Tras 70 años de extinción, nacieron dos yaguaretés silvestres en los Esteros del Iberá

Fecha de Publicación: 22/07/2022
Fuente: Telam
Provincia/Región: Corrientes


La Fundación Rewilding Argentina, que desarrolla el proyecto de reintroducción de la especie, informó que estos nuevos cachorros son el producto de la unión de Aramí, una de las dos primeras yaguaretés nacidas en el Centro de Reintroducción de Yaguareté, y Jatobazinho, el yaguareté silvestre rescatado en Brasil.
Dos yaguaretés silvestres nacieron en los Esteros del Iberá tras 70 años de extinción en Corrientes, informó este jueves la Fundación Rewilding Argentina que desarrolla el proyecto de reintroducción de la especie, junto al gobierno provincial y la Administración de Parques Nacionales.
“Estos nuevos cachorros silvestres son el producto de la unión de Aramí, una de las dos primeras yaguaretés nacidas en el Centro de Reintroducción de Yaguareté (CRY) y liberada en 2021 y Jatobazinho, el yaguareté silvestre rescatado en Brasil y donado al proyecto en 2019”, detalla el informe.
Remarca, además, que el apareamiento “también se produjo en vida libre” y con el nacimiento, “el sueño de ver al yaguareté regresar a los Esteros del Iberá registra un nuevo y significativo avance”.
La Fundación Rewilding indicó que, por primera vez, una de las hembras liberadas “dio a luz a dos cachorros salvajes en total libertad”, a diferencia de los otros cuatro cachorros que hoy viven libres en Iberá, que habían nacido dentro de los corrales del Centro de Reintroducción de Yaguareté (CRY) y luego liberados junto a sus madres.
Respecto del descubrimiento, se informó que el equipo técnico de Fundación Rewilding Argentina detectó que los movimientos de Aramí se concentraron durante varias semanas en un mismo lugar.
“Los puntos que emite el collar de Aramí y que recibimos cada día a través de una conexión satelital sugerían que podría haber tenido cachorros ya que pasaba todo el tiempo en un mismo lugar, seguramente cuidando de ellos”, dijo Magalí Longo, una de las coordinadoras del proyecto de reintroducción.
Tras lo cual, señalaron que “gracias a las imágenes de una cámara trampa es que finalmente pudo confirmarse la buena noticia: en dos videos consecutivos, Aramí aparece llevando a los cachorros en su boca”.
La reproducción de yaguaretés libres y el nacimiento de una nueva generación en libertad "son una excelente señal para el proyecto que busca revertir la extinción de esta especie, y alienta la esperanza de regenerar una población saludable de yaguaretés en Esteros del Iberá”, remarcó Sebastián Di Martino, director de Conservación de Fundación Rewilding Argentina.
Señaló que “si ambos cachorros sobreviven, la población de Iberá contará con diez yaguaretés libres, lo cual resulta sumamente importante considerando que en toda la región chaqueña argentina se estima que solo sobreviven unos 15 individuos”.
“El proceso de rewilding llevado adelante en Esteros del Iberá en forma conjunta entre el Gobierno de Corrientes, la Administración de Parques Nacionales y Fundación Rewilding Argentina avanza con la reintroducción del depredador tope y otras especies clave de este ecosistema, para restaurar la salud y belleza natural del gran humedal”, concluyó la organización ambientalista.
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El juez Federal ordenó una serie de medidas contra UPM, entre ellas, conocer el contrato de la pastera

Fecha de Publicación: 22/07/2022
Fuente: El Argentino
Provincia/Región: Nacional - Entre Ríos


El 6 de julio el juez Federal de Gualeguaychú e Islas del Ibicuy, Hernán Viri, ordenó que se dispusieran de una serie de medidas solicitadas por el fiscal federal en el marco de la causa por denuncia ambiental contra la empresa UPM (ex Botnia) y que data desde 2006.   
Entre las medidas más sensibles que ordenó el jue Viri, se encuentra el conocer “el legajo (contrato) pertinente a la ex Botnia, hoy UPM. Viri transita el mismo camino que intentó recorrer el hoy fallecido fiscal civil del Uruguay, Enrique Viana, cuando presentó una intimación judicial para que el entonces gobierno de José Mujica informara detalles del contrato con la pastera UPM (ex Botnia), temiendo que su país se haya “condicionado” por el acuerdo celebrado con la empresa, y, en consecuencia, describía esa situación como “un regreso al feudalismo”.
Viana, a quien se lo reconoció en vida como el “fiscal verde” por haber sido un defensor incondicional de la salud de los pueblos y de la naturaleza, alertó en reiteradas oportunidades que “los compromisos internacionales que son los tratados y contratos de inversión, suponen condicionamientos de la voluntad soberana de los Estados, que quedan a merced de las imposiciones, de los privilegios y las prebendas que estas grandes empresas, estas grandes corporaciones obtienen en esos negociados”.
En su oportunidad, Viana había intimado al Ejecutivo de su país para que entregue a la jueza Ana de Salterain una copia del contrato de inversión con UPM y le informe sobre la eventual renegociación de sus cláusulas, en el marco del proceso por el cual se autorizaría a la planta a aumentar su producción de celulosa, lo que finalmente se hizo de manera unilateral.
“Estamos volviendo al feudalismo. Como Estado, Uruguay está condicionado a la voluntad de Botnia, porque hay tratados de inversión con Finlandia”, reprochó en aquel entonces Viana, quien lamentó no saber “qué dice la letra chica del contrato; de hecho, ni sabemos lo que dice la letra grande”, ironizó.
“Estamos volviendo, e incluyo a la Argentina y otros países en esto, al viejo feudalismo. Estas empresas comercian y se manejan como si fueran señores feudales y negocian con los Estados, pactan y acuerdan”, acusó. “¿Por qué estos acuerdos se hacen en forma secreta? Porque hay algo que no quieren mostrar, o hay algo que avergüenza y no quiere mostrarse, y es porque estos contratos suponen cesiones de soberanía”, enfatizó en esa época Viana.
El fiscal de Montevideo no se cansó de subrayar que “cuando el Estado se vuelve socio, una suerte de socio gestor de estas empresas, mediando tratados y contratos de inversión, es muy difícil pensar que el Poder Judicial tenga independencia en este tipo de decisiones”. Y advirtió: “Cuando usted firma tratados y contratos de inversión, lo primero que hace es ceder soberanía y república”.
Ahora el juez Viri intentará que el gobierno uruguayo le dé a conocer dicho contrato, instrumento que siempre negó a la Justicia de su propio país. Ojalá que Viri tenga mejor suerte, claro está, pero todo indica que la tan mentada buena fe del gobierno oriental de hace humo por la propia chimenea de la pastera.
Como sea, el juez Viri, luego de escuchar y recibir distintos aportes en la audiencia informativa pública realizada en el Centro de Convenciones y que había sido convocada por él mismo, ahora ordenó una serie de medidas, a saber:
1) Solicitar a la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) y al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación a fin de que arbitren las medidas necesarias a los efectos de que se lleve a cabo una evaluación integral y continua de los desechos que produce la planta UPM (ex Botnia) y que incluya, además, un monitoreo químico, de ecosistema y biológico.
2) A partir de muestras de agua y tierra que se obtuvieron para el informe pericial oportunamente dispuesto en el marco de la presente causa, le encomendó a la Policía Federal Argentina, la realización de un cotejo comparativo con los resultados de los parámetros ordenados por el Digesto de la CARU. Es oportuno recordar que dicho Digesto está actualmente objetado por la delegación argentina ante la CARU, porque fue modificado a conveniencia de UPM por el gobierno de Mauricio Macri a pocos días de realizar el traspaso de gobierno en diciembre de 2019 y que constituyó por sí mismo un escándalo ambiental.
3) Se le requirió al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación que adopte las medidas necesarias a fin de garantizar que las tomas que extraerá el Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, correspondan efectivamente a un día de plena producción de la planta y se arbitren los medios para que la empresa UPM (ex Botnia) no tome conocimiento de la fecha en cuestión, o que dicha toma se lleve a cabo en distintos días. Una vez obtenidas tales muestras, el juez pidió que se resguarden las mismas a fin de garantizar el debido proceso y las garantías constitucionales de todas las personas afectadas.
4) Solicitar al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación que informe cuáles son las medidas que ha tomado y ha evaluado tomar, frente a los incumplimientos por parte de la República Oriental del Uruguay frente a su participación de buena fe ante el ente binacional de la CARU.
5) También se requirió a la Inspección General de Registros Notariales (IGRN, Registros de Testamentos y Legalizaciones) de la República Oriental del Uruguay o, su par encargado de la labor de inspección notarial y societaria a nivel nacional, con el propósito que se remitan copias –en soporte papel o digitalizadas- del legajo pertinente de la empresa que se encuentra explotando la planta UPM (ex Botnia), ubicada en Fray Bentos.
6) Se solicitó a la Municipalidad de Gualeguaychú que informe el estado actual de las gestiones en torno a la colocación y puesta en funcionamiento de la estación de toma de aire en el Departamento Gualeguaychú.
7) Lo cita al ingeniero Hernán Orduna, en su carácter de delegado de la CARU a los fines de prestar declaración testimonial en la sede del Juzgado Federal, el 7 de septiembre a las 9.
Por último, solicitó que “una vez las pericias encomendadas con la obtención de sus respectivos resultados, realícese –con intervención de todas las partes interesadas en la presente causa- un estudio epidemiológico en la ciudad de Gualeguaychú, con relevamiento de datos recabados por instituciones médicas, tanto públicas como privadas, con parcelación y especial consideración de las personas trabajadoras de la zona que podrían ser consideradas de riesgo, como es el caso de empleadas y empleados de la Dirección Nacional de Migraciones, de la Dirección General de Aduanas y de la Gendarmería Nacional”, tarea que recaerá en Gendarmería Nacional.
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Otro frente de conflicto con Uruguay: el control ambiental del Riachuelo

Fecha de Publicación: 21/07/2022
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional


El gobierno de Lacalle Pou entiende que debería hacerse un monitoreo conjunto por su afectación al Río de la Plata, pero la Argentina está en desacuerdo; el tema se suma a las discrepancias en la previa de la cumbre del Mercosur
24 horas del inicio de la Cumbre del Mercosur en Asunción, los gobiernos de Uruguay y Argentina se verán las caras con dos asuntos ambientales pendientes que podrían traer consecuencias políticas, ecológicas y jurídicas de difícil solución. Ambos temas se relacionan con los proyectos de construcción de dos emisores subacuáticos conocidos como los sistemas Riachuelo y Berazategui, cuyos líquidos terminarán en aguas de uso común en el Río de la Plata.
Con la financiación del Banco Mundial, Argentina ya inició la construcción del Sistema Riachuelo. Se trata de una planta de procesamiento de aguas residuales de miles de industrias y de unas seis millones de personas. Esas aguas cloacales hoy se vierten directamente en el río Matanza-Riachuelo y terminan en el Río de la Plata. La planta, por un tema económico, tendrá un nivel de procesamiento de líquidos fabriles y restos domiciliarios básico. El gobierno argentino prevé que estará en funcionamiento a fines de 2022.
Como Uruguay dio el visto bueno a la construcción de este emisor en la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP), hasta ahí no hay conflicto de ningún tipo. Las diferencias surgen a partir de la exigencia de un monitoreo conjunto que pidió Uruguay y al cual Argentina se niega. Esos controles se deberían hacer antes del inicio de la puesta en marcha de la planta y no después, según señalaron a El País expertos marítimos. ¿Esas aguas provenientes de miles de empresas y restos de millones de personas llegarán hasta el océano Atlántico y se disolverán allí?
Esa es la gran pregunta. Algunos oceanógrafos sostienen que, dada las características del Río de la Plata -muy ancho pero de poca profundidad-, los restos fabriles y humanos no se diluirán en el océano. Es probable que terminen en el fondo del Río de la Plata. Alem García, presidente de la CARP, afirmó a El País que “es una necesidad imperiosa” que Uruguay realice un monitoreo de las aguas del Río de la Plata luego que el emisor comience a funcionar. De todas formas, García aseguró que la obra mejorará las aguas del cauce, ya que hoy esos restos llegan allí, pero sin tratamiento alguno. En 2020, cuando ya habían comenzado los trabajos de construcción del Sistema Riachuelo, el expresidente de la Administración Nacional de Puertos (ANP) y abogado especialista en derecho marítimo, Edison González Lapeyre, alertó que ese emisor subacuático contaminaría el Río de la Plata.
En una carta enviada a El País el 11 de noviembre de ese año, González Lapeyre afirmó que el Sistema Riachuelo procesará 2.300.000 metros cúbicos de desechos por día -lo que equivale a siete estadios de fútbol llenos de sustancias cloacales e industriales-. “Esta planta no asegura la eliminación de elementos químicos y biológicos nocivos”, dijo y agregó que la posición del presidente de la delegación uruguaya ante la CARP fue mutando. “Primero, sostuvo la necesidad de un monitoreo de las aguas a verterse y luego de un triple monitoreo que incluye el sistema de tratamiento a que hemos hecho referencia”, recordó el experto.
Nibia Reisch, diputada colorada e integrante de la Comisión Especial de Río de la Plata, Frente Marítimo y Antártida de la Cámara de Representantes, afirmó a El País que no hay que alarmarse. ”Antes de construirse la planta Riachuelo, esos desechos llegaban al río en forma directa. En poco tiempo el vertido se hará con un tratado previo”, agregó la legisladora coincidiendo con García. Y recordó que el gobierno de Jorge Batlle y las siguientes administraciones del Frente Amplio y la actual no se opusieron al proyecto argentino. “No hay elementos para una alerta, pero sí se deberá hacer un monitoreo conjunto (Uruguay y Argentina) de las condiciones del río luego que empiece a funcionar el Sistema Riachuelo”, expresó.
El intendente de Colonia, Carlos Moreira (Partido Nacional) sostuvo a El País que está a la espera de información sobre ese emisor por parte de la CARP. “Tenemos confianza en ese organismo”, expresó.

Rechazo uruguayo
El Sistema Riachuelo no es el único tema que enfrenta a Uruguay con Argentina. Pese a que la obra no cuenta con el aval uruguayo, el gobierno Alberto Fernández ya realizó los llamados a licitación para la construcción del emisario Berazategui. Se trata de una obra que tendrá 7,5 kilómetros y cuatro metros de diámetro por donde pasarán los desechos de unos 4 millones de habitantes de Buenos Aires.
Desde la delegación argentina se entiende que, en la pasada administración del Frente Amplio, Uruguay había dado visto bueno para el emprendimiento. Esa es una realidad, pero tiene un matiz. En las actas de la CARP consta que Uruguay dio luz verde para el Sistema Berazategui, pero con una condición: la realización de un estudio ambiental antes de que el emisario comenzara su operativa.
No hay que olvidar que la CARP tiene un procedimiento antes de aprobar cualquier iniciativa que afecte el ecosistema del río: el proyecto debe contar con el visto bueno de Uruguay y de Argentina. En caso contrario, naufraga. Es decir, todo asunto o documento sobre el Río de la Plata debe pasar por el análisis de la comisión administradora. Y Argentina no cumplió con el reglamento de dicha asesora.
Según supo El País, el gobierno argentino cometió un error técnico: en lugar de enviar a la comisión administradora el estudio ambiental sobre el Sistema Berazategui, lo mandó al gobierno uruguayo. Esa equivocación permite hoy a Uruguay rechazar el proyecto por considerar que no se cumplieron aspectos formales que regulan el funcionamiento de la CARP. Además de ser un problema político y diplomático, el asunto podría desembocar en un juicio inédito. Otro aspecto que enfrenta a ambos países es que Uruguay pretende que se realicen monitoreos conjuntos sobre las aguas vertidas por el Sistema Berazategui y Argentina se niega argumentando que brinda toda la información ambiental en la CARP.
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Huemules en peligro de extinción: intentan capturarlos para trasladarlos a un centro de cría

Fecha de Publicación: 21/07/2022
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Nacional


Quedan entre 300 y 350 en el país. La especie fue declarada Monumento Natural Nacional pero el plan de conservación avanza lentamente.
Entre 350 y 500 huemules se estima que sobreviven hoy en Argentina. Esta especie en peligro de extinción fue declarada Monumento Natural Nacional pero el plan de conservación avanza lentamente.
«Hay otros 1.000 ejemplares del otro lado de la cordillera. Los 1500 animales en ambos países están separados en más de 100 grupos distribuidos en las zonas montañosas. Se estima que, en el pasado, había 2 millones de ejemplares», explicó el investigador del Conicet, Werner Flueck.
La cacería histórica fue la principal causa de exterminio de las grandes poblaciones de huemules. Muy pocos animales lograron sobrevivir y se recluyeron en la alta montaña, modificando sus prácticas alimentarias, las tasas de reproducción y alterando su salud.
Flueck, doctor en Biología suizo nacionalizado argentino, aseguró que el huemul es uno de los pocos animales que no tiene miedo al hombre. «Si uno anda en la montaña y ve, de lejos, un ciervo colorado hay que tener cuidado. Si olfatea o te ve de cientos de metros se aleja. Un huemul se acerca al humano para olfatearlo. Estuvo muy expuesto a la presencia humana», subrayó.
Contó que esta especie solía tener costumbres migratorias (ciclo cultural de traslado en las invernadas y veranadas), pero las actividades humanas la fueron expulsando y la obligaron a refugiarse en el bosque andino alto para sobrevivir.
“Es todo un proceso: si la madre migra, la cría la sigue y aprende. Pero la actividad humana le quitó esa costumbre. Entonces los huemules que hoy viven en estas montañas residen ahí todo el año. Es el único cérvido conocido que, en lugar de usar las cordilleras montañosas sólo en verano, las habita durante todo el año debido a las actividades antropogénicas«, puntualizó.
Al perder su tradición migratoria y, por ende, el acceso a diversos hábitats como praderas y valles -donde tienen a disposición vegetación con mayor concentración de minerales-, los huemules fueron modificando sus prácticas alimentarias y eso redundó en distintos problemas de salud.
«En las invernadas los animales recuperan los minerales que no tuvieron en la veranada. Con lo que comen arriba todo el año, hemos podido ver que se debilitan. Padecen enfermedades óseas, se afecta su esqueleto. Esto incide en la dentadura. Al perder dientes cuando son muy jóvenes, no pueden comer y también los debilita», especificó Flueck.
Los investigadores colocaron radiocollares a seis huemules del Parque Protegido Shoonem, del sector lago La Plata, para estudiar sus movimientos entre 2017 y 2022. Comprobaron que prácticamente no se desplazaron.
La mayoría muere muy joven, cuando un animal debería llegar a los 20 años. «En esta zona hicimos un estudio concreto y un animal no sobrepasa los 5 años», alertó el investigador y agregó: «La producción por madre está muy por debajo de las poblaciones que llegan a la edad normal. Cuando tienen dos años, suelen tener la primera cría. Si la cosa anda bien, luego tendrán una por año. Pero si mueren con cinco años, se termina el ciclo».
A nivel mundial sólo existe el Centro de Conservación Huilo Huilo, en Chile, donde se crían huemules para aumentar las poblaciones y luego, se los libera en «las zonas más fértiles».
Gracias a una donación de la fundación suiza Erlenmeyer, Flueck y sus colegas completaron la construcción de la estación de recría, ubicada en unas 100 hectáreas de campo natural cercado con alambrados especiales, al sur de Chubut. «Es el primer y único centro de cría y reintroducción del huemul en Argentina. La idea es capturar animales para trasladarlos a ese lugar. Lo esencial es es encontrar dueños de estancias dispuestos a acompañar», dijo.
El desafío es aprovechar este invierno para capturar algunos ejemplares afectados, poder trasladarlos a ese lugar para curarlos y rehabilitarlos.

Múltiples causas
El biólogo Hernán Pastore, director Regional de Patagonia Norte, aseguró que, en la historia reciente, son múltiples las causas respecto a la escasa población de huemules.
“La cacería fue un motivo fuerte en el pasado. Hoy existe la caza furtiva pero no es habitual. Por eso, los problemas están más asociados al mal uso de la tierra, la ganadería extensiva y las malas prácticas ganaderas», aseguró el referente del huemul en la Administración de Parques Nacionales.
Apuntó a los perros que se emplean para arriar a las vacas en la montaña. “Son cazadores. Corren solos por el monte y si se cruzan con fauna nativa la liquidan. Son una amenaza para el huemul“, indicó.
Mencionó que, a través de la ganadería extensiva se contagiaron enfermedades al huemul. En Neuquén, por ejemplo, se cree que la principal causa de extinción del huemul fue un brote de aftosa.
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Ambiente, Economía y Presupuesto en Córdoba

Fecha de Publicación: 20/07/2022
Fuente: La Tinta
Provincia/Región: Córdoba


El pasado 12 de julio, el Observatorio de Trabajo, Economía y Sociedad (OTES) publicó un nuevo informe especial titulado “Ambiente, Economía y Presupuesto en Córdoba” que muestra cómo el modelo económico del cordobesismo trae aparejada la destrucción ambiental, sumado al desfinanciamiento de los programas de cuidado del ambiente por parte del gobierno provincial.

¿El modelo productivo?: desmonte y más desmonte
Como se viene sosteniendo desde el Observatorio de Trabajo, Economía y Sociedad (OTES) en informes anteriores, la economía cordobesa presenta un proceso de reprimarización y desindustrialización en los últimos años. De hecho, al analizar el Producto Geográfico Bruto (PGB), aquellas actividades que experimentaron un mayor crecimiento entre 2010 y 2020 fueron la agricultura y las actividades inmobiliarias respectivamente.
A su vez, como indican desde Proyecto MonTeS, entre los principales factores que explican la pérdida de bosque nativo en Córdoba, se encuentran el corrimiento de la frontera agropecuaria, los incendios y el crecimiento urbano. El modelo productivo cordobés se vincula directamente con uno de los principales problemas ambientales de la provincia, la pérdida de bosque nativo.
Un claro ejemplo de este vínculo entre modelo productivo y desmonte es que las zonas de la provincia donde ha crecido la explotación agropecuaria en los últimos años, el noroeste provincial, es donde más bosque nativo se ha perdido. Las imágenes a continuación muestran esta relación.
Variación de Explotación Agropecuaria por superficie en hectáreas entre 2002 y 2018. Fuente: OTES en base a datos de Proyecto MonTeS.

¿El presupuesto ambiental?: arrasado como el bosque nativo
En Argentina, por disposición de la Constitución Nacional, corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio. A su vez, Córdoba, a través de su constitución provincial en sus artículos 11, 66 y 68, establece lo siguiente: “Art. 11. El Estado provincial resguarda el equilibrio ecológico, protege el ambiente y preserva los recursos naturales; Art. 66, establece el derecho de toda persona a gozar de un ambiente sano; Art. 68, el Estado provincial defiende los recursos naturales renovables y no renovables”.
¿Cómo cumple el Estado provincial con estas obligaciones? Desde OTES, se realizó un análisis de la evolución del presupuesto que la provincia destina al cuidado y protección del ambiente. Se tomaron tanto los programas que componen la Secretaría de Ambiente como otros que se encuentran por fuera de la misma, pero están orientados a la protección, conservación o recuperación del patrimonio ambiental.
Al analizar estas partidas, se observa que, entre 2016 y 2021, se llevó a cabo una caída constante en los montos disponibles de los programas de Ambiente. En el monto presupuestado en 2022, se produce un repunte, pero no logra recuperar los niveles previos a 2020. A precios de hoy, se han recortado cerca de $390 millones entre 2016 y 2022. La figura a continuación muestra esta evolución.
Al desagregar el presupuesto de políticas ambientales, dentro de los principales datos, se destaca la fuerte caída en el programa Ambiente, el cual pierde el 50% de sus recursos. Este programa está compuesto entre un 97% y un 85% (dependiendo del año) por pago de salarios, lo cual implica una fuerte reducción en el presupuesto destinado al personal encargado de llevar a cabo los programas de ambiente.
A la hora de analizar política presupuestaria, no solo es necesario conocer el monto destinado a los diferentes programas, sino que también es interesante observar cuánto es lo que efectivamente se ejecutó. En este punto, el informe del OTES señala que la ejecución de los programas ambientales venía en ascenso desde 2016 hasta 2019 (alcanzando el 97% de ejecución). Sin embargo, en 2020, cayó el porcentaje a 86% y, en 2021, se devengó el 89% del presupuesto. Esto implica que, en 2021, quedaron sin utilizar $136 millones, lo que equivale a todo el programa de Ordenamiento de Bosques Nativos.

En síntesis
Si bien la preocupación ambiental está cada vez más presente en el discurso público, en Córdoba, al analizar sus aristas económicas, vemos que las perspectivas no son buenas. Por un lado, el modelo productivo fomentado desde el oficialismo provincial conlleva que las dos actividades económicas que más crecieron en la última década en Córdoba sean la explotación agropecuaria y los desarrollos inmobiliarios. Ambas vinculadas directamente a uno de los mayores desastres ambientales que sufrimos quienes habitamos en Córdoba, la desaparición de nuestro monte nativo.
Por otro lado, el presupuesto provincial destinado a la preservación del ambiente cae desde 2016 y, aunque en 2022 apunta a crecer, no logra alcanzar los valores de seis años atrás. A su vez, en 2020, con la llegada de la pandemia, la ejecución de este presupuesto se redujo y aún no se recuperaron los niveles previos.
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Hidrógeno Verde: el proyecto de regulación se presentará en septiembre en el Congreso

Fecha de Publicación: 20/07/2022
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Nacional


Acordado con el Presidente y Carreras, Weretilneck trabaja en consensuar una iniciativa para debatir en el Congreso. Julio y agosto estará destinado a reunir aportes y buscar coincidencias parlamentarias.
Un consensuado proyecto para la regulación de la producción del Hidrógeno Verde será presentado en septiembre en el Congreso Nacional.
Este plazo de elevación planteó el senador Alberto Weretilneck a su equipo para la confección de la iniciativa, que habilitaría finalmente la norma para que Fortescue avance en su inversión en Río Negro.
Esa empresa ha transmitido a la Nación y al gobierno rionegrino que no habrá mayores concreciones si previamente no hay ley de regulación. Obviamente, el grupo australiano prevé artículos de promoción a la actividad que beneficie su radicación.
El ex gobernador asumió plenamente esa tarea después del almuerzo en la Residencia de Olivos con el presidente Alberto Fernández y la gobernadora Arabela Carreras. Ese encuentro se concretó justo el martes posterior al perturbador fin de semana de la renuncia en Economía de Martín Guzmán y la designación de Silvina Batakis.
Desde hacía semanas, Carreras había solicitado esa audiencia para insistir con esa ley, pues advertía de los reparos internos en la presentación legislativa del anteproyecto del ex ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas.
En Olivos, el mandatario y los rionegrinos se fijaron metas y se definió que Weretilneck se ocuparía del proceso de la iniciativa, interactuando con el gobierno nacional y otros actores con el propósito del mayor consenso posible. Así, Carreras lograba un fuerte compromiso del ex gobernador con el plan de Hidrógeno Verde. Eso se detectó enseguida porque el senador puso a sus colaboradores en la inicial misión de recolectar documentación y buscar opiniones.
Weretilneck ya se había involucrado algo en la cuestión y disponía de información de Fortescue, incluyendo un encuentro con su representante latinoamericano, Agustín Pichot, que le dejó un punteado general de observaciones al anteproyecto de Kulfas y, además, algunas pretensiones puntuales de la empresa.
El inicial requerimiento del senador rionegrino a sus técnicos es que el proyecto de regulación y de promoción de Hidrógeno Verde se encuadre en similares características y beneficios de las otras actividades, desde los regímenes para la producción eólica y solar hasta el de la minería. Esos antecedentes definirán el lineamiento general para luego evaluar particularidades de esa industria, que -como siempre se repite- no tiene actualmente mercado y, en consecuencia, no hay precio de producción.
Se programó junio y agosto para reunir aportes y delinear una iniciativa consensuada. Weretilneck, entre otros trámites reunidos, posiciona un proyecto de ley de fines del año pasado del senador Martín Doñate que está enfocado en constituir “un régimen de investigación, el desarrollo, la producción y el uso del hidrógeno verde como alternativa energética”. La incorporación del parlamentario del FdT colaboraría al respaldo necesario del sector que lidera la vicepresidenta Cristina Fernández.
La elevación se estima para mediados de septiembre aunque su formal presentación no fue resuelta en la reunión de Fernández, Carreras y Weretilneck. Esa decisión dependerá seguramente del nivel de acuerdo legislativo logrado para concluir con el “autor”, es decir, si lo envía el Ejecutivo o parte de las bancadas, incluso por qué Cámaras ingresa.
La aprobación -según el plan en Olivos- se estima para antes de finalizar el 2022. Ese tiempo fue considerado razonable por la firma australiana.
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Cambio climático: Argentina pide fondos para financiar reformas

Fecha de Publicación: 19/07/2022
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Nacional


Silvina Batakis aseguró que es necesario cuidar a "los sectores más vulnerables" de la transición climática. El pedido fue ante el G20.
El Gobierno pidió ante el G20 fondos para poder financiar reformas contra el cambio climático. En esta línea, la ministra de Economía Silvina Batakis advirtió antes los representantes que "la pandemia nos ha demostrado que la recuperación y el crecimiento a largo plazo de nuestras economías no pueden darse a cualquier costo".
La funcionaria aprovechó ese encuentro virtual para plantear también la necesidad de obtener mejores condiciones para "financiar la transición climática" y proteger a los sectores más vulnerables.
Antes sus pares del G20 -que engloba a países desarrollados y economías emergentes-, la titular del Palacio de Hacienda dijo que es "esencial considerar los diferentes impactos de las transiciones hacia economías con bajas emisiones de gases de efecto invernadero".
Y también la necesidad de garantizar el acceso el "financiamiento a largo plazo y asequible para las economías de mercado emergentes y los países de renta baja".
Batakis recordó que el limitado espacio fiscal y la carga de la deuda externa en muchos países de renta media y baja pueden condicionar sus estrategias de desarrollo.
Y remarcó que "el pasaje debe ser justo, pero también inclusivo, asequible y sostenible, incorporando una perspectiva social, además de consideraciones macroeconómicas, fiscales, financieras y de balanza de pagos".
La ministra de Economía subrayó la necesidad de "reformar la arquitectura financiera internacional para permitir el desarrollo de mercados de capitales locales sostenibles".
Tras reunirse con su equipo de colaboradores, Batakis participó como oradora principal en una sesión donde los ministros de Finanzas y presidentes de Bancos Centrales del G20 abordaron cómo impulsar la agenda de finanzas sostenibles para fortalecer la recuperación y fomentar el crecimiento sostenible de la economía global.
También orientar y aprovechar estratégicamente las inversiones públicas y privadas para impulsar las transiciones hacia economías y sociedades más resilientes, sostenibles e inclusivas".
En palabras de la ministra, esto debería ser una prioridad para los países del G20.
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En Córdoba, se aplican más de 100 millones de agrotóxicos al año. El agronegocio convierte extensas áreas de bosques nativos en suelos contaminados

Fecha de Publicación: 19/07/2022
Fuente: biodiversidadla.org
Provincia/Región: Córdoba


“En la provincia se aplican 105 millones de litros de agrotóxicos al año, mientras que en todo el país la medida es de 600 millones de litros anuales”, explica Medardo Ávila Vázquez, uno de los fundadores de la Red Universitaria de Ambiente y Salud – Médicos de Pueblos Fumigados y pionero en visibilizar las consecuencias del modelo de producción ligado al uso de agrotóxicos.
Ya en el 2011, tras un estudio presentado por investigadoras del Conicet, se comprobó la presencia alarmante de agroquímicos y metales pesados en la cuenca del río Paraná. Los niveles de glifosato y de AMPA (metabolito en la degradación del glifosato) halladas en la cuenca cuadruplican las concentraciones que pueden encontrarse en un campo de soja. Misma cuenca con la que conectará el futuro acueducto Córdoba – Santa Fe.
Esta situación se da en simultáneo con el agua de consumo en la provincia de Buenos Aires. Allí, el agua de las capas subterráneas, de entre 40 y 60 metros de profundidad, se extrae con los agrotóxicos que se están aplicando en la superficie.

El silencio no es salud
Desde el año 2004 rige la Ley 9.164 de “Productos Químicos o Biológicos de Uso Agropecuario”. Esta norma prohíbe toda fumigación a menos de 1500 o 500 metros (según el producto) de zonas pobladas.
El glifosato está catalogado de clase III y puede ser aplicado sin ninguna restricción.
El 80% de las aplicaciones no quedan en el predio o en las plantas. Se pulveriza en el ambiente. “En Córdoba tenemos registros en 5 pueblos, donde tomamos muestras de agua de lluvia encontrando glifosato. La lluvia arrastra los agrotóxicos del aire y caen al suelo”, agrega el Dr. Avila Vazquez.

Un riesgo para la salud
Las consecuencias son inmediatas. Un grave impacto para la salud humana de la mano del incremento de enfermedades tales como el cáncer, problemas reproductivos, abortos, niños que nacen con malformaciones, problemas endocrinos como hipotiroidismo, Alzhéimer, esclerosis múltiple, entre otros.
Un estudio publicado por “International Journal of Clinical Medicine” demuestra que la mortalidad por cáncer en los pueblos agrícolas es la primera causa de muerte.
El informe verificó que en estos pueblos el cáncer es casi tres veces más frecuente. Alcanzando en algunos años a justificar la mitad (50%) de todos los decesos, cuando, desde hace 40 años esta enfermedad explica sólo una quinta parte de ellos (20%).
La provincia asiste en las últimas décadas a una radical transformación de su estructura productiva que ha impulsado profundas alteraciones ambientales. Y lo pagamos, entre otras cosas, con nuestra salud.
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En Neuquén, denunciaron penalmente a un grupo de hombres por cazar pumas

Fecha de Publicación: 18/07/2022
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Neuquén


La medida del Ministerio de Ambiente se tomó a partir de publicaciones en redes sociales. En algunas regiones la especie está disminuyendo debido a la “persecución directa”
Durante las últimas horas se viralizó en redes sociales un video donde un grupo de hombres cargaban cuatro pumas que ellos mismos habían cazado en la localidad de San Martín de los Andes, sitio en el que está prohibida la caza del felino, protegido como autóctono. A partir de una investigación, las autoridades locales lograron identificar a las personas, radicaron multas y denuncias penales.
Desde el Ministerio de Ambiente de la Nación, en tanto, se informó que los funcionaros ambientales de Neuquén decidieron labrar multas y denuncias penales por la caza ilegal de pumas “concolor”.
El caso surgió a partir de la difusión de un video grabado en la zona de Buta Ranquil, donde un grupo de hombres se filmaron caminando entre la nieve con los pumas cargados sobre sus hombros.
Desde la cartera ambiental repudiaron el hecho y se ofreció colaboración para evitar futuros ataques a la fauna silvestre autóctona. A partir de la investigación realizada, la Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiental de Neuquén se confirmó que el hecho ocurrió la semana pasada y en una zona donde está prohibida la caza.
Tras identificarse a los autores del delito, se los sancionó con multas y elevó una denuncia a la fiscalía ambiental. Si bien el puma es una especie generalista que se encuentra en gran parte del país, se advirtió que “existe información de que esta especie puede estar sufriendo retracciones en algunas regiones producto de la persecución directa y la expansión de la frontera agropecuaria”.
A su vez, desde el área provincial de Medio Ambiente se destacó que debido a que el puma tiene una gran capacidad de repoblamiento en algunos sectores, “en la última categorización se mantuvo la del puma como preocupación menor en la Argentina, aprobada por Resolución 316/2021″.
Si bien la prohibición de caza está establecido en diversas zonas, algunas jurisdicciones provinciales mantienen la práctica de caza para el control de las poblaciones frente a la amenaza para la ganadería ovina o caprina. En dichos casos el procedimiento requiere de una primera denuncia por parte del criancero, y luego, personal de fauna realiza los controles y se determina la autorización para la caza control.
Desde el Ministerio de Ambiente se repudió el hecho y, a su vez, destacaron que desde el organismo se promueve el cuidado de la fauna silvestre mediante distintas políticas públicas orientadas al bienestar y preservación de los animales autóctonos. Una de las acciones consiste en el desarrollo del Foro de Bienestar Ambiental, donde se promueve la participación federal para compartir experiencias y conocimientos que tienen por objetivo conservar la fauna.
La viralización del video generó todo tipo de reacciones y grupos ambientalistas de distintas localidades se manifestaron al respecto. En Mendoza, la Fundación Cullunche pidió que se haga justicia por el delito cometido y advirtieron que cuando se caza en cantidad, “los hacen pasar -a los cazadores- del otro lado de la frontera para que Río Negro les pague por puma muerto, donde lamentablemente todavía está permitida la caza de fauna silvestre”.
“Es inconcebible que se muestren de este modo con cuatro pumas muertos, es un hecho absolutamente repudiable y que atenta gravemente al medio ambiente”, sostuvo a MDZ Jennifer Ibarra, quien pidió que se investigue dado que las personas podrían haber sido pagadas para cometer el delito.
En Mendoza, el puma también está protegido debido a sus características. Desde la fundación se indicó que se trata del segundo animal más largo después del yaguareté “y forma parte de las diez especies de felinos que habitan en Argentina, de los cuales cinco están en Mendoza”. Por eso, la importancia de su conservación y preservación para el medio ambiente.
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Un fallo de la Corte que no se cumple

Fecha de Publicación: 18/07/2022
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Riachuelo


El 8 de julio de 2008, la Corte condenó al Estado nacional, la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires a recomponer el aire, los suelos y las aguas de la cuenca Matanza-Riachuelo para mejorar la calidad de vida de sus habitantes y prevenir daños futuros. Estableció, además, que la sentencia debía ser cumplida por la autoridad de la cuenca (Acumar), que había sido creada un año antes.
En los catorce años transcurridos se retiraron cascos de buques y se parquizaron las laderas más expuestas, pero la contaminación de las aguas y del aire se mantiene. Solo un 30 por ciento de los asentamientos en lugares precarios han sido relocalizados.
En las aguas persiste la pestilencia porque las normas de la Acumar simplemente mantuvieron la tolerancia de efluentes industrializados contaminados que venían rigiendo por décadas. Las descargas cloacales de AySA no están sujetas a las normas de la Acumar, y cuando se concluya el colector de la margen izquierda parte de esas aguas irán al Río de la Plata sin el debido tratamiento.
Aunque tiene competencia para hacerlo, la autoridad de la cuenca no puso límites a las emisiones de gases y partículas contaminantes. Solo estableció estándares de calidad del aire referidos a ocho contaminantes, pero el plomo no se mide, y para el benceno, el estándar no ha sido cuantificado.
La Corte también ordenó establecer un plan sanitario de emergencia. Apenas se presentó en 2019, y no vincula la contaminación con las enfermedades que produce ni recopila información sobre la situación sanitaria, como lo ordenó la Corte. El juez federal a cargo de la ejecución del fallo no dispuso los peritajes que se le requirieron. Cuando intervino el Cuerpo Médico Forense para actuar pidió la participación de la Universidad de Buenos Aires, información que tampoco se ha producido.
El Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa, consultados por la Corte sobre la marcha del proceso, en marzo de 2021, el primero, y en junio, el segundo, recomendaron modificar el procedimiento de ejecución porque es un “fallo estructural”, como los de los Estados Unidos para integrar en las escuelas alumnos de diferente origen étnico. La Corte no se ha pronunciado.
La Acumar produce informes trimestrales, en algunos casos bimestrales, sobre los mandatos de la sentencia, donde ilustra sobre procedimientos de gestiones y reuniones burocráticas, sin indicar si hubo cambio en la contaminación que existía en 2008. Los muestreos del agua superficial de la cuenca se publican masivamente en la página de la Acumar, pero no son regulares en los lugares ni en los intervalos ni en las sustancias que en cada caso se controlan.
El 1º de mayo último, La Nación informó sobre la multa de 82 millones de dólares que a requerimiento del Departamento de Justicia de Estados Unidos pagó una empresa de ese país por haber sobornado a funcionarios de México, Brasil y la Argentina para consentir la emisión de contaminantes en el tratamiento de residuos patogénicos. Los documentos del Departamento de Justicia fueron llevados al juez federal que interviene en la ejecución del fallo de la Corte.

Por Raúl Estrada Oyuela - Apoderado de la Asociación de Amigos de La Boca
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Por el avance del fuego en el Paraná, Santa Fe pedirá que intervenga la Justicia Federal

Fecha de Publicación: 16/07/2022
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Santa Fe - Entre Ríos


La constante aparición de focos de incendio en el delta del río aumenta la preocupación por el ambiente. El gobierno provincial pedirá que se investiguen las causas
Durante las últimas semanas, los focos de incendio en el Delta del río Paraná no pararon de expandirse. El fin de semana Rosario se vio invadida por una capa de humo que se mantuvo de manera permanente. Ahora, los Faros de Conservación detectaron numerosos focos de incendios. Frente a dicha situación, el Gobierno de Santa Fe acudirá a la Justicia Federal de Paraná para que inicie una investigación.
Bomberos Voluntarios y personal de Defensa Civil trabajan a contrarreloj debido al avance del fuego en el Delta. La situación resulta alarmante debido a que la problemática inició meses atrás y solo con los incendios de este fin de semana y el lunes, se detectaron más de 2.400 hectáreas.
El panorama no resulta alentador dado que el reporte trimestral de los Faros de Conservación, indicó que aumentaron las alertas emitidas. De 181 en mayo a 269 en junio, y 237 en lo que va de julio. Es decir, que se multiplicaron las incidencias de focos ígneos en Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires.
Por tal motivo, la ministra de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe, Erika Gonnet informó que hará una presentación ante el Juzgado Federal de Paraná para que se inicie una investigación en relación al origen de los focos ígneos.
La funcionaria aseguró que aportará datos como “la localización de los lugares donde están las quemas y que son de jurisdicción de Entre Ríos” y datos con “información georreferenciada”, según reflejó el portal Ciudadano Web. De ese modo, pedirá que se investiguen posibles quemas ilegales.
Más allá del pedido, Gonnet aseguró que mantiene una permanente interacción con el Gobierno de Entre Ríos, con quien “tenemos los faros de conservación”. De hecho, dicho sistema les permitió identificar que ya son más de dos mil las hectáreas que se están quemando frente al Gran Rosario. Es decir, un número que se suma a las 60 mil hectáreas que fueron afectadas en lo que va del año.
En los últimos meses, los incendios avanzan de manera constante y en distintos puntos del Delta del Paraná. Dicha situación más la bajante del río y la sequía en la zona, genera un daño grave al ecosistema de la región. De hecho, distintas organizaciones ambientalistas aseguran que se necesitarán varias décadas para recuperar la flora y fauna que la caracterizaba.
Más allá de que existen condiciones climatológicas y ambientales que hacen propensos los incendios, desde el Gobierno de Santa Fe se busca intensificar la investigación bajo la hipótesis de “si los dueños de tierras arrasadas son los mismos responsables de iniciar los focos con el fin de allanar el terreno para la cría de ganados”, informó Télam.
Más allá del pedido de investigación que el Gobierno hará a la Justicia Federal, el director del Observatorio Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Matías De Bueno planteó a medios locales que es necesaria la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación debido a la falta de soluciones a la permanente quema en los humedales.
A su vez, detalló que frente a los incendios existen dos líneas de trabajo; una vinculada a combatir el fuego y otra a las políticas ambientales para resolver el problema de fondo. De esa manera, el director remarcó la necesidad de una mayor intervención para proteger el medio ambiente.
En las zonas afectadas trabajan dos helicópteros, un avión hidrante y un avión observador, además los brigadistas sostienen el peligro que representan los focos de incendios y recomendaron a la población no acercarse para intentar apagarlos por cuenta propia.
Actualmente funciona las 24 horas el Sistema de Monitoreo y Alerta Temprana de Incendios del Ministerio de Ambiente de la Nación. El mismo está integrado por torres de entre 30 y 40 metros de altura con cámaras que detectan el humo y calor. Por medio de un software se detectan y localizan los focos de incendio, y dicha información es reenviada a las jurisdicciones correspondientes. De ese modo, se puede trabajar en una rápida extinción.
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Muere un puma al ser atropellado en Misiones dentro del Parque Nacional Iguazú

Fecha de Publicación: 16/07/2022
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Misiones


Ocurrió en la ruta nacional 101, a la altura del cruce con la ruta 12, dentro del Parque Nacional Iguazú, en un lugar donde la velocidad máxima permitida es de 40 kilómetros por hora.
Un puma macho adulto murió al ser atropellado por un vehículo en la ruta nacional 101, a la altura del cruce con la ruta 12, dentro del Parque Nacional Iguazú, en un lugar donde la velocidad máxima permitida es de 40 kilómetros por hora, por lo que representantes de Vida Silvestre pidieron respetar las normas de tránsito y extremar las precauciones al conducir en áreas protegidas.
“Lamentamos la pérdida de este individuo”, señaló a través de un comunicado Lucía Lazzari, coordinadora de paisajes terrestres de la Fundación Vida Silvestre Argentina y consideró que este hecho ocurrido ayer a la tarde “debe ser un punto de inflexión, y nos demuestra la urgencia necesaria para implementar acciones concretas y medidas para reducir al máximo el atropellamiento de fauna silvestre”.
“Lo que ocurrió representa un daño importante al ambiente, un animal silvestre más que se suma a yaguaretés, tapires, venados, osos meleros, y muchísimos más que son víctimas de una problemática que depende del respeto de las personas a las normas de tránsito”, apuntó.
Asimismo, la especialista remarcó que “la responsabilidad” de la muerte de este ejemplar de entre 45 y 50 kilos es “compartida y todos tenemos que ponerle un freno a esto”.
Según la organización ambientalista, el atropellamiento representa una “seria amenaza para la fauna de nuestro país, y los animales más perjudicados son los grandes depredadores como el yaguareté, ya que no solo los impacta directamente, sino que también se ven afectadas sus presas”.
En este marco, la organización aconsejó a quienes circulen dentro de áreas protegidas que la velocidad máxima es de 60 kilómetros por hora, norma que “debe ser respetada para resguardar el ambiente y por la seguridad de quienes viajan en los vehículos”.
“El receso invernal ya está dando muestras de un importante movimiento turístico en el país, lo que se traduce en mucho tránsito en las rutas, y en donde los atropellamientos de fauna se incrementan. Por ello es importante recordar la necesidad de respetar los límites de velocidad”, apuntó Lazzari.
Según un informe realizado por Vida Silvestre, en Misiones más de 5.000 animales mueren al año por esta problemática en rutas que atraviesan áreas protegidas.
“En los últimos años, los atropellamientos de animales silvestres toman notoriedad como una amenaza importante para la fauna de nuestro país”, aseguró Lazzari y agregó que “a pesar de las señalizaciones, el número del análisis que realizamos podría estar subestimado, ya que hay pocos registros de algunos grupos como anfibios, que son muy impactados, pero no son reportados”.
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Preocupa la deforestación por el agronegocio en Argentina

Fecha de Publicación: 15/07/2022
Fuente: TV Pública
Provincia/Región: Nacional


Argentina está entre los 10 países que más desmontaron en las últimas tres décadas: se estima que se perdieron cerca de 8 millones de hectáreas de bosques. Científicos del CONICET alertan por la destrucción de bosques nativos y cuentan a la expansión de la frontera agrícola como el principal factor.
Desde hace ya varios años la Argentina se encuentra en emergencia forestal. Y más allá de los números internos, el problema de la pérdida de bosques nativos en el país ya se expuso en el marco internacional.
El avance de la frontera agropecuaria aumenta la destrucción de bosques y los conflictos territoriales entre pueblos originarios y empresarios, los cuales compran fincas que, históricamente, pertenecen a territorio indígena y las deforestan, en su mayor parte para ganadería intensiva y cultivo de soja transgénica.
De acuerdo al monitoreo de la organización Greenpeace, durante la cuarentena en 2020, a pesar de que el desmonte es una actividad que estuvo suspendida durante el ASPO, en cuatro provincias del norte argentino fueron arrasadas casi 50 mil hectáreas de bosques.
En Salta se desmontaron 12.863 hectáreas, 19.673 en Santiago del Estero, 6.109 en Chaco y 10.011 en Formosa. Estas cuatro provincias concentran el 80% de la deforestación en Argentina.
La organización ambientalista aseguró que durante 2021 se deforestaron 110.180 hectáreas de bosques nativos en el norte argentino, superficie equivalente a cinco veces el tamaño de la Ciudad de Buenos Aires

“Pampeanización” y frontera agrícola
Con respecto a las causas de la deforestación, las principales son la expansión y la diversificación agropecuaria, en especial la agricultura y la ganadería intensivas. En menor medida, la agricultura de subsistencia, los incendios, el sobrepastoreo, el desarrollo de infraestructura y la sobreexplotación de los recursos forestales.
Nuestro país cuenta con 536.545 km² de bosques nativos, lo que representa el 19,2 % de nuestra superficie continental. Las provincias con mayor superficie de bosque nativo son Santiago del Estero, Salta, Chaco y Formosa correspondientes al Parque Chaqueño.
Muchos de los grandes productores agropecuarios no son de la región chaqueña: provienen de la región pampeana (Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe) y en algunos casos del exterior.
En vez de adaptarse a las limitaciones y las posibilidades que les brinda el ecosistema chaqueño para producir, deciden transformarlo, destruyéndolo.
Esta “pampeanización” del Gran Chaco se produce, fundamentalmente, porque el precio de una hectárea en el norte oscila entre los 300 y 500 dólares (con bosques), mientras que en la zona pampeana su valor ronda entre los 10 mil y 15 mil dólares.
La ampliación de la frontera agrícola y la cría intensiva de ganado, en detrimento de los bosques, deja tras de sí terrenos áridos y desérticos.
La Ley de Bosques es el principal instrumento de política publica del que se vale Argentina para conservar sus bosques. Antes de su sanción, se desmontaban a razón de 300.000 hectáreas por año. Ese número disminuyó en forma notoria durante los últimos tres años: 190.589 hectáreas en 2014; 157.947 hectáreas durante 2015; y 136.473 hectáreas en 2016. Con todo, Argentina permanece entre los diez países que más árboles talaron en el último cuarto de siglo, con 7,6 millones de hectáreas de bosques nativos. La misma superficie que toda República Checa.
Cabe recordar que la ley estableció tres áreas con criterios distintos de conservación. Se trata de las categorías: I (rojo), bosques nativos de alto valor de conservación, que no deben transformarse; II (amarillo), de mediano valor de conservación, con posibilidad de llevar a cabo aprovechamiento sostenible, turismo, recolección e investigación científica; y III (verde), de bajo valor de conservación, lo que permite su transformación parcial o total.
Sin embargo, Greenpeace destacó en su informe que, a pesar de la disminución de la deforestación, en 2019 un tercio de los desmontes se produjeron en bosques protegidos por la normativa nacional de bosques (clasificados en las Categorías I – Rojo y II – Amarillo), alcanzando las 27.704 hectáreas (Santiago del Estero 18.679 ha, Chaco 7.683 ha, Salta 1.326 ha, Formosa 16 ha). En estas cuatro provincias que enmarcan esta región, se habían perdido 112.766 hectáreas en 2018 y 172.639 hectáreas en 2017.
Los bosques son fundamentales para la regulación hídrica; la conservación de la biodiversidad, del suelo y de la calidad del agua; la fijación de carbono; la diversificación y belleza del paisaje, además de la defensa de la identidad cultural.
La deforestación, por su parte, ocasiona la pérdida de biodiversidad, la reducción en la capacidad de mitigar el cambio climático, genera cambios hidrológicos con mermas en la capacidad productiva de los suelos y aumento del riesgo de inundaciones; y en general la disminución en la provisión de servicios ecosistémicos a la sociedad.
Además, el modelo productivo que reemplaza al bosque por pasturas o cultivos anuales está vinculado con la pérdida de empleo rural, la concentración de la tierra y la migración de la población rural hacia los centros urbanos.
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Llevamos la hidrovía a la justicia para frenar la destrucción del Paraná

Fecha de Publicación: 15/07/2022
Fuente: biodiversidadla.org
Provincia/Región: Buenos Aires


“La Asociación Civil “Unidos por la Vida y el Ambiente” -UPVA- y la “Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas” interpusieron una Acción de Amparo Ambiental contra el Estado Nacional para que la justicia federal suspenda las obras de dragados ejecutadas y por ejecutarse en los pasos críticos de la Hidrovía Paraná Paraguay, especialmente en el denominado “Paso Las Hermanas y Paso abajo las Hermanas”, frente a la localidad de Ramallo (Pcia. de Buenos Aires).
“Resulta injustificable, y absolutamente contrario a derecho, realizar obras de estas características frente a la enorme crisis ecológica, climática e hídrica que atraviesa la cuenca de agua dulce más importante de nuestro país, sin contar con una Evaluación Ambiental Estratégica del mal llamado proyecto Hidrovía en el tramo Argentino de la cuenca”, sostuvo Enrique Viale, firmante de la acción en carácter de Presidente de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA).
Las organizaciones afirman que estas obras deben suspenderse urgentemente por ejecutarse sin la realización previa, oportuna y participativa de los estudios de impacto ambiental, conforme el procedimiento legal obligatorio, de toda iniciativa de cambio de trazas en pasos críticos del río Paraná, profundizaciones del calado, sobre-dragados y ensanchamientos del cauce de navegación. Por tal razón, solicitaron preventivamente una medida cautelar que ordene al estado Nacional, suspender toda intervención ingenieril y artificial de estas características sin Estudio de Impacto Ambiental puntual, hasta tanto se dicte sentencia conforme lo peticionado.
Los abogados patrocinantes de ambas organizaciones, Jorge Daneri, Lucas Micheloud y Fabian Maggi, sostienen que la presente acción es la traducción judicial de un conflicto socioambiental que lleva décadas y está caracterizado por la desambientalizacion y falta de controles estatales que tiene el proyecto de la Hidrovía.
Los cambios globales concretados en el río Paraná en las últimas décadas por el proyecto de la Hidrovía, en conjunto con los impactos climáticos e hidrológicos están desestabilizando todo el sistema de humedales, sitios de valor paleontológico y sus ecosistemas asociados en la región de la cuenca, pero también a las comunidades ribereñas, frente al acceso al agua de forma segura y adecuada.
En razón del cambio de traza realizado frente a Ramallo, ambas organizaciones solicitaron a la Justicia, disponga que no se concreten más este tipo de intervenciones en el río y sus valles de inundación, como cauce principal, sin cumplir con la aplicación y cumplimiento de las herramientas básicas de la democracia ambiental expuestas. A su vez, denunciaron que la auditoría contratada por la Administración General de Puertos a la empresa SERMAN S.A. no reviste la categoría de Estudio de Impacto Ambiental ni tiene una Declaración de Impacto Ambiental, además de representar un grave conflicto de interés.
Finalmente frente a la inexistente perspectiva de cuencas del proyecto HPP y la escandalosa mercantilización realizada sobre el río Paraná y sus reinos de vida que hace el complejo agroportuario y el sistema de navegación comercial, las organizaciones amparistas solicitaron a la Justicia Federal que adopte la línea jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en casos de gestión democrática de cuenca, y disponga en el marco de la licitación internacional en curso, un plazo preciso para que el Estado Nacional en conjunto con las provincias y con la debida participación ciudadana, conformen el “Comité de Cuenca del río Paraná”, la mayor deuda de la democracia ambiental aún incumplida, en el mayor río de la República.
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COFEMA y el Gobierno presentan un nuevo proyecto de Ley de Humedales

Fecha de Publicación: 14/07/2022
Fuente: InfoNews
Provincia/Región: Nacional


Este texto consensuado se trata de una propuesta elaborada sobre la base del proyecto de Ley de Presupuestos Mínimos de Humedales consolidado en la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de Diputados, con el aporte de distintas organizaciones y actores involucrados.
Un proyecto de Ley de Humedales fue consensuado hoy en una asamblea organizada por el Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema) celebrado en la sede del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. para ser presentado en el Congreso nacional.
Este texto consensuado se trata de una propuesta elaborada sobre la base del proyecto de Ley de Presupuestos Mínimos de Humedales consolidado en la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de Diputados, con el aporte de distintas organizaciones y actores involucrados, que logró un consenso amplio en el ámbito del Cofema para ser llevado al Congreso.
El titular de la cartera de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, señaló que "eso constituye un hito en la materia de trabajo colectivo, conjunto y esperamos que en el seno del Congreso nacional la discusión tenga una impronta federal".
En la reunión también se abordaron temáticas relacionadas con los avances en el manejo de fuego, proyectos de ley, como envases y bienestar animal.
Además se hizo un repaso de la implementación de la Ley Nacional de Educación Ambiental Integral, se detallaron resultados del proyecto especies exóticas invasoras y se dialogó sobre la distribución de los fondos de bosques y de la actualización del Inventario Nacional de Glaciares, precisó el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en un comunicado.
En relación al manejo de fuego se anunció desde la Nación que se destinarán $ 6.700 millones para los 24 distritos lo que permitirán hacer frente a la problemática, en forma de transferencias y equipamiento a asignar de acuerdo con los requerimientos de cada jurisdicción.
En este sentido, informaron que se equipará con medios aéreos propios al Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) en los próximos años, lo que permitirá ganar autonomía en la respuesta al combate de focos ígneos.
"Esperemos que este sea el puntapié para que todos los años este ejercicio contable y de presupuesto de la Nación contemple los 10 mil millones correspondiente al 2022", indicó Cabandie.
Por su parte, Sergio Federovisky, secretario de Control y Monitoreo Ambiental remarcó la importancia de los convenios para las compras de equipamiento y herramientas para las provincias.
"Lo mejor es que cada una de ellas pueda hacerse cargo de esa modalidad de compra" y añadió "pretendemos que las provincias tengan la autonomía para resolver cuáles son las necesidades que cada una tiene en particular", afirmó Federovisky.
El funcionario hizo referencia a las políticas destinadas al SNMF y remarcó que el acuerdo con el CAF - Banco de Desarrollo de América Latina, posibilite "un avance con la compra de medios aéreos", con la finalidad de que el servicio" tenga independencia respecto al alquiler de esos servicios.
En una misma línea, Beatriz Domingorena, secretaria de Política Ambiental en Recursos Naturales, se refirió al "consenso logrado" y "la construcción colectiva" sobre el proyecto de ley de humedales. "Vamos a sintetizar el trabajo en conjunto que venimos realizando. El camino que hemos transitado ha sido de mucha participación", destacó Domingorena.
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