Cambio climático: Argentina pide fondos para financiar reformas

Fecha de Publicación: 19/07/2022
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Nacional


Silvina Batakis aseguró que es necesario cuidar a "los sectores más vulnerables" de la transición climática. El pedido fue ante el G20.
El Gobierno pidió ante el G20 fondos para poder financiar reformas contra el cambio climático. En esta línea, la ministra de Economía Silvina Batakis advirtió antes los representantes que "la pandemia nos ha demostrado que la recuperación y el crecimiento a largo plazo de nuestras economías no pueden darse a cualquier costo".
La funcionaria aprovechó ese encuentro virtual para plantear también la necesidad de obtener mejores condiciones para "financiar la transición climática" y proteger a los sectores más vulnerables.
Antes sus pares del G20 -que engloba a países desarrollados y economías emergentes-, la titular del Palacio de Hacienda dijo que es "esencial considerar los diferentes impactos de las transiciones hacia economías con bajas emisiones de gases de efecto invernadero".
Y también la necesidad de garantizar el acceso el "financiamiento a largo plazo y asequible para las economías de mercado emergentes y los países de renta baja".
Batakis recordó que el limitado espacio fiscal y la carga de la deuda externa en muchos países de renta media y baja pueden condicionar sus estrategias de desarrollo.
Y remarcó que "el pasaje debe ser justo, pero también inclusivo, asequible y sostenible, incorporando una perspectiva social, además de consideraciones macroeconómicas, fiscales, financieras y de balanza de pagos".
La ministra de Economía subrayó la necesidad de "reformar la arquitectura financiera internacional para permitir el desarrollo de mercados de capitales locales sostenibles".
Tras reunirse con su equipo de colaboradores, Batakis participó como oradora principal en una sesión donde los ministros de Finanzas y presidentes de Bancos Centrales del G20 abordaron cómo impulsar la agenda de finanzas sostenibles para fortalecer la recuperación y fomentar el crecimiento sostenible de la economía global.
También orientar y aprovechar estratégicamente las inversiones públicas y privadas para impulsar las transiciones hacia economías y sociedades más resilientes, sostenibles e inclusivas".
En palabras de la ministra, esto debería ser una prioridad para los países del G20.
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En Córdoba, se aplican más de 100 millones de agrotóxicos al año. El agronegocio convierte extensas áreas de bosques nativos en suelos contaminados

Fecha de Publicación: 19/07/2022
Fuente: biodiversidadla.org
Provincia/Región: Córdoba


“En la provincia se aplican 105 millones de litros de agrotóxicos al año, mientras que en todo el país la medida es de 600 millones de litros anuales”, explica Medardo Ávila Vázquez, uno de los fundadores de la Red Universitaria de Ambiente y Salud – Médicos de Pueblos Fumigados y pionero en visibilizar las consecuencias del modelo de producción ligado al uso de agrotóxicos.
Ya en el 2011, tras un estudio presentado por investigadoras del Conicet, se comprobó la presencia alarmante de agroquímicos y metales pesados en la cuenca del río Paraná. Los niveles de glifosato y de AMPA (metabolito en la degradación del glifosato) halladas en la cuenca cuadruplican las concentraciones que pueden encontrarse en un campo de soja. Misma cuenca con la que conectará el futuro acueducto Córdoba – Santa Fe.
Esta situación se da en simultáneo con el agua de consumo en la provincia de Buenos Aires. Allí, el agua de las capas subterráneas, de entre 40 y 60 metros de profundidad, se extrae con los agrotóxicos que se están aplicando en la superficie.

El silencio no es salud
Desde el año 2004 rige la Ley 9.164 de “Productos Químicos o Biológicos de Uso Agropecuario”. Esta norma prohíbe toda fumigación a menos de 1500 o 500 metros (según el producto) de zonas pobladas.
El glifosato está catalogado de clase III y puede ser aplicado sin ninguna restricción.
El 80% de las aplicaciones no quedan en el predio o en las plantas. Se pulveriza en el ambiente. “En Córdoba tenemos registros en 5 pueblos, donde tomamos muestras de agua de lluvia encontrando glifosato. La lluvia arrastra los agrotóxicos del aire y caen al suelo”, agrega el Dr. Avila Vazquez.

Un riesgo para la salud
Las consecuencias son inmediatas. Un grave impacto para la salud humana de la mano del incremento de enfermedades tales como el cáncer, problemas reproductivos, abortos, niños que nacen con malformaciones, problemas endocrinos como hipotiroidismo, Alzhéimer, esclerosis múltiple, entre otros.
Un estudio publicado por “International Journal of Clinical Medicine” demuestra que la mortalidad por cáncer en los pueblos agrícolas es la primera causa de muerte.
El informe verificó que en estos pueblos el cáncer es casi tres veces más frecuente. Alcanzando en algunos años a justificar la mitad (50%) de todos los decesos, cuando, desde hace 40 años esta enfermedad explica sólo una quinta parte de ellos (20%).
La provincia asiste en las últimas décadas a una radical transformación de su estructura productiva que ha impulsado profundas alteraciones ambientales. Y lo pagamos, entre otras cosas, con nuestra salud.
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En Neuquén, denunciaron penalmente a un grupo de hombres por cazar pumas

Fecha de Publicación: 18/07/2022
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Neuquén


La medida del Ministerio de Ambiente se tomó a partir de publicaciones en redes sociales. En algunas regiones la especie está disminuyendo debido a la “persecución directa”
Durante las últimas horas se viralizó en redes sociales un video donde un grupo de hombres cargaban cuatro pumas que ellos mismos habían cazado en la localidad de San Martín de los Andes, sitio en el que está prohibida la caza del felino, protegido como autóctono. A partir de una investigación, las autoridades locales lograron identificar a las personas, radicaron multas y denuncias penales.
Desde el Ministerio de Ambiente de la Nación, en tanto, se informó que los funcionaros ambientales de Neuquén decidieron labrar multas y denuncias penales por la caza ilegal de pumas “concolor”.
El caso surgió a partir de la difusión de un video grabado en la zona de Buta Ranquil, donde un grupo de hombres se filmaron caminando entre la nieve con los pumas cargados sobre sus hombros.
Desde la cartera ambiental repudiaron el hecho y se ofreció colaboración para evitar futuros ataques a la fauna silvestre autóctona. A partir de la investigación realizada, la Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiental de Neuquén se confirmó que el hecho ocurrió la semana pasada y en una zona donde está prohibida la caza.
Tras identificarse a los autores del delito, se los sancionó con multas y elevó una denuncia a la fiscalía ambiental. Si bien el puma es una especie generalista que se encuentra en gran parte del país, se advirtió que “existe información de que esta especie puede estar sufriendo retracciones en algunas regiones producto de la persecución directa y la expansión de la frontera agropecuaria”.
A su vez, desde el área provincial de Medio Ambiente se destacó que debido a que el puma tiene una gran capacidad de repoblamiento en algunos sectores, “en la última categorización se mantuvo la del puma como preocupación menor en la Argentina, aprobada por Resolución 316/2021″.
Si bien la prohibición de caza está establecido en diversas zonas, algunas jurisdicciones provinciales mantienen la práctica de caza para el control de las poblaciones frente a la amenaza para la ganadería ovina o caprina. En dichos casos el procedimiento requiere de una primera denuncia por parte del criancero, y luego, personal de fauna realiza los controles y se determina la autorización para la caza control.
Desde el Ministerio de Ambiente se repudió el hecho y, a su vez, destacaron que desde el organismo se promueve el cuidado de la fauna silvestre mediante distintas políticas públicas orientadas al bienestar y preservación de los animales autóctonos. Una de las acciones consiste en el desarrollo del Foro de Bienestar Ambiental, donde se promueve la participación federal para compartir experiencias y conocimientos que tienen por objetivo conservar la fauna.
La viralización del video generó todo tipo de reacciones y grupos ambientalistas de distintas localidades se manifestaron al respecto. En Mendoza, la Fundación Cullunche pidió que se haga justicia por el delito cometido y advirtieron que cuando se caza en cantidad, “los hacen pasar -a los cazadores- del otro lado de la frontera para que Río Negro les pague por puma muerto, donde lamentablemente todavía está permitida la caza de fauna silvestre”.
“Es inconcebible que se muestren de este modo con cuatro pumas muertos, es un hecho absolutamente repudiable y que atenta gravemente al medio ambiente”, sostuvo a MDZ Jennifer Ibarra, quien pidió que se investigue dado que las personas podrían haber sido pagadas para cometer el delito.
En Mendoza, el puma también está protegido debido a sus características. Desde la fundación se indicó que se trata del segundo animal más largo después del yaguareté “y forma parte de las diez especies de felinos que habitan en Argentina, de los cuales cinco están en Mendoza”. Por eso, la importancia de su conservación y preservación para el medio ambiente.
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Un fallo de la Corte que no se cumple

Fecha de Publicación: 18/07/2022
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Riachuelo


El 8 de julio de 2008, la Corte condenó al Estado nacional, la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires a recomponer el aire, los suelos y las aguas de la cuenca Matanza-Riachuelo para mejorar la calidad de vida de sus habitantes y prevenir daños futuros. Estableció, además, que la sentencia debía ser cumplida por la autoridad de la cuenca (Acumar), que había sido creada un año antes.
En los catorce años transcurridos se retiraron cascos de buques y se parquizaron las laderas más expuestas, pero la contaminación de las aguas y del aire se mantiene. Solo un 30 por ciento de los asentamientos en lugares precarios han sido relocalizados.
En las aguas persiste la pestilencia porque las normas de la Acumar simplemente mantuvieron la tolerancia de efluentes industrializados contaminados que venían rigiendo por décadas. Las descargas cloacales de AySA no están sujetas a las normas de la Acumar, y cuando se concluya el colector de la margen izquierda parte de esas aguas irán al Río de la Plata sin el debido tratamiento.
Aunque tiene competencia para hacerlo, la autoridad de la cuenca no puso límites a las emisiones de gases y partículas contaminantes. Solo estableció estándares de calidad del aire referidos a ocho contaminantes, pero el plomo no se mide, y para el benceno, el estándar no ha sido cuantificado.
La Corte también ordenó establecer un plan sanitario de emergencia. Apenas se presentó en 2019, y no vincula la contaminación con las enfermedades que produce ni recopila información sobre la situación sanitaria, como lo ordenó la Corte. El juez federal a cargo de la ejecución del fallo no dispuso los peritajes que se le requirieron. Cuando intervino el Cuerpo Médico Forense para actuar pidió la participación de la Universidad de Buenos Aires, información que tampoco se ha producido.
El Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa, consultados por la Corte sobre la marcha del proceso, en marzo de 2021, el primero, y en junio, el segundo, recomendaron modificar el procedimiento de ejecución porque es un “fallo estructural”, como los de los Estados Unidos para integrar en las escuelas alumnos de diferente origen étnico. La Corte no se ha pronunciado.
La Acumar produce informes trimestrales, en algunos casos bimestrales, sobre los mandatos de la sentencia, donde ilustra sobre procedimientos de gestiones y reuniones burocráticas, sin indicar si hubo cambio en la contaminación que existía en 2008. Los muestreos del agua superficial de la cuenca se publican masivamente en la página de la Acumar, pero no son regulares en los lugares ni en los intervalos ni en las sustancias que en cada caso se controlan.
El 1º de mayo último, La Nación informó sobre la multa de 82 millones de dólares que a requerimiento del Departamento de Justicia de Estados Unidos pagó una empresa de ese país por haber sobornado a funcionarios de México, Brasil y la Argentina para consentir la emisión de contaminantes en el tratamiento de residuos patogénicos. Los documentos del Departamento de Justicia fueron llevados al juez federal que interviene en la ejecución del fallo de la Corte.

Por Raúl Estrada Oyuela - Apoderado de la Asociación de Amigos de La Boca
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Por el avance del fuego en el Paraná, Santa Fe pedirá que intervenga la Justicia Federal

Fecha de Publicación: 16/07/2022
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Santa Fe - Entre Ríos


La constante aparición de focos de incendio en el delta del río aumenta la preocupación por el ambiente. El gobierno provincial pedirá que se investiguen las causas
Durante las últimas semanas, los focos de incendio en el Delta del río Paraná no pararon de expandirse. El fin de semana Rosario se vio invadida por una capa de humo que se mantuvo de manera permanente. Ahora, los Faros de Conservación detectaron numerosos focos de incendios. Frente a dicha situación, el Gobierno de Santa Fe acudirá a la Justicia Federal de Paraná para que inicie una investigación.
Bomberos Voluntarios y personal de Defensa Civil trabajan a contrarreloj debido al avance del fuego en el Delta. La situación resulta alarmante debido a que la problemática inició meses atrás y solo con los incendios de este fin de semana y el lunes, se detectaron más de 2.400 hectáreas.
El panorama no resulta alentador dado que el reporte trimestral de los Faros de Conservación, indicó que aumentaron las alertas emitidas. De 181 en mayo a 269 en junio, y 237 en lo que va de julio. Es decir, que se multiplicaron las incidencias de focos ígneos en Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires.
Por tal motivo, la ministra de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe, Erika Gonnet informó que hará una presentación ante el Juzgado Federal de Paraná para que se inicie una investigación en relación al origen de los focos ígneos.
La funcionaria aseguró que aportará datos como “la localización de los lugares donde están las quemas y que son de jurisdicción de Entre Ríos” y datos con “información georreferenciada”, según reflejó el portal Ciudadano Web. De ese modo, pedirá que se investiguen posibles quemas ilegales.
Más allá del pedido, Gonnet aseguró que mantiene una permanente interacción con el Gobierno de Entre Ríos, con quien “tenemos los faros de conservación”. De hecho, dicho sistema les permitió identificar que ya son más de dos mil las hectáreas que se están quemando frente al Gran Rosario. Es decir, un número que se suma a las 60 mil hectáreas que fueron afectadas en lo que va del año.
En los últimos meses, los incendios avanzan de manera constante y en distintos puntos del Delta del Paraná. Dicha situación más la bajante del río y la sequía en la zona, genera un daño grave al ecosistema de la región. De hecho, distintas organizaciones ambientalistas aseguran que se necesitarán varias décadas para recuperar la flora y fauna que la caracterizaba.
Más allá de que existen condiciones climatológicas y ambientales que hacen propensos los incendios, desde el Gobierno de Santa Fe se busca intensificar la investigación bajo la hipótesis de “si los dueños de tierras arrasadas son los mismos responsables de iniciar los focos con el fin de allanar el terreno para la cría de ganados”, informó Télam.
Más allá del pedido de investigación que el Gobierno hará a la Justicia Federal, el director del Observatorio Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Matías De Bueno planteó a medios locales que es necesaria la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación debido a la falta de soluciones a la permanente quema en los humedales.
A su vez, detalló que frente a los incendios existen dos líneas de trabajo; una vinculada a combatir el fuego y otra a las políticas ambientales para resolver el problema de fondo. De esa manera, el director remarcó la necesidad de una mayor intervención para proteger el medio ambiente.
En las zonas afectadas trabajan dos helicópteros, un avión hidrante y un avión observador, además los brigadistas sostienen el peligro que representan los focos de incendios y recomendaron a la población no acercarse para intentar apagarlos por cuenta propia.
Actualmente funciona las 24 horas el Sistema de Monitoreo y Alerta Temprana de Incendios del Ministerio de Ambiente de la Nación. El mismo está integrado por torres de entre 30 y 40 metros de altura con cámaras que detectan el humo y calor. Por medio de un software se detectan y localizan los focos de incendio, y dicha información es reenviada a las jurisdicciones correspondientes. De ese modo, se puede trabajar en una rápida extinción.
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Muere un puma al ser atropellado en Misiones dentro del Parque Nacional Iguazú

Fecha de Publicación: 16/07/2022
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Misiones


Ocurrió en la ruta nacional 101, a la altura del cruce con la ruta 12, dentro del Parque Nacional Iguazú, en un lugar donde la velocidad máxima permitida es de 40 kilómetros por hora.
Un puma macho adulto murió al ser atropellado por un vehículo en la ruta nacional 101, a la altura del cruce con la ruta 12, dentro del Parque Nacional Iguazú, en un lugar donde la velocidad máxima permitida es de 40 kilómetros por hora, por lo que representantes de Vida Silvestre pidieron respetar las normas de tránsito y extremar las precauciones al conducir en áreas protegidas.
“Lamentamos la pérdida de este individuo”, señaló a través de un comunicado Lucía Lazzari, coordinadora de paisajes terrestres de la Fundación Vida Silvestre Argentina y consideró que este hecho ocurrido ayer a la tarde “debe ser un punto de inflexión, y nos demuestra la urgencia necesaria para implementar acciones concretas y medidas para reducir al máximo el atropellamiento de fauna silvestre”.
“Lo que ocurrió representa un daño importante al ambiente, un animal silvestre más que se suma a yaguaretés, tapires, venados, osos meleros, y muchísimos más que son víctimas de una problemática que depende del respeto de las personas a las normas de tránsito”, apuntó.
Asimismo, la especialista remarcó que “la responsabilidad” de la muerte de este ejemplar de entre 45 y 50 kilos es “compartida y todos tenemos que ponerle un freno a esto”.
Según la organización ambientalista, el atropellamiento representa una “seria amenaza para la fauna de nuestro país, y los animales más perjudicados son los grandes depredadores como el yaguareté, ya que no solo los impacta directamente, sino que también se ven afectadas sus presas”.
En este marco, la organización aconsejó a quienes circulen dentro de áreas protegidas que la velocidad máxima es de 60 kilómetros por hora, norma que “debe ser respetada para resguardar el ambiente y por la seguridad de quienes viajan en los vehículos”.
“El receso invernal ya está dando muestras de un importante movimiento turístico en el país, lo que se traduce en mucho tránsito en las rutas, y en donde los atropellamientos de fauna se incrementan. Por ello es importante recordar la necesidad de respetar los límites de velocidad”, apuntó Lazzari.
Según un informe realizado por Vida Silvestre, en Misiones más de 5.000 animales mueren al año por esta problemática en rutas que atraviesan áreas protegidas.
“En los últimos años, los atropellamientos de animales silvestres toman notoriedad como una amenaza importante para la fauna de nuestro país”, aseguró Lazzari y agregó que “a pesar de las señalizaciones, el número del análisis que realizamos podría estar subestimado, ya que hay pocos registros de algunos grupos como anfibios, que son muy impactados, pero no son reportados”.
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Preocupa la deforestación por el agronegocio en Argentina

Fecha de Publicación: 15/07/2022
Fuente: TV Pública
Provincia/Región: Nacional


Argentina está entre los 10 países que más desmontaron en las últimas tres décadas: se estima que se perdieron cerca de 8 millones de hectáreas de bosques. Científicos del CONICET alertan por la destrucción de bosques nativos y cuentan a la expansión de la frontera agrícola como el principal factor.
Desde hace ya varios años la Argentina se encuentra en emergencia forestal. Y más allá de los números internos, el problema de la pérdida de bosques nativos en el país ya se expuso en el marco internacional.
El avance de la frontera agropecuaria aumenta la destrucción de bosques y los conflictos territoriales entre pueblos originarios y empresarios, los cuales compran fincas que, históricamente, pertenecen a territorio indígena y las deforestan, en su mayor parte para ganadería intensiva y cultivo de soja transgénica.
De acuerdo al monitoreo de la organización Greenpeace, durante la cuarentena en 2020, a pesar de que el desmonte es una actividad que estuvo suspendida durante el ASPO, en cuatro provincias del norte argentino fueron arrasadas casi 50 mil hectáreas de bosques.
En Salta se desmontaron 12.863 hectáreas, 19.673 en Santiago del Estero, 6.109 en Chaco y 10.011 en Formosa. Estas cuatro provincias concentran el 80% de la deforestación en Argentina.
La organización ambientalista aseguró que durante 2021 se deforestaron 110.180 hectáreas de bosques nativos en el norte argentino, superficie equivalente a cinco veces el tamaño de la Ciudad de Buenos Aires

“Pampeanización” y frontera agrícola
Con respecto a las causas de la deforestación, las principales son la expansión y la diversificación agropecuaria, en especial la agricultura y la ganadería intensivas. En menor medida, la agricultura de subsistencia, los incendios, el sobrepastoreo, el desarrollo de infraestructura y la sobreexplotación de los recursos forestales.
Nuestro país cuenta con 536.545 km² de bosques nativos, lo que representa el 19,2 % de nuestra superficie continental. Las provincias con mayor superficie de bosque nativo son Santiago del Estero, Salta, Chaco y Formosa correspondientes al Parque Chaqueño.
Muchos de los grandes productores agropecuarios no son de la región chaqueña: provienen de la región pampeana (Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe) y en algunos casos del exterior.
En vez de adaptarse a las limitaciones y las posibilidades que les brinda el ecosistema chaqueño para producir, deciden transformarlo, destruyéndolo.
Esta “pampeanización” del Gran Chaco se produce, fundamentalmente, porque el precio de una hectárea en el norte oscila entre los 300 y 500 dólares (con bosques), mientras que en la zona pampeana su valor ronda entre los 10 mil y 15 mil dólares.
La ampliación de la frontera agrícola y la cría intensiva de ganado, en detrimento de los bosques, deja tras de sí terrenos áridos y desérticos.
La Ley de Bosques es el principal instrumento de política publica del que se vale Argentina para conservar sus bosques. Antes de su sanción, se desmontaban a razón de 300.000 hectáreas por año. Ese número disminuyó en forma notoria durante los últimos tres años: 190.589 hectáreas en 2014; 157.947 hectáreas durante 2015; y 136.473 hectáreas en 2016. Con todo, Argentina permanece entre los diez países que más árboles talaron en el último cuarto de siglo, con 7,6 millones de hectáreas de bosques nativos. La misma superficie que toda República Checa.
Cabe recordar que la ley estableció tres áreas con criterios distintos de conservación. Se trata de las categorías: I (rojo), bosques nativos de alto valor de conservación, que no deben transformarse; II (amarillo), de mediano valor de conservación, con posibilidad de llevar a cabo aprovechamiento sostenible, turismo, recolección e investigación científica; y III (verde), de bajo valor de conservación, lo que permite su transformación parcial o total.
Sin embargo, Greenpeace destacó en su informe que, a pesar de la disminución de la deforestación, en 2019 un tercio de los desmontes se produjeron en bosques protegidos por la normativa nacional de bosques (clasificados en las Categorías I – Rojo y II – Amarillo), alcanzando las 27.704 hectáreas (Santiago del Estero 18.679 ha, Chaco 7.683 ha, Salta 1.326 ha, Formosa 16 ha). En estas cuatro provincias que enmarcan esta región, se habían perdido 112.766 hectáreas en 2018 y 172.639 hectáreas en 2017.
Los bosques son fundamentales para la regulación hídrica; la conservación de la biodiversidad, del suelo y de la calidad del agua; la fijación de carbono; la diversificación y belleza del paisaje, además de la defensa de la identidad cultural.
La deforestación, por su parte, ocasiona la pérdida de biodiversidad, la reducción en la capacidad de mitigar el cambio climático, genera cambios hidrológicos con mermas en la capacidad productiva de los suelos y aumento del riesgo de inundaciones; y en general la disminución en la provisión de servicios ecosistémicos a la sociedad.
Además, el modelo productivo que reemplaza al bosque por pasturas o cultivos anuales está vinculado con la pérdida de empleo rural, la concentración de la tierra y la migración de la población rural hacia los centros urbanos.
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Llevamos la hidrovía a la justicia para frenar la destrucción del Paraná

Fecha de Publicación: 15/07/2022
Fuente: biodiversidadla.org
Provincia/Región: Buenos Aires


“La Asociación Civil “Unidos por la Vida y el Ambiente” -UPVA- y la “Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas” interpusieron una Acción de Amparo Ambiental contra el Estado Nacional para que la justicia federal suspenda las obras de dragados ejecutadas y por ejecutarse en los pasos críticos de la Hidrovía Paraná Paraguay, especialmente en el denominado “Paso Las Hermanas y Paso abajo las Hermanas”, frente a la localidad de Ramallo (Pcia. de Buenos Aires).
“Resulta injustificable, y absolutamente contrario a derecho, realizar obras de estas características frente a la enorme crisis ecológica, climática e hídrica que atraviesa la cuenca de agua dulce más importante de nuestro país, sin contar con una Evaluación Ambiental Estratégica del mal llamado proyecto Hidrovía en el tramo Argentino de la cuenca”, sostuvo Enrique Viale, firmante de la acción en carácter de Presidente de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA).
Las organizaciones afirman que estas obras deben suspenderse urgentemente por ejecutarse sin la realización previa, oportuna y participativa de los estudios de impacto ambiental, conforme el procedimiento legal obligatorio, de toda iniciativa de cambio de trazas en pasos críticos del río Paraná, profundizaciones del calado, sobre-dragados y ensanchamientos del cauce de navegación. Por tal razón, solicitaron preventivamente una medida cautelar que ordene al estado Nacional, suspender toda intervención ingenieril y artificial de estas características sin Estudio de Impacto Ambiental puntual, hasta tanto se dicte sentencia conforme lo peticionado.
Los abogados patrocinantes de ambas organizaciones, Jorge Daneri, Lucas Micheloud y Fabian Maggi, sostienen que la presente acción es la traducción judicial de un conflicto socioambiental que lleva décadas y está caracterizado por la desambientalizacion y falta de controles estatales que tiene el proyecto de la Hidrovía.
Los cambios globales concretados en el río Paraná en las últimas décadas por el proyecto de la Hidrovía, en conjunto con los impactos climáticos e hidrológicos están desestabilizando todo el sistema de humedales, sitios de valor paleontológico y sus ecosistemas asociados en la región de la cuenca, pero también a las comunidades ribereñas, frente al acceso al agua de forma segura y adecuada.
En razón del cambio de traza realizado frente a Ramallo, ambas organizaciones solicitaron a la Justicia, disponga que no se concreten más este tipo de intervenciones en el río y sus valles de inundación, como cauce principal, sin cumplir con la aplicación y cumplimiento de las herramientas básicas de la democracia ambiental expuestas. A su vez, denunciaron que la auditoría contratada por la Administración General de Puertos a la empresa SERMAN S.A. no reviste la categoría de Estudio de Impacto Ambiental ni tiene una Declaración de Impacto Ambiental, además de representar un grave conflicto de interés.
Finalmente frente a la inexistente perspectiva de cuencas del proyecto HPP y la escandalosa mercantilización realizada sobre el río Paraná y sus reinos de vida que hace el complejo agroportuario y el sistema de navegación comercial, las organizaciones amparistas solicitaron a la Justicia Federal que adopte la línea jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en casos de gestión democrática de cuenca, y disponga en el marco de la licitación internacional en curso, un plazo preciso para que el Estado Nacional en conjunto con las provincias y con la debida participación ciudadana, conformen el “Comité de Cuenca del río Paraná”, la mayor deuda de la democracia ambiental aún incumplida, en el mayor río de la República.
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COFEMA y el Gobierno presentan un nuevo proyecto de Ley de Humedales

Fecha de Publicación: 14/07/2022
Fuente: InfoNews
Provincia/Región: Nacional


Este texto consensuado se trata de una propuesta elaborada sobre la base del proyecto de Ley de Presupuestos Mínimos de Humedales consolidado en la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de Diputados, con el aporte de distintas organizaciones y actores involucrados.
Un proyecto de Ley de Humedales fue consensuado hoy en una asamblea organizada por el Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema) celebrado en la sede del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. para ser presentado en el Congreso nacional.
Este texto consensuado se trata de una propuesta elaborada sobre la base del proyecto de Ley de Presupuestos Mínimos de Humedales consolidado en la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de Diputados, con el aporte de distintas organizaciones y actores involucrados, que logró un consenso amplio en el ámbito del Cofema para ser llevado al Congreso.
El titular de la cartera de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, señaló que "eso constituye un hito en la materia de trabajo colectivo, conjunto y esperamos que en el seno del Congreso nacional la discusión tenga una impronta federal".
En la reunión también se abordaron temáticas relacionadas con los avances en el manejo de fuego, proyectos de ley, como envases y bienestar animal.
Además se hizo un repaso de la implementación de la Ley Nacional de Educación Ambiental Integral, se detallaron resultados del proyecto especies exóticas invasoras y se dialogó sobre la distribución de los fondos de bosques y de la actualización del Inventario Nacional de Glaciares, precisó el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en un comunicado.
En relación al manejo de fuego se anunció desde la Nación que se destinarán $ 6.700 millones para los 24 distritos lo que permitirán hacer frente a la problemática, en forma de transferencias y equipamiento a asignar de acuerdo con los requerimientos de cada jurisdicción.
En este sentido, informaron que se equipará con medios aéreos propios al Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) en los próximos años, lo que permitirá ganar autonomía en la respuesta al combate de focos ígneos.
"Esperemos que este sea el puntapié para que todos los años este ejercicio contable y de presupuesto de la Nación contemple los 10 mil millones correspondiente al 2022", indicó Cabandie.
Por su parte, Sergio Federovisky, secretario de Control y Monitoreo Ambiental remarcó la importancia de los convenios para las compras de equipamiento y herramientas para las provincias.
"Lo mejor es que cada una de ellas pueda hacerse cargo de esa modalidad de compra" y añadió "pretendemos que las provincias tengan la autonomía para resolver cuáles son las necesidades que cada una tiene en particular", afirmó Federovisky.
El funcionario hizo referencia a las políticas destinadas al SNMF y remarcó que el acuerdo con el CAF - Banco de Desarrollo de América Latina, posibilite "un avance con la compra de medios aéreos", con la finalidad de que el servicio" tenga independencia respecto al alquiler de esos servicios.
En una misma línea, Beatriz Domingorena, secretaria de Política Ambiental en Recursos Naturales, se refirió al "consenso logrado" y "la construcción colectiva" sobre el proyecto de ley de humedales. "Vamos a sintetizar el trabajo en conjunto que venimos realizando. El camino que hemos transitado ha sido de mucha participación", destacó Domingorena.
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Tres grandes obras que serán un antes y después para el Riachuelo

Fecha de Publicación: 14/07/2022
Fuente: Acumar
Provincia/Región: Riachuelo


El Sistema Riachuelo, el traslado del Mercado de Liniers a Cañuelas y el Parque Industrial Curtidor en Lanús son tres hitos en la recomposición ambiental de la Cuenca y están cada vez más cerca.
Desde ACUMAR estamos impulsando tres obras fundamentales para el saneamiento ambiental de la Cuenca Matanza Riachuelo. Si bien la problemática es multicausal y profundamente compleja, estos proyectos nos acercan muchísimo a una de nuestras grandes metas: mejorar la calidad de vida de las y los habitantes de la Cuenca.
El Sistema Riachuelo, la obra de ampliación cloacal más importante de los últimos 70 años; el Parque Industrial Curtidor en Lanús, que contará con una planta de tratamiento de efluentes líquidos y un centro de investigación; junto al traslado del Mercado de Hacienda de Liniers a Cañuelas que ya es una realidad, son sin dudas, un punto de inflexión para el saneamiento.
El presidente del organismo, Martín Sabbatella, aseguró que “el principal objetivo de ACUMAR es la recuperación de la Cuenca y para lograrlo nos propusimos poner todo de nuestra parte para que estas obras se finalicen lo antes posible y con completa adecuación a las normativas ambientales”.
La Cuenca Matanza Riachuelo es parte de la semblanza de un país, de un territorio con más de 200 años de historia y memoria. El desafío de trabajar para su recomposición y saneamiento implica tener en cuenta estas características y entender que es imprescindible contar con estrategias que contemplen la inmensidad de una tarea en la que también son protagonistas quienes transitan, trabajan, estudian y viven en la Cuenca. Una de esas estrategias es atacar el origen de la contaminación que se remonta a los tiempos de la colonia.
El Sistema Riachuelo es la mega obra de saneamiento más importante del país. Su diseño consta de tres grandes componentes: el colector margen izquierda, el emisario subfluvial en el Río de La Plata y la planta de tratamiento que une ambas instalaciones para que funcionen integralmente. Se trata de una ampliación cloacal que beneficiará a más de 4.3 millones de habitantes en la región y, en un futuro, permitirá incorporar a 1.5 millón de habitantes a la red de cloacas, evitando así que los desechos orgánicos se viertan directamente en el cauce del Riachuelo, lo que constituye hoy una de sus principales causas de contaminación.
Será un verdadero cambio de escenario para la Cuenca. Esta megaobra, que emplea a más de 1.500 trabajadores, tiene un presupuesto que supera los 1.200 millones de dólares y es financiada gracias a un crédito del Banco Mundial y a los aportes del Tesoro Nacional.
De estas tres grandes obras, que se prevé estén terminadas para el 2023, Sabbatella evaluó que se trata de “obras fundamentales para atacar los factores contaminantes, teniendo en cuenta que en la Cuenca Matanza Riachuelo un 70% de los contaminantes son de efluentes cloacales y un 30% de residuos industriales“.
A su vez, se está construyendo el Parque Industrial Curtidor (PIC) en Lanús, una iniciativa que impulsa ACUMAR junto a la Asociación de Curtidores de Buenos Aires, financiada también por el Banco Mundial, que promueve el acceso a una mejor infraestructura industrial a las pequeñas y medianas curtiembres, además del manejo y tratamiento compartido de sus efluentes industriales, lo que implica un ahorro de costos y bajo impacto ambiental.  Las obras del PIC tienen un avance registrado a la fecha del 98% y la planta de tratamiento se encuentra en un 50%, en tanto que se espera que hacia fines de 2023 ya comiencen a instalarse las primeras curtiembres.
Por otro lado, en mayo pasado se concretó el traslado definitivo del Mercado de hacienda de Liniers al partido de Cañuelas. Con esta obra se está solucionando otra de las fuentes de contaminación orgánica más importantes que tiene la Cuenca Matanza Riachuelo, ya que el Mercado vertía sus efluentes en la subcuenca del arroyo Cildañez, que atraviesa el sur de CABA y desemboca en el Riachuelo. Por las características de su infraestructura y por el volumen de hacienda que maneja a diario, era parte de los establecimientos que consideramos grandes agentes contaminantes.
Este traslado a la Cuenca Alta implica una reducción drástica de la carga orgánica que llega al Riachuelo, ya que las nuevas instalaciones cuentan con un sistema de tratamiento de efluentes. Para asegurar los niveles de efluentes instalamos dos estaciones de monitoreo: una, ubicada aguas arriba y otra a la salida del Mercado, sobre el arroyo Cañuelas. La mudanza implica también una descongestión considerable del tránsito de vehículos pesados en la Ciudad de Buenos Aires, particularmente en los barrios del sur de la ciudad.
Estos últimos dos proyectos demuestran que es posible encontrar, a través de esfuerzos articulados entre el sector público y el privado, soluciones integrales y creativas que salden el falso dilema entre producción y protección del ambiente.
“Debemos y queremos trabajar por una Cuenca que proteja su biodiversidad y la calidad de sus suelos, arroyos, ríos y aire, tanto como por una Cuenca que contemple el rol decisivo de la generación de empleo en la calidad de vida de su población”, afirmó el presidente del organismo.
Estas no son las únicas obras que estamos llevando adelante, pero sin dudas son icónicas por su magnitud, por lo que significan en términos simbólicos al saldar una deuda histórica, pero sobre todo porque son obras claves para reducir en forma efectiva y a gran escala dos de las principales fuentes de contaminación del Riachuelo.
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Millonaria denuncia por subfacturación en la exportación de litio

Fecha de Publicación: 13/07/2022
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Catamarca


Es por 403 operaciones ocurridas entre 2018 y 2019. La minera declaraba el valor de su mercadería para la salida del país en un tercio de lo que tributaban sus competidores y la enviaba a una firma vinculada, radicada en Estados Unidos. Le imponen sanción de $6.700 millones más u$s8 millones por diferencia de tributos. Caso testigo que provocó un cimbronazo en el sector, ante mayores controles. Conclusión de áreas técnicas es que fijó precio en u$s5.100 la tonelada cuando valía u$s16.000.
Ante la escasez de dólares genuinos, la minería se transformó en una oportunidad para el ingreso de divisas, con especial foco en la exportación de litio donde la Argentina es cuarto productor a nivel mundial. Pero en las últimas horas una noticia sacudió al sector por una denuncia de la Dirección General de Aduanas (DGA) respecto de una gigantesca subfacturación realizada a través de 403 operaciones de exportación de ese mineral, cuyos valores declarados para salir del país fueron hasta un tercio de lo que –comparativamente en ese mercado- declararon otras firmas por productos similares.
Por esta situación el fisco notificó el viernes último a una empresa multinacional con base en Catamarca la existencia de un reclamo por 8 millones de dólares por diferencias de impuestos aduaneros y una multa de $6.700 millones tras el análisis de exportaciones entre 2018 y 2019 de carbonato de litio. En total, un reclamo del fisco por $7.700 millones que deberán ingresar a las arcas públicas. Esto podría trabar, incluso, una parte de los beneficios de devolución de impuestos del régimen especial con el que el país compensa a las empresas que hacen inversiones en el sector.
El hallazgo respecto a la millonaria maniobra de subfacturación cobró impulso la última semana sobre un análisis que comenzó a ser realizado desde 2021, respecto a una de las firmas que había perfeccionado operaciones de exportación a otra empresa “vinculada” en el exterior pero a valores sustancialmente inferiores a los de mercado y al de sus competidores, incluido un análisis de los valores FOB declarados en la Aduana de Chile. Las conclusiones de una maniobra de subfacturación (pagar menos derechos de exportación a partir de valuar la mercancía por mucho menos de su valor real) fueron determinadas por el Departamento de Valoración y Comprobación Documental de la DGA tras lo que se denomina un Estudio de Valor que cruzó la documentación e información recibidas de la División Minería y Combustible, datos de sistemas informáticos y publicaciones especializadas con precios de referencia para el Carbonato de Litio, que es un comodity pero cuyos precios y valores no resultan tan transparentes ni claros como en el caso de los cereales u oleaginosas.

403 operaciones
El Carbonato de Litio y el cloruro de litio salieron del país entre 2018 y 2019 a través de 403 operaciones con distintas destinaciones pero siempre facturadas a una empresa del mismo grupo económico con sede en los Estados Unidos. Una triangulación que no siempre es ilegal a excepción de que se declare por un valor inferior al real. La mercancía salía mayormente por Salta (236 operaciones), por el puerto de Buenos Aires (28) y también a través del aeropuerto de Ezeiza (139), por vía aérea. La mayor utilización del litio argentino es para la producción de baterías y tiene como destino final, además de Estados Unidos, países como China, Japón y Corea del Sur.
Ante la Aduana, se declaró que la mercancía tenía un valor de u$s 5,10 el kilogramo, es decir unos u$s 5.100 por tonelada. Sin embargo, los valores reales oscilaban en el rango de los u$s 15.000 a u$s 16.000 dólares por tonelada. Eso, incluso, fue declarado por la propia compañía en el exterior al afirmar, en 2018, que con esos valores últimos para sus transacciones, la firma había sido rentable para sus accionistas. Entonces, los precios declarados por la empresa exportadora con sede en la provincia de Catamarca resultaron en un promedio entre el 102% y 121% más bajos que los otra firma de similares características con asiento en la provincia de Jujuy. Para esto, también se lo comparó con mercancía similar puesta en la Aduana de Chile y con datos provistos por la Secretaría de Minería de la Nación, que coincidían con los de la firma competidora.

Triangulación
La minera presentó su justificación basada en dos ejes: que “no realiza exportaciones de carbonato de litio de manera directa a usuarios finales”; y que “como consecuencia de ello resulta totalmente lógico que con su cliente del exterior pacten un precio que tenga correlación con la intervención, riesgos y tareas de cada una de las partes”. No resultó convincente. Ahora deberá discutir su posición ante el Tribunal Fiscal de la Nación y eventualmente ante la propia AFIP que deberá realizar una determinación de oficio por impuestos impagos.
“Se desprende que los precios de transacción declarados se encuentran influenciados por la vinculación entre las partes ya que no cumplen la condición de ser valores corrientes”, sostuvieron las áreas técnicas de la Aduana que conduce Guillermo Michel. Y es que ese tipo de operatorias permiten lo que se denomina planificación fiscal negativa: la condición de empresas vinculadas les permite alterar una Declaración Comprometida y colocar un monto FOB inferior al valor de mercado, con lo que una serie de facturaciones que repitan el mismo esquema permite trasladar a otra jurisdicción (Estados Unidos, en este caso) parte de las ganancias que generan en el país, y a la vez, achican la base imponible para tributar otros impuestos como Ganancias. Por eso también la lupa de Michel se encuentra sobre la Subdirección de Legales de la Aduana que es la repartición que debe tramitar el manejo de los expedientes infraccionarios y elevarlos por la sobrefacturación y la subfacturación de importaciones y exportaciones, un fenómeno que funciona en espejo y que ha suscitado múltiples denuncias en las últimas tres semanas sobre casos que habían quedado empantanados.

Multa millonaria
En este caso que sacudió al mundo empresarial el último fin de semana, se le imputa a la minera la infracción por declaraciones inexactas y otras diferencias injustificadas contenido en el Artículo 954 del Código Aduanero. En él se prescribe sanción “para quien efectuare ante el servicio aduanero una declaración que difiera con lo que resultare de la comprobación y que, en caso de pasar inadvertida produjere un perjuicio fiscal o el ingreso o egreso de un importe pagado o por pagar distinto del que efectivamente correspondiere”. Para ambos casos, la multa es de 1 a 5 veces el importe del perjuicio y para el segundo caso, el mismo rango pero para el importe de la diferencia.
Así, la Aduana notificó u$s8.091.905 dólares por la diferencia de los derechos de exportación no pagados y le aplicó una multa consistente en $6.675.714.407, una cifra récord. Las diferencias de valor FOB para el total de las 403 operaciones entre 2018 y 2019 superaron los u$s168 millones. Sobre ese monto se eludió declarar el valor para tributar (unos u$s 8 millones) y allí radica la multimillonaria multa de $356 millones y más de $6300 millones por haber engañado al fisco.
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Incendios en las islas: experto de la UNR advierte "acefalía enorme en políticas ambientales"

Fecha de Publicación: 13/07/2022
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Litoral Argentino


Matías De Bueno, titular del Observatorio Ambiental de la UNR, remarcó que la superficie quemada en 2022 es equivalente a "más de 35 parques Independencias"
Los incendios en la zona de islas ya suman más de 5 mil hectáreas dañadas en lo que va del año y la situación sigue siendo muy compleja. El director del Observatorio Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario, Matías De Bueno, advirtió que “falta equipamiento y hay una acefalía enorme en cuanto a las políticas ambientales para resolver el problema”.
La Municipalidad de Rosario realizará en breve dos nuevas presentaciones judiciales, una en la ciudad de Victoria y otra en Paraná, para exigir la detención de las personas que desencadenan los incendios que, de acuerdo a las estimaciones oficiales, han afectado este año la superficie equivalente a dos ciudades de Rosario o “de más de 35 parques Independencia si quisiéramos tomar dimensiones”, sostuvo el experto de la UNR
En declaraciones al programa “El primero de la mañana” de LT8, De Bueno subrayó que la situación en las islas “es muy compleja. Se está llegando a las cinco mil hectáreas incendiadas. Hay viento, sequía, mucho material combustible para quemar y hay una gran falta de política pública ambiental para resolver esta problemática”.
De Bueno habló este lunes de “dos grandes ejes” en la cuestión de los incendios en las islas “Por un lado, está el ataque al fuego. Eso se lleva adelante con las distintas brigadas de las provincias, junto con el Servicio Nacional de Manejo del Fuego. Eso ha mejorado mucho en cuanto a la capacidad de los socorristas para avanzar. Lo que falta es una gran cantidad de equipamiento”, remarcó.
Y por otro lado, según el titular del Observatorio Ambiental de la UNR, “está la problemáticas de las políticas que se desarrollan en un lugar, que hoy se convirtió en un sector de alto riesgo de incendios. Ahí, lamentablemente, estamos ante un nivel de acefalía enorme en cuanto al comando de las políticas para desarrollar”.
“Hace unos años atrás, la Corte Suprema dictó un fallo para conformar un comité de emergencia ambiental para resolver este problema y poner en marcha el plan de aprovechamiento sostenible de la región. Hoy, ese comité, prácticamente no existe o no se reúne. El comité está paralizado. Existen algunas reuniones entre legisladores por un lado y ambientalistas por otro”, precisó.
De Bueno aseguró que “los faros de conservación son cámaras en el lugar, pero no se sentaron las bases. La situación es bastante lamentable y en las condiciones climáticas en las que estamos esto lo estaríamos viendo durante todo el invierno”.
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El cuento del hidrógeno verde

Fecha de Publicación: 12/07/2022
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Río Negro


Los territorios donde se emplazaría se ubican a 35 KM de Sierra Grande, Río Negro, localidad vecina del aeropuerto de Joe Lewis, el magnate cercano a Mauricio Macri. "Vienen a ocupar territorio aduciendo inversiones", explica una fuente. En total se cedieron 625.000 hectáreas.
La semana pasada este diario informó que la Universidad Nacional de Río Negro, con la creación de un "Instituto de Hidrógeno Verde", buscaba convertirse en un "centro de capacitación para la producción de energía limpia".
A pedido de esta columna, expertos de esa universidad, y de otras dos, analizaron la cuestión y coincidieron en que "los anuncios no han sido más que eso" y en que "hasta ahora todo se ve políticamente confuso", debido a que, en palabras de una distinguida economista y docente de la ciudad de Fiske Menuco (General Roca), se trata de un proyecto "cuestionable desde todo punto de vista".
De las consultas recabadas por esta columna surge contundente la impresión de que todo está oscuro, más que verde. Por ahora lo único cierto es que para generar el ya famoso hidrógeno se anunció la construcción de un parque eólico de 400 aerogeneradores de alta potencia. Pero ese anuncio no dejaría de ser conflictivo ya que en la Argentina, según la informante, "INVAP Ingeniería es la empresa tecnológica nacional y tiene capacidad de desarrollar esa tecnología desde hace 20 años y para ello viene reclamando un espacio que se le niega". Y tal negativa se debe a que "siempre han estado IMPSA y Pescarmona en el medio, quienes teniendo esa tecnología finalmente abandonaron la Argentina y se fueron a hacer los molinos a Brasil".
"Al parecer —señala otra fuente— el año pasado el proyecto fue impulsado por el Presidente y la senadora mendocina Fernández Sagasti, quienes lograron que los Estados nacional y provincial se hicieran cargo de la empresa". Grande fue el beneplácito en la comunidad tecnológica, y aunque hubo consenso en seguir avanzando ahora que IMPSA volvió a ser mayoritariamente estatal, hubo y hay técnicos en YPF que aseguran que sí va a hacer los molinos aunque no se sabe cómo ni cuándo. Y esto es parte del problema, porque todo lo que rodea a este asunto parece ser, si no turbio, poco transparente.
Por eso llamaron tanto la atención la prisa del gobierno rionegrino y la venia presidencial, evidenciadas en las muchas sonrisas durante la visita de Agustín Pichot, el exfenomenal rugbier argentino ahora representante de intereses australianos, quien trajo este negocio al país el año pasado. Y que como espejitos de colores rápidamente compraron el entonces ministro Kulfas y la gobernadora Arabela Carreras, brindando sonrientes con la CEO de Fortescue, Julie Shuttleworth y su director ejecutivo, Pichot. Las fotos exultantes en la web indican que no fue difícil entusiasmar a ministro y gobernadora, quien rápidamente concedió nada menos que 625.000 hectáreas de tierras fiscales a la Fortescue. Un territorio fenomenal, ubicado en una zona protegida (la meseta de Somuncurá, uno de los paraísos rionegrinos), ahora cedido por 50 años prorrogables por otros 25, lo que deja chiquita la entrega del Paraná por Menem en los 90.
Pero lo más grave es que esos territorios están en Punta Colorada, cerca del Golfo San Matías y a 35 kilómetros de Sierra Grande, localidad vecina –oh, casualidad– del extraordinario aeropuerto del Sr. Joe Lewis y que está a sólo hora y media de vuelo de las Islas Malvinas.
"A eso vienen —lamenta la economista de la Universidad del Comahue—: a ocupar territorio aduciendo inversiones". Y "encima —completa un periodista de Trelew— lo peor es que ningún movimiento anti-hidrógeno verde comulga con el peronismo ni el kirchnerismo, tanto así que el bloque entero del Frente de Todos apoyó en la Legislatura ceder las 625.000 hectáreas".
La cuestión es compleja, tanto que la mismísima Wikipedia, tantas veces mentirosa, define el término hidrógeno verde como "el hidrógeno generado por energías renovables, bajas en emisiones. Se distingue de otros métodos de producción, como la producción del hidrógeno gris, que se obtiene con la técnica de reformado por vapor de gas natural y que representa el 95% del mercado comercial actual". Y luego se extiende en palabras que solo expertos podrían comprender. Y al igual que en la economía, si algo se presenta muy difícil o incomprensible, es porque viene con trampas. Sirva de ejemplo, en la mencionada enciclopedia virtual, el párrafo en el que dice que "en 2020 los científicos informaron sobre el desarrollo de microgotas para células de algas o reactores microbianos esferoides multicelulares de algas y bacterias sinérgicos capaces de producir oxígeno e hidrógeno a través de la fotosíntesis a la luz del día bajo el aire..."
Y así siguiendo, más adelante se dice que en Europa "Airbus ya está diseñando aviones propulsados por hidrógeno para lanzar el primer vuelo comercial previsto para 2035", aunque enseguida dice que "el hidrógeno no se utilizará ampliamente en aviones antes de 2050". O se postula que en Omán "un consorcio de empresas ha anunciado un proyecto de 30.000 millones de dólares que se convertiría en una de las mayores instalaciones del mundo", cuya construcción "se iniciaría en 2028". Y así también en Dubai, Emiratos Árabes y Corea del Sur, donde parecen sobrar proyectos, igual que en la Unión Europea, China, Costa Rica, Chile y ahora en Argentina mediante la supuesta inversión de 8.400 millones de dólares de la firma australiana Fortescue, que promete maravillas en Río Negro a partir de 2025, pero hasta ahora sólo ha recibido una exótica concesión de tierras públicas.
Por supuesto, hay mucho de turbio en esta cuestión, que además parece —y parece mucho— haber sido introducida vendiéndole espejitos de colores a varios miembros del gobierno argentino, que ahora mejor haría en revisar y retrotraer todo, en lugar de enojarse. Sobre todo porque este fenomenal fraude político-económico podría conllevar el inocultable peligro de pérdida territorial. O sea de soberanía e integridad nacional. Que es el verdadero y final peligro, porque en todo lo visto no sólo ni se menciona la soberanía argentina, sino que se la soslaya de manera harto sospechosa.
Es soberanamente irracional permitir semejante territorio a una compañía no casualmente británica. Porque Australia es un país que se considera independiente, pero es parte del “Commonwealth” o Comunidad Británica de Naciones, y su máxima autoridad es la reina de Inglaterra, Isabel II, que también es reina de Australia desde el 6 de febrero de 1952.
Por eso esta columna ya anticipó, en notas anteriores, el peligro de consentir que el súbdito británico Sr. Joe Lewis sea propietario de dos aeropuertos de gran envergadura en la misma latitud: 41°41′40″S y 71°39′12″O el de Lago Escondido; y 41°36′41″S 65°21′27″O, el de Sierra Grande. Dos paralelos que unen las 625.000 hectáreas cedidas alegremente por la Provincia de Río Negro a la empresa Fortescue en la misma línea recta que divide a la Argentina en dos territorios perfectos: al Norte y al Sur. Y línea que hoy, de hecho, está en manos británicas y por ende de la OTAN. Y que muy probablemente fue trazada por potenciales fuerzas invasoras inglesas.
Defender la soberanía nacional es también explicar y hacer docencia no sólo en una cuestión fluvial y marítima. La derogación del grotesco Decreto 949/20 para la restitución plena y total de la soberanía argentina sobre nuestros litorales hídricos, no es la única causa que el gobierno debería encabezar. También la del litio y el oro. Y de la plata y el cobre. Y del petróleo y los latifundios y los bosques que se siguen talando brutalmente y de la megaminería y tanto más.
Por todo lo anterior, mínimamente, bien harían las Fuerzas Armadas argentinas, ahora en democracia, en empezar a tomar nota y retornar a un patriotismo que deje en el pasado sus ominosos crímenes.
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El huemul patagónico está en peligro de extinción: quedan menos de 500 ejemplares en Argentina

Fecha de Publicación: 12/07/2022
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional


Lo alertaron científicos del CONICET. Advierten que esta especie refugiada perdió sus tradiciones migratorias y su acceso a diversos hábitats, lo que generó modificaciones en sus prácticas alimentarias
En los últimos años se pensó al huemul (Hippocamelus bisulcus) como una especie adaptada al bosque y exclusivamente a la alta montaña, con ambientes rocosos y fuertes pendientes. Pero ahora, un estudio de investigadores del CONICET y colegas, publicado en la revista Conservation, pone en crisis este concepto asegurando que el huemul no es distinto a otros cérvidos y que la causa de su disminución extraordinaria se debe a la presión antrópica histórica y prehistórica que resultó en su expulsión de buena parte de su territorio original en la península patagónica y lo dejó sobrevivir exclusivamente en refugios del bosque andino alto.
“Esta especie refugiada perdió entonces sus tradiciones migratorias (ciclo cultural de traslado de invernadas a veranadas) y su acceso a diversos hábitats como praderas y vegas, modificando sus prácticas alimentarias”, explicó el científico Werner Flueck, primer autor del trabajo e investigador del CONICET en el Parque Nacional “Nahuel Huapi”, que depende de la Administración de Parques Nacionales.
Se estima que de la metapoblación original en Argentina solo quedan, actualmente, entre 350 y 500 huemules, fragmentados en unos 70 grupos a lo largo de 1800 km de los Andes, con uno de los grupos poblacionales más destacados en el Parque Protegido Shoonem, Alto Rio Senguer, en la Provincia de Chubut, donde se desarrollan tareas de investigación con el apoyo de la Dirección de Flora y Fauna de la Provincia del Chubut.
“La pérdida de las tradiciones migratorias del huemul a raíz de la sobrecacería en el pasado y el establecimiento de poblaciones humanas en zonas habitadas por estos animales puso a esta especie en peligro de extinción”, agregó Flueck, que sostiene que la reclusión obligada a regiones de los Andes, en zonas clasificadas como veranadas, sería un factor que explicaría la disminución de su población y la alta proporción de ejemplares con afección del esqueleto y baja longevidad.

Información histórica, telemetría y estudios médicos
Los autores del trabajo lograron confirmar la tradición migratoria en un hábitat amplio que tenían los huemules en el pasado combinando zonas abiertas (praderas) y boscosas de la península patagónica, mediante la información arqueológica por el hallazgo de huesos o astas que los machos pierden durante el invierno, y a partir de la recopilación de registros históricos contenidos en relatos de naturalistas y otros testimonios de viajeros desde 1521 en adelante.
“Los datos históricos encontrados demuestran que en el pasado el huemul tuvo miembros que migraron estacionalmente pasando de zonas andinas boscosas, clasificadas como veranadas, a regiones no boscosas de la península patagónica durante los inviernos. Incluso, en esta zona de invernadas, se estima que muchos grupos de huemules se comportaban como residentes anuales, compartiendo hábitat con guanacos y choiques, u otros animales esteparios. En tal sentido su comportamiento es muy similar al de otros cérvidos”, destaca Flueck, también investigador del Instituto Suizo de Salud Tropical y Pública, con sede en Basilea, Suiza.
La pérdida no es sólo de hábitat sino también de un patrón cultural, ya que la migración se educa de las madres, o el grupo, a las crías, no es genética, explica el investigador del CONICET. Y agrega: “Sin educación no hay migración posible, solo movimientos mínimos ocasionales por contingencia climática. Incluso estas migraciones deben de haberse compartido con otros mamíferos, como guanacos, tal como lo representan las imágenes rupestres de caza de los antiguos habitantes prehistóricos”.
El naturalista argentino Francisco Pascasio Moreno (1852-1919) ya había publicado en 1898 sobre avistajes en zonas no boscosas de la Patagonia, donde los huemules abundaron y no huían a pesar del peligro que corrían. También el alemán Carl Martin, había relatado en 1899 sobre una zona de estepa con pedazos de bosque bajo y abierto, donde con su grupo de la expedición, además de ver muchos grupos de huemules mientras cruzaron la zona, cazaron algunos para comer su carne durante semanas.
Flueck y sus colegas colocaron radio collares (uno con GPS satelital) a seis huemules (tres hembras y tres machos) del Parque Protegido Shoonem, sector lago La Plata, para estudiar sus movimientos entre 2017 y 2022. “Los huemules radiomarcados y geolocalizados permanecieron todo el año en pequeños rangos territoriales con mínimos movimientos altitudinales estacionales. Constatamos así que es el único cérvido en el mundo que habita veranadas de las cordilleras montañosas durante todo el año como reacción a las actividades antropogénicas”, destacó Flueck. Y agrega: “Sin embargo, la anatomía del huemul demuestra que está adaptado a praderas (áreas abiertas desforestadas). Desafortunadamente la presencia humana lo alejó de sus tradiciones migratorias. Este cambio disminuyó sus tasas de reproducción y alteró de manera perjudicial su salud”.
El científico también ha liderado muchas investigaciones sobre la salud de los huemules. Uno, publicado en BMC Research Notes en 2020, determinó que en Argentina el 57 por ciento de los cadáveres de huemules presentaba osteopatología, y que el 86 por ciento de los vivos tenía esa condición. Presentaban problemas estructurales tanto en los esqueletos como en las dentaduras. “Las lesiones craneales involucraban pérdida de dientes antes de morir a edad joven, lo que reducía la eficiencia de alimentación. Los análisis de sus tejidos demostraron carencias de minerales como selenio, cobre, magnesio y yodo que son indispensables para el metabolismo de huesos”, subraya Flueck.
Al respecto, el investigador del CONICET comenta que en zonas de veranadas de alta montaña como los Andes la calidad nutricional del forraje es menor comparado con el de las zonas de invernadas a las cuales los huemules no tienen acceso por la presencia humana y la pérdida de la costumbre de migrar. “Los pocos casos donde un huemul baja a un valle, generalmente no sobrevive por ataques de perros, caza, o accidentes con vehículos. Por esta razón, la mayoría de las subpoblaciones existentes de huemules habitan en áreas montañosas remotas, poco atractivas para los asentamientos humanos y de poco valor para la agricultura o la silvicultura”.
Los seis huemules con radio collares fueron revisados por patólogos y biólogos, en dos casos también por un veterinario, y se les tomaron muestras de sangre para evaluar su salud. “De hecho, uno de los machos marcados con radio collar prácticamente no tenía dientes, solo tenía uno de los ocho incisivos, de manera tal que tuvo dificultad para alimentarse, y murió por inanición, además de cargar con el dolor permanente por infecciones severas”, lamenta Flueck.

Oportunidades de conservación
La extinción es un proceso irreversible, advierte Flueck. “Si se extingue el huemul sería un fracaso del sistema humano, y de las naciones de Argentina y Chile, ya que es un endemismo. Perderlo es inexcusable y es prevenible”, enfatiza. Y agrega: “Los mamíferos grandes, como los huemules, tiene un rol relevante en el funcionamiento de un ecosistema”.
Si la falta de un comportamiento de migración explica el alto grado de enfermedad ósea y la ausencia de recuperación numérica del huemul, el investigador subraya que “parte de la solución sería la reintroducción de huemul a zonas de invernadas usadas históricamente, en aquellas áreas donde se logren neutralizar las amenazas antrópicas y ambientales. Con un buen monitoreo se podría comprobar el efecto de esa medida en la salud y en la respuesta poblacional. Sería la prueba que se ha logrado crear poblaciones ‘fuentes’, y con eso una fase de recuperación de la especie”.
“El trabajo recientemente publicado aumenta el conocimiento sobre el huemul, y provee herramientas útiles y concretas para aumentar la posibilidad de recuperarlo. Consideramos que será parte fundamental para determinar una estrategia de conservación y recuperación del cérvido más austral del mundo”, concluye Flueck, también integrante y creador de la Fundación Shoonem cuyo objetivo es colaborar con el estado en la preservación y conservación de la naturaleza en la cuenca hídrica del Río Senguer, en la Provincia del Chubut.
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La política argentina arrastra una deuda en materia de políticas ambientales

Fecha de Publicación: 11/07/2022
Fuente: Aire de Santa Fe
Provincia/Región: Nacional


El último informe anual de la FARN subraya el cortoplacismo y las contradicciones gubernamentales, así como la "profunda desconexión" dirigencial con el debate social ambiental.
En las provincias, en la capital, en los medios, en las asambleas populares, en las universidades, en organizaciones de la sociedad civil y, a veces, un poco en la política; la agenda ambiental llegó para quedarse y atraviesa de forma cada vez más marcada los grandes debates sociales, con el modelo de desarrollo como foco principal. El problema es que lo rico y lo vivo del debate social ambiental no se traduce, al menos todavía en Argentina, en políticas concretas por parte de los tomadores de decisión. Así se desprende del Informe ambiental 2022 “Abordar una transición socio ecológica integral: el desafío de nuestro tiempo”, presentado hace pocos días por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
“El año 2021 nos dejó en materia ambiental un gran déficit de políticas de corto, mediano y largo plazo que incorporen las cuestiones ambientales de manera sustantiva. Los objetivos se centran en el corto plazo, en profundizar las actividades extractivas con el foco en las divisas y con limitado espacio para discutir alternativas al modelo productivo vigente, que además arrastra una enorme deuda social por saldar” dice el trabajo, que pone el foco en la “profunda desconexión” entre los canales existentes para la discusión de las políticas públicas entre “lo que se propone desde arriba (gobernantes) y desde abajo (gobernados)”.
Las movilizaciones sociales en Chubut contra un proyecto para habilitar la megaminería, en Mar del Plata contra la explotación de petróleo off shore y el frenazo del Ejecutivo y el Congreso a una ley de humedales “son ejemplos de la ausencia de encuentro entre el sentido, el lenguaje y la mirada de las autoridades y de los movimientos ambientales”, destaca la investigación.

Una agenda urgente
¿Cómo incorporar lo ambiental en la política de un país que vive atravesado por urgencias de todo tipo? Desde la FARN proponen un plan de acción que incluye, en el corto plazo, detener el avance de la exploración y extracción fósil y su infraestructura asociada, ya que “condiciona el futuro”, mientras se avanza en la protección de ecosistemas clave con una ley de humedales y una mejor implementación de las leyes de bosques y glaciares.
Por otra parte, desde esa Fundación destacaron que la agenda ambiental en la Argentina “está cada vez más vinculada a la protección de derechos humanos de las presentes y futuras generaciones”, para lo cual es importante que se fortalezcan los instrumentos que hacen de la democracia un sistema cada vez más participativo, como lo garantiza el Acuerdo de Escazú al cual el país adhirió.
La tormenta política y macroeconómica que enfrenta el país, en un mundo signado a su vez por inestabilidades globales de tipo geopolítico, pueden ser también una oportunidad para que Argentina revise sus estrategias y repiense sus horizontes de desarrollo “de cara a las múltiples crisis actuales en sus dimensiones climática y ecológica, económica y social”, puntualizaron los expertos de esa organización.

Transiciones
Salir de la dependencia hacia los combustibles fósiles y revisar las formas de producción y consumo de las últimas décadas incluye un concepto fundamental: el de transición energética. “La evidencia científica sobre la crisis climática y de los impactos sobre la biodiversidad han llevado a que, entre las propuestas analíticas, se comenzara a hablar de transición. El consumo de energía que requieren nuestras sociedades debe disminuir para poder vivir dentro de los límites planetarios” explica el reporte de la FARN, que detalla que para que eso pueda ocurrir hay que modificar tanto la forma, como el ritmo al que se generan y consumen los bienes ambientales, en particular, la energía.
Los combustibles fósiles (petróleo, gas y carbón) conforman el 85% de la matriz energética nacional, y ese sector es el responsable del 53,1% de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en la Argentina, que son las que generan el calentamiento global. Asimismo, se estima que los subsidios otorgados a las empresas productoras mediante el Plan Gas estuvieron detrás del 3,6% de las emisiones de GEI de la Argentina en 2021.
“Es necesario que las nuevas formas de generación de energía no destruyan nuevos territorios y biodiversidad en busca de los minerales que se requieren para la transición energética. Por otra parte, es necesario pensar otra forma de producción de alimentos con el foco puesto en una mejor salud de las personas y los ecosistemas”, argumenta el trabajo, que recuerda que a nivel país en materia energética “se continúa apostando por los combustibles fósiles”.

La foto de hoy
La investigación de la Fundación afirma que los avances en el ámbito de las políticas ambientales nacionales son escasos y que Argentina carece de proyecciones a largo plazo. “En materia climática vemos que mientras los compromisos asumidos son propuestos como una bandera frente a las discusiones de deuda, en la práctica se encuentran enormes desafíos para avanzar en esta agenda”.
Es así que el gobierno nacional no ha avanzado con una estrategia de desarrollo con bajas emisiones a largo plazo a pesar de haber asumido ese compromiso durante la cumbre climática de Glasgow.
“A contramano de lo que sugiere la evidencia científica, este plan económico basado en la extracción de fósiles soslaya los riesgos a largo plazo al comprometer cuantiosos recursos públicos que son puestos al servicio de los menos (y no de los más) necesitados, como las corporaciones internacionales” apunta el documento.
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