y otras fechas que tienen que ver con los chicos, en que se acrecienta aún más", explicó.
Para los especialistas, tener un animal para exhibirlo o coleccionarlo, es un acto de crueldad.
Existen mecanismos legales para contrarrestar la venta clandestina y la tenencia irresponsable, pero la concientización sobre el daño que se produce en la fauna y neutralizar la demanda son las únicas garantías de revertir la triste historia de muchos animales en la provincia.
Subproductos y comidas
El circuito de comercialización ilegal de los animales no sólo hace referencia a los exponentes vivos sino a todo subproducto de los mismos o alimentos elaborados. Es el caso de las pieles y cueros felinos y de reptiles que son utilizados para elaborar carteras, zapatos o para decorar algunos lugares como clubes deportivos u hoteles. Además de la preparación de platos con animales protegidos por la ley como el quirquincho.
"En el interior se les paga a personas para recolectar loros, por ejemplo. En una caja llegan a viajar hasta 150 loros. Eso les causa un estrés por cautiverio muy grande y el estrés en un animal de fauna es mucho mayor que en un doméstico", explicaron especialistas.
"Si no se corta la cadena de comercialización y no se trabaja para disminuir la compra de estos animalitos, el tráfico va seguir existiendo", aseguró Gustavo Dada, jefe de la Dirección de Bioseguridad.
La clandestinidad se evidencia a través de un proceso en el cual el inicio está determinado por recolectores que capturaran animales que luego son transportados por rutas y puntos fronterizos para terminar en la vía pública o lugares reconocidos como el mercado negro.
En Salta, la Capital es el punto que concentra el mayor flujo de tráfico en toda la provincia.
El parque San Martín o esquinas céntricas de la ciudad son conocidas por comercializar animales de manera ilegal además de algunas veterinarias, pet shops (locales dedicados a la venta de artículos para animales) o en distintos barrios.
Requerimientos
Existen animales que pueden ser comercializados legalmente. Entre ellos figuran los perros, gatos y loros (siempre y cuando no sean trasladados fuera de la provincia) además de la catita común, calacante cara roja y calacante común.
Las personas o comercios encargados de venderlos deben cumplir con ciertos requisitos entre ellos: estar en el registro de personas físicas y/o jurídicas para realizar actividades relacionadas con fauna silvestre, tener una guía de legítima tenencia y contar con una guía de tránsito en el caso de que los animales vayan a salir o ingresar a la provincia.
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