Advierten de la calidad del aire en Capital Federal
00:00 | 
Publicado por
Eco Sitio |
Advierten que la contaminación del aire en la Ciudad es muy alta
Fecha de Publicación: 06/09/2018
Fuente: Clarín
Provincia/Región: CABA
Un relevamiento señaló que supera los parámetros internacionales. Otro informe de la OMS ya había marcado lo mismo. El Gobierno porteño afirma que se cumplen con los límites oficiales. El tránsito y la falta de espacios verdes, las principales causas.
En ocasiones, cuando pasamos mucho tiempo en un espacio cerrado puede invadirnos cierta sensación de asfixia. En la mayoría de los casos el alivio viene de la mano de una acción lógica: "salir a tomar aire". Si bien ese contacto con el afuera supone un bienestar inmediato, en ciudades como Buenos Aires los efectos a largo plazo podrían resultar todo lo contrario. Un reciente informe volvió a traer al primer plano la discusión sobre la contaminación del aire en la Ciudad, que sigue superando los parámetros saludables.
Así lo demuestra un relevamiento elaborado por Greenpeace. El muestreo se llevó a cabo en 20 puntos de Capital, donde hay nueve escuelas primarias, ocho jardines maternales y tres hospitales pediátricos. De marzo a julio pasado, por un período de tres días y en un rango de 12 horas, se midió el nivel de exposición a la materia particulada 2.5 (PM 2.5), uno de los tóxicos provenientes de la polución del aire que genera la quema de combustibles fósiles y del gasoil.
Según los índices, en barrios como Balvanera el "límite seguro" se llega a superar por un 356%, mientras que en Caballito, donde los efectos no son tan marcados, está un 80% por encima.
Otro de los materiales que se tuvo en cuenta para el informe es el dióxido de nitrógeno (NO2), también presente en el aire porteño en valores poco recomendables. “El 31% de todas las mediciones de NO2 violan los límites de la Organización Mundial de la Salud (OMS), y peor aún sucede con el caso del PM2.5, materia que podemos considerar venenosa por sus graves efectos a la salud y que en el 72% de las mediciones superó los límites”, resumió Ingo Boltz, coordinador de la campaña que llevó a cabo la ONG ambientalista. Para el trabajo se utilizaron unos dispositivos traídos de la Universidad de Exeter, en Inglaterra, donde Greenpeace tiene un laboratorio propio.
La OMS establece el límite de exposición diaria a PM 2.5 en 25 ?micrómetros por metro cúbico. Durante el estudio, en cambio, el se encontró por ejemplo que en los alrededores de la Escuela Infantil N°5 del Distrito Escolar 2, donde también funciona la primaria N°16 Presidente Mitre, en Balvanera, presenta la cifra más alta en este sentido: 35.6 ?micrómetros.
La propia OMS había advertido sobre la polución en Buenos Aires. Hace dos años, en el marco de un relevamiento en 3.000 ciudades y usando las propias estadísticas oficiales, denunció que el aire tiene un 30% más de componentes nocivos que lo tolerado.
Entre los efectos nocivos para la salud por inhalación continua de PM2.5 se encuentran enfermedades respiratorias como el asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), cáncer, enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares (ACV).
Una de las discusiones tiene que ver con los controles que se hacen para ver cómo está la polución en la Capital Federal. En Greenpeace afirman que las estaciones de medición del Gobierno porteño son insuficientes y que debería haber al menos diez, como en otras ciudades comparables.
Desde el Ministerio de Ambiente y Espacio Público porteño, del que depende la Agencia de Protección Ambiental (APRA) a cargo de las mediciones, responden: "Contamos con cuatro estaciones de calidad de aire, en La Boca, avenida Córdoba y Rodríguez Peña, Parque Centenario y en Villa Lugano. Los valores registrados de calidad de aire cumplen con los límites establecidos por la normativa local, la que a su vez está en línea con lo exigido por la agencia ambiental de Estados Unidos", afirman.
El tema es que esos límites son un poco más tolerantes que los de la OMS. Y además en la Ciudad las mediciones son distintas: en los controles porteños aún no se sigue el PM2.5, justamente uno de los parámetros cuestionados. "Actualmente APRA cuenta con tres equipos con los que se comenzó a medir PM 2.5, y que están siendo sometidos a procesos de validación para que puedan arrojar un diagnóstico certero", explicaron en el ministerio.
La quema de combustibles por el alto tránsito vehicular es uno de los principales contaminantes del aire que respiran los porteños. Del otro lado, la escasez de espacios verdes suficientes impide una mejor oxigenación.
"Cualquier plan de acción tiene que ser gradual pero constante. No se trata de sacar de circulación todos los camiones o colectivos, pero eliminar sólo el 20% ya haría una diferencia sustancial. También se puede transformar parte de la flota del transporte público a otras tecnologías. Por ejemplo, las unidades que circulan por los carriles de Metrobuses podrían ser eléctricas", menciona Damián Bikiel, investigador y miembro del Instituto de Química, Física de los Materiales, Medio Ambiente y Energía (INQUIMAE) del Conicet.
La suma de nuevas construcciones, muchas de ellas en altura, es otra de las cuestiones. "Buenos Aires es una ciudad con una densidad de espacios verdes bajísima, por debajo de lo recomendado por la OMS. La pérdida de estos espacios o su planificación incorrecta tiene grandes efectos negativos en la calidad de aire. En forma similar, la capacidad de ventilación de la ciudad depende de la altura y densidad de sus construcciones, aumentar las fuentes y disminuir la capacidad de autolimpieza de la atmósfera no es la forma para reducir la contaminación", afirma Bikiel.
.
Fecha de Publicación: 06/09/2018
Fuente: Clarín
Provincia/Región: CABA
Un relevamiento señaló que supera los parámetros internacionales. Otro informe de la OMS ya había marcado lo mismo. El Gobierno porteño afirma que se cumplen con los límites oficiales. El tránsito y la falta de espacios verdes, las principales causas.
En ocasiones, cuando pasamos mucho tiempo en un espacio cerrado puede invadirnos cierta sensación de asfixia. En la mayoría de los casos el alivio viene de la mano de una acción lógica: "salir a tomar aire". Si bien ese contacto con el afuera supone un bienestar inmediato, en ciudades como Buenos Aires los efectos a largo plazo podrían resultar todo lo contrario. Un reciente informe volvió a traer al primer plano la discusión sobre la contaminación del aire en la Ciudad, que sigue superando los parámetros saludables.
Así lo demuestra un relevamiento elaborado por Greenpeace. El muestreo se llevó a cabo en 20 puntos de Capital, donde hay nueve escuelas primarias, ocho jardines maternales y tres hospitales pediátricos. De marzo a julio pasado, por un período de tres días y en un rango de 12 horas, se midió el nivel de exposición a la materia particulada 2.5 (PM 2.5), uno de los tóxicos provenientes de la polución del aire que genera la quema de combustibles fósiles y del gasoil.
Según los índices, en barrios como Balvanera el "límite seguro" se llega a superar por un 356%, mientras que en Caballito, donde los efectos no son tan marcados, está un 80% por encima.
Otro de los materiales que se tuvo en cuenta para el informe es el dióxido de nitrógeno (NO2), también presente en el aire porteño en valores poco recomendables. “El 31% de todas las mediciones de NO2 violan los límites de la Organización Mundial de la Salud (OMS), y peor aún sucede con el caso del PM2.5, materia que podemos considerar venenosa por sus graves efectos a la salud y que en el 72% de las mediciones superó los límites”, resumió Ingo Boltz, coordinador de la campaña que llevó a cabo la ONG ambientalista. Para el trabajo se utilizaron unos dispositivos traídos de la Universidad de Exeter, en Inglaterra, donde Greenpeace tiene un laboratorio propio.
La OMS establece el límite de exposición diaria a PM 2.5 en 25 ?micrómetros por metro cúbico. Durante el estudio, en cambio, el se encontró por ejemplo que en los alrededores de la Escuela Infantil N°5 del Distrito Escolar 2, donde también funciona la primaria N°16 Presidente Mitre, en Balvanera, presenta la cifra más alta en este sentido: 35.6 ?micrómetros.
La propia OMS había advertido sobre la polución en Buenos Aires. Hace dos años, en el marco de un relevamiento en 3.000 ciudades y usando las propias estadísticas oficiales, denunció que el aire tiene un 30% más de componentes nocivos que lo tolerado.
Entre los efectos nocivos para la salud por inhalación continua de PM2.5 se encuentran enfermedades respiratorias como el asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), cáncer, enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares (ACV).
Una de las discusiones tiene que ver con los controles que se hacen para ver cómo está la polución en la Capital Federal. En Greenpeace afirman que las estaciones de medición del Gobierno porteño son insuficientes y que debería haber al menos diez, como en otras ciudades comparables.
Desde el Ministerio de Ambiente y Espacio Público porteño, del que depende la Agencia de Protección Ambiental (APRA) a cargo de las mediciones, responden: "Contamos con cuatro estaciones de calidad de aire, en La Boca, avenida Córdoba y Rodríguez Peña, Parque Centenario y en Villa Lugano. Los valores registrados de calidad de aire cumplen con los límites establecidos por la normativa local, la que a su vez está en línea con lo exigido por la agencia ambiental de Estados Unidos", afirman.
El tema es que esos límites son un poco más tolerantes que los de la OMS. Y además en la Ciudad las mediciones son distintas: en los controles porteños aún no se sigue el PM2.5, justamente uno de los parámetros cuestionados. "Actualmente APRA cuenta con tres equipos con los que se comenzó a medir PM 2.5, y que están siendo sometidos a procesos de validación para que puedan arrojar un diagnóstico certero", explicaron en el ministerio.
La quema de combustibles por el alto tránsito vehicular es uno de los principales contaminantes del aire que respiran los porteños. Del otro lado, la escasez de espacios verdes suficientes impide una mejor oxigenación.
"Cualquier plan de acción tiene que ser gradual pero constante. No se trata de sacar de circulación todos los camiones o colectivos, pero eliminar sólo el 20% ya haría una diferencia sustancial. También se puede transformar parte de la flota del transporte público a otras tecnologías. Por ejemplo, las unidades que circulan por los carriles de Metrobuses podrían ser eléctricas", menciona Damián Bikiel, investigador y miembro del Instituto de Química, Física de los Materiales, Medio Ambiente y Energía (INQUIMAE) del Conicet.
La suma de nuevas construcciones, muchas de ellas en altura, es otra de las cuestiones. "Buenos Aires es una ciudad con una densidad de espacios verdes bajísima, por debajo de lo recomendado por la OMS. La pérdida de estos espacios o su planificación incorrecta tiene grandes efectos negativos en la calidad de aire. En forma similar, la capacidad de ventilación de la ciudad depende de la altura y densidad de sus construcciones, aumentar las fuentes y disminuir la capacidad de autolimpieza de la atmósfera no es la forma para reducir la contaminación", afirma Bikiel.
.
Misiones: autoridades sancionan el desmonte cuestionado
Ecología sancionó por apeo ilegal que afectó a comunidad mbya
Fecha de Publicación: 06/09/2018
Fuente: El Territorio (Misiones)
Provincia/Región: Misiones
El Ministerio de Ecología de Misiones dio inicio a un sumario administrativo para determinar responsabilidades por la realización de tareas de apeo selectivo de árboles nativos en inmediaciones a la comunidad mbya conocida como Arroyo 9. La inspección de Ecología se concretó en el lote del municipio de San Vicente.
Por lo informado por Ecología, la comisión procedió a entrevistarse con el cacique de la comunidad, Nicasio Casimiro Fernández, quien informó de la situación que se está produciendo a partir de las tareas de aprovechamiento en el lote.
“Luego se procedió a recorrer en compañía del cacique las zonas del lote que fueron afectadas por trabajos realizados por el personal del obraje, en violación de las reglamentaciones vigentes”.
Por lo informado desde Ecología, “se constató la realización de un empuje del monte, abriendo caminos, operación que significó el ingreso de maquinaria hasta escasos metros de las viviendas de los miembros de la comunidad mbya”.
Además, añadieron que “la extracción de madera significó el tránsito de las máquinas a escasos 20 metros de las vertientes de agua, sin respetar el radio de 50 metros al punto de la vertiente, necesario para conservar el recurso, conforme lo prevé la Ley de Bosques Protectores y Fajas Ecológicas”.
Consignaron además que el plan de aprovechamiento se encuentra suspendido por el Ministerio de Ecología y se dio inicio al sumario administrativo para determinar las responsabilidades.
La comisión estuvo integrada por el equipo de profesionales de la Dirección de Control Forestal, apoyados por guardaparques del Ministerio de Ecología, junto al responsable técnico del plan de aprovechamiento y personal técnico perteneciente a la delegación de San Vicente.
.
Fecha de Publicación: 06/09/2018
Fuente: El Territorio (Misiones)
Provincia/Región: Misiones
El Ministerio de Ecología de Misiones dio inicio a un sumario administrativo para determinar responsabilidades por la realización de tareas de apeo selectivo de árboles nativos en inmediaciones a la comunidad mbya conocida como Arroyo 9. La inspección de Ecología se concretó en el lote del municipio de San Vicente.
Por lo informado por Ecología, la comisión procedió a entrevistarse con el cacique de la comunidad, Nicasio Casimiro Fernández, quien informó de la situación que se está produciendo a partir de las tareas de aprovechamiento en el lote.
“Luego se procedió a recorrer en compañía del cacique las zonas del lote que fueron afectadas por trabajos realizados por el personal del obraje, en violación de las reglamentaciones vigentes”.
Por lo informado desde Ecología, “se constató la realización de un empuje del monte, abriendo caminos, operación que significó el ingreso de maquinaria hasta escasos metros de las viviendas de los miembros de la comunidad mbya”.
Además, añadieron que “la extracción de madera significó el tránsito de las máquinas a escasos 20 metros de las vertientes de agua, sin respetar el radio de 50 metros al punto de la vertiente, necesario para conservar el recurso, conforme lo prevé la Ley de Bosques Protectores y Fajas Ecológicas”.
Consignaron además que el plan de aprovechamiento se encuentra suspendido por el Ministerio de Ecología y se dio inicio al sumario administrativo para determinar las responsabilidades.
La comisión estuvo integrada por el equipo de profesionales de la Dirección de Control Forestal, apoyados por guardaparques del Ministerio de Ecología, junto al responsable técnico del plan de aprovechamiento y personal técnico perteneciente a la delegación de San Vicente.
.
Etiquetas:
Desmontes,
legislación y derecho ambiental,
Misiones,
pueblos originarios
|
0
comentarios
Justicia de Santa Fe ordena control de agrotóxicos en verduras
La justicia ordenó que se controlen agroquímicos en frutas y verduras
Fecha de Publicación: 06/09/2018
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Santa Fe
Lo dictaminó una jueza federal de Rosario. Un estudio realizado hace un año mostró niveles por encima de lo tolerado y mezclas no autorizadas
La justicia federal de Rosario ordenó al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) que realice al menos seis inspecciones y veinticuatro monitoreos anuales en las frutas, verduras y hortalizas que se comercializan en la ciudad. La decisión llegó después de que estudios encargados el año pasado por el abogado ambientalista Enrique Augusto Zárate detectaran hasta 11 agroquímicos en el 75% de las muestras analizadas. Entre los productos había químicos prohibidos en Argentina, dosis mayores a las permitidas y mezclas no autorizadas.
Así lo resolvió el miércoles pasado la jueza Sylvia Aramberri, titular del Juzgado Federal Nº 2 de Rosario, quien hizo lugar a la acción de amparo ambiental presentada por Zárate en junio del año pasado y le ordenó al Senasa que ponga la lupa sobre los alimentos que realizan tráfico federal y que se comercializan en los mercados de Concentración de Fisherton y en el de Productores.
También le exigió a ese organismo que informe los resultados de sus monitoreos "a los fines de su contralor por la parte de la actora y la ciudadanía en general, en cumplimiento de las disposiciones de la ley de acceso a la información pública nº 27.275".
Según detalló (en una nota publicada por este diario el 24 de julio de 2017) el propio Zárate, tras analizar muestras de rúcula, pimiento, lechuga, apio, tomate, puerro, espinaca, zanahoria, frutilla y manzana tomadas en dos verdulerías (una del centro y otra de zona norte) se detectó la presencia de agroquímicos en el 75 por ciento de los productos.
En esa paleta de químicos encontrados en los alimentos había de todo: algunos prohibidos total o parcialmente por la ley argentina; otros tolerados en Argentina pero prohibidos en otros países; otros cuyas mezclas no han sido estudiadas debidamente, y otros tolerados en el país pero aplicados en mayores dosis a las establecidas por el propio Senasa.
La jueza constató esos análisis y en base a eso concluyó que tanto las inspecciones como los monitoreos efectuados por Senasa dentro del Plan de Control de Residuos e Higiene de Alimentos de Origen Vegetal (CREHA Vegetal), "en cuanto a su periodicidad carecían de representatividad, atento la gran cantidad de productores que operan en la jurisdicción".
Sólo dos
Para ilustrar la falta de periodicidad, el fallo explicita que durante el año 2016 se efectuaron inspecciones en Rosario "solamente en dos meses del año, octubre y noviembre, y sobre seis muestras de vegetales".
Para Aramberri, esa conducta omisiva del organismo encargado de fiscalizar el buen estado de los alimentos es "reprochable", ya que no brinda un "acabado y veraz cumplimiento a su deber de control y fiscalización de los vegetales provenientes del tráfico federal en forma regular, oportuna y continua para evitar la producción y comercialización de vegetales contaminados por plaguicidas en valores por encima de los límites máximos permitidos, y evitar el riesgo a la salud del consumidor".
Al mismo tiempo, recuerda que la responsabilidad del Senasa se circunscribe al control y fiscalización de la producción y acopio de los productos de origen vegetal que realicen tráfico federal, mientras que la calidad de las frutas y verduras de producción santafesina se encuentra bajo la responsabilidad de las autoridades sanitarias provinciales y municipales.
Fecha de Publicación: 06/09/2018
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Santa Fe
Lo dictaminó una jueza federal de Rosario. Un estudio realizado hace un año mostró niveles por encima de lo tolerado y mezclas no autorizadas
La justicia federal de Rosario ordenó al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) que realice al menos seis inspecciones y veinticuatro monitoreos anuales en las frutas, verduras y hortalizas que se comercializan en la ciudad. La decisión llegó después de que estudios encargados el año pasado por el abogado ambientalista Enrique Augusto Zárate detectaran hasta 11 agroquímicos en el 75% de las muestras analizadas. Entre los productos había químicos prohibidos en Argentina, dosis mayores a las permitidas y mezclas no autorizadas.
Así lo resolvió el miércoles pasado la jueza Sylvia Aramberri, titular del Juzgado Federal Nº 2 de Rosario, quien hizo lugar a la acción de amparo ambiental presentada por Zárate en junio del año pasado y le ordenó al Senasa que ponga la lupa sobre los alimentos que realizan tráfico federal y que se comercializan en los mercados de Concentración de Fisherton y en el de Productores.
También le exigió a ese organismo que informe los resultados de sus monitoreos "a los fines de su contralor por la parte de la actora y la ciudadanía en general, en cumplimiento de las disposiciones de la ley de acceso a la información pública nº 27.275".
Según detalló (en una nota publicada por este diario el 24 de julio de 2017) el propio Zárate, tras analizar muestras de rúcula, pimiento, lechuga, apio, tomate, puerro, espinaca, zanahoria, frutilla y manzana tomadas en dos verdulerías (una del centro y otra de zona norte) se detectó la presencia de agroquímicos en el 75 por ciento de los productos.
En esa paleta de químicos encontrados en los alimentos había de todo: algunos prohibidos total o parcialmente por la ley argentina; otros tolerados en Argentina pero prohibidos en otros países; otros cuyas mezclas no han sido estudiadas debidamente, y otros tolerados en el país pero aplicados en mayores dosis a las establecidas por el propio Senasa.
La jueza constató esos análisis y en base a eso concluyó que tanto las inspecciones como los monitoreos efectuados por Senasa dentro del Plan de Control de Residuos e Higiene de Alimentos de Origen Vegetal (CREHA Vegetal), "en cuanto a su periodicidad carecían de representatividad, atento la gran cantidad de productores que operan en la jurisdicción".
Sólo dos
Para ilustrar la falta de periodicidad, el fallo explicita que durante el año 2016 se efectuaron inspecciones en Rosario "solamente en dos meses del año, octubre y noviembre, y sobre seis muestras de vegetales".
Para Aramberri, esa conducta omisiva del organismo encargado de fiscalizar el buen estado de los alimentos es "reprochable", ya que no brinda un "acabado y veraz cumplimiento a su deber de control y fiscalización de los vegetales provenientes del tráfico federal en forma regular, oportuna y continua para evitar la producción y comercialización de vegetales contaminados por plaguicidas en valores por encima de los límites máximos permitidos, y evitar el riesgo a la salud del consumidor".
Al mismo tiempo, recuerda que la responsabilidad del Senasa se circunscribe al control y fiscalización de la producción y acopio de los productos de origen vegetal que realicen tráfico federal, mientras que la calidad de las frutas y verduras de producción santafesina se encuentra bajo la responsabilidad de las autoridades sanitarias provinciales y municipales.
.
Santa Fe se sumó a la ola del anti-glifosato
Otro revés para el glifosato: ahora Santa Fe vetó el uso y comercialización del herbicida que creó Monsanto
Fecha de Publicación: 05/09/2018
Fuente: iProfesional
Provincia/Región: Santa Fe
El rechazo al uso del herbicida glifosato sigue multiplicándose entre las ciudades de la Argentina. Tras lo establecido por Rosario, Paraná, Gualeguaychú y Concordia, entre otros centros urbanos, ahora Santa Fe acaba de aprobar una ordenanza que veta la comercialización y el uso dentro del ejido del producto que la Organización Mundial de la Salud (OMS) vincula con el cáncer.
La normativa, además de fijar la prohibición, establece como obligación que la local Secretaría de Ambiente y Espacios Públicos municipal genere "medidas alternativas para el control de malezas y plagas, en armonía con el ambiente, la salud humana y los derechos de la naturaleza".
En caso de incumplimiento, la disposición fija sanciones monetarias que, en caso de recurrencias en la falta, puede derivar en la inhabilitación definitiva de "establecimientos, empresas y profesionales responsables".
Esto último alcanza a la actividad de los ingenieros agrónomos, quienes en sintonía con las principales organizaciones del agro han sabido consolidarse, sobre todo en las últimas dos décadas, como los grandes promotores del uso del herbicida.
Respecto del significado de la medida ahora fijada en Santa Fe, referentes como Facundo Viola, integrante de la multisectorial Paren de Fumigarnos, aseguraron ante iProfesional que "la normativa se constituye como una herramienta importante para el resguardo de la salud de los santafecinos ya que prohíbe la venta del biocida en forma minorista".
"Es común ver en la ciudad y su periurbano como los supermercados, las ferreterías y viveros, comercializan el glifosato como 'matayuyo', algo que está normalizado y es de uso común para reducir hierbas en jardines y alrededor de piscinas. Incluso se lo puede conseguir fraccionado de forma irregular y sin etiquetas que adviertan su peligrosidad", detalló el también comunicador.
Viola señaló que la ordenanza tiene un valor simbólico contundente en tanto erradica la utilización del glifosato en la capital de una de las provincias "feudo" de la producción de soja transgénica en la Argentina.
"Mucho se engañó a la población diciendo que el herbicida hasta se podía beber sin consecuencias para la salud. De esa forma se instaló un modelo agroindustrial. Hoy dimos otro paso para librarnos del glifosato, un veneno que mata", concluyó.
El final para el glifosato en Santa Fe llega a tono con la condena a la multinacional Monsanto, creadora del herbicida en 1974, que deberá indemnizar con casi u$s290 millones al jardinero estadounidense Dewayne Johnson tras comprobarse que contrajo cáncer luego efectuar pulverizaciones con la etiqueta RoundUp del plaguicida.
La sanción a la compañía, hoy bajo control accionario de la alemana Bayer, corrió por cuenta de un tribunal de San Francisco. Johnson aplicó glifosato en predios escolares de California entre los años 2012 y 2014.
El dictamen en Norteamérica reabrió la discusión en todo el mundo respecto de la validez de los controles que en su momento derivaron en la habilitación comercial del producto en los Estados Unidos. Sobre esa misma documentación, ahora cuestionada por el fallo, surgió el permiso para el uso y la venta del glifosato en la Argentina.
Plaguicida clave
El glifosato es una pata clave del modelo de producción de soja transgénica en la Argentina, aunque también es determinante para el cultivo de variedades de maíz, algodón y alfalfa manipuladas genéticamente para resistir al agrotóxico.
Hoy, de los casi 400 millones de litros de plaguicidas que se aplican anualmente en la actividad agrícola local en todas sus escalas –a excepción de la alternativa agroecológica–, se estima que 320 millones corresponden a variedades de glifosato.
El glifosato es el principio componente del RoundUp, el herbicida desarrollado por Monsanto de mayor difusión en el agro local aunque, vale aclararlo, en la Argentina también se ofrece bajo marcas como Zamba (comercializado por Nidera), Sulfosato (Syngenta), o Sitrin (Bayer).
La sentencia en San Francisco coincidió con el dictamen de marzo de 2015 de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), vinculada a la OMS, el cual expuso que existe evidencia suficiente para relacionar de este agroquímico con la proliferación del cáncer.
En julio de 2016, un trabajo que lleva la firma de, entre otros, Alicia Ronco -fallecida en noviembre de ese mismo año- y Damián Marino, investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), confirmó que la cuenca del río Paraná, considerada la segunda más importante de Sudamérica detrás de la que comprende al Amazonas y con desembocadura en el Río de la Plata, está altamente contaminada con glifosato o AMPA, metabolito originado de su degradación.
Más ciencia
Un estudio contundente para demostrar la toxicidad del compuesto fue realizado por Andrés Carrasco, un científico que -fallecido en mayo de 2014- llegó a presidir el CONICET y probó que la sustancia produce desde muerte celular hasta malformaciones.
En Francia, investigaciones del científico Gilles-Eric Séralini aportaron nuevos argumentos al trabajo realizado por Carrasco en la Argentina.
“Trabajamos en células de recién nacidos con dosis del producto cien mil veces inferiores a las que cualquier jardinero común está en contacto. El RoundUp programa la muerte de esas células en pocas horas”, indicó el profesional, especialista en biología molecular.
En julio pasado, y tal como publicó iProfesional a modo de primicia, un estudio realizado por científicos del Centro de Investigaciones del Medioambiente (CIM), dependiente de la Universidad de La Plata, develó que las lluvias presentaron recurrentes concentraciones de herbicidas como el glifosato.
Y que la carga máxima cuantificada de agrotóxicos en las precipitaciones locales es hasta 20 veces superior a la registrada en países como Estados Unidos, el territorio con más trayectoria en lo que hace al uso de plaguicidas y el principal promotor mundial del uso de estas sustancias y su aplicación a través de las muy cuestionadas fumigaciones.
En la actualidad, los efectos nocivos sobre la salud humana y el medioambiente en general derivados de la aplicación de glifosato llenan las páginas de más de 800 trabajos científicos independientes desarrollados alrededor del mundo.
.
Fecha de Publicación: 05/09/2018
Fuente: iProfesional
Provincia/Región: Santa Fe
El rechazo al uso del herbicida glifosato sigue multiplicándose entre las ciudades de la Argentina. Tras lo establecido por Rosario, Paraná, Gualeguaychú y Concordia, entre otros centros urbanos, ahora Santa Fe acaba de aprobar una ordenanza que veta la comercialización y el uso dentro del ejido del producto que la Organización Mundial de la Salud (OMS) vincula con el cáncer.
La normativa, además de fijar la prohibición, establece como obligación que la local Secretaría de Ambiente y Espacios Públicos municipal genere "medidas alternativas para el control de malezas y plagas, en armonía con el ambiente, la salud humana y los derechos de la naturaleza".
En caso de incumplimiento, la disposición fija sanciones monetarias que, en caso de recurrencias en la falta, puede derivar en la inhabilitación definitiva de "establecimientos, empresas y profesionales responsables".
Esto último alcanza a la actividad de los ingenieros agrónomos, quienes en sintonía con las principales organizaciones del agro han sabido consolidarse, sobre todo en las últimas dos décadas, como los grandes promotores del uso del herbicida.
Respecto del significado de la medida ahora fijada en Santa Fe, referentes como Facundo Viola, integrante de la multisectorial Paren de Fumigarnos, aseguraron ante iProfesional que "la normativa se constituye como una herramienta importante para el resguardo de la salud de los santafecinos ya que prohíbe la venta del biocida en forma minorista".
"Es común ver en la ciudad y su periurbano como los supermercados, las ferreterías y viveros, comercializan el glifosato como 'matayuyo', algo que está normalizado y es de uso común para reducir hierbas en jardines y alrededor de piscinas. Incluso se lo puede conseguir fraccionado de forma irregular y sin etiquetas que adviertan su peligrosidad", detalló el también comunicador.
Viola señaló que la ordenanza tiene un valor simbólico contundente en tanto erradica la utilización del glifosato en la capital de una de las provincias "feudo" de la producción de soja transgénica en la Argentina.
"Mucho se engañó a la población diciendo que el herbicida hasta se podía beber sin consecuencias para la salud. De esa forma se instaló un modelo agroindustrial. Hoy dimos otro paso para librarnos del glifosato, un veneno que mata", concluyó.
El final para el glifosato en Santa Fe llega a tono con la condena a la multinacional Monsanto, creadora del herbicida en 1974, que deberá indemnizar con casi u$s290 millones al jardinero estadounidense Dewayne Johnson tras comprobarse que contrajo cáncer luego efectuar pulverizaciones con la etiqueta RoundUp del plaguicida.
La sanción a la compañía, hoy bajo control accionario de la alemana Bayer, corrió por cuenta de un tribunal de San Francisco. Johnson aplicó glifosato en predios escolares de California entre los años 2012 y 2014.
El dictamen en Norteamérica reabrió la discusión en todo el mundo respecto de la validez de los controles que en su momento derivaron en la habilitación comercial del producto en los Estados Unidos. Sobre esa misma documentación, ahora cuestionada por el fallo, surgió el permiso para el uso y la venta del glifosato en la Argentina.
Plaguicida clave
El glifosato es una pata clave del modelo de producción de soja transgénica en la Argentina, aunque también es determinante para el cultivo de variedades de maíz, algodón y alfalfa manipuladas genéticamente para resistir al agrotóxico.
Hoy, de los casi 400 millones de litros de plaguicidas que se aplican anualmente en la actividad agrícola local en todas sus escalas –a excepción de la alternativa agroecológica–, se estima que 320 millones corresponden a variedades de glifosato.
El glifosato es el principio componente del RoundUp, el herbicida desarrollado por Monsanto de mayor difusión en el agro local aunque, vale aclararlo, en la Argentina también se ofrece bajo marcas como Zamba (comercializado por Nidera), Sulfosato (Syngenta), o Sitrin (Bayer).
La sentencia en San Francisco coincidió con el dictamen de marzo de 2015 de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), vinculada a la OMS, el cual expuso que existe evidencia suficiente para relacionar de este agroquímico con la proliferación del cáncer.
En julio de 2016, un trabajo que lleva la firma de, entre otros, Alicia Ronco -fallecida en noviembre de ese mismo año- y Damián Marino, investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), confirmó que la cuenca del río Paraná, considerada la segunda más importante de Sudamérica detrás de la que comprende al Amazonas y con desembocadura en el Río de la Plata, está altamente contaminada con glifosato o AMPA, metabolito originado de su degradación.
Más ciencia
Un estudio contundente para demostrar la toxicidad del compuesto fue realizado por Andrés Carrasco, un científico que -fallecido en mayo de 2014- llegó a presidir el CONICET y probó que la sustancia produce desde muerte celular hasta malformaciones.
En Francia, investigaciones del científico Gilles-Eric Séralini aportaron nuevos argumentos al trabajo realizado por Carrasco en la Argentina.
“Trabajamos en células de recién nacidos con dosis del producto cien mil veces inferiores a las que cualquier jardinero común está en contacto. El RoundUp programa la muerte de esas células en pocas horas”, indicó el profesional, especialista en biología molecular.
En julio pasado, y tal como publicó iProfesional a modo de primicia, un estudio realizado por científicos del Centro de Investigaciones del Medioambiente (CIM), dependiente de la Universidad de La Plata, develó que las lluvias presentaron recurrentes concentraciones de herbicidas como el glifosato.
Y que la carga máxima cuantificada de agrotóxicos en las precipitaciones locales es hasta 20 veces superior a la registrada en países como Estados Unidos, el territorio con más trayectoria en lo que hace al uso de plaguicidas y el principal promotor mundial del uso de estas sustancias y su aplicación a través de las muy cuestionadas fumigaciones.
En la actualidad, los efectos nocivos sobre la salud humana y el medioambiente en general derivados de la aplicación de glifosato llenan las páginas de más de 800 trabajos científicos independientes desarrollados alrededor del mundo.
.
Ambiente no es más Ministerio
Confirmado: Macri redujo a 10 los Ministerios
Fecha de Publicación: 05/09/2018
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Nacional
Luego de un raid de reuniones con funcionarios y dirigentes de Cambiemos en la Quinta de Olivos durante el último fin de semana, el presidente Mauricio Macri anunció hoy un profundo cambio en su Gabinete, con la eliminación de una docena de ministerios, muchos de los cuales se fusionan con otros y se degradan al nivel de secretarías. Se espera que algunos de los titulares hasta ayer de esas carteras dejen sus cargo.
El Presidente anunció que el Ministerio de Producción, que seguirá a cargo de Dante Sica, absorberá a los de Trabajo y Agroindustria, que bajarán al nivel de secretarías. En esas carteras se mantendrán sus actuales titulares, Jorge Triaca y Luis Miguel Etchevehere, respectivamente.
Asimismo, la jefatura de Gabinete, donde quedó ratificado Marcos Peña, incluirá al actual Ministerio de Modernización. Andrés Ibarra se incorpora como vicejefe, ocupando el rol que hasta ahora tenían Mario Quintana y Gustavo Lopetegui, eyectados de sus cargos.
Mientras que Nicolás Dujovne seguirá al frente de Hacienda y Finanzas, que ahora se volverá a llamar Economía, pese a que todo el fin de semana se habló de su alejamiento y hasta se filtró que presentó dos veces su renuncia. En ese lugar sonaba la llegada de Carlos Melconian, histórico asesor de Macri en materia económica. Sin embargo, según trascendidos, éste no habría aceptado porque supuestamente no logró concesiones de Macri, que incluían el manejo del Banco Central y la salida de Luis Caputo. En la estructura de Hacienda se sumará Energía, que hoy está a cargo de Javier Iguacel.
Además, desaparecen los Ministerios de Ambiente y Desarrollo Sustentable (Sergio Bergman) y de Turismo (Gustavo Santos), que ahora dependerán directamente de Presidencia.
Educación, con Alejandro Finocchiaro a la cabeza, sumará a Cultura y Ciencia, cuyos actuales ministros, Pablo Avelluto y Lino Barañao, ahora serán secretarios. En tanto que Seguridad (Patricia Bullrich), Justicia (Germán Garavano) y Defensa (Oscar Aguad) no tendrán cambios. Lo mismo que Interior (Rogelio Frigerio) y Transporte (Guillermo Dietrich).
La ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, quedó fortalecida con la incorporación de Salud, que ahora será una secretaría en control de su actual titular, Adolfo Rubinstein.
También se mencionó que Alfonso Prat Gay, exministro Economía, regresaría al Gabinete como canciller, aunque finalmente eso no se concretó. En el cargo seguirá Jorge Faurie.
.
Fecha de Publicación: 05/09/2018
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Nacional
Luego de un raid de reuniones con funcionarios y dirigentes de Cambiemos en la Quinta de Olivos durante el último fin de semana, el presidente Mauricio Macri anunció hoy un profundo cambio en su Gabinete, con la eliminación de una docena de ministerios, muchos de los cuales se fusionan con otros y se degradan al nivel de secretarías. Se espera que algunos de los titulares hasta ayer de esas carteras dejen sus cargo.
El Presidente anunció que el Ministerio de Producción, que seguirá a cargo de Dante Sica, absorberá a los de Trabajo y Agroindustria, que bajarán al nivel de secretarías. En esas carteras se mantendrán sus actuales titulares, Jorge Triaca y Luis Miguel Etchevehere, respectivamente.
Asimismo, la jefatura de Gabinete, donde quedó ratificado Marcos Peña, incluirá al actual Ministerio de Modernización. Andrés Ibarra se incorpora como vicejefe, ocupando el rol que hasta ahora tenían Mario Quintana y Gustavo Lopetegui, eyectados de sus cargos.
Mientras que Nicolás Dujovne seguirá al frente de Hacienda y Finanzas, que ahora se volverá a llamar Economía, pese a que todo el fin de semana se habló de su alejamiento y hasta se filtró que presentó dos veces su renuncia. En ese lugar sonaba la llegada de Carlos Melconian, histórico asesor de Macri en materia económica. Sin embargo, según trascendidos, éste no habría aceptado porque supuestamente no logró concesiones de Macri, que incluían el manejo del Banco Central y la salida de Luis Caputo. En la estructura de Hacienda se sumará Energía, que hoy está a cargo de Javier Iguacel.
Además, desaparecen los Ministerios de Ambiente y Desarrollo Sustentable (Sergio Bergman) y de Turismo (Gustavo Santos), que ahora dependerán directamente de Presidencia.
Educación, con Alejandro Finocchiaro a la cabeza, sumará a Cultura y Ciencia, cuyos actuales ministros, Pablo Avelluto y Lino Barañao, ahora serán secretarios. En tanto que Seguridad (Patricia Bullrich), Justicia (Germán Garavano) y Defensa (Oscar Aguad) no tendrán cambios. Lo mismo que Interior (Rogelio Frigerio) y Transporte (Guillermo Dietrich).
La ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, quedó fortalecida con la incorporación de Salud, que ahora será una secretaría en control de su actual titular, Adolfo Rubinstein.
También se mencionó que Alfonso Prat Gay, exministro Economía, regresaría al Gabinete como canciller, aunque finalmente eso no se concretó. En el cargo seguirá Jorge Faurie.
.
Neuquén: ahora el contról de los ríos está en los municipios
Contaminación de los ríos: el control pasa a municipios
Fecha de Publicación: 05/09/2018
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
Tras un año de demora, el gobernador Omar Gutiérrez aprobó ayer la letra chica de la ley de alerta hídrico-ambiental. Lo hizo a través de un decreto, en el que responsabilizó a los municipios por el control de la contaminación, así sean vertidos cloacales, pluviales o industriales.
El decreto es el número 1326/18 y reglamenta una ley sancionada en junio del año pasado, luego de sucesivas marchas contra la contaminación de los ríos en la Confluencia. En la reglamentación, Gutiérrez enfatizó que los municipios son “especialmente responsables” de controlar los vertidos a los ríos porque “son los dueños de los servicios que se prestan en sus localidades”, tanto de agua como de cloacas, y manejan los desagües pluviales y aluvionales.
El decreto establece que cada comuna deberá controlar, junto con la concesionaria del servicio cloacal, todos los vuelcos finales “y los vertidos particulares a las redes públicas”.
También tendrán que monitorear sus sistemas pluviales o aluvionales y asegurarse de que no haya una “invasión” de residuos arrastrados por la lluvia en la red cloacal.
Además, los municipios deberán asegurar, “con inspecciones periódicas, que los frentistas de su localidad posean las descargas pluviales de sus predios a terrenos absorbentes o a la cuneta exterior de la vía pública”.
Como si eso fuera poco, deberán controlar a todas las empresas potencialmente contaminantes, como carnicerías, estaciones de servicio, clínicas y lavaderos. Cada tres meses, elevarán un informe sobre este seguimiento a la subsecretaría provincial de Recursos Hídricos.
El decreto remarca que los municipios “no podrán emitir inicio de obra ni convalidar obras ejecutadas ni emitir licencias comerciales” sin una autorización de la empresa que opere la red cloacal o de Recursos Hídricos.
Además, los “propietarios y explotadores” de barrios privados o cualquier establecimiento costero deberán permitir que ingresen inspectores públicos a medir algún posible foco contaminante. En caso de negarse, se podrá entrar con la fuerza pública sin necesidad de orden judicial.
El decreto no incluyó precisiones sobre el fondo para un “plan estratégico de alerta”. Respecto del comité provincial ambiental que creó la ley, establece que los miembros tendrán un año de mandato y se evitará la reelección de los representantes de organizaciones sociales.
.
Fecha de Publicación: 05/09/2018
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
Tras un año de demora, el gobernador Omar Gutiérrez aprobó ayer la letra chica de la ley de alerta hídrico-ambiental. Lo hizo a través de un decreto, en el que responsabilizó a los municipios por el control de la contaminación, así sean vertidos cloacales, pluviales o industriales.
El decreto es el número 1326/18 y reglamenta una ley sancionada en junio del año pasado, luego de sucesivas marchas contra la contaminación de los ríos en la Confluencia. En la reglamentación, Gutiérrez enfatizó que los municipios son “especialmente responsables” de controlar los vertidos a los ríos porque “son los dueños de los servicios que se prestan en sus localidades”, tanto de agua como de cloacas, y manejan los desagües pluviales y aluvionales.
El decreto establece que cada comuna deberá controlar, junto con la concesionaria del servicio cloacal, todos los vuelcos finales “y los vertidos particulares a las redes públicas”.
También tendrán que monitorear sus sistemas pluviales o aluvionales y asegurarse de que no haya una “invasión” de residuos arrastrados por la lluvia en la red cloacal.
Además, los municipios deberán asegurar, “con inspecciones periódicas, que los frentistas de su localidad posean las descargas pluviales de sus predios a terrenos absorbentes o a la cuneta exterior de la vía pública”.
Como si eso fuera poco, deberán controlar a todas las empresas potencialmente contaminantes, como carnicerías, estaciones de servicio, clínicas y lavaderos. Cada tres meses, elevarán un informe sobre este seguimiento a la subsecretaría provincial de Recursos Hídricos.
El decreto remarca que los municipios “no podrán emitir inicio de obra ni convalidar obras ejecutadas ni emitir licencias comerciales” sin una autorización de la empresa que opere la red cloacal o de Recursos Hídricos.
Además, los “propietarios y explotadores” de barrios privados o cualquier establecimiento costero deberán permitir que ingresen inspectores públicos a medir algún posible foco contaminante. En caso de negarse, se podrá entrar con la fuerza pública sin necesidad de orden judicial.
El decreto no incluyó precisiones sobre el fondo para un “plan estratégico de alerta”. Respecto del comité provincial ambiental que creó la ley, establece que los miembros tendrán un año de mandato y se evitará la reelección de los representantes de organizaciones sociales.
.
Grave denuncia de desmonte en Misiones
Frenan desmonte en comunidad Mbya
Fecha de Publicación: 04/09/2018
Fuente: El Territorio
Provincia/Región: Misiones
El Ministerio de Ecología tomó conocimiento de una posible afectación de tierras propiedad de la comunidad guaraní Arroyo 9, en el municipio de San Vicente, y siguiendo instrucciones del ministro Juan Manuel Díaz se procedió a “suspender inmediatamente todas las actividades de aprovechamiento de bosques nativos, realizada por la firma ‘Tschirsch, Pablo Juan y otros’-, habilitada para realizar tareas de aprovechamiento de bosque nativo de su propiedad lindante a dicha comunidad”.
La acción surge luego de la denuncia del cacique Casimiro Nicasio Fernández sobre el accionar de personas ajenas a la comunidad mbya que apeaban y extraían árboles nativos, lo que afecta no sólo a la flora, sino también a los cursos de agua cercanos.
La cartera ecológica comisionó a personal de la Dirección de Control Forestal a fin de constatar posibles desvíos a los lineamientos del Plan de Manejo.
En sintonía, desde Greenpeace exigieron “la detención del desmonte”. Manifestaron su preocupación por el avance de las máquinas, que llegó “hasta pocos metros de sus viviendas. Esto impactó directamente en sus vertientes de agua, obstaculizado el cauce de arroyos y arruinado las posibilidades de desarrollar sus actividades de pesca y caza”.
La comunidad protege 1715 hectáreas, relevadas de acuerdo a la ley 26.160.
Denuncia de tala ilegal involucra a Tschirsch y al ministro Díaz
Fuente: Misiones Cuatro
Nuevamente, el Ministro de Ecología Juan Manuel Díaz se ve involucrado en una denuncia por presunta tala ilegal, esta vez, en un terreno que figura como propiedad del ex vicegobernador Pablo Tschirsch.
Según la denuncia del cacique mbya Casimiro Fernández, de la comunidad conocida como “Arroyo 9” de San Vicente, se está cortando árboles ancestrales de forma ilegal, a metros de la aldea, incumpliéndose con los compromisos asumidos por el cuestionado ministro Díaz, respecto de no permitir tala de bosque nativo, a menos de 1000 metros de las comunidades mbya.
Fernández fue acompañado por el EMIPA (Equipo Misiones de la Pastoral Aborigen) y por un traductor, dado que no sabe hablar castellano. De hecho, es la primera vez que se traslada a Posadas.
“Hay preocupación porque cuando se destruye un árbol, se destruyen las medicinas (dentro de la cosmovisión mbya) que residen ahí. Cuando se corta un árbol, se destruyen los alimentos”, expresó el cacique, en su lengua nativa.
“Nos sentimos atropellados y tristes, no sólo yo sino toda la familia. Queremos que nos escuche toda la sociedad y el Ministerio de Ecología”, expresó el cacique, insistiendo en que unas 11 familias las que residen en esta comunidad.
“Nosotros queremos que nos acompañen para preservar el monte, que es responsabilidad de todos. Y que el responsable (Díaz), se siente a dialogar”, manifestó.
.
Fecha de Publicación: 04/09/2018
Fuente: El Territorio
Provincia/Región: Misiones
El Ministerio de Ecología tomó conocimiento de una posible afectación de tierras propiedad de la comunidad guaraní Arroyo 9, en el municipio de San Vicente, y siguiendo instrucciones del ministro Juan Manuel Díaz se procedió a “suspender inmediatamente todas las actividades de aprovechamiento de bosques nativos, realizada por la firma ‘Tschirsch, Pablo Juan y otros’-, habilitada para realizar tareas de aprovechamiento de bosque nativo de su propiedad lindante a dicha comunidad”.
La acción surge luego de la denuncia del cacique Casimiro Nicasio Fernández sobre el accionar de personas ajenas a la comunidad mbya que apeaban y extraían árboles nativos, lo que afecta no sólo a la flora, sino también a los cursos de agua cercanos.
La cartera ecológica comisionó a personal de la Dirección de Control Forestal a fin de constatar posibles desvíos a los lineamientos del Plan de Manejo.
En sintonía, desde Greenpeace exigieron “la detención del desmonte”. Manifestaron su preocupación por el avance de las máquinas, que llegó “hasta pocos metros de sus viviendas. Esto impactó directamente en sus vertientes de agua, obstaculizado el cauce de arroyos y arruinado las posibilidades de desarrollar sus actividades de pesca y caza”.
La comunidad protege 1715 hectáreas, relevadas de acuerdo a la ley 26.160.
Denuncia de tala ilegal involucra a Tschirsch y al ministro Díaz
Fuente: Misiones Cuatro
Nuevamente, el Ministro de Ecología Juan Manuel Díaz se ve involucrado en una denuncia por presunta tala ilegal, esta vez, en un terreno que figura como propiedad del ex vicegobernador Pablo Tschirsch.
Según la denuncia del cacique mbya Casimiro Fernández, de la comunidad conocida como “Arroyo 9” de San Vicente, se está cortando árboles ancestrales de forma ilegal, a metros de la aldea, incumpliéndose con los compromisos asumidos por el cuestionado ministro Díaz, respecto de no permitir tala de bosque nativo, a menos de 1000 metros de las comunidades mbya.
Fernández fue acompañado por el EMIPA (Equipo Misiones de la Pastoral Aborigen) y por un traductor, dado que no sabe hablar castellano. De hecho, es la primera vez que se traslada a Posadas.
“Hay preocupación porque cuando se destruye un árbol, se destruyen las medicinas (dentro de la cosmovisión mbya) que residen ahí. Cuando se corta un árbol, se destruyen los alimentos”, expresó el cacique, en su lengua nativa.
“Nos sentimos atropellados y tristes, no sólo yo sino toda la familia. Queremos que nos escuche toda la sociedad y el Ministerio de Ecología”, expresó el cacique, insistiendo en que unas 11 familias las que residen en esta comunidad.
“Nosotros queremos que nos acompañen para preservar el monte, que es responsabilidad de todos. Y que el responsable (Díaz), se siente a dialogar”, manifestó.
.
Etiquetas:
bosques nativos,
Desmontes,
ecosistemas,
Misiones,
política ambiental,
pueblos originarios
|
0
comentarios
San Juan instala cámaras para controlar mineras
Instalaron un "Gran Hermano" para controlar Veladero, Pelambres y otros proyectos mineros
Fecha de Publicación: 04/09/2018
Fuente: San Juan 8
Provincia/Región: San Juan
El Ministerio de Minería colocó cinco cámaras panorámicas en lugares estratégicos para tener un constante monitoreo de lo que ocurre en proyectos y escombreras.
Con el afán de controlar lo que ocurre en cada lugar estratégico donde se realizan proyectos mineros y en las escombreras, el Ministerio de Minería colocó cámaras de última generación y con giro de 360°, para llevar adelante un especie de "Gran Hermano" las 24 horas. Las primeras cinco cámaras panorámicas estarán ubicados en el valle de Lixiviación, en Veladero, en la escombrera Cerro Amarillo y en Pelambres. Estas suman un total de 14 cámaras de seguridad para fiscalizar los proyectos.
Según informó el Ministerio de Minería, las cámaras tienen una visión de 360º de alta definición. Producen imágenes en colores de día, con pasaje automático a visión monocromática de noche. Estas cámaras están diseñadas para operar en condiciones climáticas extremas, con un rango de -40 ºC a +60 ºC de temperatura.
La transmisión en vivo de las imágenes se hace a través de un sistema de internet satelital de alta velocidad denominado Banda K. Junto a las cámaras se instalaron estaciones meteorológicas lo que permiten, además, conocer las condiciones climáticas de cada sitio. Las imágenes se visualizan en un monitor de 55 pulgadas ubicado en el Área de Coordinación de Proyectos.
.
Fecha de Publicación: 04/09/2018
Fuente: San Juan 8
Provincia/Región: San Juan
El Ministerio de Minería colocó cinco cámaras panorámicas en lugares estratégicos para tener un constante monitoreo de lo que ocurre en proyectos y escombreras.
Con el afán de controlar lo que ocurre en cada lugar estratégico donde se realizan proyectos mineros y en las escombreras, el Ministerio de Minería colocó cámaras de última generación y con giro de 360°, para llevar adelante un especie de "Gran Hermano" las 24 horas. Las primeras cinco cámaras panorámicas estarán ubicados en el valle de Lixiviación, en Veladero, en la escombrera Cerro Amarillo y en Pelambres. Estas suman un total de 14 cámaras de seguridad para fiscalizar los proyectos.
Según informó el Ministerio de Minería, las cámaras tienen una visión de 360º de alta definición. Producen imágenes en colores de día, con pasaje automático a visión monocromática de noche. Estas cámaras están diseñadas para operar en condiciones climáticas extremas, con un rango de -40 ºC a +60 ºC de temperatura.
La transmisión en vivo de las imágenes se hace a través de un sistema de internet satelital de alta velocidad denominado Banda K. Junto a las cámaras se instalaron estaciones meteorológicas lo que permiten, además, conocer las condiciones climáticas de cada sitio. Las imágenes se visualizan en un monitor de 55 pulgadas ubicado en el Área de Coordinación de Proyectos.
.
Buscan solucionar el problema de quemas en islas del Litoral
El Concejo busca soluciones para las quemas en las islas
Fecha de Publicación: 04/09/2018
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Litoral
El Concejo estudia solicitar una reunión con el ministro de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.
El Concejo estudia solicitar una reunión con el ministro de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio Bergman, para buscar "una urgente solución" a los problemas que genera la quema indiscriminada de pastizales en la zona de las islas frente a Rosario, un problema crónico que suele agravarse en época de bajante y hacia el final del invierno, cuando los productores ganaderos "limpian" el terreno de vegetación seca para que crezcan nuevas pasturas.
El proyecto, que cuenta con las firmas de los concejales Osvaldo Miatello (peronismo) y Pablo Javkin (Frente Progresista), fue puesto a consideración y aprobado por la comisión de Ecología y se tratará en el recinto mañana con la idea de acelerar los trámites para que el gobierno nacional se involucre en el problema "debido a los problemas de jurisdicción que resultan de esta problemática".
La solicitud del Concejo se suma a una serie de acciones de la Municipalidad que incluyeron pedidos a la provincia y a la Nación para que intercedan ante el gobierno entrerriano, ya que las quemas afectan a la ciudad pero ocurren en otra provincia, un escenario que complica la toma de decisiones.
A eso se sumó una reunión que tuvo lugar la semana pasada y que agrupó a funcionarios santafesinos, entrerrianos y nacionales con el objetivo de buscar una solución concreta a la problemática.
Ayer, además, la intendenta Mónica Fein instruyó al departamento de Legales del municipio a llevar adelante acciones si persisten los focos de incendio.
Desde hace semanas se multiplican las quemas en el humedal que técnicamente pertenece al municipio de Victoria, ciudad a la cual pertenecen las cerca de 230 mil hectáreas de islas y riachos que se despliegan frente a Rosario.
El humo de esas quemas, que son legales sólo en la medida que tengan autorización previa (y vale recordar que hasta la semana pasada ninguna de las quemas detectadas tenía esa autorización), afecta la salud de los habitantes de Rosario y le suma peligro a los automovilistas que toman la ruta a Victoria, ya que disminuye considerablemente la visibilidad.
Además pone en peligro el ambiente, tanto la flora del lugar como la fauna. Así lo recordaron los concejales, que mencionan en el proyecto que las áreas afectadas son humedales, "ecosistemas de gran importancia en la región, ya que son reguladores de inundaciones, mantienen la calidad de agua y contienen una rica biodiversidad".
También reflotaron el recuerdo de las quemas del 2008, cuando el humo "ocasionó molestias a la población, lo que derivó en protestas por parte de los ciudadanos y cruces entre autoridades de la Municipalidad de Rosario y funcionarios del gobierno entrerriano".
"Aparentemente las quemas se realizan para revitalizar los pastizales y facilitar la actividad agropecuaria, pero las consecuencias afectan a la salud de los rosarinos y provocan falta de visibilidad en la ruta, lo que incrementa las probabilidades de accidentes" se explica.
Los ediles subrayaron que numerosas organizaciones ambientalistas tanto de Santa Fe como de Entre Ríos han manifestado "la necesidad de crear un área protegida en la zona de islas".
Al mismo tiempo destacaron que la ley nacional 26.562 establece en su artículo 3º que "queda prohibida en todo el territorio nacional toda actividad de quema que no cuente con la debida autorización expedida por la autoridad local competente".
.
Fecha de Publicación: 04/09/2018
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Litoral
El Concejo estudia solicitar una reunión con el ministro de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.
El Concejo estudia solicitar una reunión con el ministro de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio Bergman, para buscar "una urgente solución" a los problemas que genera la quema indiscriminada de pastizales en la zona de las islas frente a Rosario, un problema crónico que suele agravarse en época de bajante y hacia el final del invierno, cuando los productores ganaderos "limpian" el terreno de vegetación seca para que crezcan nuevas pasturas.
El proyecto, que cuenta con las firmas de los concejales Osvaldo Miatello (peronismo) y Pablo Javkin (Frente Progresista), fue puesto a consideración y aprobado por la comisión de Ecología y se tratará en el recinto mañana con la idea de acelerar los trámites para que el gobierno nacional se involucre en el problema "debido a los problemas de jurisdicción que resultan de esta problemática".
La solicitud del Concejo se suma a una serie de acciones de la Municipalidad que incluyeron pedidos a la provincia y a la Nación para que intercedan ante el gobierno entrerriano, ya que las quemas afectan a la ciudad pero ocurren en otra provincia, un escenario que complica la toma de decisiones.
A eso se sumó una reunión que tuvo lugar la semana pasada y que agrupó a funcionarios santafesinos, entrerrianos y nacionales con el objetivo de buscar una solución concreta a la problemática.
Ayer, además, la intendenta Mónica Fein instruyó al departamento de Legales del municipio a llevar adelante acciones si persisten los focos de incendio.
Desde hace semanas se multiplican las quemas en el humedal que técnicamente pertenece al municipio de Victoria, ciudad a la cual pertenecen las cerca de 230 mil hectáreas de islas y riachos que se despliegan frente a Rosario.
El humo de esas quemas, que son legales sólo en la medida que tengan autorización previa (y vale recordar que hasta la semana pasada ninguna de las quemas detectadas tenía esa autorización), afecta la salud de los habitantes de Rosario y le suma peligro a los automovilistas que toman la ruta a Victoria, ya que disminuye considerablemente la visibilidad.
Además pone en peligro el ambiente, tanto la flora del lugar como la fauna. Así lo recordaron los concejales, que mencionan en el proyecto que las áreas afectadas son humedales, "ecosistemas de gran importancia en la región, ya que son reguladores de inundaciones, mantienen la calidad de agua y contienen una rica biodiversidad".
También reflotaron el recuerdo de las quemas del 2008, cuando el humo "ocasionó molestias a la población, lo que derivó en protestas por parte de los ciudadanos y cruces entre autoridades de la Municipalidad de Rosario y funcionarios del gobierno entrerriano".
"Aparentemente las quemas se realizan para revitalizar los pastizales y facilitar la actividad agropecuaria, pero las consecuencias afectan a la salud de los rosarinos y provocan falta de visibilidad en la ruta, lo que incrementa las probabilidades de accidentes" se explica.
Los ediles subrayaron que numerosas organizaciones ambientalistas tanto de Santa Fe como de Entre Ríos han manifestado "la necesidad de crear un área protegida en la zona de islas".
Al mismo tiempo destacaron que la ley nacional 26.562 establece en su artículo 3º que "queda prohibida en todo el territorio nacional toda actividad de quema que no cuente con la debida autorización expedida por la autoridad local competente".
.
El ibuprofeno resulta un problema en los ecosistemas
El efecto colateral inesperado del ibuprofeno
Fecha de Publicación: 03/09/2018
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
El organismo humano sólo metaboliza una pequeña parte de la droga, el resto es expulsado y va a parar a los desagües y aguas superficiales. La presencia de ibuprofeno causa mutaciones en la fauna acuática. Una investigación de la Universidad Nacional de Luján.
En los pasillos del tren se escucha un hombre que vende: “Para la cartera de la dama y el bolsillo de caballero, un infaltable para dolores de cabeza, menstruales, de muela o musculares. Ibuprofeno con fecha de vencimiento al dorso del blíster”. Millones de cajas de ibuprofeno son vendidas año a año en Argentina. El 40 por ciento se compra sin receta, por lo que, probablemente, en muchos casos este consumo sea innecesario. El problema es que no sólo se medica quien tomó la pastilla: mientras el cuerpo sólo metaboliza una pequeña parte de la droga, el resto es expulsado y, por tanto, va a parar a los desagües, a las aguas superficiales y a las especies que habitan ese ecosistema.
Este analgésico está dentro de un grupo de contaminantes denominados emergentes: una serie de productos de uso cotidiano, como son los de limpieza, perfumería y medicamentos, cuyas formulaciones químicas o su combinación con otras sustancias provocan daños sobre el medio ambiente. Además, esos contaminantes pueden tener un riesgo sanitario para los humanos si los sistemas de depuración no alcanzan a retenerlos o inactivarlos y pueden ser reciclados en las redes de distribución de agua potable.
La reglamentación ambiental y sanitaria no los controla porque, hasta ahora, no se han considerado como una amenaza, pero, debido a recientes investigaciones sobre sus efectos, se han empezado a tener en cuenta.
Es así como desde la Universidad Nacional de Luján (UNLu), en el Programama de Ecofisiología Aplicada perteneciente al Instituto de Ecología y Desarrollo Sustentable (Inedes), la doctora Bettina Eissa y el equipo de investigación de ese laboratorio decidieron investigar la presencia de fármacos en los cuerpos de agua, puntualmente del ibuprofeno, y el correspondiente impacto ambiental que generan. ¿Las principales víctimas? Los peces.
La selección del compuesto a estudiar no fue azarosa. Según la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA), en 2017 se vendieron unas 34 millones de cajas de ibuprofeno en el país (incluyendo las versiones de venta libre y de venta bajo receta de los 7 productos más vendidos). Ante estas abultadas cifras de consumo, la presencia de ibuprofeno en el agua es mucho más pronunciada que otros compuestos.
“El ibuprofeno tiene una estructura química que no se degrada fácilmente, por lo que, a través de la orina, es eliminado del cuerpo casi igual que como cuando lo consumimos, es decir entre el 30 y el 90 por ciento de las dosis de fármacos ingeridos por humanos son excretados en la orina como sustancias activas”, explica la doctora Eissa.
En el caso de este medicamento, los investigadores han observado que, más allá de lo que proviene de inodoros y lavabos o de su imprudente descarte cuando llegan a la fecha de vencimiento, otra situación preocupante se da en las plantas de depuración de efluentes donde esta droga puede traspasar las barreras de las farmacéuticas y llegar a los cursos de agua sin mayores dificultades.
Si bien el ibuprofeno no es el más tóxico, al tener niveles de consumo tan altos, sus efectos en la fauna acuática ya son visibles. “Según lo observado en nuestros estudios –plantea la investigadora de la UNLu– estos desechos afectan la capacidad de natación de la especie y, por ende, su capacidad de trasladarse, alimentarse e incluso reproducirse”.
Además, en términos reproductivos, se encuentra una proporción poco equitativa entre machos y hembras; hay muchos menos machos. Esta situación es responsabilidad de los anticonceptivos que tienen un alto nivel de estrógeno, desecho también presente en los cursos de agua.
En torno al ibuprofeno, a nivel de genotoxicidad y de comportamiento, hay resultados variables, pero en las madrecitas de agua –la especie analizada, nativa de la fauna pampeana– hay cambios en los comportamientos de cortejo. “Los que eran expuestos a ibuprofeno no tenían intentos de copula, por ende, si esto es verdaderamente así en la naturaleza, se afecta directamente la actividad y estrategia reproductiva de la especie”, alerta Bettina Eissa. “También observamos efectos sobre la natación en las carpas, especie con la que recientemente iniciamos estudios con ibuprofeno”
El consumo incesante de medicamentos es un problema que ya puso en alerta a las máximas autoridades de salud a nivel mundial. Tal vez, parte del desafío sea entender que aquella inocente pastilla, tan a mano en la cartera y en cualquier oficina, no es inocua para el ser humano y mucho menos para el ambiente en el que está inmerso.
.
Fecha de Publicación: 03/09/2018
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
El organismo humano sólo metaboliza una pequeña parte de la droga, el resto es expulsado y va a parar a los desagües y aguas superficiales. La presencia de ibuprofeno causa mutaciones en la fauna acuática. Una investigación de la Universidad Nacional de Luján.
En los pasillos del tren se escucha un hombre que vende: “Para la cartera de la dama y el bolsillo de caballero, un infaltable para dolores de cabeza, menstruales, de muela o musculares. Ibuprofeno con fecha de vencimiento al dorso del blíster”. Millones de cajas de ibuprofeno son vendidas año a año en Argentina. El 40 por ciento se compra sin receta, por lo que, probablemente, en muchos casos este consumo sea innecesario. El problema es que no sólo se medica quien tomó la pastilla: mientras el cuerpo sólo metaboliza una pequeña parte de la droga, el resto es expulsado y, por tanto, va a parar a los desagües, a las aguas superficiales y a las especies que habitan ese ecosistema.
Este analgésico está dentro de un grupo de contaminantes denominados emergentes: una serie de productos de uso cotidiano, como son los de limpieza, perfumería y medicamentos, cuyas formulaciones químicas o su combinación con otras sustancias provocan daños sobre el medio ambiente. Además, esos contaminantes pueden tener un riesgo sanitario para los humanos si los sistemas de depuración no alcanzan a retenerlos o inactivarlos y pueden ser reciclados en las redes de distribución de agua potable.
La reglamentación ambiental y sanitaria no los controla porque, hasta ahora, no se han considerado como una amenaza, pero, debido a recientes investigaciones sobre sus efectos, se han empezado a tener en cuenta.
Es así como desde la Universidad Nacional de Luján (UNLu), en el Programama de Ecofisiología Aplicada perteneciente al Instituto de Ecología y Desarrollo Sustentable (Inedes), la doctora Bettina Eissa y el equipo de investigación de ese laboratorio decidieron investigar la presencia de fármacos en los cuerpos de agua, puntualmente del ibuprofeno, y el correspondiente impacto ambiental que generan. ¿Las principales víctimas? Los peces.
La selección del compuesto a estudiar no fue azarosa. Según la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA), en 2017 se vendieron unas 34 millones de cajas de ibuprofeno en el país (incluyendo las versiones de venta libre y de venta bajo receta de los 7 productos más vendidos). Ante estas abultadas cifras de consumo, la presencia de ibuprofeno en el agua es mucho más pronunciada que otros compuestos.
“El ibuprofeno tiene una estructura química que no se degrada fácilmente, por lo que, a través de la orina, es eliminado del cuerpo casi igual que como cuando lo consumimos, es decir entre el 30 y el 90 por ciento de las dosis de fármacos ingeridos por humanos son excretados en la orina como sustancias activas”, explica la doctora Eissa.
En el caso de este medicamento, los investigadores han observado que, más allá de lo que proviene de inodoros y lavabos o de su imprudente descarte cuando llegan a la fecha de vencimiento, otra situación preocupante se da en las plantas de depuración de efluentes donde esta droga puede traspasar las barreras de las farmacéuticas y llegar a los cursos de agua sin mayores dificultades.
Si bien el ibuprofeno no es el más tóxico, al tener niveles de consumo tan altos, sus efectos en la fauna acuática ya son visibles. “Según lo observado en nuestros estudios –plantea la investigadora de la UNLu– estos desechos afectan la capacidad de natación de la especie y, por ende, su capacidad de trasladarse, alimentarse e incluso reproducirse”.
Además, en términos reproductivos, se encuentra una proporción poco equitativa entre machos y hembras; hay muchos menos machos. Esta situación es responsabilidad de los anticonceptivos que tienen un alto nivel de estrógeno, desecho también presente en los cursos de agua.
En torno al ibuprofeno, a nivel de genotoxicidad y de comportamiento, hay resultados variables, pero en las madrecitas de agua –la especie analizada, nativa de la fauna pampeana– hay cambios en los comportamientos de cortejo. “Los que eran expuestos a ibuprofeno no tenían intentos de copula, por ende, si esto es verdaderamente así en la naturaleza, se afecta directamente la actividad y estrategia reproductiva de la especie”, alerta Bettina Eissa. “También observamos efectos sobre la natación en las carpas, especie con la que recientemente iniciamos estudios con ibuprofeno”
El consumo incesante de medicamentos es un problema que ya puso en alerta a las máximas autoridades de salud a nivel mundial. Tal vez, parte del desafío sea entender que aquella inocente pastilla, tan a mano en la cartera y en cualquier oficina, no es inocua para el ser humano y mucho menos para el ambiente en el que está inmerso.
.
El Obelisco en "terapia intensiva"
El Obelisco, en "terapia intensiva" por la contaminación en el aire
Fecha de Publicación: 03/09/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: CABA
El Obelisco despertó este miércoles "en terapia intensiva", a raíz de una caracterización que un grupo de activistas de Greenpeace realizó de enfermedades respiratorias consecuentes a la "contaminación del aire" en la ciudad de Buenos Aires (Caba), informó. “El aire en la ciudad nos enferma” fue el reclamo de la organización ambientalista luego de realizar un estudio sobre la calidad del aire en Capital Federal y confirmar que los valores de polución en el aire superan los niveles de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
“Desde Greenpeace exigimos aire limpio ya. Los vecinos porteños están expuestos a altos niveles de componentes tóxicos, producto en su mayoría de las emisiones del caño de escape de colectivos. Mientras el transporte público dependa de la quema de combustibles como el gasoil, respirar en la ciudad es una amenaza para todos. Los últimos resultados de nuestro estudio son alarmantes (...)”, afirmó Laura Vidal, coordinadora de la campaña de contaminación de aire de Greenpeace. Según Greenpeace, el sistema de medición de calidad del aire liderado por el Gobierno porteño "es insuficiente ya que cuenta solamente con tres estaciones de medición, mientras que ciudades tan grandes como Caba en Latinoamérica cuentan con diez o más. A su vez, las mediciones locales dejan por fuera contaminantes que representan un alto riesgo para la salud".
.
Fecha de Publicación: 03/09/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: CABA
El Obelisco despertó este miércoles "en terapia intensiva", a raíz de una caracterización que un grupo de activistas de Greenpeace realizó de enfermedades respiratorias consecuentes a la "contaminación del aire" en la ciudad de Buenos Aires (Caba), informó. “El aire en la ciudad nos enferma” fue el reclamo de la organización ambientalista luego de realizar un estudio sobre la calidad del aire en Capital Federal y confirmar que los valores de polución en el aire superan los niveles de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
“Desde Greenpeace exigimos aire limpio ya. Los vecinos porteños están expuestos a altos niveles de componentes tóxicos, producto en su mayoría de las emisiones del caño de escape de colectivos. Mientras el transporte público dependa de la quema de combustibles como el gasoil, respirar en la ciudad es una amenaza para todos. Los últimos resultados de nuestro estudio son alarmantes (...)”, afirmó Laura Vidal, coordinadora de la campaña de contaminación de aire de Greenpeace. Según Greenpeace, el sistema de medición de calidad del aire liderado por el Gobierno porteño "es insuficiente ya que cuenta solamente con tres estaciones de medición, mientras que ciudades tan grandes como Caba en Latinoamérica cuentan con diez o más. A su vez, las mediciones locales dejan por fuera contaminantes que representan un alto riesgo para la salud".
.
Juez y parte para autorizar el glifosato
Juez y parte del glifosato
Fecha de Publicación: 03/09/2018
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Buenos Aires
Seis concejales de Cambiemos son productores agropecuarios que utilizan agrotóxicos y uno de ellos es aplicador. En el Concejo Deliberante, votaron una ordenanza que habilita las fumigaciones a 30 metros de la zona urbana. El intendente promete vetar la norma.
Concejales de Cambiemos aprobaron una ordenanza municipal que habilita fumigaciones con agroquímicos a 30 metros de la zona urbana en la ciudad de Benito Juárez, al sur de la provincia de Buenos Aires. Julio Marini, intendente de la localidad, se comprometió a vetar la ordenanza.
El jueves se realizó la votación del proyecto en el Concejo Deliberante. La ordenanza se sancionó gracias al voto de la presidenta del Concejo, perteneciente a la alianza Cambiemos, debido a que había quedado igualada en siete votos. En ese momento entraron vecinos ambientalistas a insultar a los concejales con carteles que decían “Fuera Monsanto”.
El proyecto había sido presentado en primera instancia por el municipio, en el marco del Plan de Ordenamiento Territorial. El objetivo de la iniciativa era actualizar la regulación sobre el uso de agroquímicos y extender la zona de exclusión hacia los 500 metros desde el comienzo de la planta urbana. Sin embargo, el bloque de Cambiemos la modificó e impuso su voto mayoritario en la reunión de comisión.
El texto que se aprobó establece en su artículo 7 que “salvo Barker y Villa Cacique, se generará una zona de exclusión dentro de los 30 metros adyacentes contados desde los límites del área urbana”. Ambas localidades están ubicadas dentro del partido de Benito Juárez y, según el proyecto, se podría fumigar a 100 metros de la zona urbana.
El presidente del bloque de concejales del FpV local, Ramiro Peón, denunció que “esta ordenanza responde a intereses particulares, y en parte a cuestiones políticas provinciales y nacionales”. Además, en diálogo con radios locales, Peón sostuvo que les quedó “una sensación amarga de la sesión”.
Por su parte, Julio Marini, intendente de Benito Juárez, aseguró que mañana rechazará la ordenanza. Al igual que Peón, sostuvo que los concejales de Cambiemos son parte interesada para que se apruebe el uso de glifosato. “Seis concejales de Cambiemos son productores que usan estos productos y uno de ellos es aplicador”, dijo Marini haciendo referencia al concejal Juan Camio. “Me parece que no debería haber votado porque es juez y parte. Esa consulta la estamos haciendo también legalmente”, le contó el intendente a un medio local.
Marini calificó el proyecto de Cambiemos como “una locura” y aseguró que no se tiene en cuenta la salud de los 20 mil habitantes de Juárez, Barker y Villa Cacique. El intendente informó que la ordenanza propone forestar en las afueras de las tres localidades para formar una barrera que impida el paso del agrotóxico, pero esto le resultaría contradictorio. “Si según ellos no hay problema con el uso, ¿por qué se necesita una cortina de plantas?”, interrogó.
Además, la Municipalidad quedaría encargada del mantenimiento de las plantas. “La plata y la recaudación la hacen los productores y nosotros tenemos que hacer la inversión para que no se vaya a secar la planta”, afirmó el intendente. También explicó que se necesitan entre 10 y 12 años para que las plantas crezcan y puedan actuar como cortina. Asimismo, precisó que no basta con plantar sólo una. “Tenés que poner tres en distintas posiciones para hacer una cortina el día de mañana”, sostuvo Marini.
El intendente agregó que desde la Municipalidad se había convocado a reuniones para tratar otra ordenanza que regule las áreas de fumigación. “Convocamos al INTA, a la asociaciones de productores, a los aplicadores, a todo el concejo deliberante y a las juntas vecinales. Se trabajó un año y medio esta ordenanza”, contó Marini. Si bien se llegó a un consenso, esta ordenanza quedó anulada por Cambiemos en el Concejo Deliberante. “Se hizo un polígono donde se marcó muy bien donde se puede fumigar y dónde no, se tuvieron en cuenta los pozos de agua de donde consumimos nosotros el agua corriente. Los concejales de Cambiemos no tuvieron en cuenta los pozos de agua, los jardines, las escuelas”, señaló Marini.
.
Fecha de Publicación: 03/09/2018
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Buenos Aires
Seis concejales de Cambiemos son productores agropecuarios que utilizan agrotóxicos y uno de ellos es aplicador. En el Concejo Deliberante, votaron una ordenanza que habilita las fumigaciones a 30 metros de la zona urbana. El intendente promete vetar la norma.
Concejales de Cambiemos aprobaron una ordenanza municipal que habilita fumigaciones con agroquímicos a 30 metros de la zona urbana en la ciudad de Benito Juárez, al sur de la provincia de Buenos Aires. Julio Marini, intendente de la localidad, se comprometió a vetar la ordenanza.
El jueves se realizó la votación del proyecto en el Concejo Deliberante. La ordenanza se sancionó gracias al voto de la presidenta del Concejo, perteneciente a la alianza Cambiemos, debido a que había quedado igualada en siete votos. En ese momento entraron vecinos ambientalistas a insultar a los concejales con carteles que decían “Fuera Monsanto”.
El proyecto había sido presentado en primera instancia por el municipio, en el marco del Plan de Ordenamiento Territorial. El objetivo de la iniciativa era actualizar la regulación sobre el uso de agroquímicos y extender la zona de exclusión hacia los 500 metros desde el comienzo de la planta urbana. Sin embargo, el bloque de Cambiemos la modificó e impuso su voto mayoritario en la reunión de comisión.
El texto que se aprobó establece en su artículo 7 que “salvo Barker y Villa Cacique, se generará una zona de exclusión dentro de los 30 metros adyacentes contados desde los límites del área urbana”. Ambas localidades están ubicadas dentro del partido de Benito Juárez y, según el proyecto, se podría fumigar a 100 metros de la zona urbana.
El presidente del bloque de concejales del FpV local, Ramiro Peón, denunció que “esta ordenanza responde a intereses particulares, y en parte a cuestiones políticas provinciales y nacionales”. Además, en diálogo con radios locales, Peón sostuvo que les quedó “una sensación amarga de la sesión”.
Por su parte, Julio Marini, intendente de Benito Juárez, aseguró que mañana rechazará la ordenanza. Al igual que Peón, sostuvo que los concejales de Cambiemos son parte interesada para que se apruebe el uso de glifosato. “Seis concejales de Cambiemos son productores que usan estos productos y uno de ellos es aplicador”, dijo Marini haciendo referencia al concejal Juan Camio. “Me parece que no debería haber votado porque es juez y parte. Esa consulta la estamos haciendo también legalmente”, le contó el intendente a un medio local.
Marini calificó el proyecto de Cambiemos como “una locura” y aseguró que no se tiene en cuenta la salud de los 20 mil habitantes de Juárez, Barker y Villa Cacique. El intendente informó que la ordenanza propone forestar en las afueras de las tres localidades para formar una barrera que impida el paso del agrotóxico, pero esto le resultaría contradictorio. “Si según ellos no hay problema con el uso, ¿por qué se necesita una cortina de plantas?”, interrogó.
Además, la Municipalidad quedaría encargada del mantenimiento de las plantas. “La plata y la recaudación la hacen los productores y nosotros tenemos que hacer la inversión para que no se vaya a secar la planta”, afirmó el intendente. También explicó que se necesitan entre 10 y 12 años para que las plantas crezcan y puedan actuar como cortina. Asimismo, precisó que no basta con plantar sólo una. “Tenés que poner tres en distintas posiciones para hacer una cortina el día de mañana”, sostuvo Marini.
El intendente agregó que desde la Municipalidad se había convocado a reuniones para tratar otra ordenanza que regule las áreas de fumigación. “Convocamos al INTA, a la asociaciones de productores, a los aplicadores, a todo el concejo deliberante y a las juntas vecinales. Se trabajó un año y medio esta ordenanza”, contó Marini. Si bien se llegó a un consenso, esta ordenanza quedó anulada por Cambiemos en el Concejo Deliberante. “Se hizo un polígono donde se marcó muy bien donde se puede fumigar y dónde no, se tuvieron en cuenta los pozos de agua de donde consumimos nosotros el agua corriente. Los concejales de Cambiemos no tuvieron en cuenta los pozos de agua, los jardines, las escuelas”, señaló Marini.
.
Córdoba sigue perdiendo monte
Creció el desmonte en 2017
Fecha de Publicación: 02/09/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
El 2017 fue un año tenso en la discusión sobre el futuro del monte nativo de Córdoba. El intento de modificar la ley de bosques (9.814) por parte de algunos legisladores oficialistas naufragó tras las multitudinarias marchas. Sin embargo, mientras la sociedad estaba movilizada, más de 14 mil hectáreas de estos ecosistemas sufrían alguna intervención ilegal.
El dato surge del monitoreo oficial que realiza la Policía Ambiental del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos.
Fueron 14.427 hectáreas intervenidas durante todo el año pasado. Esta superficie representa el doble de lo afectado en 2015, la última cifra oficial con la que se puede establecer una comparación. Los datos de 2016 están incompletos.
La información fue subida a la web del ministerio tras un insistente pedido de La Voz que se remonta a principios de este año.
Desde Policía Ambiental explicaron que el retraso se debe a que primero deben enviarlo al Ministerio de Ambiente de la Nación. También destacaron que Córdoba es de las pocas provincias que realizan un control tan riguroso.
El informe de 2017 (dividido en dos semestres) indica que las intervenciones ilegales sobre bosques nativos de categoría roja afectaron a 4.342 hectáreas (30 por ciento del total).
Las regiones en categoría roja representan bosques en el mejor estado de conservación y/o en recuperación. Las 10.085 hectáreas restantes están en categoría amarilla, donde el ecosistema ya ha sido modificado en el pasado.
Federico Kopta, presidente del Foro Ambiental Córdoba, celebró que se haya retomado la publicación de estos monitoreos, pero señaló que sería importante que no se realizaran con tanto retraso.
“Se volvió a brindar datos sobre la superficie total afectada en categoría amarilla, algo que había dejado de suceder en 2016. Sin embargo, no da detalles del tipo de intervención, lo cual resulta fundamental, ya que el 70 por ciento de las intervenciones se realizaron en bosque nativo de esta categoría”, comentó.
Kopta también señaló otro punto por el que ya ha enviado notas a la Provincia: “Otra información que no aporta es la superficie y tipo de intervención en los casos de desmontes autorizados por la Secretaría de Ambiente”.
Marcelo Cabido, investigador del Conicet y de la Universidad Nacional de Córdoba en el Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (Imbiv), coincide con Kopta. “Además de la superficie desmontada con autorización, debería darse a conocer dónde ocurrieron las intervenciones y cómo está identificado ese territorio en el mapa de ordenamiento territorial. Y la autoridad debería hacer públicas las razones por las cuales esas autorizaciones fueron concedidas”, detalló Cabido.
Rojo, al detalle
Como indicó Kopta, no hay más precisiones sobre las intervenciones en zona amarilla, pero sí hay detalles sobre las 4.342 hectáreas de categoría roja que fueron afectadas. El dato que más llama la atención es que en el 57,5 por ciento de la superficie (2.500 hectáreas del total rojo) se realizaron desmontes químicos, una práctica que no se había detectado en años anteriores. “Es alarmante, tanto en superficie como por la manera poco perceptible y rápida con la que se realiza esta práctica. Esto implica la urgencia de adecuar la normativa y actuaciones a esta nueva situación”, aseguró Kopta.
El desmonte químico implica la fumigación con sustancias específicas para eliminar el estrato arbustivo y parte de los árboles. Esta práctica está expresamente prohibida por la ley de bosques.
Para Kopta es necesario restringir severamente la circulación, comercialización, tenencia y uso de sustancias arbusticidas y arboricidas.
Un 3,5 por ciento del desmonte en categoría roja fue total (171 hectáreas), mientras que en el restante 38,5 por ciento las intervenciones fueron de desmonte selectivo, rolado y otras.
En estos casos, lo que se realiza es eliminar el estrato arbustivo y dejar algunos árboles maduros en pie que pueden proveer sombra y algo de alimento al ganado.
Cabido, uno de los ecólogos más importantes del país, aseguró que todos los tipos de intervenciones en el bosque nativo (desmonte total, selectivo, químico, etc.) producen alteraciones sustanciales en la composición de especies (flora y fauna), en la estructura (distribución vertical y horizontal de la biomasa) y en el funcionamiento del bosque.
“También provoca una reducción de los servicios y bienes que el bosque brinda a los seres humanos como captación y provisión de agua, forraje y otros productos forestales”, explicó.
El departamento que sufrió más desmonte ilegal en zona roja fue Río Seco (1.557,5 hectáreas), seguido por Sobremonte (1.455,5), Río Primero (347,2) e Ischilín (295,4).
Para qué se deforesta: tres casos permitidos
Desde 2010 se perdieron 45 mil hectáreas de monte.
Ganadería. En el norte provincial, la eliminación de estrato arbustivo sirve para realizar ganadería. Algunas de esta intervenciones están prohibidas y otras deben realizarse con autorización de Ambiente.
Mantenimiento. Otras veces se realizan desmontes totales de franjas de un predio para picadas y cortafuegos, las cuales están permitidas con autorización previa de Ambiente.
Urbanización. Otro desmonte ilegal es el que se realiza para algún desarrollo inmobiliario. Los desmontes totales en zona roja están prohibidos por ley.
.
Fecha de Publicación: 02/09/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
El 2017 fue un año tenso en la discusión sobre el futuro del monte nativo de Córdoba. El intento de modificar la ley de bosques (9.814) por parte de algunos legisladores oficialistas naufragó tras las multitudinarias marchas. Sin embargo, mientras la sociedad estaba movilizada, más de 14 mil hectáreas de estos ecosistemas sufrían alguna intervención ilegal.
El dato surge del monitoreo oficial que realiza la Policía Ambiental del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos.
Fueron 14.427 hectáreas intervenidas durante todo el año pasado. Esta superficie representa el doble de lo afectado en 2015, la última cifra oficial con la que se puede establecer una comparación. Los datos de 2016 están incompletos.
La información fue subida a la web del ministerio tras un insistente pedido de La Voz que se remonta a principios de este año.
Desde Policía Ambiental explicaron que el retraso se debe a que primero deben enviarlo al Ministerio de Ambiente de la Nación. También destacaron que Córdoba es de las pocas provincias que realizan un control tan riguroso.
El informe de 2017 (dividido en dos semestres) indica que las intervenciones ilegales sobre bosques nativos de categoría roja afectaron a 4.342 hectáreas (30 por ciento del total).
Las regiones en categoría roja representan bosques en el mejor estado de conservación y/o en recuperación. Las 10.085 hectáreas restantes están en categoría amarilla, donde el ecosistema ya ha sido modificado en el pasado.
Federico Kopta, presidente del Foro Ambiental Córdoba, celebró que se haya retomado la publicación de estos monitoreos, pero señaló que sería importante que no se realizaran con tanto retraso.
“Se volvió a brindar datos sobre la superficie total afectada en categoría amarilla, algo que había dejado de suceder en 2016. Sin embargo, no da detalles del tipo de intervención, lo cual resulta fundamental, ya que el 70 por ciento de las intervenciones se realizaron en bosque nativo de esta categoría”, comentó.
Kopta también señaló otro punto por el que ya ha enviado notas a la Provincia: “Otra información que no aporta es la superficie y tipo de intervención en los casos de desmontes autorizados por la Secretaría de Ambiente”.
Marcelo Cabido, investigador del Conicet y de la Universidad Nacional de Córdoba en el Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (Imbiv), coincide con Kopta. “Además de la superficie desmontada con autorización, debería darse a conocer dónde ocurrieron las intervenciones y cómo está identificado ese territorio en el mapa de ordenamiento territorial. Y la autoridad debería hacer públicas las razones por las cuales esas autorizaciones fueron concedidas”, detalló Cabido.
Rojo, al detalle
Como indicó Kopta, no hay más precisiones sobre las intervenciones en zona amarilla, pero sí hay detalles sobre las 4.342 hectáreas de categoría roja que fueron afectadas. El dato que más llama la atención es que en el 57,5 por ciento de la superficie (2.500 hectáreas del total rojo) se realizaron desmontes químicos, una práctica que no se había detectado en años anteriores. “Es alarmante, tanto en superficie como por la manera poco perceptible y rápida con la que se realiza esta práctica. Esto implica la urgencia de adecuar la normativa y actuaciones a esta nueva situación”, aseguró Kopta.
El desmonte químico implica la fumigación con sustancias específicas para eliminar el estrato arbustivo y parte de los árboles. Esta práctica está expresamente prohibida por la ley de bosques.
Para Kopta es necesario restringir severamente la circulación, comercialización, tenencia y uso de sustancias arbusticidas y arboricidas.
Un 3,5 por ciento del desmonte en categoría roja fue total (171 hectáreas), mientras que en el restante 38,5 por ciento las intervenciones fueron de desmonte selectivo, rolado y otras.
En estos casos, lo que se realiza es eliminar el estrato arbustivo y dejar algunos árboles maduros en pie que pueden proveer sombra y algo de alimento al ganado.
Cabido, uno de los ecólogos más importantes del país, aseguró que todos los tipos de intervenciones en el bosque nativo (desmonte total, selectivo, químico, etc.) producen alteraciones sustanciales en la composición de especies (flora y fauna), en la estructura (distribución vertical y horizontal de la biomasa) y en el funcionamiento del bosque.
“También provoca una reducción de los servicios y bienes que el bosque brinda a los seres humanos como captación y provisión de agua, forraje y otros productos forestales”, explicó.
El departamento que sufrió más desmonte ilegal en zona roja fue Río Seco (1.557,5 hectáreas), seguido por Sobremonte (1.455,5), Río Primero (347,2) e Ischilín (295,4).
Para qué se deforesta: tres casos permitidos
Desde 2010 se perdieron 45 mil hectáreas de monte.
Ganadería. En el norte provincial, la eliminación de estrato arbustivo sirve para realizar ganadería. Algunas de esta intervenciones están prohibidas y otras deben realizarse con autorización de Ambiente.
Mantenimiento. Otras veces se realizan desmontes totales de franjas de un predio para picadas y cortafuegos, las cuales están permitidas con autorización previa de Ambiente.
Urbanización. Otro desmonte ilegal es el que se realiza para algún desarrollo inmobiliario. Los desmontes totales en zona roja están prohibidos por ley.
.
Etiquetas:
bosques nativos,
Córdoba,
Desmontes,
ecosistemas,
legislación y derecho ambiental
|
0
comentarios
Chau alerta temprana en Buenos Aires por la crisis
Por la devaluación, la provincia da de baja la licitación para monitorear inundaciones
Fecha de Publicación: 02/09/2018
Fuente: La Política Online
Provincia/Región: Buenos Aires
El Gobierno de María Eugenia Vidal debió dar de baja la licitación que había adjudicado para que un grupo de tres empresas explotara el sistema de alerta temprana para monitorear las inundaciones de la provincia.
Ese sistema había generado ruido en el gabinete, a tal punto que la semana pasada "renunció" el ingeniero Pablo Romanazzi a la Comisión de Investigaciones Científicas (CIC), que reporta al Ministerio de Ciencia y Tecnología a cargo del radical Jorge Elustondo.
Romanazzi impulsaba un proyecto para que el propio estado provincial se hiciera cargo del desarrollo y explotación del sistema de alerta temprana, armando un equipo para contar con una suerte de Arsat bonaerense.
Silvosa vuelve al gabinete de Vidal al frente de la subsecretaría de Puertos e Industria
Pero debió partir porque esa idea no era apoyada por los altos mandos. Elustondo pujó durante un año con el ex subsecretario de Infraestructura Hidráulica, Rodrigo Silvosa, ahora subsecretario de Puertos, Industria, Comercio y Minería del ministerio de la Producción, para quedarse con el control del sistema que la cúpula del Ejecutivo quería dejar en manos de privados.
Tras la desgastante pelea, la cúpula eligió a Elustondo para manejar el sistema. Enterado de esta iniciativa, Horacio Rodríguez Larreta ofreció un radar de alerta temprana que explotaban las empresas Autotrol y BGH de la familia Garfunkel en la Ciudad.
Como el vasto territorio y los caudalosos ríos bonaerenses no podían ser cubiertos con el artefacto larretista, Vidal decidió lanzar una propia licitación, habida cuenta que los organismos multilaterales de crédito que precisa para financiar obras titánicas contra las inundaciones exigen un sistema de alerta temprana en los ríos. "Es un poste que se clava en el arroyo, pero las empresas supieron vender bien su tecnología", aseguraron a LPO fuentes al tanto de la licitación.
La licitación la ganó BGH junto a otras dos empresas, pero por la disparada del dólar -durante el año se devaluó el peso un 66%-, no quisieron invertir y se bajaron del contrato.
.
Fecha de Publicación: 02/09/2018
Fuente: La Política Online
Provincia/Región: Buenos Aires
El Gobierno de María Eugenia Vidal debió dar de baja la licitación que había adjudicado para que un grupo de tres empresas explotara el sistema de alerta temprana para monitorear las inundaciones de la provincia.
Ese sistema había generado ruido en el gabinete, a tal punto que la semana pasada "renunció" el ingeniero Pablo Romanazzi a la Comisión de Investigaciones Científicas (CIC), que reporta al Ministerio de Ciencia y Tecnología a cargo del radical Jorge Elustondo.
Romanazzi impulsaba un proyecto para que el propio estado provincial se hiciera cargo del desarrollo y explotación del sistema de alerta temprana, armando un equipo para contar con una suerte de Arsat bonaerense.
Silvosa vuelve al gabinete de Vidal al frente de la subsecretaría de Puertos e Industria
Pero debió partir porque esa idea no era apoyada por los altos mandos. Elustondo pujó durante un año con el ex subsecretario de Infraestructura Hidráulica, Rodrigo Silvosa, ahora subsecretario de Puertos, Industria, Comercio y Minería del ministerio de la Producción, para quedarse con el control del sistema que la cúpula del Ejecutivo quería dejar en manos de privados.
Tras la desgastante pelea, la cúpula eligió a Elustondo para manejar el sistema. Enterado de esta iniciativa, Horacio Rodríguez Larreta ofreció un radar de alerta temprana que explotaban las empresas Autotrol y BGH de la familia Garfunkel en la Ciudad.
Como el vasto territorio y los caudalosos ríos bonaerenses no podían ser cubiertos con el artefacto larretista, Vidal decidió lanzar una propia licitación, habida cuenta que los organismos multilaterales de crédito que precisa para financiar obras titánicas contra las inundaciones exigen un sistema de alerta temprana en los ríos. "Es un poste que se clava en el arroyo, pero las empresas supieron vender bien su tecnología", aseguraron a LPO fuentes al tanto de la licitación.
La licitación la ganó BGH junto a otras dos empresas, pero por la disparada del dólar -durante el año se devaluó el peso un 66%-, no quisieron invertir y se bajaron del contrato.
.
Córdoba: el gobierno quiere 300 árboles por hectárea en campos
Plan agroforestal: la unidad de medida son 300 árboles por hectárea
Fecha de Publicación: 02/09/2018
Fuente: AgroVoz
Provincia/Región: Córdoba
El secretario de Agricultura de Córdoba, Marcos Blanda, brindó detalles durante la agrojornada sobre soja y maíz del Plan Provincial Agroforestal, recientemente reglamentado por la Provincia.
En el marco del Día del Árbol, uno de los aspectos que dio a conocer Blanda fue cuál es la unidad de medida que se utilizará como parámetro para aprobar los proyectos de forestación.
“300 árboles equivalen a una hectárea”, dijo Blanda a los productores que lo escuchaban en el salón de Convenciones de Dinosaurio Mall.
En diálogo con Agrovoz, amplió que ese indicador significa que, si un establecimiento tiene 300 árboles desperdigados, significa que tiene el equivalente a una hectárea forestada.
Procesos
El funcionario recordó que la presentación de las declaraciones juradas debe hacerse antes de fin de año.
Quienes ya tengan forestado el mínimo de entre dos y cinco por ciento, se les dará por cumplida la obligación una vez que se certifique que realmente sea así. Quienes deban forestar, tienen un plazo máximo de 10 años para hacerlo, con la obligación de haber avanzado en un 50 por ciento como mínimo en los primeros cinco años.
Además, subrayó que varios productores pueden reunir sus establecimientos y elaborar un proyecto de forestación conjunto.
Un aspecto clave es que pronto saldrá una reglamentación que establecerá cuáles son las 15 especies arbóreas que, por su capacidad invasora, serán prohibidas.
“El resto, se podrán implantar todas. Podrán ser ornamentales, o con un fin económico, como frutales o para madera o bioenergía. Se van a recomendar especies para cada zona”, repasó Blanda.
.
Fecha de Publicación: 02/09/2018
Fuente: AgroVoz
Provincia/Región: Córdoba
El secretario de Agricultura de Córdoba, Marcos Blanda, brindó detalles durante la agrojornada sobre soja y maíz del Plan Provincial Agroforestal, recientemente reglamentado por la Provincia.
En el marco del Día del Árbol, uno de los aspectos que dio a conocer Blanda fue cuál es la unidad de medida que se utilizará como parámetro para aprobar los proyectos de forestación.
“300 árboles equivalen a una hectárea”, dijo Blanda a los productores que lo escuchaban en el salón de Convenciones de Dinosaurio Mall.
En diálogo con Agrovoz, amplió que ese indicador significa que, si un establecimiento tiene 300 árboles desperdigados, significa que tiene el equivalente a una hectárea forestada.
Procesos
El funcionario recordó que la presentación de las declaraciones juradas debe hacerse antes de fin de año.
Quienes ya tengan forestado el mínimo de entre dos y cinco por ciento, se les dará por cumplida la obligación una vez que se certifique que realmente sea así. Quienes deban forestar, tienen un plazo máximo de 10 años para hacerlo, con la obligación de haber avanzado en un 50 por ciento como mínimo en los primeros cinco años.
Además, subrayó que varios productores pueden reunir sus establecimientos y elaborar un proyecto de forestación conjunto.
Un aspecto clave es que pronto saldrá una reglamentación que establecerá cuáles son las 15 especies arbóreas que, por su capacidad invasora, serán prohibidas.
“El resto, se podrán implantar todas. Podrán ser ornamentales, o con un fin económico, como frutales o para madera o bioenergía. Se van a recomendar especies para cada zona”, repasó Blanda.
.
Orcas encalladas en la costa atlántica y desconcierto científico
Desconcierto entre los expertos por la cantidad de orcas encalladas en la Costa Atlántica
Fecha de Publicación: 01/09/2018
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional
La contaminación marina, la presencia de patologías o la desorientación de los animales son algunas de las teorías que bajaran los especialistas sobre los casos simultáneos en la costa bonaerense. "Algo está pasando, esto es claramente un llamado de atención", indicó una bióloga experta en varamientos a Infobae
Hasta hace un tiempo, la aparición de fauna marina en la Costa Atlántica bonaerense era todo un evento, una rareza. Sin embargo, en las últimas semanas, dos casos en la localidad de Nueva Atlantis, otro en Villa Gesell y dos en Mar del Plata le quitaron la excepcionalidad al varamiento de orcas. Fueron en total cinco las orcas encalladas en un lapso de tres días y, a pesar del esfuerzo de expertos y rescatistas, dos no pudieron sobrevivir. A principios de año, apenas finalizada la temporada, una ballena grande encalló en Punta Mogotes y murió allí.
"La verdad es que está habiendo más varamientos de los que estamos acostumbrados a recibir y eso nos está queriendo dar un mensaje", explicó a Infobae Karina Álvarez, responsable de Conservación de la Fundación Mundo Marino y parte del equipo de rescatistas de los últimos ejemplares varados.
"Las causas son muy difíciles de determinar por eso siempre nos manejamos con teorías y suposiciones. Para todos los que trabajamos en conservación es un llamado de atención con respecto a lo que estamos pasando. Además, la contaminación marina es alta y el problema de la basura es importante".
Estos casos simultáneos se conocieron a través de llamados de alerta a las organizaciones especialistas en fauna marina. En el primero, hace dos sábados, un vecino de San Clemente alertó al Centro de Rescate de la Fundación Mundo Marino que cerca de la costa, en Punta Rasa, en el extremo sur de la Bahía de Samborombón había un animal de gran tamaño varado.
Se trataba de una ballena jorobada juvenil de aproximadamente 10 metros de largo, varada a unos 300 metros de la costa, en un área pantanosa de vientos muy fuertes, con una red de pesca enredada en su aleta caudal que la mantenía con el 70% de su cuerpo fuera del agua.
En esa oportunidad, con la ayuda de dos excavadoras y una camilla especial, los rescatistas movieron al animal hacia una profundidad en la que pudiese nadar y recobrara movilidad y regresó al mar abierto.
En la noche del 24 de agosto, en otro llamado a Mundo Marino, se dio aviso de la presencia de tres orcas varadas en las playas de Nueva Atlantis, a 50 kilómetros de San Clemente del Tuyú. Sin embargo, cuando el equipo de rescate de la Fundación acudió a socorrerla encontró un animal de cuatro toneladas en situación crítica (varado muy adentrado en la costa y visiblemente acalambrado) y otro muerto.
Rescatistas de Mundo Marino, Prefectura Naval Argentina, Defensa Civil, Municipalidad del Partido de la Costa, Guardavidas y vecinos trabajaron por casi 20 horas con muy bajas temperaturas para reinsertar la que todavía tenía signos vitales, en un operativo con mucha emoción. Otro ejemplar apareció muerto en las playas de Villa Gesell y se especula que se trata del tercer varamiento avisado.
Este domingo por la mañana, además, fueron rescatados por la Fundación Aquarium y Prefectura otros dos ejemplares juveniles cerca de la costa de Mar del Plata: uno en Punta Mogotes y otro en el puerto que no llegó a varar pero los barcos de Prefectura guiaron hasta mar abierto. Los especialistas que participaron de estos rescates también coincidieron en que es por lo menos llamativo la sucesión de varamientos.
"Nosotros lo que hacemos es intentar darles una oportunidad más y que si tiene la posibilidad de sobrevivir lo haga mar abierto", indicó Álvarez. "Sabemos que estamos luchando en contra de la naturaleza del animal pero hacemos todo lo humanamente posible para ayudarlos. Cuando son varios hay más posibilidades de sobrevida porque puede ser uno sólo con una patología que vare y los otros acompañándolo varan también".
"No tenemos los laboratorios como para hacer un análisis muy exhaustivo pero sí tomamos muestras de los ejemplares muertos que remitimos al equipo de ecotoxicología de la Universidad de Mar del Plata, para hacer estudios sobre posibles contaminantes", indicó la bióloga. Así se sabrá, por ejemplo, si tienen presencia de metales pesados.
"Del animal que queda varado vivo tratamos de tomar muestras de aire espirado y sangre para ver si hay algún infección, un parásito o bacteria que pueda ser la causante", señaló. "Pero lo mejor es hacer un estudio exhaustivo del oído medio y cerebro porque hay teorías que indican que hay parásitos que se alojan en esa zona y causan varamientos", explicó. También puede suceder que el animal se desoriente y al llegar a las playas de arena tan fina, se produce un efecto ventosa que no les permite desplazarse.
Según los especialistas que participan constantemente en los varamientos, en los animales más chicos que pueden ser trasladados para ser estudiados, se evidencian cada vez con mayor frecuencia importantes cantidades de plástico y basura en el contenido estomacal.
Con animales grandes como los de los últimos días, sin embargo, es más difícil realizar un estudio en profundidad porque es más difícil trasladarlos y analizarlos al aire libre es peligroso. "Hacer una necropsia en la playa no es aconsejable porque si ese animal tiene una enfermedad estaríamos dejando todos los patógenos en contacto con las personas. En las playas tan transitadas tratamos de no hacer ese tipo de necropsias para no contaminar la zona y no provocar algún tipo de zoonosis", comentó Álvarez.
"Algo está pasando, esto es claramente un llamado de atención", alertó sobre la situación que preocupa a todos los expertos y rescatistas por igual. "Con respecto a la basura, hace años que estamos siguiendo el tema e intentando tomar medidas para la prevención del plástico de un solo uso, por ejemplo. El plástico se usa hace 60 años y ya es un problema. Para cuando los primeros plásticos empiecen a degradarse el planeta ya va a estar cubierto".
.
Fecha de Publicación: 01/09/2018
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional
La contaminación marina, la presencia de patologías o la desorientación de los animales son algunas de las teorías que bajaran los especialistas sobre los casos simultáneos en la costa bonaerense. "Algo está pasando, esto es claramente un llamado de atención", indicó una bióloga experta en varamientos a Infobae
Hasta hace un tiempo, la aparición de fauna marina en la Costa Atlántica bonaerense era todo un evento, una rareza. Sin embargo, en las últimas semanas, dos casos en la localidad de Nueva Atlantis, otro en Villa Gesell y dos en Mar del Plata le quitaron la excepcionalidad al varamiento de orcas. Fueron en total cinco las orcas encalladas en un lapso de tres días y, a pesar del esfuerzo de expertos y rescatistas, dos no pudieron sobrevivir. A principios de año, apenas finalizada la temporada, una ballena grande encalló en Punta Mogotes y murió allí.
"La verdad es que está habiendo más varamientos de los que estamos acostumbrados a recibir y eso nos está queriendo dar un mensaje", explicó a Infobae Karina Álvarez, responsable de Conservación de la Fundación Mundo Marino y parte del equipo de rescatistas de los últimos ejemplares varados.
"Las causas son muy difíciles de determinar por eso siempre nos manejamos con teorías y suposiciones. Para todos los que trabajamos en conservación es un llamado de atención con respecto a lo que estamos pasando. Además, la contaminación marina es alta y el problema de la basura es importante".
Estos casos simultáneos se conocieron a través de llamados de alerta a las organizaciones especialistas en fauna marina. En el primero, hace dos sábados, un vecino de San Clemente alertó al Centro de Rescate de la Fundación Mundo Marino que cerca de la costa, en Punta Rasa, en el extremo sur de la Bahía de Samborombón había un animal de gran tamaño varado.
Se trataba de una ballena jorobada juvenil de aproximadamente 10 metros de largo, varada a unos 300 metros de la costa, en un área pantanosa de vientos muy fuertes, con una red de pesca enredada en su aleta caudal que la mantenía con el 70% de su cuerpo fuera del agua.
En esa oportunidad, con la ayuda de dos excavadoras y una camilla especial, los rescatistas movieron al animal hacia una profundidad en la que pudiese nadar y recobrara movilidad y regresó al mar abierto.
En la noche del 24 de agosto, en otro llamado a Mundo Marino, se dio aviso de la presencia de tres orcas varadas en las playas de Nueva Atlantis, a 50 kilómetros de San Clemente del Tuyú. Sin embargo, cuando el equipo de rescate de la Fundación acudió a socorrerla encontró un animal de cuatro toneladas en situación crítica (varado muy adentrado en la costa y visiblemente acalambrado) y otro muerto.
Rescatistas de Mundo Marino, Prefectura Naval Argentina, Defensa Civil, Municipalidad del Partido de la Costa, Guardavidas y vecinos trabajaron por casi 20 horas con muy bajas temperaturas para reinsertar la que todavía tenía signos vitales, en un operativo con mucha emoción. Otro ejemplar apareció muerto en las playas de Villa Gesell y se especula que se trata del tercer varamiento avisado.
Este domingo por la mañana, además, fueron rescatados por la Fundación Aquarium y Prefectura otros dos ejemplares juveniles cerca de la costa de Mar del Plata: uno en Punta Mogotes y otro en el puerto que no llegó a varar pero los barcos de Prefectura guiaron hasta mar abierto. Los especialistas que participaron de estos rescates también coincidieron en que es por lo menos llamativo la sucesión de varamientos.
"Nosotros lo que hacemos es intentar darles una oportunidad más y que si tiene la posibilidad de sobrevivir lo haga mar abierto", indicó Álvarez. "Sabemos que estamos luchando en contra de la naturaleza del animal pero hacemos todo lo humanamente posible para ayudarlos. Cuando son varios hay más posibilidades de sobrevida porque puede ser uno sólo con una patología que vare y los otros acompañándolo varan también".
"No tenemos los laboratorios como para hacer un análisis muy exhaustivo pero sí tomamos muestras de los ejemplares muertos que remitimos al equipo de ecotoxicología de la Universidad de Mar del Plata, para hacer estudios sobre posibles contaminantes", indicó la bióloga. Así se sabrá, por ejemplo, si tienen presencia de metales pesados.
"Del animal que queda varado vivo tratamos de tomar muestras de aire espirado y sangre para ver si hay algún infección, un parásito o bacteria que pueda ser la causante", señaló. "Pero lo mejor es hacer un estudio exhaustivo del oído medio y cerebro porque hay teorías que indican que hay parásitos que se alojan en esa zona y causan varamientos", explicó. También puede suceder que el animal se desoriente y al llegar a las playas de arena tan fina, se produce un efecto ventosa que no les permite desplazarse.
Según los especialistas que participan constantemente en los varamientos, en los animales más chicos que pueden ser trasladados para ser estudiados, se evidencian cada vez con mayor frecuencia importantes cantidades de plástico y basura en el contenido estomacal.
Con animales grandes como los de los últimos días, sin embargo, es más difícil realizar un estudio en profundidad porque es más difícil trasladarlos y analizarlos al aire libre es peligroso. "Hacer una necropsia en la playa no es aconsejable porque si ese animal tiene una enfermedad estaríamos dejando todos los patógenos en contacto con las personas. En las playas tan transitadas tratamos de no hacer ese tipo de necropsias para no contaminar la zona y no provocar algún tipo de zoonosis", comentó Álvarez.
"Algo está pasando, esto es claramente un llamado de atención", alertó sobre la situación que preocupa a todos los expertos y rescatistas por igual. "Con respecto a la basura, hace años que estamos siguiendo el tema e intentando tomar medidas para la prevención del plástico de un solo uso, por ejemplo. El plástico se usa hace 60 años y ya es un problema. Para cuando los primeros plásticos empiecen a degradarse el planeta ya va a estar cubierto".
.
Red Yaguareté amplía el monitoreo de yaguaretés en Misiones
Amplían el radio de monitoreo de yaguaretés
Fecha de Publicación: 01/09/2018
Fuente: El Territorio
Provincia/Región: Misiones
Desde la Fundación Red Yaguareté se encuentran trabajando en la instalación de nuevas cámaras trampa para el monitoreo de ejemplares de la especie. Los dos lugares que recientemente se sumaron al proyecto son la Reserva de Biósfera Yabotí y el Parque Provincial Urugua-í, además de los sectores que desde hace tiempo son monitoreados como el Moconá, el Salto Encantado o Puerto Península.
Las cámaras trampa son equipos que cuentan con una cámara fotográfica y un sensor de temperatura-movimiento, diseñadas para fotografiar al animal cuando pasa. Su principal función es documentar la presencia de yaguaretés en su hábitat natural.
“Lo importante es tener registro de la población, si se mantiene, si está declinando o creciendo; y por otro lado, sirve para conocer en qué estado se encuentran (qué comen, cuántas veces pasan por un mismo lugar, horarios de mayor actividad)”, explicó El Territorio Nicolás Lodeiro, director ejecutivo de Red Yaguareté.
“En Salto Encantado estuvimos revisando algunas de las cámaras y tuvimos un ejemplar que apareció ahí que ya lo tenemos identificado hace bastante tiempo, entonces al comparar las manchas, ya sabemos que se trata del mismo. La cámara te da temperatura, fecha, horas, vos sabés todo con precisión”, detalló.
Fecha de Publicación: 01/09/2018
Fuente: El Territorio
Provincia/Región: Misiones
Desde la Fundación Red Yaguareté se encuentran trabajando en la instalación de nuevas cámaras trampa para el monitoreo de ejemplares de la especie. Los dos lugares que recientemente se sumaron al proyecto son la Reserva de Biósfera Yabotí y el Parque Provincial Urugua-í, además de los sectores que desde hace tiempo son monitoreados como el Moconá, el Salto Encantado o Puerto Península.
Las cámaras trampa son equipos que cuentan con una cámara fotográfica y un sensor de temperatura-movimiento, diseñadas para fotografiar al animal cuando pasa. Su principal función es documentar la presencia de yaguaretés en su hábitat natural.
“Lo importante es tener registro de la población, si se mantiene, si está declinando o creciendo; y por otro lado, sirve para conocer en qué estado se encuentran (qué comen, cuántas veces pasan por un mismo lugar, horarios de mayor actividad)”, explicó El Territorio Nicolás Lodeiro, director ejecutivo de Red Yaguareté.
“En Salto Encantado estuvimos revisando algunas de las cámaras y tuvimos un ejemplar que apareció ahí que ya lo tenemos identificado hace bastante tiempo, entonces al comparar las manchas, ya sabemos que se trata del mismo. La cámara te da temperatura, fecha, horas, vos sabés todo con precisión”, detalló.
Caputo suma denuncias por desmonte ilegal
Más denuncias contra Caputo
Fecha de Publicación: 01/09/2018
Fuente: El Ancasti (Catamarca)
Provincia/Región: Santiago del Estero
Otra vez el presidente del Banco Central, Luis Caputo, fue denunciado en Santiago del Estero, esta vez no solo por el desmonte ilegal de terrenos donde habitan pueblos originarios, sino además porque se trataría de predios donde circula el narcotráfico.
Según publicó el diario Minuto Uno, el desmonte ilegal se produjo en una superficie de aproximadamente 18 mil hectáreas, que equivale a la Capital Federal y que actualmente es ocupada por pueblos originarios, a la denuncia por el desmonte, los pobladores señalaron que en el lugar se ven sobrevolar aeronaves y sospechan del narcotráfico. “Se sienten avionetas. Todos pensamos que traen droga”, contaron los campesinos en una nota publicada por ese medio.
Desde 2006 se vienen registrando reclamos que apuntan contra una empresa que sería propiedad del funcionario nacional y otros empresarios, a quienes acusan de haberles quitado la paz a esta comunidad. Las denuncias apuntan contra Iván Gándara, Luis María Méndez Escurra y Luis Caputo.
“Son gente que se dice muy católica pero quitarle el pan a los más pobres no es muy religioso”, señaló Rodrigo Castells, sacerdote jesuita de San José de Boquerón, en al programa ADN de C5N.
En 2013, los empresarios fueron multados por desmonte ilegal a pagar $10 millones de pesos, pero Fiscalía de Estado de Santiago del Estero le rebajó la sanción a 1 millón, pero ni siquiera esa suma fue abonada.
Para los pobladores en el espacio en cuestión hay pistas de aterrizaje. “El 30 de julio vino una avioneta. Todos pensábamos que traían la droga”, señalaron.
.
Fecha de Publicación: 01/09/2018
Fuente: El Ancasti (Catamarca)
Provincia/Región: Santiago del Estero
Otra vez el presidente del Banco Central, Luis Caputo, fue denunciado en Santiago del Estero, esta vez no solo por el desmonte ilegal de terrenos donde habitan pueblos originarios, sino además porque se trataría de predios donde circula el narcotráfico.
Según publicó el diario Minuto Uno, el desmonte ilegal se produjo en una superficie de aproximadamente 18 mil hectáreas, que equivale a la Capital Federal y que actualmente es ocupada por pueblos originarios, a la denuncia por el desmonte, los pobladores señalaron que en el lugar se ven sobrevolar aeronaves y sospechan del narcotráfico. “Se sienten avionetas. Todos pensamos que traen droga”, contaron los campesinos en una nota publicada por ese medio.
Desde 2006 se vienen registrando reclamos que apuntan contra una empresa que sería propiedad del funcionario nacional y otros empresarios, a quienes acusan de haberles quitado la paz a esta comunidad. Las denuncias apuntan contra Iván Gándara, Luis María Méndez Escurra y Luis Caputo.
“Son gente que se dice muy católica pero quitarle el pan a los más pobres no es muy religioso”, señaló Rodrigo Castells, sacerdote jesuita de San José de Boquerón, en al programa ADN de C5N.
En 2013, los empresarios fueron multados por desmonte ilegal a pagar $10 millones de pesos, pero Fiscalía de Estado de Santiago del Estero le rebajó la sanción a 1 millón, pero ni siquiera esa suma fue abonada.
Para los pobladores en el espacio en cuestión hay pistas de aterrizaje. “El 30 de julio vino una avioneta. Todos pensábamos que traían la droga”, señalaron.
.
Abejas en riesgo por agroquímicos, impactante informe
Abejas en riesgo: el 90% de las colmenas ubicadas en zonas agroindustriales presentan contaminación por agroquímicos
Fecha de Publicación: 31/08/2018
Fuente: 0223.com.ar
Provincia/Región: Nacional
Así surge de un estudio realizado por investigadores de Conicet y la Universidad Nacional de Mar del Plata. Advierten que es necesario que el gobierno tome medidas preventivas para evitar que las colmenas comiencen a "desaparecer".
A través de un estudio que lleva más de seis años en curso, un grupo de investigadores del Conicet y de la Universidad Nacional de Mar del Plata (Unmdp) han podido determinar que casi el 90% de la miel de abeja que proviene de zonas agroindustriales de la Argentina contiene residuos de agroquímicos. Advierten que, si el gobierno no toma medidas preventivas, las colmenas del país podrían empezar a "desaparecer".
Luego de que en el 2004 la Unión Europea (UE) emitiera una alerta sanitaria por la presencia de antibióticos prohibidos en la miel argentina, la Dra. Sandra Medici, investigadora adjunta del Conicet, comenzó a investigar la contaminación de miel y cera de abejas con antibióticos y acaricidas de uso habitual en la apicultura argentina.
"Ese hecho le cerró las puertas del mercado europeo a los productos argentinos, lo que representó una crisis porque más del 98% de la miel de abeja que se produce en Argentina se exporta. Además, esa miel quedó en el país y se consumió en el mercado interno", explicó a 0223 Medici, sobre lo que fueron sus inicios en la investigación científica que le permitieron realizar su tesis doctoral.
La producción agrícola a nivel mundial depende de los organismos polinizadores para generar aproximadamente el 35% de los alimentos. Se estima que las abejas son las que producen casi el 75% de los servicios de polinización en todo el mundo. Sin embargo, desde hace más de 10 años los apicultores de Estados Unidos y de distintas regiones de Europa vienen denunciando la desaparición masiva de las colmenas.
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO), una extinción total de las abejas provocaría una auténtica crisis alimentaria. Dentro de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible al año 2030 (ODS) promovidos por la FAO, la preservación de las abejas cumple un papel fundamental para la consecución del “Hambre Cero”.
En Argentina, los primeros reportes que existen sobre problemas de características similares a los de Estados Unidos y Europa se remontan a 2012. Durante ese año, apicultores de las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe denunciaron que las abejas eran encontradas muertas en el exterior de la piquera (abertura de la colmena) o directamente no volvían a la colmena luego de los vuelos, lo que causó pérdidas del 50 a 90 por ciento de la población en unas pocas semanas.
Actualmente, Medici trabaja en el Instituto de Investigación en Sanidad, Producción y Ambiente (IIPROSAM) del Departamento de Biología en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de Mar del Plata (Unmdp) en conjunto con el Centro Biotecnológico Fares Taie a través de un convenio con Conicet, desde donde desarrolla sus investigaciones sobre la protección y sanidad de la abeja melífera.
"Cuando comencé a estudiar los acaricidas, encontré algunos residuos de agroquímicos en las ceras. Por eso, desde 2012 lo que estoy estudiando son los insecticidas neonicotinoides, que son los más letales para la abeja y el efecto sinérgico, es decir, lo que pasa cuando combinás distintas familias de plaguicidas", explicó la científica de Conicet.
En este sentido, Medici informó: "Las abejas realizan vuelos de hasta cuatro kilómetros en los que va tomando contacto con todos los agroquímicos que se están aplicando en ese momento o lo mismo pasa cuando recolectan polen de una planta. Expuestas a dosis subletales de estos pesticidas, las abejas se vuelven susceptibles a otras patologías porque su sistema inmunológico se ve afectado. Además, ingresan las sustancias a la colmena contaminando a la colonia y a los subproductos".
En conjunto con el grupo de investigadores de la Unmdp se analizaron 50 muestras de mieles provenientes de zonas agroindustruales de las provincias de Santa Fe, Córdoba, La Rioja, Formosa, Entre Ríos, Corrientes, Buenos Aires, Rio Negro y Neuquén. Del total de las muestras analizadas, el 88% presentó residuos de pesticidas, siendo el endosulfan sulfato el agroquímico más frecuente.
De acuerdo a lo que informó la bióloga, si bien los valores hallados de estos productos en miel están por debajo de los límites máximos permitidos por la Unión Europea, se pudo utilizar este parámetro para identificar las provincias de mayor riesgo para la actividad apícola, porque la presencia de estos productos en la colmena puede causar un efecto sinérgico negativo con los acaricidas utilizados en la actividad apícola.
Consultada respecto a la situación que atraviesa Mar del Plata, Medici señaló: "En esta zona no se describe una desaparición de colmenas como en otras zonas del país donde muchos apilcutores lo están relacionando con el uso de ciertos tipos insecticidas como el fipronil y los neonicotinoides".
.
Fecha de Publicación: 31/08/2018
Fuente: 0223.com.ar
Provincia/Región: Nacional
Así surge de un estudio realizado por investigadores de Conicet y la Universidad Nacional de Mar del Plata. Advierten que es necesario que el gobierno tome medidas preventivas para evitar que las colmenas comiencen a "desaparecer".
A través de un estudio que lleva más de seis años en curso, un grupo de investigadores del Conicet y de la Universidad Nacional de Mar del Plata (Unmdp) han podido determinar que casi el 90% de la miel de abeja que proviene de zonas agroindustriales de la Argentina contiene residuos de agroquímicos. Advierten que, si el gobierno no toma medidas preventivas, las colmenas del país podrían empezar a "desaparecer".
Luego de que en el 2004 la Unión Europea (UE) emitiera una alerta sanitaria por la presencia de antibióticos prohibidos en la miel argentina, la Dra. Sandra Medici, investigadora adjunta del Conicet, comenzó a investigar la contaminación de miel y cera de abejas con antibióticos y acaricidas de uso habitual en la apicultura argentina.
"Ese hecho le cerró las puertas del mercado europeo a los productos argentinos, lo que representó una crisis porque más del 98% de la miel de abeja que se produce en Argentina se exporta. Además, esa miel quedó en el país y se consumió en el mercado interno", explicó a 0223 Medici, sobre lo que fueron sus inicios en la investigación científica que le permitieron realizar su tesis doctoral.
La producción agrícola a nivel mundial depende de los organismos polinizadores para generar aproximadamente el 35% de los alimentos. Se estima que las abejas son las que producen casi el 75% de los servicios de polinización en todo el mundo. Sin embargo, desde hace más de 10 años los apicultores de Estados Unidos y de distintas regiones de Europa vienen denunciando la desaparición masiva de las colmenas.
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO), una extinción total de las abejas provocaría una auténtica crisis alimentaria. Dentro de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible al año 2030 (ODS) promovidos por la FAO, la preservación de las abejas cumple un papel fundamental para la consecución del “Hambre Cero”.
En Argentina, los primeros reportes que existen sobre problemas de características similares a los de Estados Unidos y Europa se remontan a 2012. Durante ese año, apicultores de las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe denunciaron que las abejas eran encontradas muertas en el exterior de la piquera (abertura de la colmena) o directamente no volvían a la colmena luego de los vuelos, lo que causó pérdidas del 50 a 90 por ciento de la población en unas pocas semanas.
Actualmente, Medici trabaja en el Instituto de Investigación en Sanidad, Producción y Ambiente (IIPROSAM) del Departamento de Biología en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de Mar del Plata (Unmdp) en conjunto con el Centro Biotecnológico Fares Taie a través de un convenio con Conicet, desde donde desarrolla sus investigaciones sobre la protección y sanidad de la abeja melífera.
"Cuando comencé a estudiar los acaricidas, encontré algunos residuos de agroquímicos en las ceras. Por eso, desde 2012 lo que estoy estudiando son los insecticidas neonicotinoides, que son los más letales para la abeja y el efecto sinérgico, es decir, lo que pasa cuando combinás distintas familias de plaguicidas", explicó la científica de Conicet.
En este sentido, Medici informó: "Las abejas realizan vuelos de hasta cuatro kilómetros en los que va tomando contacto con todos los agroquímicos que se están aplicando en ese momento o lo mismo pasa cuando recolectan polen de una planta. Expuestas a dosis subletales de estos pesticidas, las abejas se vuelven susceptibles a otras patologías porque su sistema inmunológico se ve afectado. Además, ingresan las sustancias a la colmena contaminando a la colonia y a los subproductos".
En conjunto con el grupo de investigadores de la Unmdp se analizaron 50 muestras de mieles provenientes de zonas agroindustruales de las provincias de Santa Fe, Córdoba, La Rioja, Formosa, Entre Ríos, Corrientes, Buenos Aires, Rio Negro y Neuquén. Del total de las muestras analizadas, el 88% presentó residuos de pesticidas, siendo el endosulfan sulfato el agroquímico más frecuente.
De acuerdo a lo que informó la bióloga, si bien los valores hallados de estos productos en miel están por debajo de los límites máximos permitidos por la Unión Europea, se pudo utilizar este parámetro para identificar las provincias de mayor riesgo para la actividad apícola, porque la presencia de estos productos en la colmena puede causar un efecto sinérgico negativo con los acaricidas utilizados en la actividad apícola.
Consultada respecto a la situación que atraviesa Mar del Plata, Medici señaló: "En esta zona no se describe una desaparición de colmenas como en otras zonas del país donde muchos apilcutores lo están relacionando con el uso de ciertos tipos insecticidas como el fipronil y los neonicotinoides".
.
Córdoba: directivos de una empresa imputados por contaminar
Tres directivos de la empresa Taym fueron imputados por contaminación
Fecha de Publicación: 31/08/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Es por el derrame de productos desde la planta de residuos peligrosos de esa firma, tras la inundación de marzo de 2017 que la afectó.
El fiscal de Instrucción de Alta Gracia, Alejandro Peralta Otonello, imputó a tres directivos de la empresa Taym SA por contaminación ambiental, a raíz de los derrames generados desde esa planta de residuos industriales tras la tormenta ocurrida en marzo de 2017 y que afectó la región, en el sur de la ciudad de Córdoba, donde está asentada esa empresa.
Fuentes judiciales indicaron a La Voz que la imputación se basa en la contaminación en general, luego de que el agua de la inundación ingresara a la planta de tratamiento de residuos peligrosos y saliera hasta caer en el canal Los Molinos, que lleva agua para potabilizar hacia la capital provincial.
Desde los tribunales de Alta Gracia confirmaron que los imputados son Alberto Esteban Verra, presidente de Taym (en Buenos Aires), la ingeniera María Áraoz, responsable técnica, y César Ernesto Ripsky, gerente operativo de la planta en Córdoba.
El 28 de marzo de 2017, una inusual y dramática tormenta azotó a la zona cercana a Villa Parque Santa, una localidad ubicada a 25 kilómetros de Córdoba Capital. Muchos vecinos sufrieron consecuencias en sus viviendas, pero el ingreso de agua en la planta de tratamiento de residuos peligrosos de Taym llevó a una investigación judicial sobre las posibles consecuencias ambientales. Taym se ubica sobre ruta 36 y es propiedad del grupo Benito Roggio e Hijos.
La causa
Por esa inundación, la planta de Taym quedó totalmente anegada. Una intensa lluvia provocó una escorrentía que, luego de atravesar esas instalaciones, llegó al canal Los Molinos, que abastece a una planta potabilizadora que provee de agua al 30 por ciento de la ciudad de Córdoba. Entre los residuos que se encontraban en la planta existen derivados de petróleo, químicos, metales y plásticos, industriales, entre otros.
“La imputación trata la contaminación de la planta al agua, la superficie y la atmósfera de un modo peligroso para la salud, luego de que la lluvia ingresara a las instalaciones, detallaron fuentes judiciales.
Asimismo, agregaron que la pericia hace una salvedad que señala que habría llegado el agua “contaminada” al canal Los Molinos una hora antes de que cerraran las compuertas. “No obstante, la pericia no menciona si esa agua habría sido destinada al consumo de las personas de la zona sur”, indicaron las fuentes.
En su momento, tanto la empresa Aguas Cordobesas como el ente regulador provincial Ersep habían señalado que el agua de consumo no se había visto afectada.
Para esta semana (entre martes y miércoles) se esperan las declaraciones de los imputados en el caso, según se indicó a La Voz.
El delito de contaminación ambiental (dolosa) puede tener una pena de tres a diez años de prisión.
Según publicó el diario Perfil, los estudios de peritajes encargados por el fiscal de Alta Gracia se extendieron por tres meses y fueron realizados por el ingeniero químico Orlando de la Rúa, junto con la médica Gimena Fernández, el biólogo y especialista en seguridad ambiental Rubén Darío González, el experto en Hidráulica Facundo José Alonso y Oscar Héctor Carubelli, geotécnico.
.
Fecha de Publicación: 31/08/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Es por el derrame de productos desde la planta de residuos peligrosos de esa firma, tras la inundación de marzo de 2017 que la afectó.
El fiscal de Instrucción de Alta Gracia, Alejandro Peralta Otonello, imputó a tres directivos de la empresa Taym SA por contaminación ambiental, a raíz de los derrames generados desde esa planta de residuos industriales tras la tormenta ocurrida en marzo de 2017 y que afectó la región, en el sur de la ciudad de Córdoba, donde está asentada esa empresa.
Fuentes judiciales indicaron a La Voz que la imputación se basa en la contaminación en general, luego de que el agua de la inundación ingresara a la planta de tratamiento de residuos peligrosos y saliera hasta caer en el canal Los Molinos, que lleva agua para potabilizar hacia la capital provincial.
Desde los tribunales de Alta Gracia confirmaron que los imputados son Alberto Esteban Verra, presidente de Taym (en Buenos Aires), la ingeniera María Áraoz, responsable técnica, y César Ernesto Ripsky, gerente operativo de la planta en Córdoba.
El 28 de marzo de 2017, una inusual y dramática tormenta azotó a la zona cercana a Villa Parque Santa, una localidad ubicada a 25 kilómetros de Córdoba Capital. Muchos vecinos sufrieron consecuencias en sus viviendas, pero el ingreso de agua en la planta de tratamiento de residuos peligrosos de Taym llevó a una investigación judicial sobre las posibles consecuencias ambientales. Taym se ubica sobre ruta 36 y es propiedad del grupo Benito Roggio e Hijos.
La causa
Por esa inundación, la planta de Taym quedó totalmente anegada. Una intensa lluvia provocó una escorrentía que, luego de atravesar esas instalaciones, llegó al canal Los Molinos, que abastece a una planta potabilizadora que provee de agua al 30 por ciento de la ciudad de Córdoba. Entre los residuos que se encontraban en la planta existen derivados de petróleo, químicos, metales y plásticos, industriales, entre otros.
“La imputación trata la contaminación de la planta al agua, la superficie y la atmósfera de un modo peligroso para la salud, luego de que la lluvia ingresara a las instalaciones, detallaron fuentes judiciales.
Asimismo, agregaron que la pericia hace una salvedad que señala que habría llegado el agua “contaminada” al canal Los Molinos una hora antes de que cerraran las compuertas. “No obstante, la pericia no menciona si esa agua habría sido destinada al consumo de las personas de la zona sur”, indicaron las fuentes.
En su momento, tanto la empresa Aguas Cordobesas como el ente regulador provincial Ersep habían señalado que el agua de consumo no se había visto afectada.
Para esta semana (entre martes y miércoles) se esperan las declaraciones de los imputados en el caso, según se indicó a La Voz.
El delito de contaminación ambiental (dolosa) puede tener una pena de tres a diez años de prisión.
Según publicó el diario Perfil, los estudios de peritajes encargados por el fiscal de Alta Gracia se extendieron por tres meses y fueron realizados por el ingeniero químico Orlando de la Rúa, junto con la médica Gimena Fernández, el biólogo y especialista en seguridad ambiental Rubén Darío González, el experto en Hidráulica Facundo José Alonso y Oscar Héctor Carubelli, geotécnico.
.
Ley de Glaciares: ministra apunta al Congreso
La titular de Minería patea la pelota de la Ley de Glaciares al Congreso
Fecha de Publicación: 31/08/2018
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: Nacional
Carolina Sánchez, la nueva secretaria de Minería de la Nación desde el 4 de julio pasado, dijo que en su cartera se está haciendo un "minucioso" análisis para adecuar el marco legal que tiene el sector minero a "los desafíos de un mundo cambiante", pero eludió tomar posiciones sobre la Ley de Glaciares que recibe fuertes cuestionamientos desde el sector privado. En cambio, invitó a quienes tienen propuestas, a que las canalicen a través de los legisladores, en el Congreso.
En una entrevista concedida a DIARIO DE CUYO, la primera mujer designada para ocupar ese cargo -con más experiencia en gestión ambiental que una vinculación directa con la actividad minera- dijo que no le corresponde ""tomar posiciones sobre la legislación vigente", sino que ""corresponde asegurar el cumplimiento de la misma", al ser consultada sobre la ley de glaciares. ""Si hay que revisar la legislación, para garantizar reglas claras y mejores definiciones para el logro de su propósito, todos, como ciudadanos a través de nuestros representantes, podemos elevar propuestas", agregó.
Varios sectores mineros cuestionan la ley porque dicen que no define "ambiente periglacial", y esa inexactitud aleja nuevas inversiones. "Si hay propuestas para la modificación de esta ley sancionada hace 8 años, deberían hacerse llegar por los canales de representatividad constitucional correspondiente", reiteró la funcionaria. Al respecto, Mario Hernández, presidente de la Cámara Minera de San Juan, admitió que la entidad no ha elevado a los legisladores una propuesta de cambiar la ley vigente, y no lo ha hecho el Grupo de Empresas Mineras Exploradoras de la República Argentina que él integra. Tampoco conoce que otra entidad (como por ejemplo CAEM) lo haya hecho, y anticipó que lo van a estudiar.
No obstante, Carolina Sánchez se mostró contradictoria en sus dichos, porque evitó pronunciarse sobre los glaciares en particular, pero en la misma entrevista sostuvo que se debe adecuar el marco legal de la actividad minera por los cambios del mundo, y también por la sociedad argentina ""que espera de la minería una oportunidad para el desarrollo, y del Estado; un garante del cumplimiento de las normas, sobre todo en lo referente a la seguridad ambiental, competitividad internacional para atraer inversiones que de otro modo van a desembarcar en otros países". También mencionó que el Estado debe garantizar ""la competitividad de las pymes locales para proveer servicios y la más amplia integración económica de las comunidades en las que se asienta". Sus palabras sobre el tema glaciares son muy esperadas en el sector, que la mira de reojo porque la salteña es ingeniera en Recursos Naturales y Medio Ambiente, por lo que muchos la piensan como "antiminera". "No hubiera aceptado un cargo que me produjera sentimientos encontrados", dijo respecto a esas críticas y sostuvo que cree ""firmemente que si invertimos en conocimiento, tecnología e innovación, podemos hacer minería como agricultura, forestoindustria, ganadería, etc., para desarrollar las economías regionales, sin comprometer las oportunidades de desarrollo de las comunidades futuras". Agregó que su tarea será ""procurar optimizar el impacto positivo de la actividad minera y toda actividad económica conexa para el desarrollo sustentable de todas las regiones del país". Y reflexionó que además de esa ""sustentabilidad intergeneracional", considera que se debe asumir la intrageneracional, es decir, ""la posibilidad de que todos los habitantes de nuestro país puedan decidir sobre su desarrollo en base a su oferta de recursos naturales".
Los proyectos locales
De los avances de proyectos sanjuaninos Carolina Sánchez enumeró que Josemaría avanza con su prefactibilidad y que Filo del Sol consiguió realizar un PEA (Estudio Económico Preliminar) a fin del año pasado y viene avanzando con recategorización de recursos. Dijo además que Altar podría concretar un acuerdo con Aldebarán y su actual controlante Sianye-Stilwater que daría un marco financiero para avanzar en la PEA. Agregó que Barrick Shandong estaría evaluando avanzar con Lama sólo usando infraestructura de Veladero, que Casposo está realizando trabajos de exploración para ampliar reservas y destacó las precisiones que el ministro local Alberto Hensel dio sobre el proyecto binacional: Del Carmen-Altura.
.
Fecha de Publicación: 31/08/2018
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: Nacional
Carolina Sánchez, la nueva secretaria de Minería de la Nación desde el 4 de julio pasado, dijo que en su cartera se está haciendo un "minucioso" análisis para adecuar el marco legal que tiene el sector minero a "los desafíos de un mundo cambiante", pero eludió tomar posiciones sobre la Ley de Glaciares que recibe fuertes cuestionamientos desde el sector privado. En cambio, invitó a quienes tienen propuestas, a que las canalicen a través de los legisladores, en el Congreso.
En una entrevista concedida a DIARIO DE CUYO, la primera mujer designada para ocupar ese cargo -con más experiencia en gestión ambiental que una vinculación directa con la actividad minera- dijo que no le corresponde ""tomar posiciones sobre la legislación vigente", sino que ""corresponde asegurar el cumplimiento de la misma", al ser consultada sobre la ley de glaciares. ""Si hay que revisar la legislación, para garantizar reglas claras y mejores definiciones para el logro de su propósito, todos, como ciudadanos a través de nuestros representantes, podemos elevar propuestas", agregó.
Varios sectores mineros cuestionan la ley porque dicen que no define "ambiente periglacial", y esa inexactitud aleja nuevas inversiones. "Si hay propuestas para la modificación de esta ley sancionada hace 8 años, deberían hacerse llegar por los canales de representatividad constitucional correspondiente", reiteró la funcionaria. Al respecto, Mario Hernández, presidente de la Cámara Minera de San Juan, admitió que la entidad no ha elevado a los legisladores una propuesta de cambiar la ley vigente, y no lo ha hecho el Grupo de Empresas Mineras Exploradoras de la República Argentina que él integra. Tampoco conoce que otra entidad (como por ejemplo CAEM) lo haya hecho, y anticipó que lo van a estudiar.
No obstante, Carolina Sánchez se mostró contradictoria en sus dichos, porque evitó pronunciarse sobre los glaciares en particular, pero en la misma entrevista sostuvo que se debe adecuar el marco legal de la actividad minera por los cambios del mundo, y también por la sociedad argentina ""que espera de la minería una oportunidad para el desarrollo, y del Estado; un garante del cumplimiento de las normas, sobre todo en lo referente a la seguridad ambiental, competitividad internacional para atraer inversiones que de otro modo van a desembarcar en otros países". También mencionó que el Estado debe garantizar ""la competitividad de las pymes locales para proveer servicios y la más amplia integración económica de las comunidades en las que se asienta". Sus palabras sobre el tema glaciares son muy esperadas en el sector, que la mira de reojo porque la salteña es ingeniera en Recursos Naturales y Medio Ambiente, por lo que muchos la piensan como "antiminera". "No hubiera aceptado un cargo que me produjera sentimientos encontrados", dijo respecto a esas críticas y sostuvo que cree ""firmemente que si invertimos en conocimiento, tecnología e innovación, podemos hacer minería como agricultura, forestoindustria, ganadería, etc., para desarrollar las economías regionales, sin comprometer las oportunidades de desarrollo de las comunidades futuras". Agregó que su tarea será ""procurar optimizar el impacto positivo de la actividad minera y toda actividad económica conexa para el desarrollo sustentable de todas las regiones del país". Y reflexionó que además de esa ""sustentabilidad intergeneracional", considera que se debe asumir la intrageneracional, es decir, ""la posibilidad de que todos los habitantes de nuestro país puedan decidir sobre su desarrollo en base a su oferta de recursos naturales".
Los proyectos locales
De los avances de proyectos sanjuaninos Carolina Sánchez enumeró que Josemaría avanza con su prefactibilidad y que Filo del Sol consiguió realizar un PEA (Estudio Económico Preliminar) a fin del año pasado y viene avanzando con recategorización de recursos. Dijo además que Altar podría concretar un acuerdo con Aldebarán y su actual controlante Sianye-Stilwater que daría un marco financiero para avanzar en la PEA. Agregó que Barrick Shandong estaría evaluando avanzar con Lama sólo usando infraestructura de Veladero, que Casposo está realizando trabajos de exploración para ampliar reservas y destacó las precisiones que el ministro local Alberto Hensel dio sobre el proyecto binacional: Del Carmen-Altura.
.
Mendoza enfrenta el noveno año consecutivo de sequía
Se viene el noveno año consecutivo de sequía
Fecha de Publicación: 30/08/2018
Fuente: Mendoza Post
Provincia/Región: Mendoza
Hace un mes se difundió un informe sobre la base de las mediciones de nieve que realizan las estaciones hidronivometeorológicas ubicadas en toda la provincia, y que se esbozaban en una síntesis que realiza el Departamento General de Irrigación (DGI), a través de su Dirección de Gestión Hídrica, área de Hidrología, que aún estábamos lejos de los promedios para alcanzar un año normal, situación se viene repitiendo en las últimas temporadas.
Al 27 de julio, en la zona Centro-Norte de Mendoza, había la mitad de nieve del promedio. Y si se tiene en cuenta todo el acumulado del año, es decir el de toda la temporada de nieve en la provincia hasta la primera quincena de setiembre, hasta ese momento sólo alcanza ba 30% del promedio, por lo que en lo que restaba de la temporada invernal debería haber nevado tres veces más para alcanzar un año medio, lo que finalmente no sucedió.
Ahora, especialistas aseguran que estarían dadas todas las condiciones para que la provincia enfrente el que sería el noveno año consecutivo de sequía, lo que por ende generaría una nueva crisis hídrica.
El investigador del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla - Conicet), Juan Rivera, explicó que los pronósticos estacionales se cumplieron, dado que esta situación era advertida desde el mes de febrero.
"Los registros de acumulación nívea a lo largo de la Cordillera de los Andes se encuentran a esta altura del año en valores en torno al 30% de la acumulación de lo que sería un año normal, una merma en la acumulación de nieve. Luego, esto se traslada a lo largo del ciclo hidrológico como caudales deficitarios, es decir, que los ríos de la provincia van a transportar menos agua y eso va a impactar en las actividades que requieran irrigación", especificó a través de la radio sanrafalina FM Vos (91.5).
Si bien hasta el mes de octubre podrían darse nevadas, la problemática radica en que "la frecuencia de nevadas en este invierno, o sea, la cantidad de días en los que se registró precipitación nívea, no fue baja en comparación con un año normal, el problema es que la acumulación de nieve asociada a esas nevadas sí estuvo por debajo del normal".
Rivera aseguró que antes "uno podía regular el tiempo en el cual uno tenía el agua a disposición para las actividades de irrigación". Sin embargo, ahora la situación frente a los cambios en la temperatura hace que "lamentablemente el agua está disponible pero no siempre cuando es necesaria".
Así las cosas, Mendoza entraría al noveno año de emergencia hídrica. Ante esta situación, el profesional plantea que "si esta es una condición que vendría a ser la nueva normalidad de la provincia, tendríamos que empezar a pensar que los años nevadores van a ser la excepción a la regla", a la vez que resaltó la importancia de la función que cumplen los embalses y los reservorios en la regulación del recurso hídrico.
.
Fecha de Publicación: 30/08/2018
Fuente: Mendoza Post
Provincia/Región: Mendoza
Hace un mes se difundió un informe sobre la base de las mediciones de nieve que realizan las estaciones hidronivometeorológicas ubicadas en toda la provincia, y que se esbozaban en una síntesis que realiza el Departamento General de Irrigación (DGI), a través de su Dirección de Gestión Hídrica, área de Hidrología, que aún estábamos lejos de los promedios para alcanzar un año normal, situación se viene repitiendo en las últimas temporadas.
Al 27 de julio, en la zona Centro-Norte de Mendoza, había la mitad de nieve del promedio. Y si se tiene en cuenta todo el acumulado del año, es decir el de toda la temporada de nieve en la provincia hasta la primera quincena de setiembre, hasta ese momento sólo alcanza ba 30% del promedio, por lo que en lo que restaba de la temporada invernal debería haber nevado tres veces más para alcanzar un año medio, lo que finalmente no sucedió.
Ahora, especialistas aseguran que estarían dadas todas las condiciones para que la provincia enfrente el que sería el noveno año consecutivo de sequía, lo que por ende generaría una nueva crisis hídrica.
El investigador del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla - Conicet), Juan Rivera, explicó que los pronósticos estacionales se cumplieron, dado que esta situación era advertida desde el mes de febrero.
"Los registros de acumulación nívea a lo largo de la Cordillera de los Andes se encuentran a esta altura del año en valores en torno al 30% de la acumulación de lo que sería un año normal, una merma en la acumulación de nieve. Luego, esto se traslada a lo largo del ciclo hidrológico como caudales deficitarios, es decir, que los ríos de la provincia van a transportar menos agua y eso va a impactar en las actividades que requieran irrigación", especificó a través de la radio sanrafalina FM Vos (91.5).
Si bien hasta el mes de octubre podrían darse nevadas, la problemática radica en que "la frecuencia de nevadas en este invierno, o sea, la cantidad de días en los que se registró precipitación nívea, no fue baja en comparación con un año normal, el problema es que la acumulación de nieve asociada a esas nevadas sí estuvo por debajo del normal".
Rivera aseguró que antes "uno podía regular el tiempo en el cual uno tenía el agua a disposición para las actividades de irrigación". Sin embargo, ahora la situación frente a los cambios en la temperatura hace que "lamentablemente el agua está disponible pero no siempre cuando es necesaria".
Así las cosas, Mendoza entraría al noveno año de emergencia hídrica. Ante esta situación, el profesional plantea que "si esta es una condición que vendría a ser la nueva normalidad de la provincia, tendríamos que empezar a pensar que los años nevadores van a ser la excepción a la regla", a la vez que resaltó la importancia de la función que cumplen los embalses y los reservorios en la regulación del recurso hídrico.
.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
Suscribirse
Entradas
Comentarios