Desmontes y desalojos en Santiago del Estero: más de 9.000 hectáreas arrasadas en lo que va del año

Fecha de Publicación: 16/04/2021
Fuente: Programa Infoambiente - Greenpeace
Provincia/Región: Santiago del Estero


Greenpeace documentó por tierra, por aire y mediante imágenes satelitales la deforestación en la provincia de Santiago del Estero y detectó la pérdida de más de 9.000 hectáreas de bosques en lo que va del año. Comunidades indígenas y campesinas denuncian que continúan los desmontes y el avance sobre sus territorios de empresarios, como Orlando Canido, dueño de las gaseosas Manaos.
 Desmontes y desalojos en Santiago del Estero: más de 9.000 hectáreas arrasadas en lo que va del año “Recorrimos la provincia y tristemente pudimos comprobar que siguen los desmontes y los desalojos. Cuando hablamos de deforestación, no sólo hablamos de pérdida de biodiversidad, sino también de la destrucción del hogar y sustento de los campesinos e indígenas. Es muy grave que la violencia sobre sus territorios continúe. El gobierno de Santiago del Estero no puede seguir siendo cómplice de este crimen” advirtió Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace.
El Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE) alertó que topadoras están desmontando en territorio de la Comunidad Indígena Vilela Tako Sinchi, en la zona de Stayle, cerca de Las Tinajas, departamento Moreno.
También denunciaron que el empresario Orlando Canido, dueño de la empresa de bebidas gaseosas Manaos, intenta desalojar familias campesinas de Árbol Blanco Sur, departamento Alberdi.
Canido fue varias veces denunciado por desmontes y desalojos en Santiago del Estero. En 2016, Greenpeace denunció la deforestación ilegal de sus empresas y las agresiones de sus guardias armadas hacia las familias campesinas.
Según datos oficiales, Santiago del Estero es la provincia con más deforestación de las dos últimas décadas: entre 1998 y 2019 perdió 1.908.057 hectáreas de bosques nativos. La principal causa de los desmontes es el avance de la frontera agropecuaria (ganadería y soja).
Por su parte, el monitoreo de deforestación en el norte de Argentina que realiza Greenpeace mediante la comparación de imágenes satelitales reveló que durante 2020, a pesar de las restricciones por la pandemia de COVID-19, en Santiago del Estero se desmontaron 32.776 hectáreas. (2) Mientras que, entre el 1 de enero y el 31 de marzo de este año, en la provincia se deforestaron 9.126 hectáreas.
“Más deforestación significa más cambio climático, más inundaciones, más desalojos de comunidades campesinas e indígenas, más desaparición de especies en peligro de extinción y más enfermedades. Destruir bosques es un crimen que debe prohibirse y penalizarse. La actual crisis sanitaria, climática y de biodiversidad nos obliga a actuar en consecuencia”, afirmó Cruz.
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Recuperar la Comarca Andina

Fecha de Publicación: 16/04/2021
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Patagonia


Equipos del INTA realizaron un relevamiento de los daños por los incendios forestales ocurridos durante entre enero y marzo en la Patagonia. Además de la asistencia técnica, avanzan en un plan de acción para la recuperación productiva.
Según el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, en los primeros 50 días del año se quemaron más de 60.000 hectáreas, principalmente en la Patagonia. El primer incendio ocurrido en Cuesta del Ternero –El Bolsón – afectó unas 6.300 ha y el segundo que afectó mayormente a parajes de la provincia de Chubut alcanzó unas 3.864 hectáreas de bosque patagónico.
Además de las inconmensurables pérdidas de especies vegetales, los incendios ocasionaron daños en establecimientos productivos de la zona. Es por ello que un equipo interinstitucional realizó un relevamiento a campo para contabilizar su impacto y brindar asistencia inmediata a los productores.
Con las imágenes satelitales y los archivos catastrales del paraje Cuesta del Ternero, los técnicos advirtieron que el fuego afectó en promedio un 60% de la superficie predial de los productores, aunque en 4 casos el fuego arrasó más del 90% del campo. Los pobladores afectados por el incendio en La Cuesta de El Ternero son 35 familias y 14 familias integrantes de la Comunidad Rinconada de Nahuel-pan. Todas ellas dedicadas a la producción ganadera que poseen entre 5 y 50 vacas y hasta 100 ovejas.
El stock ganadero afectado es de 7.307 UGO (Unidad Ganadera Ovina: equivale a un ovino de 40 kilos de peso vivo que consume 365 kg de forraje seco en un año) de los cuales el 54 % son vacunos, 19% ovinos, 18% equinos y el 9% caprinos.
Según Raul Reuque – técnico de la agencia del INTA El Bolsón–, los productores perdieron alrededor de 90 kilómetros de alambrados prediales, se quemaron galpones de acopio, una vivienda familiar, una cabaña destinada a emprendimientos de turismo rural, instalaciones de ponedoras, un tractor, un aserradero portátil y unos 10.600 metros de mangueras para abastecer de agua para uso doméstico, para riego y bebida de los animales.
Por su parte, Guillermo Carbajal – técnico de la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena– indicó que se avanzó en la declaración de stock ganadero en la zona para calcular el balance de los requerimientos forrajeros de los próximos meses.
Hasta el momento, la provincia de Rio Negro entregó forraje –fardos y granos- para atender la demanda urgente de alimento para los primeros meses y se espera obtener más recursos a partir de la declaración de Emergencia y Desastre Agropecuario y Forestal para el departamento de Bariloche.
Para Reuque, es fundamental planificar las acciones a corto y mediano plazo frente a la escasez de áreas de pastoreo y la disponibilidad de forraje “Hay productores que tienen margen para decidir si van a seguir suplementando a los animales o los van a vender. En otros casos, se verán obligados a priorizar aquellos con buena condición corporal y buena sanidad que tengan más posibilidad de sobrevivir en el invierno”. En el caso de mantenerse la dotación ganadera actual, la demanda forrajera de mantenimiento será de unos 5300 fardos al mes y a partir del mediados de abril esta demanda se incrementará a unos 9300 fardos mensuales. Si, bien estos requerimientos en parte pueden ser cubiertos con el pastoreo de las áreas no quemadas, es fundamental que las mismas, reciban un uso muy limitado para evitar el sobre pastoreo y la consecuente degradación de este recurso. “Es preciso contemplar que la recuperación del pastizal del área quemada será gradual, en por lo menos dos o tres temporadas”, especificó.
En el último relevamiento sobre el incendio que comenzó el 9 de marzo, hasta el momento, se contabilizaron aproximadamente 90 familias afectadas en El Hoyo y 500 familias de Lago Puelo de los parajes de Las Golondrinas y Cerro Radal. Por su parte, la localidad de El Maitén cuenta con 10 establecimientos con daños.
En este caso se registró la caída de un sinnúmero de transformadores y postes de luz, lo que generó problemas adicionales a la cosecha y poscosecha de la fruta fina, por la demanda de las cámaras de frío. Además, se desintegraron las mangueras de toma de agua para riego y consumo animal.
La provincia de Chubut, gestionó 10 grupos electrógenos de diferentes dimensiones y características y que se pusieron a disposición de los productores. Esto se suma a dos cámaras de frío en el municipio de El Hoyo para que puedan llevar su cosecha y congelarla para no perderla.
En este contexto, técnicos del INTA brindan asistencia veterinaria inmediata a grandes y pequeños animales y desde la agencia del INTA en esa localidad se entregaron en Cholila cajones de crías de pollitas bebé que serán distribuidas entre productores afectados por el incendio, así como alimento balanceado, comederos y bebederos.
De acuerdo con Andrea Cardozo, jefa de la agencia del INTA El Bolsón, “Desde ambas agencias del INTA estamos colaborando con los Municipios de los distintos parajes afectados. Ahora comienza el trabajo desde la mesa interinstitucional con instituciones de ambas provincias para diseñar el plan de acción que brinde asistencia a los productores, y una estrategia a mediano plazo que contemple un manejo socio ambiental para recuperar los bosques”.
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Paralizan cientos de obras ilegales en el Piedemonte de Luján

Fecha de Publicación: 16/04/2021
Fuente: Mendoza Post
Provincia/Región: Mendoza


La Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial suspendió emprendimientos en el piedemonte hasta tanto los propietarios cumplan con la regularización ambiental, legal y administrativa. Esto se debe por las diversas denuncias recibidas de la Municipalidad de Luján de Cuyo por movimientos de suelo, anegamientos de causes aluvionales y acondicionamiento de terrenos entre otros, de forma ilegal.
Luego de que se presenten los correspondientes descargos, se procederá a evaluar las sanciones correspondientes. Dos de las siete matrículas paralizadas ya recibieron una multa superior al millón de pesos.
Por Resolución N° 371/2020, en relación con el curso del procedimiento de control iniciado a través de inspecciones, denuncias recibidas y análisis de imágenes satelitales en el área de terrenos afectados por el polígono del piedemonte, en el que se observa la ejecución de actividades de desmonte, movimiento, acondicionamiento de suelos y trazado de calles. La Unidad de Evaluaciones Ambientales, la Agencia Provincial de Ordenamiento Territorial en Conjunto con la Comisión de Piedemonte de la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial procedió a la inmediata y total paralización y suspensión de toda actividad que se esté realizando en el sitio.
"Venimos realizando un intenso trabajo en materia de control con todo el personal de inspectores de la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial. Es importante que cada persona antes de comprar un terreno se informe correctamente por los organismos oficiales, ya sean de la provincia o el municipio y así evitar cualquier incumplimiento con las normativas vigentes", expresó el secretario de Ambiente y Ordenamiento Territorial, Humberto Mingorance.
La Coordinadora de la Unidad de Evaluaciones Ambientales, Soledad Barros, afirmó: "El objeto de este acto administrativo es paralizar todas las obras denunciadas por la Municipalidad de Luján de Cuyo ya que se han detectado supuestos loteos que no están aprobados en el ámbito Municipal. En función de estas denuncias y luego de haber realizado inspecciones terrestres y aéreas, la Unidad de Evaluaciones Ambientales, en conjunto con la Agencia Provincial de Ordenamiento Territorial y la CRP, ratificó que efectivamente se está realizando desmontes, aperturas de calles y anegamiento de cauces aluvionales, incumpliendo con la Ley 5961".
"Todos los particulares que se vean afectados a la resolución publicada deberán hacer los reclamos pertinentes a los desarrolladores o propietarios del barrio al cual adquirieron la tierra, para exigirles el cumplimiento de todas las normativas para emprender un desarrollo inmobiliario", concluyó la Coordinadora.
La Unidad de Evaluaciones Ambientales informa que se estableció un plazo de 5 días contados a partir de la notificación de la resolución para que los responsables presentasen el correspondiente descargo informando los motivos por los cuales se han iniciado los trabajos sin autorización.
A tal efecto, y en consonancia con lo expuesto, la Secretaria de Ambiente y Ordenamiento Territorial, impuso 2 multas, relacionadas con las acciones descriptas, a 2 matrículas, cuyos montos ascienden en total $ 1.269.950, por el incumplimiento a la Legislación N° 5961, y su Decreto Reglamentario N° 2109/94.
Las multas tienen un monto a partir de $ 893.100 a $ 376.850.
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Piden que los delitos ambientales sean incluidos en el Código Penal

Fecha de Publicación: 15/04/2021
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Nacional


Se busca regular de forma directa delitos contra el medio ambiente que no están tipificados como incendios intencionales, pesca ilegal y tráfico de fauna.
En las últimas horas, distintas organizaciones, fundaciones, abogados y activistas ambientales iniciaron un pedido para que los delitos ambientales sean incluidos dentro del Código Penal argentino.
Incendios intencionales, caza y tráfico de fauna, pesca ilegal y relleno de humedales son algunos de los crímenes que hoy no están tipificados de forma directa y por los cuales se pide que haya condenas de prisión efectiva.
“El Código Penal de la República Argentina se encuentra vigente desde 1921 y no regula de manera directa, concreta y autónoma delitos contra el ‘bien jurídico ambiente’ en términos colectivos”, indica el comunicado que se preparó para el pedido. Y agrega al respecto: “Existen conductas tipificadas que se refieren al ambiente de modo indirecto pero no tipifican conductas que agredan al medio ambiente de manera autónoma. Esto quiere decir que en Argentina no existen delitos ambientales”.   
Jóvenes por el clima, Eco House, Consciente Colectivo y Alianza x el clima son algunas de las organizaciones que pidieron la inclusión de los delitos ambientales en el código penal. Desde FARN (Fundación ambiente y recursos naturales) también impulsaron la petición y comentaron que “actualmente quien produce un daño al medio ambiente no es sancionado penalmente y que la máxima pena es una multa”.  
“Se necesitan de herramientas que permitan perseguir a quienes intencionalmente generan daño ambiental y para eso necesitamos de figuras penales específicas que describan la acción punible”, explicó Nahuel Cáceres, coordinador de las clínicas jurídicas de FARN a PERFIL. “El derecho penal es muy específico respecto a las acciones que sanciona y por eso requiere de figuras penales específicas, si no detallamos que la acción de pescar o talar ilegalmente, incendiar o contaminar es una falta penal no tenemos los instrumentos para investigar quienes son los responsables de dicho daño, mucho menos aplicarles una pena que sea proporcional al daño que ocasionaron y desincentive esas prácticas”, finalizó Cáceres en su explicación.

Medio ambiente en el Código Penal de Argentina
Estados Unidos, Inglaterra, Alemania y México son algunos de los países que cuentan con delitos ambientales tipificados. “Tenemos que entender que en la Argentina el actual código tiene cien años y se hizo en un contexto pero el actual es totalmente distinto. La agenda socioambiental, la crisis climática y la crisis económica es transversal y tenemos que abordarlo también desde la justicia”, reflexiona Mijael Kaufman de Consciente Colectivo. “Cuando vemos los incendios, la deforestación y lo que pasa en el mar argentino, nos preguntamos qué clase de justicia tenemos. La realidad es que si después eso no está enmarcado en el código penal, nadie va a la cárcel. Hoy quien roba un chicle va a la cárcel y quien deforesta miles de hectáreas de bosque que no se van a recuperar, no va a la cárcel”, ejemplifica Kaufman.

Proyectos para incluir los delitos ambientales en el Código Penal
En esa misma línea, PERFIL consultó con Rafael Colombo, abogado de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, sobre posibles modificaciones del actual Código Penal. “Hay dos proyectos de reforma que ya contemplan un Capítulo Penal – Ambiental y también otros proyectos con estado parlamentario oportunamente presentados en el Congreso de la Nación”, explicó Colombo.
El abogado destaca que uno de ellos fue impulsado por el entonces senador Pino Solanas. “El mismo propone precisamente incorporar un Capítulo sobre Delitos contra el Ambiente y la Naturaleza, donde se plantea no solo una protección sino también una penalización de aquellos actos o conductas que refieren al envenenamiento, adulteración, contaminación y/o emisión de radiaciones, contra el suelo, la atmósfera, el agua, perjudicando los sistemas naturales o el ambiente en general”, añade Rafael Colombo.
Para finalizar, advierte la importancia de considerar a este tipo de delitos como de “cuello blanco” o “de los poderosos”. “Es decir, crímenes que involucran a empresas y funcionarios estatales que poseen posiciones privilegiadas  desde el punto de vista económico, político, social y en muchas ocasiones, también mediático, por lo general marcado por fuertes dosis de organización y persistencia en el tiempo”, finaliza Colombo.
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El ex titular de la SAT deberá rendir cuentas en la Justicia por daño ambiental

Fecha de Publicación: 15/04/2021
Fuente: Primera Fuente
Provincia/Región: Tucumán


El ex presidente de la Sociedad de Aguas del Tucumán (SAT), Alfredo Calvo, fue citado a declaración indagatoria en el marco de una causa de larga data por contaminación de la cuenca Salí-Dulce.
El juzgado federal Nº 1, a cargo de Fernando Poviña, llamó a prestar indagatoria a Alfredo Calvo el 28 de mayo, a las 10 de la mañana, por presunta violación a ley 24.041 sobre Residuos Peligrosos.  
Se trata de una causa, iniciada en 2009, que lleva varios años sin avances pese a las pruebas contundentes de daño ambiental a una de las principales cuencas hidrográficas del país.
Calvo deberá rendir cuentas sobre la contaminación que residuos cloacales causan a la cuenca en violación a la normativa vigente.
La querellante, María Elba Ledesma, afirmó que los principales canales pluviales de la provincia son utilizados por la SAT para descargar desechos cloacales directamente en afluentes del río Salí.
“En 2007 comenzamos con problemas en varios barrios del sur de la Capital. El agua cloacal salía por las canillas de todas las casas. Se desbordaban los baños y vivíamos en medio de la materia fecal. Comenzamos a hacer presentaciones en el Gobierno, la SAT y el Siprosa pero como no tuvimos respuestas por lo que empecé a investigar al respecto pese a mi condición de madre y ama de casa”, afirmó Ledesma.
A raíz de esta denuncia, comenzaron las presiones. “Me armaron una causa y recibí amenazas mafiosas. Estamos hablando de autoridades involucradas en la contaminación a tres provincias: Tucumán, Santiago del Estero y Córdoba”, agregó.
Luego de permanentes trabas judiciales, la causa terminó en los tribunales federales de Comodoro Py que no sólo ratificó la contaminación a partir de los efluentes cloacales sino que se estableció un referente que sirvió como parámetro para otras denuncias de daño  ambiental tal como la causa Riachuelo.
“Pese a esto, la Justicia sobreseyó a Calvo. Yo apelé esta resolución por lo que ese sobreseimiento fue desestimado por la Cámara Federal y ahora deberá presentarse a declarar”, explicó Ledesma en declaraciones a Radio Prensa.
“En Tucumán, los líquidos cloacales van a parar a la cuenca de los ríos, sin tratamiento en su mayoría. La ley 24.051 lo establece como un delito de peligro, es decir que no se necesita probar que hay alguien dañado en su salud por la escherichia coli o por otras circunstancias. Ese solo hecho es suficiente para configurar el ilícito”, explicó el fiscal federal general Gustavo Gómez.
Ledesma precisó además que en la planta de tratamientos de efluentes de San Felipe también se comprobó que los desechos contenían agroquímicos fosforados considerados como un residuo altamente peligroso para la salud.
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El cambio climático en la costa y el impacto que tendrá la erosión costera

Fecha de Publicación: 15/04/2021
Fuente: La Capital de Mar del Plata
Provincia/Región: Buenos Aires


Tal cual lo previsto por el Panel Intergubernamental para el Cambio Climático (IPCC), los eventos episódicos están siendo más recurrentes y enérgicos en la costa argentina. En los últimos meses se han producido intensas sudestadas que castigaron diferentes sectores como Claromecó (setiembre 2019, 9 de febrero de 2021), Mar del Plata (13 de setiembre de 2016, 8 de abril de 2017, 20 de febrero de 2021, 26 de marzo 2021), Mar de Cobo y Pinamar (23 de setiembre de 2020), Partido de la Costa (17 de marzo 2021) y hasta en Playa Unión, Chubut (19 de setiembre de 2020).
Las previsiones indican además un aumento de 40 cm del nivel del mar para el año 2100 en la estimación más conservadora. Esto implica que los hielos de Groenlandia se derretirán indefectiblemente pero en la Antártida el derretimiento no será tan completo. El peor escenario prevé un aumento de 80 cm para ese año 2100. Estos aumentos significan que la erosión costera no será la misma, será peor que la de nuestros días.
Todo esto requiere un plan de modo de minimizar las pérdidas. ¿Se contempla el aumento de estos riesgos en la planificación urbana? Decididamente no. ¿Están contemplados en las agendas de los partidos? Tampoco.
¿Dónde impactarán más? En la costa blanda; en las playas de Villa Gesell, Pinamar y del Partido de la Costa. Los ritmos de retroceso de las dunas que hoy son de 1 a 2 m/año, aumentarán. Algunas playas requerirán alimentación artificial como la que se hizo en 1998 en Playa Grande.
¿Cómo impactarán en las ciudades? La costa rocosa deberá acorazarse; los muros reconstruirse. En ciudades construidas al nivel del mar (Santa Teresita, Mar del Tuyú, Mar de Ajó) las olas ingresarán en ocasión de mareas meteorológicas. En la planicie baja del Río de la Plata (Berazategui, Punta Lara) o en humedales urbanizados (cuenca del Matanza-Riachuelo) las inundaciones serán más frecuentes.
La sudestada del 17 de marzo de este año 2021 (la sudestada de San Patricio) causó serios estragos en la costa de Mar del Tuyú, Santa Teresita y Mar de Ajo. La municipalidad del Partido de la Costa ha recurrido desde hace un tiempo a obras duras como los gaviones (rocas entre arreglos de alambre). Se disponen donde antes existían dunas litorales. Al principio causan la reflexión de las olas pero finalmente se hundirán en la arena, los alambres se oxidarán y habrá que reponer todo el arreglo.

Los temas actuales
La Provincia de Buenos Aires se ha desligado del degaste de su patrimonio en su límite con el mar. Solo los institutos universitarios miden y asesoran. Los diferentes proyectos de Manejo costero integrado no llegaron a leyes.
Se están construyendo nuevos loteos balnearios cuya aprobación en Provincia no es segura. El decreto ley 8912 de 1987 fue reemplazado por otro decreto (3202/06) que contempla áreas de reserva pero requiere la aceptación por parte de los municipios. Los municipios costeros son los que más han crecido en los últimos años. Los loteos se multiplican aunque la Provincia se desentiende del manejo de las playas o las licitaciones de los balnearios.
Y la erosión no es el único problema de la costa de la Provincia de Buenos Aires. Hubo balnearios en la costa del Rio de la Plata donde hoy el baño está prohibido por la contaminación. Otros balnearios se están planteando si siguen permitiendo el acceso de vehículos particulares a la playa, no por la erosión que provocan sino por accidentes de “transito” ocurridos.
En definitiva, el cambio climático augura nuevos problemas cuando la Provincia siquiera atiende los actuales.

La adeudada ley de costas
Hace unos años la Provincia había consensuado un proyecto de ley de Manejo Costero Integrado: la mayoría de los municipios y las direcciones provinciales se habían puesto de acuerdo. Hoy la construcción de loteos abiertos, barrios cerrados o clubes de campo proliferan.
Los loteos alcanzados con los planes PROCREAR permiten pozos domiciliarios y pozos “negros”. No existen planes sobre la limitación de los recursos hidrogeológicos. El abastecimiento sigue las necesidades de los loteos ya construidos.
Otros loteos antiguos no terminaron de consolidarse. Las viejas promesas de asfalto, desagües pluviales o cloacas son reemplazadas con las promesas de nuevos loteos con imágenes de estructuras aun no fueron aprobadas, algunas ni siquiera presentadas para su aprobación en la Provincia de Buenos Aires.
En resumen, los problemas ambientales son acuciantes mientras que no existe planificación para los derivados del irremediable cambio climático.
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Allanamientos en Andalgalá por protesta antiminera

Fecha de Publicación: 14/04/2021
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Catamarca


En un intento por acelerar el esclarecimiento del ataque contra las oficinas de Minera Agua Rica – Alumbrera (proyecto M.A.R.A), y la sede del PJ, la Procuración General de la Corte de Justicia determinó que el fiscal de quinta nominación Hugo Costilla se ponga al frente de la investigación.
Con los allanamientos y arrestos librados durante la jornada de ayer por la fiscal subrogante de la segunda circunscripción judicial, María Soledad Rodríguez, se tensa el clima social en Andalgalá. El intendente Eduardo Córdoba continúa sin hacer apariciones públicas. Mientras que ayer, voces de la comunidad científica se manifestaron en favor de los grupos manifestantes.
Hay descontento generalizado con la actuación de la fiscal Rodríguez, que recién a 48 horas de los hechos consiguió librar los primeros arrestos. En la noche de ayer se conoció que un equipo con Costilla a la cabeza será el encargado de agilizar la actuación judicial en Andalgalá.
Desde horas tempranas del lunes personal policial irrumpió en domicilios de activistas antimineros. Al cabo de la jornada hubo seis detenciones de vecinos andalgalenses, entre ellos una mujer. Se espera que hoy sean puestos a disposición del juez de Control de Garantías, Roberto Cecenarro.
Se conoció que entre los secuestros figuran cámaras de fotos, celulares y elementos que podrían servir para la elaboración de bombas molotov.
La Asamblea El Algarrobo denunció persecuciones y violencia en los allanamientos, y difundió fotos de daños en los domicilios allanados: “todas las residencias quedaron destrozadas”, expresaron en redes sociales.
Se conoció que el gobernador Raúl Jalil finalmente no viajará a Andalgalá por la situación de COVID, pero expresó que “estamos en una etapa de conversación. La violencia es mala para todos y creo que tiene que actuar la Justicia ante los hechos”.
Legisladores de la oposición pidieron una reunión con el mandatario para conocer más de la actuación del gobierno ante los hechos: “Les pedí una conferencia conjunta cuando terminamos, pero dijeron que iban a dar expresiones individuales. Ellos (por los legisladores) pensaban que íbamos a intervenir Andalgalá, una cosa ridícula. No vamos a mandar ninguna intervención. Creemos en la democracia”, expresó.
El delegado provincial de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), Gustavo Molina, acusó al intendente Eduardo Córdoba de ser uno de los responsables de los hechos: “Con sus declaraciones arrojó nafta al fuego. Creo que esto fue algo premeditado que iba a suceder. Lamentamos daños materiales, pero pudo sucederle algo a los compañeros”, dijo.
Se conoció, además, que 50 contratos de trabajadores que se encontraban haciendo el preocupacional dentro de la empresa perforista habrían quedado suspendidos. Hay, además, 100 trabajadores directos preocupados por su situación laboral.
En tanto, el equipo de investigación de Ecología Política del Sur, integrado por profesionales del CONICET, CITCA y la UNCa (Universidad Nacional de Catamarca), emitió un comunicado, donde expresan: “Aunque sí, efectivamente violentas, las roturas y la quema de las oficinas de Yamana Gold, no dejan de ser una acción política; son la expresión colectiva de más de quince años de violentamientos que, mayoritariamente, el pueblo de Andalgalá viene sufriendo y resistiendo frente al poder estatal-corporativo minero que pretende instalarse y adueñarse de su territorio; destruyendo su territorialidad pre-existente y futura”, señalan.
Por su parte, el SERPAJ (Servicio Paz y Justicia), organismo dedicado a la promoción y defensa de los derechos humanos, que tiene a Adolfo Pérez Esquivel como presidente honorario, envió una nota al gobernador Jalil en la que piden la suspensión de las actividades de la exploración avanzada en Andalgalá. Señalaron que “las perforaciones y construcción de los 2700 metros de nueva huella minera producirían la afectación a la naciente del río minas, el cual es uno de los que da nacimiento al río Andalgalá y es el que provee de agua potable, tanto para consumo humano como para la agricultura a la población de Andalgalá”. El SERPAJ es un organismo con estatus consultivo en Naciones Unidas (ECOSOC) y estatus permanente en UNESCO.
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Liberaron cardenales amarillos rescatados del comercio ilegal de fauna

Fecha de Publicación: 14/04/2021
Fuente: Corrientes Hoy
Provincia/Región: Buenos Aires


El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, que conduce Juan Cabandié, a través de la Brigada de Control Ambiental (BCA), liberó 19 ejemplares de cardenal amarillo (Gubernatrix cristata) en el partido de Villarino, provincia de Buenos Aires. Las aves habían sido rescatadas del tráfico de fauna por parte de la cartera ambiental nacional, la Agencia de Protección Ambiental (APRA) del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y la Dirección de Flora y Fauna bonaerense; esfuerzo conjunto que finaliza con su reintroducción a la naturaleza.
Las acciones para concretar la liberación se llevaron a cabo de forma conjunta con la Alianza Cardenal Amarillo, de la que forman parte el Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) bonaerense, la Fundación Temaikèn, y la Asociación Aves Argentinas. También participó personal del Ecoparque de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Cabe destacar que el cardenal amarillo es una especie categorizada como “en peligro de extinción” por la Resolución n.° 795/17 del Ministerio de Ambiente nacional, y se encuentra amparada a su vez por el artículo 20 de la Ley n.° 22421 de Conservación de la Fauna.
Por otro lado, dicha especie forma parte del Plan Extinción Cero, que implementa el organismo de Ambiente nacional, el cual tiene por objetivo fortalecer las acciones y políticas para la conservación de fauna en estado crítico, que se encuentra distribuida en diversas ecorregiones y ecosistemas vulnerables de Argentina.
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Confirmaron un fallo a favor de la protección del lago Nahuel Huapi

Fecha de Publicación: 14/04/2021
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Diario Río Negro


La Cámara Federal de Apelaciones de Roca ratificó la sentencia de primera instancia que condenó a la Provincia y al DPA a implementar las obras necesarias para evitar el vertido de líquidos cloacales crudos.
La Cámara Federal de Apelaciones de Roca confirmó días atrás el fallo de primera instancia que había condenado a la provincia de Río Negro y al Departamento Provincial de Aguas (DPA) a procurar la finalización y puesta en funcionamiento del “segundo módulo de la planta depuradora” y de las “obras complementarias” faltantes -encaminadas a afrontar la transición hasta la culminación del segundo módulo y del nuevo colector Costanero- para impedir el vertido de líquidos cloacales crudos al lago Nahuel Huapi.
El tribunal de Roca rechazó los recursos de apelación que habían presentado la Provincia, junto con el DPA, y la Administración de Parques Nacionales (APN) para revocar el fallo que el entonces juez federal de Bariloche, Leónidas Moldes, dictó el 22 de abril de 2019.
Los jueces de la Cámara de Roca Richar Fernando Gallego y Mariano Roberto Lozano ratificaron la sentencia que ordena al DPA a efectuar un relevamiento de todas las conexiones domiciliarias a la red cloacal en la zona del barrio Melipal de Bariloche.
La Cámara Federal de Apelaciones de Roca dictó la sentencia el 30 de marzo último.
La causa se originó años atrás a partir del amparo colectivo ambiental que presentó la entonces Defensora del Pueblo de Río Negro, Ana Piccinini, contra el Ejecutivo provincial, el DPA, el Consejo de Medio Ambiente (Codema), la Municipalidad de Bariloche y la CEB.
El amparo se interpuso con el objeto de que se ordenara a los responsables de ejecutar los actos que entiendan necesarios a los efectos de impedir que se sigan vertiendo líquidos cloacales sin tratamiento (crudos) al lago Nahuel Huapi. También, se pretendía que la justicia ordenara la implementación de medidas urgentes que permitan sanear la situación.
El amparo se presentó en el juzgado federal de Bariloche. A ese expediente se incorporó otra amparo similar que promovieron Magdalena Odarda y Ana Wieman por la Asociación Árbol de Pie.
Moldes admitió la acción y condenó a la Provincia y al DPA. También a la Administración de Parques Nacionales, pero excluyó a la CEB.
El tribunal de Roca recordó que Moldes había concluido en su sentencia que la Provincia de Río Negro y el DPA “devenían responsables de la realización de las obras necesarias para procurar, por sí o por medio de terceros, el cese del vertido de líquidos sin tratamiento al lago Nahuel Huapi”.
Los camaristas destacaron que en la sentencia se había condenado a la APN en forma solidaria por las competencias que tiene según la normativa vigente. Se le ordenó constatar cómo concretan las obras comprometidas y los perjuicios que podrían acarrear los incumplimientos.
El apoderado legal de la Provincia sostuvo en la apelación que en 2016 se había firmado un convenio con la Nación. En consecuencia, el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa) asumió la ejecución de las nuevas obras de provisión de agua y desagües cloacales, cumpliendo la Provincia un rol meramente complementario, de asistencia y facilitador.
El Fiscal General dictaminó por confirmar el fallo de Moldes, recordó la Cámara de Roca.
Gallego y Lozano observaron que en la sentencia se le pide a la Provincia y al DPA que aporten los elementos necesarios para identificar algún mecanismo u obra paliativos tendientes a procurar el cese del mentado vertido de efluentes y la citada recomposición por el lapso temporal indicado.
“Aún en el supuesto de admitirse esa actuación meramente secundaria que pretende atribuirse la provincia por no ser quien financia ni ejecuta las obras, de modo alguno ella la exime de la obligación y responsabilidad que le cabe frente a una situación en la que la contaminación de un recurso natural del cual es cotitular de su dominio”, afirmó Gallego en su voto.
La Cámara de Roca confirmó además la imposición de astreintes -multa- a los condenados en el caso de que no cumplan con lo ordenado en el fallo de Moldes.
Y ratificó el plazo de 1 año, a partir de que la sentencia quede firme , para que los condenados cumplan con lo dispuesto.
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Confusión y violencia en repudio antiminero

Fecha de Publicación: 13/04/2021
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Catamarca


La Asamblea El Algarrobo negó vinculación con los incidentes y denunció que la zona fue liberada.
En uno de los avances más violentos que tuvieron lugar en contra de la minería en Catamarca, ayer un grupo de manifestantes irrumpió en la ciudad de Andalgalá y provocó destrozos en un confuso episodio.
Lo que estaba anunciado como una manifestación en contra del desarrollo de proyectos de explotación minera de la empresa Agua Rica frente a las oficinas con sede en Andalgalá, terminó en actos vandálicos que pusieron en peligro a trabajadores que se encontraban en el lugar.
Supuestos manifestantes incendiaron la sede de la minera y avanzaron con destrozos también en el Consejo Departamental del PJ. Trabajadores de las oficinas de Agua Rica tuvieron que abandonar las instalaciones por el techo. Al momento del arribo de los bomberos los daños ya eran mayores. Testimonios relatan que prendieron fuego a camionetas de la empresa y que hubo daños a vehículos particulares instalados en el lugar.
El intendente de Andalgalá, Eduardo Córdoba (UCR), quien llegó a la conducción de su localidad por su defensa antiminera, está siendo criticado a raíz de los sucesos de hoy. Varios políticos del oficialismo se manifestaron en sus redes sociales responsabilizando a Córdoba.
El senador provincial Horacio Gutiérrez (FDT), escribió: “Quiero expresar mi más enérgico repudio y rechazo a los actos de violencia vividos en el día de hoy en nuestra ciudad de Andalgalá, tanto en el edificio de la Empresa Minera Agua Rica y nuestra sede partidaria. Jamás la violencia puede ser el camino ni la forma de imponer posiciones. El pensar distinto en política no nos convierte en enemigos, el vandalismo y saqueo que sufrió nuestra sede del Partido Justicialista es inaceptable, atentar contras los espacios políticos es atentar contra la democracia misma”.
Gutiérrez señaló incluso a colaboradores del intendente Córdoba: “Le solicito al Intendente Municipal Eduardo Córdoba, que dé las explicaciones del caso, ya que funcionarios de primera línea, participaron de la manifestación, desconociendo el Decreto Municipal de Fase Roja por el Refrendado. Su llamado a la paz social debe ser sincero y lo insto a trabajar en esa dirección de manera urgente y seria”.

La presidenta de la Cámara de Diputados de Catamarca, Cecilia Guerrero, publicó: “El Intendente Córdoba no puede mirar para otro lado ni hacerse el distraído. Su responsabilidad política es evidente y manifiesta, si ayer mismo hablaba que Andalgalá no era un pueblo pacífico y que había que poner el cuerpo para impedir el comienzo de la exploración. La Ordenanza antiminera cuyo cumplimiento pretende exigir, fue declarada inconstitucional por la Corte de Justicia, y ni la articulación del Recurso Extraordinario Federal, ni tampoco su eventual concesión, suspenden los efectos del fallo judicial de inconstitucionalidad", remarcó.
Andalgalá promulgó en 2016 una ordenanza que prohibía la actividad minera metalífera de cobre, oro, plomo, plata y otros metales a cielo abierto, y de minerales nucleares en cualquiera de sus formas en la cuenca Alta del Río Andalgalá. Sin embargo, a fines de 2020 la Corte de Justicia de Catamarca declaró inconstitucional tal normativa, haciendo lugar a una acción interpuesta por la empresa Agua Rica en contra de ese municipio. Los fundamentos señalan que la ordenanza “lesiona normas constitucionales, y por lo tanto no puede surtir efecto jurídico alguno sobre la actividad minera”. La decisión de la Corte fue luego legitimada por un petitorio de más de 6000 vecinas y vecinos que juntaron firmas a favor del desarrollo minero en la región, con los controles ambientales pertinentes.
Córdoba, que en 2019 al asumir como Intendente advirtió que haría respetar la ordenanza antiminera, emitió un comunicado en la noche de ayer en el que a través de una filmación llama a "la paz de los vecinos": "Como intendente de Andalgalá nunca compartiré los actos de violencia o vandalismo que ha generado un grupo minoritario como forma de protesta en una manifestación que era pacífica. Creo firmemente que los caminos deben ser los del diálogo y los caminos institucionales de la justicia. Estamos atravesando un duro momento sanitario. Les pido que pensemos en quienes más nos necesitan, y les aseguro que este intendente hará todo lo necesario por las vías que correspondan para preservar a toda la comunidad. Mi compromiso es con todos los andalgalenses", señaló.
Por su parte, la Asamblea El Algarrobo conformada por grupos antimineros, publicó un descargo en el que señalan que “ante el avasallamiento de nuestros derechos humanos fundamentales y la violación sistemática de las leyes, durante una multitudinaria caminata, el pueblo de Andalgalá expresó hoy su indignación en las oficinas que Agua Rica tiene en el centro y en la sede del Frente para la Victoria, centros simbólicos del aparato represor estatal megaminero. Estos incidentes son la clara muestra de que el pueblo está cansado del manoseo y que no hay paz ni licencia social”. Para luego expresar que “desde la Asamblea El Algarrobo negamos cualquier vinculación con los incidentes violentos producidos esta tarde". Y agregan que “Además, denunciamos públicamente a la Policía por liberar la zona y enviar infiltrados que comenzaron los incendios y los ataques contra el inmueble donde Agua Rica tiene sus oficinas”.
Durante la manifestación, voceros leyeron un comunicado en el que retoman la defensa de la ordenanza antiminera y advierten que “no vamos a permitir que caiga”.
Agua Rica emitió un escueto comunicado a última hora en el que lamentan los hechos de violencia y aseguran que “el Proyecto M.A.R.A (integración de Agua Rica y Minera Alumbrera) sigue comprometido con el diálogo continuo, abierto y transparente con la comunidad y todas las partes interesadas y agradece el creciente apoyo de las personas que están enfocadas en trabajar con nosotros para crear un proyecto que brindará beneficios a toda la región”.
La situación provocó un operativo de seguridad por parte del Gobierno provincial que envió un equipo a la zona. Hasta entrada la noche de ayer sábado se estaba realizando la identificación de personas a través de filmaciones aportadas por vecinos. Se espera que en las próximas horas se libren órdenes judiciales para posibles detenciones.
La marcha se convocó en un momento sanitario crítico. Andalgalá es una de las localidades de Catamarca más afectadas por el COVID. La última semana suspendieron las clases presenciales y luego entró en etapa roja.
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Trasladan a pareja de tigres de Bengala del Ecoparque porteño a un santuario en Colorado

Fecha de Publicación: 13/04/2021
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Capital Federal


Dos tigres blancos de Bengala que habitaban en el Ecoparque porteño partieron esta noche a las 23 al "The Wild Animal Sanctuary" ubicado en el estado de Colorado, Estados Unidos, con la intención de que accedan a una mejor calidad de vida, informó el Gobierno porteño.
Se trata de un ejemplar macho de nombre Rhiano, de 195 kilos, nacido en el antiguo Zoológico de Buenos Aires 14 años atrás, y de una hembra llamada Cleo, de 12 años y 127 kilos, que nació en el "Elmvale Jungle Zoo" en Springwater (Canadá).
El Wild Animal Sanctuary, hasta donde serán llevados los tigres, cuya especie está en peligro de extinción, y cuya esperanza de vida en cautiverio es de 20 años, cuenta con más de 720 hectáreas donde conviven varias especies animales.
"Es un viaje largo ya que cuentan con un vuelo de 11 horas hasta Dallas y luego tendrán 9 horas por tierra para llegar hasta el santuario ubicado en Colorado", dijo el secretario de Ambiente porteño, Eduardo Macchiavelli, quien agregó que "el personal del Ecoparque realizó los entrenamientos necesarios para que los tigres ingresen voluntariamente a las cajas de traslado y pueden transitar el camino con el menor estrés posible".
Esta actividad se emplaza en las acciones de transformación del Ecoparque, que hasta el momento incluyó "más de 890 traslados", y cada una de estas derivaciones se realizó pensando en mejorar la calidad de vida de los animales, para que aquellos que se quedan puedan contar con más espacio, precisó el Gobierno porteño en un comunicado.
El 100% de los animales derivados "llegaron en perfectas condiciones al destino seleccionado", agregó la información.
La selección de Wild Animal Sanctuary se debió, entre otras razones, a "las buenas experiencias obtenidas en las derivaciones de los osos de anteojos y los osos pardo que también fueron trasladados" al mismo lugar, agregó el comunicado.
Durante su tiempo en el Ecoparque ambos tigres recibieron técnicas de enriquecimiento ambiental para estimular comportamientos típicos de la especie, se utilizaron estímulos sensoriales como el uso del olfato a través de diferentes olores, estimulación de la musculatura simulando la cacería o exploración del ambiente con la dieta oculta en distintos sustratos o enterrada, atados de cañas o troncos móviles, y dieta en pelotas entre otros.
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Presentaron informe contra el proyecto minero “Tres quebradas”

Fecha de Publicación: 13/04/2021
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Catamarca


Aseguran que el estudio brinda información completa acerca de la minería de litio, y que sirve para dimensionar efectivamente los impactos y daños de la explotación minera.
La asociación civil Bienaventurados los Pobres (BePe) presentó un informe sobre explotación minera titulado “Minería Transnacional de litio en Lagunas Altoandinas de Catamarca: Caso Liex S.A.”
Se trata de un resumen ejecutivo de empresas transnacionales y de principios rectores “hacia mecanismos efectivos para la protección de derechos humanos en América Latina”, elaborado en octubre de 2019 por un equipo de investigación de la asociación, integrado por Natalia Sentinelli, Aimée Patricia Martínez Vega, y Rosa Aráoz.
El proyecto de investigación está integrado por representantes de Pensamiento y Acción Social (Colombia), Justiça Nos Trilhos (Brasil), Cooperacción (Perú) y BePe (Argentina), según indicaron.
La investigación hace foco en Fiambalá, una zona cordillerana y precordillerana del oeste catamarqueño. En ese lugar conviven comunidades desde tiempos ancestrales “en estrecha armonía con un paisaje de cursos de agua localizados entre bolsones de acentuada aridez”, dice el informe.
“En este lugar de apariencia desértica, familias y asociaciones campesinas desarrollan variadas prácticas agrícolas, sostienen una gran biodiversidad de especies cultivadas y silvestres, un paisaje rico, abundante, productivo, y una vida comunal organizada en torno a la lógica de la reproducción de la vida”, describe.
Aseguran que "el documento de la investigación brinda información completa, veraz y accesible acerca de la minería de litio, que sirve para dimensionar efectivamente los impactos y daños por parte de las operaciones mineras".

Impacto
Según el informe, el proyecto en el estado actual vulnera una serie de derechos. En el caso del agua, "la reducción irremediable de los depósitos". En este punto aseguran que el Informe de Impacto Ambiental presenta varias imprecisiones y que la etapa exploratoria "fue aprobada antes de realizarse el estudio hidrogeomorfológico de la cuenca, es decir, sin el cálculo de la capacidad de recarga del acuífero".
En relación con el ambiente, el informe señala que "Ante de las innumerables incertidumbres acerca de los prejuicios ambientales y daños ecosistémicos posibles, se debe detener la actividad hasta contar con los estudios que permitan fehacientemente determinar la magnitud de los daños".
En el mismo tono, resalta la falta de información y transparencia. "Los vecinos denuncian que no se respetó el derecho legítimo a consulta pública", según exige la Ley General de Ambiente. "No hubo instancias generadas por el Estado que permitan la participación deliberada e informada y la toma de decisión por parte de las/los pobladores en relación a su soberanía territorial".
A la vez se afirma que hay "irregularidad jurídica al promover extractivismo en un sitio protegido por la Convención de Ramsar", bajo la cual están inscriptos los humedales altoandinos.
La exposición del informe, que tuvo lugar ayer jueves, contó con intervenciones internacionales: desde Colombia, Paula Álvarez Roa, politóloga, coordinadora del área de territorios y derechos humanos de PAS; Jorge Campanini, ingeniero ambiental con amplia experiencia en investigación sobre Minería, hidrocarburos y conflictos socioambientales, investigador del Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB); Lucio Cuenca Berger, ingeniero, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), y parte de la Red Metropolitana No Alto Maipo y del Movimiento por el Agua y los Territorios (MAT).
Presentaron el informe Natalia Sentinelli, coautora; Rosa del Valle Aráoz, coordinadora de la Escuela de Derechos que se desarrolló en paralelo a la investigación; y Johana Villagrán, de la comunidad campesina de El Bolsón de Fiambalá, que integra la asociación Campesinos del Abaucán (ACAMPA).
La asociación informó que "por la relevancia de los hallazgos", el documento del informe es de libre descarga y ya se encuentra disponible en https://aguaparalospueblos.org/category/argentina/

Proyectos de litio
Hoy en la Argentina hay dos minas de litio en operación, una en construcción y 18 proyectos avanzados. Esos 21 proyectos de extracción, tienen capacidad para extraer 93 millones de toneladas. Se estima que con el desarrollo de los proyectos que hoy se encuentran en investigación, se pueden llegar a extraer hasta 350.000 toneladas anuales.
De las dos minas en operación en el país, una pertenece a Catamarca, el proyecto Fénix. El proyecto Tres Quebradas, que refiere el informe está en Fiambalá, en el límite con Chile, y s enecuentra en etapa de pre-factibilidad con una capacidad de extracción anual de 20.000 toneladas.

Sentada por el agua
Hoy a las 17, frente al Ministerio de Minería está prevista una “Sentada por el agua”, convocada por organizaciones que coinciden con la Asamblea El Algarrobo. Reclaman que están “subiendo máquinas” del proyecto MARA (Agua Rica- Alumbrera) y que “ya comenzó a trabajar de manera ilegal”.
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Arcioni dijo que insistirá para que la Legislatura trate el proyecto minero

Fecha de Publicación: 12/04/2021
Fuente: El Chubut
Provincia/Región: Chubut


La zonificación minera «generará una importante cantidad de trabajo», afirmó el mandatario. El proyecto está para ser tratado cuando lo dispongan los diputados.
El gobernador Mariano Arcioni anticipó que continuará insistiendo en que la Legislatura le dé tratamiento al proyecto productivo para la Meseta, que incluye la zonificación minera en los departamentos Telsen y Gastre. Fue durante un acto con la Uocra junto al intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre.
Durante el acto con la Uocra, el Gobernador apuntó a la grave situación que atraviesa el sector de la construcción y al desempleo en general en la provincia. «Aprovecho la oportunidad para hacer público la insistencia con el Proyecto de Desarrollo Productivo de nuestra Meseta, que generará una importante cantidad de trabajo», indicó Arcioni en referencia al proyecto minero que está en Legislatura.
Arcioni expuso que «hoy en Chubut está equiparada la misma cantidad de trabajadores en ‘blanco’ registrados que beneficiarios del IFE recibidos en los momentos más difíciles». Expresó Arcioni su voluntad de lograr «una provincia donde haya trabajo digno, no asistencialismo». Y agregó que «no hay nada como tener un trabajo digno, y nosotros como Gobernador, referentes políticos e intendentes tenemos la obligación de generar fuentes de trabajo».
Es por ello que «vamos a seguir conversando, discutiendo y debatiendo para tener el consenso que necesita este proyecto tan importante para la provincia», manifestó.
Enfatizó que «tenemos que tener una Meseta de crecimiento, tenemos una vasta extensión en la Provincia y debemos definir cuáles son los polos industriales y productivos que tiene».
«Quiero transmitirles a los trabajadores de la UOCRA que vamos a trabajar para generar fuentes de trabajo digna, igualdad de oportunidades a todos los ciudadanos de nuestra provincia», concluyó Arcioni.
El proyecto de Desarrollo Productivo para la Meseta, incluye diversos puntos, pero está claro que el central tiene que ver con la habilitación de la actividad minera metalífera sin uso de cianuro en los departamentos Telsen y Gastre.
Ya se logró el proyecto del dictamen de la Comisión de Recursos Naturales de la Legislatura, pero nunca llegó a ser tratado en el pleno de la Cámara de Diputados, pese a los intentos del oficialismo. La iniciativa requiere de al menos 14 votos en el caso que todos los diputados estén presentes.
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Ordenan informar sobre impacto ambiental y participación ciudadana

Fecha de Publicación: 12/04/2021
Fuente: Grupo La Provincia
Provincia/Región: La Pampa


La Corte Suprema de la Nación requirió a La Pampa que, en un plazo de 30 días, presente el "programa ejecutivo" de la obra "provisión transitoria de agua desde el Valle Argentino al Acueducto Río Colorado" con evaluación del impacto ambiental.
Dentro del mismo plazo intimó a la provincia a que acompañe "todas las actuaciones relativas a los distintos aspectos ambientales del proyecto", e informe sistema de diagnóstico e información ambiental y mecanismos de participación ciudadana.
Así lo informó la oficina de prensa de la Corte y señaló que la causa fue promovida por dos vecinos de General Acha, María Laura de Aguirre y Fernando Omar Feito, quienes reclamaron el estudio de impacto ambiental de la obra.
Argumentaron que resultan "afectados" porque viven en General Acha, que abastece de agua potable a sus 15.000 habitantes con las aguas del Acuífero del Valle Argentino, que es una Reserva Hídrica Estratégica, según la resolución 11/2013 de la Secretaría de Recursos Hídricos de la provincia.
Precisaron que el acuífero, de carácter interjurisdiccional, es una unidad geomorfológica que se extiende desde el Oeste, en la localidad de Chacharramendi, provincia de La Pampa, hasta la de Buenos Aires, hacia el Este, en la zona de Guaminí-Valimanca.
Según la demanda de "amparo ambiental", con esa obra La Pampa busca evitar el desabastecimiento de agua potable de las localidades de Quehué, Ataliva Roca, Santa Rosa y Toay, cuando se produzcan fallas en el funcionamiento del "defectuoso Acueducto del Rio Colorado", o "en situaciones en las que deje de prestar servicio por mantenimiento o readecuación".
Recordó, además, que en noviembre de 2018 y sin participación ciudadana fue aprobado por la Cámara de Diputados provincial el proyecto de ley por el cual se declaran de utilidad pública y sujetas a expropiación determinadas zonas del Valle Argentino.
Expuso que la oferta del agua del acuífero "es cada vez menor" ya que "su sistema de recarga depende de las lluvias pampeanas, sobreexplotando el sistema con el riesgo de salinizarse y de comenzar a presenciar arsénico en el agua", lo que "lesiona, restringe, altera y amenaza los derechos de incidencia colectiva de los habitantes de la zona a un ambiente equilibrado".
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A un mes de los incendios, Chubut no logra recuperarse

Fecha de Publicación: 12/04/2021
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Chubut


No hay electricidad y en muchos sitios tampoco agua potable. Los afectados dicen que la ayuda de la provincia no llega y que es muy difícil volver a levantarse sin una asistencia.
A un mes de los incendios que en pocas horas devastaron la Comarca Andina de Chubut con un saldo de 351 casas quemadas y tres víctimas fatales, el panorama continúa siendo desolador.
El paisaje boscoso fue reemplazado por otro donde predominan los grises de las cenizas, árboles caídos y carpas donde pernoctan los damnificados desafiando las bajas temperaturas. En muy pocos casos, lograron levantarse casillas precarias cubiertas de durlock o nylon.
“Después de un mes, seguimos sin electricidad ni agua potable. Lo peor es que no hay expectativas de que esto se solucione. Hay como un vacío en el gobierno provincial que tiene en vilo a mucha gente”, resumió Pablo San Martín, de El Hoyo.
Su casa, al igual que la de su padre, fue consumida por las llamas. Había padecido la misma situación diez años atrás.
Con la ayuda de familiares y amigos y algunas donaciones, Pablo logró construir un galpón para acopiar material.
Mientras tanto, este hombre de 41 años pasa sus días en casa de unos familiares en El Bolsón. Su padre se mudó a la vivienda de su hermano que fue la única en toda la chacra que quedó en pie.
“A 30 días del incendio, se ven muy pocas construcciones. No todos han podido construir o levantar algo. Hay casas muy precarias de durlock o madera prensada que, seguramente, la gente intentará mejorar con el tiempo. Pero es todo muy precario”, describió.
Días atrás, los intendentes de la Comarca Andina se reunieron con el presidente Alberto Fernández y con funcionarios nacionales. En esa ocasión, anunciaron el envío a la región de viviendas provisorias para los damnificados hasta tanto se construyeran las definitivas.
“Hasta acá, no sabemos nada. Sólo se hizo un relevamiento y dijeron que, de acá a dos meses, iban a traer los módulos. En mi caso me las estoy arreglando porque tengo un lugar donde quedarme de prestado. Pero hay gente que no tiene esa posibilidad”, planteó San Martín.
Tras el paso del fuego, personal médico, enfermeros y psicólogos comenzaron a recorrer los sectores afectados, con la premisa de brindar asistencia sabiendo que la prioridad de la gente era levantar su casa postergando la situación sanitaria.
“Se agregó también una ambulancia que recorre los lugares donde hay mayor afluencia de gente trabajando para recuperar lo que perdió. No hay casas, solo gente tirando árboles para armarse algo. Solo hay carpas o gente que duerme en casas prestadas para regresar a su terreno al día siguiente”, puntualizó Marcelo Basualdo, enfermero del hospital de Lago Puelo.
Reconoció que, en los últimos días, también registraron un aumento de los casos de Covid-19. “La segunda ola ya nos pegó de lleno. Ayer (por el miércoles), tuvimos 17 casos nuevos y ya estamos en los 40 activos; cuando, la semana pasada teníamos 11. Ayer la cola para los testeos parecía Buenos Aires. De hacer unos 5 por día, ayer hicimos 32”, resumió.

Hacer el duelo sin techo
“Mi tía no sólo perdió a su marido en el incendio. También perdió su casa y aún no tiene dónde vivir junto a sus cuatro hijos. Mi tío estaba jubilado pero seguía trabajando. Ni esos ingresos tienen ahora”.
Inés Rivero es la sobrina de José Luis, un poblador de Las Golondrinas que sufrió quemaduras en gran parte de su cuerpo cuando regresó a su casa para rescatar a su familia de las llamas. Estuvo internado en el hospital de El Maitén, en Esquel y en Bariloche hasta que fue trasladado a Buenos Aires en avión sanitario. Sin embargo, el hombre murió el 19 de marzo.
La familia recibió el cuerpo recién el 3 de abril ya que el caso está judicializado. Consideran que, si el hombre de 60 años hubiera sido trasladado antes, el desenlace hubiera sido otro. “No lo decimos nosotros. Los mismos médicos dijeron que el tiempo que pasó fue fundamental porque el cuerpo se fue dañando progresivamente. Cuatro días antes no habría llegado con ese nivel de gravedad. Ellos también declararon”, indicó Inés.
Recalcó que hoy, su tía lucha por conseguir una vivienda. “Se la pasa haciendo notas y cartas para que aceleren la búsqueda de una casa. El intendente de Lago Puelo se comprometió a ayudarlos con el alquiler de una casa amueblada. Pero lo cierto es que nadie alquila permanente en la zona; solo hay alquileres temporarios”, señaló.
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