La minería avanza en La Rioja, incluso en Reservas
18:42 | 
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Minería en la reserva
Fecha de Publicación: 10/12/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: La Rioja
Las localidades riojanas de Famatina y Chilecito fueron noticia nacional luego de echar en 2007 a la minera Barrick Gold y, a inicios de 2012, por las masivas movilizaciones contra otra empresa minera (Osisko). Las asambleas socioambientales no dejaron de movilizarse, pero el gobierno de La Rioja tampoco se detiene: habilitó la actividad minera en una reserva natural y aprobó 21 proyectos de uranio, incluso en el distrito capital, donde está prohibida –por ley– toda actividad contaminante. “Desde el año 2006 el modelo extractivo se viene instalando sin pausa en nuestra región, imponiéndose a espaldas del pueblo por el accionar del gobierno nacional, provincial y municipales”, denunció Marisa Romero, de las Asambleas Ciudadanas Riojanas.
La reserva provincial Laguna Brava está ubicada al noroeste de la provincia. Cordillera riojana, zona de turismo y agricultura campesina, paisaje de postal, montañas, espejos de agua, vicuñas y flamencos. Es reserva provincial desde 1980 con el fin de proteger la “flora, fauna y cultura”. Y, desde 2003, un “sitio Ramsar”, convenio internacional de protección de humedales.
La resolución 280/12 (de agosto pasado) firmada por el secretario de Ambiente de La Rioja, Nito Brizuela, reglamentó la actividad minera en la reserva provincial bajo el término de “reserva de usos múltiples”. Las empresas pueden ingresar legalmente maquinaria pesada, explosivos y sustancias tóxicas.
Las Asambleas Riojanas realizaron un informe sobre la base de los edictos publicados por la Secretaría de Minería. Revelaron que desde 2003 hasta la actualidad se entregó a dieciséis empresas en concesión minera el 60 por ciento de la reserva provincial Laguna Brava (240 mil hectáreas de las 405 mil totales). En los últimos meses y con la nueva resolución de la Secretaría de Ambiente, el gobernador Luis Beder Herrera ya entregó en concesión 36000 hectáreas. A pesar de que es un sitio natural protegido (provincial e internacional), la intención es extraer litio, oro, plata, cobre y zinc.
También avanza en La Rioja la minería de uranio. El gobierno riojano autorizó 21 proyectos de exploración de uranio a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y 150 mil hectáreas la empresa Uranio AG. Las Asambleas Riojanas detallaron que afecta a cuatro departamentos (Sanagasta, Felipe Varela, Castro Barros y Capital). “Todos estos proyectos están ubicados a pocos kilómetros de las poblaciones”, remarcó Romero.
El intendente de la capital riojana, Ricardo Quintela, llegó al gobierno como aliado político del gobernador y no cuestionaba la minería. Luego de las masivas marchas de inicios de año, Quintela comenzó la conformación de una multisectorial opositora, reconoció sus aspiraciones a gobernador y comenzó a cuestionar la minería. En agosto pasado, impulsó la aprobación de la ordenanza 4930 que declara al municipio Capital “no tóxico, no nuclear y ambientalmente sustentable”.
Las Asambleas Ciudadanas Riojanas están conformadas por espacios asamblearios de la capital provincial, Chilecito, Nonogasta, Vichigasta, Campanas, Olta, Chamical, Patquia y Vinchina. Y a nivel nacional forma parte de la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC). Periódicamente elaboran documentos precisos, en base a información de organismos públicos, sobre la avanzada extractiva en la provincia. Denunciaron que la minería de uranio viola la flamante ordenanza y también alertan que la instalación de una planta de dióxido de uranio (llamada Dioxitek).
En julio pasado, el juez de Chilecito, Daniel Flores, suspendió la actividad minera de Osisko en Famatina hasta que se realice el inventario que establece la Ley de Glaciares. El Gobierno anunció la suspensión del contrato con Osisko. Pero en agosto, con la resolución 271, Brizuela aprobó el Informe de Impacto Ambiental Osisko para el “proyecto Famatina - Etapa de prospección”.
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Fecha de Publicación: 10/12/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: La Rioja
Las localidades riojanas de Famatina y Chilecito fueron noticia nacional luego de echar en 2007 a la minera Barrick Gold y, a inicios de 2012, por las masivas movilizaciones contra otra empresa minera (Osisko). Las asambleas socioambientales no dejaron de movilizarse, pero el gobierno de La Rioja tampoco se detiene: habilitó la actividad minera en una reserva natural y aprobó 21 proyectos de uranio, incluso en el distrito capital, donde está prohibida –por ley– toda actividad contaminante. “Desde el año 2006 el modelo extractivo se viene instalando sin pausa en nuestra región, imponiéndose a espaldas del pueblo por el accionar del gobierno nacional, provincial y municipales”, denunció Marisa Romero, de las Asambleas Ciudadanas Riojanas.La reserva provincial Laguna Brava está ubicada al noroeste de la provincia. Cordillera riojana, zona de turismo y agricultura campesina, paisaje de postal, montañas, espejos de agua, vicuñas y flamencos. Es reserva provincial desde 1980 con el fin de proteger la “flora, fauna y cultura”. Y, desde 2003, un “sitio Ramsar”, convenio internacional de protección de humedales.
La resolución 280/12 (de agosto pasado) firmada por el secretario de Ambiente de La Rioja, Nito Brizuela, reglamentó la actividad minera en la reserva provincial bajo el término de “reserva de usos múltiples”. Las empresas pueden ingresar legalmente maquinaria pesada, explosivos y sustancias tóxicas.
Las Asambleas Riojanas realizaron un informe sobre la base de los edictos publicados por la Secretaría de Minería. Revelaron que desde 2003 hasta la actualidad se entregó a dieciséis empresas en concesión minera el 60 por ciento de la reserva provincial Laguna Brava (240 mil hectáreas de las 405 mil totales). En los últimos meses y con la nueva resolución de la Secretaría de Ambiente, el gobernador Luis Beder Herrera ya entregó en concesión 36000 hectáreas. A pesar de que es un sitio natural protegido (provincial e internacional), la intención es extraer litio, oro, plata, cobre y zinc.
También avanza en La Rioja la minería de uranio. El gobierno riojano autorizó 21 proyectos de exploración de uranio a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y 150 mil hectáreas la empresa Uranio AG. Las Asambleas Riojanas detallaron que afecta a cuatro departamentos (Sanagasta, Felipe Varela, Castro Barros y Capital). “Todos estos proyectos están ubicados a pocos kilómetros de las poblaciones”, remarcó Romero.
El intendente de la capital riojana, Ricardo Quintela, llegó al gobierno como aliado político del gobernador y no cuestionaba la minería. Luego de las masivas marchas de inicios de año, Quintela comenzó la conformación de una multisectorial opositora, reconoció sus aspiraciones a gobernador y comenzó a cuestionar la minería. En agosto pasado, impulsó la aprobación de la ordenanza 4930 que declara al municipio Capital “no tóxico, no nuclear y ambientalmente sustentable”.
Las Asambleas Ciudadanas Riojanas están conformadas por espacios asamblearios de la capital provincial, Chilecito, Nonogasta, Vichigasta, Campanas, Olta, Chamical, Patquia y Vinchina. Y a nivel nacional forma parte de la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC). Periódicamente elaboran documentos precisos, en base a información de organismos públicos, sobre la avanzada extractiva en la provincia. Denunciaron que la minería de uranio viola la flamante ordenanza y también alertan que la instalación de una planta de dióxido de uranio (llamada Dioxitek).
En julio pasado, el juez de Chilecito, Daniel Flores, suspendió la actividad minera de Osisko en Famatina hasta que se realice el inventario que establece la Ley de Glaciares. El Gobierno anunció la suspensión del contrato con Osisko. Pero en agosto, con la resolución 271, Brizuela aprobó el Informe de Impacto Ambiental Osisko para el “proyecto Famatina - Etapa de prospección”.
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Santiago: desalojo comunidad indígena Ayllu
Jueza ordena desalojo comunidad indígena en Santiago del Estero
Fecha de Publicación: 10/12/2012
Fuente: Biodiversidad en América Latina y El Caribe
Provincia/Región: Santiago del Estero
En explícito incumplimiento de la ley nacional 26160 y su prórroga, ley 26554, la jueza María Cecilia Paskevicius, a cargo del Juzgado Civil y Comercial de 3º Nominación de Santiago del Estero, ordenó el desalojo de una familia del territorio de la comunidad indígena Ayllu de Tulúm Tulúm del Pueblo Diaguita Cacano.
Entre los argumentos para fundar la medida la jueza habría sostenido que ni el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) ni el Programa de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas (ReTeCI), nunca habrían informado que se haya relevado la comunidad en el marco de la ley 26160; que no existiría tal comunidad y; que no serían 17 familias indígenas en el territorio sino solamente una.
En el mes de octubre del año 2011 el juez Federico Argibay Berdaguer, a cargo del Juzgado, había ordenado el desalojo de la familia Orellana del campo denominado Tulúm Tulúm en el Departamento Atamisqui, perteneciente al territorio del Ayllu Ashpa Nockayshpa Sapym Tulúm Tulúmanta (Ayllu de Tulúm Tulúm) del Pueblo Diaguita Cacano. Esta medida fue suspendida luego de que desde el INAI se informara al Juzgado de la existencia de una comunidad indígena a la cual pertenece la familia Orellana; en el mismo sentido informó el Comité de Emergencia perteneciente a la Dirección de Relaciones Institucionales dependiente de Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno de la Provincia de Santiago del Estero tras una inspección ocular solicitada por el mismo Juez. Como consecuencia de sendos informes y, en respeto a la vigencia de la Ley 26160, Argibay Berdaguer ordena la suspensión del desalojo y solicita al INAI se proceda a relevar el territorio de la comunidad. Dando cumplimiento a lo pedido por el Juzgado los días 15 y 16 de junio del corriente año se procedió al Relevamiento Técnico, Jurídico y Catastral del territorio de ocupación actual, tradicional y pública de la comunidad, constatando la existencia de la misma y, de la familia Orellana como parte del Ayllu. Esta información fue oportunamente enviada al INAI desde el Programa de Relevamiento Territorial para su notificación al Juzgado.
Este año, luego de un recambio de jueces, asume en el citado juzgado Paskevicius, quien procede a realizar personalmente una nueva inspección ocular, quien llega al lugar acompañada de la parte que solicita el desalojo. En esa ocasión fue recibida en el domicilio de los Orellana no sólo por miembros de la familia, sino también por el resto de la comunidad, a los cuales la jueza se dirigía cuando les hablaba como “supuesta comunidad indígena”.
Como parte de esta inspección la jueza visitó al comisionado municipal de Medellín, Julio Abdala, a quien le consultó si tenía conocimiento de la existencia de alguna comunidad indígena en el territorio, a lo cual Abdala respondió que “… cara de indios tienen, pero no son… son un grupo de vagos que no saben sembrar ni una planta de perejil en una maceta y no dejan trabajar a los que vienen a traer trabajo a la zona…”. Este Abdala, a quien la jueza tomó como informante clave, es el mismo a quien el 1 de junio de 2011 el Fisco de la provincia le remató, por incumplimiento fiscal, 400,00 hectáreas también pertenecientes al Ayllu de Tulum Tulúm que él se hallaba usurpando; el mismo que en el año 2007 salió como testigo a favor del empresario de origen cordobés Sbiglio en su intento por usurpar el territorio del Ayllu Puncu Atun, declarando que en el lugar no había familias viviendo y; es el mismo que hoy, niega el agua a las familias indígenas y campesinas que no aceptan dejar su tierra y trasladarse al pueblo de Medellín. Tal vez desconoce el comisionado que el propio pueblo de Medellín se encuentra dentro del territorio de la comunidad Ayllu Taa Ayllus Kuska y que la mitad de las familias que están radicadas en el pueblo pertenecen a la comunidad. Otro informante al que recurrió la jueza Paskevicius en su visita fue la Directora de la Escuela Nº 749 de Puesto del Rosario, Marcela Gómez, quien consultada al igual que Abdala habría respondido que “algo escuchó … pero es gente que se reúne en secreto …”. A pesar del secreto que la directora dice que esta comunidad guarda, no puede ocultar que obligada por la vigencia de la Ley tuvo que aceptar en el año 2010 la presencia de censistas indígenas en el Censo Nacional de Población y Vivienda; ni las gestiones que realizó en más de una oportunidad para acercar documentación de la comunidad necesaria para las becas indígenas. Sin embargo ante la jueza sólo habría expresado que “algo escuchó”.
El relevamiento del territorio del Ayllu de Tulúm Tulúm fue de conocimiento público a raiz de la detención del comunero Víctor Anchaval por parte de personal policial de la Seccional 20 de Villa Atamisqui producida el 14 de junio, un día antes de la realización del relevamiento ordenado por el juez Argibay Berdaguer en cumplimiento de la ley 26160. Al momento de la detención Anchaval fue interrogado por la policía sobre quienes serían los que vendrían al día siguiente a la comunidad y con qué propósito.
La ley 26160, y su prórroga, expresan en su artículo 1º “Declárase la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, …” y, en su artículo 2º “Suspéndase por el plazo de la emergencia declarada -23 de noviembre de 2013-, la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras contempladas en el art. 1º”. Esta es la ley que la jueza Paskevicius se niega a cumplir, desestimando igualmente el resultado del relevamiento territorial realizado por el INAI así como el Informe del Comité de Emergencia que da cuenta de la existencia de la comunidad en el territorio.
El Pueblo Diaguita Cacano respetará la Ley 26160 y, en respeto de la Ley, no permitirá el desalojo de la familia Orellana del territorio del Ayllu, ni de ninguna otra familia. Es responsabilidad de la jueza Paskevicius lo que pueda ocurrir ante el intento de desalojo. Desde la Unión Solidaria de Comunidades (USC) del Pueblo Diaguita Cacano se ha puesto en conocimiento del INAI de esta situación generada desde una jueza de la provincia, que no sólo incumple con la Ley sino que además pone en grave riesgo los derechos y la integridad física de los miembros de la comunidad. Esta orden de desalojo sólo esta alentada por los intereses económicos de quienes pretenden deforestar El Alto, bosque sagrado del Pueblo Diaguita Cacano y, único cordón de bosque nativo, categorizado como I, Rojo, por la Ley de Bosques.
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Fecha de Publicación: 10/12/2012
Fuente: Biodiversidad en América Latina y El Caribe
Provincia/Región: Santiago del Estero
En explícito incumplimiento de la ley nacional 26160 y su prórroga, ley 26554, la jueza María Cecilia Paskevicius, a cargo del Juzgado Civil y Comercial de 3º Nominación de Santiago del Estero, ordenó el desalojo de una familia del territorio de la comunidad indígena Ayllu de Tulúm Tulúm del Pueblo Diaguita Cacano.
Entre los argumentos para fundar la medida la jueza habría sostenido que ni el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) ni el Programa de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas (ReTeCI), nunca habrían informado que se haya relevado la comunidad en el marco de la ley 26160; que no existiría tal comunidad y; que no serían 17 familias indígenas en el territorio sino solamente una.
En el mes de octubre del año 2011 el juez Federico Argibay Berdaguer, a cargo del Juzgado, había ordenado el desalojo de la familia Orellana del campo denominado Tulúm Tulúm en el Departamento Atamisqui, perteneciente al territorio del Ayllu Ashpa Nockayshpa Sapym Tulúm Tulúmanta (Ayllu de Tulúm Tulúm) del Pueblo Diaguita Cacano. Esta medida fue suspendida luego de que desde el INAI se informara al Juzgado de la existencia de una comunidad indígena a la cual pertenece la familia Orellana; en el mismo sentido informó el Comité de Emergencia perteneciente a la Dirección de Relaciones Institucionales dependiente de Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno de la Provincia de Santiago del Estero tras una inspección ocular solicitada por el mismo Juez. Como consecuencia de sendos informes y, en respeto a la vigencia de la Ley 26160, Argibay Berdaguer ordena la suspensión del desalojo y solicita al INAI se proceda a relevar el territorio de la comunidad. Dando cumplimiento a lo pedido por el Juzgado los días 15 y 16 de junio del corriente año se procedió al Relevamiento Técnico, Jurídico y Catastral del territorio de ocupación actual, tradicional y pública de la comunidad, constatando la existencia de la misma y, de la familia Orellana como parte del Ayllu. Esta información fue oportunamente enviada al INAI desde el Programa de Relevamiento Territorial para su notificación al Juzgado.
Este año, luego de un recambio de jueces, asume en el citado juzgado Paskevicius, quien procede a realizar personalmente una nueva inspección ocular, quien llega al lugar acompañada de la parte que solicita el desalojo. En esa ocasión fue recibida en el domicilio de los Orellana no sólo por miembros de la familia, sino también por el resto de la comunidad, a los cuales la jueza se dirigía cuando les hablaba como “supuesta comunidad indígena”.
Como parte de esta inspección la jueza visitó al comisionado municipal de Medellín, Julio Abdala, a quien le consultó si tenía conocimiento de la existencia de alguna comunidad indígena en el territorio, a lo cual Abdala respondió que “… cara de indios tienen, pero no son… son un grupo de vagos que no saben sembrar ni una planta de perejil en una maceta y no dejan trabajar a los que vienen a traer trabajo a la zona…”. Este Abdala, a quien la jueza tomó como informante clave, es el mismo a quien el 1 de junio de 2011 el Fisco de la provincia le remató, por incumplimiento fiscal, 400,00 hectáreas también pertenecientes al Ayllu de Tulum Tulúm que él se hallaba usurpando; el mismo que en el año 2007 salió como testigo a favor del empresario de origen cordobés Sbiglio en su intento por usurpar el territorio del Ayllu Puncu Atun, declarando que en el lugar no había familias viviendo y; es el mismo que hoy, niega el agua a las familias indígenas y campesinas que no aceptan dejar su tierra y trasladarse al pueblo de Medellín. Tal vez desconoce el comisionado que el propio pueblo de Medellín se encuentra dentro del territorio de la comunidad Ayllu Taa Ayllus Kuska y que la mitad de las familias que están radicadas en el pueblo pertenecen a la comunidad. Otro informante al que recurrió la jueza Paskevicius en su visita fue la Directora de la Escuela Nº 749 de Puesto del Rosario, Marcela Gómez, quien consultada al igual que Abdala habría respondido que “algo escuchó … pero es gente que se reúne en secreto …”. A pesar del secreto que la directora dice que esta comunidad guarda, no puede ocultar que obligada por la vigencia de la Ley tuvo que aceptar en el año 2010 la presencia de censistas indígenas en el Censo Nacional de Población y Vivienda; ni las gestiones que realizó en más de una oportunidad para acercar documentación de la comunidad necesaria para las becas indígenas. Sin embargo ante la jueza sólo habría expresado que “algo escuchó”.
El relevamiento del territorio del Ayllu de Tulúm Tulúm fue de conocimiento público a raiz de la detención del comunero Víctor Anchaval por parte de personal policial de la Seccional 20 de Villa Atamisqui producida el 14 de junio, un día antes de la realización del relevamiento ordenado por el juez Argibay Berdaguer en cumplimiento de la ley 26160. Al momento de la detención Anchaval fue interrogado por la policía sobre quienes serían los que vendrían al día siguiente a la comunidad y con qué propósito.
La ley 26160, y su prórroga, expresan en su artículo 1º “Declárase la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, …” y, en su artículo 2º “Suspéndase por el plazo de la emergencia declarada -23 de noviembre de 2013-, la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras contempladas en el art. 1º”. Esta es la ley que la jueza Paskevicius se niega a cumplir, desestimando igualmente el resultado del relevamiento territorial realizado por el INAI así como el Informe del Comité de Emergencia que da cuenta de la existencia de la comunidad en el territorio.
El Pueblo Diaguita Cacano respetará la Ley 26160 y, en respeto de la Ley, no permitirá el desalojo de la familia Orellana del territorio del Ayllu, ni de ninguna otra familia. Es responsabilidad de la jueza Paskevicius lo que pueda ocurrir ante el intento de desalojo. Desde la Unión Solidaria de Comunidades (USC) del Pueblo Diaguita Cacano se ha puesto en conocimiento del INAI de esta situación generada desde una jueza de la provincia, que no sólo incumple con la Ley sino que además pone en grave riesgo los derechos y la integridad física de los miembros de la comunidad. Esta orden de desalojo sólo esta alentada por los intereses económicos de quienes pretenden deforestar El Alto, bosque sagrado del Pueblo Diaguita Cacano y, único cordón de bosque nativo, categorizado como I, Rojo, por la Ley de Bosques.
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El avance hacia el mar de las areas protegidas
Áreas protegidas argentinas se proyectan al mar
Fecha de Publicación: 09/12/2012
Fuente: IPS
Provincia/Región: Nacional
Argentina está dando pasos acelerados en la creación de áreas marinas protegidas. En los últimos 10 años, este tipo de preservación en aguas saladas se extendió y por primera vez se sumará a la red una zona en el océano Atlántico.
El Congreso Nacional legislativo aprobó a fines de noviembre la creación de dos parques costeros en aguas oceánicas en la austral provincia de Santa Cruz y dio media sanción al proyecto de crear un área protegida en torno a la meseta submarina identificada como Banco Burdwood.
Esta área, con una muy rica diversidad biológica y alta vulnerabilidad, está situada al sudoeste de las islas Malvinas, el archipiélago reclamado por Argentina a Gran Bretaña, y 150 kilómetros al este de la isla de los Estados, que pertenece a la austral provincia de Tierra del Fuego.
Será la primera área protegida oceánica dentro de la zona económica exclusiva de Argentina, pero fuera del área de influencia jurisdiccional de las provincias, lo cual quiere decir que, dada la estructura federal del país, quedará bajo administración del Estado nacional.
La iniciativa del Banco Burdwood convocó a múltiples actores políticos, científicos y ambientalistas, que respaldaron la idea. El proyecto fue aprobado casi por unanimidad en la Cámara de Diputados y avanza hacia su segura confirmación en el Senado.
Con estos pasos "nos acercamos mucho al compromiso de proteger 10 por ciento de los mares para 2020", dijo a IPS la coordinadora del Programa de Áreas Protegidas de la Fundación Vida Silvestre Argentina, Andrea Michelson.
La activista se refirió así a la meta 11 del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020, suscrito por los países participantes en la X Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica (COP 10), que se realizó en 2010 en la noroccidental ciudad japonesa de Nagoya.
La meta es que para 2020, al menos 10 por ciento de las zonas marinas y costeras, "especialmente las que revisten particular importancia para la diversidad biológica y los servicios de los ecosistemas, se habrán conservado por medio de sistemas de áreas protegidas".
La Administración de Parques Nacionales indica que en este país, que tenía protegido solo 0,5 por ciento de sus costas marinas en 2003, esa área creció en noviembre hasta 1,8 por ciento tras la creación de los dos parques de Santa Cruz y, con Banco Burdwood, se podrá llegar hasta cuatro por ciento.
Hasta ahora, las áreas protegidas existentes son costeras. Se trata de los parques Marino Costero Patagonia Austral, en la sureña provincia de Chubut, Monte León y los recién creados Isla Pingüino y Makenke, todos en Santa Cruz.
Pero con la creación del área oceánica, mucho más extensa, se avanza a paso ligero para alcanzar las llamadas Metas de Aichi sobre diversidad, por el nombre de la provincia japonesa en cuya capital se firmó el Protocolo de Nagoya (https://www.cbd.int/doc/strategic- plan/2011-2020/Aichi-Targets-es.pdf).
"Es muy difícil llegar al 10 por ciento sugerido solo con áreas costeras, y no será tan rica y diversa la zona de protección si no incorporamos parte del océano", explicó Michelson, quien tiene gran expectativa en la sanción del proyecto que protege el Banco Burdwood.
Para la Fundación Vida Silvestre y otras organizaciones ambientalistas, la creación de un área protegida puramente marina plantea un enorme desafío para su manejo, a cargo de varios organismos estatales y ministerios, ya que se trata de hacer un seguimiento remoto de un espacio en el que intervienen múltiples actores.
El proyecto propone dar a la nueva área de preservación el nombre de Namuncurá, por el indígena patagónico Ceferino, fallecido joven a comienzos del siglo XX y hoy en proceso de canonización. Pero mantendrá el nombre de Burdwood para el accidente geográfico, en cuyo entorno se prevé una zonificación clave de 34.000 kilómetros cuadrados.
El biólogo Santiago Krapovickas, coordinador del Foro para la Conservación del Mar Patagónico y Áreas de Influencia, dijo a IPS, refiriéndose a la creación del área oceánica, que "será la primera vez que se intenta algo así en Argentina".
"Los que trabajamos en conservación estamos muy ilusionados con esta novedad, porque se trata de un sitio único en el mar Argentino, muy singular, poco explorado, delicado, con especies que ni siquiera aún han sido descritas", anticipó.
A raíz de este proyecto, el Foro, que reúne a diversas organizaciones de Argentina, Chile, Uruguay y otras internacionales, está recopilando información científica sobre el área para divulgar la riqueza que guardan esos fondos marinos.
En el área en cuestión hay esponjas, crustáceos, tiburones, merluzas de cola, austral y negra, pingüinos de penacho amarillo y de frente dorada, variedades de albatros y petreles, delfines australes, elefantes y lobos marinos, entre otras especies. Krapovickas explicó que la meseta submarina es circunvalada por una corriente marina fría que tiene de las islas Malvinas y, al encontrarse con ese escollo, remueve el fondo, que es muy rico en nutrientes, generando un área ideal para la reproducción.
También destacó que, al ser un fondo marino relativamente poco profundo sobre la meseta -entre 100 y 200 metros-, recibe luz solar, un fenómeno que permite el desarrollo del fitoplancton que está en la base de la cadena alimenticia.
El biólogo dijo que actualmente el banco no está amenazado. No es una zona tan apetecida como pesquería, porque hay otras de más fácil acceso y porque en este momento los precios internacionales no justificarían el esfuerzo de captura.
Añadió que tampoco se aprecia riesgo de exploración de hidrocarburos, al menos no por el momento, pese a estar cerca de las islas Malvinas, en disputa de soberanía con Gran Bretaña que las ocupa desde el siglo XIX y en torno de las cuales sí hay proyectos de prospección.
De todos modos, el coordinador del Foro cree que es "un buen momento" para delimitar allí un área de protección y de paz. "Es importante para la investigación científica, que es una actividad pacífica y para beneficio de la humanidad", indicó.
Respecto del seguimiento, Krapovickas confió en que las nuevas tecnologías permitan un control y hasta un programa de investigación realizado a distancia. "No es necesario disponer todo el tiempo de barcos o helicópteros, pues tenemos satélites, incluso uno argentino, el SAC-D Aquarius, con sensores remotos diseñados especialmente para obtener datos marinos", destacó.
Por eso, sostuvo, desde ahora hay que alentar a la comunidad científica a prepararse para bajar esta información y acceder a conocimientos que permitan la mejor preservación de este confín oceánico.
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Fecha de Publicación: 09/12/2012
Fuente: IPS
Provincia/Región: Nacional
Argentina está dando pasos acelerados en la creación de áreas marinas protegidas. En los últimos 10 años, este tipo de preservación en aguas saladas se extendió y por primera vez se sumará a la red una zona en el océano Atlántico.
El Congreso Nacional legislativo aprobó a fines de noviembre la creación de dos parques costeros en aguas oceánicas en la austral provincia de Santa Cruz y dio media sanción al proyecto de crear un área protegida en torno a la meseta submarina identificada como Banco Burdwood.
Esta área, con una muy rica diversidad biológica y alta vulnerabilidad, está situada al sudoeste de las islas Malvinas, el archipiélago reclamado por Argentina a Gran Bretaña, y 150 kilómetros al este de la isla de los Estados, que pertenece a la austral provincia de Tierra del Fuego.
Será la primera área protegida oceánica dentro de la zona económica exclusiva de Argentina, pero fuera del área de influencia jurisdiccional de las provincias, lo cual quiere decir que, dada la estructura federal del país, quedará bajo administración del Estado nacional.
La iniciativa del Banco Burdwood convocó a múltiples actores políticos, científicos y ambientalistas, que respaldaron la idea. El proyecto fue aprobado casi por unanimidad en la Cámara de Diputados y avanza hacia su segura confirmación en el Senado.
Con estos pasos "nos acercamos mucho al compromiso de proteger 10 por ciento de los mares para 2020", dijo a IPS la coordinadora del Programa de Áreas Protegidas de la Fundación Vida Silvestre Argentina, Andrea Michelson.
La activista se refirió así a la meta 11 del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020, suscrito por los países participantes en la X Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica (COP 10), que se realizó en 2010 en la noroccidental ciudad japonesa de Nagoya.
La meta es que para 2020, al menos 10 por ciento de las zonas marinas y costeras, "especialmente las que revisten particular importancia para la diversidad biológica y los servicios de los ecosistemas, se habrán conservado por medio de sistemas de áreas protegidas".
La Administración de Parques Nacionales indica que en este país, que tenía protegido solo 0,5 por ciento de sus costas marinas en 2003, esa área creció en noviembre hasta 1,8 por ciento tras la creación de los dos parques de Santa Cruz y, con Banco Burdwood, se podrá llegar hasta cuatro por ciento.
Hasta ahora, las áreas protegidas existentes son costeras. Se trata de los parques Marino Costero Patagonia Austral, en la sureña provincia de Chubut, Monte León y los recién creados Isla Pingüino y Makenke, todos en Santa Cruz.
Pero con la creación del área oceánica, mucho más extensa, se avanza a paso ligero para alcanzar las llamadas Metas de Aichi sobre diversidad, por el nombre de la provincia japonesa en cuya capital se firmó el Protocolo de Nagoya (https://www.cbd.int/doc/strategic- plan/2011-2020/Aichi-Targets-es.pdf).
"Es muy difícil llegar al 10 por ciento sugerido solo con áreas costeras, y no será tan rica y diversa la zona de protección si no incorporamos parte del océano", explicó Michelson, quien tiene gran expectativa en la sanción del proyecto que protege el Banco Burdwood.
Para la Fundación Vida Silvestre y otras organizaciones ambientalistas, la creación de un área protegida puramente marina plantea un enorme desafío para su manejo, a cargo de varios organismos estatales y ministerios, ya que se trata de hacer un seguimiento remoto de un espacio en el que intervienen múltiples actores.
El proyecto propone dar a la nueva área de preservación el nombre de Namuncurá, por el indígena patagónico Ceferino, fallecido joven a comienzos del siglo XX y hoy en proceso de canonización. Pero mantendrá el nombre de Burdwood para el accidente geográfico, en cuyo entorno se prevé una zonificación clave de 34.000 kilómetros cuadrados.
El biólogo Santiago Krapovickas, coordinador del Foro para la Conservación del Mar Patagónico y Áreas de Influencia, dijo a IPS, refiriéndose a la creación del área oceánica, que "será la primera vez que se intenta algo así en Argentina".
"Los que trabajamos en conservación estamos muy ilusionados con esta novedad, porque se trata de un sitio único en el mar Argentino, muy singular, poco explorado, delicado, con especies que ni siquiera aún han sido descritas", anticipó.
A raíz de este proyecto, el Foro, que reúne a diversas organizaciones de Argentina, Chile, Uruguay y otras internacionales, está recopilando información científica sobre el área para divulgar la riqueza que guardan esos fondos marinos.
En el área en cuestión hay esponjas, crustáceos, tiburones, merluzas de cola, austral y negra, pingüinos de penacho amarillo y de frente dorada, variedades de albatros y petreles, delfines australes, elefantes y lobos marinos, entre otras especies. Krapovickas explicó que la meseta submarina es circunvalada por una corriente marina fría que tiene de las islas Malvinas y, al encontrarse con ese escollo, remueve el fondo, que es muy rico en nutrientes, generando un área ideal para la reproducción.
También destacó que, al ser un fondo marino relativamente poco profundo sobre la meseta -entre 100 y 200 metros-, recibe luz solar, un fenómeno que permite el desarrollo del fitoplancton que está en la base de la cadena alimenticia.
El biólogo dijo que actualmente el banco no está amenazado. No es una zona tan apetecida como pesquería, porque hay otras de más fácil acceso y porque en este momento los precios internacionales no justificarían el esfuerzo de captura.
Añadió que tampoco se aprecia riesgo de exploración de hidrocarburos, al menos no por el momento, pese a estar cerca de las islas Malvinas, en disputa de soberanía con Gran Bretaña que las ocupa desde el siglo XIX y en torno de las cuales sí hay proyectos de prospección.
De todos modos, el coordinador del Foro cree que es "un buen momento" para delimitar allí un área de protección y de paz. "Es importante para la investigación científica, que es una actividad pacífica y para beneficio de la humanidad", indicó.
Respecto del seguimiento, Krapovickas confió en que las nuevas tecnologías permitan un control y hasta un programa de investigación realizado a distancia. "No es necesario disponer todo el tiempo de barcos o helicópteros, pues tenemos satélites, incluso uno argentino, el SAC-D Aquarius, con sensores remotos diseñados especialmente para obtener datos marinos", destacó.
Por eso, sostuvo, desde ahora hay que alentar a la comunidad científica a prepararse para bajar esta información y acceder a conocimientos que permitan la mejor preservación de este confín oceánico.
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Monitoreo continuo para el Riachuelo
Monitoreo continuo en la Cuenca Matanza Riachuelo
Fecha de Publicación: 09/12/2012
Fuente: Urbano
Provincia/Región: Riachuelo
Ya está en marcha la primera estación de monitoreo de calidad de agua y de aire de la Cuenca Matanza Riachuelo, esta se encuentra ubicada en el Club Regatas de Avellaneda y se le sumarán tres puestos más en el Puente La Noria, en el cruce con la Autopista Ricchieri y en Cañuelas.
La inauguración fue realizada durante la séptima remada por el Riachuelo, allí el presidente de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo, Juan José Mussi, puso en marcha la primera Estación de monitoreo continuo y automático de calidad y caudal de agua ubicada en el Club Regatas de Avellaneda, en el marco de la séptima Remada por el Riachuelo que organiza la Fundación X La Boca.
La Estación de monitoreo inicia la primera etapa de instalación y puesta en funcionamiento de este tipo de dispositivos, compuesta por otras tres estaciones más a ser instaladas próximamente en el Puente La Noria, en el cruce con la Autopista Ricchieri y en Cañuelas.
La estructura en su interior alojará en el primer piso el instrumental para monitoreo continuo de calidad de agua y en el segundo piso los equipos para el monitoreo continuo de calidad de aire. Los variables ambientales que se medirán son: caudal, temperatura, cromo total, oxígeno disuelto, amonio, fósforo total, pH, conductividad, DQO, hidrocarburos totales, nitratos.
Este monitoreo permitirá medir la dinámica hídrica en esta sección del río, considerando los pulsos de caudal por las mareas y eventos de sudestada, además de poder evaluar las variaciones de las variables en estudio y los eventos esporádicos que alteran la calidad del agua, como los vuelcos clandestinos, para proponer acciones concretas en el marco del Plan Integral de Saneamiento Ambiental.
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Fecha de Publicación: 09/12/2012
Fuente: Urbano
Provincia/Región: Riachuelo
Ya está en marcha la primera estación de monitoreo de calidad de agua y de aire de la Cuenca Matanza Riachuelo, esta se encuentra ubicada en el Club Regatas de Avellaneda y se le sumarán tres puestos más en el Puente La Noria, en el cruce con la Autopista Ricchieri y en Cañuelas.La inauguración fue realizada durante la séptima remada por el Riachuelo, allí el presidente de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo, Juan José Mussi, puso en marcha la primera Estación de monitoreo continuo y automático de calidad y caudal de agua ubicada en el Club Regatas de Avellaneda, en el marco de la séptima Remada por el Riachuelo que organiza la Fundación X La Boca.
La Estación de monitoreo inicia la primera etapa de instalación y puesta en funcionamiento de este tipo de dispositivos, compuesta por otras tres estaciones más a ser instaladas próximamente en el Puente La Noria, en el cruce con la Autopista Ricchieri y en Cañuelas.
La estructura en su interior alojará en el primer piso el instrumental para monitoreo continuo de calidad de agua y en el segundo piso los equipos para el monitoreo continuo de calidad de aire. Los variables ambientales que se medirán son: caudal, temperatura, cromo total, oxígeno disuelto, amonio, fósforo total, pH, conductividad, DQO, hidrocarburos totales, nitratos.
Este monitoreo permitirá medir la dinámica hídrica en esta sección del río, considerando los pulsos de caudal por las mareas y eventos de sudestada, además de poder evaluar las variaciones de las variables en estudio y los eventos esporádicos que alteran la calidad del agua, como los vuelcos clandestinos, para proponer acciones concretas en el marco del Plan Integral de Saneamiento Ambiental.
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Nube tóxica de agrotóxico prohibido en Europa
Nube tóxica, nube de dudas
Fecha de Publicación: 08/12/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Capital Federal
Tras el escape del plaguicida que provocó alarma el jueves en la Ciudad, hubo críticas a la empresa de la Terminal 4 por el manejo de las cargas y por la falta de información sobre las sustancias que se almacenan. El agrotóxico involucrado está prohibido en Europa.
El día después de la nube tóxica que afectó a Buenos Aires se desarrolló bajo una nube de cuestionamientos, preguntas e inquietudes de entidades ambientalistas y trabajadores portuarios. En esta nube pueden discernirse varios nubarrones específicos: 1) La acusación a la empresa que administra la Terminal 4 por falta de medidas de seguridad y mal manejo de las cargas: el accidente se habría originado en la exposición del contenedor a excesiva temperatura; 2) críticas a los gobiernos nacional y porteño por “falta de coordinación y planificación ante accidentes de este orden”; 3) “falta de información adecuada sobre presencia de sustancias tóxicas a pocas cuadras de zonas densamente pobladas”; 4) cuestionamiento de fondo al empleo de plaguicidas como el que ocasionó el accidente, cuyo uso está prohibido en la Unión Europea. En respuesta, una fuente del Ministerio de Seguridad de la Nación sostuvo que “se aplicaron protocolos internacionales” y que “hubo mala información y errores del gobierno porteño”.
Los trabajadores de la Terminal 4 del puerto de Buenos Aires –donde el jueves se produjo el estallido en un container que almacenaba el plaguicida Thiodicarb– se negaron ayer a tomar servicio y criticaron “la falta de información sobre la nube tóxica y el detalle de lo que había en el contenedor”, sumados a “un sistema de evacuación insuficiente”: responsabilizan a la empresa APM Terminal, a cargo del servicio. Según Juan Carlos Andrade –delegado de Terminal 4, Marina Mercante–, “la empresa almacena hasta un 20 por ciento más de los contenedores que caben en la Terminal 4, lo cual hace que no los disponga adecuadamente: los que tienen plaguicidas como el Thiodicarb deben estar a una temperatura que no supere los 23 grados: esto no se cumplió y podría explicar el accidente”. Además, “no hubo un plan de evacuación correcto y sí mucha confusión entre la Prefectura nacional y Defensa Civil de la Ciudad: unos decían que había que evacuar y otros que nos quedáramos”.
Por su parte, el Sindicato Unido Portuarios Argentinos (SUPA) pidió que el trabajo de los estibadores vuelva a considerarse insalubre, en relación con “la manipulación cotidiana de los contenedores”.
También Lorena Pujó –coordinadora de la Campaña de Tóxicos de Greenpeace Argentina– sostuvo que “la gente recibió información confusa, sin coordinación entre la Nación, de la que depende el puerto, y la Ciudad de Buenos Aires, donde el puerto está. Debe haber procedimientos previamente establecidos para contingencias, en los puertos de la Ciudad y de Dock Sud. Ya hace unos meses hubo un derrame de amoníaco y, el jueves, si no hubiera llovido, no sabemos hasta dónde se hubiera extendido el peligro”. Pujó también denunció que ayer “quisimos tomar muestras del agua y sedimentos, pero la Prefectura nos lo impidió”. Verónica Odriozola –coordinadora para América latina de la ONG Salud Sin Daño– advirtió que “el Thiodicarb, al incendiarse, puede haber producido compuestos con más toxicidad que la que el producto tiene en principio y, de hecho, se midió ácido sulfhídrico en el aire”.
Una fuente del Ministerio de Seguridad de la Nación respondió que, cuando se produjo el accidente, “se aplicó el protocolo internacional de seguridad. Identificada la sustancia y establecido su grado de toxicidad, moderada, el secretario de Seguridad informó a la población, procurando bajar el nivel de alarma generado por informaciones erróneas como que se trataba de mercurio. Hubo, sí, un problema de comunicación del Gobierno de la Ciudad: llegaron a evacuar el Edificio del Plata, lo cual no correspondía”. En cuanto a la prohibición de ingreso ayer a Greenpeace, “fue porque la Justicia investiga lo sucedido y hay que preservar las pruebas”.
La ambientalista Odriozola agregó que “el hecho de que esto haya sucedido en Buenos Aires hace más visible un tema que en comunidades del interior está muy presente: los riesgos del uso de plaguicidas expone a las poblaciones cercanas, como se vio en el caso testigo del barrio Ituzaingó, en Córdoba”, y destacó que “el Thiodicarb está prohibido en la Unión Europea”. Efectivamente, el 31 de mayo de 2007 la Comisión Europea decidió retirar la autorización para productos conteniendo Thiodicarb, porque implica “un riesgo dietario para niños de uno a tres años en caso de consumo de uvas tratadas con el producto, y para adultos por consumir vino”, así como por “posible contaminación de aguas subterráneas”.
Una fuente del Senasa destacó que, en el país, “el Thiodicarb está registrado como de ‘toxicidad moderada’ y su producción y uso están sujetos al cumplimiento de las normativas”.
Durante la tarde de ayer, este diario intentó en vano comunicarse con la empresa APM Terminal, así como con el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires.
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Fecha de Publicación: 08/12/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Capital Federal
Tras el escape del plaguicida que provocó alarma el jueves en la Ciudad, hubo críticas a la empresa de la Terminal 4 por el manejo de las cargas y por la falta de información sobre las sustancias que se almacenan. El agrotóxico involucrado está prohibido en Europa.El día después de la nube tóxica que afectó a Buenos Aires se desarrolló bajo una nube de cuestionamientos, preguntas e inquietudes de entidades ambientalistas y trabajadores portuarios. En esta nube pueden discernirse varios nubarrones específicos: 1) La acusación a la empresa que administra la Terminal 4 por falta de medidas de seguridad y mal manejo de las cargas: el accidente se habría originado en la exposición del contenedor a excesiva temperatura; 2) críticas a los gobiernos nacional y porteño por “falta de coordinación y planificación ante accidentes de este orden”; 3) “falta de información adecuada sobre presencia de sustancias tóxicas a pocas cuadras de zonas densamente pobladas”; 4) cuestionamiento de fondo al empleo de plaguicidas como el que ocasionó el accidente, cuyo uso está prohibido en la Unión Europea. En respuesta, una fuente del Ministerio de Seguridad de la Nación sostuvo que “se aplicaron protocolos internacionales” y que “hubo mala información y errores del gobierno porteño”.
Los trabajadores de la Terminal 4 del puerto de Buenos Aires –donde el jueves se produjo el estallido en un container que almacenaba el plaguicida Thiodicarb– se negaron ayer a tomar servicio y criticaron “la falta de información sobre la nube tóxica y el detalle de lo que había en el contenedor”, sumados a “un sistema de evacuación insuficiente”: responsabilizan a la empresa APM Terminal, a cargo del servicio. Según Juan Carlos Andrade –delegado de Terminal 4, Marina Mercante–, “la empresa almacena hasta un 20 por ciento más de los contenedores que caben en la Terminal 4, lo cual hace que no los disponga adecuadamente: los que tienen plaguicidas como el Thiodicarb deben estar a una temperatura que no supere los 23 grados: esto no se cumplió y podría explicar el accidente”. Además, “no hubo un plan de evacuación correcto y sí mucha confusión entre la Prefectura nacional y Defensa Civil de la Ciudad: unos decían que había que evacuar y otros que nos quedáramos”.
Por su parte, el Sindicato Unido Portuarios Argentinos (SUPA) pidió que el trabajo de los estibadores vuelva a considerarse insalubre, en relación con “la manipulación cotidiana de los contenedores”.
También Lorena Pujó –coordinadora de la Campaña de Tóxicos de Greenpeace Argentina– sostuvo que “la gente recibió información confusa, sin coordinación entre la Nación, de la que depende el puerto, y la Ciudad de Buenos Aires, donde el puerto está. Debe haber procedimientos previamente establecidos para contingencias, en los puertos de la Ciudad y de Dock Sud. Ya hace unos meses hubo un derrame de amoníaco y, el jueves, si no hubiera llovido, no sabemos hasta dónde se hubiera extendido el peligro”. Pujó también denunció que ayer “quisimos tomar muestras del agua y sedimentos, pero la Prefectura nos lo impidió”. Verónica Odriozola –coordinadora para América latina de la ONG Salud Sin Daño– advirtió que “el Thiodicarb, al incendiarse, puede haber producido compuestos con más toxicidad que la que el producto tiene en principio y, de hecho, se midió ácido sulfhídrico en el aire”.
Una fuente del Ministerio de Seguridad de la Nación respondió que, cuando se produjo el accidente, “se aplicó el protocolo internacional de seguridad. Identificada la sustancia y establecido su grado de toxicidad, moderada, el secretario de Seguridad informó a la población, procurando bajar el nivel de alarma generado por informaciones erróneas como que se trataba de mercurio. Hubo, sí, un problema de comunicación del Gobierno de la Ciudad: llegaron a evacuar el Edificio del Plata, lo cual no correspondía”. En cuanto a la prohibición de ingreso ayer a Greenpeace, “fue porque la Justicia investiga lo sucedido y hay que preservar las pruebas”.
La ambientalista Odriozola agregó que “el hecho de que esto haya sucedido en Buenos Aires hace más visible un tema que en comunidades del interior está muy presente: los riesgos del uso de plaguicidas expone a las poblaciones cercanas, como se vio en el caso testigo del barrio Ituzaingó, en Córdoba”, y destacó que “el Thiodicarb está prohibido en la Unión Europea”. Efectivamente, el 31 de mayo de 2007 la Comisión Europea decidió retirar la autorización para productos conteniendo Thiodicarb, porque implica “un riesgo dietario para niños de uno a tres años en caso de consumo de uvas tratadas con el producto, y para adultos por consumir vino”, así como por “posible contaminación de aguas subterráneas”.
Una fuente del Senasa destacó que, en el país, “el Thiodicarb está registrado como de ‘toxicidad moderada’ y su producción y uso están sujetos al cumplimiento de las normativas”.
Durante la tarde de ayer, este diario intentó en vano comunicarse con la empresa APM Terminal, así como con el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires.
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Otro año más sin fondos para la ley de bosques
Por quinto año se incumple la ley de bosques
Fecha de Publicación: 08/12/2012
Fuente: http://blogs.lanacion.com.ar/ecologico
Provincia/Región: Nacional
Fecha de Publicación: 08/12/2012
Fuente: http://blogs.lanacion.com.ar/ecologico
Provincia/Región: Nacional
Un año más, un presupuesto más y, como se esperaba, un nuevo incumplimiento. Se trata del Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos, de acuerdo a lo establecido en la Ley Nacional N° 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos.El actual proyecto de ley de Presupuesto, asignó al fondo $230 millones mientras que la norma N° 26.331, art. 31, incisos a) y b): se establece una partida no menor del 0,3% del Presupuesto Nacional, ($ 1.515 millones), y una asignación específica del 2% de las retenciones a las exportaciones de productos primarios y secundarios provenientes de la agricultura, ganadería y sector forestal, que elevaría el monto a $2.327 millones.
El hecho deja ver al menos dos problemas: el primero y más evidente es el incumplimiento y la falta de voluntad política en avanzar en una protección genuina. Y el segundo, tal vez aún más grave, es que de este modo se pone en duda la creación de fondos especiales para poder afrontar otro tipo de conflictos ambientales. Uno que se discute hoy, por caso, es el que crea el proyecto para la disposición de residuos eléctricos y electrónicos. Y se da la razón a los grupos que ponen trabas para que este tipo de normas no avance.
Ante la pobre asignación al fondo de bosques y como todavía el presupuesto está en etapa de discusión, las ONG Fundación Vida Silvestre Argentina, Greenpeace, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales y asociaciones de productores y de la industria foresto-industrial (como FAIMA y AFOA), manifestaron su preocupación frente a la insuficiente partida y enviaron una carta a los presidentes de bloque de la Cámara de Diputados.
El Fondo para la conservación de los bosques nativos establece en el artículo 30 “el objeto de compensar a las jurisdicciones que conservan los bosques nativos, por los servicios ambientales que éstos brindan”. El fondo tiene un sentido federal, ya que el 30% está destinado a fortalecer la capacidad técnica y de control, mientras que el 70% restante a compensar a los titulares que efectúen tareas de conservación y manejo sostenible de los bosques.
“A cinco años de la promulgación de la Ley de Bosques, ésta se encuentra muy lejos de cumplirse, ya que viene padeciendo falencias similares desde el año 2008. Por esta razón, las cinco organizaciones firmantes solicitan de carácter urgente apoyar un incremento en el presupuesto . Del mismo modo, el Consejo Federal del Medio Ambiente (COFEMA), y provincias como Tierra del Fuego, San Luis, Misiones, Salta y Chaco, ya vienen reclamando hace un tiempo sobre esta problemática“, indicaron las ONG mediante un comunicado.
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Nube de agroquímicos sobre Capital Federal
Una nube tóxica causó caos y pánico en el centro de la ciudad
Fecha de Publicación: 07/12/2012
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Capital Federal
Durante dos horas hubo autoevacuaciones y preocupación por la combustión de un pesticida en un contenedor en la terminal 4; un olor nauseabundo afectó Puerto Madero, Retiro, San Telmo y Recoleta
Una densa y fétida nube tóxica, provocada por la combustión de un contenedor con pesticidas en el puerto, generó ayer pánico y caos en el centro porteño. A las 9.30, la nube, que afectó principalmente a los barrios de Retiro, San Telmo, Constitución, Puerto Madero y zonas de Recoleta, generó preocupación y trastornos durante dos horas. Oficinistas que se autoevacuaban de los edificios del microcentro, las líneas de subte que no completaban su recorrido, el tránsito colapsado y los vuelos demorados fueron algunas de las consecuencias del siniestro.
La sustancia, identificada por las autoridades como Thiodicarb, es un pesticida fabricado a base de carbamato, incluido entre los productos que pueden explotar o hacer reacciones de autocombustión por exposición a altas temperaturas, como las ocurridas ayer, que son las causas que se analizan en la investigación del siniestro que ocurrió en la terminal 4 del Puerto de Buenos Aires.
A pesar de la situación crítica que se vivió durante algunos minutos, no se registraron heridos de gravedad: "Por prevención se atendió a 150 personas en el lugar y sus inmediaciones, y se trasladó a 97 personas a hospitales porteños", indicaron en el Ministerio de Salud de la ciudad. Los cuadros generales presentados por los atendidos fueron cefaleas, mareos, náuseas e irritación ocular.
La emergencia fue atendida inmediatamente por la Prefectura Naval Argentina y Defensa Civil de la ciudad de Buenos Aires. El secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, que se presentó en la zona donde se incendió el contenedor con un mameluco para protección química blanco y máscara antigás, aseguró: "Fue un incendio dentro de un container. Estamos produciendo el enfriamiento de los tambores donde venía el plaguicida".
"En la oficina nos preocupamos porque pensamos que alguien había dejado abierta una hornalla o el horno y abrimos las ventanas, pero apenas nos dimos cuenta de que venía de afuera las volvimos a cerrar", contó Mirta Peralta, una empleada de una empresa de Retiro. "Más tarde, un par de compañeras mías se descompusieron y tuvieron que venir a atenderlas", agregó.
Minutos más tarde se descartó que la toxicidad del producto pudiera expandirse más allá de un radio de 600 metros. Fue precisamente ese perímetro el que quedó restringido. Se evacuó el puerto de Buenos Aires, se cortó la circulación vehicular de la autopista Illia y se cerró la estación de Retiro.
La línea C de subtes interrumpió su servicio y las demás no llegaban hasta sus cabeceras del centro porteño. También se evacuaron algunos edificios, como los tribunales de Comodoro Py. También se vio afectada la actividad del aeroparque metropolitano y de la estación de Buquebus.
"Hay que llevar tranquilidad para todos los vecinos: ya no hay riesgo tóxico en la ciudad", aseguró por la tarde Diego Santilli, ministro de Ambiente y Espacio Público.
"Esta mañana nuestra estación de monitoreo de control del aire de La Boca detectó lo que estaba sucediendo y nos indicó que había un alto nivel de ácido sulfhídrico", agregó. Ese ácido surge como reacción de la mezcla del plaguicida con el agua.
"El nivel más alto se detectó a las 9.15 en la estación de monitoreo de La Boca (Brasil al 100) y fue disminuyendo posteriormente hasta volver a valores normales", indicaron en el gobierno porteño.
Uno de los trascendidos de ayer daba cuenta de que cuando el humo comenzó a salir del contenedor, especulando con que alguno de los tambores se habría caído y sufrido una fisura, se le tiró agua para tratar de sofocarlo. Este hecho podría haber potenciado la emanación posterior. Sin embargo, hasta anoche era investigada esta versión.
El contenedor que sufrió el siniestro, por causas que se investigan, estaba cargado con más de 17 toneladas de insecticida sólido, envasado en 390 tambores. Arribó al puerto de Buenos Aires el 26 de noviembre desde el puerto de Shanghai, China, y su destino final era la terminal de Caacupé-Miports, en Paraguay.
Según pudo saber LA NACION, se encontraba en "tránsito" en la terminal 4 del puerto de Buenos Aires, aguardando el servicio de barcazas para partir rumbo a Paraguay. Al ser un contenedor de trasbordo, la terminal no tiene conocimiento de qué contiene ni del fabricante ni del cliente. Es que se trata de una exportación de China a Paraguay con escala en Buenos Aires.
Al menos 30 contenedores de 40 pies, como el que sufrió el incidente, se encuentran todavía estibados en la terminal 4. Sólo se sabe que contienen sustancias peligrosas, aunque no si se trata del mismo pesticida. La intensa lluvia de ayer demoró los peritajes que realizaban en forma conjunta el organismo a cargo de la seguridad portuaria, la Prefectura Naval, y las autoridades de Toxicología y Medio Ambiente del Ministerio de Salud.
El protocolo operativo para contenedores cargados con "sustancias tóxicas", una vez descargados del buque, comienza con una "estiba segregada". Aunque no se sabe exactamente cuál es la carga, se sabe que es un código IMO 6.1, es decir, sustancia tóxica según el código de la Organización Marítima Internacional (IMO, en inglés). "Al no venir con ninguna indicación específica sobre su almacenamiento, se lo estibó a la intemperie, que es lo común en estos casos", dijeron fuentes de la terminal.
La naviera a cargo del transporte de la carga es la alemana Hamburg Süd, que declinó revelar el nombre del cargador.
Más Información:
- Greenpeace - Reclama información precisa sobre la nube tóxica
- Río Negro OL - Nube tóxica y temporal colapsaron Buenos Aires
- Renace - Levemente muertos: Humo de agrotóxicos en el Puerto de BsAs
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Vinaza: Tucumán no cumplió parte del acuerdo
Tucumán no cumplió todavía en limpiar los canales de vinaza
Fecha de Publicación: 07/12/2012
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Tucumán
El gobierno de Tucumán no cumplió con el compromiso de evacuar los millones de litros de vinaza que se encuentran almacenados en canales de riego y de desagüe en la vecina provincia y que para Santiago del Estero representan una amenaza para el embalse.
El secretario de Medio Ambiente tucumano, Alfredo Montalván, había asumido este compromiso ante el fiscal de Estado, Raúl Abate, y del defensor del Pueblo, Martín Díaz Achával. Ello, como consecuencia del serio incidente protagonizado por el ingenio La Florida, de Jorge Rocchia Ferro, que semanas atrás descargó millones de litros de vinaza pura en pueblos del departamento Jiménez, al romperse los tapones del canal interprovincial del Este que contenía el desecho.
La provincia radicó una denuncia por este episodio para que se investigue la responsabilidad de la empresa y también de funcionarios que debían controlar la planta.
“La Florida tiene una medida cautelar de la Justicia Federal en contra por la cual no puede usar el canal para almacenar vinaza, pero hay otros ingenios como el Concepción que también almacena. Tucumán no cumplió con la promesa que hizo Montalván, hablé con él y me confirmó que están haciendo los trámites previos, porque había autorización y por ende derechos adquiridos, para que solucionen esta cuestión y prohiban la utilización de canales como reservorios”, comentó Díaz Achával en diálogo con EL LIBERAL.
Señaló que algunos ingenios usaban los canales públicos para trasladar la vinaza hacia los campos donde se realiza el fertirriego y que ya no lo podrán hacer. “Esto surge como consecuencia del impresionante vuelco en El Palomar y en El Arenal, se debe aplicar sanción a quien provocó esto, pero también se deben tomar medidas preventivas y que se reduzcan posibilidades de accidentes”, añadió Díaz Achával.
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Fecha de Publicación: 07/12/2012
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Tucumán
El gobierno de Tucumán no cumplió con el compromiso de evacuar los millones de litros de vinaza que se encuentran almacenados en canales de riego y de desagüe en la vecina provincia y que para Santiago del Estero representan una amenaza para el embalse.El secretario de Medio Ambiente tucumano, Alfredo Montalván, había asumido este compromiso ante el fiscal de Estado, Raúl Abate, y del defensor del Pueblo, Martín Díaz Achával. Ello, como consecuencia del serio incidente protagonizado por el ingenio La Florida, de Jorge Rocchia Ferro, que semanas atrás descargó millones de litros de vinaza pura en pueblos del departamento Jiménez, al romperse los tapones del canal interprovincial del Este que contenía el desecho.
La provincia radicó una denuncia por este episodio para que se investigue la responsabilidad de la empresa y también de funcionarios que debían controlar la planta.
“La Florida tiene una medida cautelar de la Justicia Federal en contra por la cual no puede usar el canal para almacenar vinaza, pero hay otros ingenios como el Concepción que también almacena. Tucumán no cumplió con la promesa que hizo Montalván, hablé con él y me confirmó que están haciendo los trámites previos, porque había autorización y por ende derechos adquiridos, para que solucionen esta cuestión y prohiban la utilización de canales como reservorios”, comentó Díaz Achával en diálogo con EL LIBERAL.
Señaló que algunos ingenios usaban los canales públicos para trasladar la vinaza hacia los campos donde se realiza el fertirriego y que ya no lo podrán hacer. “Esto surge como consecuencia del impresionante vuelco en El Palomar y en El Arenal, se debe aplicar sanción a quien provocó esto, pero también se deben tomar medidas preventivas y que se reduzcan posibilidades de accidentes”, añadió Díaz Achával.
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Capital Federal: nube tóxica de agroquímico
Evacúan el centro de Buenos Aires por nube tóxica
Fecha de Publicación: 06/12/2012
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Capital Federal
Se incendió un contenedor con insecticida en el puerto. El fuerte olor provocó mareos y problemas respiratorios. Las autoridades pidieron cerrar puertas y ventanas
La ciudad de Buenos Aires amaneció cubierta por una nube tóxica, provocada por el incendio de un contenedor con productos químicos, según reportaron las autoridades municipales. Distintos edificios del Microcentro, Retiro y Tribunales, zonas de intensa actividad, debieron ser evacuados.
El Gobierno porteño recomendó a los habitantes no salir de sus hogares hasta que se pudiera establecer el nivel de toxicidad de la nube. También pidió cerrar puertas y ventanas, no usar el aire acondicionado y llamar a emergencias (107) ante cualquier inconveniente de salud. Hubo personas atendidas por mareos, problemas de respiración e irritación en los ojos.
Alberto Tita, responsable de Relaciones Institucionales del Puerto, confirmó que se trata de "un contenedor que volcó y explotó” y en su interior “tenía pesticida" para hormigas. Asimismo, explicó que "estos contenedores están en el sector de cargas peligrosas" de la terminal portuaria.
El secretario de Seguridad de la nación, Sergio Berni, informó que el incendio ya fue apagado y sostuvo que la sustancia quemada es ya es "de baja peligrosidad", dado que fue diluyéndose con el viento.
La noticia explotó en las redes sociales. El hashtag #NubeTóxica, que se convirtió en una tendencia mundial, sirvió para mantener informados a los vecinos, mientras que otros se lo tomaron con humor.
El jefe de Gobierno de Buenos Aires, Mauricio Macri, aún no se pronunció sobre la situación de la ciudad, dado que está fuera del país. Acudió a México DF para presenciar la asunción del alcalde, Miguel Ángel Mancera.
Más Información:
- Sin Mordaza - Nube tóxica en Buenos Aires
- La Gaceta - Por una nube tóxica, Buenos Aires entró en pánico
- TN - Nube tóxica, olor y evacuados en Buenos Aires
- La Noticia Primero - Nube tóxica en Buenos Aires: Qué es el insecticida Tiodicarb
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Fecha de Publicación: 06/12/2012
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Capital Federal
Se incendió un contenedor con insecticida en el puerto. El fuerte olor provocó mareos y problemas respiratorios. Las autoridades pidieron cerrar puertas y ventanas
La ciudad de Buenos Aires amaneció cubierta por una nube tóxica, provocada por el incendio de un contenedor con productos químicos, según reportaron las autoridades municipales. Distintos edificios del Microcentro, Retiro y Tribunales, zonas de intensa actividad, debieron ser evacuados.
El Gobierno porteño recomendó a los habitantes no salir de sus hogares hasta que se pudiera establecer el nivel de toxicidad de la nube. También pidió cerrar puertas y ventanas, no usar el aire acondicionado y llamar a emergencias (107) ante cualquier inconveniente de salud. Hubo personas atendidas por mareos, problemas de respiración e irritación en los ojos.
Alberto Tita, responsable de Relaciones Institucionales del Puerto, confirmó que se trata de "un contenedor que volcó y explotó” y en su interior “tenía pesticida" para hormigas. Asimismo, explicó que "estos contenedores están en el sector de cargas peligrosas" de la terminal portuaria.
El secretario de Seguridad de la nación, Sergio Berni, informó que el incendio ya fue apagado y sostuvo que la sustancia quemada es ya es "de baja peligrosidad", dado que fue diluyéndose con el viento.
La noticia explotó en las redes sociales. El hashtag #NubeTóxica, que se convirtió en una tendencia mundial, sirvió para mantener informados a los vecinos, mientras que otros se lo tomaron con humor.
El jefe de Gobierno de Buenos Aires, Mauricio Macri, aún no se pronunció sobre la situación de la ciudad, dado que está fuera del país. Acudió a México DF para presenciar la asunción del alcalde, Miguel Ángel Mancera.
Más Información:
- Sin Mordaza - Nube tóxica en Buenos Aires
- La Gaceta - Por una nube tóxica, Buenos Aires entró en pánico
- TN - Nube tóxica, olor y evacuados en Buenos Aires
- La Noticia Primero - Nube tóxica en Buenos Aires: Qué es el insecticida Tiodicarb
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Extractivismo: 'Crímenes de lesa naturaleza'
'Crímenes de lesa naturaleza'
Fecha de Publicación: 06/12/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Un tribunal integrado por organizaciones sociales, intelectuales y científicos declaró culpables a las empresas mineras y sojeras y a los gobiernos que permiten “avances sobre territorios campesinos e indígenas”.
“El modelo extractivista impuesto en el país es tal que nos permite hablar de ecocidio y de genocidio”, sentenció la socióloga Maristella Svampa ante Página/12, respecto de cómo impacta la extensión de la frontera agrícola y la inserción de empresas internacionales para desarrollar proyectos petrolíferos y de megaminería, entre otros, que contribuyen al “daño de la naturaleza y el avance sobre territorios de campesinos e indígenas”. Fue durante la presentación de la sentencia final del “Juicio ético a las transnacionales” que durante más de un año llevaron a cabo un centenar de organizaciones sociales, intelectuales y científicos. En el documento presentado determinan la responsabilidad de empresas y gobiernos, sostienen que hay violaciones de derechos sociales y económicos, a la salud y a un ambiente sano, en función de la Ley General Ambiental 25.675.
Minera La Alumbrera YMAD UTE, Minera Agua Rica, Barrick Gold Corporation, Grupo Monsanto, Repsol, Ledesma SA, Río Tinto-Vale SA y Potasio Río Colorado SA, Proyecto Navidad (Pan American Silver) Pan American Energy, Grupo Cargill, Alto Paraná, son las empresas investigadas y condenadas por “crímenes de lesa naturaleza”. Eso, en el marco de un modelo capitalista de “maldesarrollo” que fomenta la “mercantilización de la naturaleza”. La condena es simbólica y sólo persigue hacer públicos los efectos de estas explotaciones.
El encuentro, concretado en la Sala 5 del 3º piso del edificio anexo de la Cámara de Diputados, fue promovido y ejecutado por el proyecto de Resistencias Populares a la Recolonización del Continente, impulsado por el Centro de Investigaciones y Formación de los Movimientos Sociales Latinoamericanos y el Equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía. “La idea del lugar tiene que ver con que queremos interpelar a todos los poderes políticos”, contó Patricia Agosto, de Pañuelos. Es que la información recabada por las Fiscalías Populares fue entregada ante la Corte Suprema de Justicia, el Poder Ejecutivo Nacional y a los legisladores nacionales.
El Tribunal Etico Popular da cuenta de cómo las empresas transnacionales impactan en el territorio argentino, y de que su operatividad “no sería posible sin la complicidad y garantía de los gobiernos, de los parlamentos, del sistema de Justicia, universidades y medios de comunicación”, sostienen en las 21 páginas de la sentencia final.
Como ejemplo reciente de lo que significa rechazar el modelo que denuncian, los integrantes del Tribunal mencionaron los hechos del pasado 27 de noviembre en Trelew, Chubut. Allí, integrantes de la Unión de Asambleas Patagónicas fueron agredidos por personas identificadas como del gremio de la Unión Obrera de la Construcción (Uocra), mientras se manifestaban en contra de la aprobación de un marco regulatorio de la Ley 5001 que –si se concretaba– habría permitido la instalación de emprendimientos de minería a gran escala. “Hoy podemos definir una nueva forma de represión que es la tercerización de la represión, porque no lo hace la policía ni existe un juez o un fiscal que la apruebe, sino que involucra a trabajadores contratados que son sicarios”, sacó a la luz Rodríguez Pardo. La “criminalización de la protesta social” es uno de los puntos en el apartado que hace referencia a las “violaciones de derechos civiles y políticos”.
Igual sucede, dicen, con los derechos culturales de los pueblos originarios a través de una “compleja trama” que finalmente cae en la “desapropiación de saberes ancestrales y el avance sobre su territorio”.
“Las empresas logran una licencia que no tienen”, advirtió Agosto. En ese sentido, en la sentencia señalan la decisión de no realizar consultas públicas y el “ocultamiento de información respecto de los proyectos”, así como también los “laxos controles estatales”, que figuran en el apartado que determina las responsabilidades.
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Fecha de Publicación: 06/12/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Un tribunal integrado por organizaciones sociales, intelectuales y científicos declaró culpables a las empresas mineras y sojeras y a los gobiernos que permiten “avances sobre territorios campesinos e indígenas”.
“El modelo extractivista impuesto en el país es tal que nos permite hablar de ecocidio y de genocidio”, sentenció la socióloga Maristella Svampa ante Página/12, respecto de cómo impacta la extensión de la frontera agrícola y la inserción de empresas internacionales para desarrollar proyectos petrolíferos y de megaminería, entre otros, que contribuyen al “daño de la naturaleza y el avance sobre territorios de campesinos e indígenas”. Fue durante la presentación de la sentencia final del “Juicio ético a las transnacionales” que durante más de un año llevaron a cabo un centenar de organizaciones sociales, intelectuales y científicos. En el documento presentado determinan la responsabilidad de empresas y gobiernos, sostienen que hay violaciones de derechos sociales y económicos, a la salud y a un ambiente sano, en función de la Ley General Ambiental 25.675.
Minera La Alumbrera YMAD UTE, Minera Agua Rica, Barrick Gold Corporation, Grupo Monsanto, Repsol, Ledesma SA, Río Tinto-Vale SA y Potasio Río Colorado SA, Proyecto Navidad (Pan American Silver) Pan American Energy, Grupo Cargill, Alto Paraná, son las empresas investigadas y condenadas por “crímenes de lesa naturaleza”. Eso, en el marco de un modelo capitalista de “maldesarrollo” que fomenta la “mercantilización de la naturaleza”. La condena es simbólica y sólo persigue hacer públicos los efectos de estas explotaciones.
El encuentro, concretado en la Sala 5 del 3º piso del edificio anexo de la Cámara de Diputados, fue promovido y ejecutado por el proyecto de Resistencias Populares a la Recolonización del Continente, impulsado por el Centro de Investigaciones y Formación de los Movimientos Sociales Latinoamericanos y el Equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía. “La idea del lugar tiene que ver con que queremos interpelar a todos los poderes políticos”, contó Patricia Agosto, de Pañuelos. Es que la información recabada por las Fiscalías Populares fue entregada ante la Corte Suprema de Justicia, el Poder Ejecutivo Nacional y a los legisladores nacionales.
El Tribunal Etico Popular da cuenta de cómo las empresas transnacionales impactan en el territorio argentino, y de que su operatividad “no sería posible sin la complicidad y garantía de los gobiernos, de los parlamentos, del sistema de Justicia, universidades y medios de comunicación”, sostienen en las 21 páginas de la sentencia final.
Como ejemplo reciente de lo que significa rechazar el modelo que denuncian, los integrantes del Tribunal mencionaron los hechos del pasado 27 de noviembre en Trelew, Chubut. Allí, integrantes de la Unión de Asambleas Patagónicas fueron agredidos por personas identificadas como del gremio de la Unión Obrera de la Construcción (Uocra), mientras se manifestaban en contra de la aprobación de un marco regulatorio de la Ley 5001 que –si se concretaba– habría permitido la instalación de emprendimientos de minería a gran escala. “Hoy podemos definir una nueva forma de represión que es la tercerización de la represión, porque no lo hace la policía ni existe un juez o un fiscal que la apruebe, sino que involucra a trabajadores contratados que son sicarios”, sacó a la luz Rodríguez Pardo. La “criminalización de la protesta social” es uno de los puntos en el apartado que hace referencia a las “violaciones de derechos civiles y políticos”.
Igual sucede, dicen, con los derechos culturales de los pueblos originarios a través de una “compleja trama” que finalmente cae en la “desapropiación de saberes ancestrales y el avance sobre su territorio”.
“Las empresas logran una licencia que no tienen”, advirtió Agosto. En ese sentido, en la sentencia señalan la decisión de no realizar consultas públicas y el “ocultamiento de información respecto de los proyectos”, así como también los “laxos controles estatales”, que figuran en el apartado que determina las responsabilidades.
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Rellenos del Ceamse en el límite
De tres rellenos, dos tienen orden de cierre y otro está al borde del colapso
Fecha de Publicación: 05/12/2012
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Buenos Aires
El de José León Suárez, sobre el Camino del Buen Ayre, podría quedar saturado en abril. A los de González Catán y Ensenada, que no deberían estar funcionando, todavía no se les hallaron alternativas por la oposición vecinal.
Durante 2011 la Ciudad y todos los municipios bonaerenses enterraron 6.501.853 toneladas de basura. Todas fueron a parar a tres rellenos sanitarios , los únicos que están en funcionamiento en el ámbito metropolitano: son el Norte III (en José León Suárez, el más grande de los tres), González Catán III y Ensenada. Están al borde del colapso e incluso, uno de ellos, funciona pese a que la Suprema Corte de Justicia provincial ordenó su cierre en 2006. Sin embargo, son la única opción para las millones de toneladas de residuos que se generan y que aumentan año a año .
Según cifras de la Ceamse (el ente que administra la disposición final de la basura y que conforman los gobiernos de Nación, Provincia y Ciudad) sólo entre 2009 y 2011, la cantidad de residuos enterrados aumento más de 850 mil toneladas. Y de acuerdo con las estimaciones de ambientalistas, trabajadores del sector e incluso la misma gobernación bonaerense, el relleno sanitario Norte III debería dejar de funcionar en abril de 2013 . Pero lo cierto es que no existen opciones a dónde derivar las 11 mil toneladas de basura que todos los días llegan a José León Suárez (más de 6.000 se generan en la Ciudad). Tal es así que en septiembre la Provincia anunció que iba a prorrogar su cierre hasta 2016. Sin prever ninguna obra de infraestructura, la idea era hacer crecer las montañas de basura , que ya se pueden ver desde la autopista del Buen Ayre.
El proyecto de prórroga de Daniel Scioli generó polémica y fuerte rechazo de los intendentes Sergio Massa (Tigre), Gabriel Katopodis (San Martín), Joaquín de la Torre (San Miguel) y Luis Andreotti (San Fernando) que llegaron a amenazar con impedir la circulación de camiones por sus distritos. Pero si bien dicen que no quieren seguir recibiendo la basura de otros municipios ni de la Ciudad, sus propios planes para reducir son proyectos a largo plazo.
Por otro lado, los trabajadores de la Ceamse resisten el cierre del relleno: “Sabemos que no hay ninguna opción a los tres existentes. Acá trabajan miles de personas. Habíamos aportado una solución alternativa, pero fue rechazada”, contó un dirigente gremial a Clarín . Es que el Gobierno nacional se niega a ceder terrenos de Campo de Mayo –colindante con el Norte III– para seguir enterrando basura.
Por su parte, los rellenos de Ensenada (donde va la basura de los municipios de Berisso, Ensenada, La Plata y Magdalena) y González Catán (La Matanza) fueron observados también por el impacto negativo que generan . De hecho la Corte bonaerense ordenó el cierre de Ensenada en 2006. Lo mismo sucedió con el de González Catán. Pero ambas clausuras están condicionadas a que existan nuevos rellenos sanitarios a donde derivar la basura.
Lo cierto es que en 2004 el cierre del relleno de Villa Domínico (en Avellaneda), movilizado por la presión de los vecinos, generó una gran conciencia en la opinión pública, porque a partir de ese momento todos los intentos por colocarlos en diferentes localidades fueron fuertemente resistidos . Durante 25 años Villa Domínico recibió 47 millones de toneladas de residuos y tenía montañas de 24 metros de alto.
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Fecha de Publicación: 05/12/2012
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Buenos Aires
El de José León Suárez, sobre el Camino del Buen Ayre, podría quedar saturado en abril. A los de González Catán y Ensenada, que no deberían estar funcionando, todavía no se les hallaron alternativas por la oposición vecinal.Durante 2011 la Ciudad y todos los municipios bonaerenses enterraron 6.501.853 toneladas de basura. Todas fueron a parar a tres rellenos sanitarios , los únicos que están en funcionamiento en el ámbito metropolitano: son el Norte III (en José León Suárez, el más grande de los tres), González Catán III y Ensenada. Están al borde del colapso e incluso, uno de ellos, funciona pese a que la Suprema Corte de Justicia provincial ordenó su cierre en 2006. Sin embargo, son la única opción para las millones de toneladas de residuos que se generan y que aumentan año a año .
Según cifras de la Ceamse (el ente que administra la disposición final de la basura y que conforman los gobiernos de Nación, Provincia y Ciudad) sólo entre 2009 y 2011, la cantidad de residuos enterrados aumento más de 850 mil toneladas. Y de acuerdo con las estimaciones de ambientalistas, trabajadores del sector e incluso la misma gobernación bonaerense, el relleno sanitario Norte III debería dejar de funcionar en abril de 2013 . Pero lo cierto es que no existen opciones a dónde derivar las 11 mil toneladas de basura que todos los días llegan a José León Suárez (más de 6.000 se generan en la Ciudad). Tal es así que en septiembre la Provincia anunció que iba a prorrogar su cierre hasta 2016. Sin prever ninguna obra de infraestructura, la idea era hacer crecer las montañas de basura , que ya se pueden ver desde la autopista del Buen Ayre.
El proyecto de prórroga de Daniel Scioli generó polémica y fuerte rechazo de los intendentes Sergio Massa (Tigre), Gabriel Katopodis (San Martín), Joaquín de la Torre (San Miguel) y Luis Andreotti (San Fernando) que llegaron a amenazar con impedir la circulación de camiones por sus distritos. Pero si bien dicen que no quieren seguir recibiendo la basura de otros municipios ni de la Ciudad, sus propios planes para reducir son proyectos a largo plazo.
Por otro lado, los trabajadores de la Ceamse resisten el cierre del relleno: “Sabemos que no hay ninguna opción a los tres existentes. Acá trabajan miles de personas. Habíamos aportado una solución alternativa, pero fue rechazada”, contó un dirigente gremial a Clarín . Es que el Gobierno nacional se niega a ceder terrenos de Campo de Mayo –colindante con el Norte III– para seguir enterrando basura.
Por su parte, los rellenos de Ensenada (donde va la basura de los municipios de Berisso, Ensenada, La Plata y Magdalena) y González Catán (La Matanza) fueron observados también por el impacto negativo que generan . De hecho la Corte bonaerense ordenó el cierre de Ensenada en 2006. Lo mismo sucedió con el de González Catán. Pero ambas clausuras están condicionadas a que existan nuevos rellenos sanitarios a donde derivar la basura.
Lo cierto es que en 2004 el cierre del relleno de Villa Domínico (en Avellaneda), movilizado por la presión de los vecinos, generó una gran conciencia en la opinión pública, porque a partir de ese momento todos los intentos por colocarlos en diferentes localidades fueron fuertemente resistidos . Durante 25 años Villa Domínico recibió 47 millones de toneladas de residuos y tenía montañas de 24 metros de alto.
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Gran parte de las mineras sin licencia ambiental
La mayoria de los emprendimientos mineros en Chubut tienen la licencia ambiental vencida
Fecha de Publicación: 05/12/2012
Fuente: InfoGlaciar
Provincia/Región: Chubut
La abogada Silvia De los Santos, quien hace dos semanas presentó un recurso de amparo ante el Tribunal Superior de Justicia del Chubut, representando a las comunidades mapuches, informó los aspectos fundamentales de la presentación legal y explicó por qué consideran que la mitad de los 135 proyectos mineros de Chubut están en condiciones irregulares. Además, anticipó que algunos de esos proyectos no tienen especificada la ubicación exacta dentro del territorio provincial lo que rozaría la “clandestinidad”, aseguró De los Santos.
El principal pedido que hicieron ante el máximo tribunal de justicia de la provincia es que se suspenda de manera inmediata los más de 70 proyectos mineros que tienen la licencia ambiental vencida. Esos proyectos, ante el impedimento legal de hacer una explotación concreta a partir de la Ley provincial 5001, están en etapa de exploración y prospección, que son las fases preliminares a la explotación extractiva de los recursos minerales. “La información en que basamos nuestra acción de amparo es pública, está en la página de Internet del Ministerio de Ambiente”, explicó a El Diario la abogada Silvia De los Santos. Este medio pudo corroborar que la cartera ambiental reconoce públicamente el vencimiento de las licencias, algunas que incluso están caducas desde el año 2009. Además, la otra mitad de los proyectos, es decir los que aun están vigentes, vencerían el año que viene: “La licencia ambiental que da el ministerio es por dos años”, explicó la abogada que patrocina a Marcelo Pintihueque, miembro del lof Comunidad Chubut que integra a los descendientes mapuches de toda la provincia.
Sin embargo, la situación irregular no sólo se daría en los proyectos que ya están vencidos: de los más de 70 proyectos con licencia ambiental vencida sólo tres tuvieron “consulta pública escrita”, uno de los pasos legales más importantes para que las empresas puedan realizar sus tareas de cateo y estudio de viabilidad económica. “De esos tres uno es el que corresponde a una zona del famoso proyecto minero Navidad, en la meseta provincial”, comentó la abogada. La misma situación corre para los que aun cuentan con licencia: según informó la abogada, 31 proyectos mineros están en la etapa inicial sin realizar la consulta pública. “Eso directamente viola cualquier legislación ambiental”, sostuvo Silvia de los Santos.
En otro punto del amparo presentado a la justicia, Marcelo Pintihueque solicita que se intime al gobierno a que explicite algunos de los proyectos que en los documentos no se especifica la ubicación geográfica ni qué tipo de minerales tienen. “Sino los informan pensamos que pueden ser clandestinos porque no encontramos otra explicación para obviar la información”, especuló la letrada.
El objetivo del amparo
En el texto del amparo, las comunidades mapuches le hacen tres pedidos al Tribunal Superior de la provincia: la suspensión de los proyectos con licencia ambiental vencida, que se abstengan de habilitar nuevos proyectos sin la realización de la consulta pública y que se declaren inconstitucionales sino se tienen en cuenta la opinión de las comunidades originarias, según lo establece el artículo 169 de la OIT a la que Argentina adhiere con rango constitucional.
“El pedido de inconstitucionalidad es la cuestión de fondo. Esto nace a partir de que el territorio indígena no esta delimitado en la provincia, a pesar de que el gobierno tiene al menos dos proyectos para empezar a definir el territorio. Uno de esos proyectos es un convenio con la Universidad de la Patagonia en el que se había presupuestado seis millones de pesos para realizarlo”, declaró De los Santos.
Ante la pregunta de por qué apelaron directamente al máximo tribunal de justicia, la abogada informó que se basa a partir de la interjurisdicción tanto municipal como departamental de algunos de los 135 proyectos mineros. “En esta semana el tribunal tenía que resolver si era de su competencia y todavía no tuvimos novedades”, aclaró la abogada.
“La falsa teoría del control”
“A partir del 2009, durante el gobierno de Mario Das Neves, se especifica que las mineras tienen que realizar un informe de impacto ambiental y no un estudio ambiental. Esto, que parece ser un juego de palabras es una diferencia sustancial: el informe sólo determina la contaminación o no por sustancias, mientras que el estudio de impacto ambiental analiza todos los aspectos de una actividad tan compleja y peligrosa como la minería”, aseguró la abogada Silvia De los Santos. Pero además, hay otro aspecto legal negativo que proviene de la época dasnevista: “El Estado, como no tiene posibilidades de controlar esta actividad sólo les exige a las mineras una declaración jurada de que no contaminan; declaración que luego no controla nadie y evidencia la falsa teoría del control”.
Por último, De los Santos analizó la falta de infraestructura y personal que tiene la provincia para auditar las actividades extractivas: “En el Instituto Provincial del Agua sólo hay cuatro personas para hacer inspecciones sobre cómo se utilizan los cursos de agua; y en Medio Ambiente, según la información oficial, no existen cuerpos de inspectores para las diferentes especialidades que pueden ser en radioactividad, en ingeniería, en aguas superficiales o aguas subterráneas donde cada uno de esos aspectos exige una formación diferente”. “Tampoco hay un laboratorio específico para analizar por ejemplo si en el agua hay presencia de metales pesados u otras sustancias radioactivas. Sólo controlan contaminación bacteriológica como el escheriquia coli”, aseguró la abogada y opinó que de esa manera no sólo no podrían controlar los 135 proyectos mineros de la provincia, “sino tampoco los 15500 pozos petroleros que hay en Chubut”.
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Fecha de Publicación: 05/12/2012
Fuente: InfoGlaciar
Provincia/Región: Chubut
La abogada Silvia De los Santos, quien hace dos semanas presentó un recurso de amparo ante el Tribunal Superior de Justicia del Chubut, representando a las comunidades mapuches, informó los aspectos fundamentales de la presentación legal y explicó por qué consideran que la mitad de los 135 proyectos mineros de Chubut están en condiciones irregulares. Además, anticipó que algunos de esos proyectos no tienen especificada la ubicación exacta dentro del territorio provincial lo que rozaría la “clandestinidad”, aseguró De los Santos.
El principal pedido que hicieron ante el máximo tribunal de justicia de la provincia es que se suspenda de manera inmediata los más de 70 proyectos mineros que tienen la licencia ambiental vencida. Esos proyectos, ante el impedimento legal de hacer una explotación concreta a partir de la Ley provincial 5001, están en etapa de exploración y prospección, que son las fases preliminares a la explotación extractiva de los recursos minerales. “La información en que basamos nuestra acción de amparo es pública, está en la página de Internet del Ministerio de Ambiente”, explicó a El Diario la abogada Silvia De los Santos. Este medio pudo corroborar que la cartera ambiental reconoce públicamente el vencimiento de las licencias, algunas que incluso están caducas desde el año 2009. Además, la otra mitad de los proyectos, es decir los que aun están vigentes, vencerían el año que viene: “La licencia ambiental que da el ministerio es por dos años”, explicó la abogada que patrocina a Marcelo Pintihueque, miembro del lof Comunidad Chubut que integra a los descendientes mapuches de toda la provincia.
Sin embargo, la situación irregular no sólo se daría en los proyectos que ya están vencidos: de los más de 70 proyectos con licencia ambiental vencida sólo tres tuvieron “consulta pública escrita”, uno de los pasos legales más importantes para que las empresas puedan realizar sus tareas de cateo y estudio de viabilidad económica. “De esos tres uno es el que corresponde a una zona del famoso proyecto minero Navidad, en la meseta provincial”, comentó la abogada. La misma situación corre para los que aun cuentan con licencia: según informó la abogada, 31 proyectos mineros están en la etapa inicial sin realizar la consulta pública. “Eso directamente viola cualquier legislación ambiental”, sostuvo Silvia de los Santos.
En otro punto del amparo presentado a la justicia, Marcelo Pintihueque solicita que se intime al gobierno a que explicite algunos de los proyectos que en los documentos no se especifica la ubicación geográfica ni qué tipo de minerales tienen. “Sino los informan pensamos que pueden ser clandestinos porque no encontramos otra explicación para obviar la información”, especuló la letrada.
El objetivo del amparo
En el texto del amparo, las comunidades mapuches le hacen tres pedidos al Tribunal Superior de la provincia: la suspensión de los proyectos con licencia ambiental vencida, que se abstengan de habilitar nuevos proyectos sin la realización de la consulta pública y que se declaren inconstitucionales sino se tienen en cuenta la opinión de las comunidades originarias, según lo establece el artículo 169 de la OIT a la que Argentina adhiere con rango constitucional.
“El pedido de inconstitucionalidad es la cuestión de fondo. Esto nace a partir de que el territorio indígena no esta delimitado en la provincia, a pesar de que el gobierno tiene al menos dos proyectos para empezar a definir el territorio. Uno de esos proyectos es un convenio con la Universidad de la Patagonia en el que se había presupuestado seis millones de pesos para realizarlo”, declaró De los Santos.
Ante la pregunta de por qué apelaron directamente al máximo tribunal de justicia, la abogada informó que se basa a partir de la interjurisdicción tanto municipal como departamental de algunos de los 135 proyectos mineros. “En esta semana el tribunal tenía que resolver si era de su competencia y todavía no tuvimos novedades”, aclaró la abogada.
“La falsa teoría del control”
“A partir del 2009, durante el gobierno de Mario Das Neves, se especifica que las mineras tienen que realizar un informe de impacto ambiental y no un estudio ambiental. Esto, que parece ser un juego de palabras es una diferencia sustancial: el informe sólo determina la contaminación o no por sustancias, mientras que el estudio de impacto ambiental analiza todos los aspectos de una actividad tan compleja y peligrosa como la minería”, aseguró la abogada Silvia De los Santos. Pero además, hay otro aspecto legal negativo que proviene de la época dasnevista: “El Estado, como no tiene posibilidades de controlar esta actividad sólo les exige a las mineras una declaración jurada de que no contaminan; declaración que luego no controla nadie y evidencia la falsa teoría del control”.
Por último, De los Santos analizó la falta de infraestructura y personal que tiene la provincia para auditar las actividades extractivas: “En el Instituto Provincial del Agua sólo hay cuatro personas para hacer inspecciones sobre cómo se utilizan los cursos de agua; y en Medio Ambiente, según la información oficial, no existen cuerpos de inspectores para las diferentes especialidades que pueden ser en radioactividad, en ingeniería, en aguas superficiales o aguas subterráneas donde cada uno de esos aspectos exige una formación diferente”. “Tampoco hay un laboratorio específico para analizar por ejemplo si en el agua hay presencia de metales pesados u otras sustancias radioactivas. Sólo controlan contaminación bacteriológica como el escheriquia coli”, aseguró la abogada y opinó que de esa manera no sólo no podrían controlar los 135 proyectos mineros de la provincia, “sino tampoco los 15500 pozos petroleros que hay en Chubut”.
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La 'ciencia' en contextos extractivistas
La 'ciencia' en contextos extractivistas
Fecha de Publicación: 05/12/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
“Ignorantes”, “desinformados”, “ideologizados”, “irracionales”, “fundamentalistas”... Tal una somera graduación de las categorías que habitualmente se emplean para aludir a sujetos y colectivos que se oponen a actividades extractivas que, como la megaminería a gran escala, implican no sólo graves riesgos ciertos y comprobables de contaminación sino, ya de partida, gravosos impactos de destrucción de ecosistemas, afectación a la biodiversidad y consumos siderales de agua y energía.
La lucha por la defensa de los ambientes glaciares y periglaciares, nacientes de la gran mayoría de las cuencas hídricas que sustentan la vida de nuestras provincias cordilleranas, ha sido un capítulo clave en la búsqueda por poner un límite a la voracidad extractivista. Sin embargo, está visto que ninguna ley es suficiente para garantizar los derechos más elementales de las poblaciones cuando del otro lado hay una poderosa articulación de intereses públicos-privados, que hace “socios” a grandes corporaciones transnacionales, controladoras del negocio, con gobiernos interesados en la participación (mínima, hay que decir) de la renta minera.
Asistimos actualmente a una nueva estocada del poder minero sobre la ley de presupuestos mínimos de protección de glaciares (Ley 26.639). Esta vez, en el campo de burlar su aplicación. Todas las artimañas son, al parecer, válidas. Hasta la de la cooptación de “expertos”, o “técnicos” que, presentándose bajo el manto impoluto de la “objetividad científica”, certifican y sentencian visiones de la realidad muy a la medida de los intereses corporativos.
Tal es el caso de la reciente “gira” que vienen haciendo por estos días los doctores Matthias Jakob y Pablo Wainstein, presentados como “prestigiosos científicos” en el artículo titulado “La Ley de Glaciares calienta el debate”, publicado en este diario el 21 de noviembre pasado, al dar cuenta de su intervención en la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados, en un claro tono crítico a la ley. Lo que omite decir el artículo es que estos “prestigiosos científicos” pertenecen a la consultora canadiense BGC, empresa internacional con sede en Vancouver, costa occidental de Canadá, que se ha expandido a América del Sur, Africa, Asia, Europa y Australia con una constante: ir de la mano de las megamineras multinacionales.
Por caso, la consultora BGC trabaja para la Barrick en Doulin Creek, Alaska; en Cortez Hills, EE.UU. En Rusia también investigan para Barrick en Proyecto Fedorova, en la Península de Kola. En Africa, en la Southern Deeps y la Mina North Mara, ambas de Barrick. En Su-damérica, la consultora de estos ilustres seminaristas opera en Pueblo Viejo, en República Dominicana; en Las Cristinas, en Venezuela; en Pascua-Lama, Argentina y Chile; en Agua Rica, Catamarca, Argentina, y en el desastroso Mineraloducto de Minera Alumbrera Ltd, Catamarca, entre otras.
Estos mismos “especialistas” se presentaron también en noviembre en la capital de La Rioja para dar un “Seminario Internacional sobre Permafrost y Ambiente Periglaciar”, promovido por el gobernador Beder Herrera, tristemente célebre por vetar las leyes de prohibición de la megaminería con las que llegó a la gobernación. Antes pasaron también por San Juan, dictando el mismo seminario, en la provincia de Gioja, de manifiestos vínculos con la minería transnacional.
Así asistimos a un ya clásico “recurso” de las industrias extractivas, las que para apropiarse de los territorios sometidos a voladuras precisan también de una poco disimulada maniobra de apropiación epistémica, recurriendo sistemáticamente a la “sabiduría académica de expertos internacionales” fuertemente ligados por jugosos contratos a las propias empresas interesadas en “tener” el control de la “verdad” sobre los territorios.
La mercantilización de los bienes comunes de la naturaleza, en este caso las altas cumbres nacientes de nuestras aguas y de toda la biodiversidad de nuestros ecosistemas cordilleranos, va de la mano con la mercantilización del “conocimiento”. Para las mineras, la “verdad científica” es, ni más ni menos, una mercancía estratégica que pueden manipular a su antojo; se creen dueños de nuestros cerros; se creen dueños de la “verdad” y de la razón.
Frente a ellos, los ojos de pueblos informados y movilizados, esos que desde el poder descalifican como “ignorantes” o “fundamentalistas”, son los que hacen caer las máscaras de la “cientificidad de empresa”. Pueblos de pie, contra la mercantilización de los bienes comunes y contra la mercantilización del saber.
Horacio Machado Aráoz
Universidad Nacional de Catamarca - Colectivo Sumak Kawsay.
Ramón Navarro
Asambleas Ciudadanas de La Rioja - Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC).
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Fecha de Publicación: 05/12/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
“Ignorantes”, “desinformados”, “ideologizados”, “irracionales”, “fundamentalistas”... Tal una somera graduación de las categorías que habitualmente se emplean para aludir a sujetos y colectivos que se oponen a actividades extractivas que, como la megaminería a gran escala, implican no sólo graves riesgos ciertos y comprobables de contaminación sino, ya de partida, gravosos impactos de destrucción de ecosistemas, afectación a la biodiversidad y consumos siderales de agua y energía.
La lucha por la defensa de los ambientes glaciares y periglaciares, nacientes de la gran mayoría de las cuencas hídricas que sustentan la vida de nuestras provincias cordilleranas, ha sido un capítulo clave en la búsqueda por poner un límite a la voracidad extractivista. Sin embargo, está visto que ninguna ley es suficiente para garantizar los derechos más elementales de las poblaciones cuando del otro lado hay una poderosa articulación de intereses públicos-privados, que hace “socios” a grandes corporaciones transnacionales, controladoras del negocio, con gobiernos interesados en la participación (mínima, hay que decir) de la renta minera.
Asistimos actualmente a una nueva estocada del poder minero sobre la ley de presupuestos mínimos de protección de glaciares (Ley 26.639). Esta vez, en el campo de burlar su aplicación. Todas las artimañas son, al parecer, válidas. Hasta la de la cooptación de “expertos”, o “técnicos” que, presentándose bajo el manto impoluto de la “objetividad científica”, certifican y sentencian visiones de la realidad muy a la medida de los intereses corporativos.
Tal es el caso de la reciente “gira” que vienen haciendo por estos días los doctores Matthias Jakob y Pablo Wainstein, presentados como “prestigiosos científicos” en el artículo titulado “La Ley de Glaciares calienta el debate”, publicado en este diario el 21 de noviembre pasado, al dar cuenta de su intervención en la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados, en un claro tono crítico a la ley. Lo que omite decir el artículo es que estos “prestigiosos científicos” pertenecen a la consultora canadiense BGC, empresa internacional con sede en Vancouver, costa occidental de Canadá, que se ha expandido a América del Sur, Africa, Asia, Europa y Australia con una constante: ir de la mano de las megamineras multinacionales.
Por caso, la consultora BGC trabaja para la Barrick en Doulin Creek, Alaska; en Cortez Hills, EE.UU. En Rusia también investigan para Barrick en Proyecto Fedorova, en la Península de Kola. En Africa, en la Southern Deeps y la Mina North Mara, ambas de Barrick. En Su-damérica, la consultora de estos ilustres seminaristas opera en Pueblo Viejo, en República Dominicana; en Las Cristinas, en Venezuela; en Pascua-Lama, Argentina y Chile; en Agua Rica, Catamarca, Argentina, y en el desastroso Mineraloducto de Minera Alumbrera Ltd, Catamarca, entre otras.
Estos mismos “especialistas” se presentaron también en noviembre en la capital de La Rioja para dar un “Seminario Internacional sobre Permafrost y Ambiente Periglaciar”, promovido por el gobernador Beder Herrera, tristemente célebre por vetar las leyes de prohibición de la megaminería con las que llegó a la gobernación. Antes pasaron también por San Juan, dictando el mismo seminario, en la provincia de Gioja, de manifiestos vínculos con la minería transnacional.
Así asistimos a un ya clásico “recurso” de las industrias extractivas, las que para apropiarse de los territorios sometidos a voladuras precisan también de una poco disimulada maniobra de apropiación epistémica, recurriendo sistemáticamente a la “sabiduría académica de expertos internacionales” fuertemente ligados por jugosos contratos a las propias empresas interesadas en “tener” el control de la “verdad” sobre los territorios.
La mercantilización de los bienes comunes de la naturaleza, en este caso las altas cumbres nacientes de nuestras aguas y de toda la biodiversidad de nuestros ecosistemas cordilleranos, va de la mano con la mercantilización del “conocimiento”. Para las mineras, la “verdad científica” es, ni más ni menos, una mercancía estratégica que pueden manipular a su antojo; se creen dueños de nuestros cerros; se creen dueños de la “verdad” y de la razón.
Frente a ellos, los ojos de pueblos informados y movilizados, esos que desde el poder descalifican como “ignorantes” o “fundamentalistas”, son los que hacen caer las máscaras de la “cientificidad de empresa”. Pueblos de pie, contra la mercantilización de los bienes comunes y contra la mercantilización del saber.
Horacio Machado Aráoz
Universidad Nacional de Catamarca - Colectivo Sumak Kawsay.
Ramón Navarro
Asambleas Ciudadanas de La Rioja - Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC).
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Nacional,
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Siguen evaluando y evaluando el Riachuelo
Vuelven a evaluar la contaminación del Riachuelo
Fecha de Publicación: 04/12/2012
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Riachuelo
Legisladores de la oposición realizarán hoy una jornada de debate con organizaciones sociales para evaluar el estado en que se encuentra el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo.El "Foro X la Cuenca Matanza-Riachuelo" se llevará a cabo a más de cuatro años del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que ordenó sanear esos ríos del área metropolitana.
El encuentro, que finalizará con una conferencia de prensa, fue convocado por los diputados nacionales opositores Ricardo Gil Lavedra, Alfonso Prat Gay, Victoria Donda, Roy Cortina, Margarita Stolbizer, Humberto Tumini y la senadora María Eugenia Estenssoro.
Las actividades comenzarán a las 9.30 en el Teatro José Verdi, situado en avenida Almirante Brown 736, y finalizará a las 15 con un conferencia de prensa en el Bar Roma, ubicado en la esquina de Almirante Brown y Olavarría, ambos en el barrio porteño de La Boca, informó la agencia DyN.
El objetivo del foro, dijeron los organizadores en un comunicado, será evaluar el "estado en que se encuentra el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo", a fin de "fomentar ámbitos de debate y consenso" que son los que "garantizan la participación y ejercicio de la representación política".
La Corte Suprema ordenó el 8 de julio de 2008 a los Estados Nacional, bonaerense y porteño reparar la grave contaminación de la cuenca metropolitana y dispuso que el juez de Quilmes Luis Armella hiciera el seguimiento de los trabajos.
El magistrado fue apartado por la propia Corte a comienzos de noviembre a raíz de las denuncias sobre supuestas irregularidades en la contratación directa de obras por medio de empresas que estarían vinculadas a su entorno.
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Fecha de Publicación: 04/12/2012
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Riachuelo
Legisladores de la oposición realizarán hoy una jornada de debate con organizaciones sociales para evaluar el estado en que se encuentra el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo.El "Foro X la Cuenca Matanza-Riachuelo" se llevará a cabo a más de cuatro años del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que ordenó sanear esos ríos del área metropolitana.
El encuentro, que finalizará con una conferencia de prensa, fue convocado por los diputados nacionales opositores Ricardo Gil Lavedra, Alfonso Prat Gay, Victoria Donda, Roy Cortina, Margarita Stolbizer, Humberto Tumini y la senadora María Eugenia Estenssoro.
Las actividades comenzarán a las 9.30 en el Teatro José Verdi, situado en avenida Almirante Brown 736, y finalizará a las 15 con un conferencia de prensa en el Bar Roma, ubicado en la esquina de Almirante Brown y Olavarría, ambos en el barrio porteño de La Boca, informó la agencia DyN.
El objetivo del foro, dijeron los organizadores en un comunicado, será evaluar el "estado en que se encuentra el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo", a fin de "fomentar ámbitos de debate y consenso" que son los que "garantizan la participación y ejercicio de la representación política".
La Corte Suprema ordenó el 8 de julio de 2008 a los Estados Nacional, bonaerense y porteño reparar la grave contaminación de la cuenca metropolitana y dispuso que el juez de Quilmes Luis Armella hiciera el seguimiento de los trabajos.
El magistrado fue apartado por la propia Corte a comienzos de noviembre a raíz de las denuncias sobre supuestas irregularidades en la contratación directa de obras por medio de empresas que estarían vinculadas a su entorno.
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Advierten sobre la incineracion en Capital Federal
Ambientalistas alertan sobre el avance de la incineración de residuos de la Ciudad
Fecha de Publicación: 04/12/2012
Fuente: Greenpeace
Provincia/Región: Capital Federal
Como resultado del encuentro, la Ciudad se comprometió a reducir un 78% de los residuos en 18 meses y la provincia a aplicar planes de reducción en sus municipios. Luego de la reunión, el Jefe de Gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta, aseguró en declaraciones radiales, que la Ciudad utilizará tecnologías térmicas de tratamiento de residuos, para alcanzar la meta prometida por Mauricio Macri a Daniel Scioli. Es importante remarcar que la combustión de los residuos de la Ciudad de Buenos Aires está prohibida en el artículo 7 de la Ley 1854 de Basura Cero.
“Debemos resaltar como positiva la reunión de hoy entre Macri y Scioli. No obstante, es necesario que se presente un plan acción que dé cuenta de cómo el Gobierno de la Ciudad y los Gobiernos municipales reducirán la basura enterrada. Por otro lado, la Ciudad debe aclarar cuál es la línea de base para la reducción del 78% comprometido y cuáles serán las decisiones a tomar, teniendo en cuenta que debe cumplir la ley vigente en la cual está prohibida la incineración”, señaló Consuelo Bilbao, de la campaña de Tóxicos de Greenpeace.
Al mismo tiempo, Juan Carlos Villalonga, Presidente de la Junta Directiva de Los Verdes, señaló: "Lo que surge de las declaraciones de las autoridades de la Ciudad es que están pensando en tratamientos térmicos de la basura, algo prohibido por la Ley de Basura Cero, y que tiene enormes inconvenientes técnicos. En lugar de pensar en cumplir con la legislación vigente, intentan modificarla para alcanzar la cifra comprometida. Por otro lado, la Provincia de Buenos Aires debería avanzar en prohibir la incineración para no sumar más problemas a la crisis de la basura”.
Por su parte, María Eugenia Di Paola, Directora Ejecutiva de Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) sostuvo que “resulta inadmisible que la Ciudad de Buenos Aires aplique un sistema que explícitamente ha decidido no implementar en su Ley de Basura Cero, por ello solicitamos a las autoridades que tengan en cuenta las obligaciones legales asumidas por la Ciudad de Buenos Aires y las pongan en práctica sin dilaciones al igual que las correspondientes a las autoridades de la Nación y la Provincia de Buenos Aires que poseen corresponsabilidad en la temática de residuos en el área metropolitana.”
Como organización integrante de la Comisión de Asesoramiento Técnico de la Ley 1854 - de “Basura Cero”, la Fundación Ciudad sumó su preocupación por la propuesta del GCBA que contradice la ley vigente.
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Fecha de Publicación: 04/12/2012
Fuente: Greenpeace
Provincia/Región: Capital Federal
Como resultado del encuentro, la Ciudad se comprometió a reducir un 78% de los residuos en 18 meses y la provincia a aplicar planes de reducción en sus municipios. Luego de la reunión, el Jefe de Gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta, aseguró en declaraciones radiales, que la Ciudad utilizará tecnologías térmicas de tratamiento de residuos, para alcanzar la meta prometida por Mauricio Macri a Daniel Scioli. Es importante remarcar que la combustión de los residuos de la Ciudad de Buenos Aires está prohibida en el artículo 7 de la Ley 1854 de Basura Cero.
“Debemos resaltar como positiva la reunión de hoy entre Macri y Scioli. No obstante, es necesario que se presente un plan acción que dé cuenta de cómo el Gobierno de la Ciudad y los Gobiernos municipales reducirán la basura enterrada. Por otro lado, la Ciudad debe aclarar cuál es la línea de base para la reducción del 78% comprometido y cuáles serán las decisiones a tomar, teniendo en cuenta que debe cumplir la ley vigente en la cual está prohibida la incineración”, señaló Consuelo Bilbao, de la campaña de Tóxicos de Greenpeace.
Al mismo tiempo, Juan Carlos Villalonga, Presidente de la Junta Directiva de Los Verdes, señaló: "Lo que surge de las declaraciones de las autoridades de la Ciudad es que están pensando en tratamientos térmicos de la basura, algo prohibido por la Ley de Basura Cero, y que tiene enormes inconvenientes técnicos. En lugar de pensar en cumplir con la legislación vigente, intentan modificarla para alcanzar la cifra comprometida. Por otro lado, la Provincia de Buenos Aires debería avanzar en prohibir la incineración para no sumar más problemas a la crisis de la basura”.
Por su parte, María Eugenia Di Paola, Directora Ejecutiva de Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) sostuvo que “resulta inadmisible que la Ciudad de Buenos Aires aplique un sistema que explícitamente ha decidido no implementar en su Ley de Basura Cero, por ello solicitamos a las autoridades que tengan en cuenta las obligaciones legales asumidas por la Ciudad de Buenos Aires y las pongan en práctica sin dilaciones al igual que las correspondientes a las autoridades de la Nación y la Provincia de Buenos Aires que poseen corresponsabilidad en la temática de residuos en el área metropolitana.”
Como organización integrante de la Comisión de Asesoramiento Técnico de la Ley 1854 - de “Basura Cero”, la Fundación Ciudad sumó su preocupación por la propuesta del GCBA que contradice la ley vigente.
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