Gran parte de las mineras sin licencia ambiental
18:42 | 
Publicado por
Eco Sitio |
La mayoria de los emprendimientos mineros en Chubut tienen la licencia ambiental vencida
Fecha de Publicación: 05/12/2012
Fuente: InfoGlaciar
Provincia/Región: Chubut
La abogada Silvia De los Santos, quien hace dos semanas presentó un recurso de amparo ante el Tribunal Superior de Justicia del Chubut, representando a las comunidades mapuches, informó los aspectos fundamentales de la presentación legal y explicó por qué consideran que la mitad de los 135 proyectos mineros de Chubut están en condiciones irregulares. Además, anticipó que algunos de esos proyectos no tienen especificada la ubicación exacta dentro del territorio provincial lo que rozaría la “clandestinidad”, aseguró De los Santos.
El principal pedido que hicieron ante el máximo tribunal de justicia de la provincia es que se suspenda de manera inmediata los más de 70 proyectos mineros que tienen la licencia ambiental vencida. Esos proyectos, ante el impedimento legal de hacer una explotación concreta a partir de la Ley provincial 5001, están en etapa de exploración y prospección, que son las fases preliminares a la explotación extractiva de los recursos minerales. “La información en que basamos nuestra acción de amparo es pública, está en la página de Internet del Ministerio de Ambiente”, explicó a El Diario la abogada Silvia De los Santos. Este medio pudo corroborar que la cartera ambiental reconoce públicamente el vencimiento de las licencias, algunas que incluso están caducas desde el año 2009. Además, la otra mitad de los proyectos, es decir los que aun están vigentes, vencerían el año que viene: “La licencia ambiental que da el ministerio es por dos años”, explicó la abogada que patrocina a Marcelo Pintihueque, miembro del lof Comunidad Chubut que integra a los descendientes mapuches de toda la provincia.
Sin embargo, la situación irregular no sólo se daría en los proyectos que ya están vencidos: de los más de 70 proyectos con licencia ambiental vencida sólo tres tuvieron “consulta pública escrita”, uno de los pasos legales más importantes para que las empresas puedan realizar sus tareas de cateo y estudio de viabilidad económica. “De esos tres uno es el que corresponde a una zona del famoso proyecto minero Navidad, en la meseta provincial”, comentó la abogada. La misma situación corre para los que aun cuentan con licencia: según informó la abogada, 31 proyectos mineros están en la etapa inicial sin realizar la consulta pública. “Eso directamente viola cualquier legislación ambiental”, sostuvo Silvia de los Santos.
En otro punto del amparo presentado a la justicia, Marcelo Pintihueque solicita que se intime al gobierno a que explicite algunos de los proyectos que en los documentos no se especifica la ubicación geográfica ni qué tipo de minerales tienen. “Sino los informan pensamos que pueden ser clandestinos porque no encontramos otra explicación para obviar la información”, especuló la letrada.
El objetivo del amparo
En el texto del amparo, las comunidades mapuches le hacen tres pedidos al Tribunal Superior de la provincia: la suspensión de los proyectos con licencia ambiental vencida, que se abstengan de habilitar nuevos proyectos sin la realización de la consulta pública y que se declaren inconstitucionales sino se tienen en cuenta la opinión de las comunidades originarias, según lo establece el artículo 169 de la OIT a la que Argentina adhiere con rango constitucional.
“El pedido de inconstitucionalidad es la cuestión de fondo. Esto nace a partir de que el territorio indígena no esta delimitado en la provincia, a pesar de que el gobierno tiene al menos dos proyectos para empezar a definir el territorio. Uno de esos proyectos es un convenio con la Universidad de la Patagonia en el que se había presupuestado seis millones de pesos para realizarlo”, declaró De los Santos.
Ante la pregunta de por qué apelaron directamente al máximo tribunal de justicia, la abogada informó que se basa a partir de la interjurisdicción tanto municipal como departamental de algunos de los 135 proyectos mineros. “En esta semana el tribunal tenía que resolver si era de su competencia y todavía no tuvimos novedades”, aclaró la abogada.
“La falsa teoría del control”
“A partir del 2009, durante el gobierno de Mario Das Neves, se especifica que las mineras tienen que realizar un informe de impacto ambiental y no un estudio ambiental. Esto, que parece ser un juego de palabras es una diferencia sustancial: el informe sólo determina la contaminación o no por sustancias, mientras que el estudio de impacto ambiental analiza todos los aspectos de una actividad tan compleja y peligrosa como la minería”, aseguró la abogada Silvia De los Santos. Pero además, hay otro aspecto legal negativo que proviene de la época dasnevista: “El Estado, como no tiene posibilidades de controlar esta actividad sólo les exige a las mineras una declaración jurada de que no contaminan; declaración que luego no controla nadie y evidencia la falsa teoría del control”.
Por último, De los Santos analizó la falta de infraestructura y personal que tiene la provincia para auditar las actividades extractivas: “En el Instituto Provincial del Agua sólo hay cuatro personas para hacer inspecciones sobre cómo se utilizan los cursos de agua; y en Medio Ambiente, según la información oficial, no existen cuerpos de inspectores para las diferentes especialidades que pueden ser en radioactividad, en ingeniería, en aguas superficiales o aguas subterráneas donde cada uno de esos aspectos exige una formación diferente”. “Tampoco hay un laboratorio específico para analizar por ejemplo si en el agua hay presencia de metales pesados u otras sustancias radioactivas. Sólo controlan contaminación bacteriológica como el escheriquia coli”, aseguró la abogada y opinó que de esa manera no sólo no podrían controlar los 135 proyectos mineros de la provincia, “sino tampoco los 15500 pozos petroleros que hay en Chubut”.
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Fecha de Publicación: 05/12/2012
Fuente: InfoGlaciar
Provincia/Región: Chubut
La abogada Silvia De los Santos, quien hace dos semanas presentó un recurso de amparo ante el Tribunal Superior de Justicia del Chubut, representando a las comunidades mapuches, informó los aspectos fundamentales de la presentación legal y explicó por qué consideran que la mitad de los 135 proyectos mineros de Chubut están en condiciones irregulares. Además, anticipó que algunos de esos proyectos no tienen especificada la ubicación exacta dentro del territorio provincial lo que rozaría la “clandestinidad”, aseguró De los Santos.
El principal pedido que hicieron ante el máximo tribunal de justicia de la provincia es que se suspenda de manera inmediata los más de 70 proyectos mineros que tienen la licencia ambiental vencida. Esos proyectos, ante el impedimento legal de hacer una explotación concreta a partir de la Ley provincial 5001, están en etapa de exploración y prospección, que son las fases preliminares a la explotación extractiva de los recursos minerales. “La información en que basamos nuestra acción de amparo es pública, está en la página de Internet del Ministerio de Ambiente”, explicó a El Diario la abogada Silvia De los Santos. Este medio pudo corroborar que la cartera ambiental reconoce públicamente el vencimiento de las licencias, algunas que incluso están caducas desde el año 2009. Además, la otra mitad de los proyectos, es decir los que aun están vigentes, vencerían el año que viene: “La licencia ambiental que da el ministerio es por dos años”, explicó la abogada que patrocina a Marcelo Pintihueque, miembro del lof Comunidad Chubut que integra a los descendientes mapuches de toda la provincia.
Sin embargo, la situación irregular no sólo se daría en los proyectos que ya están vencidos: de los más de 70 proyectos con licencia ambiental vencida sólo tres tuvieron “consulta pública escrita”, uno de los pasos legales más importantes para que las empresas puedan realizar sus tareas de cateo y estudio de viabilidad económica. “De esos tres uno es el que corresponde a una zona del famoso proyecto minero Navidad, en la meseta provincial”, comentó la abogada. La misma situación corre para los que aun cuentan con licencia: según informó la abogada, 31 proyectos mineros están en la etapa inicial sin realizar la consulta pública. “Eso directamente viola cualquier legislación ambiental”, sostuvo Silvia de los Santos.
En otro punto del amparo presentado a la justicia, Marcelo Pintihueque solicita que se intime al gobierno a que explicite algunos de los proyectos que en los documentos no se especifica la ubicación geográfica ni qué tipo de minerales tienen. “Sino los informan pensamos que pueden ser clandestinos porque no encontramos otra explicación para obviar la información”, especuló la letrada.
El objetivo del amparo
En el texto del amparo, las comunidades mapuches le hacen tres pedidos al Tribunal Superior de la provincia: la suspensión de los proyectos con licencia ambiental vencida, que se abstengan de habilitar nuevos proyectos sin la realización de la consulta pública y que se declaren inconstitucionales sino se tienen en cuenta la opinión de las comunidades originarias, según lo establece el artículo 169 de la OIT a la que Argentina adhiere con rango constitucional.
“El pedido de inconstitucionalidad es la cuestión de fondo. Esto nace a partir de que el territorio indígena no esta delimitado en la provincia, a pesar de que el gobierno tiene al menos dos proyectos para empezar a definir el territorio. Uno de esos proyectos es un convenio con la Universidad de la Patagonia en el que se había presupuestado seis millones de pesos para realizarlo”, declaró De los Santos.
Ante la pregunta de por qué apelaron directamente al máximo tribunal de justicia, la abogada informó que se basa a partir de la interjurisdicción tanto municipal como departamental de algunos de los 135 proyectos mineros. “En esta semana el tribunal tenía que resolver si era de su competencia y todavía no tuvimos novedades”, aclaró la abogada.
“La falsa teoría del control”
“A partir del 2009, durante el gobierno de Mario Das Neves, se especifica que las mineras tienen que realizar un informe de impacto ambiental y no un estudio ambiental. Esto, que parece ser un juego de palabras es una diferencia sustancial: el informe sólo determina la contaminación o no por sustancias, mientras que el estudio de impacto ambiental analiza todos los aspectos de una actividad tan compleja y peligrosa como la minería”, aseguró la abogada Silvia De los Santos. Pero además, hay otro aspecto legal negativo que proviene de la época dasnevista: “El Estado, como no tiene posibilidades de controlar esta actividad sólo les exige a las mineras una declaración jurada de que no contaminan; declaración que luego no controla nadie y evidencia la falsa teoría del control”.
Por último, De los Santos analizó la falta de infraestructura y personal que tiene la provincia para auditar las actividades extractivas: “En el Instituto Provincial del Agua sólo hay cuatro personas para hacer inspecciones sobre cómo se utilizan los cursos de agua; y en Medio Ambiente, según la información oficial, no existen cuerpos de inspectores para las diferentes especialidades que pueden ser en radioactividad, en ingeniería, en aguas superficiales o aguas subterráneas donde cada uno de esos aspectos exige una formación diferente”. “Tampoco hay un laboratorio específico para analizar por ejemplo si en el agua hay presencia de metales pesados u otras sustancias radioactivas. Sólo controlan contaminación bacteriológica como el escheriquia coli”, aseguró la abogada y opinó que de esa manera no sólo no podrían controlar los 135 proyectos mineros de la provincia, “sino tampoco los 15500 pozos petroleros que hay en Chubut”.
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