Agroquímicos en Argentina: cuántos litros se usan en 36 millones de hectáreas productivas

Fecha de Publicación: 29/10/2022
Fuente: Rosario 3
Provincia/Región: Nacional


El país se caracteriza por tener un importante consumo anual de productos fitosanitarios, una tendencia que ha ido creciendo con el paso de los años.
Argentina se caracteriza por tener un importante consumo anual de productos fitosanitarios, muchos de los cuales son de origen nacional por síntesis o formulación y muchos son importados.
En los 36 millones de hectáreas cultivadas, se utilizan 230 millones de litros de herbicidas y 350 millones de litros de productos fitosanitarios. Los envases necesarios para su comercialización generan unas 17.000 toneladas de polietileno cada año.
Cuando se analizan las estadísticas del mercado argentino de productos fitosanitarios, se puede observar claramente una tendencia creciente en su uso, pasando de 151,3 millones de kilogramos o litros de productos comercializados en el año 2002, a 225 millones de kilogramos o litros en 2008, y cerca de 317 millones de kilogramos o litros en 2012. Precisamente ese volumen han sido la última estadística referida al mercado de fitosanitarios publicadas por la CASAFE, posteriormente se han publicado resúmenes.
En el año 2016 hubo un aumento del volumen vendido del 13 % respecto del año anterior, debido principalmente al incremento de la superficie sembrada de trigo y maíz y a la problemática de malezas resistentes. Se destacan en importancia los herbicidas, y en segundo lugar los insecticidas con un volumen comercializado de 17,6 millones de litros.
Existen en el mercado argentino cerca de 5.387 productos formulados registrados en el SENASA. Los herbicidas son el grupo mayoritario con 43 %, seguido por los insecticidas y fungicidas. El resto, como acaricidas, nematicidas, molusquicidas, reguladores de crecimiento, etc., no superan el 14 %.
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La lucha para salvar al cauquén colorado, un ave en peligro crítico de extinción en Argentina

Fecha de Publicación: 29/10/2022
Fuente: Portal es.mongabay.com
Provincia/Región: Nacional


La foto es elocuente. Una mujer de la que solo se aprecia el rostro sonriente está acostada en el suelo. Su cuerpo está cubierto por una veintena de ejemplares de cauquenes, producto de una “exitosa” jornada de caza. Por fortuna, no se trata de una imagen actual sino de principios de este siglo, pero las consecuencias de aquella práctica, sumada a otras variadas razones, sí que pertenecen a la actualidad: el cauquén colorado (Chloephaga rubidiceps) es una de las aves más amenazadas en Argentina, tanto que está catalogada como En Peligro Crítico de Extinción en la lista local de animales en riesgo. Los últimos conteos reportan la supervivencia de no más de 700 ejemplares.
Otras dos especies de este género también se hallan en un estado preocupante: el cauquén común (Chloephaga picta) y el cabeza gris o real (Chloephaga poliocephala) aparecen como Amenazadas en dicha clasificación.
Cinco especies conforman el grupo de estas aves acuáticas endémicas de Sudamérica, de aspecto semejante a un ganso aunque biológicamente emparentadas con los patos. Tres de ellas, los cauquenes comunes, de cabeza gris y colorados comparten una característica: son migratorios. Los tres nidifican y se reproducen en la Patagonia Austral a ambos lados de la frontera argentino-chilena, y en abril-mayo viajan alrededor de 1300 kilómetros hacia el norte para pasar el invierno en puntos muy concretos del sur de la provincia de Buenos Aires —la mayoría— y el norte de Río Negro.
Con aproximadamente 50 centímetros de longitud y 2 kilos de peso, el colorado es el más pequeño de la estirpe. Debe su nombre a una cabeza pardo-rojiza cuyo color se va atenuando hacia la zona de la frente y la corona. El pico negro, el vientre gris cruzado por finas barras negras y las patas de tonalidad naranja completan su figura.
La cifra de los escasos 700 individuos que sobreviven en el continente contrasta con la de 42 000 de una variante de cauquén colorado asentada de manera permanente en las Islas Malvinas, es decir, que no migran.
Análisis genéticos realizados por las ornitólogas Mariana Bulgarella y Cecilia Kopuchian, especialistas en biología evolutiva, han mostrado diferencias significativas que sugieren que se trataría de especies distintas (lo cual impediría repoblar con ejemplares malvineros la población continental-fueguina), pero se necesitarán nuevos estudios para confirmarlo.
Mientras tanto, y dado el tamaño de la población en el archipiélago, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) considera la especie como “de preocupación menor”, lo cual tiene consecuencias negativas en los planes de acción y manejo que deberían implementarse o estudios de impacto ambiental, además de dificultar la obtención de fondos para los trabajos de investigación y conservación de los individuos del continente que luchan por no extinguirse.

Una plaga a erradicar
En 1954, el ornitólogo norteamericano Peter Scott consideraba al cauquén colorado como “el más común entre los gansos en los alrededores de la estepa norte de la isla de Tierra del Fuego”. Lo ocurrido en las siete décadas siguientes fue una acumulación de sucesos que condujo a la especie a su triste actualidad: “La disminución de la población no se puede atribuir a una sola causa. Ha sido multifactorial”, resume Pablo Petracci, investigador especialista en conservación y manejo del Grupo Gekko en la Universidad Nacional del Sur. Aunque para encontrar el punto de partida quizás haya que retroceder veinte años más.
“En 1931 —relata Petracci— muchas sociedades rurales presionaron al Estado para que se declarase plaga a los cauquenes. Los productores decían que bajaban en los trigales cuando las espigas comenzaban a crecer, se comían los brotes y sus materias fecales quemaban el suelo”. Por entonces no había evidencia científica alguna, pero las autoridades accedieron a la solicitud. Más aún, se implementaron planes de control en los sitios de invernación, y de erradicación en los lugares de reproducción en la Patagonia.
Así comenzó una persecución sostenida que comprendió acciones tan variadas como la destrucción de huevos (medida que solo entre 1972 y 1974 alcanzó una cifra de 180 000), el envenenamiento o la caza indiscriminada. La medida más llamativa, en todo caso, fue la dispersión con aviones.
“En los años 80 y 90 muchos productores —nosotros nunca lo hicimos— optaban por llevarse los cauquenes al mar. Contrataban un par de aviones que levantaban las bandadas con el ruido de los motores y las iban arreando, aprovechando que aquí estamos a unos 30 kilómetros de la costa”, cuenta Carlos Pardo, dueño de El Tamarisco, el campo que su familia posee desde hace tres generaciones en el distrito de San Cayetano. “La actividad, aun cuando se declaró ilegal, siguió haciéndose hasta 2010, aunque además de ser peligrosa y costosa fuese inútil”, señala Petracci: “Los cauquenes son bichos robustos y acuáticos. Los empujaban hasta hacerlos bajar en el mar pero al poco tiempo volvían”.

Zorros grises, el enemigo mortal
El segundo golpe de gracia a la salud de la especie en Argentina y Chile fue la introducción del zorro gris chico (Lycalopex griseus) en Tierra del Fuego. Nativos de las regiones pampeana y patagónica, los zorros fueron trasladados a la isla en 1951 con el objeto de controlar al invasor conejo europeo (Oryctolagus cuniculus), pero su presencia tuvo un efecto devastador sobre los “gansos magallánicos”.
Más tarde llegarían el sobrepastoreo por la cría de ganado ovino, la actividad petrolera y gasífera y la depredación por parte del visón americano (Neovison vison) para completar un cóctel al cual se suma ahora la instalación de parques eólicos a ambos lados de los Andes.
Con tantos peligros circundantes, el número de ejemplares fue descendiendo de manera dramática. En los años setenta, el naturalista Mauricio Rumboll fue el primero en alertar que la población de cauquenes —y especialmente del colorado— estaba en franca declinación. Desde entonces los conteos en el área de invernación han demostrado el empeoramiento de la situación. De una cifra de 36 000 individuos en 1976 se fue pasando a 16 000 en 1984; 8900 en 2007 y 6 419 en las campañas de 2014-2015. Así, no es extraño que el cauquén colorado haya sido incluido en el Apéndice I de la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres (CMS).
Una de las amenazas más graves, las escopetas de cazadores locales y extranjeros, fue desapareciendo a partir de 2007, cuando se prohibió dispararle a los cauquenes migratorios, primero en la provincia de Buenos Aires, y en todo el país cuatro años después. En aquel tiempo, el naturalista Hernán Ibáñez trabajaba en el área de fiscalización de lo que entonces era la Secretaría de Ambiente de la Nación. “La situación era caótica”, recuerda, “había distritos que tenían prohibida la caza del cauquén común y otras que no. Pero sucede que la hembra de esa especie es igual a un cauquén colorado, y a estas aves se les dispara en vuelo, donde es imposible identificar uno del otro. La única solución era la prohibición absoluta”.
La resistencia, como cabía esperar, fue muy alta. “Íbamos a algunos municipios y nos trataban como personas no gratas. Nos decían: ‘No los queremos acá, ustedes no quieren que vengan los cazadores y ellos nos dan propinas’. Y los dueños de las estancias hacían buenos negocios con los operadores de turismo”, continúa Ibáñez.
El arduo trabajo de concientización y diálogo a través de talleres consiguió modificar la mirada. “Hoy la visión ha cambiado por completo. La comunidad en general no quiere ni ver a los cazadores. Existe un compromiso y un conocimiento mucho más fino, y si un vecino ve que están cazando en el campo de al lado, llama a la policía y lo denuncia”, dice este naturalista que ahora prosigue su defensa de los cauquenes desde su puesto en la Fundación Félix Azara. En la actualidad, los problemas se han trasladado a las zonas de nidificación en la Patagonia.

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Cabandié denunció penalmente la realización de terraplenes en el Delta del Paraná

Fecha de Publicación: 28/10/2022
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Provincia/Región: Entre Ríos - Nacional


El titular de la cartera de Ambiente acompañó la denuncia con imágenes grabadas a partir de un sobrevuelo que evidencian el trabajo de maquinaria vial para crear cursos de agua artificiales en lugares no permitidos.
El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, presentó una denuncia penal ante la Fiscalía Federal de Primera Instancia de Victoria, en el marco de la investigación por las quemas intencionales realizadas en el Delta del Paraná. La presentación fue acompañada del registro audiovisual tomado durante un sobrevuelo, en el que se observa a una retroexcavadora remover tierra para realizar un canal artificial.
La presentación realizada por Cabandié tiene por objeto “se investigue a los responsables y autores de los movimientos de suelo ilícitos que se vienen produciendo en el departamento de Gualeguay y localidades aledañas en la provincia de Entre Ríos, conductas sancionadas por el artículo 182 del Código Penal, como por el Decreto Provincial 4977/09”. Dichas actividades se encuentran prohibidas, además, por la Ley 9172 —por incumplimiento de la medida cautelar emitida el 1 de julio de 2020— sumado a que no se contaba con la evaluación de impacto ambiental correspondiente.
El video aportado como prueba surge de un vuelo de patrullaje de rutina efectuado por personal del Plan Provincial de Manejo del Fuego de Entre Ríos, en el que se detecta maquinaria efectuando terraplenes en la zona de las Islas Lechiguanas, partido de Gualeguay.
La realización de nuevos cursos hídricos y de quemas deliberadas son prácticas productivas que afectan al ecosistema del Delta del Paraná. La creación de terraplenes en los humedales se asocia al desvío del flujo natural del agua y a la ampliación del territorio, lo que constituye una modificación del uso del suelo para actividades económicas como la ganadería, la agricultura y los proyectos inmobiliarios.
Además del registro audiovisual, se ofreció a la Dirección del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) para dar cuenta sobre las detecciones y localizaciones de terraplenes y movimientos de suelos que alteran el curso normal de las aguas en los últimos 12 meses. En el mismo sentido, se propone a la Prefectura Naval Argentina y a la Policía Federal para que informen sobre las actas de constatación labradas durante el último año. Asimismo, se puso a disposición de la fiscalía mencionada la declaración testimonial de Alberto Seuffernheld, director del SNMF.
Cabe recordar que las acciones de la cartera nacional en el combate del fuego se complementan con exposiciones ante la Justicia para que se avance con las investigaciones que den con los responsables de los incendios intencionales en el Delta. Con este fin, Cabandié, acompañado por Sergio Federovisky, secretario de Control y Monitoreo Ambiental, se presentó en agosto en el Juzgado Federal de Primera Instancia de Victoria para presentar información georeferenciada sobre quemas. De esta manera, se brindaron datos arrojados por los Faros de Conservación que permiten identificar con precisión la ubicación de los terrenos donde se inician los focos ígneos. También se solicitó a la provincia de Entre Ríos que indique la nomenclatura catastral de dichos terrenos para determinar la titularidad de los campos.
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Falla en la planta nuclear: no hay peligro, pero faltan resolver dudas

Fecha de Publicación: 28/10/2022
Fuente: Energía On - Diario Río Negro
Provincia/Región: Buenos Aires


La operadora Nucleoeléctrica Argentina informó el desprendimiento de un componente del reactor de Atucha II. Técnicos y expertos trabajan para detectar qué originó la falla y cuánto demorará la obra.
La compañía operadora de las centrales nucleares del país, Nucleoeléctrica Argentina (Nasa), informó que detectaron una falla mecánica en el reactor de la planta Atucha II y confirmaron que se realizará una intervención «directa» para repararlo. Aseguraron a Energía On que «no implica» riesgos para el personal o el ambiente.
«Personal de Nucleoeléctrica Argentina detectó que un componente interno del reactor se había desprendido y desplazado de su lugar de diseño», informaron desde Nasa en un breve comunicado. La falla se detectó durante las inspecciones que se realizaron recientemente.
Según consultó Energía On a fuentes del Nasa, la planta estaba parada porque estaban realizando mantenimiento a un cojinete de una turbina. Como siempre se hace en este tipo de tareas, aprovecharon para realizar una inspección por zonas que no pueden visitarse cuando está operativa la central.
Así fue que el lunes por la tarde el personal de nucleoeléctrica que realizó la recorrida encontró la falla mecánica y la informó. «Tal como comunicamos no hay riesgo vinculado a la falla ni para el personal ni el ambiente», le dijeron a este medio.
Actualmente están a la espera de que los técnicos que están trabajando informen qué fue lo que originó la falla y el tiempo que demandará la reparación. Sobre la pieza y la mano de obra desde Nasa confirmaron que cuentan con capacidad instalada para repararlo. Durante ese proceso la planta permanecerá en su actual condición de parada segura.
«La central cumple con todas las exigencias locales e internacionales y como todas las centrales nucleares argentinas cuenta con la Licencia de Operación por parte de la Autoridad Regulatoria Nuclear», resaltaron desde Nasa.
La central nuclear Atucha II comenzó a entregar energía a la red el 27 de junio de 2014, luego de que su construcción estuviera paralizada de 1994 hasta 2006. Se encuentra sobre la margen derecha del Río Paraná, en la localidad de Lima, partido de Zárate, a 100 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires y cuenta con una potencia de 745 MW.
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El Gobierno recortará el presupuesto para Ambiente en 2023: renovables y ley de bosques, los más postergados

Fecha de Publicación: 27/10/2022
Fuente: TN
Provincia/Región: Nacional


El dato surge del análisis de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales. “Es una muestra de que no se está priorizando la crisis climática, sino el pago de la deuda”, dijeron
Pese a que este año se perdieron más de 1,2 millones de hectáreas en la Argentina producto de los incendios, que desde hace tres años una sequía sin precedente sacude la producción agrícola y a las cada vez más frecuentes olas de calor, el Gobierno recortará -de aprobarse en el Congreso- para el año próximo la partida destinada al Ministerio de Ambiente.
El dato surge de un análisis del Presupuesto 2023 que hicieron la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), al que accedió TN.
Este año, el Ministerio recibió 35,8 mil millones de pesos. El presupuesto del año que viene contempla $55,8 mil millones. En términos nominales es un aumento de 55,8% pero si se contabiliza la inflación prevista el presupuesto es menor al de este año. De acuerdo con el informe, tomando la inflación de 76,1% que estima para el 2023 la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), la partida para Ambiente se achicará 11,4%.
En cambio, si se considera la inflación de 60% que estima el Gobierno para el 2023 el recorte será de 2,5%. “Por último, si tomamos como criterio la proyección de inflación interanual para 2022 (95%) como proxy de igual poder adquisitivo, la caída en términos reales es del 19%”, señala el documento.
Sobre los motivos detrás de este recorte, Julieta Izcurdia, abogada y coordinadora del programa Justicia Fiscal de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), explicó a TN: “Es una muestra más de que no se están priorizando las partidas socio ambientales. Esto es por la priorización del pago de la deuda. La deuda condiciona el poder avanzar en derechos postergados”.
Al respecto, el informe señala que el presupuesto destinado a finalidades vinculadas con “Ecología y Medio Ambiente” (que no solo dependen del Ministerio de Ambiente) reúnen en total $93 mil millones, que es el 3,5% frente a los Servicios de la Deuda.

Poco espacio para las renovables en el Presupuesto 2023
Izcurdia remarcó que en la hoja de ruta de gastos, el Gobierno “sigue priorizando la inversión en hidrocarburos y no en energías renovables o políticas que permitan avanzar hacia la transición energética. No es algo diferente a lo que se ve en otros años. Se está profundizando el modelo energético actual, que es contaminante”.
Si bien la Argentina se comprometió para que en 2025 el 20% de su matriz energética sea renovable (hoy está en 10%), este objetivo está lejos de reflejarse en el Presupuesto. De los $1.439.693 millones que tiene el Programa de Formulación y Ejecución de la Política de Energía Eléctrica del Ministerio de Economía, el Desarrollo de Iniciativas de Promoción de Energías Renovables representa un 0,02% sobre el total del programa (menos de $311 millones).
En esa misma línea, los subsidios a las empresas hidrocarburíferas son 333 veces más que los $450 millones de, por ejemplo, el Subprograma de Conservación de la Biodiversidad ($450 millones). Y las exenciones impositivas a las mineras ($58 mil millones) sumarán más que la totalidad del presupuesto del Ministerio de Ambiente para el año que viene.
“El presupuesto refleja que no se está encarando un plan genuino para el abandono gradual de los combustibles fósiles y una transición hacia una matriz de bajas emisiones, sino por el contrario, se está profundizando el propio modelo energético actual que no solo es contaminante, sino que está sujeto a precios volátiles”, explica el documento de ACIJ y FARN.

La ley de bosques, una eterna postergada
Debido al boom de deforestación que comenzó en la década del 2000, en 2007 se sancionó la Ley de Bosques Nativos (26.331) para preservar estos ecosistemas. Esta iniciativa contempla una partida de dinero destinada a la conservación que debe ser el 0,3% del Presupuesto Nacional cada año.
Por el momento, esa meta nunca se cumplió: en los últimos 5 años apenas alcanzó el 6,4% del total que debería tener, de acuerdo al monitoreo que lleva adelante Vida Silvestre. El 2023 no será la excepción: los $9000 millones destinados a la normativa apenas representan el 0,03% del Presupuesto (un 10% de lo que debería ser).
Con respecto a los recursos para el programa Manejo del Fuego (los incendios devoraron millones de hectáreas este año en la Argentina), el incremento fue de 25% entre un año el otro pero se compensó con el ingreso, por primera vez, del Fondo Fiduciario de Manejo del Fuego (FNMF).
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Habitantes de la Cuenca Matanza Riachuelo podrían tener plomo en sangre

Fecha de Publicación: 27/10/2022
Fuente: InfoNews
Provincia/Región: Riachuelo


La evaluación poblacional y toxicológica ambiental se realizará en Almirante Brown, Avellaneda, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), La Matanza, Lanús y Lomas de Zamora.
Especialistas de la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) iniciaron una evaluación poblacional para detectar presencia de plomo en sangre de los habitantes de esa cuenca, informó el organismo.
Se trata de una actividad enmarcada en la Semana internacional para prevenir la intoxicación por plomo.
En ese sentido, hasta el 29 de octubre próximo se realizarán también acciones para prevenir la intoxicación con ese metal.
La iniciativa de la Alianza Mundial para Eliminar el Uso del Plomo en la Pintura es dirigida conjuntamente por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la Organización Mundial de la Salud (OMS).
En este marco, Acumar implementó en las Unidades Sanitarias Móviles operativos de evaluación poblacional y evaluación toxicológica ambiental en Almirante Brown, Avellaneda, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), La Matanza, Lanús y Lomas de Zamora.
Además, se realizaron acciones en salas de espera con el objetivo de sensibilizar a la población sobre los efectos del metal y se brindó la posibilidad de realizar una plombemia a pacientes que concurren a los hospitales por otras causas.
El organismo también llevó adelante encuentros de formación para profesionales de la salud sobre fuentes de exposición a plomo, diagnóstico y efectos clínicos en los municipios de Almirante Brown, Avellaneda y Merlo.
El objetivo de estas jornadas es formar recursos a nivel local para poder identificar las poblaciones de riesgo y realizar un diagnóstico clínico temprano.
En articulación con el Ministerio de Salud porteño se capacitó sobre exposición a plomo, estado nutricional y recomendaciones alimentarias, detalló Acumar.
Por otro lado, de forma periódica, Acumar realiza evaluaciones toxicológicas ambientales y poblacionales para detectar posibles fuentes de plomo y con esa finalidad se llevan adelante controles en población de la Cuenca expuesta a través del ambiente o de las actividades laborales informales, que afectan tanto a las personas adultas que las llevan a cabo, como a sus acompañantes y convivientes.
Ante la sospecha de exposición a este metal, se brindan pautas higiénicas, dietéticas, laborales y personales para disminuir dicha exposición y pautas nutricionales que reducen la absorción del plomo.
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Cambio climático: impactos y avances en Argentina

Fecha de Publicación: 26/10/2022
Fuente: El Auditor
Provincia/Región: Nacional


Si bien en el país rige la Ley 27.520 de adaptación y mitigación, poco se aplica y las sequías, inundaciones y altas temperaturas afectan a la región. Cuáles son los principales retos de cara al compromiso de la Agenda 2030.
El 24 de octubre se conmemora el Día Internacional contra el Cambio Climático para reflexionar sobre los efectos negativos que tiene en la salud, el ambiente, las economías y el desarrollo sustentable. En Argentina, desde hace 3 años, rige la Ley 27.520 que establece un marco legal para actuar ante la problemática. Sin embargo las emisiones de CO2 no se reducen y en 2021 representaron un 10% más que en 2020. “Tenemos mucha normativa ambiental, lo que falla es la aplicación”, alertó Jazmín Rocco Predassi coordinadora de Política Climática de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
La Ley de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático de 2019 institucionalizó espacios que ya existían y otros que no. Ese año fue un avance la conformación del Consejo Asesor Externo que estaba establecido en la ley y el desarrollo del Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático. "Era un objetivo de la normativa, una hoja de ruta para cumplir con los compromisos asumidos en la Agenda 2030”, comentó Rocco Predassi quien aseguró que el Plan Nacional de Adaptación se presentará en la COP27 en Egipto en noviembre.

¿Cuáles son los impactos del cambio climático en nuestro país?
El año pasado, según el Servicio Meteorológico Nacional, fue uno de los años más cálidos desde 1961. Y el calor es uno de los efectos que trae la crisis climática a los que se suman las sequías, incendios, inundaciones, eventos climáticos extremos y sus consecuencias sobre las personas, el medio ambiente, las economías y la salud.
“Los eventos extremos cada vez más intensos y frecuentes ya los estamos viviendo hace unos años y van a continuar acentuándose. En estos momentos estamos en medio de una sequía muy fuerte. En enero tuvimos una ola de calor donde Argentina fue el punto más caliente del planeta. Estos eventos afectan a la ciudadanía pero también se ven afectadas otras cuestiones como la economía”, indicó Rocco Predassi.
En 2020 el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible publicó un informe donde explica los impactos de la crisis climáticas, las áreas vulnerables y los efectos a futuro en algunas zonas. Siguiendo el informe, ya se observan cambios en el este y en el norte del país con respecto a la frecuencia de temperaturas extremas, la cantidad de días al año con olas de calor se duplicó en regiones próximas a la Ciudad de Buenos Aires.
Asimismo se observaron aumentos en la precipitación media anual para gran parte del territorio con consecuencias hídricas. En el oeste y en el norte, los periodos secos de invierno se han hecho más largos generando problemas en el acceso al agua. A futuro se esperan más sequías, inundaciones, incendios e incrementos de las olas de calor. Con este panorama, existe un riesgo de que aumenten la transmisión de algunas enfermedades como dengue y fiebre amarilla, se pierdan cultivos, haya deshielos tempranos en la Patagonia y problemas en la distribución de energía en momentos de alta demanda.

Emisiones de gases del efecto invernadero
En Argentina, el 53% de las emisiones están vinculadas al sector energético; el 37% agricultura, ganadería y otros usos de la tierra; el 6 % a la industria y el 4 % restante a los residuos, según el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero elaborado por Ministerio de Ambiente. En este sentido, “falta una visión a largo plazo. Argentina tiene pendiente la elaboración de la Estrategia de Descarbonización a largo plazo que viene del Acuerdo de París pero es una meta a 2050. Eso todavía no se ha desarrollado”, expresó Rocco Predassi.
“Necesitamos acciones a corto plazo pero también una visión a largo plazo y una alineación entre todas las políticas del gobierno nacional. El cambio climático no puede quedar relegado a un ministerio porque es una cuestión económica, social, vinculada a la energía, a la producción agropecuaria. Todas las políticas deberían alinearse hacia un objetivo de máxima para poder mitigar y adaptarnos a estas nuevas situaciones que ya estamos viviendo y que van a seguir profundizándose”, añadió la integrante de FARN.
En este mismo sentido se expidió la Auditoría General de la Nación (AGN) cuando auditó la Dirección Nacional de Cambio Climático y alertó sobre la falta de una estrategia nacional de largo plazo, que incluya las medidas de mitigación y adaptación para atender las necesidades nacionales. El organismo de control también detectó fallas en la generación de información para identificar potenciales eventos climáticos extremos.

¿Cómo medir tus emisiones, la huella de carbono?
Sustentabilidad Sin Fronteras nació durante la COP en Marruecos ante la falta de acción territorial, proyectos y concientización sobre el tema. Hoy la fundación está conformada por profesionales de diferentes especialidades y, entre otras actividades, desarrollan eventos como la Cumbre Regional de la Juventud, el ciclo de entrevistas Cable a Tierra, acciones de concientización y una plataforma para medir la huella de carbono tanto de un ciudadano como de una organización o empresa.
Huelladecarbono.ar es una plataforma simple que, mediante una serie de preguntas, calcula la emisión de CO2 de forma libre y gratuita. “Cualquiera puede ingresar y medir su huella de carbono y tener la posibilidad de llevarse algunos tips sobre cómo reducir la huella de carbono y cómo compensarla a través de plantación de nativas hasta otro tipo de forma de compensación con aliados estratégicos que tiene la fundación”, detalló Cruz Ruax, director de Proyectos Nacionales y Relaciones Institucionales de la fundación.
Desde Sustentabilidad Sin Fronteras ven con alerta la falta de urgencia con la que se está actuando. “Las políticas públicas tienen que tener una mirada más integral, transversal. Todavía falta más compromiso, los lobbies que llevan a cabo actividades productivas que son las principales responsables de la crisis climática empiecen a entender que tienen que transicionar hacia otro modo de producir y esa transición tiene que incluir a los trabajadores y al empleo verde. Hay mucho para hacer”, remarcó Ruax.
A nivel mundial según informes de el Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) la temperatura del planeta ya se incrementó en promedio 1,1 grados centígrados desde la Revolución Industrial por actividades humanas. Ante este panorama, "tenemos que seguir exigiendo más mecanismos de participación para que la juventud ambientalista, las asambleas, colectivos sean incluidos y escuchados. El llamado a la participación tiene que ser con mayor compromiso”, agregó Ruax quien sobre el final subrayó la importancia que tiene que el Congreso de la Nación sancione una Ley de Humedales para la protección de estos ecosistemas fundamentales para la mitigación del cambio climático.
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Amparo para frenar dragado en la Hidrovía Paraguay-Paraná llegó a la Corte Suprema

Fecha de Publicación: 26/10/2022
Fuente: Primera Edición
Provincia/Región: Litoral Argentino


El máximo tribunal deberá dirimir la causa concerniente al Amparo Ambiental Federal por gravedad de la crisis hídrica-climática y la consecuente oposición a mayores tareas de profundizaciones del río.
La Corte Suprema tiene que resolver una medida cautelar solicitada por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA), que reclama considerar el estado del Paraná frente a la crisis hídrica y el avance de las obras para profundizar su dragado.
La organización pretende que la Corte dicte la medida cautelar y se frenen y prohiban las tareas de dragado iniciadas en uno de los pasos críticos que tiene el proyecto Hidrovía Paraguay-Paraná, frente a la ciudad de Ramallo (Santa Fe), en un contexto de pronunciada bajante del curso durante el seco verano de 2021-2022, que afectó seriamente a importantes ciudades misioneras y que se podría repetir, pero “con una mayor gravedad”, estimó el abogado ambientalista Lucas Micheloud en diálogo con PRIMERA EDICIÓN.
“La situación es dramática, el fenómeno de La Niña afecta la región por tercer año consecutivo. Todas las proyecciones indican que va a seguir hasta marzo o abril del 2023, por lo tanto se va a sostener la bajante del río y esto genera profundos impactos en todos los ecosistemas”, alertó el activista ambiental.
Y añadió: “En este contexto, que el proyecto Hidrovía Paraná-Paraguay pretenda ampliar y ensanchar el canal del lecho del río con obras de dragados, es decir remover y perforar su lecho, lo único que va a hacer es quitarle agua no sólo al humedal sino a todo lo que está cerca para aumentar el caudal del Paraná, secándolo todo alrededor”, explicó sobre tan sólo uno de los impactos esperables si se prosiguen las tareas sin el debido estudio de impacto ambiental.
“La fauna ictícola está muy estresada sin la capacidad de resiliencia que tiene para enfrentar lo que ocurre, porque es muy prolongada la crisis hídrica y lo mismo está sucediendo con los humedales del Delta, que están por un lado este presionados por los incendios forestales, por la expansión de la frontera agrícola ganaderas y agravado la situación hídrica”, amplió el abogado integrante de la AAdeAA.
Dijo Micheloud: “Esto no puede seguir hasta tanto se realicen los estudios de impacto ambiental en la totalidad de las intervenciones que se vienen haciendo sin ningún tipo de evaluación previa en todos los tramos de la cuenca del Paraná”.
“Desde que nosotros interpusimos el amparo, hace algunos días, el Ministerio de Transporte habilitó para que se realicen obras de dragado en otros diez pasos críticos. Es decir, autorizó que se avancen en obras de dragado sin ningún tipo de estudio previo y lo paradójico es que el director de impacto ambiental del Ministerio de Transporte señaló que ellos no tienen competencias ambientales y tampoco se le da ningún tipo de intervención al Ministerio de Ambiente”, cuestionó.
Para el ambientalista y abogado, estas mega obras a lo largo del Paraná “no son inocuas” sino que por el contrario tienen “graves impactos en los ecosistemas y también en la sociedad”.
“Las obras de dragado están provocando profundos impactos en los humedales, en la flora en general del humedal y en la fauna ictícola no porque esto le quita oxigenación al agua, la suspensión de los sedimentos y el riesgo obviamente para el consumo humano donde se hacen estos pasos, es enorme. Se trata de una región donde hay muchas tomas de agua para consumo. Eso no se puede dejar librado al azar”, urgió.
“Estos pasos que no son obras inocuas, lo decíamos desde mucho antes y se están haciendo sin una evaluación de impacto ambiental, sin cumplir con las mínimas reglas de la democracia participativa. No hubo ninguna convocatoria de audiencias públicas, por lo tanto digo la situación es muy compleja y es muy preocupante”, finalizó.

“La cuenca es una sola y hay que cuidarla en su totalidad”
A decir del integrante de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA), Lucas Micheloud, “la cuenca es una sola. Nosotros tenemos una unidad de cuenca, una perspectiva de unidad de cuenca. Es decir, el río puede tener distintas regiones, distintos tramos, pero es una sola, por lo tanto la preservación y cuidado de sus ecosistemas asociados no tienen ningún límite fronterizo jurisdiccional”, remarcó durante la larga charla en la cual explicó la complejidad de la situación.
“Al no haber evaluaciones ambientales estratégicas y previas, estas obras se están realizando hoy sin control alguno. En el paso Las Hermanas, por ejemplo, es zona de un bosque petrificado donde hay restos paleontológicos de valor histórico que no está valuado por las autoridades, eso no está ni siquiera en la discusión. Es uno de los bosques petrificados más importantes que tiene esta región. Las obras de dragado, entre otras cuestiones, lo que hacen es profundizar los cambios físicos del fondo acuático, porque van hacia la remoción de los sedimentos que tienen que ser categorizados para ver qué contaminantes tienen”, pidió el experto.
Micheloud exigió ver qué contaminantes tienen esos sedimentos que se van a remover a causa de las obras, categorizar sus agentes y definir qué tratamiento hay que darles en su disposición final. si se hace en agua o en tierra y en qué lugar.
“Hoy esto está en una absoluta nebulosa. Las tareas de dragado van afectando el tiempo de permanencia del agua en los distintos ecosistemas y sobre todo la dinámica que tiene el canal del río y el terreno aluvional. El Delta del Paraná y el Delta argentino es un área inundada, pero si estas obras se sostienen en el tiempo sin los análisis hidrológicos correspondientes van a provocar un proceso de desertificación”, aseguró.
“Por otro lado se van modificando los patrones en la circulación del agua y eso va erosionando las costas. Todos los estudios que estamos realizando con gente especializada nos dicen que la isla se puede partir”, dijo.
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Universidades investigan la relación entre cáncer infantil y los agroquímicos

Fecha de Publicación: 25/10/2022
Fuente: El Argentino
Provincia/Región: Nacional


Una red de seis universidades nacionales de Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe pondrán bajo la lupa durante los próximos cinco años la relación entre factores ambientales clave, como calidad del agua, uso de agrotóxicos y condiciones de vida, con los “preocupantes” indicadores de mortalidad infantil por cáncer que tiene Argentina y la Región Centro, como los calificó el médico e investigador, Alejandro Oliva.
En tanto, entre la población a partir de los 60 años, investigarán junto al Instituto Max Planck de Biología Estructural, Química y Biofísica Molecular de Rosario el cruce entre esos elementos y enfermedades degenerativas en esa población, específicamente Parkinson y Alzheimer.
Así, el cruce entre salud y ambiente seguirá siendo en una nueva fase el norte de las investigaciones que llevan adelante universidades nacionales de Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe y que conforman la Red Interuniversitaria en Ambiente y Salud de la Región Centro (Redinasce). Tras cerrar una primera etapa donde se trabajó sobre los indicadores de cáncer en adultos, así como las anomalías congénitas vinculadas a la calidad del agua y la presencia de arsénico, la superficie sembrada y el uso de agroquímicos, además de las condiciones de vida de la población, este viernes anunciaron la puesta en marcha de una segunda fase de trabajo hasta 2026.
En estos primeros años, los resultados obtenidos ya mostraron claras relaciones entre la mortalidad por cáncer en los varones de las tres provincias de la región central del país y el desarrollo de las superficies sembradas, así como también en relación a los indicadores de pobreza. Fundamentalmente, en la prevalencia de determinados tipos de cáncer, como son el de pulmón, páncreas y colon.
Del mismo modo que los estudios sobre el agua realizados sobre el agua consumida por la población -agua de red que llega a los domicilios y que consume el 70 % de estas poblaciones- mostraron que la tasa de mortalidad está aumentada para hombres y mujeres a lo largo de los 25 años que conforma el período estudiado.

El cáncer infantil, una prioridad
Oliva, a cargo del Programa de Medio Ambiente y Salud del Centro de Estudios Interdisciplinarios UNR y coordinador de las investigaciones desde 2016, señaló que las investigaciones en relación al cáncer infantil “son una prioridad” y así lo declaró el Ministerio de Salud de la Nación. “Sucede que en todo el mundo la mortalidad baja, por prevención y los controles, pero en la Argentina en los niveles socioeconómicos más bajos sube desde 2010 y es preocupante”, explicó el médico.
A ese escenario, Oliva le sumó que la Región Centro “históricamente tuvo tasas superiores a las medias nacionales y Santa Fe está entre las cinco provincias con tasas de mortalidad más altas”, lo que sustenta la decisión de avanzar a partir de ahora en la investigación de esos indicadores en un cruce con los factores ambientales, como ya se hizo en adultos.
El objetivo es primero trabajar en el mapa de las 24 provincias para luego focalizar en la zona central del país, así como también se plantean el desafío de obtener “datos departamentales de la provincia que permitan saber cuáles son los de mayor riesgo”. Y más aún, la clave -adelantó- estará en sumar a los factores que ya se vienen estudiando -superficie sembrada, calidad de agua y nivel socioeconómico- la calidad del aire.
“La apuesta es hacer un estudio particularmente de aire, que es uno de los factores que más impacto tiene en la contaminación ambiental y sobre todo en los chicos, que son más receptivos a esa contaminación y también desde el punto de vista del cáncer”, anticipó.
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Hidrógeno verde: debaten una estrategia nacional

Fecha de Publicación: 25/10/2022
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional


Las oportunidades, las proyecciones y las políticas de promoción necesarias para la economía del hidrógeno fueron el eje de una jornada de trabajo en la sede de Y-TEC, brazo tecnológico de YPF.
Las secretarías de Energía y de Asuntos Estratégicos de la Nación avanzan, con el apoyo de Y-TEC, en el diseño de una estrategia nacional para promover la economía del hidrógeno. Con la participación de representantes de las carteras energéticas de 19 provincias, más la presencia del titular de la secretaría de industria y desarrollo productivo de la Nación, se realizó una jornada de trabajo que permitió "profundizar el abordaje de los desafíos y oportunidades para el desarrollo de un vector clave en la diversificación de la estructura productiva y exportadora del país", informaron desde Y-TEC, brazo tecnológico de YPF.
Participaron del panel que abrió el encuentro la secretaria de Energía, Flavia Royón; la titular de Asuntos Estratégicos, Mercedes Marcó del Pont; el secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren; y las autoridades de Y-TEC, Roberto Salvarezza y Eduardo Dvorkin.
“El desarrollo de las energías limpias como el hidrógeno constituye un enorme desafío. Tenemos que trabajar en forma articulada y federal para garantizar que el país participe en los diferentes segmentos de las cadenas de valor con nuestros recursos naturales pero también con nuestros conocimientos, competencias tecnológicas y capacidades productivas”, expresó Marcó del Pont durante la apertura de las jornadas en la sede de Y-TEC.
A su vez, Royón planteó que “el desarrollo del hidrógeno representa una oportunidad para Argentina, tanto para abastecer el mercado interno como para la exportación. Nuestro país tiene ventajas comparativas y competitivas en este sector y un gran potencial en todas las energías renovables que tenemos que desarrollar”. Agregó que “la participación de 19 provincias reafirma los acuerdos y la mirada federal que necesitamos en el sector energético”.
Por su parte, De Mendiguren destacó la importancia de “encarar el desarrollo del hidrógeno en Argentina desde lo estratégico con el fin de fortalecer las capacidades industriales, científicas y tecnológicas, y así ampliar nuestra matriz productiva y energética. Queremos fortalecer el acervo científico-tecnológico y protegerlo. Que se exporte la tecnología y la ciencia que esta actividad va a generar”.
Salvarezza, presidente de Y-TEC, sostuvo que "el hidrógeno constituye un vector energético clave para las energías renovables, teniendo en cuenta la necesidad de reducir las emisiones de dióxido de carbono que enfrenta el mundo".
“Es necesario sostener el desarrollo de proveedores, que se exporte la tecnología y la ciencia que esta actividad genera, ya que la demanda a escala global abre la posibilidad de nuevos mercados de exportación para nuestro país”, expresó Mendiguren.
Por su parte, la secretaria de Asuntos Estratégicos consideró que “debemos trabajar juntos para garantizar agendas y políticas de mediano plazo que permitan materializar nuestro trabajo en una propuesta de desarrollo y un posicionamiento del país que permita potenciar el impacto de las inversiones en sectores como el hidrógeno”.
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Seis razones por las que hace falta una ley de licencia social

Fecha de Publicación: 24/10/2022
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Nacional


En esta artículo se enumeran (y se describen brevemente) las razones por las cuales es necesario contar con un instrumento legal que obligue a las dirigencias institucionales a involucrar a la ciudadanía en las decisiones en materia ambiental.
La “licencia social” es el nombre con el que se unifica el reclamo de las comunidades por ser tenidas en cuenta en las decisiones políticas sobre emprendimientos que podrían afectarlas de manera directa en un futuro mediato o inmediato, ya sea en cuanto al ambiente o a la salud de la población (actual o próxima a nacer).
En el Congreso de la Nación hay dos iniciativas presentadas en los últimos años, pero no han sido puestas en agenda y una de ellas ya perdió estado parlamentario.
En líneas gruesas, la idea de la licencia social se equipara con el consentimiento informado, que la legislación les reconoce a las personas individualmente (está incluido en la Ley 26.529 de Salud Pública). Por ese derecho, en materia de salud es cada persona, de manera autónoma, quien decide sobre cualquier intervención médica que se le pueda realizar.
Si se reconoce la autonomía de las comunidades (algo que la ley ya hace a nivel individual), entonces se debería reconocer el derecho a decidir en casos análogos. Es decir: si se proyecta ese derecho a lo colectivo, será la comunidad la que deba decidir respecto de iniciativas que de alguna manera pueden perjudicar su salud o la de sus futuras generaciones.
A continuación se detallan seis puntos importantes por los que precisamos una ley de licencia social, que obligue a los poderes públicos a involucrar a las personas potencialmente afectadas en los procesos de toma de decisiones que comprometan derechos o impliquen riesgos de salud o ambientales.

1. Resolución pacífica de conflictos. Algunos de los conflictos socioambientales vigentes en la Argentina llevan décadas, como el emblemático caso de las Madres de Ituzaingó, que se remonta a fines de 2001. La organización es conocida por cuestionar los efectos en la salud del modelo de producción agroindustrial, en particular la utilización intensa de plaguicidas. El nombre deviene del Barrio Ituzaingó Anexo, en las afueras de la ciudad de Córdoba, que es donde se desarrolla el conflicto ambiental. Otro, el del río Atuel, que involucra a las poblaciones de dos provincias (Mendoza y La Pampa), se remonta en su origen a más de un siglo, lleva décadas sin horizonte de resolución y está atravesado por recursos judiciales que han llegado incluso a la Corte Suprema de Justicia. Una ley de licencia social permitiría dar salida eficaz y democrática a controversias socioambientales que, como las mencionadas, suelen extenderse durante años, en algunos casos paralizando a comunidades enteras, generando fractura social, tensiones y, en numerosas ocasiones, hechos de represión que agravan la situación original denunciada.

2. Compromiso ciudadano y mejoramiento de la democracia. El Estado argentino expresa en diferentes aspectos de su legislación la pretensión de avanzar hacia una democracia participativa –por ejemplo la propia Constitución al incorporar en 1994 los mecanismos de democracia directa– pero al mismo tiempo niega esa participación en las decisiones: en casi tres décadas de vigencia no ha habido una sola consulta popular en el orden nacional. La idea que subyace en las dirigencias argentinas es que la ciudadanía no está preparada para decidir en cuestiones relevantes. Ahora bien, en este como en otros asuntos vale el juego de “el huevo y la gallina”: en la medida en que el Estado cierre el camino a la participación, la ciudadanía se mostrará tan descreída como desinteresada en esa posibilidad. Huérfana de caminos institucionales, no encontrará otras formas que las que ya conocemos: movilizaciones, cortes de rutas, conflicto. Y un detalle: es precisamente en el conflicto socioambiental donde la ciudadanía se encuentra más proclive a informarse adecuadamente, a profundizar en las problemáticas que la amenazan y (por todo lo anterior) a adquirir un compromiso ciudadano incomparable con cualquier otro contexto. La democracia participativa es un ideal legítimo, que requiere un compromiso de la ciudadanía: para participar de las decisiones es necesario informarse, e informarse implica tiempo y esfuerzo. No aprovechar la problemática ambiental para construir más ciudadanía comprometida es ciertamente imperdonable.

3. Confluencia de saberes y cooperación social. Hace ya tres décadas que el argentino Silvio Funtowicz y el estadounidense Jerome Ravetz publicaron su ensayo La ciencia posnormal, donde desarrollaron la potente idea de que en los emprendimientos con riesgo ambiental no hay experticia que valga, y por eso es necesario ampliar el diálogo y “abrir” la decisión. En ese tipo de situaciones, aseguran, es necesario reconocer que los sistemas naturales son complejos y dinámicos, lo que implica impredictibilidad, control incompleto y además una pluralidad de perspectivas legítimas. “Los factores son inciertos, hay valores en disputa, los riesgos son altos y las decisiones urgentes”. En esas circunstancias, se invierte la distinción tradicional entre hechos científicos objetivos, duros, y valores subjetivos, blandos: aparecen decisiones políticas “duras” en varios sentidos, para las cuales los aportes científicos son irremediablemente blandos. Esta es la razón por la que debe existir una “comunidad extendida de iguales” compuesta por las personas afectadas por un tema en concreto, que estén preparadas para entrar en un diálogo sobre él. La racionalidad científica no alcanza, y mucho menos la decisión política: “Por exitosa que haya sido en el pasado, el reconocimiento de los riesgos ambientales globales muestra que este ideal de racionalidad ya no es universalmente apropiado. La actividad científica ahora abarca el manejo de las incertidumbres irreductibles en el conocimiento y en la ética, y el reconocimiento de las diferentes perspectivas y maneras de conocer legítimas”. Estos autores añaden la necesidad de involucrar en la discusión a diversos agentes hasta hace poco ignorados por los expertos científicos y por las administraciones gubernamentales: “Las formas de conocimiento distintas de aquellas que se nutren en la civilización occidental moderna también son relevantes para un diálogo exploratorio tendiente a la resolución de problemas”, explican. Así, la práctica científica –en esa definición ampliada, “posnormal”– se torna más cercana al funcionamiento de una sociedad democrática, caracterizada por una participación extensiva y por una tolerancia de la diversidad, por una construcción cooperativa, colaborativa, del conocimiento respecto de una situación conflictiva. En otras palabras, un proceso virtuoso de “licencia social” se transforma en condición relevante incluso por razones epistemológicas.

4. Licencia social no es (necesariamente) plebiscito. Entre quienes se oponen a la licencia social –de un lado y del otro, como hemos mostrado en notas anteriores– subyace el temor a que sea “el otro lado” el que logre convencer a la ciudadanía o manipularla y, por ende, lograr un plebiscito a favor de su postura pero no como resultado de una libre e informada deliberación ciudadana, sino más bien como consecuencia de las mismas malas artes que se suelen atribuir a la elección popular de autoridades. Es dificil refutar esa idea: si gana mi propuesta, el pueblo es sabio y no se equivoca, en cambio si pierde la gente es un rebaño estúpido que ha sido llevado de las narices por los factores de poder y sus medios aliados (argumentan del lado “ambientalista”) o que fue manipulada mediante el miedo por la prédica apocalíptica de sectores fundamentalistas (argumentan del lado “desarrollista”). No obstante, hay dos objeciones importantes en este caso: la primera es que licencia social no implica necesariamente un plebiscito. El proyecto del legislador pampeano Hernán Pérez Araujo no establece la obligatoriedad de esa instancia, y en cambio sí instituye una serie de mecanismos que implican una consulta constante y desde el inicio a diferentes sectores involucrados en la problemática (ver enlace al proyecto). Por otro lado, quienes sí creen que el proceso de licencia social debe “cerrarse” con una consulta popular entienden que debe haber un amplio y transparente proceso de deliberación, con una serie de instancias que garanticen la información adecuada a disposición de quienes decidirán, incluso como requisito para poder resolver (por ejemplo, demostrar haber asistido a audiencias públicas o debates presenciales o virtuales sobre la temática en cuestión). En todo caso, de haber consulta popular, sería solo después de un extendido proceso de deliberación, en el cual la comunidad en cuestión profundice su conocimiento sobre el proyecto en juego.

5. Declaración de Río. Los sectores adversos a la idea de implementar la licencia social suelen argüir que no está contemplada en el entramado institucional argentino. Sin embargo, esa información es inexacta. Existen por lo menos dos tratados internacionales firmados por la Argentina que garantizan el derecho de las comunidades a participar de las decisiones en materia ambiental: la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, de 1992, establece en su Principio 10 que “el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda”, y más adelante se refiere a “la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones”, que “los Estados deberán facilitar y fomentar poniendo la información a disposición de todos”. La Argentina no solo es firmante de esta declaración: también integra el grupo de países que piden la aplicación del Principio 10, desde el 13 de mayo de 2013, como miembro de su Mesa Directiva. Es absurdo que nuestro país vele internacionalmente por la aplicación de este principio mientras en su propio territorio no lo hace cumplir. Una ley nacional de licencia social daría remedio a esta situación paradójica.

6. Acuerdo de Escazú. Nuestro país además ratificó el Acuerdo de Escazú, que también incluye el principio de la “licencia social” en su artículo 7°, cuando establece “el derecho de la ciudadanía a participar en la toma de decisiones ambientales, especialmente cuando existan acciones que puedan tener un impacto significativo sobre el medioambiente o para la salud de la población”. El nombre oficial de ese tratado es Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. Como se ve, la participación ciudadana es uno de los ejes de ese acuerdo, ratificado por el Parlamento argentino en 2020. Se sabe, pero conviene repetirlo, que los tratados sobre derechos humanos que la Argentina ratifica pasan a tener jerarquía constitucional desde la reforma de 1994. El Acuerdo de Escazú incluye entre los “derechos de acceso” –como lo denota su nombre formal– el acceso a la información ambiental, a la participación pública en los procesos de toma de decisiones en asuntos ambientales y a la justicia en asuntos ambientales. Los tres son igualmente valiosos para “lograr el desarrollo sostenible en sus tres dimensiones –económica, social y ambiental– de forma equilibrada e integrada”.

Ojalá el Congreso de la Nación se anime a discutir este avance democrático. La “licencia social” no es la solución a ningún problema, pero es el camino más sensato a la solución, al menos para quienes creen que, como oportunamente dijo el presidente Raúl Alfonsín, los males de la democracia solo se curan con más democracia.

Por Américo Schvartzman - Licenciado en Filosofía y periodista. Integra la cooperativa periodística y cultural El Miércoles, de Entre Ríos.
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Terminó la audiencia pública por la exploración petrolera offshore

Fecha de Publicación: 24/10/2022
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Nacional - Buenos Aires


Luego del desarrollo de tres jornadas de ponencias y la participación de 266 expositores, culminó la Audiencia Pública del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para analizar el impacto ambiental del proceso de exploración petrolífera mar adentro.
A partir de ahora, las áreas técnicas encargadas del desarrollo de la evaluación ambiental del proyecto realizarán un informe de revisión final donde analizarán el estudio de impacto ambiental ya presentado, contemplando también las intervenciones técnicas de todas las áreas de Gobierno consultadas y la opinión de la ciudadanía.
La audiencia tuvo lugar como consecuencia del resultado positivo de análisis del lecho marino realizados por petroleras interesadas en la explotación del petróleo offshore. YPF, junto a Shell Argentina y una petrolera noruega buscan la aprobación para realizar un pozo exploratorio denominado Argerich, paso previo para la explotación del crudo en el Mar Argentino.
La secretaria de Cambio Climático, Cecilia Nicolini, cerró la audiencia destacando que «como una gran mayoría de los expositores han precisado, las actividades que promuevan el crecimiento del país deberán realizarse indefectiblemente en sintonía con el cuidado del medio ambiente”.
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La marea roja es la causa de muerte de 30 ballenas en la Patagonia argentina

Fecha de Publicación: 24/10/2022
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Chubut


La treintena de ballenas halladas muertas en las costas de la Patagonia argentina perecieron debido a una “floración algal nociva en el Golfo Nuevo”, más conocida como marea roja, según confirmaron este viernes a EFE fuentes oficiales.
Desde la Dirección de Fauna y Flora Silvestre de la provincia argentina de Chubut (sur) indicaron que se encontraron toxinas paralizantes de moluscos, compatibles con el fenómeno, en los cadáveres de las ballenas.
“La marea roja es un proceso natural que se da anualmente entre la primavera y el verano. Este año batió récords en producción de toxinas”, explicó a EFE Fernando Bersano, director de Fauna y Flora Silvestre de Chubut.
Por otro lado, un informe del Instituto de Conservación de Ballenas (ICB) concluyó que “la investigación realizada hasta la fecha sostiene la hipótesis según la cual la mortandad de ballenas se debió a una floración algal nociva en el Golfo Nuevo, ocurrida entre fines de septiembre y principios de octubre”.
De las 30 ballenas francas australes muertas, 26 ejemplares adultos y cuatro jóvenes, solo seis pudieron ser necropsiadas debido a que la mayoría se encontraba en avanzando estado de descomposición.
Según los reportes de veterinarios y biólogos del Programa de Monitoreo Sanitario Ballena Franca Austral, se encontraban en buen estado, con correcto espesor de su capa de grasa aislante y ningún ejemplar presentó evidencias de lesiones o heridas que explicaran su muerte.
“Sin embargo, se encontraron en el organismo concentraciones detectables de Toxina Paralizante de Moluscos en diversos tejidos y fluidos en cinco de las seis ballenas analizadas”, reveló la necropsia.
Los investigadores concluyeron que las muertes ocurrieron de forma aguda en cuatro días y que en su organismo se encontraron ingestas de diatomeas productoras de biotoxinas, que tras solaparse en tiempo y espacio, terminaron por esparcir estos tóxicos que afectaron también a aves y lobos marinos.
“Desde el 10 de octubre no se han registrado nuevas muertes de ballenas, lo que coincide con un marcado descenso en la abundancia de la especie productora de toxinas paralizantes en el plancton y en los niveles de biotoxinas en moluscos del Golfo Nuevo”, cerró la investigación.
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Chubut y Nación avanzan con la creación del Area Marina Protegida “Frente Valdés”

Fecha de Publicación: 22/10/2022
Fuente: El Chubut
Provincia/Región: Chubut


El proyecto propone la creación de un Area Protegida establecida fuera de las 12 millas de la zona de Aguas Territoriales en el denominado “Corredor Frente Chubut”, que represente al menos el 25% de su superficie total (37.000 km2).
Funcionarios del Gobierno del Chubut y de la Nación mantuvieron una reunión de trabajo en Rawson, en la cual se presentó el proyecto de creación del Área Marina Protegida “Frente Valdés”, que tiene como principal objetivo proteger la biodiversidad marino costera.
En tal sentido, el proyecto propone la creación de un Área Protegida establecida fuera de las 12 millas de la zona de Aguas Territoriales en el denominado “Corredor Frente Chubut”, que represente al menos el 25% de su superficie total (37.000 km2).
El proyecto, que fue presentado por González Trilla, propone la creación de un Área Protegida, establecida fuera de las 12 millas de la zona de Aguas Territoriales en el denominado “Corredor Frente Chubut” que represente al menos el 25% de su superficie total (37.000 km2).
En la oportunidad, González Trilla destacó que “la intención de la reunión es anticipar el envío formal del proyecto que estuvimos trabajando porque nos parece importante que la provincia haga sus aportes y exprese su opinión para que al momento de ser presentado al Congreso, esas opiniones sean tenidas en cuenta”.
El proyecto de Ley que se pone a consideración de los diversos organismos con injerencia en el tema, se viene trabajando desde 2.018, en el marco del Proyecto “Fortalecimiento de la Gestión y Protección de la Biodiversidad Costero Marina en Áreas Ecológicas clave y la Aplicación del Enfoque Ecosistémico de la Pesca”, que cuenta con financiamiento otorgado a nuestro país por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial.
Tiene en cuenta, además, el Documento de línea de base ambiental y socioeconómica del Frente Valdés (LBFV), elaborado a tal efecto, el cual contempla sus características oceanográficas, biológicas y socioeconómicas.
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Las tensiones por el desarrollo del Litio

Fecha de Publicación: 22/10/2022
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional


A diferencia de Bolivia y Chile, Argentina cuenta con un régimen federal de regulación y promoción de la actividad que lotea responsabilidades entre Nación y Provincias y no permite elaborar una estrategia de desarrollo.
"Debemos considerar el litio como un recurso estratégico", deslizó por primera vez públicamente el Presidente Alberto Fernández en una disertación durante su gira por Nueva York hace poco menos de un mes. La afirmación pasó desapercibida por el público- estudiantes y miembros de la tradicional comunidad universitaria neoyorquina The New School- pero resulta un tema clave y complejo (cuándo no) para el desarrollo económico del país.
La complejidad radica en que a diferencia de Bolivia y Chile, vecinos del famoso triángulo del litio que concentra el 58 por ciento de las reservas mundiales del mineral, Argentina cuenta con un régimen federal de regulación y promoción de la actividad minera a través del cual las provincias tienen el dominio de los recursos mineros y la competencia para adjudicar concesiones para explorar y explotarlos, mientras que la Nación recibe la mayor parte de los recursos tributarios vinculados a la actividad y los instrumentos de política productiva y de ciencia y tecnología.
"Es políticamente poco probable que se modifique el régimen de concesiones que se deriva del dominio originario de las provincias sobre los recursos naturales ratificado por la Constitución de 1994. El desafío es entonces coordinar las políticas entre distintos niveles de gobierno de manera de atender a las tensiones y desbalances", asegura un documento publicado por el centro de estudios Fundar producto de una investigación específica sobre el tema. No sería la primera vez que el Presidente se posicione taxativamente sobre un tema que luego no tracciona. Desde el gobierno no volvieron a pronunciarse, y tampoco acusan que haya un plan para tal fin.

Tres tristes tensiones
El trabajo que elaboraron los investigadores del equipo de Fundar Carlos Freytes, Martín Obaya y Víctor Delbuono resalta tres tensiones principales que surgen del régimen de gobernanza de la minería para la implementación de políticas de desarrollo productivo en torno al litio: el loteo de responsabilidades entre el nivel nacional y provincial; el foco de la política de ciencia y tecnología en los eslabones mas desarrollados de la cadena de valor y la realidad productiva actual del litio en el país; y la gobernanza socioambiental del litio.
Las provincias tienen a su alcance las condicionalidades que se les requiere a las empresas para acceder a los derechos de explotación sobre el recurso. "La contratación de mano de obra y compre local dentro de los límites de cada provincia crea barreras de entrada para empresas de otras provincias y genera problemas de escala para el desarrollo de proveedores con capacidades productivas y tecnológicas más complejas", aseguran desde Fundar.
Del otro lado la estructura impositiva de la minería de litio, concentrada en Nación, podría ser una fuente de financiamiento para desarrollar capacidades pero carece de instrumentos progresivos para gravar la renta o precios extraordinarios. La Ley de Inversiones mineras establece un tope a la recaudación por parte de las provincias en tanto que los impuestos recaudados por la Nación sobre la actividad no son de asignación específica, lo que limita su vinculación con políticas de desarrollo productivo. En el caso de Chile, por ejemplo, parte de lo recaudado en la minería del litio se destina a financiar actividades de I+D para el procesamiento y transformación del recurso.
"La mayor parte de los recursos humanos y presupuestarios de la política de ciencia y tecnología (a través del Conicet y la Agencia I+D+i) se concentra en el segmento aguas abajo, por ejemplo, en el desarrollo de la tecnología de las baterías de ion litio. Este es un segmento en el cuál existen importantes barreras financieras, tecnológicas y comerciales para el ingreso de empresas argentinas", dice el documento de Fundar que asegura que existen importantes áreas de vacancia en temáticas cruciales para la producción de litio a partir de salares, tales como el desarrollo de métodos más sostenibles de producción, el impacto sobre el equilibrio hidrológico de los salares, o la gestión de las demandas socioambientales.
Párrafo aparte merecen los desequilibrios ecológicos generados por el sobreconsumo de agua en territorios extremadamente áridos. "Argentina es el cuarto país con mayor número de conflictos socioambientales mineros después de México, Chile y Perú. En total, más de un 50% de los proyectos mineros resultan cancelados o temporalmente suspendidos a causa de resistencias sociales", aseguran desde Fundar.
En un documento especial sobre esta temática específica que elaboraron las investigadoras de Fundar María Victoria Arias Mahiques, Malena Galuccio y Carlos Freytes, aseguran que no existe una estrategia uniforme en la gestión de sus recursos. Las instancias de participación pública y su articulación con el proceso de consulta libre, previa e informada (CLPI), el procedimiento de evaluación de impacto ambiental (EIA) y su implementación efectiva "presentan brechas entre las distintas jurisdicciones".
"La aprobación del EIA se ha ido consolidando como un mecanismo para negociar con las empresas mineras las condiciones de su operatoria, tales como la contratación de bienes, servicios y empleo provincial", asegura. El otro eje crítico en este sentido es la relación con las comunidades y pueblos originarios. La actividad minera de los ecosistemas altoandinos se superpone con territorios utilizados y ocupados por poblaciones locales hace más de 10.000 años.
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