Lama y Veladero: el gobierno sigue lavando la cara de Barrick
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Realizaron una inspección en Lama y Veladero
Fecha de Publicación: 27/07/2018
Fuente: Gobierno de San Juan
Provincia/Región: San Juan
Una comisión de Gestión Ambiental subió a la cordillera helada para realizar tareas de control ambiental y fiscalización minera en los proyectos iglesianos.
Del 11 al 13 de julio personal profesional de la Secretaría de Gestión Ambiental y Control Minero del Ministerio de Minería realizó trabajos de constatación y fiscalización en terreno sobre los trabajos que se realizan en la Mina Veladero y el proyecto Lama.
En Veladero se realizó una reunión de trabajo en la Planta de Procesos, con las autoridades presentes y profesionales de gerencia de mina, procesos, medio ambiente, regulatoria y construcciones de Minera Andina del Sol, operadora de la explotación. Ellos describieron los trabajos que están realizando en el Sistema de Lixiviación en Valle, controles de variables operativas y controles sobre las tareas diarias. Luego se recorrió todo el Valle de Lixiviación para constatar en campo los trabajos descriptos y verificar que se realicen de acuerdo a procedimientos descriptos por la empresa en el Informe de Impacto Ambiental en forma adecuada, cuidando el medio ambiente y la seguridad de las personas que trabajan.
De la misma forma se realizó el trabajo de fiscalización en Lama con personal profesional del proyecto. Explicaron los trabajos realizados respecto al mantenimiento de las obras de infraestructura y se inspeccionó además la obra de taponamiento del túnel transfronterizo.
El personal de la Secretaría de Gestión Ambiental y Control Minero que realizó esta inspección estuvo formado por el técnico minero Fabián Díaz, inspector de la Dirección de Fiscalización y Control Minero; técnico minero Facundo Ochoa, inspector de la Dirección de Fiscalización y Control Minero; Ingeniero Denis Monardez, coordinador de Proyectos Mineros (Mina Veladero) y el licenciado en Biología Juan Scaglia, de la Dirección de Evaluación Ambiental Minera.
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Fecha de Publicación: 27/07/2018
Fuente: Gobierno de San Juan
Provincia/Región: San Juan
Una comisión de Gestión Ambiental subió a la cordillera helada para realizar tareas de control ambiental y fiscalización minera en los proyectos iglesianos.
Del 11 al 13 de julio personal profesional de la Secretaría de Gestión Ambiental y Control Minero del Ministerio de Minería realizó trabajos de constatación y fiscalización en terreno sobre los trabajos que se realizan en la Mina Veladero y el proyecto Lama.
En Veladero se realizó una reunión de trabajo en la Planta de Procesos, con las autoridades presentes y profesionales de gerencia de mina, procesos, medio ambiente, regulatoria y construcciones de Minera Andina del Sol, operadora de la explotación. Ellos describieron los trabajos que están realizando en el Sistema de Lixiviación en Valle, controles de variables operativas y controles sobre las tareas diarias. Luego se recorrió todo el Valle de Lixiviación para constatar en campo los trabajos descriptos y verificar que se realicen de acuerdo a procedimientos descriptos por la empresa en el Informe de Impacto Ambiental en forma adecuada, cuidando el medio ambiente y la seguridad de las personas que trabajan.
De la misma forma se realizó el trabajo de fiscalización en Lama con personal profesional del proyecto. Explicaron los trabajos realizados respecto al mantenimiento de las obras de infraestructura y se inspeccionó además la obra de taponamiento del túnel transfronterizo.
El personal de la Secretaría de Gestión Ambiental y Control Minero que realizó esta inspección estuvo formado por el técnico minero Fabián Díaz, inspector de la Dirección de Fiscalización y Control Minero; técnico minero Facundo Ochoa, inspector de la Dirección de Fiscalización y Control Minero; Ingeniero Denis Monardez, coordinador de Proyectos Mineros (Mina Veladero) y el licenciado en Biología Juan Scaglia, de la Dirección de Evaluación Ambiental Minera.
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Agrotóxicos en el 80% de la lluvia
Monsanto y Bayer, hasta en la lluvia: a niveles que rompen marcas mundiales, detectan agrotóxicos en precipitaciones de Argentina
Fecha de Publicación: 26/07/2018
Fuente: iProfesional
Provincia/Región: Nacional
Estudio del CIM y CONICET publicado en el exterior detectó glifosato y atrazina en 80% de las muestras tomadas en ciudades de Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba y la provincia de Buenos Aires. La carga máxima de plaguicidas en las gotas fue hasta 20 veces superior a las registradas en EE.UU. y Canadá
La omnipresencia ambiental que ostentan los plaguicidas más utilizados por el agro en la Argentina dinamita cualquier límite del asombro.
Ahora, un estudio realizado por científicos del Centro de Investigaciones del Medioambiente (CIM), dependiente de la Universidad de La Plata, y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), develó que las lluvias presentaron recurrentes concentraciones de herbicidas como el glifosato y la atrazina.
Y que la carga máxima cuantificada de agrotóxicos en las precipitaciones locales es hasta 20 veces superior a la registrada en países como Estados Unidos, el territorio con mayor historia en lo que hace al uso de plaguicidas y el principal promotor mundial del uso de estas sustancias y su aplicación a través de las ultra cuestionadas fumigaciones.
Publicada en la revista internacional Science of the Total Environment, la investigación arrojó que, de 112 muestras de lluvia recolectadas, más del 80% dio positivo en glifosato y atrazina. También, que el elevado grado de concentración en las gotas es consecuencia de un uso mayor de herbicidas en comparación con otras naciones.
La experiencia cuyos resultados se conocen ahora tiene su origen en muestras tomadas a partir del año 2012. Según confiaron fuentes del CIM, los análisis se desarrollaron sobre precipitaciones ocurridas en las ciudades de Coronel Suárez y La Plata (provincia de Buenos Aires), Ituzaingó, Malvinas Argentinas y Brinkmann (Córdoba), Hersilia (Santa Fe) y Urdinarrain (Entre Ríos).
La presencia de herbicidas en la gota de lluvia, explicó a iProfesional Damián Marino, doctor en Ciencias Exactas y uno de los científicos que intervino en la investigación, ocurre a partir del trayecto que cubre el agua desde que se libera de la nube y hasta que alcanza el suelo. En ese camino, el líquido va lavando las partículas con las que se topa como parte de los fenómenos atmosféricos.
Al parecer, el glifosato y la atrazina ganan altura y se movilizan desde fuentes como los aerosoles que generan las fumigaciones, en modo fracción gaseosa, y a través de la erosión eólica. Este fenómeno es responsable de transformar al suelo (antes pulverizado con agrotóxicos) en polvo atmosférico, el cual puede transportar los plaguicidas a grandes distancias desde la zona de aplicación.
"Las concentraciones máximas cuantificadas en el agua de lluvia excedieron a las concentraciones reportadas anteriormente en Estados Unidos y Canadá", expone el estudio en uno de sus apartados.
Para luego añadir: "La zona estudiada involucra gran parte de la región pampeana, donde se concentra el 90% de la soja y entre el 80 y 90% del trigo, maíz, sorgo, cebada y girasol que se producen en el país".
Un aspecto a resaltar del trabajo en cuestión radica en que las concentraciones más altas de herbicidas en los eventos de lluvia tuvieron lugar en Córdoba antes que en Entre Ríos, siendo que el cultivo de soja transgénica atada principalmente al uso de glifosato es predominante en la segunda provincia.
Respecto de este enorme detalle, Marino argumentó ante iProfesional que en la ecuación intervienen variables como el régimen de lluvias de cada territorio. En tanto Urdinarrain ostenta una pauta de precipitaciones anuales muy por encima de las zonas cordobesas monitoreadas, la atmósfera es lavada con mayor frecuencia en comparación con Brinkmann o Ituzaingó.
"La lluvia en Córdoba mostró concentraciones hasta un 30% por encima de lo constatado en Entre Ríos. Pero en el análisis de suelo, Córdoba mostraba menos uso de herbicidas que la otra provincia. Entendimos que las isoyetas que marcan los regímenes de precipitaciones se relacionan con la acumulación de los herbicidas. En tanto Urdinarrain tiene más lluvias anuales que, por poner un ejemplo, Ituzaingó, la atmósfera en esa zona se ‘lava' mucho más y por eso la concentración del evento de lluvia es más baja, más allá de la carga total anual", dijo.
Marino sostuvo que estos resultados prueban que la presencia -elevada o no- de agrotóxicos en las gotas de lluvia no responde tanto a la práctica agropecuaria que se lleva a cabo en torno a una determinada ciudad si no a la dinámica atmosférica de cada lugar.
"Probablemente en provincias como Entre Ríos ubiquemos que la gota de lluvia tiene menos concentración de herbicidas que en Córdoba por la lógica del régimen de precipitaciones. Ahora eso no quita que lluvias frecuentes con menor carga de glifosato o atrazina no tengan un impacto similar a la precipitación escasa con carga elevada. Lo primero no sería más que la división en secuencias de un mismo problema", alertó, en diálogo con este medio.
Identidad tóxica
El glifosato es el producto estrella en la producción de soja, maíz y algodón transgénico en la Argentina. En la primera parte de 2015, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estableció un vínculo directo entre la aplicación de este herbicida y la proliferación del cáncer.
Desarrollado por la estadounidense Monsanto, ahora en proceso de fusión con la alemana Bayer, el agrotóxico en cuestión concentra el 65% de las ventas de este tipo de insumos a nivel doméstico. Más de 800 trabajos publicados en revistas internacionales demuestran la elevada toxicidad del glifosato.
En la actualidad, de forma anual se comercializa un promedio de 200 millones de litros del insumo y en términos de etiquetas más vendidas la nómina de marcas la encabeza Roundup, la formulación de la misma Monsanto. En la Argentina, Bayer también vende formulaciones del plaguicida vía nombres comerciales como Sitrin.
Por su parte, la atrazina es un herbicida que el agro local utiliza desde la década del 60. En Europa carga con un largo prontuario por su comprobado efecto nocivo sobre poblaciones de peces, aves y reptiles. De hecho, en el Viejo Continente su uso está vetado desde el año 2004.
En 2010, el químico en cuestión fue presa de una controversia internacional producto de un estudio de la universidad estadounidense de Berkeley que comprobó nuevos efectos sobre los anfibios.
La investigación arrojó que cuando los machos de los anfibios -se utilizaron ranas para la muestra- son expuestos a pequeñas cantidades de atrazina, el 75% de ellos queda estéril mientras que un 10% se convierte en hembra.
Llueven millones
La experiencia del CIM y el CONICET expone, además, que los niveles de herbicidas detectados son varias veces mayores a los ubicados en cuerpos de aguas superficiales como, por poner un caso, el río Paraná.
La carga de plaguicidas depositados sobre la superficie de la región estudiada, por estimaciones a partir de los resultados sobre lluvias, aseguran los especialistas, alcanza un volumen cercano a los 20 millones de litros anuales de formulaciones comerciales.
"Entre el 7 y 8% del total de litros de herbicidas que se venden en la Argentina vuelve a caer en las precipitaciones. Los 20 millones de litros estimados representan un cálculo conservador. Si se han ubicado moléculas de atrazina en zonas tan alejadas de un cultivo como la Antártida ¿cómo no pensar que el mismo fenómeno ocurrirá a mayor escala en el área lindante a las zonas fumigadas?", se preguntó Marino, en diálogo con iProfesional.
En el trabajo se hace mención a la necesidad de sumar la detección de este tipo de compuestos a los monitoreos sobre calidad de aire, al tiempo que recomienda se establezcan niveles regulatorios para ese ítem.
Llueve veneno sobre nosotros y, al menos dentro de la Argentina, no hay certeza de que exista un lugar exento de esta nueva variante de la que hace gala el bombardeo químico.
La confirmación científica aporta renovados argumentos a un reclamo de seguridad sanitaria que, lo confirman los últimos pronunciamientos oficiales, el sector político sigue esforzándose en desoír.
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Fecha de Publicación: 26/07/2018
Fuente: iProfesional
Provincia/Región: Nacional
Estudio del CIM y CONICET publicado en el exterior detectó glifosato y atrazina en 80% de las muestras tomadas en ciudades de Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba y la provincia de Buenos Aires. La carga máxima de plaguicidas en las gotas fue hasta 20 veces superior a las registradas en EE.UU. y Canadá
La omnipresencia ambiental que ostentan los plaguicidas más utilizados por el agro en la Argentina dinamita cualquier límite del asombro.
Ahora, un estudio realizado por científicos del Centro de Investigaciones del Medioambiente (CIM), dependiente de la Universidad de La Plata, y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), develó que las lluvias presentaron recurrentes concentraciones de herbicidas como el glifosato y la atrazina.
Y que la carga máxima cuantificada de agrotóxicos en las precipitaciones locales es hasta 20 veces superior a la registrada en países como Estados Unidos, el territorio con mayor historia en lo que hace al uso de plaguicidas y el principal promotor mundial del uso de estas sustancias y su aplicación a través de las ultra cuestionadas fumigaciones.
Publicada en la revista internacional Science of the Total Environment, la investigación arrojó que, de 112 muestras de lluvia recolectadas, más del 80% dio positivo en glifosato y atrazina. También, que el elevado grado de concentración en las gotas es consecuencia de un uso mayor de herbicidas en comparación con otras naciones.
La experiencia cuyos resultados se conocen ahora tiene su origen en muestras tomadas a partir del año 2012. Según confiaron fuentes del CIM, los análisis se desarrollaron sobre precipitaciones ocurridas en las ciudades de Coronel Suárez y La Plata (provincia de Buenos Aires), Ituzaingó, Malvinas Argentinas y Brinkmann (Córdoba), Hersilia (Santa Fe) y Urdinarrain (Entre Ríos).
La presencia de herbicidas en la gota de lluvia, explicó a iProfesional Damián Marino, doctor en Ciencias Exactas y uno de los científicos que intervino en la investigación, ocurre a partir del trayecto que cubre el agua desde que se libera de la nube y hasta que alcanza el suelo. En ese camino, el líquido va lavando las partículas con las que se topa como parte de los fenómenos atmosféricos.
Al parecer, el glifosato y la atrazina ganan altura y se movilizan desde fuentes como los aerosoles que generan las fumigaciones, en modo fracción gaseosa, y a través de la erosión eólica. Este fenómeno es responsable de transformar al suelo (antes pulverizado con agrotóxicos) en polvo atmosférico, el cual puede transportar los plaguicidas a grandes distancias desde la zona de aplicación.
"Las concentraciones máximas cuantificadas en el agua de lluvia excedieron a las concentraciones reportadas anteriormente en Estados Unidos y Canadá", expone el estudio en uno de sus apartados.
Para luego añadir: "La zona estudiada involucra gran parte de la región pampeana, donde se concentra el 90% de la soja y entre el 80 y 90% del trigo, maíz, sorgo, cebada y girasol que se producen en el país".
Un aspecto a resaltar del trabajo en cuestión radica en que las concentraciones más altas de herbicidas en los eventos de lluvia tuvieron lugar en Córdoba antes que en Entre Ríos, siendo que el cultivo de soja transgénica atada principalmente al uso de glifosato es predominante en la segunda provincia.
Respecto de este enorme detalle, Marino argumentó ante iProfesional que en la ecuación intervienen variables como el régimen de lluvias de cada territorio. En tanto Urdinarrain ostenta una pauta de precipitaciones anuales muy por encima de las zonas cordobesas monitoreadas, la atmósfera es lavada con mayor frecuencia en comparación con Brinkmann o Ituzaingó.
"La lluvia en Córdoba mostró concentraciones hasta un 30% por encima de lo constatado en Entre Ríos. Pero en el análisis de suelo, Córdoba mostraba menos uso de herbicidas que la otra provincia. Entendimos que las isoyetas que marcan los regímenes de precipitaciones se relacionan con la acumulación de los herbicidas. En tanto Urdinarrain tiene más lluvias anuales que, por poner un ejemplo, Ituzaingó, la atmósfera en esa zona se ‘lava' mucho más y por eso la concentración del evento de lluvia es más baja, más allá de la carga total anual", dijo.
Marino sostuvo que estos resultados prueban que la presencia -elevada o no- de agrotóxicos en las gotas de lluvia no responde tanto a la práctica agropecuaria que se lleva a cabo en torno a una determinada ciudad si no a la dinámica atmosférica de cada lugar.
"Probablemente en provincias como Entre Ríos ubiquemos que la gota de lluvia tiene menos concentración de herbicidas que en Córdoba por la lógica del régimen de precipitaciones. Ahora eso no quita que lluvias frecuentes con menor carga de glifosato o atrazina no tengan un impacto similar a la precipitación escasa con carga elevada. Lo primero no sería más que la división en secuencias de un mismo problema", alertó, en diálogo con este medio.
Identidad tóxica
El glifosato es el producto estrella en la producción de soja, maíz y algodón transgénico en la Argentina. En la primera parte de 2015, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estableció un vínculo directo entre la aplicación de este herbicida y la proliferación del cáncer.
Desarrollado por la estadounidense Monsanto, ahora en proceso de fusión con la alemana Bayer, el agrotóxico en cuestión concentra el 65% de las ventas de este tipo de insumos a nivel doméstico. Más de 800 trabajos publicados en revistas internacionales demuestran la elevada toxicidad del glifosato.
En la actualidad, de forma anual se comercializa un promedio de 200 millones de litros del insumo y en términos de etiquetas más vendidas la nómina de marcas la encabeza Roundup, la formulación de la misma Monsanto. En la Argentina, Bayer también vende formulaciones del plaguicida vía nombres comerciales como Sitrin.
Por su parte, la atrazina es un herbicida que el agro local utiliza desde la década del 60. En Europa carga con un largo prontuario por su comprobado efecto nocivo sobre poblaciones de peces, aves y reptiles. De hecho, en el Viejo Continente su uso está vetado desde el año 2004.
En 2010, el químico en cuestión fue presa de una controversia internacional producto de un estudio de la universidad estadounidense de Berkeley que comprobó nuevos efectos sobre los anfibios.
La investigación arrojó que cuando los machos de los anfibios -se utilizaron ranas para la muestra- son expuestos a pequeñas cantidades de atrazina, el 75% de ellos queda estéril mientras que un 10% se convierte en hembra.
Llueven millones
La experiencia del CIM y el CONICET expone, además, que los niveles de herbicidas detectados son varias veces mayores a los ubicados en cuerpos de aguas superficiales como, por poner un caso, el río Paraná.
La carga de plaguicidas depositados sobre la superficie de la región estudiada, por estimaciones a partir de los resultados sobre lluvias, aseguran los especialistas, alcanza un volumen cercano a los 20 millones de litros anuales de formulaciones comerciales.
"Entre el 7 y 8% del total de litros de herbicidas que se venden en la Argentina vuelve a caer en las precipitaciones. Los 20 millones de litros estimados representan un cálculo conservador. Si se han ubicado moléculas de atrazina en zonas tan alejadas de un cultivo como la Antártida ¿cómo no pensar que el mismo fenómeno ocurrirá a mayor escala en el área lindante a las zonas fumigadas?", se preguntó Marino, en diálogo con iProfesional.
En el trabajo se hace mención a la necesidad de sumar la detección de este tipo de compuestos a los monitoreos sobre calidad de aire, al tiempo que recomienda se establezcan niveles regulatorios para ese ítem.
Llueve veneno sobre nosotros y, al menos dentro de la Argentina, no hay certeza de que exista un lugar exento de esta nueva variante de la que hace gala el bombardeo químico.
La confirmación científica aporta renovados argumentos a un reclamo de seguridad sanitaria que, lo confirman los últimos pronunciamientos oficiales, el sector político sigue esforzándose en desoír.
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Misiones lanza la campaña “Cuidemos Nuestra Fauna Nativa”
Turismo y Ecología de la Provincia lanzaron la campaña “Cuidemos Nuestra Fauna Nativa”
Fecha de Publicación: 26/07/2018
Fuente: Misiones On Line
Provincia/Región: Misiones
El ministro de Ecología, Juan Manuel Díaz, explicó que es un mensaje dirigido a la población en general con folletos que realizaron con Turismo, con recomendaciones para evitar atropellamientos. En el mismo sentido, el Ministro de Turismo, José María Arrúa, instó a cuidar entre todos la naturaleza que también potencia otros sectores, convirtiéndose la fauna y la flora en un atractivo para el visitante.
Unos 300 animales son atropellados anualmente, principalmente comadrejas, ositos meleros, reptiles y yaguareté, por esta razón, y con el objetivo de prevenir el atropellamientos de animales en la provincia, el ministro de Ecología, Juan Manuel Díaz y el de Turismo de la provincia, José María Arrúa, lanzaron en la mañana de este lunes una campaña de concientización.
Díaz, recordó que Misiones tiene mucha fauna silvestre y muchos visitantes que transitan por nuestras rutas, en las que hay mucho por preservar. “Sin lugar a dudas nuestra provincia se caracteriza por su naturaleza y su vida y eso hay que cuidarlo… tenemos que cobrar conciencia de que hay valores importantes para preservar cuando transitamos por la ruta”, expresó el funcionario al señalar que si no cuidamos la naturaleza podemos ver resentidos otros aspectos, como el turismo.
Díaz marcó, sin embargo, que hay una conciencia que está creciendo. Adelantó que el trabajo de concientización llegará a las escuelas y continuará durante todo el año.
Puntualizó que hay sectores muy sensibles, como la ruta provincial 19, de Wanda hacia Andresito, la ruta 12 hasta el Parque Nacional Iguazú, la ruta 2 y la 7, en el tramo del Valle del Cuñapirú, en estos lugares pidió tener especial cuidado al transitar.
Por su parte, el ministro de Turismo, José María Arrúa, recordó que una de las fortalezas misioneras es la selva, donde “el 52% de la biodiversidad del país está en Misiones y por ello debemos cuidarla”, señaló e instó a todos a colaborar y que las nuevas generaciones tengan la conciencia.
“Vamos a acompañar y hacerlo turístico ya que sabemos que se genera mucha fluidez por parte del turista con nuestra flora y nuestra fauna”, declaró.
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Fecha de Publicación: 26/07/2018
Fuente: Misiones On Line
Provincia/Región: Misiones
El ministro de Ecología, Juan Manuel Díaz, explicó que es un mensaje dirigido a la población en general con folletos que realizaron con Turismo, con recomendaciones para evitar atropellamientos. En el mismo sentido, el Ministro de Turismo, José María Arrúa, instó a cuidar entre todos la naturaleza que también potencia otros sectores, convirtiéndose la fauna y la flora en un atractivo para el visitante.
Unos 300 animales son atropellados anualmente, principalmente comadrejas, ositos meleros, reptiles y yaguareté, por esta razón, y con el objetivo de prevenir el atropellamientos de animales en la provincia, el ministro de Ecología, Juan Manuel Díaz y el de Turismo de la provincia, José María Arrúa, lanzaron en la mañana de este lunes una campaña de concientización.
Díaz, recordó que Misiones tiene mucha fauna silvestre y muchos visitantes que transitan por nuestras rutas, en las que hay mucho por preservar. “Sin lugar a dudas nuestra provincia se caracteriza por su naturaleza y su vida y eso hay que cuidarlo… tenemos que cobrar conciencia de que hay valores importantes para preservar cuando transitamos por la ruta”, expresó el funcionario al señalar que si no cuidamos la naturaleza podemos ver resentidos otros aspectos, como el turismo.
Díaz marcó, sin embargo, que hay una conciencia que está creciendo. Adelantó que el trabajo de concientización llegará a las escuelas y continuará durante todo el año.
Puntualizó que hay sectores muy sensibles, como la ruta provincial 19, de Wanda hacia Andresito, la ruta 12 hasta el Parque Nacional Iguazú, la ruta 2 y la 7, en el tramo del Valle del Cuñapirú, en estos lugares pidió tener especial cuidado al transitar.
Por su parte, el ministro de Turismo, José María Arrúa, recordó que una de las fortalezas misioneras es la selva, donde “el 52% de la biodiversidad del país está en Misiones y por ello debemos cuidarla”, señaló e instó a todos a colaborar y que las nuevas generaciones tengan la conciencia.
“Vamos a acompañar y hacerlo turístico ya que sabemos que se genera mucha fluidez por parte del turista con nuestra flora y nuestra fauna”, declaró.
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San Juan plantea un observatorio ambiental
El proyecto del observatorio ambiental entró a Diputados
Fecha de Publicación: 26/07/2018
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: San Juan
El Ejecutivo, a través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, presentó en Diputados el proyecto para la creación del Observatorio Ambiental. La iniciativa tomará estado parlamentario el próximo jueves.
El proyecto tiene por objeto crear un centro de monitoreo ambiental para registrar y actualizar la información del estado del ambiente en la provincia, con la participación de distintos ministerios del Ejecutivo y de las Universidades. A su vez, el fin es constituir una agencia de Cambio Climático para observar la dinámica del sistema ambiental de la provincia.
Los estudios de ambas entidades, que trabajarán en conjunto, ayudarán a definir las estrategias de adaptación y mitigación del impacto del cambio climático en el sistema productivo de la provincia en "todas sus dimensiones", según indica el proyecto.
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Fecha de Publicación: 26/07/2018
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: San Juan
El Ejecutivo, a través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, presentó en Diputados el proyecto para la creación del Observatorio Ambiental. La iniciativa tomará estado parlamentario el próximo jueves.
El proyecto tiene por objeto crear un centro de monitoreo ambiental para registrar y actualizar la información del estado del ambiente en la provincia, con la participación de distintos ministerios del Ejecutivo y de las Universidades. A su vez, el fin es constituir una agencia de Cambio Climático para observar la dinámica del sistema ambiental de la provincia.
Los estudios de ambas entidades, que trabajarán en conjunto, ayudarán a definir las estrategias de adaptación y mitigación del impacto del cambio climático en el sistema productivo de la provincia en "todas sus dimensiones", según indica el proyecto.
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Cierran el último megabasural de la cuenca Riachuelo
Cerraron el macrobasural municipal de Cañuelas
Fecha de Publicación: 25/07/2018
Fuente: Diario Popular
Provincia/Región: Riachuelo
Con el cierre del predio, que la comuna utilizó como vertedero de residuos durante los últimos 50 años, ya no quedan basurales de más de 15.000 m3 en la cuenca Matanza-Riachuelo.
El ministro de Ambiente, Sergio Bergman, y la presidenta de ACUMAR, Dorina Bonetti, anunciaron ayer el cierre y recomposición del predio que utilizaba el municipio de Cañuelas como vertedero de residuos en la cuenca Matanza - Riachuelo durante los últimos 50 años.
En noviembre pasado, la Coordinadora Ecológica Area Metropolitana (CEAMSE) comenzó, a partir de un acuerdo con ACUMAR, los trabajos para cerrar en forma definitiva los dos vertederos de la Cuenca Alta, en Marcos Paz y Cañuelas.
El mes pasado concluyeron los trabajos de cierre del vertedero de Marcos Paz y ayer se realizó el acto de cierre definitivo del basural municipal de Cañuelas, el último basural a cielo abierto de la Cuenca Alta.
Con su cierre, ya no quedan basurales de más de 15.000 m3 en la Cuenca.
El acto contó con la presencia además de autoridades municipales y del juez federal de Morón, Jorge Rodríguez.
Bonetti destacó que el cierre “es un logro que conseguimos trabajando en equipo con el municipio, CEAMSE, el Ministerio de Ambiente y el Juzgado de Morón”.
“Agradezco la oportunidad de poder contribuir a resolver este problema que lleva más de 50 años en este Municipio”, sostuvo la funcionaria y concluyó: “Este es un día histórico para el municipio, para ACUMAR y para el ambiente”.
En tanto, el ministro Bergman felicitó a los responsables de esta tarea y remarcó que “esto es ejemplo de que se puede trabajar en equipo a pesar de las diferencias” políticas.
“Lo importante de este cierre es que entendemos que no hay que volver a dañar este espacio”, apuntó.
Finalmente, el intendente local, Gustavo Arrieta (FPV) destacó: “Nunca renunciamos a seguir trabajando a pesar de las diferencias. Este paso histórico es un gran desafío en épocas difíciles y estamos dispuestos a asumirlo porque es importante para el pueblo de Cañuelas”.
El predio de unas 7 hectáreas recibía más de 1.200 toneladas de residuos por mes: desde el comienzo de los trabajos de cierre, ACUMAR asumió el compromiso del transporte y la transferencia de los residuos generados por el municipio hacia alguno de los centros de disposición de CEAMSE, además se comenzó a construir el Ecopunto, que permitirá recuperar una buena parte de la corriente de áridos y residuos de poda.
Los trabajos realizados en el predio, ubicado en las cercanías de la ruta provincial 6 a unos 2 kilómetros de la intersección con la ruta nacional 205, se denominan “cierre técnico” y consiste en la nivelación y estabilización de los terraplenes del terreno, la remoción de una parte de los residuos que allí se encuentran, los cuales son llevados al relleno sanitario de CEAMSE, la compactación de la superficie y la cobertura de la misma con una capa de tierra negra no menor a 60 centímetros de espesor para proceder, por último, al sembrado de vegetación.
Además, se construyeron tres pozos de monitoreo de agua subterránea para tener un control estricto del predio y la infraestructura para los controles y monitoreo de Biogás, y además se construyeron los desagües pluviales, una barrera forestal en la que fueron plantados árboles provistos por CEAMSE, se informó oficialmente.
El trabajo de cierre tomó 8 meses y se realizó con dos retroexcavadoras, una topadora, una retropala y dos camiones volcadores de 14 m3.
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Fecha de Publicación: 25/07/2018
Fuente: Diario Popular
Provincia/Región: Riachuelo
Con el cierre del predio, que la comuna utilizó como vertedero de residuos durante los últimos 50 años, ya no quedan basurales de más de 15.000 m3 en la cuenca Matanza-Riachuelo.
El ministro de Ambiente, Sergio Bergman, y la presidenta de ACUMAR, Dorina Bonetti, anunciaron ayer el cierre y recomposición del predio que utilizaba el municipio de Cañuelas como vertedero de residuos en la cuenca Matanza - Riachuelo durante los últimos 50 años.
En noviembre pasado, la Coordinadora Ecológica Area Metropolitana (CEAMSE) comenzó, a partir de un acuerdo con ACUMAR, los trabajos para cerrar en forma definitiva los dos vertederos de la Cuenca Alta, en Marcos Paz y Cañuelas.
El mes pasado concluyeron los trabajos de cierre del vertedero de Marcos Paz y ayer se realizó el acto de cierre definitivo del basural municipal de Cañuelas, el último basural a cielo abierto de la Cuenca Alta.
Con su cierre, ya no quedan basurales de más de 15.000 m3 en la Cuenca.
El acto contó con la presencia además de autoridades municipales y del juez federal de Morón, Jorge Rodríguez.
Bonetti destacó que el cierre “es un logro que conseguimos trabajando en equipo con el municipio, CEAMSE, el Ministerio de Ambiente y el Juzgado de Morón”.
“Agradezco la oportunidad de poder contribuir a resolver este problema que lleva más de 50 años en este Municipio”, sostuvo la funcionaria y concluyó: “Este es un día histórico para el municipio, para ACUMAR y para el ambiente”.
En tanto, el ministro Bergman felicitó a los responsables de esta tarea y remarcó que “esto es ejemplo de que se puede trabajar en equipo a pesar de las diferencias” políticas.
“Lo importante de este cierre es que entendemos que no hay que volver a dañar este espacio”, apuntó.
Finalmente, el intendente local, Gustavo Arrieta (FPV) destacó: “Nunca renunciamos a seguir trabajando a pesar de las diferencias. Este paso histórico es un gran desafío en épocas difíciles y estamos dispuestos a asumirlo porque es importante para el pueblo de Cañuelas”.
El predio de unas 7 hectáreas recibía más de 1.200 toneladas de residuos por mes: desde el comienzo de los trabajos de cierre, ACUMAR asumió el compromiso del transporte y la transferencia de los residuos generados por el municipio hacia alguno de los centros de disposición de CEAMSE, además se comenzó a construir el Ecopunto, que permitirá recuperar una buena parte de la corriente de áridos y residuos de poda.
Los trabajos realizados en el predio, ubicado en las cercanías de la ruta provincial 6 a unos 2 kilómetros de la intersección con la ruta nacional 205, se denominan “cierre técnico” y consiste en la nivelación y estabilización de los terraplenes del terreno, la remoción de una parte de los residuos que allí se encuentran, los cuales son llevados al relleno sanitario de CEAMSE, la compactación de la superficie y la cobertura de la misma con una capa de tierra negra no menor a 60 centímetros de espesor para proceder, por último, al sembrado de vegetación.
Además, se construyeron tres pozos de monitoreo de agua subterránea para tener un control estricto del predio y la infraestructura para los controles y monitoreo de Biogás, y además se construyeron los desagües pluviales, una barrera forestal en la que fueron plantados árboles provistos por CEAMSE, se informó oficialmente.
El trabajo de cierre tomó 8 meses y se realizó con dos retroexcavadoras, una topadora, una retropala y dos camiones volcadores de 14 m3.
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Presentan informe sobre el biodiesel argentino
El biodiesel argentino emite un 70 % menos de gases de efecto invernadero
Fecha de Publicación: 25/07/2018
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: Nacional
Argentina podrá certificar la sustentabilidad del biocombustible producido en el país y que es exportado a la Unión Europea. El INTA garantiza su calidad.
Un cálculo realizado por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y la Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio) permite a la Argentina certificar que casi el 100 % del biocombustible exportado a la Unión Europea es sustentable.
Esta información le permitirá al país homologar su producción a escala internacional porque el biodiesel argentino emite un 70 % menos de dióxido de carbono, gas de efecto invernadero (GEI).
La certificación de sustentabilidad ambiental es una de las principales exigencias impuestas para el comercio de los diferentes biocombustibles; para eso, es necesario cuantificar las emisiones de gases de efecto invernadero sobre todo de dióxido de carbono.
Estudio del INTA señala que el biodiesel argentino emite un 70 % menos de dióxido de carbono, comparado con los valores de referencia que establece la Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión.
Luego de analizar la producción de soja y los establecimientos que transforman los granos en biodiesel durante tres campañas consecutivas, determinaron que el biocombustible argentino emite 26 gramos de dióxido de carbono por megajoule (26 g CO2/MJ).
Comparado con la normativa de la UE que establece de forma predeterminada 83,8 g CO2/MJ, la diferencia porcentual remarca las ventajas del sistema agroindustrial argentino.
"De hecho, la Argentina se encuentra entre los principales productores y exportadores de biocombustibles y pudo consolidarse como productor y exportador de biodiesel", dijo Hilbert.
Juan Balbín, presidente del INTA, destacó la importancia del estudio: "Este trabajo nos permite poner en valor el sistema de producción agrícola que utilizamos en la Argentina, basado en la implementación de la siembra directa".
Durante las campañas 2015, 2016 y 2017, en el estudio se analizaron 26.522.772 toneladas de granos de soja y un volumen de biodiésel de 2.165.986 toneladas.
El estudio incluyó un análisis sobre la composición de las emisiones totales del biodiesel: "Encontramos que el 48 % corresponde a la industria, 40 % a la parte agrícola y 12 % al transporte", precisó Hilbert.
Las 14 millones de toneladas de dióxido de carbono ahorradas, en lo que va de la exportación de biodiesel desde el año 2008, equivaldría a lo que emiten 4,2 millones de autos españoles en un año.
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Fecha de Publicación: 25/07/2018
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: Nacional
Argentina podrá certificar la sustentabilidad del biocombustible producido en el país y que es exportado a la Unión Europea. El INTA garantiza su calidad.
Un cálculo realizado por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y la Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio) permite a la Argentina certificar que casi el 100 % del biocombustible exportado a la Unión Europea es sustentable.
Esta información le permitirá al país homologar su producción a escala internacional porque el biodiesel argentino emite un 70 % menos de dióxido de carbono, gas de efecto invernadero (GEI).
La certificación de sustentabilidad ambiental es una de las principales exigencias impuestas para el comercio de los diferentes biocombustibles; para eso, es necesario cuantificar las emisiones de gases de efecto invernadero sobre todo de dióxido de carbono.
Estudio del INTA señala que el biodiesel argentino emite un 70 % menos de dióxido de carbono, comparado con los valores de referencia que establece la Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión.
Luego de analizar la producción de soja y los establecimientos que transforman los granos en biodiesel durante tres campañas consecutivas, determinaron que el biocombustible argentino emite 26 gramos de dióxido de carbono por megajoule (26 g CO2/MJ).
Comparado con la normativa de la UE que establece de forma predeterminada 83,8 g CO2/MJ, la diferencia porcentual remarca las ventajas del sistema agroindustrial argentino.
"De hecho, la Argentina se encuentra entre los principales productores y exportadores de biocombustibles y pudo consolidarse como productor y exportador de biodiesel", dijo Hilbert.
Juan Balbín, presidente del INTA, destacó la importancia del estudio: "Este trabajo nos permite poner en valor el sistema de producción agrícola que utilizamos en la Argentina, basado en la implementación de la siembra directa".
Durante las campañas 2015, 2016 y 2017, en el estudio se analizaron 26.522.772 toneladas de granos de soja y un volumen de biodiésel de 2.165.986 toneladas.
El estudio incluyó un análisis sobre la composición de las emisiones totales del biodiesel: "Encontramos que el 48 % corresponde a la industria, 40 % a la parte agrícola y 12 % al transporte", precisó Hilbert.
Las 14 millones de toneladas de dióxido de carbono ahorradas, en lo que va de la exportación de biodiesel desde el año 2008, equivaldría a lo que emiten 4,2 millones de autos españoles en un año.
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La prohibición del glifosato en Gualeguaychú suma un capítulo
La Justicia reconoció la autonomía del municipio de Gualeguaychú para legislar sobre el glifosato
Fecha de Publicación: 25/07/2018
Fuente: Diario Junio
Provincia/Región: Entre Ríos
La semana pasada el juez subrogante de Concepción del Uruguay, Pablo Seró, dictó una suspensión temporal de la ordenanza hasta tanto la Justicia Federal se expida sobre el planteo de inconstitucionalidad de la norma aprobada recientemente. Finalmente, el juez Eduardo Ferreyra confirmó la competencia local y la legitimidad del Municipio de Gualeguaychú para legislar en materia ambiental, e instó al juez federal a cesar en su intervención.
El viceintendente de Gualeguaychú, Jorge Mardey, dijo que “esta sentencia es una buena noticia para nuestra comunidad, y un acto de justicia. Gualeguaychú no va a resignar sus derechos, ni abandonar el sendero elegido, por la vida, la salud y el ambiente” expresó al enterarse de la sentencia emitida por el juez provincial Eduardo Ferreyra, que reafirmó los argumentos en cuanto a las autonomías municipales para legislar en materia ambiental.
Asimismo, en la sentencia se interpela al Juez Federal de Concepción del Uruguay, Pablo Seró a que “se inhiba de seguir actuando en los autos mencionados”, poniendo así límites al entender que este no tiene competencia en asuntos que deben resolverse en el ámbito local.
El 16 de abril se aprobó por mayoría la ordenanza ‘Glifosato Cero’ en Gualeguaychú que prohíbe el acopio, venta y uso de glifosato en el ejido. En el debate previo y en las semanas posteriores a su aprobación, la discusión se dio en torno a la constitucionalidad de la norma, la autonomía de la ciudad para legislar sobre el tema y la necesidad del campo para utilizar lo que denominaron como “una herramienta de trabajo”.
Una demanda fue presentada por un grupo de empresarios de Gualeguaychú que alegaron sentirse afectados por la prohibición de la venta de glifosato dentro del ejido. En este sentido plantearon la inconstitucionalidad de la ordenanza “Glifosato Cero” que fue aprobada por mayoría en el Concejo Deliberante. El juez federal subrogante, Pablo Andrés Seró, de Concepción del Uruguay, dio lugar a la medida cautelar presentada por los comerciantes.
Fue el 10 de julio cuando Seró dio lugar a la medida cautelar en favor de los empresarios que comercializan glifosato en la ciudad, quienes reclaman la inconstitucionalidad de la ordenanza municipal que prohíbe este agroquímico en todo el ejido.
A partir de la sentencia de la Justicia Provincial que objeta la competencia federal, y en caso de que Seró insista en su intervención, la cuestión pasará a manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
“De acuerdo a la Constitución Nacional, en materia ambiental la Nación establece los presupuestos mínimos, pero son las provincias las que pueden intervenir para actuar progresivamente. Y asimismo, la Constitución provincial establece la concurrencia de provincia, municipios y comunas en la protección del medio ambiente” afirmó Maradey.
Por su parte, el secretario de Desarrollo Social y Salud, Martín Roberto Piaggio agregó “El sentido y legitimidad de la prohibición del glifosato es indiscutible. Los gobierno locales, por mayor cercanía con la comunidad y mayor conocimiento de las problemáticas emergentes pueden y deben actuar y legislar en materia ambiental, a favor de los intereses colectivos”.
“El glifosato enferma y mata. Y el pueblo de Gualeguaychú está dando un mensaje claro: no renunciaremos por nada al bienestar de nuestros hijos, no negociaremos por ningún interés privado el futuro de la comunidad, no aplazaremos un minuto realizar el mandato que nos dicta la razón, la conciencia” concluyó Piaggio.
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Fecha de Publicación: 25/07/2018
Fuente: Diario Junio
Provincia/Región: Entre Ríos
La semana pasada el juez subrogante de Concepción del Uruguay, Pablo Seró, dictó una suspensión temporal de la ordenanza hasta tanto la Justicia Federal se expida sobre el planteo de inconstitucionalidad de la norma aprobada recientemente. Finalmente, el juez Eduardo Ferreyra confirmó la competencia local y la legitimidad del Municipio de Gualeguaychú para legislar en materia ambiental, e instó al juez federal a cesar en su intervención.
El viceintendente de Gualeguaychú, Jorge Mardey, dijo que “esta sentencia es una buena noticia para nuestra comunidad, y un acto de justicia. Gualeguaychú no va a resignar sus derechos, ni abandonar el sendero elegido, por la vida, la salud y el ambiente” expresó al enterarse de la sentencia emitida por el juez provincial Eduardo Ferreyra, que reafirmó los argumentos en cuanto a las autonomías municipales para legislar en materia ambiental.
Asimismo, en la sentencia se interpela al Juez Federal de Concepción del Uruguay, Pablo Seró a que “se inhiba de seguir actuando en los autos mencionados”, poniendo así límites al entender que este no tiene competencia en asuntos que deben resolverse en el ámbito local.
El 16 de abril se aprobó por mayoría la ordenanza ‘Glifosato Cero’ en Gualeguaychú que prohíbe el acopio, venta y uso de glifosato en el ejido. En el debate previo y en las semanas posteriores a su aprobación, la discusión se dio en torno a la constitucionalidad de la norma, la autonomía de la ciudad para legislar sobre el tema y la necesidad del campo para utilizar lo que denominaron como “una herramienta de trabajo”.
Una demanda fue presentada por un grupo de empresarios de Gualeguaychú que alegaron sentirse afectados por la prohibición de la venta de glifosato dentro del ejido. En este sentido plantearon la inconstitucionalidad de la ordenanza “Glifosato Cero” que fue aprobada por mayoría en el Concejo Deliberante. El juez federal subrogante, Pablo Andrés Seró, de Concepción del Uruguay, dio lugar a la medida cautelar presentada por los comerciantes.
Fue el 10 de julio cuando Seró dio lugar a la medida cautelar en favor de los empresarios que comercializan glifosato en la ciudad, quienes reclaman la inconstitucionalidad de la ordenanza municipal que prohíbe este agroquímico en todo el ejido.
A partir de la sentencia de la Justicia Provincial que objeta la competencia federal, y en caso de que Seró insista en su intervención, la cuestión pasará a manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
“De acuerdo a la Constitución Nacional, en materia ambiental la Nación establece los presupuestos mínimos, pero son las provincias las que pueden intervenir para actuar progresivamente. Y asimismo, la Constitución provincial establece la concurrencia de provincia, municipios y comunas en la protección del medio ambiente” afirmó Maradey.
Por su parte, el secretario de Desarrollo Social y Salud, Martín Roberto Piaggio agregó “El sentido y legitimidad de la prohibición del glifosato es indiscutible. Los gobierno locales, por mayor cercanía con la comunidad y mayor conocimiento de las problemáticas emergentes pueden y deben actuar y legislar en materia ambiental, a favor de los intereses colectivos”.
“El glifosato enferma y mata. Y el pueblo de Gualeguaychú está dando un mensaje claro: no renunciaremos por nada al bienestar de nuestros hijos, no negociaremos por ningún interés privado el futuro de la comunidad, no aplazaremos un minuto realizar el mandato que nos dicta la razón, la conciencia” concluyó Piaggio.
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Posible nuevo auge de minería de uranio, con pésimo pasado
Acuerdo entre Argentina y Rusia: ¿se viene el gran auge del uranio?
Fecha de Publicación: 24/07/2018
Fuente: iProfesional
Provincia/Región: Nacional
Tras 20 años de paralización del sector, buscarán desarrollar el potencial minero y tecnológico en el país. En el territorio nacional existen 31.060 toneladas del recurso que alcanzaría para abastecer el consumo de los reactores Atucha I, Atucha II y Embalse Río III durante 141 años
Luego de más de dos décadas de paralización del sector, el memorando de entendimiento para la exploración y explotación de uranio, suscripto en Moscú durante la última visita oficial del presidente Mauricio Macri, abre las puertas para reactivar la producción de este estratégico mineral en la Argentina.
Según informaron fuentes de la Secretaría de Minería de la Nación al diario Del Cuyo, en territorio nacional existen 31.060 toneladas de recursos de uranio, entre los razonablemente asegurados y los inferidos.
"Estos recursos actualmente alcanzarían para satisfacer el consumo de los tres reactores instalados en Argentina por 141 años y 92 años a partir del 2027, considerando los nuevos reactores proyectados", explicaron desde la Secretaría de Desarrollo Minero del Ministerio de Energía y Minería de la Nación.
Y agregaron: "Esto implicaría que el desarrollo minero y tecnológico que podamos realizar sobre el uranio podría convertirnos en un país abastecedor de una demanda global que va en aumento. Equiparándonos con grandes países productores de uranio como Kazajistán, Canadá y Australia. Pero al igual que con otros minerales, todo dependerá del impulso y la dedicación que tengan las provincias, ya que son ellas las dueñas de los recursos uraníferos existentes en el país".
Desde Nación, indicaron que para poner en marcha la minería del uranio en Argentina la inversión necesaria rondaría los u$s250 millones, la cual se traduciría en la generación de unos 500 puestos de trabajo directos, a lo que se suma la demanda de proveedores de bienes y servicios.
Las cifras ofrecidas por el Gobierno indican que la demanda de uranio en Argentina corresponde casi en tu totalidad al consumo de los tres reactores nucleares que se encuentran en operación: Atucha I, Atucha II y Central Núcleo-Eléctrica Embalse Río III. Estas centrales, operando a potencia plena, utilizan 250 toneladas de uranio totales al año.
"Con los nuevos requerimientos proyectados, la demanda local de uranio aumentaría en un 50%, pasando de 220 toneladas al año a 330 toneladas anuales", confirmaron fuentes oficiales.
Desde la Secretaria de Desarrollo minero también indicaron que con los actuales proyectos de uranio existentes, Argentina, podría abastecer inmediatamente la demanda nacional, sustituyendo importaciones en el orden de los u$s30 millones por año.
"Más allá del memorando, que sólo es una carta de intención, vemos que Chubut cuenta con el 66 % de los recursos y reservas mensurados, Mendoza tiene un 32% y Salta el 1% restante. En otras provincias como Río Negro, La Rioja, San Juan, Buenos Aires o Córdoba, existen manifestaciones con potencial pero aún no se han realizado suficientes trabajos exploratorios como para dimensionar recursos. Además se necesita la voluntad política de la provincia para impulsarlo", indicaron desde Nación.
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Fecha de Publicación: 24/07/2018
Fuente: iProfesional
Provincia/Región: Nacional
Tras 20 años de paralización del sector, buscarán desarrollar el potencial minero y tecnológico en el país. En el territorio nacional existen 31.060 toneladas del recurso que alcanzaría para abastecer el consumo de los reactores Atucha I, Atucha II y Embalse Río III durante 141 años
Luego de más de dos décadas de paralización del sector, el memorando de entendimiento para la exploración y explotación de uranio, suscripto en Moscú durante la última visita oficial del presidente Mauricio Macri, abre las puertas para reactivar la producción de este estratégico mineral en la Argentina.
Según informaron fuentes de la Secretaría de Minería de la Nación al diario Del Cuyo, en territorio nacional existen 31.060 toneladas de recursos de uranio, entre los razonablemente asegurados y los inferidos.
"Estos recursos actualmente alcanzarían para satisfacer el consumo de los tres reactores instalados en Argentina por 141 años y 92 años a partir del 2027, considerando los nuevos reactores proyectados", explicaron desde la Secretaría de Desarrollo Minero del Ministerio de Energía y Minería de la Nación.
Y agregaron: "Esto implicaría que el desarrollo minero y tecnológico que podamos realizar sobre el uranio podría convertirnos en un país abastecedor de una demanda global que va en aumento. Equiparándonos con grandes países productores de uranio como Kazajistán, Canadá y Australia. Pero al igual que con otros minerales, todo dependerá del impulso y la dedicación que tengan las provincias, ya que son ellas las dueñas de los recursos uraníferos existentes en el país".
Desde Nación, indicaron que para poner en marcha la minería del uranio en Argentina la inversión necesaria rondaría los u$s250 millones, la cual se traduciría en la generación de unos 500 puestos de trabajo directos, a lo que se suma la demanda de proveedores de bienes y servicios.
Las cifras ofrecidas por el Gobierno indican que la demanda de uranio en Argentina corresponde casi en tu totalidad al consumo de los tres reactores nucleares que se encuentran en operación: Atucha I, Atucha II y Central Núcleo-Eléctrica Embalse Río III. Estas centrales, operando a potencia plena, utilizan 250 toneladas de uranio totales al año.
"Con los nuevos requerimientos proyectados, la demanda local de uranio aumentaría en un 50%, pasando de 220 toneladas al año a 330 toneladas anuales", confirmaron fuentes oficiales.
Desde la Secretaria de Desarrollo minero también indicaron que con los actuales proyectos de uranio existentes, Argentina, podría abastecer inmediatamente la demanda nacional, sustituyendo importaciones en el orden de los u$s30 millones por año.
"Más allá del memorando, que sólo es una carta de intención, vemos que Chubut cuenta con el 66 % de los recursos y reservas mensurados, Mendoza tiene un 32% y Salta el 1% restante. En otras provincias como Río Negro, La Rioja, San Juan, Buenos Aires o Córdoba, existen manifestaciones con potencial pero aún no se han realizado suficientes trabajos exploratorios como para dimensionar recursos. Además se necesita la voluntad política de la provincia para impulsarlo", indicaron desde Nación.
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Incineración en Capital Federal: experto inglés advierte
Un prestigioso químico inglés advierte: "La termovalorización es costosa y tóxica"
Fecha de Publicación: 24/07/2018
Fuente: La Política On Line
Provincia/Región: CABA
Paul Connett, uno de los mayores expertos sobre basura, advirtió sobre los peligros de la incineración de basura. "La incineración es la manera más costosa de gestionar los residuos. Si avanza, va a someter a la Ciudad de Buenos Aires una deuda de más de 30 años. Y a pesar de invertir tanto dinero, se van a crear muy pocos puestos de trabajo", señaló el químico inglés.
Meses atrás la Legislatura aprobó modificaciones a la ley de Basura Cero que abren las puertas a la termovalorización, una modalidad que genera energía al tiempo que incinera los residuos. Con el relleno sanitario del Ceamse a punto de colapsar desde el gobierno porteño consideran que la incineración es la mejor salida para la Ciudad. Por el momento la Justicia suspendió la aplicación de la ley, pero sin una sentencia definitiva.
"Por cada 4 toneladas de materiales que uno quema produce 1 tonelada de ceniza tóxica que nadie quiere. La incineración no elimina los rellenos sanitarios", explicó Connett durante una charla en la Legislatura porteña organizada por Greenpeace y Unidad Ciudadana. Según el científico el proceso además provoca el desprendimiento de partículas que pueden causar enfermedades.
El químico inglés trabaja la temática de la basura "desde hace más de 33 años", tiempo en el cuál recorrió 66 países disertando sobre los residuos.
"Los incineradores vuelven impopulares cuando los ciudadanos se vuelven conscientes se sus costos y peligros. Los incineradores son tremendamente costos. Se pueden crear más puestos de trabajo mediante el reciclaje", recomendó.
Leonel Mingo de Greenpeace pidió "dejar de ver a los residuos cómo basura y empezar a verlos cómo lo que son: recursos" y criticó los cambios de meta de la ley de Basura Cero.
"En 2017 ya se redujo a 1100000 toneladas lo que se envía al Ceamse pero por ley este año la Ciudad puso las metas en 1065000 para 2021. Van a anunciar que cumplieron con las metas sin haber hecho nada", apuntó.
La periodista Pilar Assefh sostuvo que "la ley avanzó en silencio y sin debate. No nos dieron información ni nos contestaron por qué si la Ley de Basura Cero era tan buena querían modificarla. La gente tiene derecho a discutir si esto es lo que quiere para su Ciudad".
Jackie Flores del Movimiento de trabajadores excluidos (MTE) fue una de las más aplaudidas de la tarde y también se expresó contra el proyecto de incineración. "Las cooperativas cartoneras existimos y vamos a seguir existiendo. No necesitamos que nos ofrezcan trabajo, nosotros lo generamos. Tenemos lo necesario para cumplir todo lo que implica la ley de Basura Cero", aseguró.
La justicia porteña suspendió provisoriamente a fin de junio la aplicación de la ley que permite incinerar residuos en la Ciudad luego de una presentación de cooperativas de cartoneros. La jueza Elena Liberatori consideró que cualquier modificación al Código Ambiental debe hacerse con el procedimiento de doble lectura.
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Fecha de Publicación: 24/07/2018
Fuente: La Política On Line
Provincia/Región: CABA
Paul Connett, uno de los mayores expertos sobre basura, advirtió sobre los peligros de la incineración de basura. "La incineración es la manera más costosa de gestionar los residuos. Si avanza, va a someter a la Ciudad de Buenos Aires una deuda de más de 30 años. Y a pesar de invertir tanto dinero, se van a crear muy pocos puestos de trabajo", señaló el químico inglés.
Meses atrás la Legislatura aprobó modificaciones a la ley de Basura Cero que abren las puertas a la termovalorización, una modalidad que genera energía al tiempo que incinera los residuos. Con el relleno sanitario del Ceamse a punto de colapsar desde el gobierno porteño consideran que la incineración es la mejor salida para la Ciudad. Por el momento la Justicia suspendió la aplicación de la ley, pero sin una sentencia definitiva.
"Por cada 4 toneladas de materiales que uno quema produce 1 tonelada de ceniza tóxica que nadie quiere. La incineración no elimina los rellenos sanitarios", explicó Connett durante una charla en la Legislatura porteña organizada por Greenpeace y Unidad Ciudadana. Según el científico el proceso además provoca el desprendimiento de partículas que pueden causar enfermedades.
El químico inglés trabaja la temática de la basura "desde hace más de 33 años", tiempo en el cuál recorrió 66 países disertando sobre los residuos.
"Los incineradores vuelven impopulares cuando los ciudadanos se vuelven conscientes se sus costos y peligros. Los incineradores son tremendamente costos. Se pueden crear más puestos de trabajo mediante el reciclaje", recomendó.
Leonel Mingo de Greenpeace pidió "dejar de ver a los residuos cómo basura y empezar a verlos cómo lo que son: recursos" y criticó los cambios de meta de la ley de Basura Cero.
"En 2017 ya se redujo a 1100000 toneladas lo que se envía al Ceamse pero por ley este año la Ciudad puso las metas en 1065000 para 2021. Van a anunciar que cumplieron con las metas sin haber hecho nada", apuntó.
La periodista Pilar Assefh sostuvo que "la ley avanzó en silencio y sin debate. No nos dieron información ni nos contestaron por qué si la Ley de Basura Cero era tan buena querían modificarla. La gente tiene derecho a discutir si esto es lo que quiere para su Ciudad".
Jackie Flores del Movimiento de trabajadores excluidos (MTE) fue una de las más aplaudidas de la tarde y también se expresó contra el proyecto de incineración. "Las cooperativas cartoneras existimos y vamos a seguir existiendo. No necesitamos que nos ofrezcan trabajo, nosotros lo generamos. Tenemos lo necesario para cumplir todo lo que implica la ley de Basura Cero", aseguró.
La justicia porteña suspendió provisoriamente a fin de junio la aplicación de la ley que permite incinerar residuos en la Ciudad luego de una presentación de cooperativas de cartoneros. La jueza Elena Liberatori consideró que cualquier modificación al Código Ambiental debe hacerse con el procedimiento de doble lectura.
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Conicet trabaja en la percepción social del riesgo
Inundaciones: un novedoso enfoque para evaluar la percepción social del riesgo
Fecha de Publicación: 24/07/2018
Fuente: Conicet
Provincia/Región: Nacional
Expertos del CONICET y la UNLP relevaron notas periodísticas sobre los eventos ocurridos en la región entre 1911 y 2014. Proponen una app colaborativa.
Pocos meses después de la trágica inundación que afectó a nuestra región el 2 de abril de 2013, el CONICET y la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) decidieron aunar esfuerzos para, de manera conjunta y desde el saber científico, aportar a la resolución de la problemática de la emergencia hídrica. Para ello, ambas instituciones abrieron una convocatoria destinada a la realización de una serie de Proyectos de Investigación Orientados (PIO) que tenían como finalidad generar conocimiento sobre el tema y proponer soluciones desde una mirada multidisciplinar. La abundante información recopilada en el marco de las cinco iniciativas aprobadas expandió su potencial de aplicación por fuera del plazo previsto de dos años.
En el marco de uno de los PIO -“Las inundaciones en La Plata, Berisso y Ensenada: Análisis de riesgos y estrategias de intervención. Hacia la construcción de un observatorio ambiental”, dirigido por las investigadoras Alicia Ronco e Isabel López-, expertos del CONICET y la UNLP elaboraron un registro histórico de inundaciones y anegamientos en la región desde comienzos del siglo XX hasta la actualidad con el objetivo de encontrar patrones comunes que dieran lugar al reconocimiento de la percepción social del riesgo de inundación.
“El riesgo es un concepto complejo que articula otros subconceptos de los cuales, a su vez, emerge. Existe si están presentes los componentes de peligro y vulnerabilidad”, contextualiza Kuanip Sanz Ressel, del Centro de Investigaciones Urbanas y Territoriales (CIUT, FAU, UNLP), y detalla: “Por ejemplo, una lluvia copiosa en una llanura deshabitada es sólo un fenómeno meteorológico, pero la misma precipitación sobre una población densa se configura como una amenaza. Lo que nosotros hicimos en la búsqueda de esa percepción social del riesgo es analizar cómo se ´discutieron’ esos eventos en el espacio público, en este caso en un medio de circulación masiva”.
Los profesionales relevaron los artículos periodísticos publicados en el diario El Día -por tratarse del más antiguo y de mayor tirada a nivel regional, y por la continuidad en sus ediciones- en el período abarcado entre 1911 y 2014 para establecer qué puntos de la región se inundan con mayor o menor frecuencia, la causa y magnitud de los eventos.
“Habitualmente los estudios de percepción se dan en poblaciones acotadas, así que hacerlo a gran escala significó un desafío en términos conceptuales pero sobre todo metodológicos al incorporar el riesgo como hecho socialmente percibido”, destaca Daniela Rotger, becaria postdoctoral del CONICET en el CIUT, y agrega: “Lo primero que tuvimos que hacer fue un protocolo que marcara las pautas sobre las que íbamos a realizar el relevamiento y procesamiento de la información. Teníamos los datos del período 1911-1998 gracias a un trabajo anterior que la directora del centro Isabel López había hecho en hemerotecas, es decir con los diarios en papel. Para la etapa posterior usamos la versión web del medio”.
Los investigadores relevaron más de 3.800 artículos referentes a inundaciones y anegamientos que luego fueron volcados en un sistema de información geográfica -un software que combina un mapa georeferenciado con tablas informativas asociadas a los distintos puntos detectados-. “Cada sitio marcado corresponde a una noticia, y allí detallamos algunos datos de interés, como las fechas y zonas donde ocurrieron los eventos, qué cantidad de evacuados y/o víctimas hubo, cuántos milímetros de agua se acumularon en las calles, y cuál fue la causa de la inundación, por ejemplo”, apunta Rotger.
“La base de datos que elaboramos tiene un fuerte componente cuantitativo”, subraya María Aversa, profesional asistente de la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires (CICPBA) en el CIUT, y grafica que “el 93 por ciento de los eventos registrados se corresponde con precipitaciones que, cuando ocurren en altas proporciones, producen el desborde de los arroyos que atraviesan las zonas urbanas, y sólo el 7 por ciento con las sudestadas que se dan al elevarse el nivel del Río de La Plata. El 83 por ciento de los casos se observan en La Plata, en tanto que Berisso y Ensenada tienen apenas el 11 y el 6 por ciento, respectivamente”.
“Después hay otra dimensión más cualitativa en la que nos encontramos trabajando y donde proponemos una serie de hipótesis que tienen sustento porque además de haber realizado el relevamiento conocemos el territorio. Por ejemplo, sabemos que Altos de San Lorenzo es una zona inundable, pero en los registros del diario la mayor parte de las noticias tienen que ver con el casco urbano de La Plata. Podemos inferir que esto se relaciona con las posibilidades de acceso a la tecnología y con las urgencias de los vecinos: ante la inminencia de la inundación, un usuario del diario que está en el centro puede captar una imagen y enviársela inmediatamente por Whats App para su publicación, mientras que alguien de la periferia seguramente tiene otras prioridades a resolver en el momento”, puntualiza.
Los investigadores quieren que la base de datos que elaboraron se convierta pronto en “una plataforma colaborativa” en la que la sociedad pueda seguir en tiempo real la evolución de los eventos en las distintas zonas y se activen las estrategias de alerta temprana para su prevención o mitigación. “La participación social también puede generar conciencia acerca del grado de vulnerabilidad al que se encuentra sometido el territorio, y abrir la discusión sobre la agenda urbana y las políticas de planeamiento. La situación a nivel regional no se resuelve sólo con obras hidráulicas. Tenemos que cambiar las lógicas de relación con la naturaleza”, concluye Sanz Ressel.
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Fecha de Publicación: 24/07/2018
Fuente: Conicet
Provincia/Región: Nacional
Expertos del CONICET y la UNLP relevaron notas periodísticas sobre los eventos ocurridos en la región entre 1911 y 2014. Proponen una app colaborativa.
Pocos meses después de la trágica inundación que afectó a nuestra región el 2 de abril de 2013, el CONICET y la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) decidieron aunar esfuerzos para, de manera conjunta y desde el saber científico, aportar a la resolución de la problemática de la emergencia hídrica. Para ello, ambas instituciones abrieron una convocatoria destinada a la realización de una serie de Proyectos de Investigación Orientados (PIO) que tenían como finalidad generar conocimiento sobre el tema y proponer soluciones desde una mirada multidisciplinar. La abundante información recopilada en el marco de las cinco iniciativas aprobadas expandió su potencial de aplicación por fuera del plazo previsto de dos años.
En el marco de uno de los PIO -“Las inundaciones en La Plata, Berisso y Ensenada: Análisis de riesgos y estrategias de intervención. Hacia la construcción de un observatorio ambiental”, dirigido por las investigadoras Alicia Ronco e Isabel López-, expertos del CONICET y la UNLP elaboraron un registro histórico de inundaciones y anegamientos en la región desde comienzos del siglo XX hasta la actualidad con el objetivo de encontrar patrones comunes que dieran lugar al reconocimiento de la percepción social del riesgo de inundación.
“El riesgo es un concepto complejo que articula otros subconceptos de los cuales, a su vez, emerge. Existe si están presentes los componentes de peligro y vulnerabilidad”, contextualiza Kuanip Sanz Ressel, del Centro de Investigaciones Urbanas y Territoriales (CIUT, FAU, UNLP), y detalla: “Por ejemplo, una lluvia copiosa en una llanura deshabitada es sólo un fenómeno meteorológico, pero la misma precipitación sobre una población densa se configura como una amenaza. Lo que nosotros hicimos en la búsqueda de esa percepción social del riesgo es analizar cómo se ´discutieron’ esos eventos en el espacio público, en este caso en un medio de circulación masiva”.
Los profesionales relevaron los artículos periodísticos publicados en el diario El Día -por tratarse del más antiguo y de mayor tirada a nivel regional, y por la continuidad en sus ediciones- en el período abarcado entre 1911 y 2014 para establecer qué puntos de la región se inundan con mayor o menor frecuencia, la causa y magnitud de los eventos.
“Habitualmente los estudios de percepción se dan en poblaciones acotadas, así que hacerlo a gran escala significó un desafío en términos conceptuales pero sobre todo metodológicos al incorporar el riesgo como hecho socialmente percibido”, destaca Daniela Rotger, becaria postdoctoral del CONICET en el CIUT, y agrega: “Lo primero que tuvimos que hacer fue un protocolo que marcara las pautas sobre las que íbamos a realizar el relevamiento y procesamiento de la información. Teníamos los datos del período 1911-1998 gracias a un trabajo anterior que la directora del centro Isabel López había hecho en hemerotecas, es decir con los diarios en papel. Para la etapa posterior usamos la versión web del medio”.
Los investigadores relevaron más de 3.800 artículos referentes a inundaciones y anegamientos que luego fueron volcados en un sistema de información geográfica -un software que combina un mapa georeferenciado con tablas informativas asociadas a los distintos puntos detectados-. “Cada sitio marcado corresponde a una noticia, y allí detallamos algunos datos de interés, como las fechas y zonas donde ocurrieron los eventos, qué cantidad de evacuados y/o víctimas hubo, cuántos milímetros de agua se acumularon en las calles, y cuál fue la causa de la inundación, por ejemplo”, apunta Rotger.
“La base de datos que elaboramos tiene un fuerte componente cuantitativo”, subraya María Aversa, profesional asistente de la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires (CICPBA) en el CIUT, y grafica que “el 93 por ciento de los eventos registrados se corresponde con precipitaciones que, cuando ocurren en altas proporciones, producen el desborde de los arroyos que atraviesan las zonas urbanas, y sólo el 7 por ciento con las sudestadas que se dan al elevarse el nivel del Río de La Plata. El 83 por ciento de los casos se observan en La Plata, en tanto que Berisso y Ensenada tienen apenas el 11 y el 6 por ciento, respectivamente”.
“Después hay otra dimensión más cualitativa en la que nos encontramos trabajando y donde proponemos una serie de hipótesis que tienen sustento porque además de haber realizado el relevamiento conocemos el territorio. Por ejemplo, sabemos que Altos de San Lorenzo es una zona inundable, pero en los registros del diario la mayor parte de las noticias tienen que ver con el casco urbano de La Plata. Podemos inferir que esto se relaciona con las posibilidades de acceso a la tecnología y con las urgencias de los vecinos: ante la inminencia de la inundación, un usuario del diario que está en el centro puede captar una imagen y enviársela inmediatamente por Whats App para su publicación, mientras que alguien de la periferia seguramente tiene otras prioridades a resolver en el momento”, puntualiza.
Los investigadores quieren que la base de datos que elaboraron se convierta pronto en “una plataforma colaborativa” en la que la sociedad pueda seguir en tiempo real la evolución de los eventos en las distintas zonas y se activen las estrategias de alerta temprana para su prevención o mitigación. “La participación social también puede generar conciencia acerca del grado de vulnerabilidad al que se encuentra sometido el territorio, y abrir la discusión sobre la agenda urbana y las políticas de planeamiento. La situación a nivel regional no se resuelve sólo con obras hidráulicas. Tenemos que cambiar las lógicas de relación con la naturaleza”, concluye Sanz Ressel.
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Llegó al país el debate de que especies salvar y cuales no
¿Debemos proteger todas las especies en peligro?
Fecha de Publicación: 23/07/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
En EE.UU. se debate el sentido de conservar toda la fauna en peligro de extinción. El Tema puede tener eco en nuestro país.
Un insólito beneficiado de la crisis y el ajuste por los que está pasando el país podría ser el macá tobiano. Esta ave no vive en otro lugar del mundo que no sea la Patagonia. Y sólo quedan 800 individuos.
En invierno visitan el estuario del río Santa Cruz, pero podrían desaparecer si se terminan de construir las dos represas proyectadas para este curso de agua. Estas monumentales obras fueron anunciadas por la gestión kirchnerista, pero el gobierno de Mauricio Macri está evaluando si continúa con los proyectos.
En este caso, el “ajuste” decidió por nosotros, pero muchas veces los gobiernos y la sociedad son los que debemos elegir entre proteger una especie en peligro de extinción o avanzar con una obra que puede traer una mejora en la calidad de vida de las personas.
Un ejemplo más reciente es el de la lagartija Liolaemus cuyumhue, que figura como críticamente amenazada en la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación (UICN). Esta especie habita el Bajo de Añelo (Neuquén), el mismo territorio donde se encuentra el yacimiento de combustibles no convencionales Vaca Muerta.
Su presencia, detectada recientemente, puede significar que organismos internacionales les nieguen financiamiento a las empresas de energía que quieran invertir allí, si no aseguran su protección.
Casos como estos plantean un debate sobre si, como humanidad, estamos obligados a proteger toda la biodiversidad. ¿Deberíamos actuar como Noé, que se aseguró de que todas las especies subieran a su arca? ¿A qué precio?
La ley nacional de conservación de la fauna (22.421) dice en el artículo 20° que, en caso de que “una especie de la fauna silvestre autóctona se halle en peligro de extinción o en grave retroceso numérico, el Poder Ejecutivo Nacional deberá adoptar medidas de emergencia a fin de asegurar su repoblación y perpetuación”.
En Estados Unidos, la normativa es aún más estricta y siempre ha sido criticada. Pero, en tiempos de Donald Trump, los ataques están cobrando más fuerza y han encendido las alarmas de muchos ecologistas.
El argumento es que la conservación requiere un gasto muy alto que no se compara con los pocos beneficios de su preservación. El problema es vidrioso, ya que es difícil asignarle un valor a una especie desde una perspectiva económica.
Hay que estudiarla desde muchos ángulos, como su valor cultural (belleza, simbolismo), su diversidad genética y su “utilidad” (polinizadores de cultivos, etcétera), por citar algunos.
Y, si decidimos proteger una especie, debemos garantizar que su población crezca para que deje de estar en peligro. Esa tarea a veces parece imposible y sólo se consigue conservándolas en cautiverio.
El 99 por ciento de las especies categorizadas como en peligro de extinción desde la década de 1970 en Estados Unidos siguen en la misma situación a pesar de los esfuerzos de conservación.
Emma Marris, reconocida escritora sobre naturaleza, lo compara con un paciente en estado terminal al que nunca se le desconecta el respirador artificial. ¿Tiene sentido?
Salvar a cada una de las especies suena a algo irreal, pero tampoco deberíamos renunciar por completo a ello.
Buena parte de nuestra supervivencia está atada a la biodiversidad de formas que todavía no comprendemos, y quizá sólo nos demos cuenta cuando estas especies ya se hayan ido para siempre.
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Fecha de Publicación: 23/07/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
En EE.UU. se debate el sentido de conservar toda la fauna en peligro de extinción. El Tema puede tener eco en nuestro país.
Un insólito beneficiado de la crisis y el ajuste por los que está pasando el país podría ser el macá tobiano. Esta ave no vive en otro lugar del mundo que no sea la Patagonia. Y sólo quedan 800 individuos.
En invierno visitan el estuario del río Santa Cruz, pero podrían desaparecer si se terminan de construir las dos represas proyectadas para este curso de agua. Estas monumentales obras fueron anunciadas por la gestión kirchnerista, pero el gobierno de Mauricio Macri está evaluando si continúa con los proyectos.
En este caso, el “ajuste” decidió por nosotros, pero muchas veces los gobiernos y la sociedad son los que debemos elegir entre proteger una especie en peligro de extinción o avanzar con una obra que puede traer una mejora en la calidad de vida de las personas.
Un ejemplo más reciente es el de la lagartija Liolaemus cuyumhue, que figura como críticamente amenazada en la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación (UICN). Esta especie habita el Bajo de Añelo (Neuquén), el mismo territorio donde se encuentra el yacimiento de combustibles no convencionales Vaca Muerta.
Su presencia, detectada recientemente, puede significar que organismos internacionales les nieguen financiamiento a las empresas de energía que quieran invertir allí, si no aseguran su protección.
Casos como estos plantean un debate sobre si, como humanidad, estamos obligados a proteger toda la biodiversidad. ¿Deberíamos actuar como Noé, que se aseguró de que todas las especies subieran a su arca? ¿A qué precio?
La ley nacional de conservación de la fauna (22.421) dice en el artículo 20° que, en caso de que “una especie de la fauna silvestre autóctona se halle en peligro de extinción o en grave retroceso numérico, el Poder Ejecutivo Nacional deberá adoptar medidas de emergencia a fin de asegurar su repoblación y perpetuación”.
En Estados Unidos, la normativa es aún más estricta y siempre ha sido criticada. Pero, en tiempos de Donald Trump, los ataques están cobrando más fuerza y han encendido las alarmas de muchos ecologistas.
El argumento es que la conservación requiere un gasto muy alto que no se compara con los pocos beneficios de su preservación. El problema es vidrioso, ya que es difícil asignarle un valor a una especie desde una perspectiva económica.
Hay que estudiarla desde muchos ángulos, como su valor cultural (belleza, simbolismo), su diversidad genética y su “utilidad” (polinizadores de cultivos, etcétera), por citar algunos.
Y, si decidimos proteger una especie, debemos garantizar que su población crezca para que deje de estar en peligro. Esa tarea a veces parece imposible y sólo se consigue conservándolas en cautiverio.
El 99 por ciento de las especies categorizadas como en peligro de extinción desde la década de 1970 en Estados Unidos siguen en la misma situación a pesar de los esfuerzos de conservación.
Emma Marris, reconocida escritora sobre naturaleza, lo compara con un paciente en estado terminal al que nunca se le desconecta el respirador artificial. ¿Tiene sentido?
Salvar a cada una de las especies suena a algo irreal, pero tampoco deberíamos renunciar por completo a ello.
Buena parte de nuestra supervivencia está atada a la biodiversidad de formas que todavía no comprendemos, y quizá sólo nos demos cuenta cuando estas especies ya se hayan ido para siempre.
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Río Negro: encuentro de municipios sobre cambio climático
Encuentro de municipios para trabajar sobre el cambio climático
Fecha de Publicación: 23/07/2018
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro
La actividad fue organizada por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático.
Se llevó a cabo en Viedma el primer encuentro con responsables ambientales de los municipios rionegrinos a los efectos de trabajar en la generación de inventarios municipales de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y mapeo de riesgos climáticos, definir objetivos de mitigación y adaptación al cambio climático y elaborar planes locales de acción climática.
La actividad fue organizada por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS), conjuntamente con la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático (RAMCC).
La actividad se desarrolló durante una sola jornada en las instalaciones del Consejo Federal de Inversiones (CFI), y contó con la participación de más de 30 representantes de los distintos municipios de Río Negro.
Las ciudades han ganado protagonismo en la acción climática por su intervención directa en el territorio y la cercanía a vecinos e instituciones. En ellas se generan gran parte de las emisiones de gases de efecto invernadero y, por otro lado, se evidencian en mayor medida los impactos del cambio climático.
Su conocimiento sobre las problemáticas que afectan a la comunidad y las posibilidades de mejora, las convierten en actores fundamentales para transformar estos desafíos en acciones concretas de mitigación y adaptación.
La RAMCC es la primera Red Latinoamericana sobre Cambio Climático, la cual brinda soporte técnico a municipios, comunicación sobre novedades internacionales y difusión internacional de sus actividades.
La misma, a cargo del ingeniero agrónomo Ricardo Bertolino, secretario Ejecutivo de la Coordinación Nacional, surge como un instrumento de coordinación e impulso de las políticas públicas locales frente al cambio climático de las ciudades y pueblos de argentina, creado en el año 2010.
La actividad estuvo encabezada por la secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Dina Migani; Ricardo Bertolino, secretario general ejecutivo de la RAMCC (Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático); y Marcela Blanca, técnica del área de Cambio Climático de La SAyDS.
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Fecha de Publicación: 23/07/2018
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro
La actividad fue organizada por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático.
Se llevó a cabo en Viedma el primer encuentro con responsables ambientales de los municipios rionegrinos a los efectos de trabajar en la generación de inventarios municipales de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y mapeo de riesgos climáticos, definir objetivos de mitigación y adaptación al cambio climático y elaborar planes locales de acción climática.
La actividad fue organizada por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS), conjuntamente con la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático (RAMCC).
La actividad se desarrolló durante una sola jornada en las instalaciones del Consejo Federal de Inversiones (CFI), y contó con la participación de más de 30 representantes de los distintos municipios de Río Negro.
Las ciudades han ganado protagonismo en la acción climática por su intervención directa en el territorio y la cercanía a vecinos e instituciones. En ellas se generan gran parte de las emisiones de gases de efecto invernadero y, por otro lado, se evidencian en mayor medida los impactos del cambio climático.
Su conocimiento sobre las problemáticas que afectan a la comunidad y las posibilidades de mejora, las convierten en actores fundamentales para transformar estos desafíos en acciones concretas de mitigación y adaptación.
La RAMCC es la primera Red Latinoamericana sobre Cambio Climático, la cual brinda soporte técnico a municipios, comunicación sobre novedades internacionales y difusión internacional de sus actividades.
La misma, a cargo del ingeniero agrónomo Ricardo Bertolino, secretario Ejecutivo de la Coordinación Nacional, surge como un instrumento de coordinación e impulso de las políticas públicas locales frente al cambio climático de las ciudades y pueblos de argentina, creado en el año 2010.
La actividad estuvo encabezada por la secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Dina Migani; Ricardo Bertolino, secretario general ejecutivo de la RAMCC (Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático); y Marcela Blanca, técnica del área de Cambio Climático de La SAyDS.
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Iguacel manda a rescindir dos contratos de renovables
Giro oficial: Gobierno pidió rescindir dos contratos de energías renovables
Fecha de Publicación: 23/07/2018
Fuente: El Cronista Comercial
Provincia/Región: Nacional
El ministro Iguacel instruyó a Cammesa para rescindir un parque eólico adjudicado a empresas chinas y otra planta solar. Podría dar lugar a tensión diplomática
El Gobierno tomó una decisión drástica que podría generar un nuevo foco de conflicto diplomático con China. Por primera vez desde que se inició el programa RenovAr, el ministro de Energía, Javier Iguacel, instruyó en las primeras horas de ayer a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) a rescindir los contratos de dos proyectos de energia renovables, ante los "reiterados incumplimientos en los hitos establecidos". Uno de los contratos es del Parque Eólico (PE) Viento Reta, para el que las empresas chinas Sinohydro, China Energy Engineering Investment Corporation (CEEIC) y China Lac Cooperation Fund prometieron una inversión de u$s 150 millones, en Tres Arroyos, Buenos Aires.
Iguacel, de esta forma, da un golpe en la mesa e intenta ordenar al mercado, al señalarles a las empresas las eventuales sanciones a las que se arriesgan de no cumplir con lo pactado. Fuentes privadas valoraron la medida, ya que se entiende como un castigo a los que no respetan los contratos, una vieja demanda del sector de las energías renovables. En una planta eólica, los hitos que evalúa el Ministerio son, entre otros, el comienzo real de la obra, la contratación del personal, y el hormigonado.
Ante la consulta de El Cronista, el dato sorprendió a la Embajada de China en la Argentina. Por la tarde todavía no habían sido informados de la cancelación del proyecto. El PE Viento Reta, neé "PE Pampa", iba a sumar 100 MW de potencia al sistema a un costo de u$s 46 por MWh, y fue adjudicado en la ronda 1.5 de RenovAr.
El otro proyecto cancelado es el que la firma estadounidense SoEnergy tenía en Media Agua, San Juan, con el Parque Solar (PS) Sarmiento. Allí iban a instalar 35 MW de potencia a u$s 52,95 por MWh.
SoEnergy era dueña del 40% de Stoneway Capital Corporation, controlante de Araucaria Energy, flamante empresa adjudicataria de cuatro proyectos de generación eléctrica térmica que suman 686,5 MW. Pero Araucaria explicó que el porcentaje de SoEnergy lo compró Rogelio Nores, el dueño original.
Así las cosas, la cuestión energética le puede dar un nuevo dolor de cabeza internacional a la administración de Mauricio Macri, en medio de una declamada apertura al comercio mundial. La semana pasada se conoció que el secretario de Coordinación de Políticas Públicas, Gustavo Lopetegui, les comunicó a los empresarios de Voith Hydro apadrinados por Alemania la cancelación de la construcción de la represa hidroeléctrica Chihuidos, en Neuquén, como una forma de achicar el déficit fiscal ante las exigencias del FMI. El consorcio de las obras en Chihuidos incluye a Helport, de Corporación América, de Eduardo Eurnekian.
Más atrás, en 2016, la ex canciller Susana Malcorra salvó las relaciones con China, ante la voluntad de Macri de finiquitar los acuerdos con el país asiático para financiar las represas hidroeléctricas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic en Santa Cruz. La construcción de dos nuevas centrales nucleares tampoco están garantizadas.
Aunque por distintos inconvenientes burocráticos o de infraestructura algunos proyectos de renovables no cumplieron con los plazos establecidos, los dos proyectos que se cancelarán no habían avanzado en nada para su construcción
El PS había firmado su contrato de abastecimiento (PPA) con Cammesa el 26 de mayo del año pasado, mientras que el PE Viento Reta lo había hecho el 21 de noviembre.
El programa RenovAr adjudicó en los últimos dos años 147 proyectos por 4466,5 MW, a los que se suman 10 más de la etapa kirchnerista. Grandes usuarios privados tienen la obligación de contratar un 8% de su consumo eléctrico a fuentes renovables. De 68 proyectos en construcción y operación comercial, el cumplimiento de hitos está en el 94%.
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Fecha de Publicación: 23/07/2018
Fuente: El Cronista Comercial
Provincia/Región: Nacional
El ministro Iguacel instruyó a Cammesa para rescindir un parque eólico adjudicado a empresas chinas y otra planta solar. Podría dar lugar a tensión diplomática
El Gobierno tomó una decisión drástica que podría generar un nuevo foco de conflicto diplomático con China. Por primera vez desde que se inició el programa RenovAr, el ministro de Energía, Javier Iguacel, instruyó en las primeras horas de ayer a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) a rescindir los contratos de dos proyectos de energia renovables, ante los "reiterados incumplimientos en los hitos establecidos". Uno de los contratos es del Parque Eólico (PE) Viento Reta, para el que las empresas chinas Sinohydro, China Energy Engineering Investment Corporation (CEEIC) y China Lac Cooperation Fund prometieron una inversión de u$s 150 millones, en Tres Arroyos, Buenos Aires.
Iguacel, de esta forma, da un golpe en la mesa e intenta ordenar al mercado, al señalarles a las empresas las eventuales sanciones a las que se arriesgan de no cumplir con lo pactado. Fuentes privadas valoraron la medida, ya que se entiende como un castigo a los que no respetan los contratos, una vieja demanda del sector de las energías renovables. En una planta eólica, los hitos que evalúa el Ministerio son, entre otros, el comienzo real de la obra, la contratación del personal, y el hormigonado.
Ante la consulta de El Cronista, el dato sorprendió a la Embajada de China en la Argentina. Por la tarde todavía no habían sido informados de la cancelación del proyecto. El PE Viento Reta, neé "PE Pampa", iba a sumar 100 MW de potencia al sistema a un costo de u$s 46 por MWh, y fue adjudicado en la ronda 1.5 de RenovAr.
El otro proyecto cancelado es el que la firma estadounidense SoEnergy tenía en Media Agua, San Juan, con el Parque Solar (PS) Sarmiento. Allí iban a instalar 35 MW de potencia a u$s 52,95 por MWh.
SoEnergy era dueña del 40% de Stoneway Capital Corporation, controlante de Araucaria Energy, flamante empresa adjudicataria de cuatro proyectos de generación eléctrica térmica que suman 686,5 MW. Pero Araucaria explicó que el porcentaje de SoEnergy lo compró Rogelio Nores, el dueño original.
Así las cosas, la cuestión energética le puede dar un nuevo dolor de cabeza internacional a la administración de Mauricio Macri, en medio de una declamada apertura al comercio mundial. La semana pasada se conoció que el secretario de Coordinación de Políticas Públicas, Gustavo Lopetegui, les comunicó a los empresarios de Voith Hydro apadrinados por Alemania la cancelación de la construcción de la represa hidroeléctrica Chihuidos, en Neuquén, como una forma de achicar el déficit fiscal ante las exigencias del FMI. El consorcio de las obras en Chihuidos incluye a Helport, de Corporación América, de Eduardo Eurnekian.
Más atrás, en 2016, la ex canciller Susana Malcorra salvó las relaciones con China, ante la voluntad de Macri de finiquitar los acuerdos con el país asiático para financiar las represas hidroeléctricas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic en Santa Cruz. La construcción de dos nuevas centrales nucleares tampoco están garantizadas.
Aunque por distintos inconvenientes burocráticos o de infraestructura algunos proyectos de renovables no cumplieron con los plazos establecidos, los dos proyectos que se cancelarán no habían avanzado en nada para su construcción
El PS había firmado su contrato de abastecimiento (PPA) con Cammesa el 26 de mayo del año pasado, mientras que el PE Viento Reta lo había hecho el 21 de noviembre.
El programa RenovAr adjudicó en los últimos dos años 147 proyectos por 4466,5 MW, a los que se suman 10 más de la etapa kirchnerista. Grandes usuarios privados tienen la obligación de contratar un 8% de su consumo eléctrico a fuentes renovables. De 68 proyectos en construcción y operación comercial, el cumplimiento de hitos está en el 94%.
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Barrick: Fiscal pidió no realizar análisis de contaminación
En San Juan piden que no se realicen estudios por contaminación minera
Fecha de Publicación: 22/07/2018
Fuente: El Patagónico
Provincia/Región: San Juan
El Fiscal de Estado de la provincia de San Juan, Jorge Alvo, pidió que no se realicen estudios de agua, suelo y salud por el derrame de cianuro de la empresa Barrick Gold. Un informe de la Universidad de Cuyo reveló el incremento de mercurio, manganeso y aluminio en el río La Palca.
Jorge Alvo, el Fiscal de Estado de San Juan, pidió formalmente a la Justicia Federal que no realice estudios de agua, suelo y salud por el derrame de cianuro que se comprobó que la empresa Barrick Gold había realizado en Veladero.
El río La Palca, cercano a la mina de oro Veladero, sufre un incremento exponencial de mercurio, manganeso y aluminio, según indicó un informe de monitoreo de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCUYO) del 28 de febrero.
El Fiscal designado por el gobierno sanjuanino, que debería defender los intereses de la provincia, se presentó en el Juzgado de Jachal y pidió que no se realicen los estudios porque no es su competencia, lo que desató el enojo de los ambientalistas.
El estudio realizado por UNCUYO confirmó la presencia de mercurio en 10 microgramos por litro de agua (el límite máximo para irrigación, según la Ley de Residuos Peligrosos, es de 0,1). También se hallaron 34 miligramos de manganeso por litro de agua (la ley establece un máximo de 0,20), mientras que el aluminio llegó a 1992 miligramos (el máximo es de 5).
Hubo numerosos “accidentes” en la mina Veladero, pero el más reciente (al menos de público conocimiento) fue el derrame del 13 de septiembre de 2015.
En un principio la noticia transcendió por mensajes de WhatsApp de trabajadores mineros a sus familias en Jáchal, donde alertaban que no tomen agua.
Y aunque en un primer término buscaron ocultarlo, el gobierno y la empresa no tuvieron más remedio que reconocer el derrame de 15.000 litros de agua con cianuro.
A la semana la cifra ascendió 224.000 litros. Dos días después, intervención judicial mediante, Barrick Gold reconoció el derrame de 1.070.000 litros de “solución cianurada”.
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Fecha de Publicación: 22/07/2018
Fuente: El Patagónico
Provincia/Región: San Juan
El Fiscal de Estado de la provincia de San Juan, Jorge Alvo, pidió que no se realicen estudios de agua, suelo y salud por el derrame de cianuro de la empresa Barrick Gold. Un informe de la Universidad de Cuyo reveló el incremento de mercurio, manganeso y aluminio en el río La Palca.
Jorge Alvo, el Fiscal de Estado de San Juan, pidió formalmente a la Justicia Federal que no realice estudios de agua, suelo y salud por el derrame de cianuro que se comprobó que la empresa Barrick Gold había realizado en Veladero.
El río La Palca, cercano a la mina de oro Veladero, sufre un incremento exponencial de mercurio, manganeso y aluminio, según indicó un informe de monitoreo de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCUYO) del 28 de febrero.
El Fiscal designado por el gobierno sanjuanino, que debería defender los intereses de la provincia, se presentó en el Juzgado de Jachal y pidió que no se realicen los estudios porque no es su competencia, lo que desató el enojo de los ambientalistas.
El estudio realizado por UNCUYO confirmó la presencia de mercurio en 10 microgramos por litro de agua (el límite máximo para irrigación, según la Ley de Residuos Peligrosos, es de 0,1). También se hallaron 34 miligramos de manganeso por litro de agua (la ley establece un máximo de 0,20), mientras que el aluminio llegó a 1992 miligramos (el máximo es de 5).
Hubo numerosos “accidentes” en la mina Veladero, pero el más reciente (al menos de público conocimiento) fue el derrame del 13 de septiembre de 2015.
En un principio la noticia transcendió por mensajes de WhatsApp de trabajadores mineros a sus familias en Jáchal, donde alertaban que no tomen agua.
Y aunque en un primer término buscaron ocultarlo, el gobierno y la empresa no tuvieron más remedio que reconocer el derrame de 15.000 litros de agua con cianuro.
A la semana la cifra ascendió 224.000 litros. Dos días después, intervención judicial mediante, Barrick Gold reconoció el derrame de 1.070.000 litros de “solución cianurada”.
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Etiquetas:
Barrick Gold,
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El saneamiento del agua no es tan generalizado en el país
Una carencia que afecta a 10 millones de argentinos
Fecha de Publicación: 22/07/2018
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Dos millones de argentinos usan tres meses al año para buscar agua (entre tres y seis horas diarias); expresado en dinero ese tiempo equivaldría a unos $28.500 (tres salarios mínimo vital y móvil). Un millón no tiene baño, letrina ni pozo.
El 22% de los 44 millones de habitantes no tiene acceso a la red pública de agua y cuatro de cada diez no tienen cloacas. Por supuesto, estas situaciones impactan en la salud pública provocando, en particular, cuadros de parasitosis que afectan, especialmente, a los niños.
Las cinco provincias que viven las situaciones más críticas de acceso a agua de red son Santiago del Estero , Formosa , Tierra del Fuego , Salta y Chaco . En el caso de hogares sin cloacas las más complicadas son Chaco; Formosa; Salta; Tierra del Fuego y Misiones .
Los datos se desprenden de un trabajo colaborativo realizado por profesionales de la Universidad de Buenos Aires; la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), la Universidad Nacional de Quilmes, la Universidad Católica de Córdoba, l a ONG Sed Cero, y de los institutos nacionales de Tecnología Industrial (Inti) y de Tecnología Agropecuaria (Inta).
Florencia Iacopetti, gerenta programática de la Fundación Avina y coordinadora de Sed Cero, explica a LA NACION: "Hay un desafío enorme en acceso al agua y al saneamiento; el problema requiere soluciones combinadas, no hay una sola que se pueda extrapolar porque hay características particulares como el suelo, los regímenes de lluvia y cuestiones sociales y culturales".
Admite que "hay avances" con el Plan Nacional del Agua -instrumentado por el gobierno nacional a través del Ministerio del Interior- pero que hay que complementar las soluciones en las zonas rurales más aisladas. El programa incluye inversiones por US$40.000 millones (incluye trabajos del Plan Belgrano en el área); desde el inicio de la gestión -según datos oficiales- se terminaron 340 obras de agua y cloacas; hay 263 en ejecución y 61 en proceso licitatorio.
"Es uno de los objetivos prioritarios de inversión de este gobierno para mejorar la calidad de vida de todos los argentinos. Se trabaja en todo el país y en particular en el norte ( Plan Belgrano ) donde hay un déficit significativo en infraestructura. Con estas obras la gente vive mejor, se reducen las enfermedades", dice Pablo Bereciartua, secretario de Recursos Hídricos. El objetivo es que en 2023 el 100% tenga agua potable y el 75% acceso a una cloaca y a plantas de tratamiento de efluentes.
En La Candelaria, 300 kilómetros al norte de la ciudad de Santiago del Estero , los 500 vecinos que viven dispersos en el pueblo lograron resolver parte del problema con un centenar de cisternas de fibrocemento que ellos mismos construyeron en el marco de una iniciativa de Sed Cero con el financiamiento de Danone.
A María Luna y su familia la cisterna les cambió la vida; con sus hijos caminaban 14 kilómetros para traer agua del río. Usan el agua del tanque -que se llena con lluvias- sólo para beber para que dure más. A la noche, cuando vuelve de trabajar, su marido acarrea en moto bidones de 20 litros. En pleno Chaco Salteño en verano las temperaturas superan con comodidad los 40 grados.
Los expertos que participaron del estudio -que derivó en una "plataforma del agua" que sirve como herramienta de gestión- coinciden en que en las zonas rurales hay que trabajar en "innovación social"; lograr que las comunidades se apropien de las soluciones y las administren. "Los 'enlatados' no suelen funcionar y se terminan viendo 'elefantes blancos' desde la ruta y la gente que sigue sin agua", apunta Iacopetti.
En un territorio extendido y de baja densidad poblacional como el argentino, insisten que a la par del plan nacional hay que diseñar soluciones descentralizadas (cisternas; canalización de agua de río, perforaciones).
Salud en riesgo
A 135 kilómetros de la ciudad de San Juan , sobre la ruta nacional 141, las mujeres y chicos mendigando agua potable con bidones ya son parte del paisaje. Terminó naturalizándose una situación angustiante. En el pueblo La Planta viven unas 350 personas que llevan 10 años sin agua. Hace unos meses Obras Sanitarias Sociedad del Estado (Osse) de esa provincia anunció que se halló una fuente subterránea a siete kilómetros y que con una inversión de $85 millones en una perforación podrán abastecer al pueblo.
Susana Roldán, médica de la ONG Una Gota de Salud -trabajan en el norte cordobés, en la zona de las salinas, donde hay pozos de agua- explica que la gente "acumula el tachos, pero la calidad no es la mejor" por lo que diagnostican mucha parasitosis. "Es una patología muy frecuente que colabora con el bajo peso y la desnutrición. Es una batalla interminable por la no potabilización del agua".
La coordinadora científica de Mundo Sano e investigadora del Conicet, Victoria Periago, señala que además del acceso al agua está el problema de las aguas contaminadas, por ejemplo, con arsénico. "En Formosa, Chaco, Misiones y Salta, donde trabajamos, hay pozos contaminado, salados; las comunidades colectan agua de lluvia o compran agua, pero la acumulación no es cuidada".
"Hay problemas de calidad y disponibilidad de agua y también de no tener ni letrinas -continúa-. Se abre un ciclo de transmisión de enfermedades que tiene un impacto importante sobre la salud pública; hubo una campaña efectiva que promovió lo más básico, que es el jabón para lavarse las manos pero hay miles que no tienen el agua".
Iacopetti ratifica que el acceso al agua es un derecho humano y, como tal, la responsabilidad última es del Estado. "Pero a veces solo no puede, las alianzas multisectoriales son importantes. Desde la sociedad civil se puede complementar su tarea con conocimiento, recursos y tecnologías para acelerar y el proceso".
Desarrollo
El crecimiento y desarrollo territorial van de la mano con el acceso al agua; sin ella no hay posibilidad de que las comunidades más apartadas puedan criar sus animales o tener huertas, dos de las economías más frecuentes en esas zonas.
En El Abra -salinas cordobesas- Leticia Capdevilla explica que "no crece nada; no hay con qué cuidar lo que se siembra; a duras penas le damos agua a los animales". En esa zona de la provincia los indicadores de pobreza duplican la media de Córdoba.
Para los expertos el agua es un "habilitador de desarrollo". Por eso la primera tarea es llevarla a las comunidades e, inmediatamente, trabajar en programas de emprendimiento con la gente. Explican que el tipo de acceso (canilla comunitaria, cisterna en el propio lote) es directamente proporcional a las posibilidades de desarrollo. "Mientras más se aleja de la familia, más grande la brecha", grafica Iacopetti.
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Fecha de Publicación: 22/07/2018
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Dos millones de argentinos usan tres meses al año para buscar agua (entre tres y seis horas diarias); expresado en dinero ese tiempo equivaldría a unos $28.500 (tres salarios mínimo vital y móvil). Un millón no tiene baño, letrina ni pozo.
El 22% de los 44 millones de habitantes no tiene acceso a la red pública de agua y cuatro de cada diez no tienen cloacas. Por supuesto, estas situaciones impactan en la salud pública provocando, en particular, cuadros de parasitosis que afectan, especialmente, a los niños.
Las cinco provincias que viven las situaciones más críticas de acceso a agua de red son Santiago del Estero , Formosa , Tierra del Fuego , Salta y Chaco . En el caso de hogares sin cloacas las más complicadas son Chaco; Formosa; Salta; Tierra del Fuego y Misiones .
Los datos se desprenden de un trabajo colaborativo realizado por profesionales de la Universidad de Buenos Aires; la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), la Universidad Nacional de Quilmes, la Universidad Católica de Córdoba, l a ONG Sed Cero, y de los institutos nacionales de Tecnología Industrial (Inti) y de Tecnología Agropecuaria (Inta).
Florencia Iacopetti, gerenta programática de la Fundación Avina y coordinadora de Sed Cero, explica a LA NACION: "Hay un desafío enorme en acceso al agua y al saneamiento; el problema requiere soluciones combinadas, no hay una sola que se pueda extrapolar porque hay características particulares como el suelo, los regímenes de lluvia y cuestiones sociales y culturales".
Admite que "hay avances" con el Plan Nacional del Agua -instrumentado por el gobierno nacional a través del Ministerio del Interior- pero que hay que complementar las soluciones en las zonas rurales más aisladas. El programa incluye inversiones por US$40.000 millones (incluye trabajos del Plan Belgrano en el área); desde el inicio de la gestión -según datos oficiales- se terminaron 340 obras de agua y cloacas; hay 263 en ejecución y 61 en proceso licitatorio.
"Es uno de los objetivos prioritarios de inversión de este gobierno para mejorar la calidad de vida de todos los argentinos. Se trabaja en todo el país y en particular en el norte ( Plan Belgrano ) donde hay un déficit significativo en infraestructura. Con estas obras la gente vive mejor, se reducen las enfermedades", dice Pablo Bereciartua, secretario de Recursos Hídricos. El objetivo es que en 2023 el 100% tenga agua potable y el 75% acceso a una cloaca y a plantas de tratamiento de efluentes.
En La Candelaria, 300 kilómetros al norte de la ciudad de Santiago del Estero , los 500 vecinos que viven dispersos en el pueblo lograron resolver parte del problema con un centenar de cisternas de fibrocemento que ellos mismos construyeron en el marco de una iniciativa de Sed Cero con el financiamiento de Danone.
A María Luna y su familia la cisterna les cambió la vida; con sus hijos caminaban 14 kilómetros para traer agua del río. Usan el agua del tanque -que se llena con lluvias- sólo para beber para que dure más. A la noche, cuando vuelve de trabajar, su marido acarrea en moto bidones de 20 litros. En pleno Chaco Salteño en verano las temperaturas superan con comodidad los 40 grados.
Los expertos que participaron del estudio -que derivó en una "plataforma del agua" que sirve como herramienta de gestión- coinciden en que en las zonas rurales hay que trabajar en "innovación social"; lograr que las comunidades se apropien de las soluciones y las administren. "Los 'enlatados' no suelen funcionar y se terminan viendo 'elefantes blancos' desde la ruta y la gente que sigue sin agua", apunta Iacopetti.
En un territorio extendido y de baja densidad poblacional como el argentino, insisten que a la par del plan nacional hay que diseñar soluciones descentralizadas (cisternas; canalización de agua de río, perforaciones).
Salud en riesgo
A 135 kilómetros de la ciudad de San Juan , sobre la ruta nacional 141, las mujeres y chicos mendigando agua potable con bidones ya son parte del paisaje. Terminó naturalizándose una situación angustiante. En el pueblo La Planta viven unas 350 personas que llevan 10 años sin agua. Hace unos meses Obras Sanitarias Sociedad del Estado (Osse) de esa provincia anunció que se halló una fuente subterránea a siete kilómetros y que con una inversión de $85 millones en una perforación podrán abastecer al pueblo.
Susana Roldán, médica de la ONG Una Gota de Salud -trabajan en el norte cordobés, en la zona de las salinas, donde hay pozos de agua- explica que la gente "acumula el tachos, pero la calidad no es la mejor" por lo que diagnostican mucha parasitosis. "Es una patología muy frecuente que colabora con el bajo peso y la desnutrición. Es una batalla interminable por la no potabilización del agua".
La coordinadora científica de Mundo Sano e investigadora del Conicet, Victoria Periago, señala que además del acceso al agua está el problema de las aguas contaminadas, por ejemplo, con arsénico. "En Formosa, Chaco, Misiones y Salta, donde trabajamos, hay pozos contaminado, salados; las comunidades colectan agua de lluvia o compran agua, pero la acumulación no es cuidada".
"Hay problemas de calidad y disponibilidad de agua y también de no tener ni letrinas -continúa-. Se abre un ciclo de transmisión de enfermedades que tiene un impacto importante sobre la salud pública; hubo una campaña efectiva que promovió lo más básico, que es el jabón para lavarse las manos pero hay miles que no tienen el agua".
Iacopetti ratifica que el acceso al agua es un derecho humano y, como tal, la responsabilidad última es del Estado. "Pero a veces solo no puede, las alianzas multisectoriales son importantes. Desde la sociedad civil se puede complementar su tarea con conocimiento, recursos y tecnologías para acelerar y el proceso".
Desarrollo
El crecimiento y desarrollo territorial van de la mano con el acceso al agua; sin ella no hay posibilidad de que las comunidades más apartadas puedan criar sus animales o tener huertas, dos de las economías más frecuentes en esas zonas.
En El Abra -salinas cordobesas- Leticia Capdevilla explica que "no crece nada; no hay con qué cuidar lo que se siembra; a duras penas le damos agua a los animales". En esa zona de la provincia los indicadores de pobreza duplican la media de Córdoba.
Para los expertos el agua es un "habilitador de desarrollo". Por eso la primera tarea es llevarla a las comunidades e, inmediatamente, trabajar en programas de emprendimiento con la gente. Explican que el tipo de acceso (canilla comunitaria, cisterna en el propio lote) es directamente proporcional a las posibilidades de desarrollo. "Mientras más se aleja de la familia, más grande la brecha", grafica Iacopetti.
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Planta solar almacenará excedente en baterías
Planta piloto de Genneia almacenará energía solar excedente en baterías
Fecha de Publicación: 22/07/2018
Fuente: El Cronista Comercial
Provincia/Región: San Juan
El sistema que se usará capta el exceso de energía producida por las placas fotovoltáicas que no se consume de forma instantánea y la almacena para su utilización posterior
Genneia creará una planta piloto en la provincia de San Juan, con almacenamiento en baterías de energía generada por el sol. La idea es poner en práctica este nuevo sistema integrado a la red eléctrica. El sistema utilizado por las baterías solares es de última generación. Capta el exceso de energía producida por las placas fotovoltáicas que no se consume de forma instantánea y la almacenan para su uso posterior.
Esta planta estará vinculada al Parque Solar de Ullum, cuyas obras recorrió Jorge Brito (h) -presidente de Genneia- junto al gobernador Sergio Uñac. Esta obra generará 300 puestos de trabajo de los cuales un 95% serán empleados locales.
En el Parque se colocarán 280.000 paneles, lo que significa una inversión de u$s 80 millones. La obra, de 82 MW, estará lista a fin de año y generará 216.000 MW/h, equivalente al consumo de 48.000 hogares. "Esta obra en el Parque Solar de Ullum es otra clara demostración del liderazgo en energía renovable de Genneia. Estamos contentos por el esfuerzo que hacemos para que Argentina siga produciendo sus propios recursos", declaró Brito.
Genneia es una compañía dedicada a la provisión de soluciones energéticas sustentables y uno de los principales inversores en proyectos de energías renovables en el país. Es propietaria y operadora de 10 plantas de generación térmica (640 MW) y de los Parques Eólicos Rawson (101 MW) y Loma Blanca IV (51MW). En las Rondas 1 y 1.5 del Programa Renovar, Genneia fue adjudicada los proyectos eólicos Villalonga (50 MW), Chubut Norte I (28MW), Pomona, Rio Negro (100MW) y Necochea (38MW), todos actualmente en construcción, y en la Ronda 2 fue adjudicada los proyectos Chubut Norte III y IV (140MW) y una planta de biomasa en Tucumán (19 MW). Genneia también está construyendo su primer parque solar en Ullum, San Juan (82MW), y el Parque Eólico Madryn (220MW), que hará a Genneia el mayor generador eólico en el país (730MW).
La intervención de Genneia en San Juan es estratégica ya que la provincia es una de las más importantes en cuando al desarrollo de energías limpias. Apuesta a tomar un 25% del mercado nacional de energía solar y eólica para desarrollarlo en la provincia, ya que alberga un tercio de los proyectos otorgados en todo el país. De ese tercio, el 65% de los proyectos se realizan en conjunto entre empresas privadas y el Gobierno de la Provincia y el 35% es sólo privado.
Por caso, la construcción de la Estación Transformadora Solar San Juan, que ya cuenta con un 80% de avance en la obra civil, brindará un sistema de transporte para conectar dichas plantas de generación fotovoltaica al Sistema Interconectado Nacional.
Con un nivel de tensión de 132kV/33kV y una línea de alta tensión doble terna también en 132kV conectada a las LAT existentes ET Punta Negra ET Punta de Rieles, el proyecto está planteado en dos etapas. La primera, planteada para evacuar la potencia de los primeros proyectos solares, mientras que la segunda contempla la ampliación de la ET Solar San Juan y una línea de alta tensión nueva que permitirá evacuar toda la energía generada en el parque solar.
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Fecha de Publicación: 22/07/2018
Fuente: El Cronista Comercial
Provincia/Región: San Juan
El sistema que se usará capta el exceso de energía producida por las placas fotovoltáicas que no se consume de forma instantánea y la almacena para su utilización posterior
Genneia creará una planta piloto en la provincia de San Juan, con almacenamiento en baterías de energía generada por el sol. La idea es poner en práctica este nuevo sistema integrado a la red eléctrica. El sistema utilizado por las baterías solares es de última generación. Capta el exceso de energía producida por las placas fotovoltáicas que no se consume de forma instantánea y la almacenan para su uso posterior.
Esta planta estará vinculada al Parque Solar de Ullum, cuyas obras recorrió Jorge Brito (h) -presidente de Genneia- junto al gobernador Sergio Uñac. Esta obra generará 300 puestos de trabajo de los cuales un 95% serán empleados locales.
En el Parque se colocarán 280.000 paneles, lo que significa una inversión de u$s 80 millones. La obra, de 82 MW, estará lista a fin de año y generará 216.000 MW/h, equivalente al consumo de 48.000 hogares. "Esta obra en el Parque Solar de Ullum es otra clara demostración del liderazgo en energía renovable de Genneia. Estamos contentos por el esfuerzo que hacemos para que Argentina siga produciendo sus propios recursos", declaró Brito.
Genneia es una compañía dedicada a la provisión de soluciones energéticas sustentables y uno de los principales inversores en proyectos de energías renovables en el país. Es propietaria y operadora de 10 plantas de generación térmica (640 MW) y de los Parques Eólicos Rawson (101 MW) y Loma Blanca IV (51MW). En las Rondas 1 y 1.5 del Programa Renovar, Genneia fue adjudicada los proyectos eólicos Villalonga (50 MW), Chubut Norte I (28MW), Pomona, Rio Negro (100MW) y Necochea (38MW), todos actualmente en construcción, y en la Ronda 2 fue adjudicada los proyectos Chubut Norte III y IV (140MW) y una planta de biomasa en Tucumán (19 MW). Genneia también está construyendo su primer parque solar en Ullum, San Juan (82MW), y el Parque Eólico Madryn (220MW), que hará a Genneia el mayor generador eólico en el país (730MW).
La intervención de Genneia en San Juan es estratégica ya que la provincia es una de las más importantes en cuando al desarrollo de energías limpias. Apuesta a tomar un 25% del mercado nacional de energía solar y eólica para desarrollarlo en la provincia, ya que alberga un tercio de los proyectos otorgados en todo el país. De ese tercio, el 65% de los proyectos se realizan en conjunto entre empresas privadas y el Gobierno de la Provincia y el 35% es sólo privado.
Por caso, la construcción de la Estación Transformadora Solar San Juan, que ya cuenta con un 80% de avance en la obra civil, brindará un sistema de transporte para conectar dichas plantas de generación fotovoltaica al Sistema Interconectado Nacional.
Con un nivel de tensión de 132kV/33kV y una línea de alta tensión doble terna también en 132kV conectada a las LAT existentes ET Punta Negra ET Punta de Rieles, el proyecto está planteado en dos etapas. La primera, planteada para evacuar la potencia de los primeros proyectos solares, mientras que la segunda contempla la ampliación de la ET Solar San Juan y una línea de alta tensión nueva que permitirá evacuar toda la energía generada en el parque solar.
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Ingenios tucumanos y política ambiental: críticas a Montalván
Ambientalistas criticaron a Montalván y demuestran que la contaminación no frenó
Fecha de Publicación: 21/07/2018
Fuente: Primera Fuente
Provincia/Región: Tucumán
Los dichos del secretario de Medio Ambiente de la provincia, Alfredo Montalván, en cuanto a que las industrias sí cumplen las pautas para disminuir la contaminación que causan, generó rechazo en sectores ecologistas de la provincia.
El referente de Conciencia Ambiental, Pedro Martínez, difundió una filmación en la que se muestra cómo un frigorífico arroja efluentes -aparentemente sin tratamiento alguno- que terminan en la cuenca Salí-Dulce.
“No entiendo cómo los controles que la Provincia dice hacer no detectan esto. No somos tontos. Nos parece que hay mucha impunidad en todo esto”, agregó Martínez a Primerafuente.
Fecha de Publicación: 21/07/2018
Fuente: Primera Fuente
Provincia/Región: Tucumán
Los dichos del secretario de Medio Ambiente de la provincia, Alfredo Montalván, en cuanto a que las industrias sí cumplen las pautas para disminuir la contaminación que causan, generó rechazo en sectores ecologistas de la provincia.
El referente de Conciencia Ambiental, Pedro Martínez, difundió una filmación en la que se muestra cómo un frigorífico arroja efluentes -aparentemente sin tratamiento alguno- que terminan en la cuenca Salí-Dulce.
“No entiendo cómo los controles que la Provincia dice hacer no detectan esto. No somos tontos. Nos parece que hay mucha impunidad en todo esto”, agregó Martínez a Primerafuente.
En el sur de Tucumán también salieron a criticar a Montalván. Gustavo Masmud, vecino de La Trinidad (lugar donde efluentes del ingenio local afectaron a gran parte de la población días atrás), afirmó que al secretario de Medio Ambiente “sólo le interesa no contaminar la cuenca Salí-Dulce, pero lo hace trasladando el costo ambiental a las familias tucumanas. A las pruebas nos remitimos”.
“Al Ministerio de Producción y a su organismo, les importa un carajo de la contaminación en Tucumán. Dudamos de lo que dice en cuanto a que no se están contaminando los ríos porque en la oscuridad pasan cosas que nadie las ve. Le pedimos a este funcionario que no se ponga en contra de los tucumanos”, agregó.
Montalván, había asegurado que las industrias de la provincia sí están respondiendo a las pautas convenidas para mitigar el daño ambiental a la cuenca Salí-Dulce.
“Hay controles permanentes por parte de la Provincia y de Santiago del Estero. Cada tres meses enviamos informes a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y podemos afirmar que hay un cumplimento acabado en cuanto al control de vinaza y cenizas al cause hídrico”, afirmó el funcionario en declaraciones a Radio Prensa.
Los informes trimestrales obedecen a una causa que la vecina provincia realizó contra Tucumán por daño ambiental. “Santiago es litigante y pide la suspensión de los tiempos procesales mientras nosotros cumplamos el acuerdo, según lo convenido en diciembre de 2011. Si no hubiese cumplimiento la Corte ya habría tomado una medida contra la Provincia”, agregó el funcionario.
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“Al Ministerio de Producción y a su organismo, les importa un carajo de la contaminación en Tucumán. Dudamos de lo que dice en cuanto a que no se están contaminando los ríos porque en la oscuridad pasan cosas que nadie las ve. Le pedimos a este funcionario que no se ponga en contra de los tucumanos”, agregó.
Montalván, había asegurado que las industrias de la provincia sí están respondiendo a las pautas convenidas para mitigar el daño ambiental a la cuenca Salí-Dulce.
“Hay controles permanentes por parte de la Provincia y de Santiago del Estero. Cada tres meses enviamos informes a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y podemos afirmar que hay un cumplimento acabado en cuanto al control de vinaza y cenizas al cause hídrico”, afirmó el funcionario en declaraciones a Radio Prensa.
Los informes trimestrales obedecen a una causa que la vecina provincia realizó contra Tucumán por daño ambiental. “Santiago es litigante y pide la suspensión de los tiempos procesales mientras nosotros cumplamos el acuerdo, según lo convenido en diciembre de 2011. Si no hubiese cumplimiento la Corte ya habría tomado una medida contra la Provincia”, agregó el funcionario.
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San Juan: buscan proteger más una cuenca hídrica
Quieren que se amplíe el área de protección de la Cuenca Hídrica de Pampa de Chañar
Fecha de Publicación: 21/07/2018
Fuente: Diario La Provincia
Provincia/Región: San Juan
El Jefe Comunal apuntó a realizar las gestiones correspondientes para que la Cámara de Diputados modifique la Ley y amplíe la zona de protección de dicha cuenca hídrica.
Ampliar el área de protección de la Cuenca Hídrica de Pampa de Chañar. Ése es el pedido que el ejecutivo de Jáchal elevará en los próximos días a los Diputados de la Provincia con el fin de "proteger la principal fuente de agua de Jáchal”.
"La Cuenca Hídrica Pampa el Chañar se debe proteger, no debe haber ninguna explotación de mega minería que ponga en riesgo la principal fuente de agua que hoy por hoy tienen los jachalleros. Hemos actuado en ese sentido y seguiremos así", explicó el jefe comunal en rueda de prensa.
Luego destacó que el Ejecutivo está "de acuerdo en que se debe ampliar el área de protección de la cuenca y hay que hacerlo por la vía que corresponda, no por capricho de uno o de otro, no por una ordenanza que no puede modificar una ley". El Jefe Comunal apuntó a realizar las gestiones correspondientes para que la Cámara de Diputados modifique la Ley y amplíe la zona de protección de dicha cuenca hídrica.
Las declaraciones se dieron tras una serie de escándalos que se vienen dando en el seno del Concejo Deliberante donde en las diferentes sesiones ordinarias se cuestionó la protección que da el municipio a la Cuenca Hídrica Pampa del Chañar. En este sentido, el Jefe Comunal manifestó que existe una intencionalidad de desinformación ya que comparten la misma iniciativa de la oposición, es decir, proteger esta zona y ampliar el área de protección de la misma. Además, manifestó que “no habrá explotación en Huachi, ya que se debe proteger la principal fuente de agua de Jáchal”.
Aseguró que, el proyecto de la oposición de sacar una Ordenanza no es viable ya que existe una Ley Provincial (1086-L) que es clara en este sentido, y “hay que adherirse a la misma… propuesta que los concejales opositores no acompañaron”.
Manifestó que se hizo un pedido de Consulta Popular de modo malintencionado ya que no puede haber consulta cuando “todos pensamos y queremos lo mismo, no existen posiciones diferentes y no es razonable realizarla, por lo tanto, es un tema que se utiliza políticamente en el marco de una campaña de desprestigio, de miedo y de mentiras”.
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Fecha de Publicación: 21/07/2018
Fuente: Diario La Provincia
Provincia/Región: San Juan
El Jefe Comunal apuntó a realizar las gestiones correspondientes para que la Cámara de Diputados modifique la Ley y amplíe la zona de protección de dicha cuenca hídrica.
Ampliar el área de protección de la Cuenca Hídrica de Pampa de Chañar. Ése es el pedido que el ejecutivo de Jáchal elevará en los próximos días a los Diputados de la Provincia con el fin de "proteger la principal fuente de agua de Jáchal”.
"La Cuenca Hídrica Pampa el Chañar se debe proteger, no debe haber ninguna explotación de mega minería que ponga en riesgo la principal fuente de agua que hoy por hoy tienen los jachalleros. Hemos actuado en ese sentido y seguiremos así", explicó el jefe comunal en rueda de prensa.
Luego destacó que el Ejecutivo está "de acuerdo en que se debe ampliar el área de protección de la cuenca y hay que hacerlo por la vía que corresponda, no por capricho de uno o de otro, no por una ordenanza que no puede modificar una ley". El Jefe Comunal apuntó a realizar las gestiones correspondientes para que la Cámara de Diputados modifique la Ley y amplíe la zona de protección de dicha cuenca hídrica.
Las declaraciones se dieron tras una serie de escándalos que se vienen dando en el seno del Concejo Deliberante donde en las diferentes sesiones ordinarias se cuestionó la protección que da el municipio a la Cuenca Hídrica Pampa del Chañar. En este sentido, el Jefe Comunal manifestó que existe una intencionalidad de desinformación ya que comparten la misma iniciativa de la oposición, es decir, proteger esta zona y ampliar el área de protección de la misma. Además, manifestó que “no habrá explotación en Huachi, ya que se debe proteger la principal fuente de agua de Jáchal”.
Aseguró que, el proyecto de la oposición de sacar una Ordenanza no es viable ya que existe una Ley Provincial (1086-L) que es clara en este sentido, y “hay que adherirse a la misma… propuesta que los concejales opositores no acompañaron”.
Manifestó que se hizo un pedido de Consulta Popular de modo malintencionado ya que no puede haber consulta cuando “todos pensamos y queremos lo mismo, no existen posiciones diferentes y no es razonable realizarla, por lo tanto, es un tema que se utiliza políticamente en el marco de una campaña de desprestigio, de miedo y de mentiras”.
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Gualeguaychú da pelea a la venta del glifosato
Gualeguaychú da pelea en el rechazo del glifosato y prepara medidas judiciales
Fecha de Publicación: 21/07/2018
Fuente: Diario Uno (Entre Ríos)
Provincia/Región: Entre Ríos
Un juez puso pausa a la ordenanza que no permitía la venta de glifosato. Provocó el rechazo de los vecinos y de la Municipalidad. El pueblo que se movilizó para frenar las papeleras se reorganiza para luchar contra los agrotóxicos.
En Gualeguaychú, por ordenanza estaba prohibido el uso y la venta de agroquímicos. Pero la reciente resolución del juez Pablo Seró de Concepción del Uruguay puso en pausa la legislación y permitió que un grupo de firmas locales y de alcance nacional continúen comercializando glifosato. Ayer hubo una reunión en el Concejo Deliberante de la localidad en la cual participó un centenar de vecinos. Preparan medidas judiciales y movilizaciones en la ciudad entrerriana.
"Glifosato Cero" fue la consigna lanzada por la Municipalidad de Gualeguaychú ante la ordenanza que en abril aprobó el Concejo Deliberante con la cual fue establecida la prohibición de comercialización, transporte, acopio y aplicación de glifosato en el ejido de Gualeguaychú. Desde el municipio sostienen que se han tocado grandes intereses económicos y apuestan a la movilización popular, al menos eso quedó demostrado ayer en el encuentro que se mantuvo en el salón del Concejo Deliberante y donde se explicaron los alcances de la medida cautelar aplicada por el juez federal. UNO siguió en directo la realización de esta instancia y luego habló con el viceintendente Jorge Maradey.
Del encuentro también participaron el secretario de Gobierno Ignacio Farfán; el secretario de Desarrollo Social y Salud Martín Roberto Piaggio; el director de Asuntos Legales Mariano Fiorotto; y la directora de Ambiente Susana Villamonte.
La reunión comenzó con un video donde Estela Lemes, una docente rural, relató el episodio en el que fue fumigada sobre la escuela donde da clases. Actualmente, Lemes realiza un tratamiento médico por estar contaminada con glifosato en su sangre. "El testimonio de Estela, la marcha de diciembre contra el cáncer, y todas las manifestaciones realizadas por el pueblo de Gualeguaychú nos llevaron a aprobar la ordenanza que prohíbe el glifosato en la ciudad", destacó Jorge Maradey.
Alcances
El secretario de Gobierno, Ignacio Farfán, explicó los alcances legales de la medida cautelar que suspendió la ordenanza para las seis empresas que presentaron la demanda y que pretenden declararla inconstitucional.
"La Municipalidad va a impugnar la competencia del juez Seró porque creemos que esto debe dirimirse en la Justicia local, para determinar en los juzgados de la ciudad la plena vigencia de la ordenanza", destacó Farfán, quien además remarcó: "El derecho más valioso es el derecho a la vida, y es el que tiene que primar en la decisión de los jueces, aunque muchas veces no ocurre".
Los vecinos hicieron varios planteos y consultas para saber de qué se trataba la medida judicial impuesta y aquella que llevará adelante la Municipalidad para contrarrestarla.
También criticaron a los comerciantes de agroquímicos y aclararon que no son solo locales sino que algunos están relacionados a grandes acopiadores vinculados a la soja y al gobierno nacional. Asimismo preguntaron por las ordenanza similares que fueron aprobadas en Paraná y Concordia (Ver Los grises...).
Es para destacar la participación, no solo por la cantidad de personas, sino también por las intervenciones, la mayoría atinadas y de gran repercusión entre los presentes y a partir de las más de 1.000 reproducciones que tuvo el video del encuentro en Internet.
La puesta en pausa de la ordenanza provocó preocupación y de alguna manera, en la localidad se vivió como un retroceso impuesto a la lucha más general por al ambiente y la salud pública, de hecho en este sentido fueron las opiniones volcadas en las redes sociales.
Los vecinos, en la reunión, entre sus distintas intervenciones dieron cuenta de que estos principios están por encima de los derechos económicos. También se explicó que los mayores fundamentos de la demanda están dados en el comercio y no en esos otros aspectos.
Entre los participantes había muchos ambientalistas de larga experiencia en la lucha, sobre todo contra la pastera de Fray Bentos. En sus intervenciones hablaron de movilizaciones y de unirse a otras localidades como la de Concepción del Uruguay y estos pedidos fueron aplaudidos.
Desde el Municipio contaron que desde la existencia de la ordenanza se hicieron actuaciones y actas de infracción y que los controles se llevaron adelante. Hablaron además de volcar herramientas legales y populares para demostrar que lo que está en juego es la salud.
Argumentos
Maradey, dijo a UNO luego de concluir la reunión: "Lo primero que pedimos es que la competencia sea en la localidad y que sea un juez en lo comercial. Lo que más le criticamos (al juez federal) es que se haya abierto la feria judicial con un tema que no es urgente", y agregó que Seró no los atiende desde hace meses incluso por otras cuestiones también vinculadas al cuidado del ambiente.
"Creemos que el argumento (el de Seró) no tienen constitucionalidad alguna", dijo el viceintendente de Gualeguaychú y explicó que la constitución entrerriana sostiene que cuando hay problemas locales, el primero que debe actuar es el que está más cerca. "Bueno, en este caso es el municipio que tiene autonomía legislativa", y agregó: "Nos enteramos que una fiscal de Concepción también presentó una desestimación porque sostuvo que lo presentado fue hecho con mucha ligereza y esto va a ayudar muchísimo".
También opinó que esta medida va de la mano de prórrogas en el uso del glifosato aprobadas en Europa y también en la presentación que realizaron sobre las recomendaciones para aplicar fitosanitarios impulsada por los ministerios de Salud, Ciencia, Medio Ambiente y Agroindustria de la Nación. "Priorizan un negocio y el dinero en lugar de la salud y el ambiente", sostuvo.
"La ordenanza lleva muy poco tiempo promulgada y vendrán los embates de los intereses económicos porque no solo es la venta (del glifosato) sino que viene unida a otros agroquímicos, plaguicidas y fertilizantes, semillas transgénicas y es todo un gran negocio al que le hacemos frente. Es gente poderosa, pero el pueblo tiene experiencia en esto", y confirmó que en los próximos días realizarán una convocatoria a la ciudadanía para aunar propuestas de medidas a realizar. "El pueblo movilizado es importante. Esto no es un problema mío ni de la gestión, es un problema de salud pública, de todos, ni siquiera es un problema de producción", dijo entre otras consideraciones.
Durante el encuentro, Martín Roberto Piaggio, sostuvo: "Entiendo que es necesario encontrarnos e intercambiar opiniones sobre esta temática, ya que desde el primer día que asumimos el gobierno municipal encaramos el compromiso ambiental como uno de los principales ejes", y agregó: "Este compromiso es el que nos guió a presentar dos proyectos de ordenanzas que fueron debatidos en el ámbito del Concejo Deliberante de manera muy participativa".
"Hoy vemos con mucha preocupación que un juez de otra ciudad nos plantee una situación adversa que amenaza al paso que como comunidad logramos dar en pos de la ciudad que queremos vivir, enmarcados en un proceso que necesita del compromiso de todos los vecinos", destacó Piaggio, al tiempo que agregó: "Esto se enmarca en una estrategia que va más allá de lo jurídico porque sabemos a dónde queremos llegar, y también somos conscientes de que el camino no va a ser fácil".
También sostuvo: "Estas luchas dependen del compromiso de todos y cada uno de los vecinos, y que hoy hayamos podido hacer este encuentro es producto de cómo nos movilizamos como comunidad". }
Según Piaggio la ordenanza aprobada en la localidad no nació de la nada. "Nació del dolor de muchos vecinos y ahí es donde tenemos que organizarnos para revertir estas decisiones", remarcó.
De esta manera, en Gualeguaychú se esperan para los próximos días nuevos encuentros en donde se delinearán medidas legales e iniciativas populares que avancen en revertir la medida judicial.
Los "grises" en Paraná y Concordia
Tanto en Paraná como en Concordia hay ordenanzas similares, pero las dos permiten la venta de los agroquímicos. En la reunión que hubo ayer en Gualeguaychú, algunos vecinos preguntaron por la legislación de estas dos ciudades entrerrianas.
En Paraná, la ordenanza sobre el uso de glifosato y agroquímicos fue aprobada en la última sesión de 2017 del Concejo Deliberante y se mantiene vigente. Pero luego, en febrero, hubo aspectos que fueron vetados por el intendente Sergio Varisco como la prohibición de comercialización y circulación de glifosato dentro del ejido de la capital provincial. En su momento debieron aclarar esta cuestión y desde el municipio argumentaron que tomaron esa medida porque la comercialización estaba autorizada por leyes provinciales y una ordenanza como normativa menor no podía estar en contra de una norma superior. Entonces dijeron que lo que sí se mantenía vigente era el resto de la ordenanza que estableció la prohibición del uso del agroquímico destinado a la fumigación aérea y fertilización agrícola o forestal en todo el ejido local.
Por otra parte, en abril, fue aprobada una ordenanza de tenores similares en Concordia y entre los considerando se señaló que el glifosato está dentro de agentes probablemente cancerígenos para los seres humanos.
En la Capital del citrus se estableció en su artículo 1º prohibir el uso y utilización de herbicidas de síntesis química en paseos, plazas, parques y jardines, entes públicos o privados, clubes, hoteles y cabañas con espacios parquizados, instituciones educativas y espacios de concurrencia masiva, en general en todo espacio de acceso público, en todo el ámbito de la ciudad y su ejido. Pero la normativa tampoco prohibió la venta de estos productos, bajo argumentos similares a los de Paraná.
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Fecha de Publicación: 21/07/2018
Fuente: Diario Uno (Entre Ríos)
Provincia/Región: Entre Ríos
Un juez puso pausa a la ordenanza que no permitía la venta de glifosato. Provocó el rechazo de los vecinos y de la Municipalidad. El pueblo que se movilizó para frenar las papeleras se reorganiza para luchar contra los agrotóxicos.
En Gualeguaychú, por ordenanza estaba prohibido el uso y la venta de agroquímicos. Pero la reciente resolución del juez Pablo Seró de Concepción del Uruguay puso en pausa la legislación y permitió que un grupo de firmas locales y de alcance nacional continúen comercializando glifosato. Ayer hubo una reunión en el Concejo Deliberante de la localidad en la cual participó un centenar de vecinos. Preparan medidas judiciales y movilizaciones en la ciudad entrerriana.
"Glifosato Cero" fue la consigna lanzada por la Municipalidad de Gualeguaychú ante la ordenanza que en abril aprobó el Concejo Deliberante con la cual fue establecida la prohibición de comercialización, transporte, acopio y aplicación de glifosato en el ejido de Gualeguaychú. Desde el municipio sostienen que se han tocado grandes intereses económicos y apuestan a la movilización popular, al menos eso quedó demostrado ayer en el encuentro que se mantuvo en el salón del Concejo Deliberante y donde se explicaron los alcances de la medida cautelar aplicada por el juez federal. UNO siguió en directo la realización de esta instancia y luego habló con el viceintendente Jorge Maradey.
Del encuentro también participaron el secretario de Gobierno Ignacio Farfán; el secretario de Desarrollo Social y Salud Martín Roberto Piaggio; el director de Asuntos Legales Mariano Fiorotto; y la directora de Ambiente Susana Villamonte.
La reunión comenzó con un video donde Estela Lemes, una docente rural, relató el episodio en el que fue fumigada sobre la escuela donde da clases. Actualmente, Lemes realiza un tratamiento médico por estar contaminada con glifosato en su sangre. "El testimonio de Estela, la marcha de diciembre contra el cáncer, y todas las manifestaciones realizadas por el pueblo de Gualeguaychú nos llevaron a aprobar la ordenanza que prohíbe el glifosato en la ciudad", destacó Jorge Maradey.
Alcances
El secretario de Gobierno, Ignacio Farfán, explicó los alcances legales de la medida cautelar que suspendió la ordenanza para las seis empresas que presentaron la demanda y que pretenden declararla inconstitucional.
"La Municipalidad va a impugnar la competencia del juez Seró porque creemos que esto debe dirimirse en la Justicia local, para determinar en los juzgados de la ciudad la plena vigencia de la ordenanza", destacó Farfán, quien además remarcó: "El derecho más valioso es el derecho a la vida, y es el que tiene que primar en la decisión de los jueces, aunque muchas veces no ocurre".
Los vecinos hicieron varios planteos y consultas para saber de qué se trataba la medida judicial impuesta y aquella que llevará adelante la Municipalidad para contrarrestarla.
También criticaron a los comerciantes de agroquímicos y aclararon que no son solo locales sino que algunos están relacionados a grandes acopiadores vinculados a la soja y al gobierno nacional. Asimismo preguntaron por las ordenanza similares que fueron aprobadas en Paraná y Concordia (Ver Los grises...).
Es para destacar la participación, no solo por la cantidad de personas, sino también por las intervenciones, la mayoría atinadas y de gran repercusión entre los presentes y a partir de las más de 1.000 reproducciones que tuvo el video del encuentro en Internet.
La puesta en pausa de la ordenanza provocó preocupación y de alguna manera, en la localidad se vivió como un retroceso impuesto a la lucha más general por al ambiente y la salud pública, de hecho en este sentido fueron las opiniones volcadas en las redes sociales.
Los vecinos, en la reunión, entre sus distintas intervenciones dieron cuenta de que estos principios están por encima de los derechos económicos. También se explicó que los mayores fundamentos de la demanda están dados en el comercio y no en esos otros aspectos.
Entre los participantes había muchos ambientalistas de larga experiencia en la lucha, sobre todo contra la pastera de Fray Bentos. En sus intervenciones hablaron de movilizaciones y de unirse a otras localidades como la de Concepción del Uruguay y estos pedidos fueron aplaudidos.
Desde el Municipio contaron que desde la existencia de la ordenanza se hicieron actuaciones y actas de infracción y que los controles se llevaron adelante. Hablaron además de volcar herramientas legales y populares para demostrar que lo que está en juego es la salud.
Argumentos
Maradey, dijo a UNO luego de concluir la reunión: "Lo primero que pedimos es que la competencia sea en la localidad y que sea un juez en lo comercial. Lo que más le criticamos (al juez federal) es que se haya abierto la feria judicial con un tema que no es urgente", y agregó que Seró no los atiende desde hace meses incluso por otras cuestiones también vinculadas al cuidado del ambiente.
"Creemos que el argumento (el de Seró) no tienen constitucionalidad alguna", dijo el viceintendente de Gualeguaychú y explicó que la constitución entrerriana sostiene que cuando hay problemas locales, el primero que debe actuar es el que está más cerca. "Bueno, en este caso es el municipio que tiene autonomía legislativa", y agregó: "Nos enteramos que una fiscal de Concepción también presentó una desestimación porque sostuvo que lo presentado fue hecho con mucha ligereza y esto va a ayudar muchísimo".
También opinó que esta medida va de la mano de prórrogas en el uso del glifosato aprobadas en Europa y también en la presentación que realizaron sobre las recomendaciones para aplicar fitosanitarios impulsada por los ministerios de Salud, Ciencia, Medio Ambiente y Agroindustria de la Nación. "Priorizan un negocio y el dinero en lugar de la salud y el ambiente", sostuvo.
"La ordenanza lleva muy poco tiempo promulgada y vendrán los embates de los intereses económicos porque no solo es la venta (del glifosato) sino que viene unida a otros agroquímicos, plaguicidas y fertilizantes, semillas transgénicas y es todo un gran negocio al que le hacemos frente. Es gente poderosa, pero el pueblo tiene experiencia en esto", y confirmó que en los próximos días realizarán una convocatoria a la ciudadanía para aunar propuestas de medidas a realizar. "El pueblo movilizado es importante. Esto no es un problema mío ni de la gestión, es un problema de salud pública, de todos, ni siquiera es un problema de producción", dijo entre otras consideraciones.
Durante el encuentro, Martín Roberto Piaggio, sostuvo: "Entiendo que es necesario encontrarnos e intercambiar opiniones sobre esta temática, ya que desde el primer día que asumimos el gobierno municipal encaramos el compromiso ambiental como uno de los principales ejes", y agregó: "Este compromiso es el que nos guió a presentar dos proyectos de ordenanzas que fueron debatidos en el ámbito del Concejo Deliberante de manera muy participativa".
"Hoy vemos con mucha preocupación que un juez de otra ciudad nos plantee una situación adversa que amenaza al paso que como comunidad logramos dar en pos de la ciudad que queremos vivir, enmarcados en un proceso que necesita del compromiso de todos los vecinos", destacó Piaggio, al tiempo que agregó: "Esto se enmarca en una estrategia que va más allá de lo jurídico porque sabemos a dónde queremos llegar, y también somos conscientes de que el camino no va a ser fácil".
También sostuvo: "Estas luchas dependen del compromiso de todos y cada uno de los vecinos, y que hoy hayamos podido hacer este encuentro es producto de cómo nos movilizamos como comunidad". }
Según Piaggio la ordenanza aprobada en la localidad no nació de la nada. "Nació del dolor de muchos vecinos y ahí es donde tenemos que organizarnos para revertir estas decisiones", remarcó.
De esta manera, en Gualeguaychú se esperan para los próximos días nuevos encuentros en donde se delinearán medidas legales e iniciativas populares que avancen en revertir la medida judicial.
Los "grises" en Paraná y Concordia
Tanto en Paraná como en Concordia hay ordenanzas similares, pero las dos permiten la venta de los agroquímicos. En la reunión que hubo ayer en Gualeguaychú, algunos vecinos preguntaron por la legislación de estas dos ciudades entrerrianas.
En Paraná, la ordenanza sobre el uso de glifosato y agroquímicos fue aprobada en la última sesión de 2017 del Concejo Deliberante y se mantiene vigente. Pero luego, en febrero, hubo aspectos que fueron vetados por el intendente Sergio Varisco como la prohibición de comercialización y circulación de glifosato dentro del ejido de la capital provincial. En su momento debieron aclarar esta cuestión y desde el municipio argumentaron que tomaron esa medida porque la comercialización estaba autorizada por leyes provinciales y una ordenanza como normativa menor no podía estar en contra de una norma superior. Entonces dijeron que lo que sí se mantenía vigente era el resto de la ordenanza que estableció la prohibición del uso del agroquímico destinado a la fumigación aérea y fertilización agrícola o forestal en todo el ejido local.
Por otra parte, en abril, fue aprobada una ordenanza de tenores similares en Concordia y entre los considerando se señaló que el glifosato está dentro de agentes probablemente cancerígenos para los seres humanos.
En la Capital del citrus se estableció en su artículo 1º prohibir el uso y utilización de herbicidas de síntesis química en paseos, plazas, parques y jardines, entes públicos o privados, clubes, hoteles y cabañas con espacios parquizados, instituciones educativas y espacios de concurrencia masiva, en general en todo espacio de acceso público, en todo el ámbito de la ciudad y su ejido. Pero la normativa tampoco prohibió la venta de estos productos, bajo argumentos similares a los de Paraná.
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El tráfico de aves, millonario negocio
El tráfico de aves, un negocio millonario que buscan controlar en el país
Fecha de Publicación: 20/07/2018
Fuente: Clarin
Provincia/Región: Nacional
Hay especies locales que en el exterior se venden en hasta 500 dólares. El rol del Estado y los criaderos habilitados.
El cardenal común es un pájaro que, por el color rojo intenso de su cabeza, que contrasta con el blanco y gris de su cuerpo, se hizo popular entre los argentinos. Abunda en varias zonas del país, y hasta puede hallárselo, si uno se acerca con cuidado, en los bosques de Palermo. El problema es que, donde muchos ven belleza, otros ven un negocio. Por eso, el cardenal ha sido cazado desde siempre.
Los comerciantes prefieren los de Corrientes y Entre Ríos porque son más grandes y están más cerca de Rosario y Buenos Aires, los grandes centros de demanda. Como su precio en el mercado es relativamente bajo, de alrededor de $ 200, la demanda es amplia entre los sectores populares y eso impulsa su captura a destajo.
Su homónimo, el cardenal amarillo, no se destaca tanto por sus colores sino por el canto maravilloso del macho. Esa cualidad única lo puso, paradójicamente, en peligro de extinción. No sólo porque sus hábitats han ido retrocediendo por el avance de la frontera agropecuaria, sino por su comercio ilimitado, debido al alto precio que alcanza: unos US$ 100, sobre todo en el exterior.
Un informe de Naciones Unidas e Interpol estimó que a nivel mundial el tráfico ilícito de flora y fauna mueve hasta US$ 23.000 millones por año. Ya es el tercer negocio ilegal a nivel mundial, detrás del tráfico de drogas y el de armas. En Argentina, se calcula en unos $ 50 millones por año.
Además de los cardenales, hay otras aves muy tradicionales en nuestro país que hoy están en peligro por quienes lucran con ellas para satisfacer a coleccionistas y a particulares.
Por ejemplo el federal, que en los últimos años ya no es visto en las áreas donde era su hábitat habitual. O el tucán, que en el mercado ilegal europeo se puede conseguir a partir de los 500 dólares debido a su tamaño, lo particular de su figura y color llamativo, por lo que es una especie que es adquirida por un público selecto. Incluso se lo captura para hacer ralladura con el pico, al que se atribuyen propiedades afrodisíacas.
O el loro hablador, cuya demanda para mascota es generalizada en diversos pueblos y ciudades del interior: por su ciclo vital, los pichones surgen a fin de año y muchos los regalan para Navidad y Año Nuevo.
Laura Nadersohn es voluntaria de la ONG Aves Argentinas. Junto a sus compañeros trabaja para generar información estratégica, compartirla y articular a los diversos actores involucrados en la problemática. Realizan relevamientos en puntos de venta, diagnósticos sobre rutas, áreas de captura y especies traficadas; presentan informes y brindan asesoramiento y capacitación, además de hacer eventos y campañas de difusión. Ellos no trabajan solos, sino articulados con la Fiscalía Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires (UFEMA) y la Fiscalía Ambiental de la Nación (UFIMA), la División de Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina, las Direcciones de Fauna de la Nación, de la Provincia de Buenos Aires y de otras provincias, además de Centros de Rescate y ONG.
Para Nadersohn es importante concientizar a quien no conoce el daño que representa comprar un ave en el mercado ilegal: “A quienes buscan un pájaro -o cualquier animal silvestre- como mascota, les diría que existe otro tipo de especies permitidas, las domésticas, procedentes de criaderos que permiten asegurar un animal saludable y apto para la convivencia con los humanos, sin perjuicio para la fauna silvestre. Las especies silvestres son extraídas de la naturaleza: esto está totalmente prohibido y además su captura y traslado se hacen en condiciones de maltrato y descuido, al punto que los animales se estresan, se enferman y la mayoría muere antes de llegar a la venta o algunos días después de “entrar a casa”.
Contra lo que muchos compradores suponen, los loros, así como muchas aves, no son animales domésticos ni de criadero, sino que son “secuestrados” de la naturaleza y la presión de captura que sufren tiene a varias especies en peligro de extinción. Además, muchas especies silvestres no se adaptan a vivir en casas y cuando molestan son “abandonadas” en refugios o reservas “para que sean libres”. Pero ese animal generalmente no puede volver a la naturaleza por estar habituado al humano y depender de él: está, según definen los especialistas, “ecológicamente muerto”.
Sin embargo, no toda venta de aves está prohibida. También existen en la Argentina los criaderos habilitados. Y allí entra en juego el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que en el marco de la Ley Nº 22.421 de Conservación de la Fauna intenta combatir el tráfico ilegal de animales y es responsable de incautar ejemplares que sean mantenidos ilegalmente.
En estos casos, según las particularidades de cada especie, la cartera trabaja con las provincias y con otras instituciones para intentar rehabilitarlo. Cuando se trata de especies autóctonas, si el ejemplar está en condiciones, se busca reinsertarlas en ambientes naturales. Y si no es posible liberarlos, se intenta sumarlos a planes de conservación fuera de su hábitat natural.
“En los últimos años retomamos un rol que se había perdido y que es de suma importancia en la preservación del ambiente”, destacó el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman. “Estamos hablando del control, que en este caso nos permite combatir con mayor eficacia el tráfico ilegal. Además de la incautación de los ejemplares que fueron capturados ilegalmente, nuestro objetivo es preservar cada especie. Nuestro país ratificó la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestres para velar para que no se amenace su supervivencia. Trabajamos todos los días en pos de su cumplimiento”, aseguró.
Respecto de los canales ilegales de venta, Nadersohn explica que “lamentablemente en Internet ha explotado la venta ilegal de fauna silvestre. Si bien no existen páginas oficiales de comercio de fauna prohibida y los sitios de e-commerce tienen regulaciones internas mediante filtros, las redes sociales son actualmente el punto de venta preferido gracias a la privacidad que ofrecen los perfiles anónimos y los grupos cerrados, amparados en la dificultad de control y fiscalización. Sin embargo, esas páginas son denunciadas e investigadas por la justicia y distintas ONG”.
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Fecha de Publicación: 20/07/2018
Fuente: Clarin
Provincia/Región: Nacional
Hay especies locales que en el exterior se venden en hasta 500 dólares. El rol del Estado y los criaderos habilitados.
El cardenal común es un pájaro que, por el color rojo intenso de su cabeza, que contrasta con el blanco y gris de su cuerpo, se hizo popular entre los argentinos. Abunda en varias zonas del país, y hasta puede hallárselo, si uno se acerca con cuidado, en los bosques de Palermo. El problema es que, donde muchos ven belleza, otros ven un negocio. Por eso, el cardenal ha sido cazado desde siempre.
Los comerciantes prefieren los de Corrientes y Entre Ríos porque son más grandes y están más cerca de Rosario y Buenos Aires, los grandes centros de demanda. Como su precio en el mercado es relativamente bajo, de alrededor de $ 200, la demanda es amplia entre los sectores populares y eso impulsa su captura a destajo.
Su homónimo, el cardenal amarillo, no se destaca tanto por sus colores sino por el canto maravilloso del macho. Esa cualidad única lo puso, paradójicamente, en peligro de extinción. No sólo porque sus hábitats han ido retrocediendo por el avance de la frontera agropecuaria, sino por su comercio ilimitado, debido al alto precio que alcanza: unos US$ 100, sobre todo en el exterior.
Un informe de Naciones Unidas e Interpol estimó que a nivel mundial el tráfico ilícito de flora y fauna mueve hasta US$ 23.000 millones por año. Ya es el tercer negocio ilegal a nivel mundial, detrás del tráfico de drogas y el de armas. En Argentina, se calcula en unos $ 50 millones por año.
Además de los cardenales, hay otras aves muy tradicionales en nuestro país que hoy están en peligro por quienes lucran con ellas para satisfacer a coleccionistas y a particulares.
Por ejemplo el federal, que en los últimos años ya no es visto en las áreas donde era su hábitat habitual. O el tucán, que en el mercado ilegal europeo se puede conseguir a partir de los 500 dólares debido a su tamaño, lo particular de su figura y color llamativo, por lo que es una especie que es adquirida por un público selecto. Incluso se lo captura para hacer ralladura con el pico, al que se atribuyen propiedades afrodisíacas.
O el loro hablador, cuya demanda para mascota es generalizada en diversos pueblos y ciudades del interior: por su ciclo vital, los pichones surgen a fin de año y muchos los regalan para Navidad y Año Nuevo.
Laura Nadersohn es voluntaria de la ONG Aves Argentinas. Junto a sus compañeros trabaja para generar información estratégica, compartirla y articular a los diversos actores involucrados en la problemática. Realizan relevamientos en puntos de venta, diagnósticos sobre rutas, áreas de captura y especies traficadas; presentan informes y brindan asesoramiento y capacitación, además de hacer eventos y campañas de difusión. Ellos no trabajan solos, sino articulados con la Fiscalía Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires (UFEMA) y la Fiscalía Ambiental de la Nación (UFIMA), la División de Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina, las Direcciones de Fauna de la Nación, de la Provincia de Buenos Aires y de otras provincias, además de Centros de Rescate y ONG.
Para Nadersohn es importante concientizar a quien no conoce el daño que representa comprar un ave en el mercado ilegal: “A quienes buscan un pájaro -o cualquier animal silvestre- como mascota, les diría que existe otro tipo de especies permitidas, las domésticas, procedentes de criaderos que permiten asegurar un animal saludable y apto para la convivencia con los humanos, sin perjuicio para la fauna silvestre. Las especies silvestres son extraídas de la naturaleza: esto está totalmente prohibido y además su captura y traslado se hacen en condiciones de maltrato y descuido, al punto que los animales se estresan, se enferman y la mayoría muere antes de llegar a la venta o algunos días después de “entrar a casa”.
Contra lo que muchos compradores suponen, los loros, así como muchas aves, no son animales domésticos ni de criadero, sino que son “secuestrados” de la naturaleza y la presión de captura que sufren tiene a varias especies en peligro de extinción. Además, muchas especies silvestres no se adaptan a vivir en casas y cuando molestan son “abandonadas” en refugios o reservas “para que sean libres”. Pero ese animal generalmente no puede volver a la naturaleza por estar habituado al humano y depender de él: está, según definen los especialistas, “ecológicamente muerto”.
Sin embargo, no toda venta de aves está prohibida. También existen en la Argentina los criaderos habilitados. Y allí entra en juego el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que en el marco de la Ley Nº 22.421 de Conservación de la Fauna intenta combatir el tráfico ilegal de animales y es responsable de incautar ejemplares que sean mantenidos ilegalmente.
En estos casos, según las particularidades de cada especie, la cartera trabaja con las provincias y con otras instituciones para intentar rehabilitarlo. Cuando se trata de especies autóctonas, si el ejemplar está en condiciones, se busca reinsertarlas en ambientes naturales. Y si no es posible liberarlos, se intenta sumarlos a planes de conservación fuera de su hábitat natural.
“En los últimos años retomamos un rol que se había perdido y que es de suma importancia en la preservación del ambiente”, destacó el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman. “Estamos hablando del control, que en este caso nos permite combatir con mayor eficacia el tráfico ilegal. Además de la incautación de los ejemplares que fueron capturados ilegalmente, nuestro objetivo es preservar cada especie. Nuestro país ratificó la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestres para velar para que no se amenace su supervivencia. Trabajamos todos los días en pos de su cumplimiento”, aseguró.
Respecto de los canales ilegales de venta, Nadersohn explica que “lamentablemente en Internet ha explotado la venta ilegal de fauna silvestre. Si bien no existen páginas oficiales de comercio de fauna prohibida y los sitios de e-commerce tienen regulaciones internas mediante filtros, las redes sociales son actualmente el punto de venta preferido gracias a la privacidad que ofrecen los perfiles anónimos y los grupos cerrados, amparados en la dificultad de control y fiscalización. Sin embargo, esas páginas son denunciadas e investigadas por la justicia y distintas ONG”.
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Frenan consulta popular en Jáchal por nueva minera
Jáchal: frenaron la consulta popular por una nueva explotación minera
Fecha de Publicación: 20/07/2018
Fuente: Plural Noticias
Provincia/Región: San Juan
Los concejales del oficialismo provincial (Javier Llanos, Ema Castro y Fernanda Díaz) votaron en contra del proyecto para una consulta popular por el desarrollo de nuevo emprendimientos mineros en Huachi, la reserva más importante del departamento de Jáchal (San Juan).
Una vez más, los habitantes de la zona no podrán expresar su posición sobre la megaminería, como ocurrió con cuenca hídrica del Río Jáchal. El concejal Jorge Morales, impulsor de la propuesta, lamentó que en San Juan existe “un feudo desde hace mucho tiempo, que toma como una cuestión de estado la minería, sacrificando a un pueblo como el nuestro”.
En diálogo con FRECUENCIA ZERO, repasó la problemática de esta industria en la provincia y señaló que su iniciativa fue tratada a libro cerrado, sin debate ni estudio. “Lo que hacen ellos es sacarse la máscara que tienen desde hace mucho tiempo, todo el Frente para la Victoria”, apuntó el concejal, responsabilizando también a la gestión del ex gobernador José Luis Gioja.
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Fecha de Publicación: 20/07/2018
Fuente: Plural Noticias
Provincia/Región: San Juan
Los concejales del oficialismo provincial (Javier Llanos, Ema Castro y Fernanda Díaz) votaron en contra del proyecto para una consulta popular por el desarrollo de nuevo emprendimientos mineros en Huachi, la reserva más importante del departamento de Jáchal (San Juan).
Una vez más, los habitantes de la zona no podrán expresar su posición sobre la megaminería, como ocurrió con cuenca hídrica del Río Jáchal. El concejal Jorge Morales, impulsor de la propuesta, lamentó que en San Juan existe “un feudo desde hace mucho tiempo, que toma como una cuestión de estado la minería, sacrificando a un pueblo como el nuestro”.
En diálogo con FRECUENCIA ZERO, repasó la problemática de esta industria en la provincia y señaló que su iniciativa fue tratada a libro cerrado, sin debate ni estudio. “Lo que hacen ellos es sacarse la máscara que tienen desde hace mucho tiempo, todo el Frente para la Victoria”, apuntó el concejal, responsabilizando también a la gestión del ex gobernador José Luis Gioja.
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