La cruzada antibolsa llega a la Argentina
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La cruzada antibolsa llega a la Argentina
Fecha de Publicación: 30/03/2009
Fuente: El Cronista
Provincia/Región: Nacional
Cuando nacieron, hace más de 30 años, parecían ser la respuesta perfecta para trasladar alimentos y compras varias. Baratas, livianas, resistentes y hasta impermeables, las bolsas plásticas se convirtieron rápidamente en un sinónimo de modernidad y practicidad. Y de la mano de los mercados y supermercados como principales motores, su uso no tardó en dispararse en todo el mundo.
Hoy se calcula que su consumo anual per capita ronda nada menos que las 150 bolsas. Y aunque sus mágicas propiedades se mantienen intactas hasta el día de hoy, con el correr de los años estas bolsas no tardaron en mostrar su faceta más oscura: su impacto directo en el medio ambiente.
Animales en peligro
Es que la vida de estas bolsas, producidas a partir del gas etileno derivado del petróleo, resultó ser de lo más prolongada. Pueden tardar nada menos que entre 300 y 1.000 años en degradarse completamente, antes de lo cual se van dividiendo en pequeñas partículas tóxicas. Y aunque muchas finalizan sus inagotables días en basurales, muchas otras terminan contaminando suelos y mares, sin olvidar otras tantas que se acumulan en alcantarillas, provocando incluso inundaciones.
Como si esto fuera poco, muchas de estas bolsas afectan directamente la vida de animales marinos, ya que al entrar en un mar u océano se convierten en una verdadera trampa mortal. Muchos mamíferos, como las tortugas o las ballenas, las confunden con comida y luego de ingerirlas mueren. Y a esto se le suma otra gran cantidad de mamíferos que mueren entrampados en sus redes.
Gran parte del problema reside en una inadecuada disposición final: siete de cada 10 bolsas terminan ensuciando plazas, mares y campos. Y a esto se le suma una muy baja tasa de reciclaje. Se calcula que apenas el 2% de estas bolsas se recicla, lo que obedece a un motivo netamente económico. Mientras que el precio de una tonelada de esta materia prima puede ascender a apenas u$s 32, reciclar ese mismo volumen cuesta mucho más caro: asciende a u$s 4.000.
Nace la conciencia ambiental
La toma de conciencia de estos impactos ambientales no tardó en llegar y lentamente fue derivando en una cruzada antibolsa, especialmente en Europa y Estados Unidos, donde hoy está en pleno apogeo. Ver una bolsa de polietileno en un supermercado europeo, de hecho, resulta actualmente casi una odisea. Y llevarla puede ser visto con muy malos ojos, casi como ostentar una piel...
Prácticas bolsas de compra reutilizables ofrecidas a muy bajo costo por los propios retailers se lucen en las colas del súper junto a elegantes creaciones de diseñadores top. Es que firmas com Hermés o Stella Mc Cartney aprovecharon la ola antibolsa para desarrollar modelos especiales para las góndolas, cuyo precio oscila entre los u$s 500 y 1.000. Eso sí, aunque tengan bordados y telas vistosas, estas versiones fashion de las bolsas de compra que usaban nuestras abuelas casi siempre se pliegan para no ocupar espacio en las carteras.
Pero a las iniciativas puntuales de muchos retailers, para quienes el uso de las clásicas bolsas de plástico encierra uno de sus más grandes desafíos en materia de sostenibilidad, se sumaron en el último tiempo las de gobiernos nacionales y locales, que también decidieron tomar cartas en el asunto. Más de 50 países ya tomaron acciones concretas para reducir el uso de estos perjudiciales integrantes de la cadena de consumo. Las medidas gubernamentales implementadas en estos dos últimos años van desde la prohibición total de la distribución de bolsas de polietileno, pasando por el pago de un impuesto por parte de los clientes que las utilicen, hasta la gran cruzada china contra la “basura blanca”, como llaman a las bolsas, que incluyó el cierre de la principal fábrica del país (ver recuadro).
Argentina se suma a la movida
Aunque mucho más tarde que los países del Hemisferio Norte y todavía de manera bastante tímida, Argentina también está comenzando a dar las primeras señales de concientización en esta materia. En un país en el que las bolsas plásticas se entregan por default, sin siquiera preguntar si el cliente las precisa, en apenas unos pocos meses comenzaron a surgir varias iniciativas de grandes y pequeños jugadores del mundo del retail, que llevan a pensar que el “chau, bolsa” también podría hacerse carne en nuestro país.
Estas acciones, que en la mayoría de los casos apuestan al uso de bolsas de tela reutilizables, llegan en un momento no casual, aunque de todas maneras son más que bienvenidas. En octubre pasado, se aprobó una ley en la Provincia de Buenos Aires que da un año a los supermercados y grandes negocios, y dos a los pequeños, para sacar las bolsas de polietileno de sus locales y reemplazarlas por “contenedores de material degradable y/o biodegradable que resulten compatibles con la minimización de impacto ambiental”.
Y aunque para evitar beneficiar a un sector específico el texto de la norma no detalla con qué tipo de producto hay que sustituir a las inmortales bolsas de polietileno, lo que sí está claro es que el incumplimiento o transgresión se castigará con multas y hasta clausuras temporarias y definitivas. Sin duda un deadline que acelerará algunas iniciativas aisladas y que con viento a favor puede terminar con un fuerte cambio de hábito, tal como sucedió con la normativa que prohibe fumar en lugares públicos de Capital.
El puntapié inicial de estas flamantes acciones corporativas en terreno argentino lo dio Wal-Mart, quien ya a mediados del 2007 anunció en nuestro país que había reemplazado las tradicionales bolsas plásticas en todas sus sucursales por bolsas oxi-biodegradables. Esta alternativa ecológica incluye un aditivo adicional en su elaboración, que acelera su descomposición frente a variables como la luz y la humedad, proceso que se inicia apenas meses después de ser descartadas.
Y un año y medio más tarde, a fin de noviembre del año pasado, Wal-Mart sumó una nueva iniciativa en la cruzada contra las bolsas plásticas. Lanzó bolsas reutilizables, que se venden en las 27 sucursales a casi $ 6. Livianas y plegables, pueden cargar aproximadamente 15 productos.
La respuesta de los clientes fue bastante rápida. Y aunque comparada con el volumen de ventas aun es muy baja, prueba que consumidores verdes existen pero faltan alternativas para seducirlos. Durante los primeros cinco días de lanzada la iniciativa, Wal-Mart vendió 2.000 bolsas, cifra que hoy asciende a 12.500. “Confiamos en este cambio de conciencia de la gente desde su casa y en empezar a ser nosotros agentes de cambio”, analizó Fernanda Giménez Azara, coordinadora de Relaciones Institucionales de Wal-Mart Argentina, quien anticipó que el objetivo es reducir en un 20% el consumo de bolsas plásticas para el 2013.
Otro jugador que se metió de lleno en la cruzada antibolsa es Cencosud, dueña de Jumbo, Disco y Vea. Con un perfil comunicacional bien alto, en diciembre lanzó una campaña que también apuesta a la reducción de las bolsas de polietileno en sus locales. Con la Costa Atlántica como prueba piloto, la empresa comenzó a ofrecer bolsas de tela reutilizables, un diseño distinto para cada cadena, a un precio de $ 7,90.
El disparador de la acción fue bien concreto: un rápido cálculo del volumen de operaciones que manejan les dio una pista del impacto positivo que podían tener las tres cadenas en este problema ambiental. “El supermercadismo en Argentina alcanza al 30% del comercio minorista de alimentos. Las tres cadenas representan un 60% de ese mercado, generando 2.500 millones de bolsas al año”, explicó Diego Memoli, líder del proyecto y Gerente de Marketing de Disco, quien asegura que no se trata de un tema de reducción de costos, ya que estas bolsas cuestan apenas un centavo.
La iniciativa tuvo muy buena recepción en la Costa, donde se vendieron bolsas al ritmo de 300 por día. Quienes mejor respondieron fueron los clientes de Puerto Madryn y Bahía Blanca, seguramente impulsados por una mayor conciencia de los peligros que corre la fauna marina.
Hoy las bolsas ya están dis
ponibles en todos los locales del país de la cadena y las últimas cifras de venta se ubican en torno a las 70.000 bolsas. Y aunque desde la empresa aseguran que todavía el número es marginal en relación a las operaciones totales, el impacto no es menor: se calcula que una bolsa reutilizable evita la utilización de alrededor de 270 bolsas de plástico al año por familia.
Claro que no todo se termina en vender las propias bolsas, por las que en general las cadenas no obtienen ganancias. Para lograr una mayor toma de conciencia del impacto ambiental de las bolsas de polietileno y promover que la gente lleve su propia bolsa al súper, Cencosud también lanzó una original campaña publicitaria que apela directamente al consumidor y no sólo a sus clientes. “Una empresa sola no puede y sin la comunidad resulta imposible: cuántos más seamos mejor”, dice Memoli, en sintonía con la postura de Wal-Mart, y también se hace un rato para hacer un pedido: no caer en posturas radicales y evitar demonizar a las bolsas de polietileno.
Para atacar el problema de raíz, las iniciativas no pueden terminar en las bolsas reutilizables, ya que todavía por un tiempo convivirán con las tradicionales. Por eso tanto Cencosud, con sus marcas Disco, Jumbo y Vea, como Wal-Mart apuestan además a cargar más las bolsas de polietileno para reducir el número de bolsas plásticas. Se calcula que en general salen con apenas tres artículos, cuando deberían contener al menos cinco. En este sentido, la capacitación del personal resulta vital. Lo mismo para que las cajeras ofrezcan efectivamente las bolsas reutilizables.
Los chicos también pueden
Pero la cruzada antibolsa no está liderada sólo por grandes players. Comercios más pequeños, pero con un fuerte compromiso ambiental, también integran esta movida. Este es el caso de Natural Deli, una cadena de venta y consumo de productos orgánicos y naturales. En sus dos locales de Barrio Norte y Las Cañitas, este comercio le dijo adiós a las clásicas bolsas de polietileno y las reemplazó por bolsas oxibiodegradables.
Además, ofrece también bolsas de tela reutilizables, que cuestan $ 10 y son gratuitas para compras mayores a $ 100. “Queremos ser una empresa ecológica a largo plazo y estamos intentando hacer lo máximo que podemos. La idea es seguir con otras iniciativas de este tipo par ir neutralizado nuestro efecto en el medio ambiente”, explica el inglés Michael Legge, uno de los socios de este emprendimiento naturista con onda moderna.
Claro que recorrer este camino en Argentina no es sencillo. Y menos siendo una empresa pequeña. “El próximo paso es incorporar detergentes biodegradables. El problema es que no hay mucho disponible localmente y, además, es muy caro”, lamenta Legge, quien ya sueña con abrir más locales para alcanzar una economía de escala que le permita volverse más verde. De todos modos, sumar a los proveedores puede ser una buena alternativa para ir desarrollando estas iniciativas. Para poder concretar la sustitución de las bolsas de polietileno Legge logró tejer una alianza con OMS y Weleda, lo que permitió reducir costos.
Pero las empresas y locales no son los únicos que encuentran dificultades para adoptar iniciativas más verdes. Los propios consumidores más concientes ambientalmente muchas veces no saben cómo canalizar sus preocupaciones. “La gente en Argentina tiene las ganas de adoptar alternativas verdes, pero no hay tanta oferta”, confirma el dueño de Natural Deli. Por lo menos en lo que a bolsas de polietileno respecta las cosas parecen estar empezando a cambiar.
Fecha de Publicación: 30/03/2009
Fuente: El Cronista
Provincia/Región: Nacional
Cuando nacieron, hace más de 30 años, parecían ser la respuesta perfecta para trasladar alimentos y compras varias. Baratas, livianas, resistentes y hasta impermeables, las bolsas plásticas se convirtieron rápidamente en un sinónimo de modernidad y practicidad. Y de la mano de los mercados y supermercados como principales motores, su uso no tardó en dispararse en todo el mundo.
Hoy se calcula que su consumo anual per capita ronda nada menos que las 150 bolsas. Y aunque sus mágicas propiedades se mantienen intactas hasta el día de hoy, con el correr de los años estas bolsas no tardaron en mostrar su faceta más oscura: su impacto directo en el medio ambiente.
Animales en peligro
Es que la vida de estas bolsas, producidas a partir del gas etileno derivado del petróleo, resultó ser de lo más prolongada. Pueden tardar nada menos que entre 300 y 1.000 años en degradarse completamente, antes de lo cual se van dividiendo en pequeñas partículas tóxicas. Y aunque muchas finalizan sus inagotables días en basurales, muchas otras terminan contaminando suelos y mares, sin olvidar otras tantas que se acumulan en alcantarillas, provocando incluso inundaciones.
Como si esto fuera poco, muchas de estas bolsas afectan directamente la vida de animales marinos, ya que al entrar en un mar u océano se convierten en una verdadera trampa mortal. Muchos mamíferos, como las tortugas o las ballenas, las confunden con comida y luego de ingerirlas mueren. Y a esto se le suma otra gran cantidad de mamíferos que mueren entrampados en sus redes.
Gran parte del problema reside en una inadecuada disposición final: siete de cada 10 bolsas terminan ensuciando plazas, mares y campos. Y a esto se le suma una muy baja tasa de reciclaje. Se calcula que apenas el 2% de estas bolsas se recicla, lo que obedece a un motivo netamente económico. Mientras que el precio de una tonelada de esta materia prima puede ascender a apenas u$s 32, reciclar ese mismo volumen cuesta mucho más caro: asciende a u$s 4.000.
Nace la conciencia ambiental
La toma de conciencia de estos impactos ambientales no tardó en llegar y lentamente fue derivando en una cruzada antibolsa, especialmente en Europa y Estados Unidos, donde hoy está en pleno apogeo. Ver una bolsa de polietileno en un supermercado europeo, de hecho, resulta actualmente casi una odisea. Y llevarla puede ser visto con muy malos ojos, casi como ostentar una piel...
Prácticas bolsas de compra reutilizables ofrecidas a muy bajo costo por los propios retailers se lucen en las colas del súper junto a elegantes creaciones de diseñadores top. Es que firmas com Hermés o Stella Mc Cartney aprovecharon la ola antibolsa para desarrollar modelos especiales para las góndolas, cuyo precio oscila entre los u$s 500 y 1.000. Eso sí, aunque tengan bordados y telas vistosas, estas versiones fashion de las bolsas de compra que usaban nuestras abuelas casi siempre se pliegan para no ocupar espacio en las carteras.
Pero a las iniciativas puntuales de muchos retailers, para quienes el uso de las clásicas bolsas de plástico encierra uno de sus más grandes desafíos en materia de sostenibilidad, se sumaron en el último tiempo las de gobiernos nacionales y locales, que también decidieron tomar cartas en el asunto. Más de 50 países ya tomaron acciones concretas para reducir el uso de estos perjudiciales integrantes de la cadena de consumo. Las medidas gubernamentales implementadas en estos dos últimos años van desde la prohibición total de la distribución de bolsas de polietileno, pasando por el pago de un impuesto por parte de los clientes que las utilicen, hasta la gran cruzada china contra la “basura blanca”, como llaman a las bolsas, que incluyó el cierre de la principal fábrica del país (ver recuadro).
Argentina se suma a la movida
Aunque mucho más tarde que los países del Hemisferio Norte y todavía de manera bastante tímida, Argentina también está comenzando a dar las primeras señales de concientización en esta materia. En un país en el que las bolsas plásticas se entregan por default, sin siquiera preguntar si el cliente las precisa, en apenas unos pocos meses comenzaron a surgir varias iniciativas de grandes y pequeños jugadores del mundo del retail, que llevan a pensar que el “chau, bolsa” también podría hacerse carne en nuestro país.
Estas acciones, que en la mayoría de los casos apuestan al uso de bolsas de tela reutilizables, llegan en un momento no casual, aunque de todas maneras son más que bienvenidas. En octubre pasado, se aprobó una ley en la Provincia de Buenos Aires que da un año a los supermercados y grandes negocios, y dos a los pequeños, para sacar las bolsas de polietileno de sus locales y reemplazarlas por “contenedores de material degradable y/o biodegradable que resulten compatibles con la minimización de impacto ambiental”.
Y aunque para evitar beneficiar a un sector específico el texto de la norma no detalla con qué tipo de producto hay que sustituir a las inmortales bolsas de polietileno, lo que sí está claro es que el incumplimiento o transgresión se castigará con multas y hasta clausuras temporarias y definitivas. Sin duda un deadline que acelerará algunas iniciativas aisladas y que con viento a favor puede terminar con un fuerte cambio de hábito, tal como sucedió con la normativa que prohibe fumar en lugares públicos de Capital.
El puntapié inicial de estas flamantes acciones corporativas en terreno argentino lo dio Wal-Mart, quien ya a mediados del 2007 anunció en nuestro país que había reemplazado las tradicionales bolsas plásticas en todas sus sucursales por bolsas oxi-biodegradables. Esta alternativa ecológica incluye un aditivo adicional en su elaboración, que acelera su descomposición frente a variables como la luz y la humedad, proceso que se inicia apenas meses después de ser descartadas.
Y un año y medio más tarde, a fin de noviembre del año pasado, Wal-Mart sumó una nueva iniciativa en la cruzada contra las bolsas plásticas. Lanzó bolsas reutilizables, que se venden en las 27 sucursales a casi $ 6. Livianas y plegables, pueden cargar aproximadamente 15 productos.
La respuesta de los clientes fue bastante rápida. Y aunque comparada con el volumen de ventas aun es muy baja, prueba que consumidores verdes existen pero faltan alternativas para seducirlos. Durante los primeros cinco días de lanzada la iniciativa, Wal-Mart vendió 2.000 bolsas, cifra que hoy asciende a 12.500. “Confiamos en este cambio de conciencia de la gente desde su casa y en empezar a ser nosotros agentes de cambio”, analizó Fernanda Giménez Azara, coordinadora de Relaciones Institucionales de Wal-Mart Argentina, quien anticipó que el objetivo es reducir en un 20% el consumo de bolsas plásticas para el 2013.
Otro jugador que se metió de lleno en la cruzada antibolsa es Cencosud, dueña de Jumbo, Disco y Vea. Con un perfil comunicacional bien alto, en diciembre lanzó una campaña que también apuesta a la reducción de las bolsas de polietileno en sus locales. Con la Costa Atlántica como prueba piloto, la empresa comenzó a ofrecer bolsas de tela reutilizables, un diseño distinto para cada cadena, a un precio de $ 7,90.
El disparador de la acción fue bien concreto: un rápido cálculo del volumen de operaciones que manejan les dio una pista del impacto positivo que podían tener las tres cadenas en este problema ambiental. “El supermercadismo en Argentina alcanza al 30% del comercio minorista de alimentos. Las tres cadenas representan un 60% de ese mercado, generando 2.500 millones de bolsas al año”, explicó Diego Memoli, líder del proyecto y Gerente de Marketing de Disco, quien asegura que no se trata de un tema de reducción de costos, ya que estas bolsas cuestan apenas un centavo.
La iniciativa tuvo muy buena recepción en la Costa, donde se vendieron bolsas al ritmo de 300 por día. Quienes mejor respondieron fueron los clientes de Puerto Madryn y Bahía Blanca, seguramente impulsados por una mayor conciencia de los peligros que corre la fauna marina.
Hoy las bolsas ya están dis
ponibles en todos los locales del país de la cadena y las últimas cifras de venta se ubican en torno a las 70.000 bolsas. Y aunque desde la empresa aseguran que todavía el número es marginal en relación a las operaciones totales, el impacto no es menor: se calcula que una bolsa reutilizable evita la utilización de alrededor de 270 bolsas de plástico al año por familia.
Claro que no todo se termina en vender las propias bolsas, por las que en general las cadenas no obtienen ganancias. Para lograr una mayor toma de conciencia del impacto ambiental de las bolsas de polietileno y promover que la gente lleve su propia bolsa al súper, Cencosud también lanzó una original campaña publicitaria que apela directamente al consumidor y no sólo a sus clientes. “Una empresa sola no puede y sin la comunidad resulta imposible: cuántos más seamos mejor”, dice Memoli, en sintonía con la postura de Wal-Mart, y también se hace un rato para hacer un pedido: no caer en posturas radicales y evitar demonizar a las bolsas de polietileno.
Para atacar el problema de raíz, las iniciativas no pueden terminar en las bolsas reutilizables, ya que todavía por un tiempo convivirán con las tradicionales. Por eso tanto Cencosud, con sus marcas Disco, Jumbo y Vea, como Wal-Mart apuestan además a cargar más las bolsas de polietileno para reducir el número de bolsas plásticas. Se calcula que en general salen con apenas tres artículos, cuando deberían contener al menos cinco. En este sentido, la capacitación del personal resulta vital. Lo mismo para que las cajeras ofrezcan efectivamente las bolsas reutilizables.
Los chicos también pueden
Pero la cruzada antibolsa no está liderada sólo por grandes players. Comercios más pequeños, pero con un fuerte compromiso ambiental, también integran esta movida. Este es el caso de Natural Deli, una cadena de venta y consumo de productos orgánicos y naturales. En sus dos locales de Barrio Norte y Las Cañitas, este comercio le dijo adiós a las clásicas bolsas de polietileno y las reemplazó por bolsas oxibiodegradables.
Además, ofrece también bolsas de tela reutilizables, que cuestan $ 10 y son gratuitas para compras mayores a $ 100. “Queremos ser una empresa ecológica a largo plazo y estamos intentando hacer lo máximo que podemos. La idea es seguir con otras iniciativas de este tipo par ir neutralizado nuestro efecto en el medio ambiente”, explica el inglés Michael Legge, uno de los socios de este emprendimiento naturista con onda moderna.
Claro que recorrer este camino en Argentina no es sencillo. Y menos siendo una empresa pequeña. “El próximo paso es incorporar detergentes biodegradables. El problema es que no hay mucho disponible localmente y, además, es muy caro”, lamenta Legge, quien ya sueña con abrir más locales para alcanzar una economía de escala que le permita volverse más verde. De todos modos, sumar a los proveedores puede ser una buena alternativa para ir desarrollando estas iniciativas. Para poder concretar la sustitución de las bolsas de polietileno Legge logró tejer una alianza con OMS y Weleda, lo que permitió reducir costos.
Pero las empresas y locales no son los únicos que encuentran dificultades para adoptar iniciativas más verdes. Los propios consumidores más concientes ambientalmente muchas veces no saben cómo canalizar sus preocupaciones. “La gente en Argentina tiene las ganas de adoptar alternativas verdes, pero no hay tanta oferta”, confirma el dueño de Natural Deli. Por lo menos en lo que a bolsas de polietileno respecta las cosas parecen estar empezando a cambiar.
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Medio ambiente, desidia y negocios
Medio ambiente, desidia y negocios
Fecha de Publicación: 30/03/2009
Fuente: Río Negro On Line
Provincia/Región: Nacional
Así como la educación pública a la que nos referimos mil veces en estas líneas, el otro gran tema que está en boca de todos y en las acciones de nadie es el medio ambiente.
Éste tiene dos aspectos: el cambio climático, que está fuera de nuestro alcance y cuyas consecuencias han de afectar a todo el mundo. Admitamos que la culpa del injusto estilo dispendioso de vida de una parte de la humanidad es responsable de ese cambio, que será catastrófico para todos, pero especialmente doloroso para los miles de millones de pobres, en miserables pueblos subdesarrollados que no tienen ni para comer y mucho menos son los responsables de los destrozos que hacen aquellos cuyo único fin es el consumo y el lucro. Pero también nosotros ya sufrimos el cambio del clima, las inundaciones porteñas, las sequías, aunque siempre las hubo como también las inundaciones.
Aún hay quienes niegan el grado de la responsabilidad humana, pero mientras tanto, en vez de aplicar el principio precautorio para evitar agravar el problema, los poderosos usan la duda para hacernos creer que ésa se resolverá por la negativa. Si no es culpa nuestra, podemos seguir bailando en el Titánic unos años más. Y pido perdón por usar nuevamente una metáfora tan gastada. Por las dudas, seguimos talando bosques para sembrar soja, expandiendo ciudades sin infraestructura en las que se amontonan los expulsados del campo, sometidos a las tecnologías modernas que emplean cada vez menos gente y que contribuyen a la concentración creciente de la propiedad de la tierra. Así, al mismo tiempo destruimos los ecosistemas, las ciudades y la gente. Un programa maravilloso de progreso.
El otro aspecto es el descuido local. No se trata ya del cambio climático, sino de la contaminación -digamos mejor: el envenenamiento para nosotros, para nuestros hijos y para todos los hombres (y mujeres, se dice ahora) que quieran habitar el suelo argentino- y la destrucción de los ambientes naturales en pos de la codicia: ya ni podemos hablar de sistema económico. Se trata de simple y miserable codicia. Con una dosis no menor de estupidez sistémica.
El estado de los sistemas ecológicos en nuestro país es mucho peor de lo que nos imaginamos. Es malo para los negocios decir que talar un bosque nativo es nocivo para el país porque destruye la diversidad biológica. También lo es afirmar que la Patagonia y la Pampa Húmeda se desertifican, o que plantar un bosque de eucaliptos también es malo para el país, porque chupa toda el agua y los nutrientes y sólo sirve para hacer papel para los países ricos y no equilibra en absoluto la "cuota de carbono" que se ha inventado "perversamente" para que los ricos sigan vertiendo gases de invernadero a la atmósfera. Pero no: ni siquiera es malo para los negocios, porque nadie hace caso de estas observaciones triviales pero "catastrofistas".
Hablar de limpiar el Riachuelo en mil días o en diez años ya ni siquiera sirve como propaganda electoral, porque nadie lo cree. Hacerlo no sólo es tecnológicamente muy difícil y costoso, es malo para los negocios porque implica que miles de industrias deberían invertir dinero en cambiar su tecnología o, por lo menos, en instalar plantas de tratamiento que funcionen. La orden de la Suprema Corte de Justicia ya está olvidada y apenas se ha intimado a algunas empresas de Dock Sur, con algo afín a levantar el dedito amenazador y decir: "¡Chicos, pórtense bien! ¿eh?" Mientras, millones de seres humanos se envenenan lentamente y tiemblan porque el cierre de las fábricas contaminantes los privaría de su trabajo; prefieren morir lentamente de intoxicaciones o de cáncer, que más rápidamente de hambre o de tuberculosis.
Algunas historias relativas a este tema son como chistes malos. En pleno centro de Buenos Aires hay una estación de servicios desde cuyos tanques y cañerías se filtra nafta a una estación de subterráneo frecuentada por miles de personas por día. También filtra las napas de agua desde donde iban al río de la Plata. No ocurrió lo que en una situación parecida sucedió en 1992 en Guadalajara, México: una explosión que destruyó media ciudad porque se había filtrado nafta a las alcantarillas. Nadie sabe cuántos muertos costó aquel accidente, pero fueron centenares. Pero en Independencia y Lima, en Buenos Aires, la presencia de gases de hidrocarburos se detectó en 1979, y la Justicia condenó a la empresa propietaria de la estación de servicios a remediar la situación en el 2007, treinta y ocho años y vaya a saber cuántas toneladas de petróleo más tarde. Nadie sabe cuándo la empresa comenzará con los trabajos y cuándo los terminará. Durante esos treinta y ocho años la estación siguió funcionando. La empresa es criminal por codicia; ciudad es culpable por negligencia: hizo la denuncia recién en 1991. La Justicia, entonces, sólo tardó 22 años de los 38. Ahora hay sentencia firme. Mientras tanto, siguió vendiendo combustibles y el subte sólo instaló una bombita de extracción de gases.
Estudiamos con horror el saqueo al que la empresa La Forestal, en las primeras décadas del siglo XX, sometió a los bosques de quebracho colorado que alguna vez cubrieron las zonas, ahora anegables a veces y semidesérticas otras, del norte de Santa Fe, gran parte de Santiago del Estero y de Chaco. Esta depredación ya empezó en tiempos de la colonia, cuando todo el norte de Córdoba era un gran bosque de molles. Pero el recuerdo de ese horror nos impide ver que lo mismo está sucediendo en Misiones, en Salta, con la minería del oro a cielo abierto en Catamarca, con la futura destrucción de los glaciares de Pascua Lama en San Juan, con el ya no "Impenetrable", con la cuenca del río Reconquista donde viven 4 millones de habitantes. La contaminación de partes de esta cuenca es de tal magnitud, que hay afluentes que son arroyos de desechos cloacales casi puros y los expertos extranjeros piden cortésmente a sus colegas argentinos que revisen sus cuentas, porque no pueden creer que semejante nivel de contaminación no sea consecuencia de un error de cálculo. La causa: la codicia, la negligencia y la corrupción, que son sus herramientas. Y la corrupción que alimenta a muchos políticos, y éstos que reparten choripanes y promesas en tiempo de elecciones (que son casi siempre) y no intervienen en los casos más evidentes de contaminación ambiental con firma de autor. A veces, porque los contaminadores son los que corren con los descomunales gastos de campaña. Siempre es más barato comprar un intendente que instalar una planta depuradora.
Claro que hay algunos problemas cuyas causas no son tan directas: el caótico crecimiento de las ciudades, las grandes y las no tan grandes, sin que se piense en la carencia de infraestructura y se amontone la gente en las afueras, para después extrañarse del crecimiento de la violencia, y que algunas idiotas "formadoras de opinión" sólo atinen a pedir venganza. Y la acumulación de basura con la que nadie sabe qué hacer, más que amontonarla en lugares que pronto serán alcanzados por aquel crecimiento.
Las drogas están entre las fuentes más enormes de riqueza: nuevamente la codicia que no vacila ante la destrucción física y moral de sus víctimas. Aquí ya no hay negligencia, sólo codicia y crimen. Pero lo importante es que esa riqueza no se pierda. Para eso están los paraísos fiscales, una de las principales formas de lavado de dinero y de evasión de impuestos en todo el mundo. ¿Alguien logrará hacer que desaparezcan? ¿A alguien le interesa que desaparezcan?
En cuanto a los problemas ambientales, la codicia se expresa en volcar los problemas causados por unos pocos a que sean arreglados a costa de las mayorías, como cuando es el Estado el que tiene que hacerse cargo de la remediación.
Pero nuestro gobierno no hace eso: sólo proclama que lo hace. Y no es el único: ninguno de los objetivos de las frecuentes reuniones mundiales que empezaron con la Cumbre de Río en 1992 se ha cumplido, ninguno no ha empeorado. Se habla de las emisiones de gases de efecto invernadero, pero no se menciona que ésa no es la única forma de ecocidio que importa detener para mantener habitable este planeta. La tala de los bosques, la depredación de los mares, la contaminación de los acuíferos y la lista podría seguir. Sin embargo, en la realidad de los hechos, a nadie le importa el medio ambiente (1) al punto de ir más allá de las palabras. Salvo lo que ocurre cuando las víctimas directas de los daños se movilizan. Por suerte comienzan a hacerlo.
TOMÁS BUCH (Tecnólogo generalista)
Especial para "Río Negro"
(1) Esta expresión hace referencia al libro de Sergio Federovisky, "El medio ambiente no le importa a nadie", Ed. Planeta, 2007.
Fecha de Publicación: 30/03/2009
Fuente: Río Negro On Line
Provincia/Región: Nacional
Así como la educación pública a la que nos referimos mil veces en estas líneas, el otro gran tema que está en boca de todos y en las acciones de nadie es el medio ambiente.
Éste tiene dos aspectos: el cambio climático, que está fuera de nuestro alcance y cuyas consecuencias han de afectar a todo el mundo. Admitamos que la culpa del injusto estilo dispendioso de vida de una parte de la humanidad es responsable de ese cambio, que será catastrófico para todos, pero especialmente doloroso para los miles de millones de pobres, en miserables pueblos subdesarrollados que no tienen ni para comer y mucho menos son los responsables de los destrozos que hacen aquellos cuyo único fin es el consumo y el lucro. Pero también nosotros ya sufrimos el cambio del clima, las inundaciones porteñas, las sequías, aunque siempre las hubo como también las inundaciones.
Aún hay quienes niegan el grado de la responsabilidad humana, pero mientras tanto, en vez de aplicar el principio precautorio para evitar agravar el problema, los poderosos usan la duda para hacernos creer que ésa se resolverá por la negativa. Si no es culpa nuestra, podemos seguir bailando en el Titánic unos años más. Y pido perdón por usar nuevamente una metáfora tan gastada. Por las dudas, seguimos talando bosques para sembrar soja, expandiendo ciudades sin infraestructura en las que se amontonan los expulsados del campo, sometidos a las tecnologías modernas que emplean cada vez menos gente y que contribuyen a la concentración creciente de la propiedad de la tierra. Así, al mismo tiempo destruimos los ecosistemas, las ciudades y la gente. Un programa maravilloso de progreso.
El otro aspecto es el descuido local. No se trata ya del cambio climático, sino de la contaminación -digamos mejor: el envenenamiento para nosotros, para nuestros hijos y para todos los hombres (y mujeres, se dice ahora) que quieran habitar el suelo argentino- y la destrucción de los ambientes naturales en pos de la codicia: ya ni podemos hablar de sistema económico. Se trata de simple y miserable codicia. Con una dosis no menor de estupidez sistémica.
El estado de los sistemas ecológicos en nuestro país es mucho peor de lo que nos imaginamos. Es malo para los negocios decir que talar un bosque nativo es nocivo para el país porque destruye la diversidad biológica. También lo es afirmar que la Patagonia y la Pampa Húmeda se desertifican, o que plantar un bosque de eucaliptos también es malo para el país, porque chupa toda el agua y los nutrientes y sólo sirve para hacer papel para los países ricos y no equilibra en absoluto la "cuota de carbono" que se ha inventado "perversamente" para que los ricos sigan vertiendo gases de invernadero a la atmósfera. Pero no: ni siquiera es malo para los negocios, porque nadie hace caso de estas observaciones triviales pero "catastrofistas".
Hablar de limpiar el Riachuelo en mil días o en diez años ya ni siquiera sirve como propaganda electoral, porque nadie lo cree. Hacerlo no sólo es tecnológicamente muy difícil y costoso, es malo para los negocios porque implica que miles de industrias deberían invertir dinero en cambiar su tecnología o, por lo menos, en instalar plantas de tratamiento que funcionen. La orden de la Suprema Corte de Justicia ya está olvidada y apenas se ha intimado a algunas empresas de Dock Sur, con algo afín a levantar el dedito amenazador y decir: "¡Chicos, pórtense bien! ¿eh?" Mientras, millones de seres humanos se envenenan lentamente y tiemblan porque el cierre de las fábricas contaminantes los privaría de su trabajo; prefieren morir lentamente de intoxicaciones o de cáncer, que más rápidamente de hambre o de tuberculosis.
Algunas historias relativas a este tema son como chistes malos. En pleno centro de Buenos Aires hay una estación de servicios desde cuyos tanques y cañerías se filtra nafta a una estación de subterráneo frecuentada por miles de personas por día. También filtra las napas de agua desde donde iban al río de la Plata. No ocurrió lo que en una situación parecida sucedió en 1992 en Guadalajara, México: una explosión que destruyó media ciudad porque se había filtrado nafta a las alcantarillas. Nadie sabe cuántos muertos costó aquel accidente, pero fueron centenares. Pero en Independencia y Lima, en Buenos Aires, la presencia de gases de hidrocarburos se detectó en 1979, y la Justicia condenó a la empresa propietaria de la estación de servicios a remediar la situación en el 2007, treinta y ocho años y vaya a saber cuántas toneladas de petróleo más tarde. Nadie sabe cuándo la empresa comenzará con los trabajos y cuándo los terminará. Durante esos treinta y ocho años la estación siguió funcionando. La empresa es criminal por codicia; ciudad es culpable por negligencia: hizo la denuncia recién en 1991. La Justicia, entonces, sólo tardó 22 años de los 38. Ahora hay sentencia firme. Mientras tanto, siguió vendiendo combustibles y el subte sólo instaló una bombita de extracción de gases.
Estudiamos con horror el saqueo al que la empresa La Forestal, en las primeras décadas del siglo XX, sometió a los bosques de quebracho colorado que alguna vez cubrieron las zonas, ahora anegables a veces y semidesérticas otras, del norte de Santa Fe, gran parte de Santiago del Estero y de Chaco. Esta depredación ya empezó en tiempos de la colonia, cuando todo el norte de Córdoba era un gran bosque de molles. Pero el recuerdo de ese horror nos impide ver que lo mismo está sucediendo en Misiones, en Salta, con la minería del oro a cielo abierto en Catamarca, con la futura destrucción de los glaciares de Pascua Lama en San Juan, con el ya no "Impenetrable", con la cuenca del río Reconquista donde viven 4 millones de habitantes. La contaminación de partes de esta cuenca es de tal magnitud, que hay afluentes que son arroyos de desechos cloacales casi puros y los expertos extranjeros piden cortésmente a sus colegas argentinos que revisen sus cuentas, porque no pueden creer que semejante nivel de contaminación no sea consecuencia de un error de cálculo. La causa: la codicia, la negligencia y la corrupción, que son sus herramientas. Y la corrupción que alimenta a muchos políticos, y éstos que reparten choripanes y promesas en tiempo de elecciones (que son casi siempre) y no intervienen en los casos más evidentes de contaminación ambiental con firma de autor. A veces, porque los contaminadores son los que corren con los descomunales gastos de campaña. Siempre es más barato comprar un intendente que instalar una planta depuradora.
Claro que hay algunos problemas cuyas causas no son tan directas: el caótico crecimiento de las ciudades, las grandes y las no tan grandes, sin que se piense en la carencia de infraestructura y se amontone la gente en las afueras, para después extrañarse del crecimiento de la violencia, y que algunas idiotas "formadoras de opinión" sólo atinen a pedir venganza. Y la acumulación de basura con la que nadie sabe qué hacer, más que amontonarla en lugares que pronto serán alcanzados por aquel crecimiento.
Las drogas están entre las fuentes más enormes de riqueza: nuevamente la codicia que no vacila ante la destrucción física y moral de sus víctimas. Aquí ya no hay negligencia, sólo codicia y crimen. Pero lo importante es que esa riqueza no se pierda. Para eso están los paraísos fiscales, una de las principales formas de lavado de dinero y de evasión de impuestos en todo el mundo. ¿Alguien logrará hacer que desaparezcan? ¿A alguien le interesa que desaparezcan?
En cuanto a los problemas ambientales, la codicia se expresa en volcar los problemas causados por unos pocos a que sean arreglados a costa de las mayorías, como cuando es el Estado el que tiene que hacerse cargo de la remediación.
Pero nuestro gobierno no hace eso: sólo proclama que lo hace. Y no es el único: ninguno de los objetivos de las frecuentes reuniones mundiales que empezaron con la Cumbre de Río en 1992 se ha cumplido, ninguno no ha empeorado. Se habla de las emisiones de gases de efecto invernadero, pero no se menciona que ésa no es la única forma de ecocidio que importa detener para mantener habitable este planeta. La tala de los bosques, la depredación de los mares, la contaminación de los acuíferos y la lista podría seguir. Sin embargo, en la realidad de los hechos, a nadie le importa el medio ambiente (1) al punto de ir más allá de las palabras. Salvo lo que ocurre cuando las víctimas directas de los daños se movilizan. Por suerte comienzan a hacerlo.
TOMÁS BUCH (Tecnólogo generalista)
Especial para "Río Negro"
(1) Esta expresión hace referencia al libro de Sergio Federovisky, "El medio ambiente no le importa a nadie", Ed. Planeta, 2007.
Fauna del Paraná en serios problemas
La fauna del Paraná está en serios problemas
Fecha de Publicación: 29/03/2009
Fuente: Linea Capital
Provincia/Región: Mesopotamia
La Fundación Proteger solicitó al canciller Jorge Taiana que informe sobre el manejo de los caudales de agua que realizan las represas Yacyretá e Itaipú. Se advierte marcada bajante y consecuencias para la fauna y para quienes viven de la pesca.
Ante la marcada bajante que sufre actualmente el río Paraná, la Fundación Proteger envió una carta al canciller argentino, licenciado Jorge Taiana, solicitando información sobre el manejo de los caudales de agua del río Paraná que realizan las grandes represas binacionales Yacyretá e Itaipú, y conocer cuáles son los criterios que se utilizan para hacerlo.
En la misiva, firmada por el director general de Proteger, Jorge Cappato, se sostiene que “es de conocimiento público que el río Paraná registra una de las mayores bajantes de las últimas décadas. La altura hidrométrica promedio en Corrientes ha sido de 4.05 m en 2007 y 3.38 m en 2008, mientras que en enero/febrero de este año promedia 2.54 m”.
“Es precisamente en períodos de escasez de agua cuando las grandes represas retienen en sus embalses buena parte del caudal del río con el objeto de asegurar su generación, en desmedro de las poblaciones ribereñas que viven aguas abajo y cuya economía, alimentación y subsistencia dependen en gran medida del buen estado de las pesquerías del Paraná”, especifica la nota.
Migraciones cortadas
En las últimas semanas, pescadores del norte de Santa Fe y de las provincias de Chaco y Corrientes, informaron sobre el desecamiento de lagunas, riachos y arroyos de la planicie de inundación del río Paraná a raíz de la extrema bajante y la merma de los caudales por debajo de los promedios históricos. Miles de peces atrapados se asfixiaban y morían, incluidos surubíes, dorados y patíes, entre otras especies de gran valor económico, alimentario y social.
“Según los especialistas, las represas no sólo impiden las migraciones de los peces aguas arriba, sino que –al retener el agua cuando los peces realizan migraciones transversales en la planicie inundable–, impiden que se completen los ciclos de desarrollo y reproductivos. Por otra parte, los embalses alteran irreversiblemente el hábitat acuático: según expertos del Conicet, Yacyretá e Itaipú en conjunto destruyeron el 44% del área reproductiva de las especies de surubí (Oldani, 2004)”, consigna el documento de Proteger.
El pedido de información se da en el marco del Día Mundial de Acción sobre las Grandes Represas, fijado el 14 de marzo de 1997 en Curitiba, Brasil, al culminar el “Primer Encuentro Internacional de Pueblos Afectados por las Represas”. Cada año, desde entonces, organizaciones de todo el mundo –principalmente de comunidades damnificadas por estas grandes obras-, realizan actividades y reclamos en simultáneo para esta fecha.
Grandes represas, daños colosales
La nota enviada por Proteger a la Cancillería señala que “como sabemos, Yacyretá es una gran represa administrada por un organismo argentino-paraguayo, la Entidad Binacional Yacyretá (EBY); mientras que Itaipú es otra enorme represa binacional regulada por Paraguay y Brasil, cuyo embalse –de 170 km de largo–, se extiende sobre el Paraná a sólo 14 km al norte de la frontera con la Argentina”.
“Ambas –prosigue–, han provocado ya un colosal impacto en las pesquerías y los humedales fluviales, haciendo sentir su efecto negativo centenares de kilómetros aguas abajo. Impacto que se refleja particularmente en la merma poblacional y de tallas de los grandes peces migradores, precisamente los de mayor valor económico, alimentario, deportivo y turístico”.
“Esto explica que en enero pasado la Asociación de Pescadores del Chaco (ASOPECHA), hiciera llegar una nota a las autoridades del Chaco manifestando su honda preocupación por el manejo del agua en las represas del Paraná”.
“Por nuestra parte, ante una consulta del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, ante la merma del surubí y otras especies de peces, solicitamos desde la Fundación Proteger, en nota del 26 de enero 2009 a los Ministros de Producción, y de Aguas y Ambiente, y a través del Consejo Provincial Pesquero, requerir “al Gobierno Nacional y a la Cancillería iniciar urgentes acciones tendientes a conocer y eventualmente modificar el manejo de los caudales de agua por parte de las represas ubicadas en el río Paraná, especialmente Yacyretá e Itaipú”, añadió.
Información y control
“Hoy –se reclama al canciller Taiana-, solicitamos a Usted nos indique si la Cancillería dispone de información sobre el manejo de los caudales por parte de las represas citadas, sobre si éstas disponen de manuales de operación que incluyan contemplar las necesidades de niveles hidrométricos mínimos para los ciclos de migración, reproducción y alimentación de los peces del Paraná, tendiente a recuperar las disminuidas poblaciones de los mismos”.
Además se pidió conocer cuáles serían a criterio de la Cancillería los más apropiados “ámbitos, regulaciones y mecanismos para que el Estado Nacional conozca, controle y eventualmente pueda incidir o reglamentar, en beneficio de la calidad de vida de las poblaciones y de las economías regionales del NEA-Litoral, el manejo de los caudales de agua por parte de las represas sobre el río Paraná, particularmente Yacyretá e Itaipú” –termina la nota de Proteger.
“No sólo la pesquería está afectada, hay otros impactos económicos y sociales altamente negativos de estas represas para mensurar. La marcada falta de caudales en el Paraná obligó semanas atrás a suspender la navegación en algunos sectores y a disminuir la carga de las embarcaciones. El acceso a los puertos y sobre todo a pequeños muelles utilizados por poblaciones a lo largo de la costa del río se vio dificultado o impedido, por lo que muchos turistas cancelaron viajes ligados a navegaciones por el Paraná. También se clausuraron balnearios y, como en Rosario, hubo que tomar medidas y gastar en equipamiento para asegurar la captación y el bombeo de agua hacia las plantas de potabilización”, dijo finalmente Cappato.
Fecha de Publicación: 29/03/2009
Fuente: Linea Capital
Provincia/Región: Mesopotamia
La Fundación Proteger solicitó al canciller Jorge Taiana que informe sobre el manejo de los caudales de agua que realizan las represas Yacyretá e Itaipú. Se advierte marcada bajante y consecuencias para la fauna y para quienes viven de la pesca.
Ante la marcada bajante que sufre actualmente el río Paraná, la Fundación Proteger envió una carta al canciller argentino, licenciado Jorge Taiana, solicitando información sobre el manejo de los caudales de agua del río Paraná que realizan las grandes represas binacionales Yacyretá e Itaipú, y conocer cuáles son los criterios que se utilizan para hacerlo.
En la misiva, firmada por el director general de Proteger, Jorge Cappato, se sostiene que “es de conocimiento público que el río Paraná registra una de las mayores bajantes de las últimas décadas. La altura hidrométrica promedio en Corrientes ha sido de 4.05 m en 2007 y 3.38 m en 2008, mientras que en enero/febrero de este año promedia 2.54 m”.
“Es precisamente en períodos de escasez de agua cuando las grandes represas retienen en sus embalses buena parte del caudal del río con el objeto de asegurar su generación, en desmedro de las poblaciones ribereñas que viven aguas abajo y cuya economía, alimentación y subsistencia dependen en gran medida del buen estado de las pesquerías del Paraná”, especifica la nota.
Migraciones cortadas
En las últimas semanas, pescadores del norte de Santa Fe y de las provincias de Chaco y Corrientes, informaron sobre el desecamiento de lagunas, riachos y arroyos de la planicie de inundación del río Paraná a raíz de la extrema bajante y la merma de los caudales por debajo de los promedios históricos. Miles de peces atrapados se asfixiaban y morían, incluidos surubíes, dorados y patíes, entre otras especies de gran valor económico, alimentario y social.
“Según los especialistas, las represas no sólo impiden las migraciones de los peces aguas arriba, sino que –al retener el agua cuando los peces realizan migraciones transversales en la planicie inundable–, impiden que se completen los ciclos de desarrollo y reproductivos. Por otra parte, los embalses alteran irreversiblemente el hábitat acuático: según expertos del Conicet, Yacyretá e Itaipú en conjunto destruyeron el 44% del área reproductiva de las especies de surubí (Oldani, 2004)”, consigna el documento de Proteger.
El pedido de información se da en el marco del Día Mundial de Acción sobre las Grandes Represas, fijado el 14 de marzo de 1997 en Curitiba, Brasil, al culminar el “Primer Encuentro Internacional de Pueblos Afectados por las Represas”. Cada año, desde entonces, organizaciones de todo el mundo –principalmente de comunidades damnificadas por estas grandes obras-, realizan actividades y reclamos en simultáneo para esta fecha.
Grandes represas, daños colosales
La nota enviada por Proteger a la Cancillería señala que “como sabemos, Yacyretá es una gran represa administrada por un organismo argentino-paraguayo, la Entidad Binacional Yacyretá (EBY); mientras que Itaipú es otra enorme represa binacional regulada por Paraguay y Brasil, cuyo embalse –de 170 km de largo–, se extiende sobre el Paraná a sólo 14 km al norte de la frontera con la Argentina”.
“Ambas –prosigue–, han provocado ya un colosal impacto en las pesquerías y los humedales fluviales, haciendo sentir su efecto negativo centenares de kilómetros aguas abajo. Impacto que se refleja particularmente en la merma poblacional y de tallas de los grandes peces migradores, precisamente los de mayor valor económico, alimentario, deportivo y turístico”.
“Esto explica que en enero pasado la Asociación de Pescadores del Chaco (ASOPECHA), hiciera llegar una nota a las autoridades del Chaco manifestando su honda preocupación por el manejo del agua en las represas del Paraná”.
“Por nuestra parte, ante una consulta del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, ante la merma del surubí y otras especies de peces, solicitamos desde la Fundación Proteger, en nota del 26 de enero 2009 a los Ministros de Producción, y de Aguas y Ambiente, y a través del Consejo Provincial Pesquero, requerir “al Gobierno Nacional y a la Cancillería iniciar urgentes acciones tendientes a conocer y eventualmente modificar el manejo de los caudales de agua por parte de las represas ubicadas en el río Paraná, especialmente Yacyretá e Itaipú”, añadió.
Información y control
“Hoy –se reclama al canciller Taiana-, solicitamos a Usted nos indique si la Cancillería dispone de información sobre el manejo de los caudales por parte de las represas citadas, sobre si éstas disponen de manuales de operación que incluyan contemplar las necesidades de niveles hidrométricos mínimos para los ciclos de migración, reproducción y alimentación de los peces del Paraná, tendiente a recuperar las disminuidas poblaciones de los mismos”.
Además se pidió conocer cuáles serían a criterio de la Cancillería los más apropiados “ámbitos, regulaciones y mecanismos para que el Estado Nacional conozca, controle y eventualmente pueda incidir o reglamentar, en beneficio de la calidad de vida de las poblaciones y de las economías regionales del NEA-Litoral, el manejo de los caudales de agua por parte de las represas sobre el río Paraná, particularmente Yacyretá e Itaipú” –termina la nota de Proteger.
“No sólo la pesquería está afectada, hay otros impactos económicos y sociales altamente negativos de estas represas para mensurar. La marcada falta de caudales en el Paraná obligó semanas atrás a suspender la navegación en algunos sectores y a disminuir la carga de las embarcaciones. El acceso a los puertos y sobre todo a pequeños muelles utilizados por poblaciones a lo largo de la costa del río se vio dificultado o impedido, por lo que muchos turistas cancelaron viajes ligados a navegaciones por el Paraná. También se clausuraron balnearios y, como en Rosario, hubo que tomar medidas y gastar en equipamiento para asegurar la captación y el bombeo de agua hacia las plantas de potabilización”, dijo finalmente Cappato.
Santa fe modificaría la ley de agroquímicos
Medio Ambiente quiere modificar la ley sobre uso de agroquímicos
Fecha de Publicación: 27/03/2009
Fuente: Notife
Provincia/Región: Santa Fe
El secretario del Area, César Mackler, afirmó que se debe prohibir la fumigación terrestre a menos de 150 metros de las viviendas, y la aérea a menos de 300. Apuntan a cambiar la normativa, que permite fijar el radio a los intendentes.
"Creo que no habría que fumigar a menos de 150 metros de cualquier viviendas en el caso de fumigaciones terrestres y a 300 metros cuando es aérea. Lo que ocurre es que la ley 11.273 no fija límites, los deja en manos de intendentes y presidentes comunales. Por eso vamos a intentar cambiar la ley". La definición corre por cuenta de César Mackler, secretario de Medio Ambiente provincial, quien desde hace siete meses participa en una mesa junto a las carteras de Trabajo, Salud y Producción para discutir el alcance de una nueva norma. Sin embargo, el funcionario advierte un límite claro, al indicar que "es justamente este modelo (que asocia soja con glifosato) el que de algún modo ha sacado adelante al país".
En diálogo con Rosario/12, Mackler recuerda que "la ley 11.273 indica que cada municipio debe fijar el radio en torno de su éjido en donde no deben fumigarse. En verdad algunos lo han cumplido y otro no lo han hecho. Ahora hay varios proyectos en las cámaras donde se habla de distancias específicas". Esto ha derivado en que cada localidad tenga actitudes dispares: "algunos intendentes se pusieron muy fuertes y dijeron 'dentro de este sector no se puede fumigar'. Pero en lugares más chicos, donde el presidente de comuna se conoce con todos, le resulta difícil aplicar el radio, porque le pone un tope a este cultivo intensivo, como a la sociedad entre soja y glifosato. Esto no debería pasar, pero es una realidad", indica Mackler.
El Secretario de Medio Ambiente aclara que en rigor la autoridad de aplicación de la ley de fitosanitarios que rige entre otros los agroquímicos es el Ministerio de la Producción. "El tema fitosanitario no queda sólo en la fumigación, porque también está el tema de la fosfina, el producto para evitar el gorgojo en el cereal" aclara Mackler.
--¿Que defensa tiene hoy un ciudadano de esta provincia cuando alguien fumiga a escasos metros de su casa?
--La primera es la denuncia en la localidad, que nos deriva el problema a la provincia, y entonces acudimos a controlar para establecer si ese municipio tiene una demarcación clara de la zona de exclusión de fumigación. Y si no, lo que le queda a cualquier ciudadano, tal como pasó en San Jorge, es acudir a la justicia.
--¿Usted considera que se debe cambiar la ley para evitar la discrecionalidad en cada pueblo en delimitar la zona de exclusión de fumigación?
--Este es lo que estamos buscando con esta mesa de trabajo multidisciplinario. Además, los nuevos proyectos que están en la Lagislatura fijan criterios más severos para delimitar la zona, al igual que un mayor control de los aplicadores de los fitosanitarios, sobre todo de las fumigación aérea, así como el tratamiento de los envases de los agroquímicos.
--De acuerdo a los estudios que manejan ¿Qué consecuencias tiene el uso del glifosato sobe las personas y la naturaleza?.
--Lo que se puede decir es que no hay estudios que demuestren efectos negativos en el corto plazo del glifosato, en las dosis que deberían manejarse. Pero todas estas cuestiones deben tratarse con mucho cuidado, porque puede tener efectos negativos a largo plazo aunque sea en dosis bajas. No hay estudios, me remito a los dichos del especialista Raúl Montenegro.
--¿Se va a encarar algún estudio específico sobre el riesgo que corre la gente que está en contacto con el glifosato, aunque sea en dosis bajas, durante largos períodos de tiempo?
--No, la idea no es hacer un estudio epidemiológico. La mesa de trabajo multidisciplinaria trabaja con las leyes vigentes, para definir una estrategia, y al mismo tiempo atendemos los reclamos de los vecinos.
--¿Medio ambiente va realizar el suyo?
--Ya lo estamos haciendo: estamos realizando uno específico sobre el efecto del glifosato sobre los yacarés.
-- ¿Y sobre el impacto del glifosato sobre el medio ambiente?
--Es muy complejo porque este producto tiene un alto nivel de degradación, se degrada muy rápido. Por eso no se encuentra en el agua o en el suelo. Y a raíz de ello intentamos medirlo en seres vivos.
Fecha de Publicación: 27/03/2009
Fuente: Notife
Provincia/Región: Santa Fe
El secretario del Area, César Mackler, afirmó que se debe prohibir la fumigación terrestre a menos de 150 metros de las viviendas, y la aérea a menos de 300. Apuntan a cambiar la normativa, que permite fijar el radio a los intendentes.
"Creo que no habría que fumigar a menos de 150 metros de cualquier viviendas en el caso de fumigaciones terrestres y a 300 metros cuando es aérea. Lo que ocurre es que la ley 11.273 no fija límites, los deja en manos de intendentes y presidentes comunales. Por eso vamos a intentar cambiar la ley". La definición corre por cuenta de César Mackler, secretario de Medio Ambiente provincial, quien desde hace siete meses participa en una mesa junto a las carteras de Trabajo, Salud y Producción para discutir el alcance de una nueva norma. Sin embargo, el funcionario advierte un límite claro, al indicar que "es justamente este modelo (que asocia soja con glifosato) el que de algún modo ha sacado adelante al país".
En diálogo con Rosario/12, Mackler recuerda que "la ley 11.273 indica que cada municipio debe fijar el radio en torno de su éjido en donde no deben fumigarse. En verdad algunos lo han cumplido y otro no lo han hecho. Ahora hay varios proyectos en las cámaras donde se habla de distancias específicas". Esto ha derivado en que cada localidad tenga actitudes dispares: "algunos intendentes se pusieron muy fuertes y dijeron 'dentro de este sector no se puede fumigar'. Pero en lugares más chicos, donde el presidente de comuna se conoce con todos, le resulta difícil aplicar el radio, porque le pone un tope a este cultivo intensivo, como a la sociedad entre soja y glifosato. Esto no debería pasar, pero es una realidad", indica Mackler.
El Secretario de Medio Ambiente aclara que en rigor la autoridad de aplicación de la ley de fitosanitarios que rige entre otros los agroquímicos es el Ministerio de la Producción. "El tema fitosanitario no queda sólo en la fumigación, porque también está el tema de la fosfina, el producto para evitar el gorgojo en el cereal" aclara Mackler.
--¿Que defensa tiene hoy un ciudadano de esta provincia cuando alguien fumiga a escasos metros de su casa?
--La primera es la denuncia en la localidad, que nos deriva el problema a la provincia, y entonces acudimos a controlar para establecer si ese municipio tiene una demarcación clara de la zona de exclusión de fumigación. Y si no, lo que le queda a cualquier ciudadano, tal como pasó en San Jorge, es acudir a la justicia.
--¿Usted considera que se debe cambiar la ley para evitar la discrecionalidad en cada pueblo en delimitar la zona de exclusión de fumigación?
--Este es lo que estamos buscando con esta mesa de trabajo multidisciplinario. Además, los nuevos proyectos que están en la Lagislatura fijan criterios más severos para delimitar la zona, al igual que un mayor control de los aplicadores de los fitosanitarios, sobre todo de las fumigación aérea, así como el tratamiento de los envases de los agroquímicos.
--De acuerdo a los estudios que manejan ¿Qué consecuencias tiene el uso del glifosato sobe las personas y la naturaleza?.
--Lo que se puede decir es que no hay estudios que demuestren efectos negativos en el corto plazo del glifosato, en las dosis que deberían manejarse. Pero todas estas cuestiones deben tratarse con mucho cuidado, porque puede tener efectos negativos a largo plazo aunque sea en dosis bajas. No hay estudios, me remito a los dichos del especialista Raúl Montenegro.
--¿Se va a encarar algún estudio específico sobre el riesgo que corre la gente que está en contacto con el glifosato, aunque sea en dosis bajas, durante largos períodos de tiempo?
--No, la idea no es hacer un estudio epidemiológico. La mesa de trabajo multidisciplinaria trabaja con las leyes vigentes, para definir una estrategia, y al mismo tiempo atendemos los reclamos de los vecinos.
--¿Medio ambiente va realizar el suyo?
--Ya lo estamos haciendo: estamos realizando uno específico sobre el efecto del glifosato sobre los yacarés.
-- ¿Y sobre el impacto del glifosato sobre el medio ambiente?
--Es muy complejo porque este producto tiene un alto nivel de degradación, se degrada muy rápido. Por eso no se encuentra en el agua o en el suelo. Y a raíz de ello intentamos medirlo en seres vivos.
Jornadas sobre Derecho y Medio Ambiente
Comenzó la Jornada sobre Derecho y Medio Ambiente
Fecha de Publicación: 26/03/2009
Fuente: ANB
Provincia/Región: Nacional
La vinculación del derecho y el medio ambiente comenzaron a ser analizadas en las primeras jornadas de derecho ambiental que se desarrollan en Bariloche organizadas por entidades ambientalistas.
“Brindamos una herramienta para pedir al Estado cuando desordena el equilibrio que tenemos. Existen acciones útiles para preservar el medio ambiente como el amparo colectivo o individual. Cada acción individual se logra para la protección de miles de personas”, explicó Augusto Zárate, referente del Colegio de Abogados de Rosario, quien disertará en las jornadas.
El evento se extenderá hasta el viernes con diversas charlas y exposiciones de juristas en el edificio de Tribunales de Bariloche.
Las charlas organizadas por las organizaciones de Vecinos en Defensa de Bahía Serena, autoconvocados por las costas libres y la asociación Arbol de Pié incluyen en el temario el análisis de la ley general de ambiente, los principios ambientales, las características más importantes de estos aspectos y la generación de “conciencia ambiental”.
Por su parte, Enrique Viale, presidente de la asociación de abogados ambientalistas del país, destacó la lucha de las organizaciones barilochenses y apuntó que en esta ciudad “se da en la práctica lo que vemos en los libros”.
El abogado disertará sobre el ordenamiento jurídico ante el nuevo derecho ambiental, el acceso, goce y uso de los bienes comunes y el entorno natural, entre otros ejes temáticos.
Fecha de Publicación: 26/03/2009
Fuente: ANB
Provincia/Región: Nacional
La vinculación del derecho y el medio ambiente comenzaron a ser analizadas en las primeras jornadas de derecho ambiental que se desarrollan en Bariloche organizadas por entidades ambientalistas.
“Brindamos una herramienta para pedir al Estado cuando desordena el equilibrio que tenemos. Existen acciones útiles para preservar el medio ambiente como el amparo colectivo o individual. Cada acción individual se logra para la protección de miles de personas”, explicó Augusto Zárate, referente del Colegio de Abogados de Rosario, quien disertará en las jornadas.
El evento se extenderá hasta el viernes con diversas charlas y exposiciones de juristas en el edificio de Tribunales de Bariloche.
Las charlas organizadas por las organizaciones de Vecinos en Defensa de Bahía Serena, autoconvocados por las costas libres y la asociación Arbol de Pié incluyen en el temario el análisis de la ley general de ambiente, los principios ambientales, las características más importantes de estos aspectos y la generación de “conciencia ambiental”.
Por su parte, Enrique Viale, presidente de la asociación de abogados ambientalistas del país, destacó la lucha de las organizaciones barilochenses y apuntó que en esta ciudad “se da en la práctica lo que vemos en los libros”.
El abogado disertará sobre el ordenamiento jurídico ante el nuevo derecho ambiental, el acceso, goce y uso de los bienes comunes y el entorno natural, entre otros ejes temáticos.
Controlan incendio forestal en la Patagonia
Tras diez días, Argentina controla incendio forestal en la Patagonia
Fecha de Publicación: 25/03/2009
Fuente: EFE
Provincia/Región: Neuquén
La Administración de Parques Nacionales de Argentina declaró hoy "controlado" el incendio desatado hace diez días en 1.500 hectáreas de bosques de una zona de la Patagonia vecina a Chile, a cuyas autoridades agradeció la ayuda para sofocar las llamas.
"Técnicamente, el estado 'controlado' implica garantías de que el fuego no podrá extenderse más allá de los bordes" del área boscosa del cerro Tromen, en el Parque Nacional Lanín "aunque aún hay algunos focos activos" dentro de la zona afectada, indicó el organismo en un comunicado.
El incendio se desató el pasado 15 de marzo y en los primeros días arrasó con unas 500 hectáreas de bosques, según información que la Administración de Parques Nacionales no ha actualizado.
Brigadas de bomberos se han concentrado en proteger una serie de zonas del bosque que no han sido afectadas por el fuego, mientras que otras combaten los focos que permanecen activos, apuntó.
El ente señaló que se ha rehabilitado el tránsito en el paso Mamuil Malal, entre Argentina y Chile a través de la cordillera de Los Andes, pero "se mantiene la prohibición" para las actividades turísticas, la pesca deportiva y el montañismo en el cerro Tromen.
El organismo destacó y agradeció la ayuda de brigadas de bomberos enviadas por la Corporación Forestal Nacional de Chile, que han regresado a su país.
La ayuda chilena también fue agradecida por el gobernador de la provincia argentina de Neuquén, Jorge Sapag, quien hizo hincapié en que la colaboración de bomberos de los dos países ha permitido "salvar valiosas especies" nativas de los bosques patagónicos.
Fecha de Publicación: 25/03/2009
Fuente: EFE
Provincia/Región: Neuquén
La Administración de Parques Nacionales de Argentina declaró hoy "controlado" el incendio desatado hace diez días en 1.500 hectáreas de bosques de una zona de la Patagonia vecina a Chile, a cuyas autoridades agradeció la ayuda para sofocar las llamas.
"Técnicamente, el estado 'controlado' implica garantías de que el fuego no podrá extenderse más allá de los bordes" del área boscosa del cerro Tromen, en el Parque Nacional Lanín "aunque aún hay algunos focos activos" dentro de la zona afectada, indicó el organismo en un comunicado.
El incendio se desató el pasado 15 de marzo y en los primeros días arrasó con unas 500 hectáreas de bosques, según información que la Administración de Parques Nacionales no ha actualizado.
Brigadas de bomberos se han concentrado en proteger una serie de zonas del bosque que no han sido afectadas por el fuego, mientras que otras combaten los focos que permanecen activos, apuntó.
El ente señaló que se ha rehabilitado el tránsito en el paso Mamuil Malal, entre Argentina y Chile a través de la cordillera de Los Andes, pero "se mantiene la prohibición" para las actividades turísticas, la pesca deportiva y el montañismo en el cerro Tromen.
El organismo destacó y agradeció la ayuda de brigadas de bomberos enviadas por la Corporación Forestal Nacional de Chile, que han regresado a su país.
La ayuda chilena también fue agradecida por el gobernador de la provincia argentina de Neuquén, Jorge Sapag, quien hizo hincapié en que la colaboración de bomberos de los dos países ha permitido "salvar valiosas especies" nativas de los bosques patagónicos.
Aumenta la contaminación costera
Advierten que aumenta la contaminación costera
Fecha de Publicación: 24/03/2009
Fuente: Diario Jornada - Agencia CyTA / Instituto Leloir
Provincia/Región: Nacional
Con cerca de 5 mil kilómetros de costa extendiéndose desde el estuario del Río de la Plata hasta el Canal Beagle, la Argentina se ubica entre los 25 países con mayor longitud de línea de costa. Del total de kilómetros, 3.400 kilómetros corresponden a la Patagonia.
Por ser un lugar remoto y de baja densidad demográfica, las costas del sur argentino están entre las mejor conservadas del mundo. Sin embargo, esta situación está cambiando debido al aumento de la población y del desarrollo industrial.
“Los efectos de las aglomeraciones urbanas se manifiestan con claridad en el entorno, terrestre, marino o atmosférico. Las costas de la Patagonia han estado sufriendo los efectos de un crecimiento demográfico e industrial cada vez más acelerado. Lamentablemente, este desarrollo en general es desordenado y ocurre sin planificación ni análisis previos, casi invariablemente con una notoria falta de infraestructura y capacidad de manejo”, señala José Luis Esteves, doctor en Oceanología, investigador independiente del Conicet del Centro Nacional Patagónico (Cenpat) y profesor de Oceanografía Química de la Universidad Nacional de la Patagonia.
Problemas
Uno de los principales problemas que enfrentan los municipios costeros está referido al manejo del ambiente. “El tratamiento de efluentes líquidos y la gestión integrada de los residuos sólidos constituyen aspectos insoslayables que deben ser enfrentados con una particular dedicación. Se debe maximizar el manejo de los efluentes urbanos, crudos o provenientes de plantas de tratamiento, ya que es uno de los principales déficit a los que se enfrenta cualquier localidad de la zona costera”, destaca Esteves, quien también es miembro fundador de la Fundación Patagonia Natural (FPN), una ong relacionada con la conservación en la Patagonia.
En casi toda la región patagónica, la relación precipitación-evaporación llega a ser de 1 en 10. “El déficit de agua extremo obliga a repensar la estrategia de tratamiento y reuso del agua. En este sentido, solamente la ciudad de Puerto Madryn lleva adelante programas de tratamiento y reutilización integral del agua tratada urbana, luego de pasar por la planta de tratamiento de efluentes líquidos cloacales sin vuelco al mar “, indica el experto en contaminación marina y procesos microbiológicos asociados a los sedimentos marinos.
Según asegura Esteves, en las bahías de Ushuaia, Encerrada y Golondrina, ubicadas sobre la margen norte del canal Beagle, en donde se asienta la ciudad de Ushuaia, se ha detectado contaminación urbana por líquidos cloacales, con aporte – entre otros contaminantes- de nutrientes que son incorporados por macro o microalgas en la zona costera. “Se ha recomendado a este municipio intensificar los estudios ambientales analizando los distintos componentes tróficos de la bahía”, señala el especialista.
Los residuos sólidos urbanos como la basura de origen doméstico, comercial e industrial, han incrementado su poder contaminante, asegura Esteves. “Hoy se detectan fácilmente metales pesados, plaguicidas, productos químicos y materiales no degradables en las costas. Constituyen un problema crítico, cuya solución recae de manera principal en los municipios”, asegura el experto.
Parte de la información actualizada relativa al estado de gran parte de las costas del país surgió a partir del Segundo Censo Argentino de Contaminación Costera que se desarrolló en septiembre de 2007 y que abarcó desde la localidad de San Clemente del Tuyú, en la provincia de Buenos Aires, hasta la ciudad de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego. “Se relevaron, en un único día, 2.300 kilómetros sobre los 4.230 kilómetros totales. El objetivo fue evaluar el estado de contaminación de la costa mediante la acción colectiva de 3.400 voluntarios, coordinados por organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, entre ellas Prefectura Naval Argentina, Gendarmería Nacional, Ministerios, Secretarías y Direcciones provinciales responsables del ambiente y municipalidades.
Según ese censo, los plásticos dominaron el espectro de todos los materiales observados. En sectores inhabitados o con muy baja densidad de población, el origen de los residuos fue predominantemente pesquero. También hay otros resultados de estudios de evaluación ambiental que fueron elaborados por investigadores de Cenpat y de FPN.
Otro factor que amenaza al mar argentino es el tráfico marítimo entre puertos patagónicos y los de la provincia de Buenos Aires. “El petróleo crudo, que se traslada desde las zonas de explotación hasta las refinerías, es el principal producto transportado por esta vía. Esto genera potenciales riesgos de contaminación en la zona costera. Desde 2003, hubo un crecimiento sostenido de la actividad petrolera que se amplificará por las recientes concesiones marinas como las cuencas Colorado Marina, Golfo San Jorge y Austral. Esto obligará a extremar las precauciones para evitar impactos negativos de esta actividad”, subraya Esteves.
La situación es aún más compleja si se tiene en cuenta que existe una falta importante de información concerniente a las sustancias tóxicas persistentes (STP) derivadas de muchos de los plaguicidas clorados y clorobifenilos, que si bien fueron prohibidos continúan en la naturaleza.
“Por otra parte, el agricultor no es siempre conciente de los efectos negativos que significan un exceso en la dosis de plaguicidas o el destino final que tienen los recipientes que los contienen. Se requieren campañas de educación en diferentes niveles de la sociedad para comprender el significado de su efecto en la naturaleza”, afirma Esteves.
Tratamiento de residuos
Con respecto a los residuos sólidos urbanos, Esteves puntualiza que su recolección y disposición se consideran como un gasto en el presupuesto comunal. “Sin embargo, mediante las nuevas tecnologías de tratamiento pueden convertirse en un recurso económico”, aclara y continúa: “Una correcta gestión de desechos domésticos comprendería el reciclado de los elementos inorgánicos, el compostado de la parte orgánica, es decir, la transformación química y biológica de material orgánico biodegradable, la lombricultura como una transformación de ese material orgánico en humus y el relleno sanitario, esto es la disposición final de una mínima parte de los residuos que no tienen hoy aplicación económica rentable directa”.
Tanto en la Comunidad Económica Europea como en Estados Unidos, las actividades dedicadas a residuos sólidos urbanos tales como la eliminación, el tratamiento, el reciclado y la comercialización dan mano de obra a algunos millones de habitantes y representan negocios millonarios también, destaca el experto. Y agrega: “Algunas localidades de Argentina han llegado a transformar estos basurales en verdaderos emprendimientos productivos ya sea desde un punto de vista económico como social que han repercutido positivamente en la comunidad y su entorno. Ya que los residuos sólidos urbanos son tratados principalmente por los municipios, deberían ser estos quienes enfrenten la tarea”.
En ese sentido Esteves refirió que el Engirsu (Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos) “es el mecanismo que está poniéndose en marcha en este sentido”.
Tareas pendientes
Para un adecuado desarrollo sustentable del litoral argentino deben imaginarse acciones concurrentes entre los municipios, las provincias y la nación. “La Prefectura Naval Argentina tiene incumbencia directa o delegada por las provincias en la zona marítima. A través de ella, se han generado ordenanzas marítimas que contribuyen significativamente a un cambio en las actitudes humanas referidas al ambiente”, destaca Esteves.
Y agrega: “Entre otras ordenanzas, se ha modificado la ruta de buques autorizados a transportar hidrocarburos o sustancias nocivas líquidas; se han definido áreas de protección especial a lo largo de la costa argentina, con prohibiciones de vertidos de residuos y sustancias que afecten al ambiente”.
No hay legislación general referida al tipo de tratamiento de agua que debe llevar adelante cada ciudad costera en vistas a su vertido al mar. Las legislaciones provinciales exigen determinadas condiciones para el vertido a cuerpos de agua (lagos, ríos, mares), aunque no hay acuerdos entre ellas. “Tampoco hay legislaciones claras sobre el tratamiento de los residuos urbanos. Los impactos repercuten sobre el entorno marino adyacente y corresponde a los municipios exigir el mejor tratamiento”, describe Esteves.
“Las decisiones ambientales trascienden siempre los tiempos políticos. En consecuencia estas acciones y la legislación ambiental que las avala deberían ser definidas con la participación comunitaria, basada en un conocimiento científico y técnico de sus impactos”, concluye el experto.
Fecha de Publicación: 24/03/2009
Fuente: Diario Jornada - Agencia CyTA / Instituto Leloir
Provincia/Región: Nacional
Con cerca de 5 mil kilómetros de costa extendiéndose desde el estuario del Río de la Plata hasta el Canal Beagle, la Argentina se ubica entre los 25 países con mayor longitud de línea de costa. Del total de kilómetros, 3.400 kilómetros corresponden a la Patagonia.
Por ser un lugar remoto y de baja densidad demográfica, las costas del sur argentino están entre las mejor conservadas del mundo. Sin embargo, esta situación está cambiando debido al aumento de la población y del desarrollo industrial.
“Los efectos de las aglomeraciones urbanas se manifiestan con claridad en el entorno, terrestre, marino o atmosférico. Las costas de la Patagonia han estado sufriendo los efectos de un crecimiento demográfico e industrial cada vez más acelerado. Lamentablemente, este desarrollo en general es desordenado y ocurre sin planificación ni análisis previos, casi invariablemente con una notoria falta de infraestructura y capacidad de manejo”, señala José Luis Esteves, doctor en Oceanología, investigador independiente del Conicet del Centro Nacional Patagónico (Cenpat) y profesor de Oceanografía Química de la Universidad Nacional de la Patagonia.
Problemas
Uno de los principales problemas que enfrentan los municipios costeros está referido al manejo del ambiente. “El tratamiento de efluentes líquidos y la gestión integrada de los residuos sólidos constituyen aspectos insoslayables que deben ser enfrentados con una particular dedicación. Se debe maximizar el manejo de los efluentes urbanos, crudos o provenientes de plantas de tratamiento, ya que es uno de los principales déficit a los que se enfrenta cualquier localidad de la zona costera”, destaca Esteves, quien también es miembro fundador de la Fundación Patagonia Natural (FPN), una ong relacionada con la conservación en la Patagonia.
En casi toda la región patagónica, la relación precipitación-evaporación llega a ser de 1 en 10. “El déficit de agua extremo obliga a repensar la estrategia de tratamiento y reuso del agua. En este sentido, solamente la ciudad de Puerto Madryn lleva adelante programas de tratamiento y reutilización integral del agua tratada urbana, luego de pasar por la planta de tratamiento de efluentes líquidos cloacales sin vuelco al mar “, indica el experto en contaminación marina y procesos microbiológicos asociados a los sedimentos marinos.
Según asegura Esteves, en las bahías de Ushuaia, Encerrada y Golondrina, ubicadas sobre la margen norte del canal Beagle, en donde se asienta la ciudad de Ushuaia, se ha detectado contaminación urbana por líquidos cloacales, con aporte – entre otros contaminantes- de nutrientes que son incorporados por macro o microalgas en la zona costera. “Se ha recomendado a este municipio intensificar los estudios ambientales analizando los distintos componentes tróficos de la bahía”, señala el especialista.
Los residuos sólidos urbanos como la basura de origen doméstico, comercial e industrial, han incrementado su poder contaminante, asegura Esteves. “Hoy se detectan fácilmente metales pesados, plaguicidas, productos químicos y materiales no degradables en las costas. Constituyen un problema crítico, cuya solución recae de manera principal en los municipios”, asegura el experto.
Parte de la información actualizada relativa al estado de gran parte de las costas del país surgió a partir del Segundo Censo Argentino de Contaminación Costera que se desarrolló en septiembre de 2007 y que abarcó desde la localidad de San Clemente del Tuyú, en la provincia de Buenos Aires, hasta la ciudad de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego. “Se relevaron, en un único día, 2.300 kilómetros sobre los 4.230 kilómetros totales. El objetivo fue evaluar el estado de contaminación de la costa mediante la acción colectiva de 3.400 voluntarios, coordinados por organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, entre ellas Prefectura Naval Argentina, Gendarmería Nacional, Ministerios, Secretarías y Direcciones provinciales responsables del ambiente y municipalidades.
Según ese censo, los plásticos dominaron el espectro de todos los materiales observados. En sectores inhabitados o con muy baja densidad de población, el origen de los residuos fue predominantemente pesquero. También hay otros resultados de estudios de evaluación ambiental que fueron elaborados por investigadores de Cenpat y de FPN.
Otro factor que amenaza al mar argentino es el tráfico marítimo entre puertos patagónicos y los de la provincia de Buenos Aires. “El petróleo crudo, que se traslada desde las zonas de explotación hasta las refinerías, es el principal producto transportado por esta vía. Esto genera potenciales riesgos de contaminación en la zona costera. Desde 2003, hubo un crecimiento sostenido de la actividad petrolera que se amplificará por las recientes concesiones marinas como las cuencas Colorado Marina, Golfo San Jorge y Austral. Esto obligará a extremar las precauciones para evitar impactos negativos de esta actividad”, subraya Esteves.
La situación es aún más compleja si se tiene en cuenta que existe una falta importante de información concerniente a las sustancias tóxicas persistentes (STP) derivadas de muchos de los plaguicidas clorados y clorobifenilos, que si bien fueron prohibidos continúan en la naturaleza.
“Por otra parte, el agricultor no es siempre conciente de los efectos negativos que significan un exceso en la dosis de plaguicidas o el destino final que tienen los recipientes que los contienen. Se requieren campañas de educación en diferentes niveles de la sociedad para comprender el significado de su efecto en la naturaleza”, afirma Esteves.
Tratamiento de residuos
Con respecto a los residuos sólidos urbanos, Esteves puntualiza que su recolección y disposición se consideran como un gasto en el presupuesto comunal. “Sin embargo, mediante las nuevas tecnologías de tratamiento pueden convertirse en un recurso económico”, aclara y continúa: “Una correcta gestión de desechos domésticos comprendería el reciclado de los elementos inorgánicos, el compostado de la parte orgánica, es decir, la transformación química y biológica de material orgánico biodegradable, la lombricultura como una transformación de ese material orgánico en humus y el relleno sanitario, esto es la disposición final de una mínima parte de los residuos que no tienen hoy aplicación económica rentable directa”.
Tanto en la Comunidad Económica Europea como en Estados Unidos, las actividades dedicadas a residuos sólidos urbanos tales como la eliminación, el tratamiento, el reciclado y la comercialización dan mano de obra a algunos millones de habitantes y representan negocios millonarios también, destaca el experto. Y agrega: “Algunas localidades de Argentina han llegado a transformar estos basurales en verdaderos emprendimientos productivos ya sea desde un punto de vista económico como social que han repercutido positivamente en la comunidad y su entorno. Ya que los residuos sólidos urbanos son tratados principalmente por los municipios, deberían ser estos quienes enfrenten la tarea”.
En ese sentido Esteves refirió que el Engirsu (Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos) “es el mecanismo que está poniéndose en marcha en este sentido”.
Tareas pendientes
Para un adecuado desarrollo sustentable del litoral argentino deben imaginarse acciones concurrentes entre los municipios, las provincias y la nación. “La Prefectura Naval Argentina tiene incumbencia directa o delegada por las provincias en la zona marítima. A través de ella, se han generado ordenanzas marítimas que contribuyen significativamente a un cambio en las actitudes humanas referidas al ambiente”, destaca Esteves.
Y agrega: “Entre otras ordenanzas, se ha modificado la ruta de buques autorizados a transportar hidrocarburos o sustancias nocivas líquidas; se han definido áreas de protección especial a lo largo de la costa argentina, con prohibiciones de vertidos de residuos y sustancias que afecten al ambiente”.
No hay legislación general referida al tipo de tratamiento de agua que debe llevar adelante cada ciudad costera en vistas a su vertido al mar. Las legislaciones provinciales exigen determinadas condiciones para el vertido a cuerpos de agua (lagos, ríos, mares), aunque no hay acuerdos entre ellas. “Tampoco hay legislaciones claras sobre el tratamiento de los residuos urbanos. Los impactos repercuten sobre el entorno marino adyacente y corresponde a los municipios exigir el mejor tratamiento”, describe Esteves.
“Las decisiones ambientales trascienden siempre los tiempos políticos. En consecuencia estas acciones y la legislación ambiental que las avala deberían ser definidas con la participación comunitaria, basada en un conocimiento científico y técnico de sus impactos”, concluye el experto.
Críticas al Gobierno por los plaguicidas
Plaguicidas: "La complicidad llega hasta las entrañas del gobierno"
Fecha de Publicación: 23/03/2009
Fuente: La Capital (Santa Fe)
Provincia/Región: Nacional
Los plaguicidas se usan indiscriminadamente en muchas zonas. Contaminan a personas que transitan rutas o que viven en áreas cercanas a los campos.
Tras intervenir en la elaboración de un informe técnico para el recurso de amparo que concedió la Justicia en San Jorge para proteger a vecinos de la aspersión de agroquímicos, el titular de la Fundación para el Desarrollo (Funam), Raúl Montenegro, explicó a La Capital los efectos de los plaguicidas en la población y atribuyó complicidades al gobierno.
Montenegro, biólogo y profesor de biología evolutiva humana de la Universidad Nacional de Córdoba, en 1994 fue distinguido en el Parlamento sueco como Premio Nobel Alternativo por sus tareas en defensa del ambiente. Participó en el caso San Jorge en la fundamentación del pedido de amparo para la inmediata suspensión de las aspersiones y en la elaboración de un informe que la abogada Gabriela Ferrer elevó al juez Tristán Martínez, quien dio curso al amparo interpuesto por vecinos y el Centro para la Protección de la Naturaleza (Cepronat).
En 2006 disertó sobre los efectos de los plaguicidas ante alumnos secundarios de Las Petacas. Allí, y alertados por los conocimientos que incorporaron, varios menores reconocieron que trabajaban como banderilleros humanos, contratados o para ayudar a sus padres, propietarios de los campos sembrados.
Para Montenegro, "el de San Jorge, como otros casos en el país, son excepcionales. La mayoría de las poblaciones en la zona agraria sigue bajo pulverización de agroquímicos, sin mecanismos de protección. El amparo judicial es bienvenido pero falta muchísimo por recorrer para evitar que ocurra en todas las poblaciones".
—¿Cómo cree que ayudará en estos temas la creación de la Comisión para la Investigación, que decretó la presidenta Cristina Fernández, en enero?
—La problemática con los agroquímicos llegó a este punto por la ausencia total del Estado. Es otro signo de desentendimiento de las autoridades sanitarias y ambientales de las provincias y la Nación. Nunca se llega al fondo, que es fijar los daños que producen a las personas la exposición a pequeñas dosis de plaguicidas, para luego implementar mecanismos serios de preservación. La decisión presidencial es chica y no guarda relación con lo que está pasando en el país.
—¿Los agrónomos saben del impacto de los plaguicidas?
—No. Ellos son parte del sistema que controla efectos en dosis masivas de plaguicidas. Es abrumador ver que los agrónomos no tiene datos técnicos suficiente sobre los efectos que generan en humanos las bajas y permanentes dosis de tóxicos. Los plaguicidas como 2,4-D, glifosato y endosulfán tienen en su formulación sustancias cloradas que actúan sobre el organismo como si fueran hormonas. La legislación argentina está preparada para los casos de intoxicaciones agudas pero no contempla la circunstancia de quienes se enferman por la exposición a bajas dosis en tiempos prolongados. Con ese vacío, en ningún momento se relacionan las muertes o las enfermedades con los marbetes de los plaguicidas que indican que son de baja toxicidad, pero no anuncia que son disruptores endocrinos. Es una verdadera tragedia porque quien recibe esta contaminación y sufre ruptura en el sistema hormonal puede desencadenar enfermedades tan numerosas como disímiles.
—¿Se puede medir el daño?
—No existen estudios o registros públicos de mortalidad. Si doy un ejemplo patético puedo decir que sería como si el gobierno tuviera complicidad con Monsanto. Al no hacer estudios epidemiológicos no se puede fijar cuántas personas mueren o sufren enfermedades relativas a agroquímicos. De ser así, se sabría el efecto de éstos.
—¿Es difícil saber el grado de contaminación?
—Hay que dividirlo en dos. Una es la contaminación histórica de su propio organismo. Si hacemos una muestra de sangre de alguien que vive en un departamento en el centro de la ciudad es muy probable que le hallemos DDT, sus derivados y otro tipo de contaminantes que hoy están prohibidos, pero en décadas pasadas se usaron. Luego fueron transferidos por vía placentaria o mamaria a las siguientes generaciones. Quienes viven en zonas expuestas a los agroquímicos, suman los efectos contaminantes y ese cóctel químico potencia las propiedades de modificar el sistema endocrino. No basta con tener ver los efectos contaminantes de los agroquímicos actuales.
—¿El sistema de salud está preparado para afrontar las consecuencias de plaguicidas?
—Los médicos son los primeros que detectan enfermedades y síntomas, pero al no haber epidemiología no tienen base científica para atribuir las causas directamente.
—¿Cuál es la salida?
—Mientras se conside más importante la codicia de productores y de grandes empresas, sólo quedan recursos como el de San Jorge. La gente desesperada pide a la Justicia que interceda pues nadie la defiende. El Estado mira para otro lado, los jefes comunales suelen ser productores o no quieren perder la simpatía del agro. Hay casos como el de Alfredo De Angeli en Entre Ríos, que pelea contra una pastera pero contamina a sus vecinos. La complicidad entre la codicia y los sectores de interés llega hasta las entrañas del gobierno.
—¿De modo que queda mucho camino por recorrer?
—Sí. No puedo olvidar los casos de niños bañados por plaguicidas o el de Colonia Tirolesa (Córdoba), en el que prepararon un cóctel químico para el sembrado al lado de una escuela y casi muere un niño por intoxicación aguda. Advierto a las autoridades que no tenemos todo el tiempo, no se puede esperar que los profesionales asuman su incompetencia o generen nuevos mecanismos de aprendizaje para enfrentar efectos de las bajas dosis. Al no saberlo, son cómplices silenciosos.
Fecha de Publicación: 23/03/2009
Fuente: La Capital (Santa Fe)
Provincia/Región: Nacional
Los plaguicidas se usan indiscriminadamente en muchas zonas. Contaminan a personas que transitan rutas o que viven en áreas cercanas a los campos.
Tras intervenir en la elaboración de un informe técnico para el recurso de amparo que concedió la Justicia en San Jorge para proteger a vecinos de la aspersión de agroquímicos, el titular de la Fundación para el Desarrollo (Funam), Raúl Montenegro, explicó a La Capital los efectos de los plaguicidas en la población y atribuyó complicidades al gobierno.
Montenegro, biólogo y profesor de biología evolutiva humana de la Universidad Nacional de Córdoba, en 1994 fue distinguido en el Parlamento sueco como Premio Nobel Alternativo por sus tareas en defensa del ambiente. Participó en el caso San Jorge en la fundamentación del pedido de amparo para la inmediata suspensión de las aspersiones y en la elaboración de un informe que la abogada Gabriela Ferrer elevó al juez Tristán Martínez, quien dio curso al amparo interpuesto por vecinos y el Centro para la Protección de la Naturaleza (Cepronat).
En 2006 disertó sobre los efectos de los plaguicidas ante alumnos secundarios de Las Petacas. Allí, y alertados por los conocimientos que incorporaron, varios menores reconocieron que trabajaban como banderilleros humanos, contratados o para ayudar a sus padres, propietarios de los campos sembrados.
Para Montenegro, "el de San Jorge, como otros casos en el país, son excepcionales. La mayoría de las poblaciones en la zona agraria sigue bajo pulverización de agroquímicos, sin mecanismos de protección. El amparo judicial es bienvenido pero falta muchísimo por recorrer para evitar que ocurra en todas las poblaciones".
—¿Cómo cree que ayudará en estos temas la creación de la Comisión para la Investigación, que decretó la presidenta Cristina Fernández, en enero?
—La problemática con los agroquímicos llegó a este punto por la ausencia total del Estado. Es otro signo de desentendimiento de las autoridades sanitarias y ambientales de las provincias y la Nación. Nunca se llega al fondo, que es fijar los daños que producen a las personas la exposición a pequeñas dosis de plaguicidas, para luego implementar mecanismos serios de preservación. La decisión presidencial es chica y no guarda relación con lo que está pasando en el país.
—¿Los agrónomos saben del impacto de los plaguicidas?
—No. Ellos son parte del sistema que controla efectos en dosis masivas de plaguicidas. Es abrumador ver que los agrónomos no tiene datos técnicos suficiente sobre los efectos que generan en humanos las bajas y permanentes dosis de tóxicos. Los plaguicidas como 2,4-D, glifosato y endosulfán tienen en su formulación sustancias cloradas que actúan sobre el organismo como si fueran hormonas. La legislación argentina está preparada para los casos de intoxicaciones agudas pero no contempla la circunstancia de quienes se enferman por la exposición a bajas dosis en tiempos prolongados. Con ese vacío, en ningún momento se relacionan las muertes o las enfermedades con los marbetes de los plaguicidas que indican que son de baja toxicidad, pero no anuncia que son disruptores endocrinos. Es una verdadera tragedia porque quien recibe esta contaminación y sufre ruptura en el sistema hormonal puede desencadenar enfermedades tan numerosas como disímiles.
—¿Se puede medir el daño?
—No existen estudios o registros públicos de mortalidad. Si doy un ejemplo patético puedo decir que sería como si el gobierno tuviera complicidad con Monsanto. Al no hacer estudios epidemiológicos no se puede fijar cuántas personas mueren o sufren enfermedades relativas a agroquímicos. De ser así, se sabría el efecto de éstos.
—¿Es difícil saber el grado de contaminación?
—Hay que dividirlo en dos. Una es la contaminación histórica de su propio organismo. Si hacemos una muestra de sangre de alguien que vive en un departamento en el centro de la ciudad es muy probable que le hallemos DDT, sus derivados y otro tipo de contaminantes que hoy están prohibidos, pero en décadas pasadas se usaron. Luego fueron transferidos por vía placentaria o mamaria a las siguientes generaciones. Quienes viven en zonas expuestas a los agroquímicos, suman los efectos contaminantes y ese cóctel químico potencia las propiedades de modificar el sistema endocrino. No basta con tener ver los efectos contaminantes de los agroquímicos actuales.
—¿El sistema de salud está preparado para afrontar las consecuencias de plaguicidas?
—Los médicos son los primeros que detectan enfermedades y síntomas, pero al no haber epidemiología no tienen base científica para atribuir las causas directamente.
—¿Cuál es la salida?
—Mientras se conside más importante la codicia de productores y de grandes empresas, sólo quedan recursos como el de San Jorge. La gente desesperada pide a la Justicia que interceda pues nadie la defiende. El Estado mira para otro lado, los jefes comunales suelen ser productores o no quieren perder la simpatía del agro. Hay casos como el de Alfredo De Angeli en Entre Ríos, que pelea contra una pastera pero contamina a sus vecinos. La complicidad entre la codicia y los sectores de interés llega hasta las entrañas del gobierno.
—¿De modo que queda mucho camino por recorrer?
—Sí. No puedo olvidar los casos de niños bañados por plaguicidas o el de Colonia Tirolesa (Córdoba), en el que prepararon un cóctel químico para el sembrado al lado de una escuela y casi muere un niño por intoxicación aguda. Advierto a las autoridades que no tenemos todo el tiempo, no se puede esperar que los profesionales asuman su incompetencia o generen nuevos mecanismos de aprendizaje para enfrentar efectos de las bajas dosis. Al no saberlo, son cómplices silenciosos.
Tucumán está rodeada de basurales
San Miguel de Tucumán está rodeada de basurales
Fecha de Publicación: 23/03/2009
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán
La plaza Independencia quedaría bajo 1,5 metro de basura si se depositasen allí todos los residuos sólidos urbanos que fueron arrojados en los alrededores de la capital. Galería de Imágenes y Videos.
La problemática de los residuos sólidos urbanos (RSU) ha vuelto al ruedo de la polémica. La Legislatura modificó la ley sobre la gestión de la basura y devolvió a las municipalidades su responsabilidad respecto de la disposición final, aún en contra del airado rechazo del intendente de la capital, Domingo Amaya. Y el viernes, el secretario de Ambiente de la Nación, Homero Bibiloni, advirtió que ese traspaso fracasará si no hay un presupuesto acorde. Ahora bien, si el contexto político respecto de esta cuestión se encuentra enrarecido, el contexto geográfico está varias veces más contaminado.
Un relevamiento realizado por LA GACETA muestra que San Miguel de Tucumán está rodeada por un cordón de basurales a cielo abierto, cuyo volumen de RSU es tal que podrían cubrir plaza Independencia con una altura de 1,5 metro. Esta basura tiene origen en los municipios de Famaillá, Tafí Viejo y San Isidro de Lules, más las comunas de El Manantial y San Pablo, que arrojan a diario en vaciaderos a cielo abierto 165.000 kilos de RSU. Con eso, en dos semanas, el principal paseo público de la provincia desaparecería bajo una montaña informe y pestilente de desechos.
En estas toneladas de basura puede encontrarse de todo. Desde pañales descartables hasta restos de comida, envases de plástico, latas, carcasas de computadoras y de electrodomésticos. Y, lo más grave, también se hallan resIduos patógenos, capaces de afectar la salud de las poblaciones cercanas.
En las cinco administraciones mencionadas, los RSU no reciben ningún tipo de tratamiento. Los camiones llegan a los vaciaderos, descargan los desechos y en cuestión de segundos, familias completas buscan algo que les sirva, ya sea para vender en el mercado de los reciclados (papel, plásticos, vidrios y metales) o para comer.
Debido a numerosas denuncias vecinales, LA GACETA estuvo en los cinco predios en donde se arrojan estos desechos y constató, en dos ocasiones, que no se les efectúan los procesamientos adecuados, por lo que conservan un alto poder contaminante.
Postales de otro país
El predio de tres hectáreas que arrienda el municipio de Famaillá se encuentra a 15 minutos del centro de esa ciudad, hacia el este, y a 100 metros del río homónimo. Hasta allí se llevan unas cinco toneladas diarias de desechos. El hedor es insoportable y, mientras mujeres, niños y hombres separan algo que les pueda servir, una máquina del municipio procura tapar con tierra la apestosa descarga.
“Hace mucho que vengo: busco algo que sirva para dar de comer a mis animales. Llego temprano para estar cuando vienen los camiones y, por suerte, nunca me enfermé”, sostuvo César Olmos, quien recuerda en voz alta que alguna vez tuvo empleo y un sueldo. Con mirada esquiva, vestido con lo que alguna vez fue ropa de trabajo, confiesa que nunca imaginó que ahora subsistiría de lo que otros desechan.
Esta realidad no es desconocida por las autoridades municipales. “Lo que se hace hoy es insuficiente, por eso compramos un terreno de cinco hectáreas en donde haremos una planta de clasificación y crearemos una cooperativa para organizar a quienes aprovechan lo reciclable. Por ahora, sólo tapamos los desechos con tierra”, manifestó el secretario de Obras y Servicios Públicos famaillense, Carlos Bouriek.
Cerca de la Quebrada
San Isidro de Lules envía el 80 % de sus RSU a la planta procesadora de Pacará Pintado. El resto va a parar a un terreno ubicado a 200 metros del puente carretero. La presencia de este basural ya provocó problemas de salud a las familias pobres que viven a sólo 200 metros de allí. De esto dan fe Paola Lobo y Dolores Cuello: los hijos de ambas sufrieron afecciones en la piel.
“Estamos cansadas: reclamamos pero nadie nos escucha. Los olores son insoportables y es peor cuando queman la basura. A veces, debimos apagar el fuego, porque se acercaba a las casas”, contó una. “Siempre discutimos con los choferes de los camiones, pero ellos no tienen la culpa”, admitió la otra.
Los ojos de Dolores reflejan el enojo y la impotencia que sienten al tener que vivir a metros del vaciadero. “Es terrible. Tenemos que estar pendientes todo el día de que nuestros niños no se acerquen a las montañas de basura. Esto no es vida y no podemos irnos porque somos pobres y vivimos aquí desde hace muchos años”, señaló.
Cuando este diario consultó sobre esta situación al subsecretario de Obras Públicas del municipio luleño, Luis Cipriano, él manifestó que desconocía lo que estaba sucediendo. “Haré las consultas y luego me comunicaré con ustedes. Hace poco que asumí en el cargo”, dijo. LA GACETA intentó contactar a funcionarios de rango superior, pero ninguno dio respuestas.
En medio de las moscas
Las comunas de San Pablo y El Manantial arrojan los desperdicios que recogen a diario en un mismo terreno de la localidad de Ohuanta. Las imágenes de ese basural resultan impactantes. Se obtienen de tres hectáreas de basura esparcida a cielo abierto, sin tratamiento alguno, y con decenas de personas encima, sin ninguna protección, esperando la carga infestada que llega en un camión o en un tractor con acoplado. Mientras LA GACETA estuvo allí, dos camiones -uno de El Manantial y otro de San Pablo- descargaron sus residuos allí.
Sin descanso, la faena de los “recicladores” se hace a destajo, con miles de moscas zumbando y revoloteando alrededor. Es la rapidez lo que diferencia a uno de otro. Los más veloces no pierden tiempo en separar lo que sirve de lo desechable. En la categoría de lo que puede ser útil se incluye desde lo que puede venderse ahora a bajo precio hasta lo que puede recuperarse para el uso familiar. Entre estas últimas cosas hay utensilios, ropa, calzado e incluso, alimentos desechados por otros.
“Vivo aquí desde hace dos años: no tengo luz, ni agua, ni nada. Mucho menos tengo un trabajo decente. Con lo que junto, le doy de comer a mi familia. Nadie nos tiene en cuenta”, confesó Juan José Galván, un hombre entrado en años, con el rostro y las manos curtidas por la basura. Su precaria casa, a metros de las montañas de RSU, carece de los más básicos servicios y sólo le garantiza ser el primero cada vez que llega un camión.
“Se hace lo que se puede”, dice el comisionado comunal de El Manantial, Héctor Ferreira. “Alquilamos el terreno junto con San Pablo y estamos rellenando cavas. Desinfectamos el lugar una vez al mes, pero no alcanza. Es insuficiente pero no puedo hacer otra cosa, por eso estamos trabajando para mejorar la situación, con el asesoramiento de la Secretaría de Medio Ambiente de la Provincia”, afirmó.
Por su parte, el delegado comunal de San Pablo, Daniel Castro, precisó que el acuerdo por el arrendamiento de ese terreno fue firmó durante la gestión anterior, cuando el comisionado era Marcos Ruiz. “En nuestro caso, el alquiler es pagado por Citrusvil, que colabora con la comuna haciendo ese aporte”, agregó.
Vertedero taficeño
Un camino vecinal permite acceder al terreno donde el municipio de Tafí Viejo lleva la basura. El inmueble dista dos kilómetros del emprendimiento habitacional Lomas de Tafí, hacia el oeste. Este terreno cuenta con cerca perimetral, iluminación y casilla de vigilancia.
“Dejó de ser un vaciadero y lo transformamos en un vertedero. Los camiones ingresan y llevan el RSU a un lugar predeterminado. Luego, los recolectores informales separan todo lo que pueden reciclar. Posteriormente, una máquina cargadora mezcla con tierra lo que queda y eso se deposita en unas cavas. Finalmente, sobre ese material se arroja más tierra, así reducimos su acción contaminante”, detalló Carmen Serpa, secretaria de Obras Públicas del municipio taficeño.
Sin embargo, ese trabajo es insuficiente según Norberto Primo, de la asociación ecologista ProEco, de Tafí Viejo, entidad que realizó un trabajo de caracterización de estos residuos.
“La actividad puede estar ordenada, pero el material no es tratado adecuadamente. Se sigue contaminando y poniendo en riesgo a la población”, explicó.
“Vamos bien”
El deficiente tratamiento de la basura en estas administraciones es conocido por el Secretario de Medio Ambiente de la Provincia, Alfredo Montalván.
“El año pasado capacitamos a personal de municipios y comunas sobre cómo deben tratar los desechos. Por esa razón, este año deben diseñar un plan para convertir los vaciaderos en vertederos controlados. Eso es lo que estamos haciendo en Tafí Viejo, lo que pusimos en marcha en el predio de El Manantial y de San Pablo, y lo que esperamos hacer en Famaillá. Es una tarea a largo plazo y compleja, en la que necesitaremos de la ayuda de la Nación, y creo que vamos bien”, analizó.
Estadísticas y definiciones
- VOLUMENES.- Entre los 60.000 habitantes de Tafí Viejo, los 50.000 de Famaillá, los 30.000 de El Manantial, los 15.000 de San Pablo y los 30.000 Lules, se generan a diario 156.000 kilos de basura.
- LIQUIDOS LIXIVIADOS.- Están compuestos por benceno, tolueno, cloruro de vinilo, xileno, arsénico, cadmio, plomo, mercurio y tricloroetileno. Pueden afectar el sistema nervioso central y periférico, el inmunológico y los aparatos gastrointestinal, respiratorio, renal y hepático, según la OMS.
- EFECTOS DE LOS GASES.- Los gases de los basureros están compuestos por metano, dióxido de carbono y mercurio. Estos pueden afectar los aparatos respiratorio, cardiovascular, más daños renales y hepáticos.
- RESIDUOS PATOGENOS.- Son los derivados de actividades sanitarias y proceden de hospitales, clínicas, laboratorios de análisis clínicos y laboratorios de investigaciones biológicas. Estos residuos se caracterizan por la presencia tanto de gérmenes patógenos como de restos de medicamentos.
- RESIDUOS DOMICILIARIOS.- Se presentan en dimensiones manejables y generalmente en recipientes más o menos normalizados (bolsas y contenedores) Comprenden los residuos procedentes de viviendas, de la limpieza de calles y veredas, de zonas verdes y de los establecimientos industriales y comerciales cuando son asimilables a los residuos domiciliarios (por ejemplo: material de oficina y restos de comedores de empresas) .
- RESIDUOS INDUSTRIALES.- Son generados en cualquier actividad industrial y deben depositarse en recipientes adecuados, debido a que –en general- está prohibido su vertido en el alcantarillado público, en el suelo, en el subsuelo y en los cauces de ríos.
Fecha de Publicación: 23/03/2009
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán
La plaza Independencia quedaría bajo 1,5 metro de basura si se depositasen allí todos los residuos sólidos urbanos que fueron arrojados en los alrededores de la capital. Galería de Imágenes y Videos.
La problemática de los residuos sólidos urbanos (RSU) ha vuelto al ruedo de la polémica. La Legislatura modificó la ley sobre la gestión de la basura y devolvió a las municipalidades su responsabilidad respecto de la disposición final, aún en contra del airado rechazo del intendente de la capital, Domingo Amaya. Y el viernes, el secretario de Ambiente de la Nación, Homero Bibiloni, advirtió que ese traspaso fracasará si no hay un presupuesto acorde. Ahora bien, si el contexto político respecto de esta cuestión se encuentra enrarecido, el contexto geográfico está varias veces más contaminado.
Un relevamiento realizado por LA GACETA muestra que San Miguel de Tucumán está rodeada por un cordón de basurales a cielo abierto, cuyo volumen de RSU es tal que podrían cubrir plaza Independencia con una altura de 1,5 metro. Esta basura tiene origen en los municipios de Famaillá, Tafí Viejo y San Isidro de Lules, más las comunas de El Manantial y San Pablo, que arrojan a diario en vaciaderos a cielo abierto 165.000 kilos de RSU. Con eso, en dos semanas, el principal paseo público de la provincia desaparecería bajo una montaña informe y pestilente de desechos.
En estas toneladas de basura puede encontrarse de todo. Desde pañales descartables hasta restos de comida, envases de plástico, latas, carcasas de computadoras y de electrodomésticos. Y, lo más grave, también se hallan resIduos patógenos, capaces de afectar la salud de las poblaciones cercanas.
En las cinco administraciones mencionadas, los RSU no reciben ningún tipo de tratamiento. Los camiones llegan a los vaciaderos, descargan los desechos y en cuestión de segundos, familias completas buscan algo que les sirva, ya sea para vender en el mercado de los reciclados (papel, plásticos, vidrios y metales) o para comer.
Debido a numerosas denuncias vecinales, LA GACETA estuvo en los cinco predios en donde se arrojan estos desechos y constató, en dos ocasiones, que no se les efectúan los procesamientos adecuados, por lo que conservan un alto poder contaminante.
Postales de otro país
El predio de tres hectáreas que arrienda el municipio de Famaillá se encuentra a 15 minutos del centro de esa ciudad, hacia el este, y a 100 metros del río homónimo. Hasta allí se llevan unas cinco toneladas diarias de desechos. El hedor es insoportable y, mientras mujeres, niños y hombres separan algo que les pueda servir, una máquina del municipio procura tapar con tierra la apestosa descarga.
“Hace mucho que vengo: busco algo que sirva para dar de comer a mis animales. Llego temprano para estar cuando vienen los camiones y, por suerte, nunca me enfermé”, sostuvo César Olmos, quien recuerda en voz alta que alguna vez tuvo empleo y un sueldo. Con mirada esquiva, vestido con lo que alguna vez fue ropa de trabajo, confiesa que nunca imaginó que ahora subsistiría de lo que otros desechan.
Esta realidad no es desconocida por las autoridades municipales. “Lo que se hace hoy es insuficiente, por eso compramos un terreno de cinco hectáreas en donde haremos una planta de clasificación y crearemos una cooperativa para organizar a quienes aprovechan lo reciclable. Por ahora, sólo tapamos los desechos con tierra”, manifestó el secretario de Obras y Servicios Públicos famaillense, Carlos Bouriek.
Cerca de la Quebrada
San Isidro de Lules envía el 80 % de sus RSU a la planta procesadora de Pacará Pintado. El resto va a parar a un terreno ubicado a 200 metros del puente carretero. La presencia de este basural ya provocó problemas de salud a las familias pobres que viven a sólo 200 metros de allí. De esto dan fe Paola Lobo y Dolores Cuello: los hijos de ambas sufrieron afecciones en la piel.
“Estamos cansadas: reclamamos pero nadie nos escucha. Los olores son insoportables y es peor cuando queman la basura. A veces, debimos apagar el fuego, porque se acercaba a las casas”, contó una. “Siempre discutimos con los choferes de los camiones, pero ellos no tienen la culpa”, admitió la otra.
Los ojos de Dolores reflejan el enojo y la impotencia que sienten al tener que vivir a metros del vaciadero. “Es terrible. Tenemos que estar pendientes todo el día de que nuestros niños no se acerquen a las montañas de basura. Esto no es vida y no podemos irnos porque somos pobres y vivimos aquí desde hace muchos años”, señaló.
Cuando este diario consultó sobre esta situación al subsecretario de Obras Públicas del municipio luleño, Luis Cipriano, él manifestó que desconocía lo que estaba sucediendo. “Haré las consultas y luego me comunicaré con ustedes. Hace poco que asumí en el cargo”, dijo. LA GACETA intentó contactar a funcionarios de rango superior, pero ninguno dio respuestas.
En medio de las moscas
Las comunas de San Pablo y El Manantial arrojan los desperdicios que recogen a diario en un mismo terreno de la localidad de Ohuanta. Las imágenes de ese basural resultan impactantes. Se obtienen de tres hectáreas de basura esparcida a cielo abierto, sin tratamiento alguno, y con decenas de personas encima, sin ninguna protección, esperando la carga infestada que llega en un camión o en un tractor con acoplado. Mientras LA GACETA estuvo allí, dos camiones -uno de El Manantial y otro de San Pablo- descargaron sus residuos allí.
Sin descanso, la faena de los “recicladores” se hace a destajo, con miles de moscas zumbando y revoloteando alrededor. Es la rapidez lo que diferencia a uno de otro. Los más veloces no pierden tiempo en separar lo que sirve de lo desechable. En la categoría de lo que puede ser útil se incluye desde lo que puede venderse ahora a bajo precio hasta lo que puede recuperarse para el uso familiar. Entre estas últimas cosas hay utensilios, ropa, calzado e incluso, alimentos desechados por otros.
“Vivo aquí desde hace dos años: no tengo luz, ni agua, ni nada. Mucho menos tengo un trabajo decente. Con lo que junto, le doy de comer a mi familia. Nadie nos tiene en cuenta”, confesó Juan José Galván, un hombre entrado en años, con el rostro y las manos curtidas por la basura. Su precaria casa, a metros de las montañas de RSU, carece de los más básicos servicios y sólo le garantiza ser el primero cada vez que llega un camión.
“Se hace lo que se puede”, dice el comisionado comunal de El Manantial, Héctor Ferreira. “Alquilamos el terreno junto con San Pablo y estamos rellenando cavas. Desinfectamos el lugar una vez al mes, pero no alcanza. Es insuficiente pero no puedo hacer otra cosa, por eso estamos trabajando para mejorar la situación, con el asesoramiento de la Secretaría de Medio Ambiente de la Provincia”, afirmó.
Por su parte, el delegado comunal de San Pablo, Daniel Castro, precisó que el acuerdo por el arrendamiento de ese terreno fue firmó durante la gestión anterior, cuando el comisionado era Marcos Ruiz. “En nuestro caso, el alquiler es pagado por Citrusvil, que colabora con la comuna haciendo ese aporte”, agregó.
Vertedero taficeño
Un camino vecinal permite acceder al terreno donde el municipio de Tafí Viejo lleva la basura. El inmueble dista dos kilómetros del emprendimiento habitacional Lomas de Tafí, hacia el oeste. Este terreno cuenta con cerca perimetral, iluminación y casilla de vigilancia.
“Dejó de ser un vaciadero y lo transformamos en un vertedero. Los camiones ingresan y llevan el RSU a un lugar predeterminado. Luego, los recolectores informales separan todo lo que pueden reciclar. Posteriormente, una máquina cargadora mezcla con tierra lo que queda y eso se deposita en unas cavas. Finalmente, sobre ese material se arroja más tierra, así reducimos su acción contaminante”, detalló Carmen Serpa, secretaria de Obras Públicas del municipio taficeño.
Sin embargo, ese trabajo es insuficiente según Norberto Primo, de la asociación ecologista ProEco, de Tafí Viejo, entidad que realizó un trabajo de caracterización de estos residuos.
“La actividad puede estar ordenada, pero el material no es tratado adecuadamente. Se sigue contaminando y poniendo en riesgo a la población”, explicó.
“Vamos bien”
El deficiente tratamiento de la basura en estas administraciones es conocido por el Secretario de Medio Ambiente de la Provincia, Alfredo Montalván.
“El año pasado capacitamos a personal de municipios y comunas sobre cómo deben tratar los desechos. Por esa razón, este año deben diseñar un plan para convertir los vaciaderos en vertederos controlados. Eso es lo que estamos haciendo en Tafí Viejo, lo que pusimos en marcha en el predio de El Manantial y de San Pablo, y lo que esperamos hacer en Famaillá. Es una tarea a largo plazo y compleja, en la que necesitaremos de la ayuda de la Nación, y creo que vamos bien”, analizó.
Estadísticas y definiciones
- VOLUMENES.- Entre los 60.000 habitantes de Tafí Viejo, los 50.000 de Famaillá, los 30.000 de El Manantial, los 15.000 de San Pablo y los 30.000 Lules, se generan a diario 156.000 kilos de basura.
- LIQUIDOS LIXIVIADOS.- Están compuestos por benceno, tolueno, cloruro de vinilo, xileno, arsénico, cadmio, plomo, mercurio y tricloroetileno. Pueden afectar el sistema nervioso central y periférico, el inmunológico y los aparatos gastrointestinal, respiratorio, renal y hepático, según la OMS.
- EFECTOS DE LOS GASES.- Los gases de los basureros están compuestos por metano, dióxido de carbono y mercurio. Estos pueden afectar los aparatos respiratorio, cardiovascular, más daños renales y hepáticos.
- RESIDUOS PATOGENOS.- Son los derivados de actividades sanitarias y proceden de hospitales, clínicas, laboratorios de análisis clínicos y laboratorios de investigaciones biológicas. Estos residuos se caracterizan por la presencia tanto de gérmenes patógenos como de restos de medicamentos.
- RESIDUOS DOMICILIARIOS.- Se presentan en dimensiones manejables y generalmente en recipientes más o menos normalizados (bolsas y contenedores) Comprenden los residuos procedentes de viviendas, de la limpieza de calles y veredas, de zonas verdes y de los establecimientos industriales y comerciales cuando son asimilables a los residuos domiciliarios (por ejemplo: material de oficina y restos de comedores de empresas) .
- RESIDUOS INDUSTRIALES.- Son generados en cualquier actividad industrial y deben depositarse en recipientes adecuados, debido a que –en general- está prohibido su vertido en el alcantarillado público, en el suelo, en el subsuelo y en los cauces de ríos.
Monitoreo del agua en la Cuenca del Plata
Por primera vez habrá un monitoreo integral y conjunto de la calidad del agua en la Cuenca del Plata
Fecha de Publicación: 22/03/2009
Fuente: Clarin
Provincia/Región: Nacional
El Programa Marco, un plan oficial que involucra a Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay, asegura estudios y acciones para proteger los recursos hídricos. Se controlará también el impacto de la desertificación, de los agroquímicos, la explotación de los acuíferos, sequías e inundaciones.
Con desigual sustento científico, los pronósticos de escasez de agua aparecen cada vez más cercanos. Y aunque América latina es rica en recursos, preocupa la falta de estadísticas y sistemas de monitoreo, que vuelven flacas las intenciones para enfrentar al desafiante cambió climático. De allí la importancia del Programa Marco para la Gestión Sostenible de los Recursos Hídricos de la Cuenca del Plata, un ambicioso proyecto que involucra a la Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay, que permitirá el estudio y manejo integral de los recursos hídricos compartidos.
"Este es un punto de inflexión", se entusiasma Miguel Ángel López, secretario general del Comité Intergubernamental Coordinador de la Cuenca del Plata (CIC), el organismo que timonea el programa. Controlar la calidad del agua, el impacto de la deforestación y la explotación de los acuíferos son algunas de las premisas. "Para nosotros es fundamental, porque estamos aguas abajo y cualquier problema repercute directamente", grafica la ingeniera Ana Mugetti, presidenta del Instituto Argentino de Recursos Hídricos.
Un crédito millonario que se viene tramitando desde hace ocho años, y que saldría en el segundo semestre del año, abonará una inversión total de 60 millones de dólares. "El aporte principal lo hará el GEF (Fondo Mundial para el Medio Ambiente) con 10.8 millones de dólares", confió López. El programa asegura que por 5 años se va a monitorear la calidad del agua en más de 40 parámetros, haciendo foco en los recursos transfronterizos.
La Cuenca del Plata, con una extensión de 3.1 millones de Km2 es el quinto sistema hídrico más importante del mundo. Por su importancia y sus riesgos, el Reporte Mundial del Desarrollo del Agua le acaba de dedicar un apéndice completo. "Como consecuencia del cambio climático, la magnitud y la frecuencia de los eventos hidrológicos se han incrementado en esta región, corazón económico de Sudamérica", avisa el informe presentado en el Foro Mundial del Agua, que cierra hoy en Estambul, Turquía.
"La red de monitoreo de calidad de agua de la cuenca del Plata no está funcionando. Si pasa algo, muchas veces nos enteramos por el diario", dice Mugetti. Aunque cada uno de los países tiene sus propios sistemas de control y seguimiento, la gran falencia ha sido la ausencia de planificación conjunta. "Los recursos hídricos no conocen fronteras, una contaminación que se produce en la naciente del Río Paraguay afecta a todos los países", ejemplifica López. Y rescata: "Esa visión conjunta es fundamental".
El ingeniero Juan Borús, a cargo del control hídrico por el Instituto Nacional del Agua, muestra especial preocupación por los problemas que puedan traer la deforestación y el corrimiento de la frontera agrícola. "Hace unos días tuvimos una lluvia de 220 mm que produjo una suba muy rápida del Paraná, casi 64 cm. Esa es la máxima variación histórica desde 1902 y es producto de los cambios en el uso del suelo", estimó Borús. Y explicó: "Es mayor el porcentaje de agua que no se escurre, esa agua va hacia el río y lo hace mucho más rápido".
Borús también sigue de cerca la creciente demanda de energía eléctrica, otro punto clave en la gestión de la Cuenca. El potencial hidroeléctrico de la región sigue siendo alto (en 2006 se estimaba en 92.000 MW) pero el 60 por ciento ya ha sido utilizado. "Estamos frente a otro año seco, hay que estar muy atentos la generación de energía", dice Boruz. El foco también está puesto en los proyectos mineros, cuyos diques de cola, embalses a los que van a parar los resididos del proceso extractivo, siempre son una amenaza. "Aunque el pasivo ambiental de las minas viene de la época de la colonia, hay que seguir de cerca el tema", dijo Mugetti.
Sistemas de predicción hidroclimática, monitoreo de la calidad del agua, gestión de aguas subterráneas (acuíferos), control de la degradación de la tierra, gestión de la biodiversidad son algunos de los objetivos primigenios del Programa Marco. "Hay una gran variabilidad del clima, no podemos preveer que va a pasar en con un horizonte mayor a los dos meses, y esa es una gran limitación", dice Borús. El cambio climático exacerba los ánimos y muchos eventos ambientales irrumpen impredecibles. "Urge tomar medidas conjuntas, o su sufriremos las consecuencias", alertó López.
Fecha de Publicación: 22/03/2009
Fuente: Clarin
Provincia/Región: Nacional
El Programa Marco, un plan oficial que involucra a Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay, asegura estudios y acciones para proteger los recursos hídricos. Se controlará también el impacto de la desertificación, de los agroquímicos, la explotación de los acuíferos, sequías e inundaciones.
Con desigual sustento científico, los pronósticos de escasez de agua aparecen cada vez más cercanos. Y aunque América latina es rica en recursos, preocupa la falta de estadísticas y sistemas de monitoreo, que vuelven flacas las intenciones para enfrentar al desafiante cambió climático. De allí la importancia del Programa Marco para la Gestión Sostenible de los Recursos Hídricos de la Cuenca del Plata, un ambicioso proyecto que involucra a la Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay, que permitirá el estudio y manejo integral de los recursos hídricos compartidos.
"Este es un punto de inflexión", se entusiasma Miguel Ángel López, secretario general del Comité Intergubernamental Coordinador de la Cuenca del Plata (CIC), el organismo que timonea el programa. Controlar la calidad del agua, el impacto de la deforestación y la explotación de los acuíferos son algunas de las premisas. "Para nosotros es fundamental, porque estamos aguas abajo y cualquier problema repercute directamente", grafica la ingeniera Ana Mugetti, presidenta del Instituto Argentino de Recursos Hídricos.
Un crédito millonario que se viene tramitando desde hace ocho años, y que saldría en el segundo semestre del año, abonará una inversión total de 60 millones de dólares. "El aporte principal lo hará el GEF (Fondo Mundial para el Medio Ambiente) con 10.8 millones de dólares", confió López. El programa asegura que por 5 años se va a monitorear la calidad del agua en más de 40 parámetros, haciendo foco en los recursos transfronterizos.
La Cuenca del Plata, con una extensión de 3.1 millones de Km2 es el quinto sistema hídrico más importante del mundo. Por su importancia y sus riesgos, el Reporte Mundial del Desarrollo del Agua le acaba de dedicar un apéndice completo. "Como consecuencia del cambio climático, la magnitud y la frecuencia de los eventos hidrológicos se han incrementado en esta región, corazón económico de Sudamérica", avisa el informe presentado en el Foro Mundial del Agua, que cierra hoy en Estambul, Turquía.
"La red de monitoreo de calidad de agua de la cuenca del Plata no está funcionando. Si pasa algo, muchas veces nos enteramos por el diario", dice Mugetti. Aunque cada uno de los países tiene sus propios sistemas de control y seguimiento, la gran falencia ha sido la ausencia de planificación conjunta. "Los recursos hídricos no conocen fronteras, una contaminación que se produce en la naciente del Río Paraguay afecta a todos los países", ejemplifica López. Y rescata: "Esa visión conjunta es fundamental".
El ingeniero Juan Borús, a cargo del control hídrico por el Instituto Nacional del Agua, muestra especial preocupación por los problemas que puedan traer la deforestación y el corrimiento de la frontera agrícola. "Hace unos días tuvimos una lluvia de 220 mm que produjo una suba muy rápida del Paraná, casi 64 cm. Esa es la máxima variación histórica desde 1902 y es producto de los cambios en el uso del suelo", estimó Borús. Y explicó: "Es mayor el porcentaje de agua que no se escurre, esa agua va hacia el río y lo hace mucho más rápido".
Borús también sigue de cerca la creciente demanda de energía eléctrica, otro punto clave en la gestión de la Cuenca. El potencial hidroeléctrico de la región sigue siendo alto (en 2006 se estimaba en 92.000 MW) pero el 60 por ciento ya ha sido utilizado. "Estamos frente a otro año seco, hay que estar muy atentos la generación de energía", dice Boruz. El foco también está puesto en los proyectos mineros, cuyos diques de cola, embalses a los que van a parar los resididos del proceso extractivo, siempre son una amenaza. "Aunque el pasivo ambiental de las minas viene de la época de la colonia, hay que seguir de cerca el tema", dijo Mugetti.
Sistemas de predicción hidroclimática, monitoreo de la calidad del agua, gestión de aguas subterráneas (acuíferos), control de la degradación de la tierra, gestión de la biodiversidad son algunos de los objetivos primigenios del Programa Marco. "Hay una gran variabilidad del clima, no podemos preveer que va a pasar en con un horizonte mayor a los dos meses, y esa es una gran limitación", dice Borús. El cambio climático exacerba los ánimos y muchos eventos ambientales irrumpen impredecibles. "Urge tomar medidas conjuntas, o su sufriremos las consecuencias", alertó López.
Aguas malditas
Aguas malditas
Fecha de Publicación: 22/03/2009
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
En el Día Mundial del Agua, un informe muestra que la situación en el país y alerta sobre problemas para conseguir este bien preciado en el futuro
El agua verde que sale de la manguera brilla a borbotones y llena enseguida el vaso de vidrio; el motor toce y bombea lo que sale de las entrañas de la tierra, en el barrio San Ignacio, de Esteban Echeverría; también está perforando su engranaje. La historia se repite en cientos de casas a la redonda, y no hace falta que estén al lado del contaminado arroyo Ortega, la contaminación, dicen los vecinos, serpentea las napas desde hace décadas.
Esta situación apenas es una muestra ínfima del problema de la falta de agua potable en nuestro país y no es que sea algo nuevo: todos lo saben.
¿Acaso no es el Riachuelo un emblema en el planeta de la desidia y el desdén hacia el medio ambiente que protagonizó -como el arroyo Ortega y otros espejos de agua- infinidad de promesas políticas?
El Día Mundial del Agua, que se celebra hoy, encuentra a la Argentina inmersa en un problema crónico. Pisotea los derechos reconocidos y consagrados por nuestro país en diferentes tratados internacionales y que tienen jerarquía constitucional.
En diálogo con lanacion.com, el ingeniero Jorge Maza, responsable de la gerencia de Programas y Proyectos del Instituto Nacional del Agua, precisó que las zonas del país con mayores problemas son las áridas. "Son las que no tienen agua y, justamente, las de menor desarrollo económico", agregó. Y se refirió, también, a la mala calidad de este recurso, algo que afecta la salud de esas poblaciones.
En el mundo, la realidad no es mucho más alentadora. Según un informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre el desarrollo de los recursos hídricos mundiales, unos 1100 millones de personas en todo el globo carecen de instalaciones para el abastecimiento de agua potable y cerca de 2500 millones no tienen acceso a sistemas de saneamiento.
Los factores más visibles se refieren al acelerado crecimiento de la población, el consumo excesivo y la degradación de la calidad del agua como consecuencia del cambio climático y la contaminación. Mientras la demanda aumenta, la cantidad de agua potable por persona disminuye.
En Buenos Aires. Según la Agencia de Planificación, que controla las obras de expansión del servicio de la estatal AySA, habría más de 3 millones de personas que no tienen agua potable de red en la provincia de Buenos Aires.
"Tengo tumores en los riñones y muchos vecinos también. Para tomar agua tengo que comprar bidones que salen 20 pesos y hay gente que no tiene esa plata, toma igual. Hace 40 años que vivo aquí, los políticos siempre prometen el agua y las cloacas, pero nunca cumplen", cuenta Miguel, parado al borde del arroyo lleno de botellas de plástico, animales muertos, basura, deshechos de las curtiembres y quién sabe qué más.
Mientras el sol se va por donde el arroyo se hace más nauseabundo, los chicos parecen ajenos a los riesgos. Sarpudillo, sarna, dolores de cabeza y neumonías son síntomas que ellos ya conocen y forman parte de su entorno.
A veces, dicen entre risas, que juegan con los gusanitos que encuentran en el agua de los pozos de sus casas.
Las perspectivas a corto plazo no son alentadoras. Los cálculos de la ONU indican que, en 2050, 7000 millones de personas aproximadamente en 60 países, sufrirán esta escasez.
Fecha de Publicación: 22/03/2009
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
En el Día Mundial del Agua, un informe muestra que la situación en el país y alerta sobre problemas para conseguir este bien preciado en el futuro
El agua verde que sale de la manguera brilla a borbotones y llena enseguida el vaso de vidrio; el motor toce y bombea lo que sale de las entrañas de la tierra, en el barrio San Ignacio, de Esteban Echeverría; también está perforando su engranaje. La historia se repite en cientos de casas a la redonda, y no hace falta que estén al lado del contaminado arroyo Ortega, la contaminación, dicen los vecinos, serpentea las napas desde hace décadas.
Esta situación apenas es una muestra ínfima del problema de la falta de agua potable en nuestro país y no es que sea algo nuevo: todos lo saben.
¿Acaso no es el Riachuelo un emblema en el planeta de la desidia y el desdén hacia el medio ambiente que protagonizó -como el arroyo Ortega y otros espejos de agua- infinidad de promesas políticas?
El Día Mundial del Agua, que se celebra hoy, encuentra a la Argentina inmersa en un problema crónico. Pisotea los derechos reconocidos y consagrados por nuestro país en diferentes tratados internacionales y que tienen jerarquía constitucional.
En diálogo con lanacion.com, el ingeniero Jorge Maza, responsable de la gerencia de Programas y Proyectos del Instituto Nacional del Agua, precisó que las zonas del país con mayores problemas son las áridas. "Son las que no tienen agua y, justamente, las de menor desarrollo económico", agregó. Y se refirió, también, a la mala calidad de este recurso, algo que afecta la salud de esas poblaciones.
En el mundo, la realidad no es mucho más alentadora. Según un informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre el desarrollo de los recursos hídricos mundiales, unos 1100 millones de personas en todo el globo carecen de instalaciones para el abastecimiento de agua potable y cerca de 2500 millones no tienen acceso a sistemas de saneamiento.
Los factores más visibles se refieren al acelerado crecimiento de la población, el consumo excesivo y la degradación de la calidad del agua como consecuencia del cambio climático y la contaminación. Mientras la demanda aumenta, la cantidad de agua potable por persona disminuye.
En Buenos Aires. Según la Agencia de Planificación, que controla las obras de expansión del servicio de la estatal AySA, habría más de 3 millones de personas que no tienen agua potable de red en la provincia de Buenos Aires.
"Tengo tumores en los riñones y muchos vecinos también. Para tomar agua tengo que comprar bidones que salen 20 pesos y hay gente que no tiene esa plata, toma igual. Hace 40 años que vivo aquí, los políticos siempre prometen el agua y las cloacas, pero nunca cumplen", cuenta Miguel, parado al borde del arroyo lleno de botellas de plástico, animales muertos, basura, deshechos de las curtiembres y quién sabe qué más.
Mientras el sol se va por donde el arroyo se hace más nauseabundo, los chicos parecen ajenos a los riesgos. Sarpudillo, sarna, dolores de cabeza y neumonías son síntomas que ellos ya conocen y forman parte de su entorno.
A veces, dicen entre risas, que juegan con los gusanitos que encuentran en el agua de los pozos de sus casas.
Las perspectivas a corto plazo no son alentadoras. Los cálculos de la ONU indican que, en 2050, 7000 millones de personas aproximadamente en 60 países, sufrirán esta escasez.
Presentan proyecto sobre basura electrónica
Presentan proyecto sobre basura electrónica y ya había uno muy similar
Fecha de Publicación: 21/03/2009
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Santa Fe
Un proyecto para implementar el reciclado de residuos de aparatos electrónicos, presentado por Mario Drisun (Frente Progresista) detonó la polémica en la Cámara de Diputados provincial. Es que Victoria Ramírez, legisladora del bloque Santa Fe Federal, ya había presentado una iniciativa en ese sentido, que fue sancionada el 30 de octubre de 2008.
El proyecto de ley de Ramírez dispone la creación de un programa provincial de reciclado de computadoras para escuelas, fijando como autoridad de aplicación al Ministerio de Educación provincial.
Esa iniciativa había llegado al recinto con el guiño previo de las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación y de Presupuesto y Hacienda del cuerpo.
Lo que cuesta entender es por qué habiendo recorrido todo ese camino parlamentario y teniendo ya media sanción, Drisun presentó ahora un proyecto que tiene muchas similitudes con el de Ramírez. Es más, si Drisun participó del debate en su momento, podría haber sugerido que se anexaran algunos puntos de su iniciativa al de Ramírez.
El plan de la diputada justicialista apunta al reciclado tecnológico de computadoras en desuso donadas por empresas adheridas y organismos públicos para ser utilizadas en el ámbito de Educación.
El de Drisun, en tanto, promueve la reutilización de viejas máquinas para evitar su disposición final en rellenos sanitarios, donde aportan a la contaminación. Proyectos muy similares que llegan en tiempos distintos.
Fecha de Publicación: 21/03/2009
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Santa Fe
Un proyecto para implementar el reciclado de residuos de aparatos electrónicos, presentado por Mario Drisun (Frente Progresista) detonó la polémica en la Cámara de Diputados provincial. Es que Victoria Ramírez, legisladora del bloque Santa Fe Federal, ya había presentado una iniciativa en ese sentido, que fue sancionada el 30 de octubre de 2008.
El proyecto de ley de Ramírez dispone la creación de un programa provincial de reciclado de computadoras para escuelas, fijando como autoridad de aplicación al Ministerio de Educación provincial.
Esa iniciativa había llegado al recinto con el guiño previo de las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación y de Presupuesto y Hacienda del cuerpo.
Lo que cuesta entender es por qué habiendo recorrido todo ese camino parlamentario y teniendo ya media sanción, Drisun presentó ahora un proyecto que tiene muchas similitudes con el de Ramírez. Es más, si Drisun participó del debate en su momento, podría haber sugerido que se anexaran algunos puntos de su iniciativa al de Ramírez.
El plan de la diputada justicialista apunta al reciclado tecnológico de computadoras en desuso donadas por empresas adheridas y organismos públicos para ser utilizadas en el ámbito de Educación.
El de Drisun, en tanto, promueve la reutilización de viejas máquinas para evitar su disposición final en rellenos sanitarios, donde aportan a la contaminación. Proyectos muy similares que llegan en tiempos distintos.
Nuevos monitoreos al embalse de Río Hondo
Nuevos monitoreos de agua en embalse y ríos tributarios
Fecha de Publicación: 20/03/2009
Fuente: Nuevo Diario Web
Provincia/Región: Santiago del Estero - Tucumán
Autoridades de Santiago del Estero y Tucumán realizan el monitoreo de las aguas del embalse de Río Hondo y de los tributarios, con el fin de seguir de cerca la situación de la contaminación que afecta a la cuenca Salí-Dulce.
Así lo informó el director de Medio Ambiente de la Provincia, Juan Carlos Targa, quien señaló que estuvieron recolectando muestras in situ en la zona, en los últimos dos días, aunque ayer el trabajo fue interrumpido porque llovió cuando estaban en el embalse.
Las tareas las realiza personal de la Secretaría del Agua de la vecina provincia y de la Dirección de Medio Ambiente, de la Diosse (Dirección de Obras Sanitarias de Santiago del Estero) y de Saneamiento Ambiental dependiente del Ministerio de Salud.
Tarea periódica
“Esta es una tarea que se viene haciendo periódicamente para tener una idea de cuál es el estado del agua”, indicó Targa.
Al tiempo que aclaró que las muestras no indican el grado de contaminación, ya que saben que existe, sino que permiten hacer una evaluación de los parámetros y comparaciones con muestras anteriores.
Recordó también que trabajan con otros análisis a cargo de la Universidad Nacional, la Universidad de Córdoba y los que realiza la propia hidroeléctrica de Río Hondo todos los meses.
Targa resaltó además que el último domingo se detectó mortandad de peces y malos olores, a la altura del Club Náutico y la Policía Lacustre, aunque en menor grado que veces anteriores.
Sin embargo, destacó como un hecho positivo el importante ingreso a la cuenca de aportes por lluvias, lo que alivia la situación.
En tanto, comentó que seguirán de cerca el comportamiento del embalse en los próximos días, y que la evaluación constante es una muestra de la preocupación que existe por parte de los organismos competentes. Al respecto recalcó que la comisión técnica del Comité de Cuenca volverá a reunirse en los primeros días de abril.
Fecha de Publicación: 20/03/2009
Fuente: Nuevo Diario Web
Provincia/Región: Santiago del Estero - Tucumán
Autoridades de Santiago del Estero y Tucumán realizan el monitoreo de las aguas del embalse de Río Hondo y de los tributarios, con el fin de seguir de cerca la situación de la contaminación que afecta a la cuenca Salí-Dulce.
Así lo informó el director de Medio Ambiente de la Provincia, Juan Carlos Targa, quien señaló que estuvieron recolectando muestras in situ en la zona, en los últimos dos días, aunque ayer el trabajo fue interrumpido porque llovió cuando estaban en el embalse.
Las tareas las realiza personal de la Secretaría del Agua de la vecina provincia y de la Dirección de Medio Ambiente, de la Diosse (Dirección de Obras Sanitarias de Santiago del Estero) y de Saneamiento Ambiental dependiente del Ministerio de Salud.
Tarea periódica
“Esta es una tarea que se viene haciendo periódicamente para tener una idea de cuál es el estado del agua”, indicó Targa.
Al tiempo que aclaró que las muestras no indican el grado de contaminación, ya que saben que existe, sino que permiten hacer una evaluación de los parámetros y comparaciones con muestras anteriores.
Recordó también que trabajan con otros análisis a cargo de la Universidad Nacional, la Universidad de Córdoba y los que realiza la propia hidroeléctrica de Río Hondo todos los meses.
Targa resaltó además que el último domingo se detectó mortandad de peces y malos olores, a la altura del Club Náutico y la Policía Lacustre, aunque en menor grado que veces anteriores.
Sin embargo, destacó como un hecho positivo el importante ingreso a la cuenca de aportes por lluvias, lo que alivia la situación.
En tanto, comentó que seguirán de cerca el comportamiento del embalse en los próximos días, y que la evaluación constante es una muestra de la preocupación que existe por parte de los organismos competentes. Al respecto recalcó que la comisión técnica del Comité de Cuenca volverá a reunirse en los primeros días de abril.
TBA fumiga con un peligroso agroquímico
Fumigan con un peligroso agroquímico
Fecha de Publicación: 20/03/2009
Fuente: Crítica Digital
Provincia/Región: Capital - Buenos Aires
Acusan a TBA y Ferrovías. Pidieron a los legisladores comunales y a la Defensoría del Pueblo que prohíba su utilización. El producto es tóxico para los humanos. Las compañías adujeron que no representa riesgos para la población.
Vecinos y concejales de Vicente López denunciaron que las empresas TBA y Ferrovías utilizan agroquímicos para mantener desmalezadas los terrenos próximos a las vías, que son tóxicos para los humanos. “TBA usa glifosato de Monsanto, mientras que Ferrovías utiliza glifosato de Atanor”, dijo Víctor Freire, integrante del bloque Iniciativa ARI, que presentó un proyecto en el Concejo Deliberante de Vicente López para frenar esa práctica. En TBA admitieron que la sustancia “se utiliza para el control de las malezas”, aunque dijeron que su uso “no genera peligro para la población”.
“El glifosato es considerado tóxico para el ser humano, por lo cual, y para salvaguardar la salud pública, solicitamos su intervención, en pro de hacer cumplir las leyes que prohíben las fumigaciones en zonas urbanas”, afirma el escrito presentado ante el Legislativo comunal.
“Las zonas fumigadas son lindantes a viviendas, comercios y plazas a las que habitualmente asisten niños, los cuales están más expuestos que los adultos”, aseguró la ingeniera agrónoma Patricia Roccatagliata, cuya vivienda se encuentra pegada a las vías del Ferrocarril Mitre.
Convocados por diversas organizaciones comunitarias, los vecinos se manifestaron en varias oportunidades para protestar por el uso del agroquímico.
“Están envenenando la tierra de los terraplenes, las plantas, los animales y los seres humanos; de hecho los obreros de TBA, cada vez que rocían los terraplenes, lo hacen con máscaras”, dijo Héctor Bonacina, integrante del Foro por la Salud y el Ambiente. “Hicimos denuncias ante la Defensoría del Pueblo y ante la empresa ferroviaria, que dijo que el glifosato es un agrotóxico permitido y que lo van a seguir usando. Ahora los vecinos tenemos que ser activos porque está en juego nuestra salud”, agregó Bonacina.
El glifosato es un herbicida total no selectivo de amplio espectro, que tiene como finalidad la eliminación de hierbas y de arbustos. Mata las plantas porque suprime su capacidad de generar aminoácidos aromáticos y es el agrotóxico pilar de la industria sojera. Un informe del Centro de Investigaciones en Biodiversidad y Ambiente (Ecosur), el Hospital Italiano Garibaldi de Rosario, la Universidad Nacional de Rosario, el INTA, el Colegio de Ingenieros Agrónomos y la Federación Agraria Argentina, comprobó la fuerte correlación entre los casos de cáncer, leucemia, lupus y otras graves afecciones halladas en seis pequeños pueblos del área sur y central sojera de Santa Fe, con la localización de las máquinas de fumigación, depósitos de agrotóxicos, silos.
“Muchas de las enfermedades que padecen los vecinos responden a las fumigaciones, práctica que se realiza en buena parte de la provincia de Buenos Aires”, dijo Jorge Eduardo Rulli, miembro fundador del Grupo de Reflexión Rural, y uno de los autores del trabajo.
“Una mañana, al cruzar las vías del ferrocarril, una vecina que llevaba a su bebé y yo fuimos literalmente pulverizadas”, recordó Rocatagliatta. “Los hombres vestían un traje especial, gorro, guantes, barbijo, escafandra y zapatos de seguridad, cuando les pregunté qué tiraban, nos dijeron: ‘Veneno, señora’. Después de cada visita, queda una nube tóxica insoportable”, contó la mujer, que vive al lado de las vías.
“Desde hace un tiempo –agrega la ingeniera agrónoma– venimos observando en el barrio casos de alergias, broncoespasmo y asma. Yo estuve tan mal que, en abril, tuve que faltar unas dos semanas a mi trabajo. Fue luego de una pulverización cuando comencé con irritaciones en las vías respiratorias, ahogo, mareos, dolor de pecho, palpitaciones y sequedad en la boca”, finalizó.
TBA defiende el uso del producto
Con la firma de su responsable de relaciones públicas, Gustavo Gago, la empresa TBA respondió al reclamo de los vecinos confirmando que “en el control de malezas que realiza Trenes de Buenos Aires S.A. en zonas de vías el producto que se utiliza es el glifosato (marca Monsanto), que se aplica diluido y controla malezas”. Según TBA, “el producto no está considerado como agente carcinogénico ni mutagénico y se utiliza en prácticamente todos los cultivos”. La misiva agrega: “La pulverización se hace en forma focalizada en zona de vías, solamente en ciertos períodos del año y en forma espaciada (una o dos veces al mes). Este producto se inactiva rápidamente en contacto con el suelo, su baja volatilidad reduce el peligro de dañar plantaciones y sembrados vecinos y no tiene efecto residual. Dicho herbicida es dosificado mediante la siguiente proporción: en 20 litros de agua se colocan 0,850 litros de herbicida y se produce el rociado mediante la aspersión de la zona de vías con máquinas manuales”.
Fecha de Publicación: 20/03/2009
Fuente: Crítica Digital
Provincia/Región: Capital - Buenos Aires
Acusan a TBA y Ferrovías. Pidieron a los legisladores comunales y a la Defensoría del Pueblo que prohíba su utilización. El producto es tóxico para los humanos. Las compañías adujeron que no representa riesgos para la población.
Vecinos y concejales de Vicente López denunciaron que las empresas TBA y Ferrovías utilizan agroquímicos para mantener desmalezadas los terrenos próximos a las vías, que son tóxicos para los humanos. “TBA usa glifosato de Monsanto, mientras que Ferrovías utiliza glifosato de Atanor”, dijo Víctor Freire, integrante del bloque Iniciativa ARI, que presentó un proyecto en el Concejo Deliberante de Vicente López para frenar esa práctica. En TBA admitieron que la sustancia “se utiliza para el control de las malezas”, aunque dijeron que su uso “no genera peligro para la población”.
“El glifosato es considerado tóxico para el ser humano, por lo cual, y para salvaguardar la salud pública, solicitamos su intervención, en pro de hacer cumplir las leyes que prohíben las fumigaciones en zonas urbanas”, afirma el escrito presentado ante el Legislativo comunal.
“Las zonas fumigadas son lindantes a viviendas, comercios y plazas a las que habitualmente asisten niños, los cuales están más expuestos que los adultos”, aseguró la ingeniera agrónoma Patricia Roccatagliata, cuya vivienda se encuentra pegada a las vías del Ferrocarril Mitre.
Convocados por diversas organizaciones comunitarias, los vecinos se manifestaron en varias oportunidades para protestar por el uso del agroquímico.
“Están envenenando la tierra de los terraplenes, las plantas, los animales y los seres humanos; de hecho los obreros de TBA, cada vez que rocían los terraplenes, lo hacen con máscaras”, dijo Héctor Bonacina, integrante del Foro por la Salud y el Ambiente. “Hicimos denuncias ante la Defensoría del Pueblo y ante la empresa ferroviaria, que dijo que el glifosato es un agrotóxico permitido y que lo van a seguir usando. Ahora los vecinos tenemos que ser activos porque está en juego nuestra salud”, agregó Bonacina.
El glifosato es un herbicida total no selectivo de amplio espectro, que tiene como finalidad la eliminación de hierbas y de arbustos. Mata las plantas porque suprime su capacidad de generar aminoácidos aromáticos y es el agrotóxico pilar de la industria sojera. Un informe del Centro de Investigaciones en Biodiversidad y Ambiente (Ecosur), el Hospital Italiano Garibaldi de Rosario, la Universidad Nacional de Rosario, el INTA, el Colegio de Ingenieros Agrónomos y la Federación Agraria Argentina, comprobó la fuerte correlación entre los casos de cáncer, leucemia, lupus y otras graves afecciones halladas en seis pequeños pueblos del área sur y central sojera de Santa Fe, con la localización de las máquinas de fumigación, depósitos de agrotóxicos, silos.
“Muchas de las enfermedades que padecen los vecinos responden a las fumigaciones, práctica que se realiza en buena parte de la provincia de Buenos Aires”, dijo Jorge Eduardo Rulli, miembro fundador del Grupo de Reflexión Rural, y uno de los autores del trabajo.
“Una mañana, al cruzar las vías del ferrocarril, una vecina que llevaba a su bebé y yo fuimos literalmente pulverizadas”, recordó Rocatagliatta. “Los hombres vestían un traje especial, gorro, guantes, barbijo, escafandra y zapatos de seguridad, cuando les pregunté qué tiraban, nos dijeron: ‘Veneno, señora’. Después de cada visita, queda una nube tóxica insoportable”, contó la mujer, que vive al lado de las vías.
“Desde hace un tiempo –agrega la ingeniera agrónoma– venimos observando en el barrio casos de alergias, broncoespasmo y asma. Yo estuve tan mal que, en abril, tuve que faltar unas dos semanas a mi trabajo. Fue luego de una pulverización cuando comencé con irritaciones en las vías respiratorias, ahogo, mareos, dolor de pecho, palpitaciones y sequedad en la boca”, finalizó.
TBA defiende el uso del producto
Con la firma de su responsable de relaciones públicas, Gustavo Gago, la empresa TBA respondió al reclamo de los vecinos confirmando que “en el control de malezas que realiza Trenes de Buenos Aires S.A. en zonas de vías el producto que se utiliza es el glifosato (marca Monsanto), que se aplica diluido y controla malezas”. Según TBA, “el producto no está considerado como agente carcinogénico ni mutagénico y se utiliza en prácticamente todos los cultivos”. La misiva agrega: “La pulverización se hace en forma focalizada en zona de vías, solamente en ciertos períodos del año y en forma espaciada (una o dos veces al mes). Este producto se inactiva rápidamente en contacto con el suelo, su baja volatilidad reduce el peligro de dañar plantaciones y sembrados vecinos y no tiene efecto residual. Dicho herbicida es dosificado mediante la siguiente proporción: en 20 litros de agua se colocan 0,850 litros de herbicida y se produce el rociado mediante la aspersión de la zona de vías con máquinas manuales”.
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