Hallaron más de cien aves exóticas y en peligro de extinción que iban a comercializarse

Fecha de Publicación: 26/03/2022
Fuente: Telam
Provincia/Región: Entre Ríos


Un total de 113 aves autóctonas estaban en el jardín de una vivienda particular, en la ciudad de Chajarí. Durante el allanamiento también se encontró una carabina calibre 22 junto a cuatro cabezas de ciervo y un yacaré embalsamados.
Personal de la Policía Federal Argentina (PFA) secuestró un total de 113 aves autóctonas, exóticas para la provincia de Entre Ríos y en peligro de extinción, que se encontraban en jaulas para ser comercializadas en la ciudad de Chajarí, informó la Secretaría de Ambiente provincial.
El operativo se realizó en una vivienda particular de esa ciudad del noreste entrerriano, por orden del juez de Garantías local José Lena.
Efectivos del Departamento Investigaciones Complejas región NEA de la PFA arribó hasta el domicilio donde hallaron en un gran jardín 113 aves de especies autóctonas, protegidas, en peligro de extinción, exóticas y especímenes híbridos.
Entre ellos, se encontraban 27 cardenales amarillos y tres capuchinos de pecho blanco, ambas en peligro de extinción a nivel mundial; un capuchino garganta café, parte de la especie amenazada; y un federal, declarado monumento natural provincial.
También se secuestraron 118 jaulas, una carabina calibre 22 junto a cuatro cabezas de ciervo y un yacaré embalsamados.
Según la ley nacional 22.421, todos los habitantes tienen el deber de proteger la fauna silvestre, conforme a los reglamentos que para su conservación y manejo dicten las autoridades de aplicación.
También, tanto la caza como la tenencia y el tráfico de animales de la fauna silvestre representan una infracción a las normativas vigentes en Entre Ríos (ley provincial 4.841 y normas complementarias).
Los "productos" de la fauna entrerriana deben tener documentación correspondiente; y la guía de tránsito y certificación sanitaria que garantice estar libre de enfermedades en el caso de provenir de otras provincias.
Por ello, el responsable de la vivienda quedó imputado por una presunta infracción a la ley 22.421.
En tanto, personal policial, guardaparques, y especialistas de ONG's clasificaron los ejemplares que luego serán trasladados a la reserva "El Potrero", en Gualeguaychú.
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Críticas del CD de Andalgalá al Ministerio de Minería

Fecha de Publicación: 26/03/2022
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Catamarca


Los concejales habían hecho un pedido de informe ante denuncias de vecinos por los trabajos de la empresa minera MARA en el río Choya.
El cuerpo de concejales de Andalgalá rechazó por unanimidad la invitación del Ministerio de Minería y de la empresa minera MARA para visitar los trabajos que se están realizando en las márgenes del río Choya, en esa localidad.
“Nosotros recibimos una invitación de un Ministerio que forma parte del Gobierno Provincial, pero resulta que el lugar desde donde nos reunimos para emprender el viaje hacia las nacientes del río Choya, era ni más ni menos las puertas de la empresa MARA”, expresó a Catamarca/12 María Pía Molina, presidenta del CD.
El viernes, los concejales en una sesión especial instaron a los ministerios de Minería, Salud y Educación de la Provincia, a que informen en un plazo de tres días hábiles sobre la autorización a la empresa minera MARA (Alumbrera-Agua Rica) para realizar trabajos en las laderas del río Choya.
Como respuesta el Ministerio de Minería y la empresa minera cursaron una invitación al CD para que participaran en un monitoreo previsto para mañana. Pero no solo fue rechazada, los ediles también dirigieron duras críticas: “Creo que si el Ministerio va a ejercer el poder de control y en teoría debería tener una imparcialidad respecto de esta situación, no nos puede invitar a salir desde las puertas de la empresa en cuestión y que es cuestionada por una parte de la sociedad y por todo aquellos que no desean la actividad minera, por lo menos de esa empresa”, dijo Molina.
Además, explicó que rechazaron ambas notas, una por un efecto formal, ya que la nota de la empresa minera iba dirigida a la vez a ella como presidenta del CD y también al intendente Eduardo Córdoba. “La comunicación corporativa debe ser seria, y no pueden confundir los poderes”, afirmó.
La concejala señaló que el resto de los ministerios no han contestado, “por lo cual no tenemos información verídica de todos los ministerios que deberían hacer llegar en principio la respuesta de este pedido de informe para que nosotros desde allí poder ir a visitar, para saber cuáles son las condiciones en la cual se habilitaron esos trabajos”.
En este sentido, advirtió que “los trabajos que están realizando no nos han comunicado dentro de los informes de exploración avanzada que nos han presentado el año pasado en el Concejo, no está la resolución que habilita. Y si había una resolución debería haber venido adjunta a ese informe”.
Además argumentó el rechazo de las invitaciones: “El planteo del concejal Brizuela es acertado, porque no tenemos respuesta de esos informes, nos invitan a visitar los trabajos y no sabemos con exactitud qué es lo que se ha habilitado, porque formalmente esa resolución que supuestamente habilita esos trabajos no entró”.

Pedido de informe
En el comunicado el CD expresa que los vecinos denuncian que los trabajos en la ladera del río Choya “está generando graves inconvenientes en la provisión del agua potable y de riego para todo el distrito”.
Además afirman que “la empresa MARA arroja todos los desechos de áridos que van moviendo con maquinaria pesada hacia el cauce de los ríos”, lo que provocó que con las lluvias las crecidas arrastren mayor material y la planta potabilizadora no pudo tratar el agua para el consumo humano.
El documento advierte que por la falta de agua además “la escuela N° 217 Fragata Libertad debió suspender las actividades”, que trajo como consecuencia también la suspensión del servicio de comedor que brinda a las y los estudiantes, ya que tiene un régimen de jornada extendida.
Los vecinos también dejaron asentado que “muchos niños presentarían cuadros de vómitos y diarrea que sería atribuible a la mala calidad del agua potable del distrito”.
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Por primera vez un grupo de científicos medirá la fauna íctica del Uruguay

Fecha de Publicación: 26/03/2022
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Corrientes


Con financiación de la Dirección de Recursos Naturales, trazarán una investigación que durará todo el año para conocer la población del recurso hídrico.  
Un grupo de científicos de la Dirección de Recursos Naturales de Corrientes medirá la fauna íctica del río Uruguay. Según confirmó el funcionario a cargo de la cartera, es la primera vez en el país que se realizará esta investigación en el afluente. El objetivo es repuntar el turismo de las comunas costeras.
En una reunión de la Dirección de  Recursos Naturales en Esquina con operadores turísticos y hoteleros, Agustín Portela confirmó la investigación que ejecutarán este año.
Además de otras investigaciones científicas que aportarán conocimiento sobre el recurso en toda la provincia. “En toda la provincia vamos a encarar nuestras propias mediciones”, detalló el funcionario a El Litoral.
“Lo primero que estamos planificando es una medición íctica de lo que es la cuenca del río Uruguay. Queremos trabajar con todas las intendencias costeras para fortalecer el turismo de esa zona”, confirmó el profesional. Además, en la reunión detalló que se hará con recursos de su sección y se sumará a los estudios que ya llevan adelante profesionales de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne).  “No existe ni en Corrientes ni en el país una medición de cuál es la población del río Uruguay, por eso es tan importante para nosotros. Lo vamos a hacer con biólogos con los que ya estamos hablando”, agregó.
“Es importante tratar de poner en valor el Uruguay. Es una zona muy linda, poco conocida por los correntinos, y queremos garantizar el turismo”, cerró al respecto.
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Atucha III: denuncian penalmente al Director de Nucleoeléctrica Argentina

Fecha de Publicación: 25/03/2022
Fuente: La Nueva Mañana
Provincia/Región: Nacional


El Premio Nobel Alternativo en Suecia, Raúl Montenegro, y el abogado ambientalista Juan Smith, denunciaron a José Luis Antúnez, por firmar un contrato "en abierta violación a leyes argentinas”.
El biólogo Raúl Montenegro y el abogado Juan Smith, con patrocinio legal del abogado Fabián Maggi, “denunciaron penalmente al Director de Nucleoeléctrica Argentina, José Luis Antúnez, por haber firmado contrato para la construcción del reactor nuclear chino Hualong One en abierta violación a leyes argentinas”. Así lo informó este miércoles a la siesta la Fundación para la Defensa delAmbiente (FUNAM).
La denuncia fue presentada ante el Fiscal Federal de Campana, Sebastián Bringas, en la provincia de Buenos Aires.
"El Gobierno nacional pretende –ilegalmente- que Atucha III sea de tecnología china, una planta entregada llave en mano, y alimentada con uranio enriquecido. El reactor chino, experimental y con escasísima experiencia de funcionamiento, ya sufrió un accidente en China. Costará más de 13.000 millones de dólares y produciría, junto a Atucha I y II, menos de un 8% de la energía eléctrica generada en Argentina", destacaron los denunciantes.   
En la presentación judicial, Raúl Montenegro, y Juan Smith, concretaron “formal denuncia por la probable comisión de delitos de acción pública, contra funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional y de la Provincia de Buenos Aires, y contra quienes resulten responsables de la probable comisión de los delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y/o falsedad ideológica de instrumento público, previstos en  los artículos 248, 249 y 293 del Código Penal” o el delito “que el Fiscal considere se ajuste a lo denunciado”.
El Dr. Raúl Montenegro, presidente de FUNAM y premio Nobel Alternativo 2004, indicó que tanto el gobierno nacional actual, como los anteriores, “vienen decidiendo la instalación de reactores nucleares de potencia e investigación como si fueran fábricas de galletitas, violando impunemente leyes que todos debemos cumplir sobre Evaluación de Impacto Ambiental y Audiencia Pública”. Recordó que ya existen cerca de la ciudad de Pilar “los reactores Atucha I y II en operación, y un CAREM-25 en construcción”.
“El señor José Luis Antunez que firmó ilegalmente el contrato con China, y los funcionarios nacionales y de la provincia de Buenos Aires que lo acompañaron en esa firma, han comprometido gravemente la seguridad de Argentina. No solamente aumentan la peligrosidad del complejo Atucha, sino que omiten explicarle a la sociedad que en caso del peor accidente posible, un reactor como el Hualong One chino puede afectar gravemente a las personas, y al ambiente, en un radio de 500 a 700 kilómetros”, agregó el biólogo.
“Peor aún, el Estado Nacional ni siquiera preparó a los habitantes de varias provincias para enfrentar accidentes posibles nivel 7 que pudieran sufrir Atucha I o II. Apenas hace unos simulacros para accidente menor, 10 kilómetros alrededor de cada planta. No hay además suficientes hospitales aptos, ni personal especializado para tratar los casos de personas contaminadas radiactivamente. Le impondría además al país riesgos enormes, pues en caso del peor accidente posible, nivel 7 en la escala del INES (*) “además de las víctimas por contaminación radiactiva, provocaría un colapso territorial y económico en el centro del país. Incluso podría afectar la mayor parte de Uruguay”, puntualizó el Presidente de Funam.
“Tampoco consideraron, como ha quedado dramáticamente demostrado en Ucrania, que la presencia de reactores nucleares de potencia, en este caso concentrados en Lima, nos torna muy vulnerables a ataques terroristas y conflictos de todo tipo. Ni los reactores nucleares de potencia, ni sus depósitos de combustible nuclear agotado, pueden resistir por ejemplo el choque de un avión comercial de gran porte”, señaló Montenegro.
“La decisión que tomó el señor José Luis Antunez con el apoyo de los gobiernos nacional y de la provincia de Buenos Aires solo beneficia a la corporación china, a sus empresas asociadas en Argentina, y al lobby nuclear local. Fomentar la peligrosa energía nuclear de potencia en un país como Argentina, que tiene generosas fuentes convencionales y alternativas, es un acto de irresponsabilidad que compromete el presente y futuro de muchas generaciones de argentinos. Los residuos radiactivos de Atucha I y II –al igual que los residuos altamente radiactivos que produciría el Hualog One chino- son peligrosos por más de 200.000 años. Todo para producir raquíticas cantidades de energía eléctrica”.
“Mientras en Estados Unidos el proceso de evaluación y autorización de una nueva central nuclear demanda unos 12 años, y el proceso de interacción con vecinos y comunidades afectadas –dentro de esos 12 años- insume unos 3 años, en Argentina se firman alegremente contratos ignorando las leyes y la opinión de las personas”, dijo Montenegro.
“Recordemos que Argentina es el único país de América Latina y Caribe que sufrió el peor accidente nuclear de la región, nivel 4 en la escala del INES, y tiene el dudoso privilegio de tener la primera víctima fatal y 17 personas contaminadas en el accidente del reactor RA-2 de Constituyentes, en 1983”, completó Montenegro.
Por su parte Juan Smith precisó: “Por un lado se les consulta a los pueblos, dentro de una larga lista de problemáticas (inflación, desocupación, inseguridad), si tienen como prioridad el cuidado del ambiente y la salud, y por el otro se los mantiene desinformados respecto de emprendimientos públicos y privados de alto impacto en sus vidas, como es por ejemplo la instalación de una central nuclear de potencia. Esa distorsión es por donde se cuelan estas desatinadas ideas, como es la de seguir sosteniendo y empujando este tipo de energías”
El abogado ambientalista, quien acompaña numerosas luchas de comunidades afectadas por gobiernos y empresas que violan la ley, señaló, además, que “esa desinformación se vuelve mucho más profunda, pues lo que los pueblos desconocen son los derechos que el orden público ambiental vigente les acuerdan. Si uno desconoce que tiene derechos, desconoce y no advierte cuando son vulnerados”.
Finalmente, el abogado Fabian Maggi expresó: “El marco normativo que se confronta en la denuncia responde a los mandatos constitucionales contenidos en los artículos 41 y 75 inciso 22 de la Constitución Nacional y 28 de la Constitución de la provincia de Buenos Aires, el incumplimiento de pactos internacionales –artículos 1 y 26 del Pacto de San José de Costa Rica y artículo 7 del ‘Acuerdo de Escazú’- y del incumplimiento de numerosas normas de orden público, nacionales, tales como las leyes 24.354, 25.675, 27.566, y provinciales, como la ley 11.723, entre otras”.
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Río Atuel: La Pampa insiste en recibir de forma “inmediata” el caudal correspondiente de agua   

Fecha de Publicación: 25/03/2022
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: La Pampa  - Mendoza


El gobernador Sergio Ziliotto instruyó a la Fiscalía de Estado para interponer una medida cautelar ambiental. Exigen la entrega de un caudal de 3.2 m3/s. Mendoza insiste en que se deben realizar obras públicas para cumplir el objetivo.
Río Atuel: La Pampa insiste en recibir de forma “inmediata” el caudal correspondiente de agua La Pampa y Mendoza siguen en conflicto por el agua, tanto del río Grande con la construcción de Portezuelo del Viento; como también la del río Atuel. Este último caso tuvo novedades, ya que el gobernador pampeano, Sergio Ziliotto instruyó a la Fiscalía de Estado para que interponga ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación una medida cautelar ambiental, con la que requirió “la entrega inmediata del caudal mínimo permanente de 3.2 m3/s en el límite interprovincial entre La Pampa y Mendoza”.
En tanto, desde la Provincia se ha insistido en que se deben realizar obras en conjunto para llegar a ese objetivo, y reiteraron que “no se perjudicará a los regantes ni a los productores” en un contexto de crisis hídrica.
Según informaron desde el sitio de prensa oficial de La Pampa, la petición “requiere la suelta de manera inmediata del agua almacenada en el sistema de embalses y/o a realizar todas las acciones indispensables para garantizar la circulación dentro de la provincia de La Pampa del citado caudal -de agua del río Atuel-, a fin de detener el avance del daño ambiental y comenzar el proceso de recomposición del ambiente”.
En este sentido La Pampa afirma que la protección del ambiente ya afectado “requiere de medidas inmediatas y urgentes que detengan el daño y pongan al ambiente por sobre los intereses de un Estado. Resulta imperioso que se reconozca al ambiente como un usuario más de la cuenca y, así, todas las gestiones que se planifiquen respecto al agua disponible prevean este caudal como un uso más”, marcaron.
El escrito argumenta que se encuentra acreditado que tal resolución será la única forma de dar cumplimiento a las obligaciones que el artículo 41 de la Constitución Nacional que establece que “todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo”.
El pedido se funda “en atención al tiempo transcurrido desde que esta Corte ordenó fijar un caudal hídrico apto para la recomposición del ecosistema afectado en el noroeste de la provincia de La Pampa”.
En este sentido recuerdan que el máximo organismo de justicia nacional “dio por acreditado la desertificación y daño ambiental de esta zona -sentencia 01 de diciembre de 2017-; y que, fijó como meta interina un caudal mínimo permanente del río Atuel de 3,2 m3/s en el límite interprovincial entre La Pampa y Mendoza (art. 40 ley 25.675) -sentencia 16 de julio de 2020-”.
Ante las hechos descriptos La Pampa interpone la medida cautelar ambiental “que tiene como objeto solicitar a esta Corte Suprema ordene a la demandada provincia de Mendoza a entregar el caudal ambiental mínimo permanente de 3.2 m/s en el límite interprovincial entre La Pampa y Mendoza.
Se argumenta en el escrito que, en el ámbito de la C.I.A.I., la Provincia, a través del trabajo realizado por los integrantes técnicos del órgano de cuenca, presentó propuestas de acciones -plasmadas en el informe de fecha 18 de diciembre de 2020- que tienen como fin la implementación inmediata del caudal mínimo permanente sin la necesidad de realizar obras.
Entre ellas se encuentra “un cambio en la gestión del manejo del agua que permitirá la suelta de agua almacenada en el sistema de embalses en forma inmediata y la creación de Normas de Manejo que incluyan el Uso Ambiental”. No obstante, no han habido acuerdos respecto a las actividades a realizar, y tampoco con las obras públicas para optimizar el caudal de agua del río Atuel.
Recordemos que el representante del comité de trabajo de la provincia en este tema, Fernando Gomensoro, defendió en enero la posición de Mendoza y sostuvo que “de ninguna manera el fallo dice que la entrega del caudal debe ser en forma inmediata”, y aclaró que se deben llevar a cabo medidas, como las obras, para “no perjudicar a los regantes ni a los productores. No vamos ni podemos dejarlos sin agua en contexto de crisis hídrica”.
“La Pampa con un análisis técnico erróneo – que puede comprobarse fácilmente - , fijó de entrada su postura, estableciendo la necesidad de caudal inmediato, lo que implica daño directo a los productores que dejarían de usar el agua para satisfacer ese caudal, dado que el agua lamentablemente no sobra”, señala la introducción del documento del Plan de Obras Acciones y Monitoreo que propuso Mendoza.
Desde la Provincia argumentan que Nación está pidiendo avanzar en los “puntos de acuerdo” que hay entre las jurisdicciones, pero marcan que “lo cierto es que estos puntos son los que propone La Pampa, y claramente nosotros tenemos voluntad de avance. Pero ellos son inflexibles, por eso nosotros pedimos ahora avanzar en estos puntos si se avanzan en las obras para mejorar el caudal del Río”, agregó Gomensoro.
De acuerdo al financiamiento de los trabajos, Mendoza plantea que el 70% sea costeado por la Nación; un 15% la provincia y el 15% restante, La Pampa.
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Alberto Fernández: “El Cambio Climático es un problema que nos lastima y nos exige tomar decisiones rápidas”

Fecha de Publicación: 25/03/2022
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional


El Presidente participó en la primera reunión del Gabinete Climático en la Casa Rosada. Estuvieron gran parte de sus ministros y también varios gobernadores, tanto del oficialismo como de la oposición
El presidente Alberto Fernández, acompañado por el jefe de Gabinete, Juan Manzur; el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, y la secretaria de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación, Cecilia Nicolini, encabezó este mediodía en el Museo del Bicentenario de Casa Rosada la primera reunión del año de ministros y ministras del Gabinete Nacional de Cambio Climático, que también contó con la participación de varios gobernadores y vicegobernadores, incluso algunos enrolados en la oposición.
Fernández inauguró el encuentro con un discurso que duró alrededor de 20 minutos. “Es un problema que ya ha llegado, que ya nos lastima y que por lo tanto exige tomar decisiones rápidas”, dijo acerca del Cambio Climático. “Se produce una enorme injusticia” por la que la Argentina paga en impacto “como si fuéramos contaminadores, y en verdad somos esencialmente un país que oxigena el ambiente” y “emite menos del 1 por ciento de los gases que producen el efecto invernadero”, continuó el jefe de Estado.
“Hemos visto los incendios en el Sur producto del calor y la sequía, y cómo recientemente el 10 por ciento de la provincia de Corrientes y una parte de Misiones quedaron afectadas por un incendio generado por una triple combinación: altas temperaturas, una sequía como pocas veces se ha visto, y la bajante de los ríos Paraná y Uruguay, que hoy tienen su nivel más bajo de agua en su historia”, señaló el Presidente.
Luego sostuvo: “Ahora, los grandes causantes del problema, que son además parte de ese mundo central rico, ¿qué hacen para ayudarnos a nosotros a hacer los cambios que tenemos que hacer?”. Argentina expuso ante distintos organismos organismos multilaterales de crédito, el G20, en el Banco Mundial, y el BID, entre otros y en la última Cumbre sobre Cambio Climático que se realizó en Glasgow, a comienzos de octubre de 2021, una propuesta de canje de su deuda externa a cambio de acciones ambientales, que no tuvo una respuesta positiva.
La primera de las reuniones de este tipo (se hará una cada seis meses, en principio) comenzó cerca de las 12 con esa exposición del presidente Fernández y le siguieron en el uso de la palabra el jefe de Gabinete Juan Manzur, el ministro Cabandié y secretaria Nicolini, antes de escuchar las inquietudes que plantearon varios de los gobernadores.
Fernández afirmó que “es una pelea que tenemos que dar los países latinoamericanos, que en su inmensa mayoría aportan mucho oxígeno al mundo”. Y que es necesario “exigir que haya un financiamiento blando para que podamos hacer el cambio” en la matriz energética “al menor costo posible”.
También recordó que fue interesándose en el Cambio Climático aún más desde que asumió su cargo en la Casa Rosada y que en la reciente visita que hizo a Barbados, en una de sus primeras acciones como presidente de la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe), el relato de la primera ministra de ese país, Mía Mottley, terminó de convencerlo de que es imprescindible emprender este trabajo en forma urgente.
“El problema ya lo tenemos, ya lo padecemos. Y por eso debemos tomar cartas en el asunto. Muchos gobernadores están haciendo lo correcto buscando energías alternativas, y nosotros queremos ayudarlos en esa senda”, sostuvo el Jefe de Estado, quien también enumeró la importancia de desarrollar las industrias renovables.
Tras la reunión el ministro Cabandié, la secretaria Nicolini y Gustavo Valdés, el gobernador de Corrientes, dieron sus impresiones en la Casa Rosada ante los periodistas acreditados. Cabandié destacó que “Argentina no se puede quedar quieta ante el Cambio Climático”, que es necesario “que entre todas las provincias nos pongamos de acuerdo en normativas y regulaciones” y que se precisa “una ley de humedales”.
Nicolini, por su parte, remarcó la importancia de esta convocatoria “a ministros, ministras y gobernadores para un plan orientado a conseguir la carbononeutralidad a largo plazo, en 2050″ y llamó a discutir en una mesa ampliada “los temas que llevaremos a la COP 27 de noviembre de este año”. La nueva Cumbre se desarrollará en la ciudad de Sharm el-Sheikh, Egipto, entre el 7 y el 18 de noviembre.
Valdés describió que Corrientes está en una mejor situación que en enero y febrero cuando los incendios en la provincia afectaron a casi un millón de hectáreas productivas. “La producción del agro y de la ganadería se vieron seriamente afectadas y costará recuperarse. Estamos 1.000 milímetros abajo en cantidad de lluvias y con una bajante histórica del río Paraná. Tendremos seguramente una menor producción de yerba mate y de arroz”, contó el mandatario provincial.
De la reunión participaron los ministros de Interior Eduardo “Wado” De Pedro: de Relaciones Exteriores, Santiago Cafiero; de Defensa, Jorge Taiana; de Justicia, Martín Soria; de Seguridad, Aníbal Fernández; de Trabajo, Claudio Moroni; de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta; de Turismo y Deportes, Matías Lammens; Julián Domínguez (Agricultura, Ganadería y Pesca); Tristán Bauer (Cultura) y Juan Zabaleta (Desarrollo Social).
Además estuvieron los gobernadores Axel Kiciloff (Buenos Aires); Gerardo Morales (Jujuy); Ricardo Quintela (La Rioja); Raúl Jalil (Catamarca); Gustavo Valdés (Corrientes); Alberto Rodríguez Saá (San Luis), Sergio Ziliotto (La Pampa) y Oscar Herrera Ahuad (Misiones), el vicegobernador de Santa Cruz, Eugenio Quiroga y su par de Tucumán, Eugenio Mansilla. Y en modo virtual lo hicieron Rodolfo Suárez (Mendoza). Omar Perotti (Santa Fe), Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y el vicegobernador de Formosa, Eber Wilson Solís.
También estuvieron en el Museo del Bicentenario, el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz; el secretario de Energía, Darío Martínez, la jefa de gabinete del ministerio de Salud, Sonia Tarragona, y la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti.
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Dictaminan en favor de mantener la suspensión de la explotación petrolífera

Fecha de Publicación: 24/03/2022
Fuente: Diario El Atlántico
Provincia/Región: Nacional


El fiscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, Daniel Adler, dictaminó en favor de mantener la decisión del juez Santiago Martín de suspender la Resolución 436/2021 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, normativa que aprueba el proyecto denominado “Campaña de Adquisición Sísmica Offshore Argentina: Cuenta Argentina Norte (áreas CAN 108, CAN 100 y CAN 114)”.
Al momento de analizar el caso, el fiscal general reparó -en primer lugar- en la resolución de Naciones Unidas “Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, aprobado en 2015 en Nueva York –y del cual nuestro país resulta signatario-, y que entre sus objetivos establece que: “Para conseguir el desarrollo económico sostenible, las sociedades deberán crear las condiciones necesarias para que las personas accedan a empleos de calidad, estimulando la economía sin dañar el medio ambiente…”. Además, en su punto 14, impone “Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo”.
De allí que el representante del MPF sostuviera que “Es por demás claro que nuestro país ha fijado su programa de actuación a partir de estos Objetivos y por consiguiente, ningún progreso económico puede en pos de su consecución, implicar el detrimento del medio ambiente”.
Por su parte, destacó el rol del Ministerio Público Fiscal en las cuestiones socialmente trascendentes como la que aquí se debate, con cita de los artículos 120, 41, 42 y 43 de la Constitución Nacional.

La afectación de especies marítimas
A su vez, realizó un pormenorizado análisis del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), elaborado para las tres áreas de exploración, por las sociedades extranjeras integrantes del grupo económico Equinor, el que da cuenta de los impactos que la generación de ruidos habrá de tener sobre la fauna marina en la zona que se ha definido como área de influencia.
Del análisis de la información generada por la empresa, “surge claro que no existe época del año para la realización de la prospección que asegure que ninguna especie se verá afectada. En todos los escenarios alguna habrá de sufrir consecuencias. Ello por cuanto del EIA surge que existen distintas épocas y grados de sensibilidad a la exposición a las ondas sonoras”.
Para ello las empresas proponen técnicas de mitigación consistentes en iniciar la prospección con un bajo nivel de ruido el que se irá incrementando durante 20 minutos (que puede llegar a 40 en casos excepcionales), hasta lograr cambios de comportamiento en la fauna marina, consistentes en la huida y modificación de trayectorias de las distintas especies, forzando su alejamiento de las zonas concedidas.
Para el fiscal general, del estudio analizado surge la envergadura de los desafíos ambientales que la actividad sísmica lleva consigo. “Ha quedado allí expuesto el cúmulo de riesgos desconocidos para al menos algunas especies marinas; la falta de certezas científicas también expuestas en distintos pasajes del EIA sobre las consecuencias de la prospección en la zona abisal comprendida por las áreas de exploración, sumado a las observaciones en el informe posterior de las alegadas falencias que habrían existido en la comunicación previa a la Audiencia Público celebrada oportunamente. Todo ello, permite evidenciar la necesidad imperiosa de un ámbito de discusión social mucho más amplio que el que se ha brindado hasta la fecha”, sostiene el dictamen fiscal.

El principio precautorio en palabras de la Corte
Ante dicho escenario, recordó que en nuestro país se impone en materia ambiental el principio de precaución, el cual resulta imperativo a la hora de analizar el dictado de medidas cautelares centradas en evitar daños colectivos. En tal sentido la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que “en el particular ámbito de las demandas encuadradas en las prescripciones de la Ley General del Ambiente, debe además evaluarse las consideraciones referidas al principio de prevención y al principio precautorio del daño ambiental ante la posible creación de un riesgo con efectos desconocidos y por tanto imprevisibles”.
En este caso, distintos pasajes del Estudio de Impacto Ambiental dan cuenta de efectos desconocidos por falta de información, lo que refuerza la procedencia del principio precautorio.

La vigencia del Acuerdo de Escazú
Por su parte, Adler recordó que el Acuerdo de Escazú –que entró en vigencia previo a la audiencia pública celebrada en julio de 2021, a través de la ley 27.566- importa un marco normativo particular que contiene pautas precisas y conminatorias que marcan el proceso a seguirse en la toma de decisiones de la magnitud que el presente debate genera. En tal sentido, citó puntualmente el artículo 7mo que regula la “Participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales”, y alertó que la normativa “no ha sido cumplida por los actores intervinientes pese a que estaban expresamente obligados a ello”, tal como fue reconocido por autoridades nacionales en una entrevista periodística brindada en esta ciudad días atrás. “Una autocrítica que tenemos que hacer desde el Estado nacional es que tal vez no hicimos esto de venir a dar la información a la gente de Mar del Plata con detalles”, admitió Aldo Duzdevich, asesor del Ministerio de Energía.
En este sentido, el fiscal general expresó que “resulta menester contar con información completa como lo consagra la Ley 27.566. Si la misma no es clara, o siéndola, fallan los mecanismos para su difusión y no se da un verdadero debate popular, la decisión a partir del claro texto legal no cumple con la finalidad de preservar a las generaciones actuales y futuras”.

Impacto económico y desarrollo pesquero
Por último, el fiscal general Adler recordó que en esta causa se debate exclusivamente el impacto ambiental que habrá de producir la prospección 3D que fuera autorizada en las áreas objeto de concesión. “No estamos aquí ante el debate referido a la instalación de pozos petroleros, sino al impacto que la prospección sísmica ocasiona con su sonido. De allí que hablar de eventuales ingresos resulta a la fecha un escenario hipotético, y en lo que refiere a esta etapa, la empresa refirió en el EIA que “(…) En cuanto a las actividades económicas la demanda de servicios logísticos podrá tener alguna repercusión muy focalizada en relación a las prestaciones que brinde el puerto de servicios logísticos (Puerto de Mar del Plata) y posiblemente en algunas otras localizaciones en relación a otros suministros/servicios, pero en todo caso resultaría un  aspecto disperso de escasa relevancia, que no incidirán sobre las economías locales. Lo mismo se puede mencionar en cuanto a la demanda de mano de obra, dado que el proyecto demanda en general personal con calificaciones específicas”.
Y por otro lado, según surge del Estudio de Impacto Ambiental, “no se puede descartar que la tarea a desarrollar por las empresas pueda tener efectos sobre la explotación pesquera”. En la documental aportada se dice que “el impacto sobre el rendimiento de la actividad pesquera en el área de adquisición sísmica podría dar como resultado indirecto la afectación del proyecto sobre la fauna ictícola y de invertebrados siendo que dichas comunidades pueden verse afectadas por las actividades de prospección sísmica. No obstante, la incidencia de las actividades de adquisición sísmica carece aún de conclusiones firmes respecto de su afectación sobre las capturas”. Para el representante del MPF “el uso del verbo potencial y la afirmación de la carencia de conclusiones firmes, permiten abrigar el temor de que la actividad impacte en la actividad pesquera, en particular en las especies”. Por ello, se propugna mantener la decisión de primera instancia hasta tanto se asegure un debate más profundo con participación masiva de la ciudadanía.
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Biocombustibles para la generación eléctrica en Santa Fe

Fecha de Publicación: 24/03/2022
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Santa Fe


El senador Armando Traferri presentó una iniciativa para declarar política de Estado la producción y utilización de energías renovables
El senador justicialista Armando Traferri presentó en la última sesión de la Cámara Alta provincial un proyecto de ley que impulsa la utilización de biocombustibles para la generación eléctrica dentro del territorio de la provincia de Santa Fe. En su iniciativa, considera que además de propender a la industrialización de la producción primaria, esta medida redundaría en un beneficio para el medio ambiente, ya que las emisiones son más limpias y se trata de un producto renovable, y a la vez generaría un ahorro de dólares, porque se dejaría de importar combustible para estas usinas.
El proyecto de Traferri declara “política de Estado provincial a la producción y a la utilización de energías amigables con el medio ambiente” y también a “la incorporación de los biocombustibles en las usinas instaladas en el territorio de la provincia de Santa Fe, que utilizan actualmente combustibles fósiles líquidos de manera alternativa para su operación en los períodos en los cuales no disponen de gas natural”.
El propio legislador consideró en su fundamentación otro proyecto de su autoría, que se convirtió en la ley provincial 14.020, y que creó el “Programa Provincial de Uso Sustentable de Biocombustibles”.
El mismo, establece como objetivo llegar a la utilización masiva de biocombustibles, biodiésel, bioetanol o los combustibles renovables que pudieran surgir, en estado puro o en el mayor nivel posible de mezclas con combustibles fósiles en el territorio provincial, en los sectores agrícola, ganadero, transporte de granos y cargas, espectáculos públicos, logística, encomiendas, correos, flotas de gobiernos provinciales, municipales y comunales, empresas del estado, obras públicas, transporte de pasajeros y generación eléctricas.
“La experiencia de casi 15 años de producción y utilización del biocombustible contribuyó a la diversificación de la matriz energética, al ahorro de divisas, desarrollo de economías regionales, industrialización de la producción primaria, sustitución de importaciones, preservación del medio ambiente, cuidado de la salud y responsabilidad social, con fuerte impacto en el trabajo provincial y en especial de Santa Fe”, remarcó.
“La pandemia de coronavirus y el actual escenario bélico internacional complejo con el que se inició el 2022 enseñan que los países deben desarrollar sus industrias y valor agregado para evitar que volatilidades en precios internacionales causen profundos daños en sus entramados económicos, productivos y sociales”, agregó.
En ese sentido, el senador consideró que “la provincia necesita promocionar el uso de biodiésel para la generación eléctrica en las usinas radicadas en su territorio que actualmente tienen la capacidad de ser duales, por funcionar con gas natural o gasoil por un total de 2.681 megavatios”.
Según los datos recopilados, durante 2021 esas centrales consumieron 640.000 m3 de gasoil importado, lo cual demandó divisas que se estiman en unos 900 millones de dólares, y generó emisión de gases de efecto invernadero. “¿Por qué no impulsar su sustitución por biodiésel nacional, amigable con el ambiente, con plantas que tienen una ociosidad actual cercana al 60%?”, se preguntó el legislador.
En Santa Fe se encuentran instaladas 18 plantas elaboradoras de biodiésel, con una capacidad de 3.473.600 toneladas anuales. Actualmente, trabajan a poco más de la mitad de su capacidad instalada y emplean, directa e indirectamente, a decenas de miles de personas.
“Lograr un exitoso proceso de incorporación del biodiésel a la generación eléctrica abrirá un nuevo mercado en el mundo a toda la cadena agroindustrial argentina, lo cual redundará en un enorme impacto positivo en el país”, concluyó.
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Buscan aprobar ley de conservación de bosques   

Fecha de Publicación: 24/03/2022
Fuente: El Territorio
Provincia/Región: Misiones


Buscan aprobar ley de conservación de bosques El diputado provincial Rafael Pereyra Pigerl, presidente de la comisión de recursos naturales de la Cámara de Representantes provincial se comprometió en el marco del Día Mundial de los Bosques y el Agua- a lograr la aprobación de la ley del sistema de gestión integrada de cuencas hidrográficas.
El proyecto tiene como objetivo conservar el ambiente y obtener mejor calidad de vida de la población para alcanzar el desarrollo sostenible de la provincia, teniendo en cuenta que las cuencas son más que sólo áreas de drenaje y en ellas nuestras comunidades desarrollan todas sus actividades sociales, ambientales y productivas.
Pereyra Pigerl explicó que este sistema de gestión de cuencas permitirá estudiar y trabajar en la mejora de la calidad y cantidad de agua tomada de las mismas para el consumo, tanto humano como rural, y evitar o morigerar los problemas relacionados a las cuencas como inundaciones, contaminación, faltante de provisión de agua en épocas de sequía.
En ese sentido, dijo que desde el Ministerio de Ecología y la Cámara de Representantes, junto a instituciones y profesionales vinculados en esta temática, desarrollaron durante el 2020/21 actividades de socialización con el propósito de nutrir este proyecto.
Además, resaltó que este año la ONU tomó como lema a las aguas subterráneas que “son decisivas para el buen funcionamiento de los ecosistemas en los humedales y los ríos”.
Asimismo, el diputado indicó que los bosques “son demasiado valiosos para perderlos. Poseen una estrecha y vital relación con el agua y el suelo. Son fundamentales para combatir el cambio climático y ejercen un papel importante en la erradicación de la pobreza”.
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Alerta por un protocolo que reduce a 10 metros la zona de exclusión de agroquímicos alrededor de las comunidades

Fecha de Publicación: 23/03/2022
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Santa Fe


Ante el anuncio realizado sobre un manual para las aplicaciones de agrotóxicos en el departamento Castellanos, se encendieron las alarmas de las agrupaciones ambientalistas
La Multisectorial “Paren de Fumigarnos” lanzó un comunicado de advertencia ante la inminente presentación de un protocolo para las aplicaciones de agroquímicos en el periurbano de comunas y municipios del departamento Castellanos. El mismo fue elaborado por la Agencia de Extensión Rural Castellanos del Instituto Nacional de Tecnología Agroalimentaria (Inta) y cuenta con apoyo del senador departamental, Alcides Calvo.
Según los creadores del protocolo “la idea es aportar una base técnica para que legislen el uso de fitosanitarios en las inmediaciones de zonas pobladas”. Sin embargo asociaciones de vecinos, gremiales, científicos y abogados ambientalistas que constituyen la Multisectorial “Paren de Fumigarnos” se mostraron preocupados ante tal proyecto que, según indicaron “ignora las evidencias científicas actuales sobre derivas e impactos en la salud, para las aplicaciones periurbanas de agrotóxicos, ya que propone llevar la distancia libre de aplicaciones a solo 10 metros de las viviendas de vecinos y vecinas, y a partir de allí hasta los 1.500 metros para aplicar productos banda verde o azul”.
La polémica surgió cuando la Agencia de Extensión Rural Castellanos del Inta elaboró el “Protocolo de Aplicaciones para Periurbanos Ampliados” para ofrecerlo como modelo a comunas y municipios del departamento con el fin “de evitar conflictos entre campo y ciudad por el uso de productos fitosanitarios”.
De acuerdo a lo expresado por un vocero de Inta en un medio periodístico santafesino, Cristian León, hay varios pueblos que ya adoptaron el protocolo y lo transformaron en ordenanza.
León, explicó que “la iniciativa es el resultado de un trabajo conjunto, realizado los últimos dos años, con el senador Alcides Calvo y los mandatarios del distrito”. Incluso aseguró que en los lugares donde se implementó “se notó una disminución de la conflictividad. Principalmente porque hay que tener informada a la población de todos estos trabajos; de que nadie quiere contaminar a nadie y que cada aplicación que se hace en el periurbano está controlada”. San Vicente es una de las ciudades donde hace más de un año rige la normativa y “no hubo más denuncias”, según León.

Sólo 10 metros
Lo primero que contempla el protocolo es la fijación de la línea agronómica, a partir de esa línea que establece legalmente el límite entre lo urbano y lo rural, los primeros 10 metros son un “área de seguridad” donde no se puede aplicar ningún agroquímico, ni químico ni biológico y donde se “debe instalar una barrera forestal”.
Luego, desde los 10 hasta los 1.500 metros, hay un área denominada “de aplicaciones restringidas”, donde sólo pueden usarse productos de banda verde o azul, entre éstos el glifosato que en Argentina aún es catalogado como “banda verde”, a pesar de su probada toxicidad e impacto negativo sobre humanos, animales y ambiente en general. También el protocolo contempla “el control absoluto de las aplicaciones por parte del Estado” a través de la figura de un “veedor municipal”.
Entre los 1.500 y hasta los 2.500 metros, se determinó un “área de responsabilidad social rural”, donde se apela a “la conciencia de productores y asesores para el uso responsable de los productos”. Es decir que se deja en manos de la buena voluntad o conciencia moral de productores y agrónomos, el uso de productos altamente peligrosos y contaminantes.
En cuanto a las aplicaciones en inmediaciones de escuelas León sostuvo que “lo fundamental es que estén avisados” y que “sólo se puede aplicar el viernes por la tardecita hasta el domingo a la tardecita”.
De acuerdo al funcionario del Inta el protocolo se hizo “con la idea de producir en forma responsable y no prohibir por prohibir” y el mismo será presentado formalmente a todos los gobiernos locales del departamento entre abril y mayo.

En alerta
El domingo último comenzó a circular el comunicado del “Paren de Fumigarnos” donde expresan algunas consideraciones que no fueron tenidas en cuenta en la elaboración del protocolo como que “el Instituto Internacional del Cáncer de la OMS ha clasificado al glifosato como ‘probable’ cancerígeno, vigente esta clasificación hasta el día de hoy. Por lo tanto, responsabilizamos a los diseñadores de dicho protocolo por los daños que ocasionará a la salud de los vecinos, al estar ampliamente demostrado el aumento de enfermedades producidas por la exposición directa e indirecta a los agrotóxicos”.
También resaltaron que “debe tenerse presente que la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Santa Fe, con fecha 14 de diciembre del 2021 confirmó el fallo de un amparo ambiental que dispuso una distancia mínima de mil metros para las fumigaciones terrestres respecto de la vivienda de los demandantes” en la localidad de Zenón Pereyra, departamento Castellanos.
Por otra parte, desde la multisectorial recordaron que “se encuentra en debate un proyecto para reformar y actualizar la ley 11273/95, que contempla una zona de 1.500 metros libres de fumigaciones en resguardo de la salud de los vecinos de las 365 localidades de nuestra provincia”.
En cuanto al protocolo señalaron que “es regresivo y violatorio del marco de regulaciones generales vigentes en la República Argentina, como el artículo 41 de la Constitución Nacional y la Ley General del Ambiente”, entre otras.

Criminal
Finalmente, a través del escrito expresaron que “se demanda al senador Alcides Calvo, quien avala este protocolo, como también al intendente de la ciudad de Rafaela, Luis Alberto Castellano y Concejo Municipal, a que convoque una audiencia pública para consultar a la ciudadanía sobre su opinión sobre el mismo. Entendemos que no pueden hacerse los distraídos en este debate y deben pronunciarse públicamente en contra de este protocolo (que consideramos criminal), y en defensa de la salud de la comunidad, que es su obligación”.
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Ambiente y Salud avanzan en la agenda común frente al cambio climático

Fecha de Publicación: 23/03/2022
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Provincia/Región: Nacional


El encuentro se realizó en el marco de la Estrategia Nacional de Salud y Cambio Climático presentada recientemente por la cartera de Salud de la Nación.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, que conduce Juan Cabandié, a través de la secretaria de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación, Cecilia Nicolini, participó de una reunión junto con la ministra de Salud de Nación, Carla Vizzotti, para avanzar en la agenda en común sobre cambio climático. El desarrollo de la jornada se realizó en el Hospital Cuenca Alta de la localidad bonaerense de Cañuelas.
Cabe mencionar que la misma fue elaborada en el marco del Gabinete Nacional de Cambio Climático (GNCC), el cual es coordinado técnicamente por la cartera de Ambiente nacional. La inclusión de la salud en el contexto del cambio climático se realiza como uno de los enfoques transversales de la política climática nacional.
En este sentido, se establecieron líneas de acción con el fin de elaborar políticas públicas para incrementar las capacidades del sistema sanitario frente a los eventos extremos producidos por el cambio climático.
Estuvieron presentes por parte de la cartera ambiental, la directora nacional de Cambio Climático, Florencia Mitchell; el coordinador del Gabinete Nacional de Cambio Climático, Carlos Amanquez y la asesora técnica especialista en adaptación, María del Valle Peralta.
También participaron de la reunión por la cartera de salud, el secretario de Calidad en Salud, Alejandro Collia; la subsecretaria de Gestión de Servicios e Institutos, Edith Benedetti; el director nacional de Gestión de Servicios Asistenciales, Carlos Devani; la coordinadora de Salud Ambiental, Marina Orman; y autoridades del Hospital Cuenca Alta de Cañuelas.
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Cómo protege cada provincia a sus bosques

Fecha de Publicación: 23/03/2022
Fuente: El Auditor
Provincia/Región: Nacional


La norma sobre el presupuesto mínimo para resguardar los ecosistemas no se cumplió desde su sanción. Varias provincias continúan deforestando en zonas prohibidas con fines agrícolas o de desarrollos urbanos. La justicia y la sociedad civil intentan impedirlo pero las cifras no descienden.
Los bosques nativos están protegidos en el país por la ley 26.331 y en ella se establecen presupuestos mínimos para poder conservarlos, restaurarlos y aprovechar de manera sustentable los recursos del país. La norma fue pensada como una forma de organizar una acción conjunta que evite la deforestación, pero su implementación no alcanza los resultados esperados.
En diálogo con El Auditor.info, Hernán Giardini, coordinador de la campaña de bosques de Greenpeace, aseguró que la cobertura que brinda la ley es parcial, ya que si bien "la deforestación tuvo una disminución comparada con la época previa a la norma", sigue habiendo un número alto de desmontes y, en promedio, más de la mitad se da en las zonas en las que está prohibido.
Los desmontes ocurren a lo largo y a lo ancho del país, sin embargo, hay cuatro provincias que reúnen casi el 80% del total: Santiago del Estero, Formosa, Chaco y Salta. En 2018, un relevamiento de Greenpeace mostró que en esa zona se talaron bosques por un total de 112.766 hectáreas, el equivalente a dos veces la superficie de la Ciudad de Buenos Aires durante 12 meses.
Giardini también aseguró que en Santiago del Estero y Chaco se realizan procesos de desmontes selectivos en la zona marcada como amarilla (de protección media), para el desarrollo ganadero. “Ahí hay una responsabilidad de las provincias al habilitar esto cuando la ley no lo permite”, indicó.

Clasificaciones dudosas
En provincias como Formosa y Corrientes, a la hora de ordenar su mapa como pedía la ley, “pusieron más del 70% de su territorio en zona verde (baja protección), por lo tanto han dicho que se puede desmontar prácticamente en todos lados”, remarcó Giardini. Esto terminó provocando que en Formosa haya más desmontes después de la ley que antes de la misma.
Consultada por este medio, Adriana Piffaretti, supervisora en la AGN en el área de Gestión Ambiental y licenciada en Administración, sostuvo que en los informes de auditoría "insistimos con la promoción de encuentros y espacios de discusión dentro del COFEMA, abordando el proceso de ordenamiento territorial de bosques con una visión integrada para hacer nexo entre las categorías de conservación de jurisdicciones vecinas reclamando a las autoridades locales provinciales el desarrollo de normativas complementarias que generen incentivos a la preservación de los bosques nativos".
Más allá de las cuatro provincias que concentran el mayor volumen de deforestación, Giardini explicó que, por ejemplo, en Córdoba se hicieron varios desmontes para la construcción de countries y otros desarrollos urbanos a cargo de los propios municipios, aunque la potestad sobre la tierra la tiene la provincia. “En la Patagonia hubo intentos de desarrollos urbanísticos grandes pero la principal causa de deforestación fueron los incendios, que en algunos casos son naturales pero en otros tantos hubo accidentes o intencionales”, agregó.  
El ordenamiento territorial de todas las provincias sumadas da un promedio del 80% de los bosques del país protegidos y, “si se cumpliese a rajatabla, no se deberían desmontar”, aseguró Giardini.
En este sentido, Greenpeace considera que se debe penalizar el desmonte ilegal y el incendio intencionado, así como al funcionario que legaliza lo ilegal. “Debería haber una suspensión de los desmontes para las provincias que no hayan hecho su ordenamiento, como pasó con Chaco, pensando en mejorar la protección y porque Argentina firmó que para 2030 no debe haber más desmontes”, analizó Giardini.

Control
La Auditoría General de la Nación realizó varios informes sobre el tema. En un análisis de 2014 se hablaba de estas mismas cuatro provincias y se mostró que en Santiago del Estero y Salta se desmontaba sin que hubiera una audiencia pública previa. En un trabajo de 2021 se explicó que Santiago del Estero mejoró la situación y es de las pocas junto a Chaco, San Juan y Buenos Aires que tienen el mecanismo de participación ciudadana implementado.
Según Giardini, hay más panoramas alentadores. “En Salta, en los últimos tiempos están en proceso de reordenar el mapa y por esto no se autorizaron muchos desmontes pero sigue teniendo una deuda con todo lo que se permitió con los últimos gobiernos”, aseguró.
Algo similar pasa en Chaco, donde la justicia local consideró al ordenamiento territorial vencido (se debe renovar cada cinco años) y suspendió los desmontes hasta que se haga un nuevo mapa. “Igualmente el nivel de los controles es bajo, con lo cual el desmonte ilegal aumentó”, corrigió Giardini.  
El caso de Misiones es distinto al de los demás: antes de la Ley de Bosques había un alto nivel de deforestación y después de la zonificación bajó notoriamente.
La AGN también detectó debilidades que afectan a los procesos participativos, como por ejemplo, los conflictos con comunidades de pueblos originarios; falta de convocatorias más amplias; ausencia de mecanismos de difusión y de registro documental que acrediten dicho proceso. "Es bastante recurrente que las audiencias públicas, cuando se hacen, se brinde poca información, son exprés y muy pocas frenan un proyecto que ya estaba encaminado”, sostuvo Giardini. "Eso va de la mano de desmontes sobre territorios indígenas sin consentimiento de las comunidades”, agregó.
Por su parte, Piffaretti afirmó que cuando los dueños de la tierra con bosques nativos tienen una motivación económica para conservarla, "no lo cederán a los emprendimientos inmobiliarios que hacen lobby para cambiar el uso de suelo y talar cientos de hectáreas en beneficio propio, descuidando el medio ambiente". Además aseguró que son las provincias "las que deben realizar acciones para la recuperación y restauración de los bosques nativos degradados por cambios de categoría a nivel predial; y eso no sucede actualmente".

Falta de financiamiento
El organismo de control notó la falta de financiamiento que tiene la ley. En 2013 se destinó el 13,26% de lo estipulado en la norma; en 2015, el 6,21% y en 2016 el 5,26%. En el año 2020, se le asignó poco más del 3% de lo correspondiente. Hablando en concreto, ese año por cada hectárea se previó destinar $10,20 para su conservación.
“La desfinanciación de la ley no es un tema menor, ya que todos los años el Congreso da menos plata para la Ley de Bosques, eso no ayuda en los controles ni a financiar un desarrollo sustentable”, aseguró Giardini y remarcó que hay una responsabilidad compartida: “el Ejecutivo manda proyectos de presupuesto con un número menor y los legisladores no hacen nada para cambiarlo”.
En esta misma línea, Piffaretti considera que "todavía falta recorrer un camino de consensos, a nivel legislativo nacional también, para componer una demanda de política pública ambiental que requiere la urgencia de sostener este tema en una agenda prioritaria".
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Esperan auge exploratorio en minería para el 2023   

Fecha de Publicación: 22/03/2022
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Jujuy


Hay 127 informes de impacto ambiental en evaluación en Jujuy, que podrían generar otros tantos emprendimientos.
Esperan auge exploratorio en minería para el 2023 Actualmente Jujuy cuenta con 127 informes de impacto ambiental en evaluación, algunos de exploración y otros de prospección en polimetálicos, oro aluvional, de roca y litio, que hace vislumbrar un posible avance exploratorio. Sobre el reclamo en Susques por una supuesta instalación para extracción de litio, el secretario de Minería de la Provincia, Miguel Soler, aclaró que no hay nada irregular y se trata de un proyecto de exploración autorizado por la Unidad de Gestión Ambiental Provincial, que incluye a comunidades y a la Secretaría de Pueblos Indígenas.
"Tenemos 127 informes de impacto ambiental en evaluación, algo que realmente es muy bueno, se está comenzando a explorar la provincia, principalmente en la región Oeste de Jujuy. Muchos son de litio, ya tenemos proyectos de polimetálicos, oro aluvional, y oro de roca", afirmó.
Detalló que son proyectos de exploración y prospección por lo cual no se puede anticipar cuál podrá avanzar a la etapa de producción. "Es una buena noticia, porque en la medida que podamos gestionar bien los permisos éste año, el año que viene puede ser un boom en materia exploratoria en la provincia", expresó el secretario.
Planteó que también hubo mayor cantidad de consultas en el catastro minero (www.mineríajujuy.gov.ar ), y a abogados y empresas consultoras de la provincia interesados en gestionar proyectos. En el 2021 ese registro tuvo 400 accesos desde el exterior.
Hizo un racconto del año y dijo que comenzó bien debido a que los problemas, principalmente logísticos y de movimiento de gente que comenzaron en 2020, se fueron superando. Explicó que eso permitió que los dos proyectos avanzados de litio pudieran adelantar, en la ampliación Sales de Jujuy como en la construcción Exar.
En tanto el proyecto Mina Providencia, que el año pasado se reactivó, también está a full con su construcción, por lo que espera que este año puedan contar con los concentrados de plomo, plata, zinc y cobre exportándose desde la provincia. Sostuvo que los proyectos de explotación de oro aluvional, minas Córdoba y Ajedrez, siguieron trabajado a pesar que la lluvia frenó algunas actividades.
Acerca de una empresa que tuvo informe de exploración para litio (Hanaq) aclaró: "hay que entender que son informes de exploración, ya que no tienen todavía ningún recurso definido ni una posibilidad todavía cierta de avanzar a la producción. Lo apoyamos y es parte del trabajo que se viene haciendo para fomentar la exploración", afirmó. Detalló Soler que la exploración de litio, que puede tener éxito o no, genera empleo, desarrollo y movimiento económico en la zona, del tipo que se necesitan.
Sobre la recientemente creada Mesa Nacional sobre Minería Abierta a la Comunidad (Memac ) y Sistema de Información Abierta a la Comunidad sobre la Actividad Minera en Argentina (Siacam), dijo que la política nacional es consensuada en el Consejo Federal Minero (Cofemin), del que Soler es vicepresidente primero. Con esa iniciativa se relanzó la página para mostrar más información y trabajan con las provincias para que los datos estén en un formato accesible en la plataforma nacional.
"Es una mesa nacional para fomento de la actividad, y la idea es que sea un lugar donde se pueda dialogar y transmitir abiertamente los mensajes y la información correcta de la actividad para levantar los niveles de discusión y comunicar bien. De esa manera ir derribando los mitos que se consume mucha agua, que se contamina, el cianuro, que son todos mitos que se han instalado en la cabeza de la gente y que nos cuesta derribar al momento de desarrollar la exploración que necesitamos para conocer los recursos y luego arrancar con los proyectos mineros".

“Información malintencionada”
“Se aprobó un informe de impacto ambiental de exploración a Minerales Australes. Está todo como corresponde, con consulta a las comunidades que corresponde, está todo bien hecho. Ellos han hecho un pozo, con total permiso donde lo tenían que hacer. No es ninguna mina, es un proyecto de exploración, no hay dique de cola ni nada, es una información malintencionada”, explicó Soler.
Precisó que la empresa cuenta con autorización de la Unidad de Gestión Ambiental Minera Provincial (Ugamp), y ratificó que legalmente está todo correcto y permitido en el proyecto de exploración. La Ugamp tiene facultad de asesorar al director provincial de Minería, respecto de la aprobación o ampliación de informes de impacto ambiental que deben presentar las empresas o dueños de concesiones en distintas etapas de su desarrollo minero.
Soler dijo que el reclamo que trascendió en redes sociales se basa en intereses particulares, con información malintencionada y consideró que si se tiene que hacer una denuncia debe ser formal de modo que la Justicia avance, asumiendo que para ello no tienen argumento. Aclaró que no hubo corte de ruta pero sí hubo un bloqueo del tránsito a la empresa que denunció el hecho. Planteó que la gente que reclamó en Susques es la misma que fue convocada por la Ugamp y participó, a través de referentes de comunidades, de la que también participa la Secretaría de Pueblos Indígenas, entre otras instituciones.
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Nuevos focos de incendios forestales en el norte provincial

Fecha de Publicación: 22/03/2022
Fuente: Sin Mordaza
Provincia/Región: Corrientes - Santa Fe


Así lo informó el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), dependiente del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Tres incendios forestales continuaban activos en localidades de Corrientes y Santa Fe, según el informe diario del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), dependiente del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
El informe del organismo advirtió que se registraban focos activos en las localidades correntinas de Ituzaingó y Caá Catí.
A su vez, la cartera de Ambiente, a través de un comunicado, informó que "ofreció al Gobierno provincial medios aéreos y brigadistas para el combate de los dos focos activos que se registran en la zona de Ituzaingó y Caá Catí (Estero de las Maloyas)".
"El despliegue actual de recursos en Corrientes consiste en un avión hidrante y dos helicópteros pertenecientes al SNMF", indicó el parte.
El reporte del SNMF informó además que el incendio en la localidad santafecina de Vera también se encuentra activo.
En tanto, los focos que persistían en regiones como Aluminé, en Neuquén; y en el Complejo Lago Martín, ubicado en la ciudad rionegrina de Bariloche, fueron "contenidos", es decir, mantienen su actividad pero por los trabajos realizados por los brigadistas en el lugar, se detuvo el avance del fuego.
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Confirman que se incendió más de la mitad del Parque Iberá

Fecha de Publicación: 22/03/2022
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Corrientes


La Fundación Rewilding estimó que ya se afectó el 60% de la reserva natural e invitaron a visitar este lugar para ayudar a las comunidades locales en la reactivación económica. Los cuatro portales ya están abiertos y los guías retomaron los paseos.
Confirman que se incendió más de la mitad del Parque Iberá La Fundación Rewilding aseguró que comenzó a resurgir la vida en el Parque Nacional Iberá luego de la catástrofe ambiental, pero que ya se afectaron casi el 60% de las reservas naturales en Corrientes.
“A medida que los paisajes recuperan sus colores y aromas, los ciervos de los pantanos, venados de las pampas, osos hormigueros, pecaríes de collar, guacamayos rojos, yacarés, carpinchos, cientos de aves y muchas especies más, que pueden verse igual que antes, junto al evidente paso del fuego generan un paisaje de contrastes que hacen de Iberá un lugar único para experimentar la naturaleza”, señalaron desde esta fundación que se dedica a la reintroducción de especies en peligro de extinción.
Febrero estuvo signado por las noticias de la propagación de los incendios en Corrientes. La dramática situación tuvo alcance nacional y repercutió en el sector turístico.
Por eso, insistieron en que se puede contribuir con visitas al Parque Iberá. “Visitar el Parque no solo contribuye a reactivar este ‘motor’ de desarrollo para las comunidades locales; también nos permite conocer y enamorarnos de lo que podemos perder si no actuamos urgente para revertir las crisis ambientales que provocan catástrofes como esta”, indicaron.
En el Parque Nacional Iberá, los portales Carambola (próximo a la comunidad de Concepción del Yaguareté Corá), San Nicolás (San Miguel), Laguna Iberá (Colonia Carlos Pellegrini) y Cambyretá (Ituzaingó) ya se encuentran abiertos, y sus comunidades vecinas están ofreciendo experiencias vinculadas al turismo de observación de fauna como paseos guiados, gastronomía y hospedaje.
Sin embargo, los prestadores turísticos alertaron sobre la baja de reservas en la zona de los Esteros del Iberá. Señalaron que los parques ya funcionan con normalidad y están listos para recibir visitantes.
Si bien los operadores y prestadores no sufrieron daños severos a nivel de infraestructura, la difusión de las imágenes del fuego consumiendo todo a su paso generaron una disminución de consultas y reservas hoteleras. Un miembro de la Cámara de Turismo Iberá, Estrella Losada, explicó a este diario que “tanto el parque nacional como el parque provincial se encuentran en pleno funcionamiento y listos para recibir a visitantes”.
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