Denuncian que censuraron en el Conicet un informe crítico sobre la explotación minera en Mendoza 

Fecha de Publicación: 28/11/2025
Fuente: Portal elDiarioAR
Provincia/Región: Mendoza


Un documento expone graves fallas en el estudio ambiental del proyecto minero San Jorge, que ayer avanzó en la Legislatura provincial. Fue desactivado de la web oficial del organismo. Lanzan una campaña de firmas para defender la autonomía científica.
La publicación de un documento crítico sobre la explotación minera en Mendoza desató un conflicto interno en el Conicet, el organismo científico más importante del país. Investigadores y becarios denuncian que las autoridades censuraron un informe publicado en las últimas horas que ponía en discusión el avance del emprendimiento minero San Jorge, que avanzó este miércoles en la Legislatura local. 
El documento titulado Comunicado Institucional del CONICET Mendoza sobre el Proyecto San Jorge Cobre Mendocino llegó a publicarse en la web pocas horas hasta que su link de acceso fue desactivado. El texto reúne observaciones técnicas sobre el emprendimiento minero San Jorge y había sido consensuado por especialistas de múltiples institutos y aprobado por los equipos técnicos del centro científico.
La acusación es que se trató de un intento de censura en medio del fuerte ajuste de la gestión de Javier Milei sobre la ciencia, además de que revela la connivencia del gobernador mendocino, Alfredo Cornejo, con la Nación. Ayer el mandatario provincial festejó que la Cámara de Diputados local aprobara la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto PSJ Cobre Mendocino, la iniciativa antes conocida como San Jorge, que busca explotar cobre en Uspallata. 

Qué dice el comunicado que quisieron frenar
El documento, finalmente publicado por vías alternativas, advierte que el estudio de impacto ambiental presentado por la empresa tiene deficiencias graves en todos los ejes evaluados, desde el agua hasta el patrimonio arqueológico. Entre los puntos más importantes, el Conicet Mendoza señaló en su comunicado que:
• Existe un riesgo potencial de contaminación de las aguas subterráneas que recargan basalmente al arroyo Uspallata, generando un problema que incumbe a toda la cuenca del Río Mendoza.
• En términos generales, la información utilizada en el Informe de Impacto Ambiental presentado resulta insuficiente, desactualizada y, en algunos casos, incorrecta.
• En términos económicos el proyecto no determina fehacientemente la incidencia del proyecto en las distintas etapas, sobre todo en relación con los impactos múltiples detectados.
• La explotación minera proyectada en esta área afectaría de manera directa bienes arqueológicos no renovables, incluyendo los registros más antiguos de ocupación humana en la región y segmentos del Qhapaq Ñan. El deterioro de estos valores podría comprometer incluso la integridad de un bien declarado Patrimonio Mundial, cuya protección constituye una obligación legal y ética del Estado.
• Los impactos previstos alcanzan de forma directa a las comunidades originarias Huarpe, para quienes estos territorios poseen profundo significado cultural, espiritual e identitario.
• Se identificaron importantes deficiencias en el Informe de Impacto Ambiental del proyecto PSJ Cobre Mendocino. La falta de datos actualizados, de líneas de base completas y de estudios adecuados impide una evaluación confiable de los impactos que el emprendimiento podría generar en la cuenca del río Mendoza.
• Se considera necesario que las autoridades soliciten la revisión y ampliación del estudio antes de continuar con el proceso administrativo. Solo una evaluación completa y rigurosa permitirá resguardar el interés público y garantizar la protección del ambiente y del patrimonio de la provincia. 

La denuncia de censura
Según recogió elDiarioAR de trabajadores del Conicet Mendoza, la dirección del organismo habría ordenado bajar la publicación y así evitar conflictos con el gobierno provincial. El episodio generó malestar y una reacción inmediata dentro de la comunidad científica, que interpretó la maniobra como un intento de disciplinamiento político en un área donde la independencia técnica es un principio básico.
Para robustecer la denuncia de censura, investigadores y becarios lanzaron un formulario de adhesión pública donde reclaman:
- respeto a la autonomía técnica del Conicet,
- cese de presiones políticas sobre equipos científicos,
- garantías para que los informes críticos puedan publicarse sin interferencia,
- protección laboral y académica para quienes participan en evaluaciones ambientales.
El formulario —abierto a firmas de la comunidad científica y la ciudadanía— busca reforzar la legitimidad del comunicado y evitar que situaciones similares se repitan en próximos dictámenes vinculados al ambiente, un área especialmente sensible en Mendoza tras décadas de movilización social contra la megaminería. 
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Tras el ataque a la yaguareté Acaí, cómo sigue el trabajo para recuperar el hábitat de estos felinos en el país

Fecha de Publicación: 27/11/2025
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional - Chaco


La hembra que era monitoreada desapareció y encontraron su collar en el río Bermejo. Mientras tanto, la Fundación Rewilding continúa con las tareas para reintroducir a la especie en dos regiones clave y la lucha contra la caza furtiva
El próximo 29 de noviembre, el país conmemora el Día Mundial del Yaguareté, a la espera de saber qué fue lo que pasó con Acaí, la hembra que desapareció a principio de mes y de la que estiman fue víctima de cazadores furtivos en El Impenetrable.
Mientras tanto, siguen las tareas en dos regiones claves con estrategias para revertir la casi extinción de su mayor felino de América del Sur. El regreso de estos ejemplares a las provincias de Corrientes y Chaco apunta a conservar una especie que perdió más del 95% de su área de distribución y cuenta con apenas entre 200 y 250 ejemplares en el territorio nacional.
Según la Fundación Rewilding Argentina, la disminución del mamífero responde a factores acumulados: caza furtiva, transformación de hábitats y fragmentación de las poblaciones. Su presencia mantiene el equilibrio en los ecosistemas, ya que al ubicarse en la cima de la cadena trófica influye en la regulación de numerosas especies. De acuerdo a la organización, la reducción de su rango geográfico lo dejó aislado en pequeñas áreas protegidas.
En ese sentido, los profesionales estiman que la hembra Acaí "fue cazada y su collar arrojado al río“. ”El collar de monitoreo fue clave para determinar de manera casi inmediata que Acaí había sido asesinada. Y se espera que la información del collar ayude a encontrar a los culpables para que reciban su castigo. La Administración de Parques Nacionales ya radicó la denuncia ante la justicia y la Fundación Rewilding Argentina se constituirá como querellante”, agregaron.
Uno de los epicentros del esfuerzo de recuperación es Esteros del Iberá, en la provincia de Corrientes. En 2012, la provincia se unió a la Administración de Parques Nacionales y a Rewilding Argentina para crear el Centro de Reintroducción del Yaguareté. En ese entonces, la región llevaba siete décadas sin registros de ejemplares en libertad. Instituciones de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay comenzaron a trabajar con una población fundacional para comenzar con el proceso de reintroducción.
Ya en 2021, la iniciativa superó un hito: los primeros individuos criados fueron reinsertados en el parque. El proceso involucró una coordinación internacional y seguimiento científico continuo. Hoy, un censo estima que más de 40 yaguaretés viven libres en Iberá, cantidad que representa alrededor del 15% de la población nacional.
La presencia del yaguareté ya muestra impactos ecológicos. “Con 40 yaguaretés viviendo libres en Iberá, algunos de los impactos esperados comienzan a evidenciarse”, afirma la entidad. El monitoreo, realizado junto a CONICET, el Proyecto Yaguareté y con el apoyo de National Geographic Society, analiza sus efectos en presas, vegetación y comportamiento de otras especies. Los resultados preliminares surgen de estudios de campo robustos, diseñados para evaluar la dinámica ecológica tras el regreso del depredador tope.
A partir de la experiencia correntina, Parques Nacionales y Rewilding Argentina impulsaron una réplica en la vecina provincia de Chaco, dentro del Parque Nacional El Impenetrable. La región chaqueña evidenciaba una situación más crítica que Corrientes: menos de diez yaguaretés sobrevivieron allí en los últimos años, todos machos. Dado este panorama, la recuperación natural de la especie carecía de chances mientras no se sumaran hembras.
En el inicio, hubo un episodio inédito. En 2018, un guardaparque descubrió huellas de un ejemplar macho, luego identificado como Qaramta. Equipado con un collar GPS, fue monitoreado para estudiar su desplazamiento. Ante la ausencia de hembras, se decidió transferir desde Iberá a hembras criadas en el centro correntino, logrando una cruzada sin antecedentes entre un macho silvestre y hembras de cautiverio. De estos apareamientos surgieron cachorros liberados posteriormente.
El año 2024 marcó una nueva etapa. Rewilding Argentina, la provincia de Chaco y la Administración de Parques Nacionales liberaron cinco hembras en El Impenetrable para propiciar la recuperación del felino. Aunque una de ellas, identificada como Acaí, fue víctima de cazadores.
A pesar de este episodio, el hallazgo del primer cachorro nacido en libertad -hijo de la yaguareté Nalá- sacudió la escena conservacionista.
La apuesta por reforzar la población con hembras busca restaurar el equilibrio ecológico en el Gran Chaco, un bioma que abarca un millón de kilómetros cuadrados en Argentina, Paraguay, Bolivia y Brasil. Según los relevamientos, esta zona conforma el segundo bosque más extenso y diverso de Sudamérica, después del Amazonas, aunque enfrenta altas tasas de deforestación y su conservación continúa siendo un desafío.
En el plano global, el programa argentino es el primer intento en el mundo de restablecer al yaguareté -el depredador tope de Sudamérica- en regiones de las que se había extinguido. Rewilding subraya que los avances locales lo transforman en un caso testigo para iniciativas análogas que se proyectan en la Mata Atlántica de Brasil y el sur de los Estados Unidos.
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Vaca Muerta: comunidad mapuche denuncia contaminación y la justicia ordena terminar con la protesta

Fecha de Publicación: 27/11/2025
Fuente: ANRed
Provincia/Región: Neuquén


En Vaca Muerta vuelve a quedar expuesto lo que los gobiernos y las petroleras intentan bloquear, la disputa abierta por el territorio mapuche, la defensa del ambiente ante décadas de contaminación y un aparato judicial que se pliega, una y otra vez, a los intereses del negocio del fracking. En las últimas semanas, la movilización de la comunidad mapuche Lof Kaxipayiñ sacudió al poder político y empresarial al frenar el avance de YPF en Loma La Lata, en un territorio históricamente habitado por la comunidad y devastado por más de treinta años de explotación. Lejos de escuchar los reclamos por contaminación, el gobierno de Neuquén y la Justicia federal respondieron con intimidación, amenazas y causas armadas. La reciente orden judicial que exige a la comunidad levantar un supuesto “bloqueo” en la planta de YPF, publicada por medios nacionales como si se tratara de un delito flagrante, es parte de la misma historia: criminalización y negación de derechos. 
Ante la situación, la comunidad mapuche Lof Kaxipayiñ respondió de manera contundente mediante un comunicado que volvió a poner en el centro del debate la profundidad de sus derechos y la legitimidad de su lucha: “la movilización en Vaca Muerta saca a la luz derechos que Figueroa se empeña en negar. Su única respuesta es criminalizar”, denunciaron.
Recordaron que una semana completa de acciones en su propio territorio demostró la fortaleza del Lof al marcarle límites a YPF S.A. y al gobernador Rolando Figueroa, responsables políticos de un modelo extractivo que actúa como si el territorio mapuche fuera “tierra de nadie”. Señalaron, además, que mientras las fiscalías amenazan y Gendarmería se despliega para proteger a la empresa estatal, la Justicia federal sigue otorgando amparos y medidas cautelares a favor de YPF, ignorando por completo las denuncias de desastre ecológico acumuladas durante tres décadas de explotación convencional.
Las autoridades provinciales y federales insisten en un absurdo jurídico que ya no se sostiene: pretenden desalojar a una comunidad de su propio territorio.
El comunicado del Lof enumera ejemplos recientes que exponen la fragilidad del andamiaje legal que pretende desconocer derechos indígenas básicos. Entre ellos, la intimación de los jueces Reinal y Muñoz al Gobierno de Neuquén para que entregue expedientes por contaminación; el reconocimiento del Fiscal de Delitos Ambientales sobre la gravedad institucional derivada de las firmas irregulares del funcionario Juan de Dios Lucheli, quien había sido absuelto por el TSJ bajo el argumento de que no tenía competencia para otorgar concesiones ni autorizaciones de explotación; la ratificación del decreto 1727/23, por el cual el propio gobierno reconoce el territorio comunitario y ordena iniciar la mensura para avanzar hacia la escrituración; y el dictamen de la Asesoría General de Gobierno que, aunque recomienda al gobernador rechazar la impugnación del Lof a los decretos extractivos de Figueroa, insiste en que debe realizarse la Consulta Previa, Libre e Informada como requisito de seguridad jurídica. “Decime que no sirve luchar por nuestros derechos”, cierra el comunicado, reafirmando la dignidad de un pueblo que no se resigna frente a los atropellos del poder.
Mientras el Estado insiste en perseguir a quienes defienden el territorio, la otra cara de Vaca Muerta queda expuesta en un avance judicial pocas veces visto contra el corazón del modelo fósil. La Justicia autorizó el allanamiento de la planta de COMARSA en el Parque Industrial Neuquén Oeste, una de las principales denuncias históricas de vecinos, organizaciones socioambientales y comunidades.
El procedimiento, impulsado por la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y la Fiscalía de Delitos Ambientales, busca establecer los límites reales del predio y determinar su expansión ilegal. Años de documentación muestran que COMARSA no solo operó en terrenos cedidos a precio irrisorio por el Municipio y el Concejo Deliberante, sino que extendió su actividad sobre tierras públicas que nunca le fueron otorgadas. Allí acumuló a cielo abierto enormes cantidades de residuos petroleros tóxicos, montañas de desechos impregnadas de hidrocarburos cuya filtración afecta el aire, el suelo, las napas y la salud de quienes viven cerca: el paisaje típico del extractivismo en Neuquén.
El allanamiento apunta a probar los delitos de usurpación de tierras públicas y contaminación peligrosa. Para la querella, no se trata de una simple irregularidad administrativa sino de un engranaje central del negocio petrolero: un basurero clandestino al servicio de las operadoras de Vaca Muerta. Esta causa podría abrir el camino para que se identifique a los responsables empresariales y estatales, y para exigir reparación en territorios devastados durante años por vapores tóxicos, derrames, camiones sin control y un Estado siempre dispuesto a mirar hacia otro lado.
La disputa por Vaca Muerta es, al mismo tiempo, una disputa por la justicia ambiental y por el derecho de las comunidades mapuche a vivir en sus territorios sin ser criminalizadas. Mientras Figueroa y las petroleras se escudan en el discurso del “desarrollo energético”, la resistencia de Kaxipayiñ deja en claro que la defensa del territorio no solo tiene legitimidad histórica, sino también sustento jurídico. Y que la contaminación, presentada como un costo inevitable del progreso, es en realidad una violación concreta a derechos básicos.
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"La verdadera destrucción del delta": por qué preocupa el aumento de terraplenes en las islas

Fecha de Publicación: 26/11/2025
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Litoral Argentino - Santa Fe - Entre Ríos


Las columnas de humo que se ven todos los años provenientes de las islas producto de los incendios son un registro visible de la destrucción que causa el fuego en los humedales. Pero hay otro factor que se viene extendiendo hace años, producto del avance la agricultura, la ganadería intensiva y los emprendimientos inmobiliarios, que no se divisa desde este lado y que también es muy perjudicial: la construcción de terraplenes y endicamientos que alteran las funciones de estos ecosistemas al punto de anular su capacidad de reguladores hídricos.
En el informe "Áreas endicadas, terraplenes y urbanizaciones cerradas en el Delta del Paraná - Actualización 2025", la Fundación Humedales/Wetlands International remarcó que sobre el delta inferior del Paraná, que se extiende desde Diamante (Entre Ríos) hasta San Fernando (Buenos Aires), crecieron los terraplenes y endicamientos. Se contabilizan 8.938 kilómetros de terraplenes y 2.582,2 kilómetros cuadrados de endicamientos en una región que comparten las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires. Según estimaron desde la organización, el 14,04% de la superficie de la región del delta se encuentra fragmentada por estas construcciones. El relevamiento se hace con imágenes satelitales y busca actualizarse cada cinco años, detalló a La Capital la coordinadora nacional para Argentina del Programa Corredor Azul de la fundación, Nadia Boscarol.
Un terraplén es una estructura lineal, una elevación de tierra que puede ser de varios metros. Si esa estructura se cierra formando un polígono, se denomina endicamiento y deja un área de la isla dentro que suele ser drenada. Para construir terraplenes se usan dragas y siempre hay canales a ambos lados, de donde se saca la tierra.
Estas estructuras se construyen, generalmente, para destinar zonas de humedales a la explotación agropecuaria, ya sea para agricultura o para ganadería intensiva, o para rellenar el territorio y llevar adelante allí mismo desarrollos inmobiliarios.
En un contexto de fenómenos meteorológicos más intensos producto de la crisis climática y el calentamiento global, la existencia de estas estructuras, que en muchos casos se desarrollan sin planificaciones, cobra otra relevancia.
Para el abogado ambientalista Fabián Maggi, "la verdadera destrucción del delta del Paraná” son los terraplenes: “Muchísimo más que los incendios, que impactan por el humo y es lo que más percibe la gente".
Secar un humedal no es tarea difícil en caso de contar con un terraplén o un endicamiento. Estos muros de tierra impiden el paso del agua, en un entorno en el que la vida entera depende de los pulsos de las crecidas.

Pérdida de identidad
Los humedales son ecosistemas en los que el agua marca tanto la dinámica de su estructura como el funcionamiento del mismo, explicó a La Capital la directora del Observatorio Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Graciela Klekailo. Y sumó: “Para que siga funcionando como tal, necesitamos que el agua puede estar presente. Con un terraplén, se interrumpe el flujo natural del agua y pierde sus características propias”.
“De ahí, hay que pensar para qué se hacen endicamientos y, generalmente, siempre tiene que ver con que los humedales pierdan sus características propias. Si el agua no está presente, el humedal pierde su valor identitario propio”, remarcó.
La pérdida de identidad de un humedal, como graficó la especialista, marca además un déficit de sus capacidades ecosistémicas. Entre ellas, las más importantes son regular inundaciones, amortiguar crecidas y tener agua disponible para captar y procesar en los centros de tratamiento que la potabilizan. Este último punto es un problema recurrente, por ejemplo, en Victoria. “Tienen muchos problemas (de captación) por los endicamientos aguas arriba, en la zona del delta”, detalló Klekailo.

Asimetrías de poder
“En muchos casos, los terraplenes se hacen sin regulación ni planificación para los humedales. En particular, generan la pérdida de biodiversidad y la degradación de los humedales”, indicó a La Capital la investigadora del Conicet Natalia Morandeira, que trabaja en el Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional de San Martín (Unsam).
La investigadora realizó su trabajo de campo para su Doctorado en Ciencias Biológicas a principios de la década pasada, precisamente en la zona del delta que se extiende desde Rosario/Victoria hasta Ramallo, en la zona de las Islas de las Lechiguanas. Recuerda que no había tantos terraplenes y que, ocasionalmente, se podía encontrar alguno “que se usaba para tránsito de ganado”.
Pero el panorama cambió. Actualmente, el 14,04% del delta del Paraná está endicado y se registró un aumento del 5% de la cantidad de terraplenes y endicamientos, “sobre todo para ganadería”: “Siempre que hay períodos muy secos, se intensifican los usos pampeanos del delta. Y en épocas de inundación, los endicamientos están drenados, lo que hace que se pierda la función de amortiguación de las inundaciones y que las áreas habitadas (por isleños) se inunden”.
Esta alteración en el desempeño de los humedales deriva en la pérdida de la variedad en el ecosistema y en su transformación, que da paso a un territorio homogéneo y uniforme con muy poca de la biodiversidad original.
La biodiversidad no es la única afectada por la existencia de desvíos no planificados. También sufren las actividades y los pobladores locales por las “asimetrías de poder”, como las denominó la investigadora: “Un terrateniente realiza un terraplén o endicamiento sin planificación del entorno para que su área no se inunde, pero está afectando a los pobladores. En los últimos años, muchos de los endicamientos se hicieron para ganadería intensiva y otros para agricultura con uso de agroquímicos, que suma otra amenaza porque su filtración afecta los cuerpos de agua”.
Otros terraplenes se desarrollaron para albergar a emprendimientos inmobiliarios, modificando por completo los humedales. El suelo se impermeabiliza y la naturaleza del ecosistema se pierde: pasa de absorber y contener agua a rechazarla por su alto grado de compactación.

Desarrollo frenado, daño hecho
El daño, en esos casos, es casi irreversible. A modo de ejemplo, Morandeira citó el caso del desarrollo inmobiliario Colony Park, un barrio en el delta del Paraná, a la altura de San Fernando, en el que se tenía previsto construir una pequeña nueva ciudad con calles, avenidas, casas, condominios y hasta un túnel subacuático para conectar la provincia de Buenos Aires con las islas.
El emprendimiento llegó a trazar varias calles y, previamente, se niveló el suelo para evitar inundaciones. Las obras arrancaron en 2006 y continuaron hasta 2010, cuando un fallo de la jueza Sandra Arroyo Salgado, del Juzgado Federal Nº 1 de San Isidro, ordenó la clausura preventiva del desarrollo tras una denuncia por daños ambientales.
A pesar de que el proyecto no avanzó nunca más, el daño se consumó: el relleno del territorio para levantar encima la nueva ciudad ya estaba hecho, así como el daño al ambiente.

Judicialización por terraplenes
En el plano judicial, Maggi remarcó que existen dos causas, una en el fuero civil y otra en el penal, contra un empresario que construyó endicamientos en el delta, a la altura de Ramallo.
“El empresario agropecuario Fabio Di Fonzo hizo endicamientos en 5.000 hectáreas en campos que compró a quien es dueño de Cardón, Gabriel Nazar. La causa civil ambiental la inició Upva (Unidos por la Vida y el Medio Ambiente) en Entre Ríos y motivó que se dicte una medida cautelar para prohibir la fumigación sobre las Islas de las Lechiguanas”, detalló el abogado, que es parte del proceso judicial.
Y agregó: “Di Fonzo no sólo sembró sino que, además, cosechó en esa zona. Esa cosecha estaba embargada e inmovilizada porque no podía entrar maquinaria pesada a donde se encuentran los campos y el juez (federal de Victoria, Federico) Martín las liberó y permitió que se comercialice un producto originado en un delito. Esto lo advirtió al propio juez la UIF (Unidad de Información Financiera), que interviene como querellante en la causa”.
Respecto al avance de los procesos judiciales, el abogado marcó que en la causa penal no se llamó a indagatoria a los implicados, pero que la causa civil “está para dictar sentencia”: “En la causa penal, hubo medidas del fiscal (Leandro) Ardoy, que indicó a Entre Ríos que haga descripciones complementarias de los terraplenes que están construidos en las islas. Incluso, hay indicios de que se extralimitaron con los terraplenes y se pasaron a espacio público”.

Causa local: el litigio por el Legado Deliot
Actualmente hay otro litigio en curso, con los terraplenes como protagonistas, que concierne a Rosario: la remediación ambiental del Legado Deliot luego de que en mayo del año pasado, el empresario Enzo Mariani se quedara sin instancias para reclamar 807 hectáreas que fueron donadas por el filántropo Carlos Deliot a la Municipalidad la década de 1940.
A finales de octubre, el titular del Juzgado Civil y Comercial de Victoria, Luis Márquez Chada, se pronunció contra el reclamo de Mariani para conservar el territorio. También lo consideró responsable de daño ambiental por la construcción de terraplenes y otras obras que alteraron las condiciones naturales del lugar.
El juez hizo lugar a la demanda del municipio y dispuso una doble indemnización: Mariani debe abonar 486 mil dólares por la privación del uso del inmueble, un monto a actualizarse con la suma de los intereses moratorios anuales calculados en base a la tasa activa del Banco Nación hasta que los terrenos sean restituidos; y 66.840.000 pesos por remoción y recomposición ambiental. En este caso, también se incrementará el monto por el tiempo transcurrido hasta que cumpla la resolución.
Márquez Chada también hizo lugar a una demanda por perjuicio ambiental impulsada por los abogados Pablo Bonato y Gastón Rosenberg Jantzon. En este sentido, señaló que las obras ilegales alteraron la topografía natural y el régimen hidrológico, en un fallo que reconoce la pérdida de la biodiversidad y la eliminación de los seres vivos.

¿Se puede desarmar un terraplén?
El daño que provocan los terraplenes es casi irreversible, aunque todo depende del tiempo que pase desde que se levantó la estructura.
Si bien cualquier terraplén se puede destruir, lo importante es determinar si el agua vuelve a correr por la zona endicada y si ese territorio puede llegar a recuperar su condición de humedal.
A modo de ejemplo, Klekailo dijo: “Si se construye un terraplén en 2015 para desviar un arroyo, ese lugar se seca con el tiempo y ahí crece vegetación. Si hoy se destruye ese terraplén, es difícil que el agua vuelva a abrirse paso y que el humedal vuelva a serlo porque cambia por completo la fisonomía del paisaje”.
En consonancia, Boscarol señaló que remover un terraplén es posible aunque resaltó: "Eso implica movimiento, pero también genera un nuevo disturbio al ecosistema". A su vez, consideró que por los tiempos que necesita para recomponerse, "es imposible saber si volverá a su verdadero estado original".
Morandeira, por su parte, contrastó ciertas estructuras existentes en el delta. Si bien explicó que los endicamientos ilegales son perjudiciales, también existen otros “históricos” que se desarrollaron en el sector del bajo delta y que funcionan como defensas en una zona que se destinó a la forestación de distintas especies, como sauce o álamo, y que cuenta con la participación del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta).
“En la visión de «pampeanizar» el delta, se expandió la agricultura intensiva de soja en las tierras altas, lo que conllevó a que la ganadería, que antes se hacía en tierras altas, se traslade a zonas más bajas no tan productivas para la agricultura. Es el efecto dominó que se da por el aumento de las producciones de commodities en la zona”, dijo, y finalizó mencionando que todo forma parte de una “falta de regulación, de planificación y de presencia del Estado en ver qué se hace con el uso del suelo”.
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Denuncian que un pesquero chino mapea la Plataforma Continental Argentina

Fecha de Publicación: 25/11/2025
Fuente: Diario La Jornada
Provincia/Región: Nacional


El barco Lu Qing Yuan Yu 205 repite en 2025 los mismos patrones de navegación registrados en 2022, lo que refuerza las sospechas de actividades científicas no autorizadas.
El buque chino Lu Qing Yuan Yu 205, perteneciente a una flota subsidiada por el Estado chino, fue detectado nuevamente realizando maniobras compatibles con tareas de prospección dentro de la Plataforma Continental Argentina, un área donde el país ejerce derechos soberanos exclusivos.
La denuncia, impulsada por el especialista Milko Schvartzman y el Círculo de Políticas Ambientales, señala que el barco repite en 2025 los mismos patrones de navegación registrados en 2022, lo que refuerza las sospechas de actividades científicas no autorizadas.
El caso reabre el debate sobre la vigilancia en el Atlántico Sur, la falta de información oficial y los antecedentes conflictivos de la flota china en la región. La gravedad del episodio que ya no es un hecho aislado es que se detectan trayectorias lentas, rectilíneas y sistemáticas, idénticas a los patrones utilizados para estudios biológicos o geológicos.

Espionaje científico
En un artículo publicado por la agencia ArgenPorts se menciona que “en aquella primera detección, el Círculo de Políticas Ambientales analizó datos satelitales de Global Fishing Watch y concluyó que el buque chino había cubierto miles de kilómetros cuadrados sobre la plataforma argentina, en maniobras que excedían la actividad pesquera habitual”.
Ese informe alertó sobre la posible realización de “trabajos científicos sin autorización del Estado argentino, un requisito obligatorio en la Plataforma Continental”. Ahora, con el regreso del mismo patrón de navegación, las sospechas vuelven a intensificarse. Schvartzman, responsable del programa de conservación y pesca del Círculo de Políticas Ambientales, platea inquietudes:
“¿Quién autorizó a un pesquero chino (Lu Qing Yuan Yu 205) a prospectar la Plataforma Continental Argentina? En 2022 lo detectamos mapeando; en 2025, otra vez más al norte. ¿Es legal? ¿Y la soberanía? ¿Se ha pedido explicaciones a la Embajada de China?”.

Falta de información oficial
La Plataforma Continental Argentina, ampliada y reconocida por la ONU, otorga al país derechos soberanos sobre la exploración y explotación de recursos naturales.
“Ningún buque extranjero puede realizar estudios sin autorización previa. Sin embargo, la nueva operatoria del Lu Qing Yuan Yu 205 deja abiertos interrogantes que aún no tienen respuesta”, plantea el reporte de ArgenPorts. ¿Hubo un reclamo formal ante la Embajada de China? ¿Se activaron mecanismos de control de Cancillería o Prefectura? ¿Existe algún tipo de permiso otorgado que no haya sido informado? Hasta ahora, no se registraron comunicaciones públicas de organismos oficiales sobre la actividad del barco.

Soberanía en riesgo
El comportamiento del pesquero se suma a un historial problemático de parte de la flota china que opera en el Atlántico Sur. La región ha sido escenario de múltiples denuncias por pesca Ilegal, No Declarada y No Regulada, capturas de especies protegidas y graves violaciones laborales.
Para Schvartzman y para organizaciones como el Círculo de Políticas Ambientales, permitir que un buque con ese perfil realice tareas presuntamente científicas sin control local implica un riesgo directo para la defensa de la soberanía y la protección de los recursos estratégicos.

Fragilidad de controles
La nueva detección del Lu Qing Yuan Yu 205 reavivó los pedidos para fortalecer la vigilancia satelital y el monitoreo integrado entre organismos argentinos, así como para elevar el nivel de presión diplomática sobre flotas extranjeras. “Mientras tanto, el episodio vuelve a exponer la fragilidad del control en una zona clave para la pesca, la biodiversidad y el futuro energético de Argentina”, concluye el informe. 
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Otro récord de octubre: más de la mitad de la generación eléctrica provino de fuentes renovables

Fecha de Publicación: 25/11/2025
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional


Casi 25% fue de origen solar, eólico y de pequeñas centrales hidroeléctricas, y más del 26% de grandes represas. Además, se redujo el nivel de subsidios en el mercado mayorista
Octubre fue un mes de récords para el sector energético argentino. El más difundido, aunque probablemente efímero, porque tal vez sea el primer eslabón de una cadena de nuevos récords, es que la producción de petróleo alcanzó los 859.500 barriles por día de petróleo crudo, un 2% de aumento respecto al mes anterior que le permitió finalmente superar la plusmarca de 858.329 barriles diarios que se había alcanzado en 1998, hace 27 años. 
El motor, como lo viene siendo desde hace ya algunos años, fue el fuerte aumento de la producción “no convencional” en la formación geológica Vaca Muerta, de la que el mes pasado se extrajeron 567.500 barriles diarios, poco más del 66% del total nacional. Ese aporte más que compensó la caída del segmento convencional y consolidó el predominio de la formación con epicentro en Neuquén.
Menos señalado, pero no menos destacable es que también el mes pasado la generación de energía eléctrica de fuentes renovables (solar, eólica y de centrales hidraúlicas inferiores a 50 MWh) aumentó 13,6% respecto de septiembre y 29,7% respecto de octubre de 2024. Y con 2.706 GWh y una participación del 24,8% de la generación mensual total, alcanzó un récord, subraya un informe de Regional Investment Consulting SA (Ricsa). 

Giga y Megawats
El informe precisa que en octubre la generación eléctrica total del país fue de 10.916 GWh, un aumento de 2,4% respecto de septiembre, pero una leve caída, de 0,2% interanual respecto de octubre 2024. 
”La generación térmica representó el 39,99% del total, con una mengua del 7,2% mensual. La energía renovable -sin contar las grandes hidroeléctricas- explicó el 24,8% del total, mientras que la generación hidráulica de centrales mayores a 50 MW aportó el 26,67 por ciento. En conjunto, ambas fuentes renovables alcanzaron el 51,47% de la generación nacional, con un aumento del 11,4% respecto del mes anterior. Por su parte, la generación nuclear representó el 8,54%, con un incremento del 2,2% frente a septiembre”, dice un pasaje. 
Del lado de la demanda de electricidad, el sector residencial concentró el 42,18% del total, con un consumo de 4.465 GWh, un 3% menos que en septiembre y un 2% menos que en octubre de 2024. El sector industrial representó el 29,02% de la demanda, con 3.071 GWh consumidos, un aumento del 2% sobre septiembre y del 1% interanual. Por último, el sector comercial explicó el 28,81% restante, con un consumo de 3.049 GWh; aumentando un 2% con respecto al mes anterior y una leve caída del 1% interanual.
Otro aspecto destacable del desempeño eléctrico fue que el precio monómico, un promedio que incluye el precio de transporte, tuvo el mes pasado una disminución del 6,64%, pues pasó de $105.178,06 a $98.187,90 el MWh. Expresado en dólares al tipo de cambio mayorista, la baja fue aún mayor: pues el precio fue de USD 68,56 el MWh, un 8,74% menos que en septiembre, retroceso debido principalmente a una menor incidencia de ciertos componentes dentro de la estructura del monómico, como la reducción de los sobrecostos transitorios de despacho y la moderación de costos asociados a energía y potencia “lo que contribuyó a mantener acotado el nivel del indicador durante el mes”, subrayó Ricsa.

Menos subsidios
El informe también apunta a la caída del porcentaje de subsidio, que se refleja en el gráfico de abajo y del que surge que el movimiento del Precio Monómico Total y el Precio Estacional resultó una importante corrección importante del nivel de subsidio implícito en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM).
Tras el pico registrado en julio, cuando el subsidio alcanzó el 51,06% del costo total, a partir de agosto se inició una reducción continua que se profundizó en septiembre y en octubre, hasta ubicarse en 30,47% del costo total, más de 20 puntos por debajo del nivel de subsidio (siempre en el MEM) registrado en julio. 
No deja de ser una evolución saludable para el sector eléctrico, pues se va acercando a una relación de precios menos dependiente del auxilio estatal y en aproximación a los valores que surgen de la interacción entre oferta y demanda.
“Esta dinámica refleja una mejora en el grado de cubrimiento tarifario, dado que una mayor proporción del costo real del MEM es absorbida por las tarifas estacionales, reduciendo la brecha entre el valor reconocido al mercado y el costo real de abastecimiento. En conjunto, la baja del monómico y la mejora en el cubrimiento tarifario señalan un mes con menores presiones sobre la estructura de costos del sistema y una menor necesidad de asistencia fiscal para equilibrar las transacciones del MEM”, concluye Ricsa. .
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El Ejecutivo nacional y los gobernadores mineros van por la Ley de Glaciares

Fecha de Publicación: 24/11/2025
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Nacional


La norma sancionada hace 15 años protege estas reservas estratégicas de agua y patrimonio natural. La intención del mileísmo con el sector extractivista y el RIGI.
El presidente Javier Milei anticipó hace algunas semanas en un encuentro del Club de la Libertad que iba a enviar un proyecto al Congreso en sesiones extraordinarias para modificar la Ley de Glaciares y “que cada provincia determine cuál es la zona donde se puede hacer minería”. El objetivo oficial es “destrabar proyectos mineros”, justamente después de conocerse el “acuerdo comercial” con Estados Unidos. En los últimos días, la propuesta se aceleró, con el aval de varios gobernadores que, desesperados por fondos que el gobierno nacional les retacea, apoyan la iniciativa que les permitiría recibir inversiones extractivistas.
Pero ¿en qué consiste y por qué es importante la Ley de Glaciares? Ante todo, se trata de una normativa que no fue fácil de aprobar. De hecho, en 2008 fue vetada por la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y solo luego de una fuerte presión de las comunidades, referentes científicos y organizaciones sociales y ambientales, se convirtió en Ley en 2010.
Argentina se posicionó entonces como un país pionero en proteger los glaciares y el ambiente periglacial por ser reservas estratégicas de agua; un hito valorado internacionalmente hasta hoy, en tiempos en los que se profundiza la crisis climática.

Fábricas de agua
«Los glaciares son fundamentales ya que funcionan como fábricas de agua alimentando a poblaciones más allá de las fronteras provinciales. De ellos depende una enorme trama de vida, incluyendo la actividad económica y la salud de nuestros ecosistemas. En ese sentido, los glaciares y su ambiente periglaciar son fábricas de vida que están cada vez más amenazadas por la crisis climática, y también por los intereses mineros», explicó Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas. Por eso, “modificar la Ley implica destruir una de nuestras principales fuentes de agua y de vida”, acotó a través de la red social X.
Agostina Rossi Serra, especialista en biodiversidad de Greenpeace Argentina, remarcó que modificar la Ley de Glaciares es comprometer el acceso al agua de millones de argentinos. “El retroceso de los glaciares que estamos viendo en el país expone la fragilidad de nuestra seguridad hídrica. Cuidarlos es un deber con las generaciones presentes y con quienes vendrán, porque sin glaciares no hay futuro posible”, sostuvo la referente de Greenpeace en el marco de un Conversatorio organizado a fines de septiembre por diversas ONG ambientalistas con motivo de los 15 años de la Ley de Glaciares.

En nombre de la transición energética
Los disertantes del conversatorio también advirtieron sobre los intereses detrás del intento de modificar la normativa. Junto con las promesas de grandes inversiones, los detractores de la Ley de Glaciares acuden a los argumentos de la “transición energética” y la necesidad de minerales como el litio y el cobre para impulsar la electrificación y las energías renovables. También subrayaron que el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) otorga beneficios extraordinarios a las corporaciones mineras, lo que aumenta la presión para vulnerar la normativa ambiental.
«La paradoja es que en nombre de las energías renovables se está proponiendo destruir ecosistemas que nos ayudan a cuidar el planeta. La Ley de Glaciares tuvo amplio apoyo popular y también científico. La evidencia científica avanzó en estos 15 años y nos confirma que es un ecosistema cuyas funciones son vitales en el suministro de agua y en la mitigación del cambio climático”, sostuvo Pía Marchegiani, directora adjunta de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
Tampoco tiene asidero el justificativo de las autoridades que hace foco en la cantidad de terreno protegido que supuestamente generaría problemas productivos. La superficie total de glaciares de la Argentina representa unos 8484 km2, de los cuales más de la mitad se encuentran en la zona andina. Es ínfimo si se lo compara con los 2,78 millones km2 que pueblan nuestro país.
Los referentes ambientales coincidieron en que proteger la Ley frente a intentos de modificación es indispensable para garantizar su vigencia. Reforzar los controles, garantizar la transparencia de la información pública y asegurar presupuestos adecuados para el monitoreo de glaciares y ambiente periglacial (y para la actualización del inventario) son medidas clave en línea con compromisos internacionales como el Acuerdo de Escazú.
Y remarcaron que la Ley de Glaciares no sólo protege ecosistemas estratégicos y es una aliada fundamental en la lucha contra el calentamiento global, sino que resguarda un derecho humano básico: el acceso al agua.  «

Un retroceso alarmante en sus superficies
Al ataque de los gobiernos se suman los naturales. Diversos estudios científicos advierten que, debido al cambio climático, los glaciares están derritiéndose a un ritmo alarmante en todo el mundo. En respuesta a esta crisis, Naciones Unidas declaró al 2025 como el Año Internacional de la Conservación de los Glaciares.
Según un reciente informe publicado en la revista Nature, entre 2000 y 2023 los glaciares perdieron en promedio 273.000 millones de toneladas de hielo por año (lo que equivale, según la Inteligencia Artificial, a toda el agua que consume la población mundial en unos 30 años).
Incluso el glaciar Perito Moreno, uno de los principales símbolos naturales de la Patagonia argentina, cuya masa de hielo se mantenía históricamente estable, experimentó un retroceso sin precedentes en la última década. De acuerdo a un estudio realizado por científicos argentinos y alemanes, este coloso de hielo, que hasta 2019 solo había retrocedido entre 50 y 100 por año, perdió 800 metros entre 2020 y 2024: unos 200 por año.
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Pampa Azul Bonaerense: el plan estratégico de la gestión de Axel Kicillof para proteger la costa de la provincia de Buenos Aires

Fecha de Publicación: 24/11/2025
Fuente: Portal NoticiasAmbientales
Provincia/Región: Buenos Aires


El Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires retomó la iniciativa Pampa Azul con un enfoque provincial que pone en el centro del desarrollo los 1.200 kilómetros de costa bonaerense. 
La política, originada en 2014 a nivel nacional y luego interrumpida, busca transformar el conocimiento científico en acciones concretas para proteger el mar y el litoral.
Durante dos jornadas en Mar del Plata, la subsecretaria Tamara Basteiro convocó a la comunidad científica para diseñar la hoja de ruta del programa.
El objetivo fue identificar vacíos de información y definir los ejes centrales de una gestión ambiental integral para la costa de Buenos Aires.

Los objetivos del programa Pampa Azul en Buenos Aires
«Nuestro objetivo es transformar conocimiento en políticas públicas concretas que cuiden la biodiversidad, mejoren la calidad de vida en las localidades costeras y generen oportunidades de desarrollo», señaló Daniela Vilar, ministra de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires.
La iniciativa articula ciencia, tecnología, comunidades y gestión pública en favor del desarrollo sostenible.
Se busca consolidar un espacio permanente de cooperación entre el Estado, la ciencia y las comunidades locales para ordenar usos y prevenir conflictos en la franja costera.
El programa establece cinco objetivos estratégicos para la costa de Buenos Aires:
- Conservar la biodiversidad y los servicios ecosistémicos marino-costeros, identificando y protegiendo áreas prioritarias
- Crear y fortalecer áreas naturales protegidas en el litoral marítimo bonaerense, asegurando su integridad y funcionamiento
- Prevenir y reducir la contaminación a través de un manejo responsable de residuos y estrategias de economía circular
- Desarrollar planes de adaptación y mitigación al cambio climático, frente al aumento del nivel del mar y la erosión costera
- Promover la educación y la gobernanza ambiental con participación ciudadana, ciencia ciudadana y campañas de sensibilización

Los desafíos ambientales en la costa de Buenos Aires
Pampa Azul Bonaerense enfrenta problemas críticos que afectan a la costa de Buenos Aires.
Entre ellos, la erosión costera, las sudestadas y el aumento del nivel del mar por el cambio climático.
La contaminación representa otro desafío central que el programa aborda con enfoques de economía circular.
La gestión responsable de residuos busca reducir el impacto ambiental en los ecosistemas marino-costeros.
La Provincia reafirma así que el conocimiento y cuidado del mar son fundamentales para la soberanía, trabajo y bienestar de los bonaerenses.
La planificación del territorio costero-marino permitirá fortalecer la resiliencia de las comunidades que habitan la costa de Buenos Aires.
Pampa Azul Bonaerense pone en valor los bienes comunes naturales del litoral provincial.
La iniciativa busca que las políticas públicas se basen en evidencia científica y participación comunitaria para garantizar la protección de los recursos marino-costeros a largo plazo.
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COP30: luces y sombras de la acción climática argentina – La Nación

Fecha de Publicación: 22/11/2025
Fuente: FARN
Provincia/Región: Nacional


Comenzó la COP30 de Cambio Climático en Belém (Brasil), donde los jefes de Estado, presidentes y representantes de más de 190 países se reúnen para avanzar en las negociaciones que den respuesta a la crisis climática global. A este encuentro, la Argentina llega con más preguntas que respuestas sobre su rumbo climático.
A nivel internacional, el país mantiene compromisos firmes en el papel -como el Acuerdo de París y las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC)-, pero su implementación real enfrenta un serio retroceso. Mientras el mundo avanza hacia la descarbonización y exige mayor ambición, el gobierno nacional parece haber pisado el freno. Hoy, son las provincias y los municipios los que impulsan las principales medidas de respuesta a la crisis climática.
Desde diciembre de 2023, el cambio de rumbo del Poder Ejecutivo significó un desmantelamiento progresivo de las políticas ambientales: recortes presupuestarios entre un 28,1% y un 83,2% en áreas clave, paralización de programas y una narrativa negacionista del cambio climático. Este viraje no sólo debilitó la capacidad del Estado para reducir emisiones o adaptarse a los impactos, sino que también puso en riesgo la credibilidad internacional del país en un momento decisivo.
El panorama se vuelve más preocupante cuando los efectos del clima extremo golpean con fuerza. En marzo de 2025, las inundaciones en Bahía Blanca dejaron 16 personas fallecidas y más de 5000 viviendas afectadas. No fue un hecho aislado: según el Banco Mundial, las inundaciones representan más de la mitad de los desastres naturales registrados en la Argentina desde 1970 y provocan pérdidas por unos 1000 millones de dólares al año. Estos datos confirman que el cambio climático no es una amenaza futura, sino una crisis presente que se vive en los territorios.



COP30: falta de NDC y posiciones contradictorias debilitan la política climática de Argentina

La participación de Argentina en la COP30 de Belém dejó en evidencia un profundo deterioro de la política climática nacional. En un contexto global que exige aumentar la ambición, reforzar la colaboración y el multilateralismo, y acelerar la acción climática, el país llegó sin presentar la actualización de sus compromisos climáticos —Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC 3.0)—, la cual debía haber sido presentada en febrero pasado, y asumió un rol contradictorio en las discusiones globales sobre cambio climático, que en ocasiones fue regresivo en materia de derechos humanos.

Una NDC que nunca llegó: opacidad, improvisación y retroceso institucional
A pesar de haber convocado dos espacios formales en las semanas previas a la COP —el taller “Potenciando la acción climática en Argentina a través de la cooperación internacional” y la Mesa Ampliada del Gabinete Nacional de Cambio Climático—, Argentina no presentó la NDC 3.0 que había anticipado en dichos espacios. En estos encuentros, la Subsecretaría de Ambiente difundió “resultados preliminares” y los principales componentes de un compromiso climático construido sin participación real ni un proceso federal, transparente y claro. Esos espacios virtuales transcurrieron con chats cerrados, sin posibilidad de preguntas y sin convocatoria al Consejo Asesor Externo, una pieza clave de la Ley 27.520 que dejó de funcionar apenas asumió el gobierno.
El país llegó a Belém sin NDC, sin metas climáticas claras y sin una hoja de ruta climática pública y a la altura de las circunstancias, vulnerando estándares de transparencia, gobernanza y participación pública establecidos tanto por la legislación nacional como por el Acuerdo de Escazú.
Los contenidos preliminares presentados no anticipan un rumbo acorde a la emergencia climática: no incluyen mayor ambición en reducción de emisiones, ni avances en adaptación, ni información sobre pérdidas y daños, priorizando un enfoque basado en cambios metodológicos que no representan esfuerzos adicionales reales. La no presentación terminó de confirmar un proceso improvisado y desalineado con las obligaciones del Acuerdo de París, dejando pasar una oportunidad de fortalecer los compromisos climáticos del país y su obligación de proteger a la población de los impactos ya inevitables y visibles del cambio climático en Argentina.
Participación internacional contradictoria: cooperación en adaptación, retrocesos en género y derechos
La participación internacional de la Argentina en materia de cambio climático tiene una historia marcada por el impulso del multilateralismo y la cooperación. El país fue uno de los primeros en ratificar el Acuerdo de París, ha sostenido posiciones constructivas en la agenda de adaptación, un área que históricamente lideró, y ha jugado un rol clave en la construcción de espacios como ABU (conformado por Argentina, Brasil y Uruguay) y, posteriormente, el Grupo Sur (conformado por Argentina, Brasil, Ecuador, Paraguay y Uruguay). Este recorrido contrasta con su rol reciente, donde las señales de compromiso han sido menos claras y más inconsistentes, con un hito claro en la COP29 donde se retiró a la delegación en pleno proceso de negociaciones. 
Mientras en Belém, en las negociaciones sobre adaptación, Argentina mostró su perfil histórico, sin obstruir las discusiones y acompañando consensos necesarios para fortalecer la resiliencia de los países vulnerables, en otras áreas clave la posición fue marcadamente distinta. En temas como género, derechos humanos y transición justa, el país adoptó posturas restrictivas que buscaron limitar el alcance social y ambiental en las decisiones multilaterales.
En este sentido, Argentina objetó referencias a igualdad de género, proponiendo reemplazar “gender equality” (equidad de género) por la expresión regresiva “between men and women” (entre hombres y mujeres). También rechazó menciones a derechos humanos, incluyendo el derecho a la autodeterminación de los Pueblos Indígenas, y se opuso a fortalecer sinergias con la Agenda 2030 y las Convenciones de Río. Esta postura resultó excepcional dentro de la sala: únicamente Paraguay acompañó los intentos de recortar referencias a género, frente a una mayoría sólida de países y grupos que se manifestó en contra. 
Además, el país insistió en utilizar el principio de soberanía permanente sobre los recursos naturales para bloquear cualquier lenguaje relativo a riesgos ambientales y sociales asociados a la transición energética y, objetó conceptos como acceso universal a la energía, la eliminación de subsidios a los combustibles fósiles ineficientes o la creación de entornos habilitantes domésticos, por considerarlos interferencias en las políticas nacionales.

Un llamado a restablecer la acción climática argentina
Revertir este escenario de contradicciones, retrocesos y deterioro de la credibilidad requiere reconstruir la institucionalidad climática, especialmente en un contexto de desjerarquización institucional, garantizar la participación pública y federal, transparentar los procesos de planificación y promover una política exterior alineada con los estándares internacionales de derechos humanos, equidad y justicia climática. 
Esa reconstrucción debe involucrar a los múltiples actores que hoy sostienen la agenda climática en el país: gobiernos subnacionales que enfrentan los impactos crecientes del cambio climático, pueblos indígenas y comunidades locales que protegen territorios claves para la adaptación y mitigación al cambio climático, universidades y centros de investigación que producen evidencia y organizaciones socioambientales, jóvenes, de mujeres y diversidad que impulsan la justicia climática.
El cambio climático ya afecta al país: sequías, olas de calor, inundaciones, incendios forestales y enfermedades transmitidas por vectores ponen en riesgo la salud y el bienestar de las personas, afectan la producción e infraestructura y comprometen la estabilidad económica. La inacción no solo limita la posibilidad de construir una estrategia de desarrollo inteligente y acorde a los desafíos de la crisis socioecológica actual.
Solo con instituciones fuertes, metas serias, participación amplia y un enfoque basado en el pleno respeto de los derechos humanos y protección de la biodiversidad, el país podrá alinear su acción climática con las necesidades reales de su población y enfrentar de manera justa y efectiva una crisis que ya no admite demoras.
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Alarmante aumento del mascotismo de fauna silvestre en Misiones: fundación aseguró que ya rescataron más de 800 animales en lo que va del año

Fecha de Publicación: 22/11/2025
Fuente: Misiones On Line
Provincia/Región: Misiones


La Fundación Ohana ya rescató más de 860 animales silvestres en 2025, un 60% más que el año pasado, evidenciando el crecimiento del mascotismo, que se concentra en Posadas, Eldorado, Oberá e Iguazú. Su presidente, Fernando Piesco, instó a modernizar la ley provincial de fauna de hace 40 años para incluir penas de prisión efectiva por tráfico y maltrato
Fernando Piesco, presidente de la Fundación Ohana, explicó en diálogo con Santa María de Las Misiones, que la notable alza en el número de rescates de fauna silvestre se debe a un proceso de cambio cultural impulsado por la voluntad política del Estado y la creciente toma de conciencia ciudadana en la provincia. En el último operativo realizado en la Zona Norte (Montecarlo, Eldorado y Puerto Piray), la Fundación recuperó 11 animales, incluyendo pichones de Tucán Pico Verde, loros amazonas y un coatí.
Piesco destacó la importancia de la colaboración ciudadana para detectar los ilícitos, aunque admitió que aún existen sectores reticentes a abandonar prácticas irregulares como el mascotismo y el tráfico de fauna.
El presidente de la fundación además fue contundente al manifestar la necesidad de una reforma en las leyes provinciales que protegen a la fauna: “Yo considero que las penas deberían modificarse, creo que la ley ya lleva 40 años, si bien pareciera que nunca se hubiese aplicado, la realidad es que existió, porque somos una provincia que en términos de leyes, inclusive tenemos la Ley de Fauna antes de la Ley Nacional de Fauna, o sea que somos precursores en ese sentido, pero a la hora de llevarlo a la práctica, recién ahora estamos articulando con la policía, con el Poder Judicial, con el Ministerio de Ecología, para poder hacer que eso empiece a cumplirse”, aseguró.
Asimismo, indicó que la ley debe aggiornarse a los tiempos modernos con penalidades más severas. También hizo un llamado a la acción al Poder Judicial de Misiones. Sostuvo que existe una preocupación por la reticencia de algunos jueces de instrucción en ciertos municipios para actuar en casos de maltrato o tráfico de animales, lo que hace que las denuncias “se pierdan”.
“Lo que necesitamos es que los jueces tomen conciencia de que así como protegemos a los mayores, así como protegemos al ciudadano, así como protegemos a los niños, tenemos que proteger, y es nuestro deber proteger a los animales que están en situación de vulnerabilidad y muchas veces en peligro de muerte”, enfatizó.
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Crecimiento de rescates y ciudades con más denuncias
Piesco reveló que las cifras de animales rescatados por la Fundación son elevadas. “En lo que va del año, ya llevamos más de 860 animales rescatados. Es una cifra enorme, que requiere muchísimo trabajo, nosotros ahora estamos con casi el cupo lleno de ingresos, y necesitamos empezar a ver cómo aumentar la cantidad de instalaciones, porque cada vez vienen más. Creo que vamos a llegar a 1000 a fin de año, y bueno, eso es un incremento del año pasado a este de más de un 60%”, detalló.
El trabajo que sigue a un rescate no es sencillo ni corto. Los animales silvestres requieren meses e incluso años de rehabilitación para poder volver a su hábitat natural, lo que demanda un gran esfuerzo económico y logístico a la Fundación.
En cuanto a las zonas con más casos de mascotismo y tenencia ilegal, Piesco mencionó a las ciudades más grandes de la provincia. “Mira, en las ciudades se ve muchísimo, o sea, Oberá, Eldorado, Iguazú, Posadas, Garupá, es donde más nos están llegando información”, explicó. Actualmente, la Fundación tiene una lista de espera de cerca de 20 animales denunciados, los cuales son atendidos priorizando la gravedad y urgencia del caso.
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