Aunque hay una cautelar, la sucesión Patrón Costas desmonta Las Yungas en Salta

Fecha de Publicación: 18/11/2022
Fuente: Que Pasa Salta
Provincia/Región: Salta


En la zona quieren instalar un barrio privado, pese a que la Justicia tomó cartas en el asunto. Acusan que no se fiscaliza el avance de la obra.
"La Secretaría de Ambiente de la Provincia incumple la no fiscalización que efectivamente demuestra que los desmontes están frenados", afirmó Fernanda Guillén, abogada que patrocina a los vecinos que decidieron ir a la Justicia para frenar desmontes en las Yungas sanlorenceñas, que inició en diciembre del año pasado Los Maitines S.A. para construir un barrio privado.
Esta área se encuentra protegida por ser uno de los reservorios de especies vegetales más importantes del país, tiene una variada fauna autóctona que incluye algunos animales en peligro de extinción y es una fuente de recursos naturales renovables, además de ser reservorio de agua. Tras los desmontes que inició Los Maitines, vinculada a la familia Patrón Costas, para la caminería en un predio de 125 hectáreas ubicado entre el cerro Elefante y La Quebrada, los vecinos entraron en alerta sobre todo por la amenaza de quedarse sin agua, puesto que el desarrollo urbanístico tendría una toma de captación del líquido elemento del río Castellanos en la zona alta de San Lorenzo.
Por ello interpusieron un amparo ambiental y lograron que la jueza de primera instancia Civil y Comercial de Décima Nominación, María Guadalupe Villagrán, calificara la acción como un proceso colectivo puesto que los vecinos buscan "proteger la biodiversidad de las Yungas y la calidad y caudal del agua del río Castellanos". Los vecinos pusieron foco en los avales irregulares que consiguió Los Maitines, tanto de la Secretaría de Ambiente de la Provincia como de la Municipalidad de San Lorenzo, para iniciar la tala en una zona categorizada como Amarilla por el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) que no autoriza desmontes de bosques nativos clasificados en las Categorías I (rojo) y II (amarillo).
"El amparo ambiental pretende que se declare la nulidad de las resoluciones de la Secretaría de Ambiente y de la Municipalidad de San Lorenzo que aprueban el proyecto. Ambiente aprobó un plan de manejo sostenible cuando para una urbanización se tiene que aprobar un plan de cambio de uso de suelo.
La Municipalidad otorgó el Certificado de Aptitud Ambiental. Lo que es grave ya que se trata de una zona amarilla y en ambas resoluciones eso está reconocido", explicó Fernanda Guillén.
La abogada señaló que el proyecto urbanístico va en contra no sólo de la OTBN, sino de Constitución Nacional, el Acuerdo de Escazú y los principios protectorios del Derecho Ambiental. Así las cosas, el Juzgado Civil y Comercial de Décima Nominación, concedió una Medida Cautelar de No Innovar por la cual ordena el cese de todo acto o actividad que implique extracción de especies nativas en los inmuebles propiedad de Los Maitines S.A, en atención a la naturaleza de las obras y a la importancia del proyecto.
"Esto es complicado de fiscalizar, porque se libró un oficio a la Dirección de Fiscalización y Control de la Secretaría de Medioambiente y no se respondió. Se reiteró el oficio y tampoco respondieron. El 26 de octubre venció el plazo para responder el oficio", apuntó Guillén. Agregó, se solicitó la intervención para fiscalizar Ambiente "bajo apercibimiento de desobediencia judicial porque no está cumpliendo. Tiene que hacer informes cada 15 días con imágenes satelitales para que la jueza pueda verificar el cumplimiento de la medida. Y hasta ahora no hizo ni un informe", apuntó./ Nuevo Diario.
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Funcionarios, empresarios y dirigentes sociales a favor de una ley de envases

Fecha de Publicación: 17/11/2022
Fuente: Telam
Provincia/Región: Nacional


La iniciativa promueve una gestión ecológica de los envases en todo el país para reducir su impacto sobre el medio ambiente y sobre la población que se dedica a su reciclado.
Funcionarios, empresarios y dirigentes de la Federación de Cartoneros se expresaron a favor de que se apruebe una ley de Envases en la comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, que buscará avanzar en las próximas semanas en un dictamen sobre esta propuesta sobre reciclado con cuidado del medio ambiente.
El proyecto promovido desde el Gobierno promueve una gestión ecológica de los envases en todo el país para reducir su impacto sobre el medio ambiente y sobre la población que se dedica a su reciclado.
La discusión del proyecto de envases se realizó en una reunión de la comisión de Recursos Naturales que se extendió por espacio de dos horas y que fue conducida en forma conjunta por su presidente Leonardo Grosso (FDT) y el vicepresidente, el radical Martín Berhongaray.
Al comenzar a las 14.30 la reunión, el presidente de la comisión, Leonardo Grosso (FDT) dijo que el objetivo del encuentro es que los diputados tengan la visión de todos los sectores, funcionarios, empresarios y organizaciones sociales de cartoneros.
Tras la reunión informativa la inciativa se deberá tratar en un plenario de las comisiones de Recursos Naturales y de Presupuesto, para comenzar a armar un despacho donde se buscará que tenga consensos entre el FDT y los bloques opositores.
Uno de los puntos que ha generado el año pasado mayor discusión fue la creación de una tasa del 3% para aquellas empresas que no hagan sus propios procesos de reciclado, que generó una fuerte polémica entre el oficialismo y la oposición.
Sobre este punto,el viceministro de Medio Ambiente, Sergio Federovisky, propuso una modificación del proyecto para que "coexistan dos sistemas, uno privado con supervisión del Ministerio de Ambiente", donde se genere el sistema de reciclado, y otro "financiado con la recaudación de una tasa de parte de aquellos que no presenten sus propios sistemas de tratamiento".
Con esta reforma los empresarios que tengan su propio sistema de reciclado con inclusión social de los cartoneros no deberán pagar la tasa, y solo lo tendran que hacer aquellas empresas que optan que tenga su mecanismo de tratamiento.
Durante la reunión, la diputada oficialista, Natalia Zaracho, referente de los trabajadores de la economía popular, reclamó que se sancione esta ley y dijo que "la tasa del 3% queremos que vaya exclusivamente para generar conciencia ambiental y fortalecer los espacios que viene teniendo la tarea del reciclado".
Desde la oposición, la legisladora radical Dolores Martínez dijo que "es fundamental que esta discusión se realice en un plenario de comisiones para analizar todas las aristas del proyecto y se pueda aprobar una iniciativa que se aplicar" y recalcó que " estamos comprometidos con trabajar por una una ley de envases"
El debate fue abierto por el viceministro de Ambiente, Sergio Federovisky, quien aseguró que si "verdaderamente tenemos la vocación de poner en marcha una política pública permanente que sea generosa en materia de residuos tenemos que estar de acuerdo que tenemos que tener la ley de envases"
"La Argentina tiene un serio problema de derivación de residuos por circuitos incontrolados hacia basurales a cielo abierto, que da como resultado un país tapado de residuos", agregó.
El funcionario agregó que "la necesidad de una ley de envases es tal que sin su aprobación no se podrá reducir la importación del plástico pet para uso industrial ni van cesar los basurales a cielo abierto", y aseveró que en el debate del año "hubo malas interpretaciones" y señaló que le llamó la atención que tras haber explicado sobre el propósito de la tasa hayan calificado la misma de "impuesto extorsivo".
Juntos por el Cambio y otros bloques menores rechazaron la creación de una tasa ambiental, y señalaron que se trata de un nuevo impuesto y por eso motivo fracasó el tratamiento de esta iniciativa.
El funcionario dijo que "a lo largo de los años hemos conseguido poner en marcha ocho centros de tratamiento de recolección de residuos con sus respectivas plantas de separación, recuperación, transferencia y cierre de basurales a cielo abierto".
Federovisky también explicó una parte central del proyecto que es la administración de esos fondos que será a través de un fideicomiso administrado por el Banco Nación.
Según el texto, con lo recaudado por el pago de esa tasa se creará un fideicomiso, administrado por la banca pública que servirá para fortalecer los sistemas públicos de gestión de envases, promover la inclusión de las y los recicladores, impulsar la valorización de los envases y fomentar el desarrollo del ecodiseño, entre otros aspectos.
Por su parte, la directora Nacional de Economía Popular del Ministerio de Desarrollo Social, Maria Castillo, dijo que "tenemos registradas un total de 320 unidades productivas, eso nos está dando un total de aproximado de 150 mil cartoneros trabajando en esos lugares y ese proceso garantiza recuperar 10 toneladas de residuos reciclables en los lugares".
Claudio Terres, presidente de la comisión de Desarrollo Sustentable de la Unión Industrial Argentina, aseguró que desde esa entidad " apoya la ley de envases postconsumo y la ley responsabilidad extendida del productor. Es bueno que podamos avanzar en el análisis porque queremos la ley, no es una cuestión de que no sale porque nosotros la frenamos".
En tanto, Matias Matias Capolango de la Federación Argentina de Cartoneros de La Matanza, es "muy imporntantee para los compañeros que salta esta ley porque hoy la tasa la tasa ambiental la estamos pagando con la vida de los compañeros".
"Entendemos que esta ley es necesaria e importante para cambiar el día a día de nuestros compañeros y realizar en cada municipio un reciclado con inclusión social", agregó.
El presidente de la Cámara Argentina de Reciclado de Plastico, Jose Luis Picconi, afirmó que esta industria "ha reciclado unas 300 mil toneladas" y señaló que "cada 100 toneladas de plástico reciclado en el año es una persona trabajando en blanco en la industria recicladora
En ese marco señaló que tienen "3000 empleados en la industria reciclacora, unos 9000 en la mano de obra indrecta y unos 70 mil recuperadores"
A su vez, el referente de la Federación de Cooperativas de trabajo, Rodrigo Valdés, aseguró que "se debe debatir una ley de envases porque los recicladores y cartoneros hacen un trabajo para mejorar el medio ambiente, ya que sino estuviéramos nosotros la situación ambiental se desbordaría" y por eso "esta tasa viene ayudar a gestionar para ayudar a quienes gestionamos el reciclado".
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Movimiento campesino denunció el desmonte ilegal de territorios en un paraje jujeño

Fecha de Publicación: 17/11/2022
Fuente: Grupo La Provincia
Provincia/Región: Jujuy


El Movimiento Nacional Campesino Indígena en Jujuy (MNCI) denunció hoy el desmonte ilegal de diversas especies de árboles por parte de una empresa privada en el paraje Maíz Gordo, ubicado a 50 kilómetros de la localidad de Palma Sola y llamaron a defender los territorios de las familias nativas.
Los activistas se pronunciaron este lunes en contra del “robo descarado” de rollos de árboles como quina, cebil, quebracho, palo blanco, entre otros, los cuales fueron sacados del paraje Maíz Gordo, emplazado en el límite con la provincia de Salta.
Los pobladores aseguraron que “vieron salir del paraje tres camiones repletos de inmensos rollos de madera” por lo que refirieron que “para circular la empresa desmontadora tuvo que romper el candado de entrada al paraje campesino”.
La zona afectada es un paraje habitado por cuatro puestos rurales, “cada puesto incluye entre al menos cuatro familias que son poseedoras de los territorios desde el año 1935, nunca abandonaron la posesión, ni la posesión fue interrumpida”, precisaron los voceros en dialogo con Télam.
En ese marco desde el colectivo campesino recordaron que “no es la primera vez que sufren el robo de madera”, debido a que “ya en las décadas de los 70 y en los 90 sufrieron este tipo de saqueo”, aseveraron.
La denuncia de las familias afectadas recayó contra Daniel Gurrieri, alias “tacho”, por “sustracción de madera en peligro de extinción y de manera ilegal, porque usurpa terrenos privados para lograr su cometido”, completaron.
La investigación está a cargo de la Fiscalía Ambiental y Delegación Fiscal Nº 4, a cargo de Mariana Subelza, el Comando de Prevención Rural y Ambiental, a cargo del subinspector Miguel Oyarzu y el preventor subcomisario Pablo Montoya.
Los campesinos también declararon que se extendieron las denuncias hace poco más de semana, pero “hasta el momento no hubo ninguna reacción del Gobierno provincial que, está claro, creó la policía rural para perseguir a familias campesinas e indígenas, pero no para cuidar el monte ni los parajes campesinos”.
Más adelante manifestaron que en el campo se pudo “constar al menos 5 kilómetros de picadas dónde por lo menos dos máquinas desmontadoras rodean los troncos para cargarlos”, precisaron.
Los activistas remarcaron el pedido para “intentar frenar los desmontes en el territorio”, por lo que las familias de la zona se organizaron para hacer “guardias”, al tiempo que cambiaron el candado a un portón de acceso y carteles que da cuenta del repudio a los desmontes en el departamento jujeño Santa Bárbara.
Finalmente, las familias analizan continuar con “las denuncias iniciadas en la policía” local y se mantienen en alerta con sus asesores legales para realizar las presentaciones pertinentes en la Justicia ordinaria.
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Piden que el Sitio Ramsar Jaaukanigás sea declarado Parque Nacional

Fecha de Publicación: 16/11/2022
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Santa Fe


Fue solicitado por especialistas reunidos en el 3° Foro Nacional de los Humedales, en Villa Ocampo. La designación permitiría dotar a este humedal ubicado en el noreste provincial de mayor infraestructura. "Estamos provocando una extinción acelerada de muchas especies, y estoy seguro de que está en nuestras manos luchar para que eso termine. La forma es volver a integrarnos a la naturaleza y Jaaukanigás tiene esa idea", dijo el biólogo Alejandro Giraudo. La provincia avanza con el proyecto.
Especialistas del ambiente reunidos en el 3º Foro Nacional de los Humedales, que se desarrolló el 3 y 4 de noviembre en la ciudad de Villa Ocampo, plantearon la necesidad de que el Sitio Ramsar Jaaukanigás sea declarado Parque Nacional, para garantizar la preservación de su ambiente, a través de la infraestructura que se necesita para su cuidado.
Jaaukanigás, que en lengua abipona significa gente del agua, es un humedal ubicado en el río Paraná medio, al noreste de la provincia, en el Departamento General Obligado. Se trata de un complejo de cursos de agua, lagunas, estanques, pantanos de agua dulce permanentes y pastizales inundados estacionalmente, con una importante biodiversidad.
En octubre de 2001 el lugar fue declarado como Sitio Ramsar, lo que le dio la categoría de humedal de importancia internacional. Y en los últimos años, el gobierno provincial viene realizando estudios para avanzar en las gestiones y transformarlo en Parque Nacional. "Ya tenemos las propuestas que venimos trabajando hace varios meses junto a Parques Nacionales, el Foro y el Comité Intersectorial de Manejo (CIM)", dijo la ministra de Ambiente de la provincia, Erika Gonnet. "Se trabajó en un relevamiento del territorio desde Reconquista a Florencia".
El proyecto plantea la creación de un área de conservación de más de 150.000 hectáreas dentro del Sitio Ramsar Jaaukanigás (492.000 hectáreas totales), con tres núcleos de Parques Nacionales, ubicados en zona de Islas dentro de los Distritos de Reconquista, Villa Ocampo, Las Garzas, Florencia y El Rabón. La superficie comprendida entre estos Parques Nacionales será declarada bajo la categoría de "Reserva Hídrica Provincial" (Ley Provincial N°12.175) y contará con su Plan de Manejo donde quedarán establecidos los índices de conservación del área. Esta Reserva se encontraría delimitada al este por el Río Paraná y al oeste por el Arroyo Paraná Mini.
En los últimos meses, la ministra Gonnet le presentó este proyecto a los intendentes, legisladores y diferentes organismos involucrados. La idea del gobierno provincial es impulsarlo para que se sancione primero una ley en la Legislatura y luego otra en el Congreso. Ese es el camino que se debe transitar para la creación de un Parque Nacional.
Las 492.000 hectáreas que tiene Jaaukanigás están delimitadas al norte con el paralelo 28º -límite entre las provincias de Chaco y Santa Fe, y límite sur del sitio Ramsar Humedales Chaco-; al oeste con la Ruta Provincial 1 y la Ruta Nacional 11; al sur con el arroyo Malabrigo; y al este con el canal de navegación del río Paraná, límite entre las provincias de Corrientes y Santa Fe.

Diversidad de la vida
La fauna de este ambiente está compuesta por unas 699 especies, y la flora, por 882 plantas, según los registros de los especialistas. El objetivo es preservar esta biodiversidad conformada por el quebracho colorado, el guayacán, el mistol, el sacha poroto, el palo cruz, el algarrobo negro, el ambay, el ingá, el sangre de drago, el canelón, el timbó blanco y el colorado, y el ivirá-puitá. También se busca preservar al aguará guazú, el zorro de monte, el lobito de río, el puma, o el aguará popé. Al igual que el guazuncho, el tamanduá, el carpincho y el carayá.
Entre las aves que vuelan Jaaukanigás aparece el coscoroba, el pato picazo, el sirirí colorado, el sirirí cariblanco y el sirirí vientre negro; macáes, gaviotas, gaviotines, garzas incluyendo la rara garcita azul, cigüeñas como el yabirú o la americana, entre otros. Algunas de las rapaces diurnas más representativas son el águila negra, el aguilucho colorado, el aguilucho pampa o el carancho. Entre los pájaros más abundantes están el jilguero dorado, la cardenilla, el cardenal copete rojo o el pepitero gris.

Antecedentes
La idea de crear un Parque Nacional dentro de Jaaukanigás tiene ya varios años. Así lo testimonia una nota enviada por el CIM, del Sitio Ramsar Jaaukanigás a la Administración de Parques Nacionales y la Provincia de Santa Fe, solicitando su creación en las tierras fiscales de las islas, y su correspondiente protección con una infraestructura más efectiva.
"Fue un círculo virtuoso donde todos actuamos por el bien común: un desarrollo integral entre ciencia y sociedad mediados por la educación. En esa misma línea, hoy la vinculación con Aves Argentinas puede darnos un nuevo impulso", aseguró el biólogo investigador del Conicet, Alejandro Giraudo, que integra el CIM desde su creación.
Desde Aves Argentinas, Andrés Bosso, recordó que la provincia "ha dado un paso importante en la creación del Parque Nacional Islas de Santa Fe" y este proyecto "pondría otro potente mojón de conservación en el río Paraná".
"Somos la especie más racional que jamás pisó la tierra y estamos dotados de moral, es decir, podemos distinguir entre lo que está bien y lo que está mal. Sin embargo, estamos provocando una extinción acelerada de muchas especies. Esto es muy paradójico y estoy seguro que está en nuestras manos luchar para que eso termine. La forma es volver a integrarnos a la naturaleza y Jaaukanigás tiene esa idea", reflexionó Giraudo.
El Foro contó con la participación activa de agentes de entidades públicas y de la sociedad civil. Asistieron representantes del Ministerio de Ambiente de Santa Fe, Municipalidades de Villa Ocampo y de Florencia, Ministerio de Turismo de Corrientes, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial Sostenible de Chaco, Ministerio de Turismo de la Nación, Administración de Parques Nacionales, Comité Intersectorial de Manejo, Fundación Humedales, INALI CONICET, FICH y FHUC - UNL, Universidad Nacional de San Martín, INTA Reconquista, Museo de Arqueología de Reconquista, Aves Argentinas, Custodios del Territorio.
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La nueva gran apuesta minera de Rodolfo Suarez ya ingresó a la Legislatura

Fecha de Publicación: 16/11/2022
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Mendoza


El proyecto de Cerro Amarillo se presentó en el Senado durante la tarde de este viernes. El oficialismo confía en conseguir la ratificación por ley de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para avanzar con la exploración en el yacimiento de cobre de Malargüe.
Un día después de que el gobernador Rodolfo Suarez anunciara que enviaría a la Legislatura el proyecto minero Cerro Amarillo, la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para la exploración del yacimiento de cobre de Malargüe ingresó al Senado. En 2014 hubo un intento de avanzar con este emprendimiento pero no se obtuvo el aval legislativo. Sin embargo, el oficialismo confía en que ahora conseguirá sin dificultades el respaldo de ambas cámaras y planifica un debate sin acelerar tiempos para su votación.
La iniciativa que envió el Poder Ejecutivo en la tarde de este viernes a la Casa de las Leyes plantea concretamente la ratificación de la resolución conjunta de la Dirección de Minería y de la Dirección de Protección Ambiental, por cual se otorga la DIA al proyecto Cerro Amarillo.
Se trata de un requisito legal para cualquier proyecto de minería metalífera ya sea en las fases de cateos, prospección, exploración, explotación o industrialización, tal y como lo establecen las leyes 7722 y 5961.
“Es un proyecto del Ejecutivo porque la ley manda que sea así. Cuando se presenta un proyecto minero, se establece que tienen que presentar toda la documentación para la DIA en el Ejecutivo y cuando los organismos encargados emiten el dictamen, tiene que ser ratificado por la Legislatura”, explicó a MDZ la presidenta provisional del Senado, Natacha Eisenchlas.
Durante la gestión del gobernador peronista Francisco “Paco” Pérez se buscó el aval legislativo para Cerro Amarillo, pero el proyecto fue rechazado. El argumento que esgrimió la oposición radical de ese entonces fue que todavía no se había terminado el relevamiento de glaciares en las cercanías del yacimiento de cobre.
“Lo que trababa este proyecto era el inventario de glaciares ordenado por la Ley nacional 25643, que estuvo listo recién en 2018. Con esta información se ratifica que Cerro Amarillo no tiene interferencia con glaciares y por eso los inversores privados deciden seguir adelante con los procesos administrativos correspondientes”, manifestó este viernes el asesor ad honorem de la Subsecretaría de Energía y Minería, Emilio Guiñazú, quien a su vez es el titular de la empresa provincial minera PRC.
En tanto, desde el gobierno de Suarez enfatizan en que se trata de un proyecto que es compatible con la Ley 7722, es decir que prevé la utilización para la eventual explotación de ninguna de las sustancias prohibidas por esa norma, como es el caso del cianuro, el mercurio y el ácido sulfúrico.
Teniendo en cuenta que la propuesta ingresó recién este viernes por la tarde al Senado, todavía no se ha resuelto cómo será el recorrido que tendrá hasta su tratamiento en el recinto. Se espera que al inicio de la semana que viene se resuelva el giro a comisiones, las cuales podrían ser las de Ambiente y la Hidrocarburos, Minería y Energía.
En tanto, desde el oficialismo resaltan que no pretenden un tratamiento exprés para la iniciativa y que se votará cuando haya acuerdo. “No hay tiempos imperativos de que se vote antes de fin de año”, expresaron.
“La idea es que salga bien y que no haya dudas, que se entienda que es un paso importante para el desarrollo económico de la provincia, porque es un proyecto muy grande. Estamos tranquilos, porque no tiene ningún punto controversial. Cumple perfectamente con la Ley 7722 y es para una etapa de exploración, así que creemos que va a salir bien”, expresó la senadora radical Eisenchlas.
En este sentido, planteó que desde el Ejecutivo no han puesto ningún plazo perentorio para que sea tratado y advirtió que en todavía quedan pendientes varios proyectos para su votación en la Legislatura, como las leyes de Avalúo, Impositiva y Presupuesto 2023 en el Senado, el Mendoza Activa Eficiencia y la reciente Ley de Alfabetización que impulsó la DGE.
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Cáncer y agroquímicos, una relación que alarma en la Región Centro del país

Fecha de Publicación: 15/11/2022
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Nacional


Las seis universidades públicas de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos estudian la asociación entre la actividad agrícola, el arsénico en agua y la mortalidad por tumores.
El rol de las universidades no es solo producir y formar. También, por ejemplo, estudiar problemáticas de las sociedades en las que trabajan. La mortalidad por cáncer en la región Centro de Argentina –Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe– es de las más elevadas del país. Un grupo de investigadores de universidades públicas de las tres provincias se propuso demostrar que el dato está asociado a la actividad agroindustrial y la calidad del agua consumida. Las dos variables tienen una razón: mientras la primera está saturada de agroquímicos, la segunda presenta niveles de arsénico que la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera una amenaza. La conclusión fue inequívoca: a mayor superficie sembrada y mayor porcentaje de población expuesta a niveles tóxicos de arsénico, más altos son los índices de mortalidad por cáncer, sobre todo en los hombres.
“La Argentina tiene dos problemas históricos –explica Alejandro Oliva, médico e investigador de la Universidad Nacional de Rosario (UNR)–. Por un lado, desde el 2011 que no se publica información sobre el uso de agroquímicos; la única forma de poder valorar esos datos es analizando las superficies sembradas, lo que nos permite inferir la carga de agroquímicos. Por otro, seguimos impactados por los niveles de arsénico en agua; el código argentino permite aceptar como normal un máximo de 50 microgramos por litro para el consumo, pero la OMS estableció el valor recomendado en 10 microgramos por litro”.
Oliva forma parte de la Red Interuniversitaria en Ambiente y Salud de la Región Centro (Redinasce) creada en octubre del 2016 a través de un convenio entre los seis rectores de las universidades públicas de Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe con el fin de “intervenir en la interface Ambiente y Salud, desde la investigación, la docencia y la extensión”.
Junto a Leandro Duarte, médico especialista en Oncología Clínica; Florencia Delgado, licenciada en Sociología; Néstor Di Leo, ingeniero agrónomo y Sergio Montico, ingeniero agrónomo y doctor en Ingeniería, elaboraron los artículos «Análisis y tendencias de la mortalidad por cáncer en la Región Centro, 1992-2016», publicado en la Revista Argentina de Salud Pública en mayo del 2021 y «Mortalidad por cáncer, arsénico y nitratos en aguas de consumo y superficies sembradas en Argentina», publicado en la Revista Panamericana de la Salud Pública en agosto pasado. “Lo primero que hay que decir –aclara– es que se trata de estudios ecológicos, no demuestran causas sino asociaciones. Probar las causas implica otro modelo de estudio más caro y casi imposible en la Argentina”.

Sin acompañamiento
La investigación de la Redinasce, financiada por el Ministerio de Salud de la Nación y la UNR, analizó decenios de superficies sembradas totales (SST) y el porcentaje de población expuesta a niveles elevados de arsénico y nitratos en aguas de consumo en relación con las tasas de mortalidad total (TMT) y órgano-específica (TME): «se hallaron correlaciones positivas y significativas entre los dos primeros decenios de SST y el primer decenio de TMT, así como correlaciones con cáncer de pulmón, páncreas y colon en hombres; y con cáncer de colon en mujeres”. En tanto, “los niveles elevados de arsénico se asocian con las TMT en ambos sexos y en todos los decenios, aunque de manera específica con cáncer de pulmón en hombres”.
“La asociación entre las SST y las TMT y TME –concluyeron los investigadores– presentan mayor intensidad cuanto más cerca están entre ellas temporalmente, y expresan un mayor impacto de los cultivos más antiguos. La asociación entre las TMT y el consumo de aguas arsenicales, así como la hallada en TME de pulmón en hombres y colon en mujeres, muestran que esta exposición histórica es central para entender las condiciones epidemiológicas regionales”.
El 21 de octubre se convocó a reunión plenaria con las seis universidades para presentar los resultados de la investigación y realizar una propuesta concreta: la creación de un Observatorio Nacional que lleve adelante políticas de vigilancia y prevención en lo ambiental y la salud pública. Invitaron a representantes del Instituto Nacional del Cáncer y de las tres agencias provinciales de control del cáncer, pero ninguno concurrió. La jornada, entonces, se suspendió.
“Siempre fueron las comunidades –dice Oliva– las que llevaron adelante las transformaciones, pero si la gestión política no acompaña va a costar mucho”.
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La yaguareté Mbareté volvió a Corrientes con sus cachorros, fueron liberados en el Iberá

Fecha de Publicación: 15/11/2022
Fuente: EL Territorio
Provincia/Región: Corrientes


Las crías llevan al Iberá los genes de su padre, Qaramta, aumentando la diversidad genética de esa población incipiente. La lucha por frenar la extinción de la especie comienza a mostrar resultados.
Días atrás se completó una ambiciosa acción de conservación activa iniciada en marzo de este año, cuando la yaguareté correntina Mbareté, había sido llevada temporalmente al Parque Nacional El Impenetrable (Chaco) para aparearse con un yaguareté silvestre llamado Qaramta.
Producto de esa cruza nacieron -a mediados del mes pasado- dos cachorros que junto a su madre regresaron hoy a su hogar en el Parque Nacional Iberá, donde fueron liberados. Las crías llevan al Iberá los genes de su padre, Qaramta, aumentando la diversidad genética de esa población incipiente.
"Lo que se hizo con Mbareté y sus cachorros, que comprende la crianza en semicautiverio, la junta con un individuo silvestre y el traslado, es una acción extrema pero indispensable si queremos revertir la amenaza de extinción que pesa sobre la especie", afirmó Sebastián Di Martino, director de conservación de Fundación Rewilding Argentina, a cargo del proyecto.
Esta acción de manejo activo realizada en el marco de la estrategia de rewilding fue posible gracias a un trabajo en conjunto con las provincias de Chaco y de Corrientes y los Parques Nacionales Iberá y El Impenetrable, unidos para evitar la extinción de la especie.
Siendo el depredador tope, el yaguareté es una especie clave para garantizar la salud y el buen funcionamiento de los ecosistemas que habita. Los resultados del proyecto de reintroducción en los esteros del Iberá, iniciado en 2012, son contundentes: en los últimos dos años se logró pasar de cero a 12 yaguaretés libres en el humedal correntino.
Estos individuos se vienen desempeñando positivamente en su vida en completa libertad: se alimentan por sus propios medios y han llegado a reproducirse, haciendo que la población crezca favorablemente, se explicó en un comunicado.
"La población de esta especie desaparecida en Iberá hace más de 70 años por acciones humanas está renaciendo, y los resultados esperanzadores demuestran que estas acciones de manejo activo de fauna permiten restituir y enriquecer poblaciones de especies extintas o amenazadas localmente", analizó Di Martino, acotando que "desde la Fundación tenemos la visión para diseñar estas estrategias y equipos que implementan acciones audaces".
    
Antecedentes
El proyecto para reintroducir el yaguareté en Iberá, Corrientes, donde estaba extinto hace más de 70 años, comenzó en 2012 en un trabajo conjunto entre Tompkins Conservation, Fundación Rewilding Argentina y el gobierno de Corrientes con la construcción del Centro de Reintroducción de Yaguareté (CRY).
En 2019 se sumó la provincia del Chaco con esfuerzos para preservar la especie en el interfluvio Bermejo -Bermejito. Un año antes, en 2018, nacieron en el CRY las dos primeras cachorras, Arami y Mbareté; en 2021 los primeros individuos fueron liberados y hoy 12 yaguaretés viven libres en el Parque Iberá.
En 2021 en el Parque Nacional El Impenetrable, en el marco de un innovador proyecto para recuperar la especie, nacieron los yaguaretés Nala y Takajay, a los que se prevé liberar en un futuro cercano.
El yaguareté (Panthera onca) es el mayor felino del continente americano y está categorizado como en peligro crítico de extinción en Argentina, principalmente debido a la cacería, la disminución de la abundancia de sus presas y la destrucción y fragmentación de su hábitat. Con una población estimada en 200-250 individuos, la especie ocupa menos del 5% de su área de distribución histórica en Argentina.
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En 20 años, Argentina perdió 438 mil hectáreas de bosque primario húmedo

Fecha de Publicación: 14/11/2022
Fuente: Telam
Provincia/Región: Nacional


Entre 2001 y 2021, del total de la masa forestal talada en el país, el 80% fue consecuencia directa de la industria de materias primas, incendios forestales, agricultura itineraria y urbanización, según un informe. Cómo afecta el desmonte a las comunidades del norte argentino, la zona más desprotegida.   
Las zonas deforestadas en la Argentina se incrementaron sustancialmente en los últimos 20 años y la desaparición de gran parte del área boscosa, sin intención de nuevas plantaciones, engrosa la lista de factores que profundizan la crisis climática: desde 2001 hasta 2021, el 80% de la masa forestal local eliminada estuvo directamente vinculada con los sectores dominantes que responden a la deforestación, según relevó la plataforma de monitoreo de bosques Global Forest Watch.
Durante ese período, el país perdió 438 mil hectáreas de bosque primario húmedo, lo que representa el 7% de la pérdida total de cobertura arbórea y una disminución de esa flora nativa del 9,9%.

Un castigo a nuestra tierra
Entre las actividades que generaron mayor índice de pérdida forestal en el país, la deforestación asociada a la obtención de materias primas -postes de luz, tanino, durmientes o carbón- encabezó la lista, con 151 mil hectáreas menos en 2021 que en 2001. Le siguieron la agricultura itinerante, que dejó en ese mismo año un saldo de 25 mil hectáreas taladas de las 200 mil que hubo en total, según informó el organismo.
"Muchas zonas desmontadas después terminan siendo suelos inútiles al cabo de los años, por la salinización y la contaminación con agrotóxicos. Los wichí les llaman 'campos vencidos', son suelos que hacen más frecuentes las inundaciones porque ya no absorben las lluvias y, en verano, el efecto espejo contribuye al calentamiento", lamentó en diálogo con Télam Noemí Cruz, responsable del área de bosques de Greenpeace.
"Cuando la materia prima es sólo para carbón, tanino, postes de luz o durmientes para la utilización en las vías férreas, se hace sobrexplotación. Eso se denomina 'erosión de bosques'; se extrae madera y se empobrece y degrada todo le suelo de la zona boscosa", advirtió Cruz, y denunció: "El 85% de un ecosistema único como el quebrachal del Bosque de Tres Quebrachos -al sur de Chaco- fue destruido".
Fuentes del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible señalaron en diálogo con Télam que "la deforestación registrada se debe a desmontes ilegales o prácticas de transformación excesivas por parte de productores ganaderos en sistemas silvopastoriles, además de los incendios", que suceden con frecuencia en los bosques de categoría I y II, los más preservados.
Para dar respuesta a esta problemática, entre la cartera de Ambiente y el Ministerio de Agricultura, Gandería y Pesca, se creó en 2022 el Plan Nacional de Manejo de Bosques con Ganadería Integrada (MBGI), que busca transformar esas prácticas silvopastoriles en modelos foresto-ganaderos para "asegurar la continuidad de la estructura y función de los bosques nativos", explicaron desde la entidad.
"El MBGI busca abordar el problema de la pérdida de bosques regulando las intervenciones en bosques nativos para poder arribar a modelos de producción libres de deforestación, forma parte de los lineamientos técnicos estratégicos de la Ley Bosques", reforzaron las fuentes oficiales.
El estudio evidenció además que Argentina perdió 6,32 millones de hectáreas de cobertura arbórea, lo que representa un 16% menos de su totalidad, y generó como consecuencia la emisión de 1,4 gigatoneladas de carbono a la atmósfera.
En 2008, por ejemplo, se midió una deforestación récord: hubo un total de 588 mil hectáreas podadas, de las cuales 491 mil fueron utilizadas para materias primas. ¿Qué consecuencias generó este desmonte? Cruz advirtió que los pueblos que habitan en la cercanía de las zonas deforestadas "pasan a ser desalojados, son parias en zonas urbanas, sin posibilidades de subsistencia conforme su cultura”.
Además, la masiva deforestación provoca la pérdida de biodiversidad y servicios ecosistémicos, también en la productividad de los suelos, cambios en los llamados "ciclos hidrológicos" -que facilita las inundaciones-, y pérdida en la capacidad de fijar carbono, que termina expulsado a la capa de ozono y contribuye al avance del calentamiento global.
Sobre el dosel arbóreo en Argentina -el ecosistema que se forma por debajo y entre las copas de los árboles-, en ese mismo período las cinco provincias que registraron mayor pérdida fueron Santiago del Estero, con 1,90 millones de hectáreas; seguida por Salta, con 1,39 Mha; Chaco, con 878 Mha; Formosa, con 693 Mha; y Misiones, con 533 Mha.
El 52% del total de la pérdida de la cobertura arbórea en del país corresponde solo a la suma de las dos primeras provincias que encabezan esa lista.
Además, el 87% de la pérdida de bosques nativos corresponde a esa región del parque chaqueño, principalmente Santiago del Estero (28%), Salta (21%), Chaco (14%) y Formosa (13%). El total del área constituye el segundo foco de deforestación de Sudamérica, después del Amazonas.
Actualmente, la plataforma registró que sólo en seis días -el período que va del 6 al 13 de octubre de 2022- se registraron 163.693 alertas de deforestación local, lo que abarca un área de 1,81 mil hectáreas que se encuentran en proceso de ser taladas para diferentes actividades, entre ellas, la industria agropecuaria (mayormente), la agricultura y ganadería intensivas.
De modo que, si bien toda actividad forestal que se ejecuta dentro del territorio argentino debería estar estrictamente controlada bajo el marco regulatorio de la Ley de Bosques -la 23.331-, Cruz aseguró que “en el norte, lamentablemente, no hay recomposición de los bosques destruidos ilegalmente”.
Incluso, refuerza, “hemos presenciado desmontes en lugares de Salta, como El Arenal, y en Chaco, cerca de Misión Nueva Pompeya, donde el monte había empezado a volver después de ser arrasado y en menos de diez años se le volvió a pasar la topadora”.

La Ley de Bosques
El aprovechamiento indiscriminado de los recursos naturales de los bosques primarios llevó a que en 2007 se discutiera un marco legal que garantizara la protección de los bosques y los clasificara según su valor de conservación. La resolución de la ley, que se implementó en 2009, estableció un presupuesto mínimo para la protección ambiental y el manejo sostenible de esas zonas.
Sobre eso, Cruz alertó que en las zonas donde ella trabaja -Salta, Chaco, Santiago del Estero y Formosa- “hay bosques muy amenazados, principalmente habitados por campesino e indígenas que no tienen el reconocimiento de la tierra y, con lo cual, no son destinatarios de esos fondos y no perciben las mejoras económicas locales”.
En ese sentido, desde el Ministerio respondieron que junto con la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO por sus siglas en inglés) elaboraron un Proyecto de Pagos Basados en Resultados (PBR) por el cual Argentina recibió un financiamiento de USD82 millones en concepto de pago por reducción de emisiones forestales por la disminución de la deforestación.
Este financiamiento tiene una duración de seis años a partir del 2022 y está destinado a la implementación de modelos de gestión forestal libres de deforestación que contemplen, a su vez, la participación social en la planificación y el uso sostenible de los bosques como factor de desarrollo de las economías regionales.
Este programa incluye, además, "actividades que prevén la inclusión social con especial atención a comunidades indígenas y campesinas para promover el arraigo, la perspectiva de género; la producción de conocimiento y trasferencia y la mejora permanente de instrumentos de monitoreo y control como el Sistema de Alerta Temprana de Deforestación", aseguraron desde la cartera ambiental.
En total, existen en Argentina 34,3 millones de hectáreas de superficie forestal, de las cuales 33,1 millones pertenecen a monte nativo, mientras que solo 1,2 millones están compuestos por monte implantado.
Sobre ese caudal de territorio, la ley jerarquizó los bosques según el valor de conservación y la dificultad para mantenerlo activo:
Categoría 1 - Rojo: Sectores de muy alto valor de conservación que no deben transformarse ni ser sujetos a aprovechamiento forestal. Pueden realizarse actividades que no alteren sus atributos de conservación.
Categoría 2 -Amarillo: Sectores de mediano valor de conservación, que no deben desmontarse. Podrán ser sometidos a aprovechamiento sostenible, turismo, recolección e investigación científica.
Categoría 3 - Verde: Sectores de bajo valor de conservación que pueden transformarse parcialmente o en su totalidad.
Las mediciones llevadas adelante por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, indicaron en un informe titulado “Causas e impactos de la deforestación de los bosques nativos de Argentina y propuestas de desarrollo alternativas”, que entre el período que va desde 2008 al 2018, el 47,2% de la deforestación correspondió a desmontes autorizados dentro de la categoría 3, mientras que el 52,8% restante se produjo en las categorías 1 y 2, es decir, en áreas que la ley prohíbe.
Por otra parte, están los incendios: en Argentina, la época donde se registran mayores focos ígneos es a principios de agosto. Entonces, los organismos especializados se encargan de difundir información para evitar el inicio de éstos y dar a conocer las multas para quienes los generan adrede.
Estas alarmas rigen con frecuencia y en el período que va del 1 de noviembre de 2021 hasta el 24 de octubre del 2022, se registraron 14.590 alertas si sólo se toman en cuentas aquellas que son de "alta confianza".
Por su parte, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, midió que este fenómeno se dio fundamentalmente en las regiones Espinal y Monte -San Luis, La Pampa y Río Negro-, en donde más del 95% de las pérdidas de bosque nativo fueron causadas por incendios en los años 2017 y 2018.
Asimismo, en la región del Bosque Andino Patagónico, se identificaron 64.340 hectáreas de pérdida de bosque nativo entre 2001 y 2017 por incendios forestales, representando el 84% de las pérdidas registradas.
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Cuadro comparativo entre los proyectos de Ley de Humedales con dictamen de minoría y de mayoría

Fecha de Publicación: 14/11/2022
Fuente: Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas
Provincia/Región: Nacional


Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas realizamos el siguiente cuadro comparativo entre los dictámenes de minoría, del proyecto presentado por el Diputado Leonardo Grosso, y el dictamen de mayoría del Diputado Maxi Ferraro.
COMPARATIVO ENTRE LOS DICTAMENES DE MINORÍA (DIP. LEONARDO GROSSO) CON EL DICTAMEN DE MAYORÍA (DIP. MAXI FERRARO)

• OBJETO
El dictamen de mayoría no reconoce, en el objeto de la ley, el valor intrínseco de los humedales, ni el resguardo para su integridad ecológica para asegurar los servicios ecosistémicos que éstos brindan.

• OBJETIVOS
Los objetivos de la ley son notoriamente más amplios y protectores en el dictamen de minoría.
Por ejemplo, entre muchos otros, el dictamen de minoría contempla aplicar el principio de no regresión en materia ambiental y, en caso de controversias, resguardar los principios in dubio pro aqua e in dubio pro natura, en favor de la protección de los humedales.
También el dictamen de minoría establece como objetivo de la ley “valorar, reconocer y apoyar los medios de vida y producción, tradicionales y de la economía popular, que en un marco de respeto y conocimiento de su entorno se realicen de forma racional y sustentable.”

• DEFINICIONES
Las definiciones del proyecto de minoría son más amplias, y más protectoras, que el proyecto de mayoría.

• OBJETIVOS PARA EL INVENTARIO (INH)
El único que tiene objetivos específicos para el Invetario Nacional de Humedales (INH) es el dictamen de minoría.

• PLAZOS PARA REALIZAR EL ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO (OAT)
El proyecto de minoría establece que el proceso de Ordenamiento Ambiental del Territorio (OAT) debe incorporarse en un plazo máximo de 2 años desde la sanción de la ley.
El de mayoría de 1 año desde la publicación del inventario, es decir 4 años desde la sanción de la ley (3+1)

• PRINCIPIOS
El de minoría dispone la aplicación de los siguientes principios: Participación, Co-construcción del conocimiento, Equidad territorial y social, Perspectiva del paisaje, Progresividad, Variabilidad espacio-temporal de los humedales, Principio in dubio pro natura, Principio in dubio pro aqua, Principio de no regresión, Resguardo jurídico ambiental.
Mientras que el de mayoría los omite.

• MONITOREO DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE HUMEDALES (OTH)
Sólo el proyecto de minoría establece un Monitoreo, actualización y participación ciudadana en el Ordenamiento Territorial de Humedales.

• TRANSICIÓN
El dictamen de minoría establece que en el tiempo entre la sanción de la ley y la inclusión de los humedales en el OAT, todas las nuevas actividades (o ampliación de existentes) deberán realizar una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) previa que deberán cumplir con las previsiones de la Ley (muy importante esto) y las normas locales.
En cambio, el dictamen de mayoría, en el mismo periodo hasta que se apruebe el OTH, permite “cambios en el uso del suelo o la ampliación de las actividades existentes en humedales plenamente reconocidos cuando la Autoridad Competente determine que no se verán afectadas significativamente sus características ecológicas.” Dejando así una gran discrecionalidad, además de exigir que sean “plenamente reconocidos”.

• EXIGENCIAS DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA)
Son mas amplias las exigencias de la EIA en el despacho de minoría que establece que “deberá considerar en todas sus etapas las características e integridad ecológica de los mismos, así como su valor intrínseco y los criterios de manejo racional y uso sustentable que como aplicación de la presente surjan, incorporando el análisis a escala de paisaje y/o regional, a fin de considerar la interdependencia con otros ambientes y posibles impactos acumulativos”.
Pero lo que es fundamental que el proyecto de minoría (y el de mayoría omite) es obligar, expresa y taxativamente, a una EIA previa en el caso de:
f) La construcción de pólders, terraplenes, bordos, albardones o estructuras similares que modifiquen la libre circulación del agua;
g) La construcción de represas o endicamientos de cualquier escala;
c) El movimiento de suelos cualquiera sea su fin;
h) El volcamiento de efluentes, desechos, desperdicios o cualquier otro elemento o sustancia extraños al humedal que pueda resultar contaminante o que modifique sus parámetros estructurales o de funcionamiento;
k) La introducción de especies exóticas -no nativas- con cualquier fin ya sea recreativo, productivo, deportivo, etc.;
l) Las actividades que impliquen monocultivos, cultivos intensivos y/o agricultura industrial.
n) El cambio de uso del suelo;
p) La exploración y explotación minera, hidrocarburífera y la presencia de reservas para fracking.
La mayoría de estas actividades actualmente se realizan sin una EIA previa.

• EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA) PREVIA A FUMIGACIONES
Solo el dictamen de minoría establece la obligación de realizar una EIA previa de fumigaciones aéreas o terrestres. Esto es muy importante y sería un avance significativo ya que actualmente no existe esta obligación. Esto es omitido en el dictamen de mayoría.

• OBLIGACIÓN DE RESTAURACIÓN DE ÁREAS DEGRADAS
El Dictamen de minoría obliga a la restauración de las áreas degradas (estableciendo, además, prioridades en territorio indígena, agricultores familiares, comunidades locales y Cambio Climático) y el de Mayoría solo establece un “apoyo” de la autoridad nacional.

• PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVACIÓN DE HUMEDALES
El de Minoría crea el Programa Nacional de Conservación de Humedales, con un capítulo específico.
El de Mayoría no tiene nada al respecto.

• COMITÉ O CONSEJO
El proyecto de Mayoría incorpora en el Comité Nacional de Humedales, entre otros, al Consejo Federal de Minería, el INTA, el Consejo Federal Agropecuario y elimina a los sindicatos. El de minoría crea un Consejo que le da más importancia a la sociedad civil (organizaciones sociales, ambientales e indígenas)

• AUTORIDAD DE APLICACIÓN
El proyecto de mayoría pone, insólitamente, como autoridad de aplicación –junto al MAyDS a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.

• RESPONSABILIDAD SOLIDARIA
Solo el proyecto de Minoría establece la “responsabilidad solidaria”, en caso de daño ambiental, de empresas o personas que suscriban estudios con datos omitidos o falsos.

EN CONCLUSIÓN EL DICTAMEN DE MAYORÍA ES MUY REGRESIVO EN COMPARACIÓN AL DE MINORÍA
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Ley de Humedales: Juntos por el Cambio impuso su proyecto como dictamen de mayoría

Fecha de Publicación: 12/11/2022
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional


Gracias a que un grupo de diputados del Frente de Todos de provincias con actividad minera decidieron no votar, el interbloque de Juntos por el Cambio consiguió que su proyecto de Ley de Humedales sea aprobado como dictamen de mayoría, en un plenario de las comisiones de recursos naturales, presupuesto y agricultura de la Cámara de Diputados. Esa propuesta, originalmente presentada por legisladores de la UCR y la CC, sumó 57 firmas a favor, mientras que el FdT consiguió 47 adhesiones a su despacho de minoría.
Pese al resultado, el titular de la bancada oficialista, Germán Martínez, se mostró optimista: "Los dos dictámenes que estamos tratando van a marcar la vocación, no unánime pero sí ampliamente mayoritaria, de que tengamos una Ley de Humedales en la Argentina”.
El plenario duró más de dos horas y fue acompañado, desde afuera del Congreso, por organizaciones ambientalistas que impulsan el proyecto que quedó en minoría, referenciado en Leonardo Grosso (FdT), presidente de la Comisión de Recursos Naturales. La sanción de la ley que viene siendo postergada por el lobby de las corporaciones ligadas a la minería. Proyectos previos lograron ser aprobados en el Senado (en 2013 y 2016), pero nunca en Diputados. El debate sobre la protección de los humedales se reinstaló con fuerza ante las constantes quemas en el Delta del Paraná.
“Esta discusión ya tiene más de diez años”, recordó al inicio de la reunión Florencia Lampreabe (FdT), quien pidió “dar un mensaje claro a la sociedad”. La diputada apuntó que los representantes de la Cámara de Empresarios Mineros “mienten” y “hacen decir a la ley lo que la ley no dice”, porque “no pueden sostener dónde dice la ley que es antiproductiva. Simplemente vienen a oponerse”. La legisladora bonaerense destacó la importancia de los humedales como "reguladores hídricos" y "amortiguadores del cambio climático". Planteó que la ley en discusión es "una herramienta que amplía las capacidades del Estado para intervenir en nuestro vasto territorio... No prohíbe la producción, lo que da es un piso de criterios para poder proteger los humedales y planificar esa política productiva”.
El primero en hablar por JxC fue Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica. Buscó “desterrar algunos supuestos o mentiras" sobre la postura de JxC en el debate y advirtió: “Es mentira que no queremos una ley de humedales”. Aseguró que el dictamen unificado elaborado por el espacio refleja "un compromiso con respecto a la defensa del medioambiente, la agenda contra el cambio climático compatible con la producción y el desarrollo sostenible”. Marcó que la propuesta opositora se dirige a "brindar previsibilidad y seguridad jurídica a todos los sectores involucrados".
Luego defendió la propuesta opositora el radical Ricardo Buryaile, presidente de la Comisión de Agricultura: "Este es un proyecto consensuado y tiene tres patas: la social, la económica y la ambiental y debe haber un equilibrio para que pueda funcionar”, dijo.
Desde la izquierda, Romina del Plá se quejó por el accionar de las dos bancadas mayoritarias, porque “se están tratando y firmando dictámenes de los que desconocemos el carácter general de su alcance, como lo desconocen los principales afectados y afectadas”. Para la diputada del FIT, “acá el único lobby que hay es el de las grandes empresas que están condicionando los textos" y apuntó contra "el condicionamiento de gobernadores y diputados que tienen relación con estas empresas”.
Por Identidad Bonaerense, Graciela Camaño advirtió que "la aceleración del deterioro ambiental nos lleva a que tengamos que discutir estas cosas y que sean las más importantes, porque son las que van a hablar de la supervivencia del planeta tierra o por lo menos del humano”.
Finalmente, el proyecto de JxC --que supone un mayor énfasis en evitar restricciones a la actividad productiva-- sumó el apoyo del bloque Córdoba Federal y consiguió la firma de 57 legisladores, por lo que se impuso como dictamen de mayoría, es decir, será el primero en ser tratado en el recinto.
La iniciativa del oficialismo contó con el respaldo de los legisladores del socialismo santafesino y de Identidad Bonaerense, por lo que llegó a 47 firmas. La diferencia a favor de la oposición devino de la postura asumida por una decena de diputados del FdT de provincias donde la minería es fuerte, quienes resolvieron no firmar ningún dictamen: entre ellos, el riojano Sergio Casas, la catamarqueña Silvana Ginocchio, la salteña Pamela Caletti, el santiagueño Daniel Brué, la sanjuanina Ana Aubone, la formoseña María Parola y la mendocina Liliana Paponet.
De todos modos, Leonardo Grosso, al igual que Martínez, celebró el avance en el tratamiento de una ley. “Logramos por primera vez sortear las presiones para que el tema no se trate en Diputados”, dijo el legislador oficialista. Detalló que los dos dictámenes tienen “cosas muy parecidas” y consideó: “Estamos a tiempo de cumplir con el compromiso con el pueblo que nos reclama darle media sanción a la Ley de Humedales este año en Diputados. Tenemos un amplio acuerdo para sancionarla, solo tenemos que resolver los diferencias, el articulado. Eso tenemos que hacer, nada termina acá”. Tras la prórroga de las sesiones ordinarias, hay tiempo hasta fin de años.
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COP27: Argentina pide a los países desarrollados que paguen por el impacto climático y plantea el canje de deuda externa por acciones climáticas

Fecha de Publicación: 12/11/2022
Fuente: Portal eldiarioar.com
Provincia/Región: Nacional


El tema central de la Cumbre del Clima en Egipto es si los estados más contaminantes están dispuestos a aportar cientos de millones de dólares para reparar el daño ambiental. La delegación argentina, sin el ministro del área, planteó su posición. El reclamo de la CELAC es que los países desarrollados cumplan retroactivamente con sus compromisos de ayuda a América Latina y aporten 600 mil millones de dólares hasta 2024.
¿Están los países desarrollados dispuestos a aportar los cientos de miles de millones de dólares que necesita América Latina para adaptarse al impacto del cambio climático y transformar sus  economías? Esa es la pregunta que la Argentina y otros países de la región vinieron a hacer hasta Sharm El Sheikh, a orillas del Mar Rojo. Este balneario egipcio, acostumbrado a recibir turismo de alto poder adquisitivo del hemisferio norte, es en estos días sede del fantástico show en que se han convertido las Conferencias anuales de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que se realizan desde 1995. Más de 33.000 personas están acreditadas para este encuentro, dueño de una interminable lista de actividades diarias durante dos semanas, en el que vienen a mostrarse gobiernos, empresas y organizaciones de casi 200 países.
“No venimos a pedir limosna; venimos a posicionarnos como un bloque que exige el cumplimiento de los compromisos de financiación climática de acuerdo con el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas”, dijo a elDiarioAR Corina Lehmann, Directora de Asuntos Ambientales de la Cancillería, una de las referencias de la delegación argentina. La premisa que ella menciona, que figura en todos los instrumentos internacionales desde 1992, establece que los países desarrollados, principales responsables del cambio climático, deben liderar la lucha contra la crisis ambiental global.
 Las naciones ricas no cumplieron el compromiso escrito en 2015 en el Acuerdo de París, de aportar 100.000 millones de dólares anuales para acción climática, pero hoy Lehmann aseguró que ya no alcanzaría con esa cifra. “Distintos estudios ya nos muestran que hacen falta trillones de dólares” para el llamado Sur Global, aseguró la funcionaria en uno de los transitados pasillos del enorme Centro de Convenciones egipcio.
Pese que, a diferencia del año pasado en Glasgow, no vino aquí el presidente Alberto Fernández y ni siquiera asiste el ministro de Ambiente, Juan Cabandié, Argentina hizo el miércoles un intento de mostrar liderazgo regional en el reclamo financiero a los países ricos.
Fue cuando encabezó la presentación de un documento que lleva la firma de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), en un acto marcado por la informalidad, en el que participaron funcionarios de Chile, Colombia, Paraguay, Bolivia, Ecuador, Panamá y República Dominicana. El evento se hizo en el stand de Panamá, ya que Argentina, igual que la mayoría de los países de la región, no tiene un espacio propio aquí.
“Es una vergüenza que América Latina no actúe como un solo bloque en las negociaciones de cambio climático”, dijo la Secretaria de Cambio Climático argentina, Cecilia Nicolini, en un acto que atrajo una modesta atención (había unas 40 personas), en el contexto enloquecido de paneles, anuncios y presentaciones simultáneas que tiene la COP.
Efectivamente, mientras Africa negocia en conjunto, la región pierde capacidad de presión por su división. Argentina forma parte del llamado bloque ABU, con Brasil y Uruguay, y también se une a otros países en desarrollo en el espacio del G77 +China.
Nicolini aseguró que el texto fue redactado por Argentina -en su carácter de presidente pro tempore de la CELAC- y arengó a los presentes cuando dijo: “No dejemos que las reglas nos las establezcan desde afuera”. En el documento se reclama a los países desarrollados que cumplan retroactivamente con sus compromisos de ayuda y aporten 600 mil millones de dólares hasta 2024. A partir de entonces se les pide que “transiten de miles de millones a billones de dólares de financiamiento climático, en línea con las necesidades y prioridades de los países en desarrollo”.
También se hace mención en el texto a un tema especialmente relevante para la Argentina, que es el de la necesidad de canjear deuda externa por acción climática. En el pasado ya lo planteó Alberto Fernández y aquí en Egipto lo introdujo el nuevo presidente colombiano, Gustavo Petro, uno de los pocos jefes de Estado latinoamericanos presentes.
Son entre 154 mil y 198 mil millones de dólares anuales los que necesita invertir América Latina hasta 2030 en medidas para transformar sus economías de manera que reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero y logren resiliencia ante el cambio climático. Esa fue la precisión que dio durante la presentación del documento Eduardo Latorre, funcionario de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), quien anticipó los datos de un informe de ese organismo todavía no publicado.
América Latina está golpeada por una larga crisis económica y social que se agravó este año y, según dijo Latorre, viene bajando su inversión en mitigación y adaptación al cambio climático en los últimos 20 años. Particularmente cuando se habla de adaptación, precisó el funcionario, se hace referencia a cuestiones vinculadas con la pobreza, como la falta de agua y saneamiento. De acuerdo a los datos de la CEPAL, los países de la región vienen invirtiendo en adaptación entre el 1 y el 1,5% de su PBI y necesitan pasar al menos al 3,4%.
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La sequía afecta a 140 millones de hectáreas de la Argentina

Fecha de Publicación: 11/11/2022
Fuente: TV Pública
Provincia/Región: Nacional


Lo estableció una mesa nacional de monitoreo del fenómeno. Hay más de 7 millones bajo afectación severas y se encuentran concentradas en la denominada zona núcleo agrícola.
La Mesa Nacional de Monitoreo de Sequías identificó en su última informe la presencia de 140 millones de hectáreas afectadas por sequías en la Argentina, de las cuales más de 7 millones, catalogadas bajo la categoría de “afectación severa”, se encuentran concentradas en la denominada zona núcleo agrícola.
En esta última categoría, fueron identificadas tres provincias afectadas, de acuerdo con el último informe de la Mesa Nacional de Monitoreo: Buenos Aires (44 partidos), Santa Fe (4) y Entre Ríos (5).
Respecto de las precipitaciones, en septiembre y octubre pasado “se acentuó la falta de lluvias en el centro-este del país agravando los impactos de la sequía, especialmente en la Zona Núcleo”.
La denominada Mesa Nacional de Monitoreo de Sequías está integrada por especialistas de la Red de Organismos Científico Técnicos para la Gestión del Riesgo de Desastres.
Los informes reflejan los niveles de alerta fijados de acuerdo con la combinación para cada región del país de diferentes indicadores y umbrales preestablecidos, todo esto en el marco de un “Protocolo Interinstitucional de Gestión de Información frente a la amenaza de Sequías Meteorológicas y Agrícolas en el territorio argentino”.
En ese marco, en el último informe, que recopila información hasta octubre pasado, el análisis destacó que “el déficit acumulado de precipitación en la zona núcleo entre 2020 y 2022 es más bajo que el registrado entre 2007 y 2009, una de las más intensas sequías que haya afectado a la región”.
Además, de acuerdo con informe, los índices de humedad del suelo muestran condiciones de sequía extrema en el norte de Buenos Aires y sur de Santa Fe.
A su vez, desde la Mesa Nacional de Monitoreo de Sequías explicaron que “la condición actual de los cultivos, tanto extensivos como intensivos, en el norte de Buenos Aires se encuentra afectada, de manera tal que se esperan rendimientos muy por debajo del promedio histórico, e incluso pérdidas totales y reducción del área sembrada”.
En esa línea, adelantaron que resulta probable “que el trigo que se sembró en el área con sequía severa actual tenga rindes muy bajos o no se coseche y que el maíz llegue al inicio de su periodo crítico a sequía con reservas escasas o deficitarias”.
“Se reporta también afectación en la actividad ganadera; es esperable que en muchos casos no se pueda sembrar y esta superficie pase eventualmente a soja o maíz tardío”, concluyeron.
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Gran Chaco: Argentina corre el riesgo de perder su mayor bosque nativo

Fecha de Publicación: 11/11/2022
Fuente: Portal dialogochino.net
Provincia/Región: Nacional


Una propuesta de cambio en las normas de uso de la tierra podría dar luz verde a la deforestación en el bioma del Chaco, y poner en duda la promesa del país de frenar la pérdida de bosques para 2030
Aunque atrae menos atención que su vecino amazónico, el Gran Chaco tiene una de las tasas de deforestación más altas del mundo, habiendo perdido más de una cuarta parte de su superficie forestal desde el año 2000.
La destrucción del bioma, que se extiende por el norte de Argentina, Paraguay, el sur de Bolivia y el extremo sur de Brasil, se ha visto impulsada en las últimas décadas, en particular, por la expansión de la producción de soja modificada genéticamente y la ganadería.
Sin embargo, en la provincia de Chaco, en el norte de Argentina, el bosque ha vivido recientemente un período de paz incómoda. A finales de 2020, se introdujeron protecciones legales para suspender la tala de bosques en la provincia, después de que sus autoridades no actualizaran su plan de uso del suelo para los bosques nativos, conocido como "ordenamiento territorial" (OTBN). La ley argentina exige a las provincias que actualicen estos ordenamientos cada cinco años, clasificando sus áreas forestales según su valor de conservación. Sin embargo, el ordenamiento más reciente de Chaco había expirado en 2014.
A pesar de la intervención judicial, Greenpeace informa que el año pasado se talaron más de 18.000 hectáreas de superficie forestal en la provincia, mientras que en lo que va de 2022 se han perdido otras 10.000 hectáreas.
El sistema de ordenación territorial se estableció con la Ley de Bosques Autóctonos de 2007, que entró en vigor en 2009. Establece tres categorías de clasificación para las zonas forestales: Categoría I, (Roja) para áreas de alto valor de conservación que no deben ser transformadas; Categoría II (Amarilla), para áreas de mediano valor de conservación, que pueden ser degradadas pero siempre y cuando se realicen actividades adecuadas de restauración; y Categoría III (Verde), áreas de bajo valor de conservación que pueden ser transformadas parcial o totalmente.
Según la plataforma de monitoreo de la deforestación a cargo de la Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf), entre 2008 y 2020, la provincia perdió más de 376 mil hectáreas de bosque nativo, en su mayoría en las áreas Verdes, pero también en las Amarillas y Rojas, donde la deforestación no está permitida.
A pesar de estas pérdidas, a finales de septiembre, el gobierno provincial presentó una propuesta de actualización del plan de ordenamiento territorial de los bosques nativos, según la cual se ampliarían las áreas categorizadas como verdes, abriendo la puerta a una mayor deforestación. La propuesta aún debe ser aprobada por la legislatura provincial, pero ha suscitado duras críticas, pues se teme que acelere la destrucción del segundo bosque más grande de Sudamérica.

Indígenas y activistas luchan contra la deforestación
Epifanio Leiva vive en una pequeña casa en el pueblo de Miraflores, el último asentamiento que se pasa antes de tomar el camino de tierra hacia el bosque conocido como El Impenetrable.
Los antepasados de Leiva vivían, y estaban enterrados, en un territorio de más de 10.000 hectáreas que luego fue ocupado por el gobierno provincial para desarrollar este rincón del Chaco, dedicándolo principalmente a la producción maderera y a la agroindustria. Fueron desplazados y trasladados a una parcela más pequeña, donde ahora se ganan la vida produciendo artesanía indígena.
"En 1915, a mi abuelo le dijeron que una parte de la tierra entre Castelli y Miraflores se iba a repartir entre los 24 jefes de la tribu y que cada uno de ellos recibiría 10.000 hectáreas", cuenta Leiva. "Ha pasado más de un siglo y todavía estamos esperando que las autoridades locales cumplan su promesa. Ahora este paisaje ha perdido sus recursos naturales a manos de los criollos, por lo que no podemos seguir con nuestros medios de vida tradicionales con los animales salvajes como antes."
Mempo Giardinelli es un célebre novelista argentino, oriundo del Chaco, que también dirige una fundación que promueve la alfabetización y la educación en la provincia. Explica que el Chaco pasó de ser una provincia "selvática" a una provincia forestal, que se desarrolló sin planificación ni conciencia ambiental.
Impulsada por la extracción de la madera dura Schinopsis balansae, o árboles de quebracho rojo -nombre que significa "rompehachas"-, la deforestación comenzó a ritmo acelerado con las operaciones de la empresa maderera británica La Forestal a finales del siglo XIX.
Aunque La Forestal desapareció en la década de 1960, en la época de la dictadura militar argentina (1976-1983), el gobierno comenzó a penetrar en el bosque profundo de la ecorregión del Chaco.
Hoy, en las áreas de conservación del Rojo ubicadas en el noroeste de la provincia, sólo queda entre el 20 y el 25% del bosque original. "Temo que una economía que se ve obligada a hacer ajustes para cumplir con un préstamo del FMI tenga que vender los recursos naturales de El Impenetrable para pagar su deuda externa", dice Giardinelli, refiriéndose a las presiones económicas relacionadas con la reestructuración de la deuda argentina con el Fondo Monetario Internacional.
Rubén Luca es el líder indígena wichí de MOWITOB, una organización que representa a los grupos indígenas moqoit, wichí y toba y que controla la llamada Reserva Grande, un territorio de 300.000 hectáreas en el norte del Chaco. Luca afirma que la organización apoya el uso sostenible de los bosques del Chaco y entiende la necesidad de utilizar los recursos.
El problema es que los árboles, especialmente el quebracho colorado y el algarrobo, son regalados, dijo Luca. "Cada vez quedan menos algarrobos, las empresas madereras deciden el precio, y lo que pagan es miserable".
Ricardo Tiddi, de la ONG Somos Monte Chaco, dijo que, según los datos oficiales, se extrae un millón de toneladas de madera al año en el Chaco, una cifra que probablemente no da la imagen completa, dada la gran cantidad de madera que se extrae ilegalmente; la escala real puede alcanzar niveles de hasta dos o tres millones de toneladas al año.
"Para el sector agroforestal es más barato comprar tierras en zonas boscosas que por ley no pueden ser desmontadas, y luego presionar para obtener permisos especiales de desmonte, o simplemente pagar las ridículas [pequeñas] multas", dice Tiddi. "Lo que estamos presenciando en el Chaco ya no es un daño a los bosques nativos, sino simplemente su extinción".

Fábricas de tanino en el Chaco
A finales de 2020, Chaco celebró la entrada en funcionamiento de dos plantas de biomasa que utilizan los residuos de la industria del tanino y que se presentan como una fuente de energía "sostenible".
Según las estadísticas oficiales revisadas por Diálogo Chino, en 2021 se produjo un total de 423.000 toneladas de troncos en el Chaco, gran parte de ellos extraídos del bosque nativo por la industria forestal provincial. De esta producción, el 38%, es decir, 163.000 toneladas, se destinó a la industria del tanino, y el resto de la madera y subproductos fueron utilizados por aserraderos, carpinterías y fabricantes de muebles.
La planta de tanino de Indunor, en la localidad de La Escondida, requiere una media de 30 toneladas de troncos al día, o más de 160.000 toneladas al año. Junto con la otra instalación de Indunor en La Verde, también en la provincia del Chaco, la planta contribuye a la producción anual de la empresa de 25.000 toneladas de tanino, que se utilizarán en la producción de cuero, el procesamiento de petróleo y minerales, cemento y asfalto, cerámica y productos sanitarios.
Michelle Battaglia, presidenta de Indunor, afirmó que en los últimos 10 años la empresa ha utilizado madera procedente de tierras deforestadas, ya que "no tiene sentido dejar que se queme". En los últimos años se han producido repetidas oleadas de incendios forestales en el Gran Chaco, y en los cuatro países se han producido algunos de los peores incendios en décadas.
Para el ingeniero zootécnico Mauricio Tinari, de la Fundación Gran Chaco, las especies de interés forestal -algarrobos y quebrachos, principalmente- deben ser aprovechadas de manera ordenada y aplicando los criterios técnicos adecuados. "Si se sigue cosechando indiscriminadamente, estos árboles desaparecerían todos en unos 15-20 años", dice.
Los activistas de Somos Monte Chaco llevan mucho tiempo denunciando el uso por parte de las empresas de tanino de madera procedente de desmontes o de cambios de uso del suelo, muchos de ellos sin permisos oficiales. Tiddi también se queja de algunos de los entresijos, y de la indulgencia de los castigos.
"Cuando se descubren plantas de tanino [que han utilizado madera procedente de talas ilegales] y son sancionadas por las autoridades, las empresas o los propietarios de los campos de los que proceden las talas ilegales son sancionados con multas que pueden pagarse en cuotas, y que pueden descontarse si se realizan como pagos al contado", dijo Tiddi.

El desarrollo del Chaco en el contexto mundial
El nuevo plan de ordenamiento territorial de los bosques nativos propuesto ha sido presentado por el gobierno provincial como "sostenible", a pesar de su apertura a la tala en zonas donde actualmente está prohibida. El gobernador del Chaco, Jorge Capitanich, dijo que el plan permite que el sector agrícola se expanda de forma sostenible, y prometió mejorar los sistemas de vigilancia y hacer frente a la deforestación ilegal con multas más fuertes.
Capitanich también dijo que recaudará fondos para la protección y vigilancia de los bosques mediante la emisión de bonos verdes a través de "Eco-Tokens" que cubran 100.000 hectáreas de bosques de la provincia.
El gobernador señaló recientemente que "como país, debemos fortalecer nuestra estrategia de acreedores ambientales", refiriéndose al hecho de que Argentina está proporcionando servicios ecosistémicos al resto del mundo debido al dióxido de carbono capturado por sus bosques nativos, un argumento que también utiliza el gobierno nacional de Argentina. Los créditos de carbono, comercializados en los mercados internacionales, son objeto de un creciente entusiasmo en el país.
A principios de noviembre, el presidente argentino Alberto Fernández presentó el Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático de cara a la próxima cumbre del clima COP27 en Egipto. Tras la victoria electoral de Lula da Silva en el país vecino, declaró a la prensa durante la presentación del plan que "junto con Brasil y los países latinoamericanos, somos el pulmón del mundo".
Pero los nuevos planes en el Chaco ponen en duda la administración del país sobre estos pulmones. Matías Mastrangelo, investigador del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONICET), escribió recientemente en El Diario que el nuevo ordenamiento territorial de los bosques nativos en el Chaco viola de hecho la Ley de Bosques Nativos de Argentina, ya que degrada el valor de conservación de Verde a Amarillo de más de 376.350 hectáreas de bosques nativos.
En Chaco, el ministerio provincial de Medio Ambiente tiene poder de policía en casi todo lo relacionado con el control de los recursos naturales, excepto en la protección de los bosques, que es manejada por el ministerio de Producción. "Aquí, las empresas tanineras preceden a la provincia y al Estado, por lo que siguen creyendo que pueden gobernar por encima de la ley", dijo Paula Soneira, bióloga y ex subsecretaria de Medio Ambiente y Biodiversidad de Chaco.
Para Soneira, ya no se trata sólo de conservar lo que estipula la ley de bosques, sino de preparar a la provincia para los efectos del cambio climático: "Este año en El Impenetrable y en la capital chaqueña hemos sufrido picos de calor que no se habían producido antes. No es posible producir productos básicos de la misma manera que hace 100 años. En esta década hay que adaptarse y reducir los graves impactos del cambio climático".
En una reciente entrevista, el diputado chaqueño Nicolás Slimel dijo que quiere votar una nueva propuesta que pueda representar los intereses sociales y ecológicos de la provincia, de acuerdo con las leyes forestales nacionales. El grupo de trabajo del que forma parte quiere ampliar las áreas productivas de la provincia sin reducir las áreas de conservación.
Fernando Miñarro, director de conservación de la Fundación Vida Silvestre, una ONG argentina, dijo que todavía tienen la esperanza de que el nuevo plan de uso de la tierra del Chaco para los bosques nativos no avance. "Aunque la legislatura del Chaco apruebe este plan, es poco probable que el Ministerio de Medio Ambiente del gobierno nacional apoye un plan que ignora la protección de los bosques", dijo a Diálogo Chino.
Para Tiddi, de Somos Monte Chaco, el actual proceso en torno al plan de uso de la tierra es una exposición más de la violencia colonial que ha marcado la historia de la región. Este patrón de intrusión, dice, perdura hasta hoy, ya que el gobierno sigue imponiéndose a los pueblos indígenas, pueblos que han estado presentes en el Chaco mucho antes de que se fundaran los estados nacional y provincial. En su petición más reciente, la ONG dejó claras sus exigencias: "No más desmontes con topadoras, no se pueden perder más bosques".
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Incendios en Salta: estiman más de 1.000 focos activos en la provincia

Fecha de Publicación: 10/11/2022
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Salta


Por quema intencional de cañaverales y bambú, se calcula una pérdida de que casi 40.000 hectáreas de bosque nativo
Los incendios forestales en Salta siguen alarmando a los pobladores, no solo porque vieron la cercanía del fuego en zonas urbanas, sino porque ya se habla de un desastre ecológico en la provincia vecina.
“Actualmente se estiman más de 1000 focos en toda la provincia de Salta y unas 40.000 hectáreas de bosque nativo pérdidas por el fuego", comunicó el Centro de Obrajeros del Norte, haciendo énfasis en su preocupación por las consecuencias de los focos ígneos en los departamento de Orán y San Martín, donde se están combatiendo desde hace semanas.
Manuel Gutiérrez, presidente de la Federación Salteña de Bomberos Voluntarios, advirtió que “se está complicando la situación” en Orán, con 39 grados de temperatura promedio y sin pronósticos de lluvia, razón por la cual debieron solicitar asistencia a Bomberos Voluntarios de la República Argentina del NOA.
“Ya están en camino, creo que al mediodía ya están llegando desde Jujuy, Catamarca, Santiago del Estero, Tucumán, para poder reforzar y tratar de controlar estos incendios que lo tenemos ya hace bastantes días”, explicó
Según indicó en declaraciones radiales, los 100 brigadistas que ya llegaron de Nación trabajarán en la zona de Valle Morado, en el límite con Jujuy, para evitar que el fuego llegue al parque nacional Calilegua.
“Acá tenemos que luchar con lo que tenemos con los lugareños”, señaló Gutiérrez respecto a unos 70 voluntarios que los orientan para llegar a los lugares afectados.
En este punto, cuestionó que no hayan tenido respuestas inmediatas por parte de la Provincia con la celeridad con la que se actuó frente a los incendios en los cerros de la capital salteña, la semana pasada. “El interior queda relegado, eso sucede en obras, en colegios, hospitales, en todo”, lamentó.
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