Misiones: el Estado autorizó desmontes en tierras indígenas
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Denuncian que el Ministerio de Ecología autorizó desmonte en Campo Grande
Fecha de Publicación: 11/02/2020
Fuente: Primera Edición
Provincia/Región: Misiones
Se trata de un área sagrada para los pueblos originarios que forma parte del territorio protegido por la Ley Nacional 26.160. Las comunidades enviaron un recurso para frenar el daño a la selva.
Referentes misioneros del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA) denunciaron la terrible situación vivida durante la mañana de este jueves 6 de febrero cuando, utilizando el cuerpo, un grupo de indígenas logró frenar que máquinas avancen sobre una porción de la selva.
El conflicto se vivió en un área ubicada dentro de Campo Grande y que pertenece a la comunidad de Ka’a Kupe, ubicada en cercanías de la ruta provincial 7. La discusión por estas tierras en realidad está vigente desde el 2019, cuando las comunidades originarias denunciaron que el Ministerio de Ecología de Misiones autorizó el desmonte de las tierras sagradas.
En diálogo con PRIMERA EDICIÓN la coordinadora provincial de ENDEPA, María Josefa “Kiki” Ramírez, señaló que “en abril se cumple un año desde que se comenzó a dialogar sobre estas tierras. Resulta que el Ministerio de Ecología junto a una empresa de Buenos Aires avisaron a la comunidad de los trabajos que se harían en la zona. Ese espacio explotado se encuentra dentro del relevamiento territorial en base a la Ley Nacional 26.160, donde se demarcan los territorios protegidos. Ellos poseen una carpeta técnica con una resolución del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas donde reconocen que ese territorio es de uso público, actual y tradicional de la comunidad”.
Sobre esta resolución de protección territorial, explicó que “si bien no se trata de un título de propiedad, es una herramienta legal que tiene la comunidad para defender ese espacio. Más adelante quizás consigan una titularidad pero quieren que estos lugares conserven el monte y no sean dañados”.
Por otra parte, indicó que “un grupo de unas 20 comunidades originarias de Misiones, recibieron estas carpetas en diciembre pasado. Sin embargo, este pueblo tiene una carpeta técnica hace cerca de tres años, porque fue una de las primeras relevadas en la provincia”.
Ramírez contó que para evitar que se destruya aún más la selva, “se organizaron grupos de personas a un lado y al otro del camino para de esta forma impedir la entrada de los camiones. Los indígenas se plantaron y no dejaron pasar las máquinas. Ellos pusieron el cuerpo, prácticamente arriesgando su vida, ya que el Ministerio de Ecología no estaba haciendo nada”. Además de indígenas de la comunidad de Ka’a Kupe, estuvieron presentes también representantes de Yvy Chi y Ko’eju.
Cuando este grupo llegó al área del desmonte y fueron testigos del daño hecho a la naturaleza decidieron actuar: “Llamamos al ministro de Ecología (Mario Vialey) para decirle lo que estaba sucediendo porque el día anterior la abogada de las comunidades estuvo reunida con él para presentar una carta documento, pero las máquinas seguían trabajando. Luego de dar a conocer esta situación se logró suspender el corte de los árboles. Es un parate momentáneo, así que no sabemos qué criterios seguirán de ahora en más y si volverán”, remarcó.
Cintia, otra de las referentes de ENDEPA en la provincia, contó a PRIMERA EDICIÓN que “cuando llegamos con el grupo mbya hasta esa zona escuchamos cómo cortaban los árboles y fue realmente desgarrador. Lo que se hizo fue sentarse en uno de los pasos de los senderos para que no vuelvan a entrar al monte”. Las comunidades originarias de Ruiz de Montoya y Campo Grande por el momento permanecen atentas a las decisiones que se tomarán desde las autoridades responsables del cuidado de la biodiversidad de Misiones.
“Hace más de una semana que la comunidad se enteró de que el desmonte había comenzado en esa zona y a partir de ahí hemos iniciado un contacto con Ecología para ver porqué nunca hubo una respuesta del recurso administrativo presentado previamente. Sucede que el año pasado, cuando se enteraron que se habilitaría trabajar en estas tierras para sacar madera, se presentó un recurso donde se solicitó que no se ponga en marcha el permiso”, precisó Kiki Ramírez.
Sin embargo, “nunca hubo respuestas de la presentación hecha. Desde el Ministerio de Ecología se excusaron que hubo un recambio de autoridades y no podían encontrar el pedido pero una vez que lo encontraron, dijeron que el área Jurídica estaba de feria. Eso fue preocupante porque mientras tanto teníamos 10 motosierras derribando árboles todo el tiempo, además de camiones y tractores que ingresaban en esos terrenos”, agregó.
En cuanto al daño hecho, Ramírez señaló que “la comunidad se dio cuenta hace una semana de que las máquinas iniciaron el trabajo pero por lo que está desmontado pareciera que hace varios días. Por lo cual suponemos que inició desde enero”.
“Ecología no hizo nada”, denunció EMiPA luego del desmonte en Campo Grande
Lo aseguró Baigorri, del Equipo de Misiones de la Pastoral Aborigen, tras la reunión que mantuvieron las comunidades mbya guaraní con el ministro Vialey. Temen que los trabajos continúen en otras zonas. La empresa responsable de la deforestación decidió frenar las maquinarias ante la protesta.
Tras esperar más de tres horas por la llegada del ministro de Ecología, Mario Vialey, finalmente se realizó este viernes la reunión con las comunidades originarias que protestaron por el desmonte en Campo Grande.
A pesar de que por ahora las máquinas se retiraron del lugar, afirman que el Ministerio autorizó la deforestación y no medió para frenarlo una vez que iniciaron las protestas donde los mbya se pararon frente a las máquinas para impedir el ingreso al territorio sagrado.
“El Ministerio de Ecología no hizo nada al respecto, fue una decisión de la empresa el frenar el desmonte luego de la protesta de las comunidades. El lote 7 es un área relevada por las comunidades y que permanece dentro de la ley 26.160”, aseguró a PRIMERA EDICIÓN el referente del Equipo de Misiones de la Pastoral Aborigen (EMiPA), Vasco Baigorri.
Indicó además que “suspendieron el corte de la rodal tres por la importancia que tiene este monte para los pueblos pero que eso no quitaba que puedan iniciar otras talas en otros espacios. Eso no iba a aceptarse por las comunidades de ninguna forma”.
Sobre esta demarcación, explicó que “los rodales son espacios donde se hace una investigación de los árboles que hay y se decide cuál se va a cortar. Es lo que se llama una tala selectiva, son círculos demarcados”.
Este espacio, perteneciente a la aldea Ka’a Kupe, se encuentra bajo el relevamiento de protección de territorio indígena, pero durante enero se desarrolló una grave deforestación en el lugar.
Por el momento, las comunidades permanecen en alerta ante la posibilidad de que los desmonten continúen en otras áreas relevadas del territorio indígena.
Por otra parte, sobre el recurso presentado desde las comunidades mbya guaraní, Baigorri señaló que “la nota fue presentada el 11 de diciembre pasado pero dijo que no la había visto y que los abogados estaban de vacaciones. Se le dijo que un Ministerio no debería quedar sin cuerpo Jurídico. Así que por el momento prometió que cuando volviera de Buenos Aires vería qué se puede hacer pero que se hace difícil si las comunidades no están abiertas al diálogo”.
A lo largo de la reunión “le explicamos claramente la visión sobre el monte que tienen las comunidades y el dolor de ver esos árboles caídos que son importantísimos para su cultura. Además de que creemos que todo lo que fuese la audiencia pública no fue cumplido de la manera que es necesario para proceder con la tala”.
En cuanto a la tardanza para dar inicio a la reunión, detalló que “nos dijo que como no conocían el lugar, siguieron de largo, pero estaba con dos guardaparques que deberían estar atentos a la ubicación y conocer este lugar. Llegó mucho más tarde para una reunión que duró casi dos horas”.
Por su parte, el mburuvichá de Tekoa Ka’a Kupe, Mario Borjas, contó a PRIMERA EDICIÓN acerca del operativo para frenar el desmonte que durante el jueves “los hombres volvieron a la comunidad cerca de las 11 de la noche. Lo que pasó fue que las personas que tumbaron los árboles decidieron parar en un momento luego del diálogo que hubo con las comunidades pero un grupo de seis hombres decidió quedarse en el lugar por si volvían a querer cortar los árboles”.
El daño hecho
Fueron unos 21 rollos de madera los que se encontraban al costado de los terrenos cuando llegaron los indígenas a frenar el desmonte. Desconocen si quitaron más árboles en enero.
En agenda
El cacique de la aldea Ka´a Kupe, Mario Borjas, remarcó que “tenemos que dialogar con el ministro de Ecología varias cuestiones y tomar una decisión por este tema de los territorios”.
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Fecha de Publicación: 11/02/2020
Fuente: Primera Edición
Provincia/Región: Misiones
Se trata de un área sagrada para los pueblos originarios que forma parte del territorio protegido por la Ley Nacional 26.160. Las comunidades enviaron un recurso para frenar el daño a la selva.
Referentes misioneros del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA) denunciaron la terrible situación vivida durante la mañana de este jueves 6 de febrero cuando, utilizando el cuerpo, un grupo de indígenas logró frenar que máquinas avancen sobre una porción de la selva.
El conflicto se vivió en un área ubicada dentro de Campo Grande y que pertenece a la comunidad de Ka’a Kupe, ubicada en cercanías de la ruta provincial 7. La discusión por estas tierras en realidad está vigente desde el 2019, cuando las comunidades originarias denunciaron que el Ministerio de Ecología de Misiones autorizó el desmonte de las tierras sagradas.
En diálogo con PRIMERA EDICIÓN la coordinadora provincial de ENDEPA, María Josefa “Kiki” Ramírez, señaló que “en abril se cumple un año desde que se comenzó a dialogar sobre estas tierras. Resulta que el Ministerio de Ecología junto a una empresa de Buenos Aires avisaron a la comunidad de los trabajos que se harían en la zona. Ese espacio explotado se encuentra dentro del relevamiento territorial en base a la Ley Nacional 26.160, donde se demarcan los territorios protegidos. Ellos poseen una carpeta técnica con una resolución del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas donde reconocen que ese territorio es de uso público, actual y tradicional de la comunidad”.
Sobre esta resolución de protección territorial, explicó que “si bien no se trata de un título de propiedad, es una herramienta legal que tiene la comunidad para defender ese espacio. Más adelante quizás consigan una titularidad pero quieren que estos lugares conserven el monte y no sean dañados”.
Por otra parte, indicó que “un grupo de unas 20 comunidades originarias de Misiones, recibieron estas carpetas en diciembre pasado. Sin embargo, este pueblo tiene una carpeta técnica hace cerca de tres años, porque fue una de las primeras relevadas en la provincia”.
Ramírez contó que para evitar que se destruya aún más la selva, “se organizaron grupos de personas a un lado y al otro del camino para de esta forma impedir la entrada de los camiones. Los indígenas se plantaron y no dejaron pasar las máquinas. Ellos pusieron el cuerpo, prácticamente arriesgando su vida, ya que el Ministerio de Ecología no estaba haciendo nada”. Además de indígenas de la comunidad de Ka’a Kupe, estuvieron presentes también representantes de Yvy Chi y Ko’eju.
Cuando este grupo llegó al área del desmonte y fueron testigos del daño hecho a la naturaleza decidieron actuar: “Llamamos al ministro de Ecología (Mario Vialey) para decirle lo que estaba sucediendo porque el día anterior la abogada de las comunidades estuvo reunida con él para presentar una carta documento, pero las máquinas seguían trabajando. Luego de dar a conocer esta situación se logró suspender el corte de los árboles. Es un parate momentáneo, así que no sabemos qué criterios seguirán de ahora en más y si volverán”, remarcó.
Cintia, otra de las referentes de ENDEPA en la provincia, contó a PRIMERA EDICIÓN que “cuando llegamos con el grupo mbya hasta esa zona escuchamos cómo cortaban los árboles y fue realmente desgarrador. Lo que se hizo fue sentarse en uno de los pasos de los senderos para que no vuelvan a entrar al monte”. Las comunidades originarias de Ruiz de Montoya y Campo Grande por el momento permanecen atentas a las decisiones que se tomarán desde las autoridades responsables del cuidado de la biodiversidad de Misiones.
“Hace más de una semana que la comunidad se enteró de que el desmonte había comenzado en esa zona y a partir de ahí hemos iniciado un contacto con Ecología para ver porqué nunca hubo una respuesta del recurso administrativo presentado previamente. Sucede que el año pasado, cuando se enteraron que se habilitaría trabajar en estas tierras para sacar madera, se presentó un recurso donde se solicitó que no se ponga en marcha el permiso”, precisó Kiki Ramírez.
Sin embargo, “nunca hubo respuestas de la presentación hecha. Desde el Ministerio de Ecología se excusaron que hubo un recambio de autoridades y no podían encontrar el pedido pero una vez que lo encontraron, dijeron que el área Jurídica estaba de feria. Eso fue preocupante porque mientras tanto teníamos 10 motosierras derribando árboles todo el tiempo, además de camiones y tractores que ingresaban en esos terrenos”, agregó.
En cuanto al daño hecho, Ramírez señaló que “la comunidad se dio cuenta hace una semana de que las máquinas iniciaron el trabajo pero por lo que está desmontado pareciera que hace varios días. Por lo cual suponemos que inició desde enero”.
“Ecología no hizo nada”, denunció EMiPA luego del desmonte en Campo Grande
Lo aseguró Baigorri, del Equipo de Misiones de la Pastoral Aborigen, tras la reunión que mantuvieron las comunidades mbya guaraní con el ministro Vialey. Temen que los trabajos continúen en otras zonas. La empresa responsable de la deforestación decidió frenar las maquinarias ante la protesta.
Tras esperar más de tres horas por la llegada del ministro de Ecología, Mario Vialey, finalmente se realizó este viernes la reunión con las comunidades originarias que protestaron por el desmonte en Campo Grande.
A pesar de que por ahora las máquinas se retiraron del lugar, afirman que el Ministerio autorizó la deforestación y no medió para frenarlo una vez que iniciaron las protestas donde los mbya se pararon frente a las máquinas para impedir el ingreso al territorio sagrado.
“El Ministerio de Ecología no hizo nada al respecto, fue una decisión de la empresa el frenar el desmonte luego de la protesta de las comunidades. El lote 7 es un área relevada por las comunidades y que permanece dentro de la ley 26.160”, aseguró a PRIMERA EDICIÓN el referente del Equipo de Misiones de la Pastoral Aborigen (EMiPA), Vasco Baigorri.
Indicó además que “suspendieron el corte de la rodal tres por la importancia que tiene este monte para los pueblos pero que eso no quitaba que puedan iniciar otras talas en otros espacios. Eso no iba a aceptarse por las comunidades de ninguna forma”.
Sobre esta demarcación, explicó que “los rodales son espacios donde se hace una investigación de los árboles que hay y se decide cuál se va a cortar. Es lo que se llama una tala selectiva, son círculos demarcados”.
Este espacio, perteneciente a la aldea Ka’a Kupe, se encuentra bajo el relevamiento de protección de territorio indígena, pero durante enero se desarrolló una grave deforestación en el lugar.
Por el momento, las comunidades permanecen en alerta ante la posibilidad de que los desmonten continúen en otras áreas relevadas del territorio indígena.
Por otra parte, sobre el recurso presentado desde las comunidades mbya guaraní, Baigorri señaló que “la nota fue presentada el 11 de diciembre pasado pero dijo que no la había visto y que los abogados estaban de vacaciones. Se le dijo que un Ministerio no debería quedar sin cuerpo Jurídico. Así que por el momento prometió que cuando volviera de Buenos Aires vería qué se puede hacer pero que se hace difícil si las comunidades no están abiertas al diálogo”.
A lo largo de la reunión “le explicamos claramente la visión sobre el monte que tienen las comunidades y el dolor de ver esos árboles caídos que son importantísimos para su cultura. Además de que creemos que todo lo que fuese la audiencia pública no fue cumplido de la manera que es necesario para proceder con la tala”.
En cuanto a la tardanza para dar inicio a la reunión, detalló que “nos dijo que como no conocían el lugar, siguieron de largo, pero estaba con dos guardaparques que deberían estar atentos a la ubicación y conocer este lugar. Llegó mucho más tarde para una reunión que duró casi dos horas”.
Por su parte, el mburuvichá de Tekoa Ka’a Kupe, Mario Borjas, contó a PRIMERA EDICIÓN acerca del operativo para frenar el desmonte que durante el jueves “los hombres volvieron a la comunidad cerca de las 11 de la noche. Lo que pasó fue que las personas que tumbaron los árboles decidieron parar en un momento luego del diálogo que hubo con las comunidades pero un grupo de seis hombres decidió quedarse en el lugar por si volvían a querer cortar los árboles”.
El daño hecho
Fueron unos 21 rollos de madera los que se encontraban al costado de los terrenos cuando llegaron los indígenas a frenar el desmonte. Desconocen si quitaron más árboles en enero.
En agenda
El cacique de la aldea Ka´a Kupe, Mario Borjas, remarcó que “tenemos que dialogar con el ministro de Ecología varias cuestiones y tomar una decisión por este tema de los territorios”.
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La Pampa: constatan incumplimiento de "Campo Limpio"
El Gobierno inspeccionó las obras y constató que Campo Limpio no finalizó las tareas
Fecha de Publicación: 11/02/2020
Fuente: InfoPico
Provincia/Región: La Pampa
Prosiguiendo con la tarea de contralor de la Ley Nacional N° 27.279 de “Presupuestos Mínimos de Protección ambiental para la Gestión de Envases Vacíos de Fitosanitarios”, el Gobierno de la provincia de La Pampa a través de la Subsecretaría de Ambiente constató horas atrás el nivel de avance de las obras en el Centro de Acopio (CAT) que la Fundación Campo Limpio, entidad que contiene al 80% de los registrantes de productos fitosanitarios en La Pampa, tenía el compromiso de construir bajo todos los parámetros técnicos establecidos por Ley en las localidades de Alta Italia, Colonia Barón y Macachín.
Superada ampliamente la fecha inicial para llevar a cabo las tareas y, por ende, efectivizada la aplicación de la Ley en cuanto a la prohibición de la venta de agroquímicos, se ratifica que la medida persistiría hasta tanto la Fundación Campo Limpio no cumpla con lo comprometido en el Plan de Gestión aprobado por La Pampa.
En horas de la mañana, personal técnico de la Subsecretaría de Ambiente junto al Escribano General de Gobierno, concretaron una visita a los centros de acopio de las localidades de Alta Italia y Colonia Barón, donde se constató que no finalizaron la obra en la localidad de Colonia Barón.
Tal situación implica un expreso incumplimiento de la Fundación Campo Limpio habida cuenta que, ante el Gobierno provincial, se había comprometido a culminar las tareas para el viernes pasado.
La inspección realizada permitió corroborar que en el CAT de Colonia Barón no tenía instalado aún, entre otros elementos, el sistema informático y los enlaces a la red de Internet.
Además, resultó notoria la falta de obra en los sanitarios, oficina, instalación eléctrica, cartelería, limpieza general y resguardo de los tanques soterrados.
Detalles
Sobre el particular desde la Subsecretaría de Ambiente recordaron los detalles en cuanto a instalaciones y prestación, que deben tener los Centros de Acopio Transitorio de acuerdo a la reglamentación que determina los aspectos constructivos.
Los mismos deben estar aislados físicamente con tejidos y paredes, pisos impermeables, un muro circundante que impida el ingreso de agua de lluvia y el drenaje hacia afuera de acumulaciones de líquidos que pudieran derramarse, estar techados y construidos con materiales resistentes al fuego o con características de incombustibilidad.
En caso de no tener muros circundantes que limite el drenaje hacia afuera de líquidos que pudieran derramarse el piso deberá contar con una pendiente que permita su drenaje hacia una cámara aislada, la cámara deberá estar dimensionada a esos efectos.
También deben contar con buena ventilación, estar destinados exclusivamente al almacenamiento de envases vacíos de fitosanitarios contando con un espacio que permita almacenar de manera separada los dos tipos de envases (A y B según la Ley), disponer de un sistema de protección y lucha contra incendios, poseer suficiente iluminación sea natural o artificial, contar con elementos de protección personal y espacios destinados para la higiene de los mismos en caso de posible afectación.
Compromiso
La organización Campo Limpio, se comprometió a establecer la logística general para la gestión de los envases, consistente en la construcción de tres Centros de Acopio Transitorio (CAT’S) de envases en las localidades de Alta Italia, Colonia Barón y Macachín, además de la instalación de un sistema que garantice la trazabilidad, el control de los envases vacíos y de los procesos del sistema, como así también la elaboración e implementación de programas de capacitación y concientización sobre manejo adecuado de los envases.
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Fecha de Publicación: 11/02/2020
Fuente: InfoPico
Provincia/Región: La Pampa
Prosiguiendo con la tarea de contralor de la Ley Nacional N° 27.279 de “Presupuestos Mínimos de Protección ambiental para la Gestión de Envases Vacíos de Fitosanitarios”, el Gobierno de la provincia de La Pampa a través de la Subsecretaría de Ambiente constató horas atrás el nivel de avance de las obras en el Centro de Acopio (CAT) que la Fundación Campo Limpio, entidad que contiene al 80% de los registrantes de productos fitosanitarios en La Pampa, tenía el compromiso de construir bajo todos los parámetros técnicos establecidos por Ley en las localidades de Alta Italia, Colonia Barón y Macachín.
Superada ampliamente la fecha inicial para llevar a cabo las tareas y, por ende, efectivizada la aplicación de la Ley en cuanto a la prohibición de la venta de agroquímicos, se ratifica que la medida persistiría hasta tanto la Fundación Campo Limpio no cumpla con lo comprometido en el Plan de Gestión aprobado por La Pampa.
En horas de la mañana, personal técnico de la Subsecretaría de Ambiente junto al Escribano General de Gobierno, concretaron una visita a los centros de acopio de las localidades de Alta Italia y Colonia Barón, donde se constató que no finalizaron la obra en la localidad de Colonia Barón.
Tal situación implica un expreso incumplimiento de la Fundación Campo Limpio habida cuenta que, ante el Gobierno provincial, se había comprometido a culminar las tareas para el viernes pasado.
La inspección realizada permitió corroborar que en el CAT de Colonia Barón no tenía instalado aún, entre otros elementos, el sistema informático y los enlaces a la red de Internet.
Además, resultó notoria la falta de obra en los sanitarios, oficina, instalación eléctrica, cartelería, limpieza general y resguardo de los tanques soterrados.
Detalles
Sobre el particular desde la Subsecretaría de Ambiente recordaron los detalles en cuanto a instalaciones y prestación, que deben tener los Centros de Acopio Transitorio de acuerdo a la reglamentación que determina los aspectos constructivos.
Los mismos deben estar aislados físicamente con tejidos y paredes, pisos impermeables, un muro circundante que impida el ingreso de agua de lluvia y el drenaje hacia afuera de acumulaciones de líquidos que pudieran derramarse, estar techados y construidos con materiales resistentes al fuego o con características de incombustibilidad.
En caso de no tener muros circundantes que limite el drenaje hacia afuera de líquidos que pudieran derramarse el piso deberá contar con una pendiente que permita su drenaje hacia una cámara aislada, la cámara deberá estar dimensionada a esos efectos.
También deben contar con buena ventilación, estar destinados exclusivamente al almacenamiento de envases vacíos de fitosanitarios contando con un espacio que permita almacenar de manera separada los dos tipos de envases (A y B según la Ley), disponer de un sistema de protección y lucha contra incendios, poseer suficiente iluminación sea natural o artificial, contar con elementos de protección personal y espacios destinados para la higiene de los mismos en caso de posible afectación.
Compromiso
La organización Campo Limpio, se comprometió a establecer la logística general para la gestión de los envases, consistente en la construcción de tres Centros de Acopio Transitorio (CAT’S) de envases en las localidades de Alta Italia, Colonia Barón y Macachín, además de la instalación de un sistema que garantice la trazabilidad, el control de los envases vacíos y de los procesos del sistema, como así también la elaboración e implementación de programas de capacitación y concientización sobre manejo adecuado de los envases.
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Nace el 'Programa Provincial de Cambio Climático' en Chubut
Chubut creó un Programa Provincial para abordar la problemática ambiental
Fecha de Publicación: 11/02/2020
Fuente: ADN Sur
Provincia/Región: Chubut
La provincia cuenta con un nueva política para elaborar proyectos y programas orientados a minimizar los impactos de este fenómeno en el territorio chubutense y las comunidades
A través de la Resolución 029/20, firmada por el ministro de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable, Eduardo Arzani, la provincia cuenta con esta nueva política de abordaje de la problemática ambiental, a partir de la cual se coordinarán proyectos y programas vinculados a la temática que se ejecuten en el territorio chubutense.
El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable, que conduce Eduardo Arzani, creó el “Programa Provincial de Cambio Climático”, que tiene como objetivo principal coordinar todos los proyectos y programas vinculados a la temática que se ejecuten en el territorio provincial.
En ese marco, el titular de la cartera ambiental sostuvo que “la firma de esta la Resolución 029/20 y la creación de un programa específico para el abordaje de esta problemática ambiental a nivel global, de la cual no estamos ajenos, forma parte de un trabajo que se viene realizando en los últimos meses a pedido del Gobernador, y que está relacionado con la necesidad de minimizar los impactos de este fenómeno en el territorio y las comunidades”.
“Es un hecho reconocido por la comunidad científica, y del cual podemos dar fe los ciudadanos, que las consecuencias del calentamiento global se están haciendo sentir cada vez más”, reconoció Arzani, agregando que “en este mismo sentido, estamos avanzando en el armado del “Sistema de Alerta Temprana” (SAT), que contará con financiamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI), para aumentar nuestra capacidad de respuesta ante eventos extremos como los que hemos atravesado”.
Asimismo, el funcionario provincial destacó que “el trabajo que iniciamos en los últimos meses del año pasado, orientado a estas problemáticas, como por ejemplo Cambio Climático y Objetivos de Desarrollo Sostenible, entre otros de carácter global, nos obliga a trabajar en base a diagnósticos, recolección de datos, planificación y trabajo articulado entre las diferentes áreas del Estado, tanto provincial como nacional y municipal, lo cual es muy importante para diseñar las políticas ambientales que la provincia necesita de acá a los próximos años”.
Características del Programa
El “Programa Provincial de Cambio Climático” formará parte de la misma estructura de la cartera ambiental y será responsabilidad de la Subsecretaria de Gestión Ambiental, a través de su Dirección General de Gestión Ambiental.
Además de coordinar todos los Proyectos y Programas en ejecución o a ejecutarse dentro de la provincia, el Programa tiene como objetivos impulsar vínculos de cooperación científica, técnica y/o financiera con actores públicos y privados; asesorar a la Dirección General de Gestión Ambiental en materia de Cambio Climático y Cooperación Internacional; y convocar y poner en funcionamiento la Comisión Asesora sobre Cambio Climático, integrada por representantes de diferentes organismos provinciales y entes del conocimiento.
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Fecha de Publicación: 11/02/2020
Fuente: ADN Sur
Provincia/Región: Chubut
La provincia cuenta con un nueva política para elaborar proyectos y programas orientados a minimizar los impactos de este fenómeno en el territorio chubutense y las comunidades
A través de la Resolución 029/20, firmada por el ministro de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable, Eduardo Arzani, la provincia cuenta con esta nueva política de abordaje de la problemática ambiental, a partir de la cual se coordinarán proyectos y programas vinculados a la temática que se ejecuten en el territorio chubutense.
El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable, que conduce Eduardo Arzani, creó el “Programa Provincial de Cambio Climático”, que tiene como objetivo principal coordinar todos los proyectos y programas vinculados a la temática que se ejecuten en el territorio provincial.
En ese marco, el titular de la cartera ambiental sostuvo que “la firma de esta la Resolución 029/20 y la creación de un programa específico para el abordaje de esta problemática ambiental a nivel global, de la cual no estamos ajenos, forma parte de un trabajo que se viene realizando en los últimos meses a pedido del Gobernador, y que está relacionado con la necesidad de minimizar los impactos de este fenómeno en el territorio y las comunidades”.
“Es un hecho reconocido por la comunidad científica, y del cual podemos dar fe los ciudadanos, que las consecuencias del calentamiento global se están haciendo sentir cada vez más”, reconoció Arzani, agregando que “en este mismo sentido, estamos avanzando en el armado del “Sistema de Alerta Temprana” (SAT), que contará con financiamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI), para aumentar nuestra capacidad de respuesta ante eventos extremos como los que hemos atravesado”.
Asimismo, el funcionario provincial destacó que “el trabajo que iniciamos en los últimos meses del año pasado, orientado a estas problemáticas, como por ejemplo Cambio Climático y Objetivos de Desarrollo Sostenible, entre otros de carácter global, nos obliga a trabajar en base a diagnósticos, recolección de datos, planificación y trabajo articulado entre las diferentes áreas del Estado, tanto provincial como nacional y municipal, lo cual es muy importante para diseñar las políticas ambientales que la provincia necesita de acá a los próximos años”.
Características del Programa
El “Programa Provincial de Cambio Climático” formará parte de la misma estructura de la cartera ambiental y será responsabilidad de la Subsecretaria de Gestión Ambiental, a través de su Dirección General de Gestión Ambiental.
Además de coordinar todos los Proyectos y Programas en ejecución o a ejecutarse dentro de la provincia, el Programa tiene como objetivos impulsar vínculos de cooperación científica, técnica y/o financiera con actores públicos y privados; asesorar a la Dirección General de Gestión Ambiental en materia de Cambio Climático y Cooperación Internacional; y convocar y poner en funcionamiento la Comisión Asesora sobre Cambio Climático, integrada por representantes de diferentes organismos provinciales y entes del conocimiento.
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Fallo histórico en Santa Fe contra las fumigaciones
Fallo histórico: prohíben fumigar a menos de 800 metros de Sastre
Fecha de Publicación: 10/02/2020
Fuente: El Ciudadano
Provincia/Región: Santa Fe
Hasta 2019, la localidad santafesina tenía el límite a 100 metros para fumigar cerca de las viviendas urbanas, donde además de los hogares hay clubes. El promedio de enfermedades cancerígenas es un tercio más alto que el nacional: “Todos tenemos un familiar muerto de cáncer", dice una vecina
Los vecinos de Sastre –una localidad de seis mil habitantes en el centro de la provincia de Santa Fe– lograron un triunfo en la pelea judicial en contra de los pesticidas y en defensa de su salud. Durante años, la Municipalidad permitió la fumigación con agroquímicos a sólo cien metros del ejido urbano, en la práctica esto implica que quienes tienen sus hogares cerca del área de cultivos, soja principalmente, reciben de lleno los químicos que utilizan los productores agrícolas. La normativa tiene efectos fácilmente mensurables: la tasa de enfermedades oncológicas es un tercio más alta que el promedio nacional, así surge de un estudio de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) que fue presentado a la Municipalidad luego de un campamento sanitario que se llevó adelante en marzo de 2017.
El 5 de febrero de este año, apenas terminada la feria judicial, el juez en lo Civil, Comercial y Laboral Nº 1 de Rafaela, Duilio Hail, dictó una cautelar en la que limita el uso terrestre de agroquímicos a una distancia de 800 metros de los límites urbanos para la localidad de Sastre. Ruth Oitana de los vecinos autoconvocados en Unión Ciudadana por la Vida y el Ambiente atendió a Tiempo Argentino y expresó que se trata de “una noticia maravillosa” porque incluye a toda la ciudad, en ese sentido, es un caso similar a lo que pasó en Pergamino, ya que no se limita a un barrio, pero la medida aún no está firme y puede ser recurrida.
El juez en su fallo explica que la propia Municipalidad demandada “reconoce la existencia de una normativa contraria a derecho cuando en su modificación amplía drásticamente el perímetro de fumigación aérea y duplica el de fumigación terrestre, a esa circunstancia se suman los documentos acompañados por los actores, particularmente planos y fotografías que fueron ‘explicados’ in situ en la audiencia del 29-10-19 con indicación de los asistentes del lugar de ubicación de clubes, escuelas y viviendas de los reclamantes próximas al perímetro urbano”. La modificación a la que remite el fallo es la ampliación del área fumigable por vía aérea a 3.000 metros y la terrestre de 100 a 200.
El fallo toma en cuenta los informes de la Agencia Internacional para la investigación del Cáncer dependiente de la OMS del 20 de marzo de 2015 presentados por la querella y referenciados por la fiscalía, dichos informes “califican al herbicida glifosato como ‘potecialmente carcinogénico'”, también menciona investigaciones del Laboratorio de embriología molecular de CONICET (UBA) y otro elaborado por la UNL en el marco de la causa “Peralta”, además de antecedentes nacionales y de la Unión Europea.
El juez Hail valora los derechos en juego, salud vs. negocio: “por un lado uno de tipo patrimonial constituido por el derecho a cultivar la tierra con el aditamento del mayor valor agregado por el uso de fitosanitarios, mientras que por el otro estamos en presencia del derecho a la salud de un contingente de personas”, por lo tanto dice el magistrado “debo definirme en favor de los amparistas por cuanto el derecho a la salud se torna en un bien fundamental y su menoscabo podría resultar irreparable”.
El caso y una sociedad dividida
La historia judicial de esta causa no viene de muy lejos aunque ha afectado la vida cotidiana de los vecinos de Sastre, porque “acá todos nos conocemos”, como dice una vecina de la localidad. En enero de 2018 se presenta una denuncia “porque fumigaban muy cerca de un club donde un grupo de chicos jugaba al fútbol, luego, en marzo, una vecina presenta otra denuncia ya que fumigaban muy cerca de su casa”.
A partir de allí los vecinos se presentaron en el Consejo Deliberante local y comenzaron una serie de reuniones para que dictaran una ordenanza que ampliara la zona de exclusión de fumigación. Ruth Oitana, de los vecinos autoconvocados, explica que presentaron evidencia científica para sustentar su reclamo y que los ediles no pensaran que se trataba sólo de un “capricho”. Hasta octubre de ese año –cuentan desde la asociación– no lograron muchos avances, pero durante ese mes los padres de la niña Zoe Giraudo, paciente oncológica que se recuperaba de un linfoma no hodgkin –enfermedad que desde 2015 la OMS ha relacionado directamente con el uso de glifosato (y que está referenciada en la reciente cautelar)–, debía volver a su casa que si bien está dentro de la ciudad, dista apenas 400 metros de la zona de fumigación. En ese momento el Consejo Deliberante intentó sacar una ordenanza que ampliaba la zona de exclusión a 500 metros, pero la norma nunca fue promulgada por presión de los productores.
Las consecuencias sociales en una localidad pequeña es fuerte y causa grandes divisiones: “El tema se puso muy tenso y los padres de Zoe recurrieron a la Defensoría de la provincia y junto con los vecinos presentaron en 29 de noviembre de 2018 un amparo contra la Municipalidad. Al mes el juez dictó una medida cautelar que disponía 400 metros de exclusión”, cuenta la cronología previa a esta cautelar Oitana.
En esta instancia los productores agrícolas hacen aparición y se presentan como terceros damnificados, y logran tumbar esa cautelar. La causa volvió a foja cero y, en septiembre de 2019, una ordenanza dictamina los límites en 200 m y 3000 m para las fumigaciones terrestres y aérea respectivamente. Luego, la causa no se movió hasta octubre de 2019 en que hubo una mediación a la que la municipalidad no se presentó, pero el juez escuchó a las partes, incluidos los productores y los representantes legales de la provincia. De allí sale la cautelar.
El lobby de los productores agropecuarios es fuerte en la zona ya que “representan el poder real, el poder económico”, incluso cuentan vecinos: “le dicen a nuestros empleadores que nos echen del trabajo, boicotean nuestros negocios. Hemos perdido amigos, se han roto familias, porque los productores no quieren ver alternativas para dejar de envenenarnos y envenenarse”, y advierten: “Acá, en la zona, todos tenemos un familiar muerto de cáncer”.
La realidad de esta lucha por la salud pública versus el interés económico es palpable para los vecinos, según explican: “Los que tienen el poder económico logran cosas que nos parecen imposibles, como hacer caer una medida cautelar en una feria judicial. Los intereses son muy grandes, ellos tienen los mejores estudios de abogados y nosotros tuvimos que recurrir a la Defensoría porque no podemos pagar un abogado. Pero por ahí nos toca un juez como Hail que se toma su tiempo pero estudia seriamente el tema”.
La Unión Ciudadana por la Vida y el Ambiente emitió un comunicado en el que convocan a la población a “denunciar cualquier hecho violatorio de la orden judicial, a los productores a tomar conciencia y respetar las leyes y los mandatos judiciales y a la Municipalidad a revertir la postura asumida tanto en la ciudad como dentro del juicio de amparo, que incluso mereció el reproche del magistrado interviniente”. Un hecho a remarcar es como los productores niegan el efecto nocivo de los pesticidas, que ya están prohibidos en Europa y cuyas empresas enfrentan demandas varias veces millonarias.
Los vecinos, que poseen una página en la red social Facebook con el nombre de su organización, califican la medida como “histórica” y celebran que, “aunque fuere con demora a raíz de distintas alternativas acontecidas en el transcurso del proceso que serán objeto de análisis y explicación en otra oportunidad, toda la población de Sastre obtenga algo de alivio a tantos padecimientos causados por las fumigaciones cercanas”.
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Fecha de Publicación: 10/02/2020
Fuente: El Ciudadano
Provincia/Región: Santa Fe
Hasta 2019, la localidad santafesina tenía el límite a 100 metros para fumigar cerca de las viviendas urbanas, donde además de los hogares hay clubes. El promedio de enfermedades cancerígenas es un tercio más alto que el nacional: “Todos tenemos un familiar muerto de cáncer", dice una vecina
Los vecinos de Sastre –una localidad de seis mil habitantes en el centro de la provincia de Santa Fe– lograron un triunfo en la pelea judicial en contra de los pesticidas y en defensa de su salud. Durante años, la Municipalidad permitió la fumigación con agroquímicos a sólo cien metros del ejido urbano, en la práctica esto implica que quienes tienen sus hogares cerca del área de cultivos, soja principalmente, reciben de lleno los químicos que utilizan los productores agrícolas. La normativa tiene efectos fácilmente mensurables: la tasa de enfermedades oncológicas es un tercio más alta que el promedio nacional, así surge de un estudio de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) que fue presentado a la Municipalidad luego de un campamento sanitario que se llevó adelante en marzo de 2017.
El 5 de febrero de este año, apenas terminada la feria judicial, el juez en lo Civil, Comercial y Laboral Nº 1 de Rafaela, Duilio Hail, dictó una cautelar en la que limita el uso terrestre de agroquímicos a una distancia de 800 metros de los límites urbanos para la localidad de Sastre. Ruth Oitana de los vecinos autoconvocados en Unión Ciudadana por la Vida y el Ambiente atendió a Tiempo Argentino y expresó que se trata de “una noticia maravillosa” porque incluye a toda la ciudad, en ese sentido, es un caso similar a lo que pasó en Pergamino, ya que no se limita a un barrio, pero la medida aún no está firme y puede ser recurrida.
El juez en su fallo explica que la propia Municipalidad demandada “reconoce la existencia de una normativa contraria a derecho cuando en su modificación amplía drásticamente el perímetro de fumigación aérea y duplica el de fumigación terrestre, a esa circunstancia se suman los documentos acompañados por los actores, particularmente planos y fotografías que fueron ‘explicados’ in situ en la audiencia del 29-10-19 con indicación de los asistentes del lugar de ubicación de clubes, escuelas y viviendas de los reclamantes próximas al perímetro urbano”. La modificación a la que remite el fallo es la ampliación del área fumigable por vía aérea a 3.000 metros y la terrestre de 100 a 200.
El fallo toma en cuenta los informes de la Agencia Internacional para la investigación del Cáncer dependiente de la OMS del 20 de marzo de 2015 presentados por la querella y referenciados por la fiscalía, dichos informes “califican al herbicida glifosato como ‘potecialmente carcinogénico'”, también menciona investigaciones del Laboratorio de embriología molecular de CONICET (UBA) y otro elaborado por la UNL en el marco de la causa “Peralta”, además de antecedentes nacionales y de la Unión Europea.
El juez Hail valora los derechos en juego, salud vs. negocio: “por un lado uno de tipo patrimonial constituido por el derecho a cultivar la tierra con el aditamento del mayor valor agregado por el uso de fitosanitarios, mientras que por el otro estamos en presencia del derecho a la salud de un contingente de personas”, por lo tanto dice el magistrado “debo definirme en favor de los amparistas por cuanto el derecho a la salud se torna en un bien fundamental y su menoscabo podría resultar irreparable”.
El caso y una sociedad dividida
La historia judicial de esta causa no viene de muy lejos aunque ha afectado la vida cotidiana de los vecinos de Sastre, porque “acá todos nos conocemos”, como dice una vecina de la localidad. En enero de 2018 se presenta una denuncia “porque fumigaban muy cerca de un club donde un grupo de chicos jugaba al fútbol, luego, en marzo, una vecina presenta otra denuncia ya que fumigaban muy cerca de su casa”.
A partir de allí los vecinos se presentaron en el Consejo Deliberante local y comenzaron una serie de reuniones para que dictaran una ordenanza que ampliara la zona de exclusión de fumigación. Ruth Oitana, de los vecinos autoconvocados, explica que presentaron evidencia científica para sustentar su reclamo y que los ediles no pensaran que se trataba sólo de un “capricho”. Hasta octubre de ese año –cuentan desde la asociación– no lograron muchos avances, pero durante ese mes los padres de la niña Zoe Giraudo, paciente oncológica que se recuperaba de un linfoma no hodgkin –enfermedad que desde 2015 la OMS ha relacionado directamente con el uso de glifosato (y que está referenciada en la reciente cautelar)–, debía volver a su casa que si bien está dentro de la ciudad, dista apenas 400 metros de la zona de fumigación. En ese momento el Consejo Deliberante intentó sacar una ordenanza que ampliaba la zona de exclusión a 500 metros, pero la norma nunca fue promulgada por presión de los productores.
Las consecuencias sociales en una localidad pequeña es fuerte y causa grandes divisiones: “El tema se puso muy tenso y los padres de Zoe recurrieron a la Defensoría de la provincia y junto con los vecinos presentaron en 29 de noviembre de 2018 un amparo contra la Municipalidad. Al mes el juez dictó una medida cautelar que disponía 400 metros de exclusión”, cuenta la cronología previa a esta cautelar Oitana.
En esta instancia los productores agrícolas hacen aparición y se presentan como terceros damnificados, y logran tumbar esa cautelar. La causa volvió a foja cero y, en septiembre de 2019, una ordenanza dictamina los límites en 200 m y 3000 m para las fumigaciones terrestres y aérea respectivamente. Luego, la causa no se movió hasta octubre de 2019 en que hubo una mediación a la que la municipalidad no se presentó, pero el juez escuchó a las partes, incluidos los productores y los representantes legales de la provincia. De allí sale la cautelar.
El lobby de los productores agropecuarios es fuerte en la zona ya que “representan el poder real, el poder económico”, incluso cuentan vecinos: “le dicen a nuestros empleadores que nos echen del trabajo, boicotean nuestros negocios. Hemos perdido amigos, se han roto familias, porque los productores no quieren ver alternativas para dejar de envenenarnos y envenenarse”, y advierten: “Acá, en la zona, todos tenemos un familiar muerto de cáncer”.
La realidad de esta lucha por la salud pública versus el interés económico es palpable para los vecinos, según explican: “Los que tienen el poder económico logran cosas que nos parecen imposibles, como hacer caer una medida cautelar en una feria judicial. Los intereses son muy grandes, ellos tienen los mejores estudios de abogados y nosotros tuvimos que recurrir a la Defensoría porque no podemos pagar un abogado. Pero por ahí nos toca un juez como Hail que se toma su tiempo pero estudia seriamente el tema”.
La Unión Ciudadana por la Vida y el Ambiente emitió un comunicado en el que convocan a la población a “denunciar cualquier hecho violatorio de la orden judicial, a los productores a tomar conciencia y respetar las leyes y los mandatos judiciales y a la Municipalidad a revertir la postura asumida tanto en la ciudad como dentro del juicio de amparo, que incluso mereció el reproche del magistrado interviniente”. Un hecho a remarcar es como los productores niegan el efecto nocivo de los pesticidas, que ya están prohibidos en Europa y cuyas empresas enfrentan demandas varias veces millonarias.
Los vecinos, que poseen una página en la red social Facebook con el nombre de su organización, califican la medida como “histórica” y celebran que, “aunque fuere con demora a raíz de distintas alternativas acontecidas en el transcurso del proceso que serán objeto de análisis y explicación en otra oportunidad, toda la población de Sastre obtenga algo de alivio a tantos padecimientos causados por las fumigaciones cercanas”.
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Empresa forestal logra importante certificación internacional
Primera empresa forestal del país certificada por cuidar servicios ecosistémicos
Fecha de Publicación: 10/02/2020
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Nacional
Una empresa forestal logró una certificación internacional de manejo responsable de bosques, por la preservación de los servicios ecosistémicos de la biodiversidad en sus predios de Delta del Paraná y Misiones. Es la primera firma de la Argentina en lograr un estándar de este tipo y la décima en el mundo.
El cuidado de los servicios ecosistémicos que proveen los bosques nativos y las forestaciones, así como la necesidad de adoptar pautas de manejo productivo con bajo impacto ambiental en pos de la preservación de los recursos naturales y la biodiversidad, es una demanda cada vez más presente y priorizada por los actores sociales.
“Con el apoyo de un equipo de investigadores del INTA y del Conicet, la empresa forestal Arauco Argentina logró una certificación internacional de manejo responsable de bosques otorgada por el Forest Stewardship Council (FSC, según su sigla en inglés), por la preservación de los servicios ecosistémicos de la biodiversidad en sus predios de Delta del Paraná –Buenos Aires– y en la selva paranaense –Misiones–. Es la primera firma del país en lograr un estándar de este tipo y la décima en el mundo”, informó ayer INTA.
En esta línea, la certificación reconoce la contribución de la empresa a la conservación de dos de las especies de mamíferos más emblemáticas de la Argentina: el yaguareté (Panthera onca) en Misiones y el ciervo de los pantanos (Blastocerus dichotomus) en el Delta del Paraná. Ambas especies se encuentran en la lista roja de especies amenazadas de extinción, tanto a escala mundial como nacional.
En el caso del ciervo de los pantanos, el conocimiento utilizado como base para la gestión de la certificación fue obtenido por un equipo de investigadores del INTA, del Conicet y de la Asociación para la Conservación y el Estudio de la Naturaleza, quienes integran el Proyecto Pantano y se encargaron de evaluar el rol del predio “Oasis” (de alrededor de 11.000 hectáreas) para la conservación de la especie en el Bajo Delta del Paraná.
En el caso del yaguareté, la certificación recurrió a los estudios realizados por un equipo de científicos del Conicet y del Centro de Investigaciones del Bosque Atlántico (CeIBA) de Iguazú -Misiones-, quienes desde hace más de 13 años llevan a cabo relevamientos con cámaras trampas en la zona.
De acuerdo con Ricardo Austin, gerente forestal de Arauco Argentina, “la certificación FSC de los Servicios Ecosistémicos muestra que soluciones innovadoras y creativas son necesarias para compatibilizar el desarrollo productivo nacional con la conservación de la biodiversidad y de los servicios ecosistémicos derivados”.
En esta línea, Austin remarcó la importancia de la articulación entre el sector productivo y el académico-ambiental como estrategia para el desarrollo de acciones de gestión sostenible de los territorios.
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Fecha de Publicación: 10/02/2020
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Nacional
Una empresa forestal logró una certificación internacional de manejo responsable de bosques, por la preservación de los servicios ecosistémicos de la biodiversidad en sus predios de Delta del Paraná y Misiones. Es la primera firma de la Argentina en lograr un estándar de este tipo y la décima en el mundo.
El cuidado de los servicios ecosistémicos que proveen los bosques nativos y las forestaciones, así como la necesidad de adoptar pautas de manejo productivo con bajo impacto ambiental en pos de la preservación de los recursos naturales y la biodiversidad, es una demanda cada vez más presente y priorizada por los actores sociales.
“Con el apoyo de un equipo de investigadores del INTA y del Conicet, la empresa forestal Arauco Argentina logró una certificación internacional de manejo responsable de bosques otorgada por el Forest Stewardship Council (FSC, según su sigla en inglés), por la preservación de los servicios ecosistémicos de la biodiversidad en sus predios de Delta del Paraná –Buenos Aires– y en la selva paranaense –Misiones–. Es la primera firma del país en lograr un estándar de este tipo y la décima en el mundo”, informó ayer INTA.
En esta línea, la certificación reconoce la contribución de la empresa a la conservación de dos de las especies de mamíferos más emblemáticas de la Argentina: el yaguareté (Panthera onca) en Misiones y el ciervo de los pantanos (Blastocerus dichotomus) en el Delta del Paraná. Ambas especies se encuentran en la lista roja de especies amenazadas de extinción, tanto a escala mundial como nacional.
En el caso del ciervo de los pantanos, el conocimiento utilizado como base para la gestión de la certificación fue obtenido por un equipo de investigadores del INTA, del Conicet y de la Asociación para la Conservación y el Estudio de la Naturaleza, quienes integran el Proyecto Pantano y se encargaron de evaluar el rol del predio “Oasis” (de alrededor de 11.000 hectáreas) para la conservación de la especie en el Bajo Delta del Paraná.
En el caso del yaguareté, la certificación recurrió a los estudios realizados por un equipo de científicos del Conicet y del Centro de Investigaciones del Bosque Atlántico (CeIBA) de Iguazú -Misiones-, quienes desde hace más de 13 años llevan a cabo relevamientos con cámaras trampas en la zona.
De acuerdo con Ricardo Austin, gerente forestal de Arauco Argentina, “la certificación FSC de los Servicios Ecosistémicos muestra que soluciones innovadoras y creativas son necesarias para compatibilizar el desarrollo productivo nacional con la conservación de la biodiversidad y de los servicios ecosistémicos derivados”.
En esta línea, Austin remarcó la importancia de la articulación entre el sector productivo y el académico-ambiental como estrategia para el desarrollo de acciones de gestión sostenible de los territorios.
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La contaminación del Río Uruguay es evidente
La contaminación del río Uruguay ya no se puede ocultar
Fecha de Publicación: 10/02/2020
Fuente: Diario El Sol
Provincia/Región: Entre Ríos
El agua se convirtió en una manta verde que baña las arenas de Playa Norte en Colón. Aseguran que la bajante y el calor también influyen en el fenómeno.
El agua verde en el río Uruguay conmovió a todos los que la vieron. Tanto en vivo como en las redes sociales. El medio colonense «Yo Opino» fue el primero en subir las imágenes y con el correr de la tarde comenzaron a llegar a «Uno» vía WhatsApp y Facebook. Las personas que conocen Playa Norte de Colón aseguran que la contaminación viene de aguas arriba.
La pronunciada bajante y las altas temperaturas también colaboran para que el cause se transforme en una manta verde que asusta, sobre todo a los turistas que visitan la costa del río Uruguay. Desde Colón confirmaron que los guardavidas tienen instrucciones de poner las banderas amarillas y comentarles a los visitantes lo que sucede para evitar el pánico.
El bioquímico especializado en ambiente Julio Fernández, explico a ERA Verde que la presencia en grandes cantidades de estas algas se debe a que sus alimentos en el agua estimulan su desarrollo y que en determinadas condiciones climáticas hace que “explote”.
Las floraciones algales están provocadas básicamente por nutrientes que drenan de los sistemas productivos agrícolas. “El fósforo y nitrógeno están presentes en estos fertilizantes; éstos escurre y son alimentos para que proliferen las algas. En aguas estancadas, con poca circulación del caudal de agua y con temperaturas de verano, se produce una mayor reproducción”, detalló.
La “eutrofización”, tal como se conoce el fenómeno de exceso de algas, es “un problema mundial”, reconoce Fernández, ya que numerosos espejos de agua, arroyos, ríos, lagos, reciben derivados del modelo productivo a escala intensiva por el drenaje pluvial. “Hay lugares que se tienen capas de varios centímetros de bacterias bajo el agua”, graficó.
En algunos lugares se lo controla, en otros se los elimina mediante costos procesos. El tema no es algo sencillo, ya que las algas son los organismos que inauguraron la vida en la Tierra y forman parte de la evolución de otros seres. “La cuestión es evitar la fuente causante en demasía. Si es por producción agrícola en caso de las algas o por el vertido de los desagües cloacales sin tratamientos en caso de Coliformes Fecales, Escherichia coli. Mientras haya nutrientes es difícil de combatir”, observó el bioquímico.
En la región, la eliminación de las algas se da esperando lluvias que las “barran” o que con la crecida del río se disipen.
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Fecha de Publicación: 10/02/2020
Fuente: Diario El Sol
Provincia/Región: Entre Ríos
El agua se convirtió en una manta verde que baña las arenas de Playa Norte en Colón. Aseguran que la bajante y el calor también influyen en el fenómeno.
El agua verde en el río Uruguay conmovió a todos los que la vieron. Tanto en vivo como en las redes sociales. El medio colonense «Yo Opino» fue el primero en subir las imágenes y con el correr de la tarde comenzaron a llegar a «Uno» vía WhatsApp y Facebook. Las personas que conocen Playa Norte de Colón aseguran que la contaminación viene de aguas arriba.
La pronunciada bajante y las altas temperaturas también colaboran para que el cause se transforme en una manta verde que asusta, sobre todo a los turistas que visitan la costa del río Uruguay. Desde Colón confirmaron que los guardavidas tienen instrucciones de poner las banderas amarillas y comentarles a los visitantes lo que sucede para evitar el pánico.
El bioquímico especializado en ambiente Julio Fernández, explico a ERA Verde que la presencia en grandes cantidades de estas algas se debe a que sus alimentos en el agua estimulan su desarrollo y que en determinadas condiciones climáticas hace que “explote”.
Las floraciones algales están provocadas básicamente por nutrientes que drenan de los sistemas productivos agrícolas. “El fósforo y nitrógeno están presentes en estos fertilizantes; éstos escurre y son alimentos para que proliferen las algas. En aguas estancadas, con poca circulación del caudal de agua y con temperaturas de verano, se produce una mayor reproducción”, detalló.
La “eutrofización”, tal como se conoce el fenómeno de exceso de algas, es “un problema mundial”, reconoce Fernández, ya que numerosos espejos de agua, arroyos, ríos, lagos, reciben derivados del modelo productivo a escala intensiva por el drenaje pluvial. “Hay lugares que se tienen capas de varios centímetros de bacterias bajo el agua”, graficó.
En algunos lugares se lo controla, en otros se los elimina mediante costos procesos. El tema no es algo sencillo, ya que las algas son los organismos que inauguraron la vida en la Tierra y forman parte de la evolución de otros seres. “La cuestión es evitar la fuente causante en demasía. Si es por producción agrícola en caso de las algas o por el vertido de los desagües cloacales sin tratamientos en caso de Coliformes Fecales, Escherichia coli. Mientras haya nutrientes es difícil de combatir”, observó el bioquímico.
En la región, la eliminación de las algas se da esperando lluvias que las “barran” o que con la crecida del río se disipen.
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La Antártida vivió el día más caluroso de su historia
Así se vivió en la Antártida el día más cálido desde que hay registros
Fecha de Publicación: 08/02/2020
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Antártida
Sorprendidos, preocupados, con vientos cálidos y una jornada que permitió salir de las bases. Así vivió la Antártida su jornada más calurosa de la que se tenga registro cuando el termómetro marcó -la tarde de este jueves- los 18.3°c en la zona donde está instalada la base Esperanza de la Argentina.
Con esta marca, se superó en casi un grado el récord anterior que se había dado el 24 de marzo del 2015 cuando la temperatura trepó hasta los 17.5, también en ese mismo asentamiento científico y militar.
Sergio Montoya, suboficial ayudante de la Fuerza Aérea y meteorólogo, fue el encargo de informar el récord. En diálogo con LA NACION, contó: "El pronóstico en la previa ya nos había dicho que había masas de aire muy cerca que iban a ser descendentes y podían producir. Se esperaba una máxima de 10 grados, como mucho. Se esperaban temperaturas altas, pero no tan extremas. Varios factores apostaron para que se diera esta temperatura a pesar de estar en una zona de glaciar y más alta. Es sorprendente tener estas temperaturas".
Este militar de 50 años, que cumple funciones para el Servicio Meteorológico Nacional, llegó a la Base Esperanza el 4 de diciembre del año pasado y permanecerá hasta diciembre. "Trabajamos trihorario donde tomamos todos los datos: temperatura, humedad, viento, nubosidad, fenómenos, presión atmosférica. Somos dos meteorólogos que hibernamos por 12 meses. El registro se hace cada tres horas: 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 00. En este caso, en el registro de las 15, se marcó el récord".
La sorpresa fue compartida por todos los que están en la estación científica situada en punta Foca, entre las Caletas Águila y Choza.
"Estamos sorprendidos, y ese es el comentario de todos los que estamos en la base", dijo a LA NACION, Víctor Hugo Navarro Zalazar, profesor de la Escuela Provincial N°38 "Presidente Raúl Ricardo Alfonsín" que está instalada en Esperanza y donde comenzarán a tomar clases 14 chicos el próximo 2 de marzo.
El hombre de 41 años llegó por segunda vez hasta la base, luego de haber cumplido una campaña de 12 meses en el 2018. Al igual que hace dos años, está junto a su esposa, Mariana Ibarra, que es la directora de la escuela, y sus dos hijos, Victoriano, de 11 y Juan Ignacio de 8.
"Desde temprano arrancamos el día con repliegue de gente y, desde esa hora, se notaba que había temperaturas positivas. Pasado el mediodía se registraron 18.3°, que para acá es demasiado. Salimos a caminar mientras el viento lo permitía. Cuando se registró el máximo, había un poquito de viento, pero cálido. Algo atípico para acá", describió el docente.
Ante la consulta de si debieron sacarse algunas capas de ropa, respondió: "Tanto como para sacarnos capas de ropa no estaba, pero sí lo sentíamos en las partes del cuerpo que están expuestas al sol".
"En el 2018, cuando estuve acá, se registró el récord histórico de intensidad del viento, con 340 kilómetros por hora. Ahora me toca estar en el año de la temperatura más alta. Lamentablemente, este récord no es bueno porque afecta a los glaciares y al clima", contó a modo de anécdota, pero con un dejo de preocupación.
Cambio climático: sus efectos y cómo se sintió en otras bases
"No es algo normal. Preocupa que se den este tipo de temperaturas porque se derriten más los glaciares y, a lo largo o corto plazo, traerá alguna consecuencia", explicó el meteorólogo Montoya.
Desde la base Carlini, donde está el epicentro de las investigaciones científicas durante las campañas de verano, la científica Liliana Quartino dijo: "Desde nuestra llegada el 7 de enero no han habido nevadas. Sin embargo, sí ha estado lloviendo mucho. En años anteriores, las precipitaciones solo eran en forma de nieve".
"Las 'áreas rocosas' que se ven en el glaciar, son los espacios en donde se ha ido derritiendo el glaciar. A esas 'áreas' las denominamos 'nueva áreas libres de hielo'. Cada día se escucha la caída de numerosos bloques de hielo del Glaciar Fourcade, es como que aquí 'vemos' y 'escuchamos' el cambio climático", detalló Quartino.
En el caso de la base Marambio, también se registró la temperatura más alta para un día de febrero desde 1971. Alcanzó 14.1°C y superó los 13.8°C del 24 de febrero de 2013.
Gustavo Adolfo Lezcano es profesor y uno de los expedicionario al Desierto Blanco. "Me encuentro en la Base Marambio, como invitado junto con el grupo de Glaciología, siendo el jefe de proyecto y junto al ingeniero científico Sebastián Marinsek, del Instituto Antártico Argentino. Estamos estudiamos el balance de masa de los glaciares, sus cambios dinámicos y la relación con el cambio climático", explicó a este medio.
Sobre cómo se vivió la jornada récord, dijo: "El día se vio muy productivo, los distintos grupos de científicos pudieron salir al terreno a realizar su trabajo, con menos ropas de lo habitual".
Luego analizó la temperatura y su relación con el cambio climático: "El aumento de temperatura tiene como incidencia en los glaciares la perdida de masa. Justamente es el trabajo de medición que realizaremos en estos días en la Bahía del Diablo, Isla Vega, unos 60 kilómetros al noroeste de Marambio. Todo esto gracias a que recibimos el apoyo de las autoridades de Tierra del Fuego".
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Fecha de Publicación: 08/02/2020
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Antártida
Sorprendidos, preocupados, con vientos cálidos y una jornada que permitió salir de las bases. Así vivió la Antártida su jornada más calurosa de la que se tenga registro cuando el termómetro marcó -la tarde de este jueves- los 18.3°c en la zona donde está instalada la base Esperanza de la Argentina.
Con esta marca, se superó en casi un grado el récord anterior que se había dado el 24 de marzo del 2015 cuando la temperatura trepó hasta los 17.5, también en ese mismo asentamiento científico y militar.
Sergio Montoya, suboficial ayudante de la Fuerza Aérea y meteorólogo, fue el encargo de informar el récord. En diálogo con LA NACION, contó: "El pronóstico en la previa ya nos había dicho que había masas de aire muy cerca que iban a ser descendentes y podían producir. Se esperaba una máxima de 10 grados, como mucho. Se esperaban temperaturas altas, pero no tan extremas. Varios factores apostaron para que se diera esta temperatura a pesar de estar en una zona de glaciar y más alta. Es sorprendente tener estas temperaturas".
Este militar de 50 años, que cumple funciones para el Servicio Meteorológico Nacional, llegó a la Base Esperanza el 4 de diciembre del año pasado y permanecerá hasta diciembre. "Trabajamos trihorario donde tomamos todos los datos: temperatura, humedad, viento, nubosidad, fenómenos, presión atmosférica. Somos dos meteorólogos que hibernamos por 12 meses. El registro se hace cada tres horas: 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 00. En este caso, en el registro de las 15, se marcó el récord".
La sorpresa fue compartida por todos los que están en la estación científica situada en punta Foca, entre las Caletas Águila y Choza.
"Estamos sorprendidos, y ese es el comentario de todos los que estamos en la base", dijo a LA NACION, Víctor Hugo Navarro Zalazar, profesor de la Escuela Provincial N°38 "Presidente Raúl Ricardo Alfonsín" que está instalada en Esperanza y donde comenzarán a tomar clases 14 chicos el próximo 2 de marzo.
El hombre de 41 años llegó por segunda vez hasta la base, luego de haber cumplido una campaña de 12 meses en el 2018. Al igual que hace dos años, está junto a su esposa, Mariana Ibarra, que es la directora de la escuela, y sus dos hijos, Victoriano, de 11 y Juan Ignacio de 8.
"Desde temprano arrancamos el día con repliegue de gente y, desde esa hora, se notaba que había temperaturas positivas. Pasado el mediodía se registraron 18.3°, que para acá es demasiado. Salimos a caminar mientras el viento lo permitía. Cuando se registró el máximo, había un poquito de viento, pero cálido. Algo atípico para acá", describió el docente.
Ante la consulta de si debieron sacarse algunas capas de ropa, respondió: "Tanto como para sacarnos capas de ropa no estaba, pero sí lo sentíamos en las partes del cuerpo que están expuestas al sol".
"En el 2018, cuando estuve acá, se registró el récord histórico de intensidad del viento, con 340 kilómetros por hora. Ahora me toca estar en el año de la temperatura más alta. Lamentablemente, este récord no es bueno porque afecta a los glaciares y al clima", contó a modo de anécdota, pero con un dejo de preocupación.
Cambio climático: sus efectos y cómo se sintió en otras bases
"No es algo normal. Preocupa que se den este tipo de temperaturas porque se derriten más los glaciares y, a lo largo o corto plazo, traerá alguna consecuencia", explicó el meteorólogo Montoya.
Desde la base Carlini, donde está el epicentro de las investigaciones científicas durante las campañas de verano, la científica Liliana Quartino dijo: "Desde nuestra llegada el 7 de enero no han habido nevadas. Sin embargo, sí ha estado lloviendo mucho. En años anteriores, las precipitaciones solo eran en forma de nieve".
"Las 'áreas rocosas' que se ven en el glaciar, son los espacios en donde se ha ido derritiendo el glaciar. A esas 'áreas' las denominamos 'nueva áreas libres de hielo'. Cada día se escucha la caída de numerosos bloques de hielo del Glaciar Fourcade, es como que aquí 'vemos' y 'escuchamos' el cambio climático", detalló Quartino.
En el caso de la base Marambio, también se registró la temperatura más alta para un día de febrero desde 1971. Alcanzó 14.1°C y superó los 13.8°C del 24 de febrero de 2013.
Gustavo Adolfo Lezcano es profesor y uno de los expedicionario al Desierto Blanco. "Me encuentro en la Base Marambio, como invitado junto con el grupo de Glaciología, siendo el jefe de proyecto y junto al ingeniero científico Sebastián Marinsek, del Instituto Antártico Argentino. Estamos estudiamos el balance de masa de los glaciares, sus cambios dinámicos y la relación con el cambio climático", explicó a este medio.
Sobre cómo se vivió la jornada récord, dijo: "El día se vio muy productivo, los distintos grupos de científicos pudieron salir al terreno a realizar su trabajo, con menos ropas de lo habitual".
Luego analizó la temperatura y su relación con el cambio climático: "El aumento de temperatura tiene como incidencia en los glaciares la perdida de masa. Justamente es el trabajo de medición que realizaremos en estos días en la Bahía del Diablo, Isla Vega, unos 60 kilómetros al noroeste de Marambio. Todo esto gracias a que recibimos el apoyo de las autoridades de Tierra del Fuego".
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Agricultura conciente: solo 1 de 50 establecimientos
Uno cada 50 establecimientos rurales del país hace producción agroecológica, orgánica o biodinámica
Fecha de Publicación: 08/02/2020
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Nacional
Uno de cada 50 establecimientos rurales del país ya hace producción agroecológica, orgánica o biodinámica, de acuerdo al último censo nacional agropecuario publicado por el Indec, y según Eduardo Cerdá, titular de la red que aglutina a estos productores en Argentina y Uruguay, “es el modelo que hay que mirar para los próximos años”.
“Hay evidencia de que el modelo actual no dio respuestas a lo que se suponía, que era aumentar los rendimientos, porque se incrementaron mucho más los costos, y pasamos de pocas plantas resistentes a 40 especies resistentes y a usar más de 500 millones de litros de agroquímicos por año”, explicó Cerdá, presidente de la Red Nacional de Municipios y Comunidades que fomentan la Agroecología (Renama).
“Nuestra matriz ambiental no puede metabolizar esos productos y hoy encontramos agrotóxicos en el suelo, en el aire, el agua, en las nubes y, además, van complicando la matriz de los suelos que son clave para la producción agropecuaria”, señaló.
De las 250.881 explotaciones rurales relevadas, 2.544 afirmaron practicar agricultura orgánica, 409 agricultura biodinámica y 2.324 agroecología (en total 5277).
Según el censo, la mayor cantidad de prácticas de agricultura orgánica se localiza en Jujuy, seguida por Misiones, en tanto la mayor cantidad de prácticas agroecológicas se encontraron en la provincia de Buenos Aires, seguida por la provincia de Salta.
“Es el modelo que hay que mirar para los próximos años, es un mito que necesitamos el sistema actual para alimentar al mundo, porque lamentablemente no lo estamos haciendo y, además, lo que producimos tienen residuos de sustancias peligrosas”, indicó Cerdá.
Y agregó que “se trata de una propuesta superadora con soluciones a los problemas de este modelo porque ya se perdió la mitad de la materia orgánica de los suelos”.
“Nosotros -dijo- producimos en niveles similares de rendimiento con menos costo, con menores cantidades o muchas veces sin nada de químicos”.
En ese sentido, remarcó que “hay intención del gobierno actual y de los municipios de fomentar la agroecología, de favorecer la investigación, la comunicación para que se pueda tener más información y generar experiencias para que más productores vean”.
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Fecha de Publicación: 08/02/2020
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Nacional
Uno de cada 50 establecimientos rurales del país ya hace producción agroecológica, orgánica o biodinámica, de acuerdo al último censo nacional agropecuario publicado por el Indec, y según Eduardo Cerdá, titular de la red que aglutina a estos productores en Argentina y Uruguay, “es el modelo que hay que mirar para los próximos años”.
“Hay evidencia de que el modelo actual no dio respuestas a lo que se suponía, que era aumentar los rendimientos, porque se incrementaron mucho más los costos, y pasamos de pocas plantas resistentes a 40 especies resistentes y a usar más de 500 millones de litros de agroquímicos por año”, explicó Cerdá, presidente de la Red Nacional de Municipios y Comunidades que fomentan la Agroecología (Renama).
“Nuestra matriz ambiental no puede metabolizar esos productos y hoy encontramos agrotóxicos en el suelo, en el aire, el agua, en las nubes y, además, van complicando la matriz de los suelos que son clave para la producción agropecuaria”, señaló.
De las 250.881 explotaciones rurales relevadas, 2.544 afirmaron practicar agricultura orgánica, 409 agricultura biodinámica y 2.324 agroecología (en total 5277).
Según el censo, la mayor cantidad de prácticas de agricultura orgánica se localiza en Jujuy, seguida por Misiones, en tanto la mayor cantidad de prácticas agroecológicas se encontraron en la provincia de Buenos Aires, seguida por la provincia de Salta.
“Es el modelo que hay que mirar para los próximos años, es un mito que necesitamos el sistema actual para alimentar al mundo, porque lamentablemente no lo estamos haciendo y, además, lo que producimos tienen residuos de sustancias peligrosas”, indicó Cerdá.
Y agregó que “se trata de una propuesta superadora con soluciones a los problemas de este modelo porque ya se perdió la mitad de la materia orgánica de los suelos”.
“Nosotros -dijo- producimos en niveles similares de rendimiento con menos costo, con menores cantidades o muchas veces sin nada de químicos”.
En ese sentido, remarcó que “hay intención del gobierno actual y de los municipios de fomentar la agroecología, de favorecer la investigación, la comunicación para que se pueda tener más información y generar experiencias para que más productores vean”.
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Gobierno pampeano propuso nueva ley de agroquímicos
La ley prohibirá fumigar a menos de 500 metros de los pueblos
Fecha de Publicación: 08/02/2020
Fuente: La Arena
Provincia/Región: La Pampa
El Gobierno provincial presentó ayer el proyecto de la Ley de Gestión Integral de Plaguicidas para, en caso de ser aprobado, ser aplicada en toda la provincia en reemplazo de la Ley Nº 1173 en vigencia. En su articulado, la iniciativa prohíbe la aplicación terrestre en áreas urbanas y a menos de 500 metros del ejido. Para la aplicación aérea, no se podrá fumigar a menos de tres mil metros del ejido urbano.
La normativa tiene como primer objetivo la protección de la salud humana, la sanidad, calidad animal y vegetal, el ambiente, sus recursos naturales y ecosistemas, y la producción agropecuaria entre los principales puntos.
El proyecto de ley ingresó por Mesa de Entradas para que este miércoles, en sesiones extraordinarias, comience su tratamiento legislativo. Desde el Ejecutivo, destacaron que desde la sanción de actual ley, creció de manera inusitada el uso de plaguicidas, lo que trajo aparejado prácticas deficientes, manejos, usos y aplicaciones inadecuadas y riesgosas de los productos. Por estos motivos, consideraron oportuno extremar los recaudos en su utilización, con el dictado de una normativa adecuada a las exigencias actuales.
A su vez, el Gobierno señaló que el marco jurídico vigente (artículo 41º de la Constitución Nacional, artículo 18º de la Constitución Provincial, Ley Nacional General de Ambiente Nº 25675 y la recientemente sancionada Ley Ambiental Provincial Nº 3195) «entiende al derecho al medio ambiente sano como un derecho humano básico y esencial, siendo necesario para su concreción el dictado de normativa tendiente, por un lado, a la preservación y protección del ambiente desde una mirada ecosistémica y, por otro, a la mitigación de efectos negativos, minimización de riesgos, restauración y recomposición del daño ambiental en su caso ocasionado por las actividades productivas».
Además, la Ley Nacional General de Ambiente Nº 25675 estableció los presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable.
En ese sentido, destacó que «como sociedad debemos tomar conciencia que de la posibilidad de gozar de un ambiente sano, limpio y equilibrado, depende la concreción de otros derechos humanos fundamentales, como lo son el derecho a la vida y el derecho a la salud».
Modificaciones.
La ley presentada se estructura en ocho capítulos: Disposiciones Generales, De los Plaguicidas de Uso Urbano y Rural, de la Autoridad de Aplicación, de la Comisión Interdisciplinaria, del Consejo Consultor, de los Envases y Residuos derivados de la Ley, de las Infracciones y Sanciones y de las Disposiciones Complementarias.
Entre las novedades, la norma define claramente los objetivos, el ámbito de aplicación, contiene un glosario de las definiciones y siglas, establece prohibiciones en el uso de plaguicidas de uso urbano y rural, dispone los actos que se encontrarán sujetos a autorización y define nociones tales como: la prescripción de compra agronómica, las recetas urbanas y rurales, el remito agronómico.
Con respecto a las distancias, el proyecto presentado establece la prohibición de la aplicación terrestre de productos plaguicidas en áreas urbanas y a menos de 500 metros desde el límite de la finalización de dicha área. En relación a la aplicación aérea, prohíbe la fumigación en la zona urbana y a una distancia de tres mil metros desde el limite de finalización de dicha área.
Autoridades de aplicación.
El proyecto contempla tres autoridades de aplicación, los Ministerios de la Producción y de Salud (a través de los organismos o dependencias pertinentes) y la Subsecretaría de Salud. Además, crea una Comisión Interdisciplinaria que se integrará por las tres autoridades de aplicación antes enunciadas y funcionará como órgano de consulta, asesoramiento y toma de decisiones vinculantes en aquellas cuestiones complejas en el marco de la Ley y un Consejo Consultor, ya más amplio en su composición, que tendrá como misión principal asesorar a la Comisión.
Con respecto a los incumplimientos, el proyecto dispone un régimen claro y contundente en materia de infracciones y sanciones, las cuales se graduarán de acuerdo al daño causado, la naturaleza de la infracción cometida, las circunstancias, la gravedad de la falta y los antecedentes del infractor y el peligro causado.
Asimismo, prevé que todos aquellos que, de un modo directo o indirecto, hubieran participado en la comisión del hecho son responsables ante la Autoridad de Aplicación, siendo pasibles de sanciones solidarias o individuales, de acuerdo a la infracción constatada. Las posibles sanciones no serán excluyentes y podrán aplicarse en forma concurrente y en el caso de que el infractor fuere una persona jurídica, sus socios y miembros serán solidariamente responsables junto con sus directores, administradores y/o gerentes.
«Garantizar un ambiente sano»
Para la Provincia, los principios ambientales de prevención, precaución, sustentabilidad, equidad generacional y progresividad se convierten en ejes rectores de orden público ambiental que contribuyen y fortalecen la política de ambiental provincial. «Es fundamental armonizar el desarrollo de la actividad agropecuaria con el ambiente, a través de la adopción de las más racionales y eficientes técnicas y uso controlado y adecuado de los plaguicidas para así garantizar un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las generaciones futuras», sostuvieron.
En ese sentido, desde el Ejecutivo remarcaron que «resulta imprescindible actualizar la normativa en la materia, adecuándola a las exigencias constitucionales antes referidas y a nuestra realidad social, económica, ambiental y política, procurando una gestión y uso adecuado de los productos plaguicidas en las actividades que -directa o indirectamente- requieren de tales productos».
En los últimos años, desde el gobierno remarcaron que se viene asumiendo fervientemente un rol activo y participativo, canalizando y atendiendo los reclamos de la sociedad civil respecto al uso de plaguicidas, regulando su uso como así también la actividad de todos los actores intervinientes: productores agropecuarios, empresarios, profesionales, aplicadores y usuarios en general, atento que ello implica un potencial riesgo y la posibilidad de configurar daños para la salud humana, al ambiente y la calidad agroalimentaria.
«Las sustancias químicas son parte de nuestra vida diaria, prácticamente todos los productos manufacturados implican el uso de estas sustancias. Muchas de ellas, cuando se utilizan adecuadamente, pueden contribuir significativamente al mejoramiento de la calidad de vida, salud y bienestar. No obstante ello, el mal uso o un uso sin el control necesario inciden negativamente en la salud de las personas y en el ambiente del que todos formamos parte», sostuvieron desde el Ejecutivo.
«El uso de plaguicidas es necesario muchas veces en los cultivos para evitar pérdidas inaceptables de la producción agrícola. Sin embargo, «puede llegar a plantear riesgos para la salud de los agricultores y las personas que trabajan con esos productos por una manipulación incorrecta o inadecuada que se haga de ellos», advirtieron.
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Fecha de Publicación: 08/02/2020
Fuente: La Arena
Provincia/Región: La Pampa
El Gobierno provincial presentó ayer el proyecto de la Ley de Gestión Integral de Plaguicidas para, en caso de ser aprobado, ser aplicada en toda la provincia en reemplazo de la Ley Nº 1173 en vigencia. En su articulado, la iniciativa prohíbe la aplicación terrestre en áreas urbanas y a menos de 500 metros del ejido. Para la aplicación aérea, no se podrá fumigar a menos de tres mil metros del ejido urbano.
La normativa tiene como primer objetivo la protección de la salud humana, la sanidad, calidad animal y vegetal, el ambiente, sus recursos naturales y ecosistemas, y la producción agropecuaria entre los principales puntos.
El proyecto de ley ingresó por Mesa de Entradas para que este miércoles, en sesiones extraordinarias, comience su tratamiento legislativo. Desde el Ejecutivo, destacaron que desde la sanción de actual ley, creció de manera inusitada el uso de plaguicidas, lo que trajo aparejado prácticas deficientes, manejos, usos y aplicaciones inadecuadas y riesgosas de los productos. Por estos motivos, consideraron oportuno extremar los recaudos en su utilización, con el dictado de una normativa adecuada a las exigencias actuales.
A su vez, el Gobierno señaló que el marco jurídico vigente (artículo 41º de la Constitución Nacional, artículo 18º de la Constitución Provincial, Ley Nacional General de Ambiente Nº 25675 y la recientemente sancionada Ley Ambiental Provincial Nº 3195) «entiende al derecho al medio ambiente sano como un derecho humano básico y esencial, siendo necesario para su concreción el dictado de normativa tendiente, por un lado, a la preservación y protección del ambiente desde una mirada ecosistémica y, por otro, a la mitigación de efectos negativos, minimización de riesgos, restauración y recomposición del daño ambiental en su caso ocasionado por las actividades productivas».
Además, la Ley Nacional General de Ambiente Nº 25675 estableció los presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable.
En ese sentido, destacó que «como sociedad debemos tomar conciencia que de la posibilidad de gozar de un ambiente sano, limpio y equilibrado, depende la concreción de otros derechos humanos fundamentales, como lo son el derecho a la vida y el derecho a la salud».
Modificaciones.
La ley presentada se estructura en ocho capítulos: Disposiciones Generales, De los Plaguicidas de Uso Urbano y Rural, de la Autoridad de Aplicación, de la Comisión Interdisciplinaria, del Consejo Consultor, de los Envases y Residuos derivados de la Ley, de las Infracciones y Sanciones y de las Disposiciones Complementarias.
Entre las novedades, la norma define claramente los objetivos, el ámbito de aplicación, contiene un glosario de las definiciones y siglas, establece prohibiciones en el uso de plaguicidas de uso urbano y rural, dispone los actos que se encontrarán sujetos a autorización y define nociones tales como: la prescripción de compra agronómica, las recetas urbanas y rurales, el remito agronómico.
Con respecto a las distancias, el proyecto presentado establece la prohibición de la aplicación terrestre de productos plaguicidas en áreas urbanas y a menos de 500 metros desde el límite de la finalización de dicha área. En relación a la aplicación aérea, prohíbe la fumigación en la zona urbana y a una distancia de tres mil metros desde el limite de finalización de dicha área.
Autoridades de aplicación.
El proyecto contempla tres autoridades de aplicación, los Ministerios de la Producción y de Salud (a través de los organismos o dependencias pertinentes) y la Subsecretaría de Salud. Además, crea una Comisión Interdisciplinaria que se integrará por las tres autoridades de aplicación antes enunciadas y funcionará como órgano de consulta, asesoramiento y toma de decisiones vinculantes en aquellas cuestiones complejas en el marco de la Ley y un Consejo Consultor, ya más amplio en su composición, que tendrá como misión principal asesorar a la Comisión.
Con respecto a los incumplimientos, el proyecto dispone un régimen claro y contundente en materia de infracciones y sanciones, las cuales se graduarán de acuerdo al daño causado, la naturaleza de la infracción cometida, las circunstancias, la gravedad de la falta y los antecedentes del infractor y el peligro causado.
Asimismo, prevé que todos aquellos que, de un modo directo o indirecto, hubieran participado en la comisión del hecho son responsables ante la Autoridad de Aplicación, siendo pasibles de sanciones solidarias o individuales, de acuerdo a la infracción constatada. Las posibles sanciones no serán excluyentes y podrán aplicarse en forma concurrente y en el caso de que el infractor fuere una persona jurídica, sus socios y miembros serán solidariamente responsables junto con sus directores, administradores y/o gerentes.
«Garantizar un ambiente sano»
Para la Provincia, los principios ambientales de prevención, precaución, sustentabilidad, equidad generacional y progresividad se convierten en ejes rectores de orden público ambiental que contribuyen y fortalecen la política de ambiental provincial. «Es fundamental armonizar el desarrollo de la actividad agropecuaria con el ambiente, a través de la adopción de las más racionales y eficientes técnicas y uso controlado y adecuado de los plaguicidas para así garantizar un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las generaciones futuras», sostuvieron.
En ese sentido, desde el Ejecutivo remarcaron que «resulta imprescindible actualizar la normativa en la materia, adecuándola a las exigencias constitucionales antes referidas y a nuestra realidad social, económica, ambiental y política, procurando una gestión y uso adecuado de los productos plaguicidas en las actividades que -directa o indirectamente- requieren de tales productos».
En los últimos años, desde el gobierno remarcaron que se viene asumiendo fervientemente un rol activo y participativo, canalizando y atendiendo los reclamos de la sociedad civil respecto al uso de plaguicidas, regulando su uso como así también la actividad de todos los actores intervinientes: productores agropecuarios, empresarios, profesionales, aplicadores y usuarios en general, atento que ello implica un potencial riesgo y la posibilidad de configurar daños para la salud humana, al ambiente y la calidad agroalimentaria.
«Las sustancias químicas son parte de nuestra vida diaria, prácticamente todos los productos manufacturados implican el uso de estas sustancias. Muchas de ellas, cuando se utilizan adecuadamente, pueden contribuir significativamente al mejoramiento de la calidad de vida, salud y bienestar. No obstante ello, el mal uso o un uso sin el control necesario inciden negativamente en la salud de las personas y en el ambiente del que todos formamos parte», sostuvieron desde el Ejecutivo.
«El uso de plaguicidas es necesario muchas veces en los cultivos para evitar pérdidas inaceptables de la producción agrícola. Sin embargo, «puede llegar a plantear riesgos para la salud de los agricultores y las personas que trabajan con esos productos por una manipulación incorrecta o inadecuada que se haga de ellos», advirtieron.
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Alertan de los peligros que acechan al águila coronada
El águila coronada, el “desconocido” tesoro argentino a punto de la extinción
Fecha de Publicación: 07/02/2020
Fuente: Agencia EFE
Provincia/Región: Nacional
El águila coronada, que solo puede verse en el norte de Argentina y los territorios que lindan con su frontera, se encuentra amenazada por la extinción pese a los esfuerzos de los activistas por generar alianzas sociales que protejan al animal.
La ampliación de los terrenos dedicados a ganadería y agricultura, la cacería furtiva y los postes eléctricos son sólo algunos de los factores que amenazan a la también conocida como águila del Chaco, un ave del que tan solo se han avistado mil ejemplares en la región y que ahora lucha por su supervivencia frente al enemigo que terminó con tantas otras especies: el ser humano.
Los riesgos para un “tesoro desconocido”
En una entrevista con Efe, el investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas Diego Gallego aseguró que uno de los problemas a los que se enfrentan para salvar al águila coronada es el desconocimiento del animal en comparación con otras especies autóctonas como el “yaguareté o el cóndor”.
“Argentina no sabe que el águila coronada está más en peligro de extinción que el cóndor”, explicó el científico, que trabaja en la conservación de este “tesoro argentino” junto al Centro para el Estudio y Conservación de las Aves Rapaces en Argentina (CECARA).
Este animal, de plumas grises y garras y pico amarillos, habita en las provincias del norte de Argentina principalmente y, en menor medida, en zonas limítrofes de Bolivia, Paraguay y Brasil.
Entre los riesgos que amenazan su supervivencia, Gallego destacó los postes eléctricos de alta tensión, ya que las “aves rapaces tienen la costumbre de colgarse siempre de los lugares más altos del hábitat en donde viven”, lo que hace que muchas se electrocuten.
Además, el avance de las explotaciones agropecuarias ha reducido el ecosistema natural de estos animales que, de hecho, resaltó el científico, se avistan con más frecuencia en propiedades privadas que en parques naturales, por lo que la cooperación con los productores de la zona es aun más importante.
Falsas creencias y odio, un cóctel mortal
Gallego afirmó que el trabajo con los productores es importante, ya que en muchas ocasiones se dan situaciones de “odio” hacia el animal, al pensar que es un depredador que cazará su ganado.
Esto se trata de un mito según los estudios realizados por CECARA, que puso cámaras en los nidos de las aves y comprobó que de las 600 presas identificadas ninguna era ganado ovino o caprino.
Para el científico, esto se podría deducir por una mera cuestión de tamaño: el águila del Chaco puede llegar a un peso máximo de tres kilos y un tamaño entre 75 y 84 centímetros de largo, lo que dificulta que pueda cazar una oveja o una cabra.
Aunque es una práctica que está en retroceso desde que CECARA comenzó su trabajo hace veinte años, sigue habiendo “muchos productores que disparan a las águilas cuando las ven (…) dado que las consideran una amenaza”, señaló Gallego.
Beneficio mutuo para salvar el águila
Pese a los temores de los productores, el águila del Chaco es beneficiosa para el medio en el que vive, ya que se alimenta de animales como las víboras venenosas, un reptil “peligroso” para cualquiera que se lo encuentre en el campo, sostuvo el científico.
A estos esfuerzos se unió el Grupo Insud, que organizó unas jornadas en uno de los establecimientos de su empresa Garruchos Agropecuaria en la provincia de San Luis donde no solo se concienció a los productores, sino que también se les dio nociones para instalar rampas en los tanques de agua de sus campos.
Esta medida llegó a 400 pobladores en la provincia de La Pampa, en el centro del país.
Con estas rampas se evita que las águilas se queden atrapadas si intentan beber en los tanques de agua que hay en las explotaciones ganaderas y, a la vez, esto permite que no les ocurra esto a otros animales, lo que tiene un beneficio para el ganadero o agricultor.
“Los estamos ayudando a que el tanque no se llene de animales muertos y ellos tengan que tomarse el tiempo de levantar los cadáveres o asumir el riesgo de que se les pudra el agua”, resumió Gallego.
Además, varias provincias estudian declarar al águila del Chaco “monumento provincial” y se prevé su inclusión en el programa “extinción cero”, dirigido por el Gobierno nacional para preservar especies autóctonas argentinas en riesgo como el yaguareté.
No obstante, estas acciones no son suficientes y el investigador reclamó una mayor concienciación y que haya una sanción penal para evitar la cacería de este animal y que así lo conozcan las nuevas generaciones.
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Fecha de Publicación: 07/02/2020
Fuente: Agencia EFE
Provincia/Región: Nacional
El águila coronada, que solo puede verse en el norte de Argentina y los territorios que lindan con su frontera, se encuentra amenazada por la extinción pese a los esfuerzos de los activistas por generar alianzas sociales que protejan al animal.
La ampliación de los terrenos dedicados a ganadería y agricultura, la cacería furtiva y los postes eléctricos son sólo algunos de los factores que amenazan a la también conocida como águila del Chaco, un ave del que tan solo se han avistado mil ejemplares en la región y que ahora lucha por su supervivencia frente al enemigo que terminó con tantas otras especies: el ser humano.
Los riesgos para un “tesoro desconocido”
En una entrevista con Efe, el investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas Diego Gallego aseguró que uno de los problemas a los que se enfrentan para salvar al águila coronada es el desconocimiento del animal en comparación con otras especies autóctonas como el “yaguareté o el cóndor”.
“Argentina no sabe que el águila coronada está más en peligro de extinción que el cóndor”, explicó el científico, que trabaja en la conservación de este “tesoro argentino” junto al Centro para el Estudio y Conservación de las Aves Rapaces en Argentina (CECARA).
Este animal, de plumas grises y garras y pico amarillos, habita en las provincias del norte de Argentina principalmente y, en menor medida, en zonas limítrofes de Bolivia, Paraguay y Brasil.
Entre los riesgos que amenazan su supervivencia, Gallego destacó los postes eléctricos de alta tensión, ya que las “aves rapaces tienen la costumbre de colgarse siempre de los lugares más altos del hábitat en donde viven”, lo que hace que muchas se electrocuten.
Además, el avance de las explotaciones agropecuarias ha reducido el ecosistema natural de estos animales que, de hecho, resaltó el científico, se avistan con más frecuencia en propiedades privadas que en parques naturales, por lo que la cooperación con los productores de la zona es aun más importante.
Falsas creencias y odio, un cóctel mortal
Gallego afirmó que el trabajo con los productores es importante, ya que en muchas ocasiones se dan situaciones de “odio” hacia el animal, al pensar que es un depredador que cazará su ganado.
Esto se trata de un mito según los estudios realizados por CECARA, que puso cámaras en los nidos de las aves y comprobó que de las 600 presas identificadas ninguna era ganado ovino o caprino.
Para el científico, esto se podría deducir por una mera cuestión de tamaño: el águila del Chaco puede llegar a un peso máximo de tres kilos y un tamaño entre 75 y 84 centímetros de largo, lo que dificulta que pueda cazar una oveja o una cabra.
Aunque es una práctica que está en retroceso desde que CECARA comenzó su trabajo hace veinte años, sigue habiendo “muchos productores que disparan a las águilas cuando las ven (…) dado que las consideran una amenaza”, señaló Gallego.
Beneficio mutuo para salvar el águila
Pese a los temores de los productores, el águila del Chaco es beneficiosa para el medio en el que vive, ya que se alimenta de animales como las víboras venenosas, un reptil “peligroso” para cualquiera que se lo encuentre en el campo, sostuvo el científico.
A estos esfuerzos se unió el Grupo Insud, que organizó unas jornadas en uno de los establecimientos de su empresa Garruchos Agropecuaria en la provincia de San Luis donde no solo se concienció a los productores, sino que también se les dio nociones para instalar rampas en los tanques de agua de sus campos.
Esta medida llegó a 400 pobladores en la provincia de La Pampa, en el centro del país.
Con estas rampas se evita que las águilas se queden atrapadas si intentan beber en los tanques de agua que hay en las explotaciones ganaderas y, a la vez, esto permite que no les ocurra esto a otros animales, lo que tiene un beneficio para el ganadero o agricultor.
“Los estamos ayudando a que el tanque no se llene de animales muertos y ellos tengan que tomarse el tiempo de levantar los cadáveres o asumir el riesgo de que se les pudra el agua”, resumió Gallego.
Además, varias provincias estudian declarar al águila del Chaco “monumento provincial” y se prevé su inclusión en el programa “extinción cero”, dirigido por el Gobierno nacional para preservar especies autóctonas argentinas en riesgo como el yaguareté.
No obstante, estas acciones no son suficientes y el investigador reclamó una mayor concienciación y que haya una sanción penal para evitar la cacería de este animal y que así lo conozcan las nuevas generaciones.
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Importante procedimiento en Mendoza por tráfico de fauna
Rescataron animales exóticos vivos y embalsamados para la venta ilegal en Guaymallén
Fecha de Publicación: 07/02/2020
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
El Departamento de Fauna secuestró diferentes ejemplares que estaban ya preparados para ser comercializados de manera ilegal.
Animales que estaban preparados para ser comercializados de manera ilegal y muestras embalsamadas fueron rescatadas hoy en la ciudad de Guaymallén gracias a un trabajo realizado por el Departamento de Fauna a pedido de la Unidad de Investigaciones del Ministerio de Seguridad de esa provincia.
En ese sentido, la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial informó que a través del Departamento de Fauna de la Dirección de Recursos Naturales Renovables participó en un operativo conjunto con la cartera de Seguridad, en el que se logró rescatar aves silvestres y decomisar productos y subproductos de la fauna silvestre protegida.
Mediante una pesquisa llevada a cabo por personal de Investigaciones, en el lugar donde buscaban a un hombre que tiene pedido de captura -y con el que no pudieron aún dar ni trascendió su identidad- se determinó la existencia de irregularidades en materia de fauna, y luego de allanar un domicilio particular en Dorrego, Guaymallén, se determinó la existencia de aves silvestres en cautiverio sin la documentación que acreditara su origen legal.
Dentro del decomiso realizado, se secuestraron un ave pecho amarillo chico (Pseudoleistes virescens) taxidermisada; un cráneo de puma (Puma concolor); un cráneo de zorro (Lycalopex griseus); medio cuerpo de ñandú (Rhea americana) taxidermisado; un ejemplar de águila mora (Geranoaetus melanoleucus) taxidermisado y once plumeros de pluma de choique (Rhea pennata).
También un gato del pajonal (Leopardus colocolo) taxidermisado; un cuero de puma (Puma concolor), una taxidermia de carpintero real (Colaptes murinus); dos cueros de lampalagua (Boa constrictor occidentalis); un cuero de curiyú (Eunectes notaeus); dos maxilares interiores de guanaco (Lama guanicoe); dos zorzales colorados (turdus rufiventris); tres siete cuchillos (saltator aurantiirostris) y un cimarrón (Sicalis flaveola).
Además, los investigadores encontraron tres tramperos utilizados para captura de aves; 17 vizcachas (Lagostomus maximus) evisceradas congeladas; dos liebres maras (Dolichotis patagonum) evisceradas congeladas; tres liebres europeas (Lepus europaeus) evisceradas congeladas; un peludo (Chaetophractus villosus) eviscerado; un piche (Zaedyus pichiy) eviscerado y una caparazón de piche (Zaedyus pichiy), entre otros.
También se constató la existencia de armas de fuego y municiones.
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Fecha de Publicación: 07/02/2020
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
El Departamento de Fauna secuestró diferentes ejemplares que estaban ya preparados para ser comercializados de manera ilegal.
Animales que estaban preparados para ser comercializados de manera ilegal y muestras embalsamadas fueron rescatadas hoy en la ciudad de Guaymallén gracias a un trabajo realizado por el Departamento de Fauna a pedido de la Unidad de Investigaciones del Ministerio de Seguridad de esa provincia.
En ese sentido, la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial informó que a través del Departamento de Fauna de la Dirección de Recursos Naturales Renovables participó en un operativo conjunto con la cartera de Seguridad, en el que se logró rescatar aves silvestres y decomisar productos y subproductos de la fauna silvestre protegida.
Mediante una pesquisa llevada a cabo por personal de Investigaciones, en el lugar donde buscaban a un hombre que tiene pedido de captura -y con el que no pudieron aún dar ni trascendió su identidad- se determinó la existencia de irregularidades en materia de fauna, y luego de allanar un domicilio particular en Dorrego, Guaymallén, se determinó la existencia de aves silvestres en cautiverio sin la documentación que acreditara su origen legal.
Dentro del decomiso realizado, se secuestraron un ave pecho amarillo chico (Pseudoleistes virescens) taxidermisada; un cráneo de puma (Puma concolor); un cráneo de zorro (Lycalopex griseus); medio cuerpo de ñandú (Rhea americana) taxidermisado; un ejemplar de águila mora (Geranoaetus melanoleucus) taxidermisado y once plumeros de pluma de choique (Rhea pennata).
También un gato del pajonal (Leopardus colocolo) taxidermisado; un cuero de puma (Puma concolor), una taxidermia de carpintero real (Colaptes murinus); dos cueros de lampalagua (Boa constrictor occidentalis); un cuero de curiyú (Eunectes notaeus); dos maxilares interiores de guanaco (Lama guanicoe); dos zorzales colorados (turdus rufiventris); tres siete cuchillos (saltator aurantiirostris) y un cimarrón (Sicalis flaveola).
Además, los investigadores encontraron tres tramperos utilizados para captura de aves; 17 vizcachas (Lagostomus maximus) evisceradas congeladas; dos liebres maras (Dolichotis patagonum) evisceradas congeladas; tres liebres europeas (Lepus europaeus) evisceradas congeladas; un peludo (Chaetophractus villosus) eviscerado; un piche (Zaedyus pichiy) eviscerado y una caparazón de piche (Zaedyus pichiy), entre otros.
También se constató la existencia de armas de fuego y municiones.
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Críticas al macrismo por planta de tratamiento del Riachuelo
El Gobierno dice que Macri no terminó ni un quinto de la planta de tratamiento del Riachuelo
Fecha de Publicación: 07/02/2020
Fuente: Política On Line
Provincia/Región: Riachuelo
Es una parte clave del Sistema Riachuelo, la obra más importante en ejecución. El rol de la Corte y los intendentes en el saneamiento.
El Gobierno nacional detectó que la gestión de Mauricio Macri dejó en un quinto de su ejecución a la planta de pre-tratamiento de Dock Sud, una obra clave para el saneamiento del Riachuelo.
Los desagües de la Ciudad y parte del Conurbano se transportan hasta una planta de tratamiento en Berazategui a través de cloacas saturadas, que en algunos casos tienen más de 100 años.
Por eso en 2015 se lanzó la obra de la planta de Dock Sud, que servirá para bombear los afluentes cloacales que ingresarán desde una gran cañería, además de realizar trabajos de tratamiento como desarenización y desengrasamiento y volver a bombearla por otro túnel que liberará la corriente en el Río de la Plata.
En el nuevo Gobierno se sorprendieron porque sólo se terminó el 19% de esta planta que forma parte del Sistema Riachuelo, la obra más importante en ejecución. Esta obra fue la más ambiciosa del gobierno de Macri y es también conocida como Colector Margen Izquierda. Está terminada en un 70 por ciento sobre un total de 40 kilómetros y cuenta con financiamiento del Banco Mundial.
En el Ejecutivo actual se quejaron ante LPO por la demora en esta obra que empaña el avance del Sistema Riachuelo.
La finalización de la obra es clave para el postergado saneamiento del Riachuelo, ordenado por el fallo Mendoza que la Corte Suprema emitió en 2008. Desde entonces el Máximo Tribunal, con Ricardo Lorenzetti a la cabeza, hizo audiencias periódicas con Acumar, la autoridad de aplicación del saneamiento, para constatar la evolución de los trabajos para terminar con la contaminación en el Riachuelo. Esa periodicidad fue mermando una vez que Lorenzetti dejó la presidencia.
El ex presidente de la Corte estaba ligado fuertemente a este tema por medio del negocio de los seguros ambientales. Curiosamente también lo estuvieron funcionarios cercanos al ahora presidente de la Nación: en 2008, la entonces secretaria de Ambiente, la albertista procesada por malversación de fondos Romina Picolotti, lanzó el Seguro Ambiental Obligatorio para todas las empresas que realicen actividades riesgosas para el ambiente.
El Grupo Mauro, el jugador más importante de las aseguradoras ambientales y la única empresa que emitía, hasta el inicio del mandato de Macri, las pólizas de seguro ambiental bajo apercibimiento de clausura de Acumar, tuvo la inestimable ayuda de Lorenzetti.
En 2014 hizo votar a la Corte en favor de los Mauro: En diciembre de ese año la Corte Suprema revocó una medida cautelar dictada por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal que había suspendido la vigencia de las normas reglamentarias del seguro ambiental. El proceso judicial se había iniciado luego de que Cristina intentara cortar el negociado con un decreto en 2012.
Ahora algunos jueces de la Corte analizan modificar la metodología con el que hacen el seguimiento del cumplimiento del fallo.
La designación de Martín Sabbatella al frente de Acumar es todo un mensaje de Cristina Kirchner a los intendentes del Conurbano.
Pese a que desde el fallo Mendoza de 2008, por el que la Corte Suprema determinó que la Nación, la provincia y la Ciudad son los responsables de sanear el Riachuelo y orgánicamente integran Acumar en partes iguales, los intendentes son una parte clave, porque las empresas que operan en la Cuenca se radican en los 14 municipios de la Cuenca: Lanús, Avellaneda, Lomas de Zamora, Esteban Echeverría, La Matanza, Ezeiza, Cañuelas, Almirante Brown, Morón, Merlo, Marcos Paz, Presidente Perón, San Vicente y General Las Heras. Los intendentes de todos esos distritos ya se reunieron con las nuevas autoridades de Acumar
Pese al fallo de la Corte, las empresas consideradas "agentes contaminantes" -serían más de mil- se las ingeniaron durante la última década para seguir operando. Ahora, Sabbatella anunció en Radio Ciudad que las someterá a un "plan de adecuación" para que las industrias no contaminen.
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Fecha de Publicación: 07/02/2020
Fuente: Política On Line
Provincia/Región: Riachuelo
Es una parte clave del Sistema Riachuelo, la obra más importante en ejecución. El rol de la Corte y los intendentes en el saneamiento.
El Gobierno nacional detectó que la gestión de Mauricio Macri dejó en un quinto de su ejecución a la planta de pre-tratamiento de Dock Sud, una obra clave para el saneamiento del Riachuelo.
Los desagües de la Ciudad y parte del Conurbano se transportan hasta una planta de tratamiento en Berazategui a través de cloacas saturadas, que en algunos casos tienen más de 100 años.
Por eso en 2015 se lanzó la obra de la planta de Dock Sud, que servirá para bombear los afluentes cloacales que ingresarán desde una gran cañería, además de realizar trabajos de tratamiento como desarenización y desengrasamiento y volver a bombearla por otro túnel que liberará la corriente en el Río de la Plata.
En el nuevo Gobierno se sorprendieron porque sólo se terminó el 19% de esta planta que forma parte del Sistema Riachuelo, la obra más importante en ejecución. Esta obra fue la más ambiciosa del gobierno de Macri y es también conocida como Colector Margen Izquierda. Está terminada en un 70 por ciento sobre un total de 40 kilómetros y cuenta con financiamiento del Banco Mundial.
En el Ejecutivo actual se quejaron ante LPO por la demora en esta obra que empaña el avance del Sistema Riachuelo.
La finalización de la obra es clave para el postergado saneamiento del Riachuelo, ordenado por el fallo Mendoza que la Corte Suprema emitió en 2008. Desde entonces el Máximo Tribunal, con Ricardo Lorenzetti a la cabeza, hizo audiencias periódicas con Acumar, la autoridad de aplicación del saneamiento, para constatar la evolución de los trabajos para terminar con la contaminación en el Riachuelo. Esa periodicidad fue mermando una vez que Lorenzetti dejó la presidencia.
El ex presidente de la Corte estaba ligado fuertemente a este tema por medio del negocio de los seguros ambientales. Curiosamente también lo estuvieron funcionarios cercanos al ahora presidente de la Nación: en 2008, la entonces secretaria de Ambiente, la albertista procesada por malversación de fondos Romina Picolotti, lanzó el Seguro Ambiental Obligatorio para todas las empresas que realicen actividades riesgosas para el ambiente.
El Grupo Mauro, el jugador más importante de las aseguradoras ambientales y la única empresa que emitía, hasta el inicio del mandato de Macri, las pólizas de seguro ambiental bajo apercibimiento de clausura de Acumar, tuvo la inestimable ayuda de Lorenzetti.
En 2014 hizo votar a la Corte en favor de los Mauro: En diciembre de ese año la Corte Suprema revocó una medida cautelar dictada por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal que había suspendido la vigencia de las normas reglamentarias del seguro ambiental. El proceso judicial se había iniciado luego de que Cristina intentara cortar el negociado con un decreto en 2012.
Ahora algunos jueces de la Corte analizan modificar la metodología con el que hacen el seguimiento del cumplimiento del fallo.
La designación de Martín Sabbatella al frente de Acumar es todo un mensaje de Cristina Kirchner a los intendentes del Conurbano.
Pese a que desde el fallo Mendoza de 2008, por el que la Corte Suprema determinó que la Nación, la provincia y la Ciudad son los responsables de sanear el Riachuelo y orgánicamente integran Acumar en partes iguales, los intendentes son una parte clave, porque las empresas que operan en la Cuenca se radican en los 14 municipios de la Cuenca: Lanús, Avellaneda, Lomas de Zamora, Esteban Echeverría, La Matanza, Ezeiza, Cañuelas, Almirante Brown, Morón, Merlo, Marcos Paz, Presidente Perón, San Vicente y General Las Heras. Los intendentes de todos esos distritos ya se reunieron con las nuevas autoridades de Acumar
Pese al fallo de la Corte, las empresas consideradas "agentes contaminantes" -serían más de mil- se las ingeniaron durante la última década para seguir operando. Ahora, Sabbatella anunció en Radio Ciudad que las someterá a un "plan de adecuación" para que las industrias no contaminen.
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Neuquén tendrá su primer parque eólico para marzo
El primer parque eólico de Neuquén, casi listo
Fecha de Publicación: 06/02/2020
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Neuquén
El primer proyecto de la provincia comenzará a generar a finales de marzo. La empresa encargada de la obra planea poner en operación solo cinco molinos. En junio estarán todos los aerogeneradores en funcionamiento. Hace unos días terminó el montaje de la primera torre.
A pocos metros del kilómetro 1404 de la Ruta 237 se emplazan las primeras torres del primer parque eólico que tendrá la provincia de Neuquén: Vientos Neuquinos I.
La obra será un impulso para las economías de Picún Leufú (a 49 km) y Piedra del Águila (a 38 km).
Desde la ruta, por sobre una ladera, se asoma el único molino que hoy está totalmente montado y que formará parte de los 29 que están proyectados.
Un camino de ripio, de unos 9 kilómetros, separa la ruta de la base logística desde la que se coordinan todas las tareas vinculadas a la obra. Allí, el viento empuja fuerte, pero principalmente de manera sostenida, una de las condiciones esenciales para instalar un parque eólico.
La norteamericana AES es la empresa dueña del proyecto y la que en total invertirá 140 millones de dólares para levantar el gigante eólico que tendrá la capacidad de generar 100 MW.
“Esperamos empezar a generar en marzo, será por etapas, entran por circuitos y el parque en su totalidad va a estar funcionando junio”, expresó el gerente de proyecto de AES, Alfredo Spongia, en una recorrida de la que participó Río Negro.
El parque tendrá el primero de seis circuitos funcionando a finales de marzo. En detalle, tendrá cinco circuitos de cinco molinos cada uno y el último será de cuatro. El objetivo es sumar de a un circuito a la vez hasta tener los 29 molinos generando a mitad de año.
Actualmente, hay 11 torres en la etapa de premontaje, tres con el aerogenerador montado a la espera de las aspas y solo uno listo para que se haga el cableado interno hacia el transformador.
Al igual que el molino N°22, que es el único completamente montado, el resto de las torres tendrá seis cilindros de hormigón apilados uno sobre otro, de mayor a menor diámetro.
Además, tendrán un aerogenerador con una capacidad de generar 3,46 MW y tres aspas de 67 metros de largo. En la base de cada molino, se colocará un transformador que estará conectado al circuito interno del parque que culmina en la recientemente terminada subestación transformadora Bajada Colorada y de ahí se inyecta al sistema nacional.
Para poder cumplir con los objetivos, desde la firma Nordex Acciona, que contrató AES para la obra, decidieron comenzar a trabajar de noche para cumplir con los objetivos.
Estaba proyectado que el parque comience a generar a finales de febrero de este año, pero luego de varios atrasos, principalmente por adversidades climáticas, la encargada del proyecto prorrogó los tiempos un mes más.
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Fecha de Publicación: 06/02/2020
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Neuquén
El primer proyecto de la provincia comenzará a generar a finales de marzo. La empresa encargada de la obra planea poner en operación solo cinco molinos. En junio estarán todos los aerogeneradores en funcionamiento. Hace unos días terminó el montaje de la primera torre.
A pocos metros del kilómetro 1404 de la Ruta 237 se emplazan las primeras torres del primer parque eólico que tendrá la provincia de Neuquén: Vientos Neuquinos I.
La obra será un impulso para las economías de Picún Leufú (a 49 km) y Piedra del Águila (a 38 km).
Desde la ruta, por sobre una ladera, se asoma el único molino que hoy está totalmente montado y que formará parte de los 29 que están proyectados.
Un camino de ripio, de unos 9 kilómetros, separa la ruta de la base logística desde la que se coordinan todas las tareas vinculadas a la obra. Allí, el viento empuja fuerte, pero principalmente de manera sostenida, una de las condiciones esenciales para instalar un parque eólico.
La norteamericana AES es la empresa dueña del proyecto y la que en total invertirá 140 millones de dólares para levantar el gigante eólico que tendrá la capacidad de generar 100 MW.
“Esperamos empezar a generar en marzo, será por etapas, entran por circuitos y el parque en su totalidad va a estar funcionando junio”, expresó el gerente de proyecto de AES, Alfredo Spongia, en una recorrida de la que participó Río Negro.
El parque tendrá el primero de seis circuitos funcionando a finales de marzo. En detalle, tendrá cinco circuitos de cinco molinos cada uno y el último será de cuatro. El objetivo es sumar de a un circuito a la vez hasta tener los 29 molinos generando a mitad de año.
Actualmente, hay 11 torres en la etapa de premontaje, tres con el aerogenerador montado a la espera de las aspas y solo uno listo para que se haga el cableado interno hacia el transformador.
Al igual que el molino N°22, que es el único completamente montado, el resto de las torres tendrá seis cilindros de hormigón apilados uno sobre otro, de mayor a menor diámetro.
Además, tendrán un aerogenerador con una capacidad de generar 3,46 MW y tres aspas de 67 metros de largo. En la base de cada molino, se colocará un transformador que estará conectado al circuito interno del parque que culmina en la recientemente terminada subestación transformadora Bajada Colorada y de ahí se inyecta al sistema nacional.
Para poder cumplir con los objetivos, desde la firma Nordex Acciona, que contrató AES para la obra, decidieron comenzar a trabajar de noche para cumplir con los objetivos.
Estaba proyectado que el parque comience a generar a finales de febrero de este año, pero luego de varios atrasos, principalmente por adversidades climáticas, la encargada del proyecto prorrogó los tiempos un mes más.
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Córdoba: derrame de petroquímica afecta a importante río
Mortandad de peces en el río Tercero: buscan determinar las causas
Fecha de Publicación: 06/02/2020
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Aparecieron cientos, de diferentes especies, a la altura de la ciudad de Río Tercero. El viernes una empresa química de esa ciudad había registrado un incidente con derrame. Se analiza si pudo ser el causante. La Policía Ambiental ordenó la clausura preventiva de esa instalación en la planta industrial.
El hallazgo de una gran cantidad de peces muertos a la vera del río Ctalamochita (o Tercero), a la altura de la ciudad de Río Tercero, encendió preocupación en esta zona.
Entre el sábado y el domingo pasado comenzó a observarse la presencia de peces muertos, de diferentes especies, en un tramo de ese río.
La Fundación Río Ctalamochita, que viene trabajando por la recuperación de la fauna ictícola en este curso de agua que atraviesa Córdoba desde las Sierras hasta la provincia de Santa Fe, contabilizó más de 500 en un corto tramo relevado. Se estima que la cifra real podría ser superior.
Desde Ambiente de la Provincia se informó este lunes que los análisis del agua del cauce realizados arrojaron parámetros normales, pero confirmaron, a la vez, un incidente ocurrido por un derrame en la planta industrial de la empresa Petroquímica Río Tercero y que se ordenó el cese de su actividad, en el sector afectado, "hasta nuevo aviso", y mientras se analiza si pudo ser la causa de la mortandad de peces.
Análisis y clausura
El municipio, a través de su Secretaría de Seguridad y Ambiente, comunicó el domingo que tras confirmarse esa situación se procedió "a un relevamiento y toma de muestras", y se dio aviso a la Secretaría de Ambiente de la Provincia, además de labrarse actas.
"Los análisis de muestras de agua en diferentes sectores han determinado que los parámetros están dentro de los requeridos para asegurar que no existe riesgo para la salud de las personas", se indicó desde el municipio, aunque se admitió que se investigaría si el hecho no podría tener relación con un incidente ocurrido el viernes pasado en una empresa del polo químico local.
Ese día, uno antes de la aparición de los peces muertos, la empresa Petroquímica Río Tercero confirmó que había registrado la rotura de una válvula en su planta de almacenamiento de ácido nítrico. Según planteó la empresa entonces, el hecho no generó consecuencias a su personal ni al entorno, al quedar "confinado" al predio industrial.
Este lunes, en tanto, el secretario de Seguridad y Ambiente del municipio, Miguel Canutto, dijo que el evento en Petroquímica por su magnitud, fue "muy preocupante". Admitió que también sospechan que la mortandad de peces podría tener relación con un desborde de líquidos al río, al descomprimir la válvula que tuvo el inconveniente.
Desde el municipio se confirmó que Ambiente de la Provincia clausuró los efluentes de la industria. Esa situación -se subrayó- derivó en una disminución en la producción de la empresa.
El intendente Marcos Ferrer anticipó que habrá sanciones a la empresa si se constata su responsabilidad.
Desde la Fundación Río Ctalamochita reclamaron la intervención del área de Ambiente de la Provincia, para que investigue lo que califican como “desastre ambiental” para el río.
Diego Colussi, titular de esa ONG, admitió que “se sospecha” que este hecho podría tener relación con un desperfecto en la planta de Petroquímica Río Tercero. Señaló que la afectación mayor se observó justo aguas abajo del efluente al río de esa industria.
Colussi detalló que el domingo por la mañana, “aguas arriba del efluente de Petroquímica no había peces muertos y unos 30 metros aguas abajo, se encontraron 525 peces muertos”.
Qué dice Ambiente de la Provincia
La Secretaría de Ambiente de la Provincia de Córdoba informó este lunes que "en función de una falla registrada en la Petroquímica Río Tercero el pasado sábado" equipos técnicos de Policía Ambiental realizaron varias acciones en esa ciudad. "Para mayor tranquilidad de la población, la situación está controlada y los análisis del protocolo ambiental arrojan valores de normalidad en el ambiente", aseguraron sobre el derrame en esa empresa.
"En primer lugar, tras constatar la filtración en la válvula de un tanque de ácido nítrico, se determinó el cese inmediato de la actividad de la planta. Seguidamente, se procedió a realizar muestreos en diferentes puntos aguas abajo del río Ctalamochita. La toma de muestras y análisis sobre el curso de agua permitieron determinar que valores como temperaturas, concentración de pH, mediciones de oxígeno disuelto y conductividad, entre otros monitoreos, corresponden a los parámetros de normalidad requeridos para despejar cualquier tipo de riesgo para la salud humana y de la fauna que habita el río", señaló la repartición provincial.
"Las mediciones fueron realizadas además en puntos de referencia próximos a las localidades de Villa Ascasubi, Pampayasta, Villa María y Belll Ville, donde también participó personal de la Administración Provincial de Recursos Hídricos, (APRHI). Asimismo, se continuará trabajando en el lugar y recabando más datos sobre las márgenes del río", se indicó.
De todos modos, se confirmó que "la Policía Ambiental estableció el cese preventivo y precautorio de la planta química que no podrá operar hasta nuevo aviso" y que "se iniciará un sumario administrativo para investigar si la planta ha cometido alguna infracción ambiental, y en ese caso tendrá que afrontar la multa o sanción que fija la legislación vigente".
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Fecha de Publicación: 06/02/2020
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Aparecieron cientos, de diferentes especies, a la altura de la ciudad de Río Tercero. El viernes una empresa química de esa ciudad había registrado un incidente con derrame. Se analiza si pudo ser el causante. La Policía Ambiental ordenó la clausura preventiva de esa instalación en la planta industrial.
El hallazgo de una gran cantidad de peces muertos a la vera del río Ctalamochita (o Tercero), a la altura de la ciudad de Río Tercero, encendió preocupación en esta zona.
Entre el sábado y el domingo pasado comenzó a observarse la presencia de peces muertos, de diferentes especies, en un tramo de ese río.
La Fundación Río Ctalamochita, que viene trabajando por la recuperación de la fauna ictícola en este curso de agua que atraviesa Córdoba desde las Sierras hasta la provincia de Santa Fe, contabilizó más de 500 en un corto tramo relevado. Se estima que la cifra real podría ser superior.
Desde Ambiente de la Provincia se informó este lunes que los análisis del agua del cauce realizados arrojaron parámetros normales, pero confirmaron, a la vez, un incidente ocurrido por un derrame en la planta industrial de la empresa Petroquímica Río Tercero y que se ordenó el cese de su actividad, en el sector afectado, "hasta nuevo aviso", y mientras se analiza si pudo ser la causa de la mortandad de peces.
Análisis y clausura
El municipio, a través de su Secretaría de Seguridad y Ambiente, comunicó el domingo que tras confirmarse esa situación se procedió "a un relevamiento y toma de muestras", y se dio aviso a la Secretaría de Ambiente de la Provincia, además de labrarse actas.
"Los análisis de muestras de agua en diferentes sectores han determinado que los parámetros están dentro de los requeridos para asegurar que no existe riesgo para la salud de las personas", se indicó desde el municipio, aunque se admitió que se investigaría si el hecho no podría tener relación con un incidente ocurrido el viernes pasado en una empresa del polo químico local.
Ese día, uno antes de la aparición de los peces muertos, la empresa Petroquímica Río Tercero confirmó que había registrado la rotura de una válvula en su planta de almacenamiento de ácido nítrico. Según planteó la empresa entonces, el hecho no generó consecuencias a su personal ni al entorno, al quedar "confinado" al predio industrial.
Este lunes, en tanto, el secretario de Seguridad y Ambiente del municipio, Miguel Canutto, dijo que el evento en Petroquímica por su magnitud, fue "muy preocupante". Admitió que también sospechan que la mortandad de peces podría tener relación con un desborde de líquidos al río, al descomprimir la válvula que tuvo el inconveniente.
Desde el municipio se confirmó que Ambiente de la Provincia clausuró los efluentes de la industria. Esa situación -se subrayó- derivó en una disminución en la producción de la empresa.
El intendente Marcos Ferrer anticipó que habrá sanciones a la empresa si se constata su responsabilidad.
Desde la Fundación Río Ctalamochita reclamaron la intervención del área de Ambiente de la Provincia, para que investigue lo que califican como “desastre ambiental” para el río.
Diego Colussi, titular de esa ONG, admitió que “se sospecha” que este hecho podría tener relación con un desperfecto en la planta de Petroquímica Río Tercero. Señaló que la afectación mayor se observó justo aguas abajo del efluente al río de esa industria.
Colussi detalló que el domingo por la mañana, “aguas arriba del efluente de Petroquímica no había peces muertos y unos 30 metros aguas abajo, se encontraron 525 peces muertos”.
Qué dice Ambiente de la Provincia
La Secretaría de Ambiente de la Provincia de Córdoba informó este lunes que "en función de una falla registrada en la Petroquímica Río Tercero el pasado sábado" equipos técnicos de Policía Ambiental realizaron varias acciones en esa ciudad. "Para mayor tranquilidad de la población, la situación está controlada y los análisis del protocolo ambiental arrojan valores de normalidad en el ambiente", aseguraron sobre el derrame en esa empresa.
"En primer lugar, tras constatar la filtración en la válvula de un tanque de ácido nítrico, se determinó el cese inmediato de la actividad de la planta. Seguidamente, se procedió a realizar muestreos en diferentes puntos aguas abajo del río Ctalamochita. La toma de muestras y análisis sobre el curso de agua permitieron determinar que valores como temperaturas, concentración de pH, mediciones de oxígeno disuelto y conductividad, entre otros monitoreos, corresponden a los parámetros de normalidad requeridos para despejar cualquier tipo de riesgo para la salud humana y de la fauna que habita el río", señaló la repartición provincial.
"Las mediciones fueron realizadas además en puntos de referencia próximos a las localidades de Villa Ascasubi, Pampayasta, Villa María y Belll Ville, donde también participó personal de la Administración Provincial de Recursos Hídricos, (APRHI). Asimismo, se continuará trabajando en el lugar y recabando más datos sobre las márgenes del río", se indicó.
De todos modos, se confirmó que "la Policía Ambiental estableció el cese preventivo y precautorio de la planta química que no podrá operar hasta nuevo aviso" y que "se iniciará un sumario administrativo para investigar si la planta ha cometido alguna infracción ambiental, y en ese caso tendrá que afrontar la multa o sanción que fija la legislación vigente".
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Alertan sobre nueva normariva de la CARU
Las nuevas normas de la CARU permiten que se pueda contaminar más que nunca en la historia
Fecha de Publicación: 06/02/2020
Fuente: El Argentino
Provincia/Región: Nacional
Hoy se celebra en todo el planeta el Día Mundial de los Humedales, porque se recuerda la firma del Convenio sobre los Humedales en la ciudad de Ramsar, Irán, realizado el 2 de febrero de 1971. Se trata del primer convenio a escala planetaria relativo a la conservación y el uso racional de los humedales.
La importancia de los humedales reside en que son ecosistemas con gran diversidad biológica, reguladores del ciclo del agua y del clima, generadores de recursos hídricos para abastecimiento de agua dulce, entre otras bondades indispensables para el milagro de la vida.
Lamentablemente, en un día como hoy, EL ARGENTINO publica una de las mayores entregas ambientales que se hicieron en la historia de la región y que fue protagonizada por el gobierno nacional de Mauricio Macri y especialmente por la delegación argentina ante la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) a cargo de Héctor Mauro Vazón.
La delegación argentina ante la CARU, presidida por Héctor Mauro Vazón (Cambiemos), junto a sus pares uruguayos aprobaron el 5 de diciembre del año pasado (a tan sólo cinco días de dejar la gestión) sensibles modificaciones al Digesto sobre el uso y aprovechamiento del río Uruguay, que regula, entre otros aspectos técnicos, los estándares permitidos en los volcados de efluentes industriales.
El ingeniero Hernán Darío Orduna (ex presidente de la delegación argentina ante la CARU), realizó un trabajo comparativo entre las exigencias que había antes de estas modificaciones y los irresponsables parámetros que dejó la administración de Cambiemos, que torna al río en tierra arrasada.
Algunos ejemplos
Tomando como base el informe elaborado por Orduna, claramente se observan cómo se ha deteriorado los estándares en la calidad de las aguas y en materia ambiental vinculada al río Uruguay.
* Fósforo total: se pasó de 0,025 mg/L a los actuales 5 mg/L. Es decir, se permite 200 veces más.
* Temperatura: Parámetro anterior, se debía respetar la media anual de las aguas del río Uruguay que promedian los 19,9° C. Con el nuevo cambio se admiten 45° C; es decir, se amplía como mínimo 2,26 veces.
* Cromo total: antes era de 10 µg/L = 0,010 mg/L. El nuevo estándar es de 1 mg/L. Es decir, cien veces más.
* Mercurio: antes era de 0,2 µg/L = 0,0002 mg/L. El nuevo parámetro es de 0,005 mg/L; es decir, 25 veces.
* Plomo: antes era de 7 µg/L = 0,007 mg/L. El nuevo parámetro es de 0,3 mg/L. Es decir, 42,85 veces.
* Las SAAM (Sustancias Activas al Azul de Metileno) las (equivale a detergentes): antes el máximo era de 1 mg/L. Ahora es de 4 mg /L. Se tolera un vertido de cuatro veces más.
* Nitrato + nitrito: se pasó de un máximo de 5 mg N/L a 20 mg N/L: Es decir, ahora se tolera un vertido cuatro veces más que antes.
UPM Botnia sin control ni monitoreo
Con respecto al plan específico de monitoreo de la planta de UPM (ex Botnia), el trabajo comparativo elaborado por Orduna, refleja claramente que la administración de Mauricio Macri entregó la lucha ambiental a los mejores intereses de la pastera; además de generar una anarquía que torna imposible controlar el funcionamiento de esa planta.
Orduna recordó que este Plan Específico de Monitoreo fue acordado entre Argentina y Uruguay el 14 de noviembre de 2010 en cumplimiento de la sentencia de la Corte
Internacional de Justicia del 20 de abril de 2010 en el caso de las plantas de celulosa en el río Uruguay, Argentina contra Uruguay, que ordenó el Monitoreo continuo de la planta de UPM (ex Botnia) por parte de la CARU. Además, obligó a las intervenciones de los presidentes de entonces Cristina Fernández de Kirchner y José Mujica, en Anchorena (ROU) el 2 de junio de 2010 donde acordaron un plan para la planta de UPM (ex Botnia) conforme a lo establecido en dicha sentencia, y, nuevamente, en Olivos el 28 de julio de 2010. Luego de lo cual se establecieron las directivas en el Acuerdo por Canje de Notas del 30 de agosto de 2010, que incluyeron -entre otros-, el Plan de Monitoreo de la Planta de UPM (ex Botnia); y el Acuerdo del 14 de noviembre de 2010, por el que el Comité Científico de la CARU adoptó el Plan Específico continuo de la Planta Orión (UPM ex Botnia), lo cual fue rubricado por los cancilleres de ambos países en la reunión que mantuvieron en dicha fecha en Montevideo.
Dentro de la planta de UPM, se debía hacer lo siguiente:
1) Seguimiento dentro de la planta de condiciones de efluentes para todos los parámetros CARU, normativa ROU y los que el Comité Científico sugiera a ser incorporados. A partir de los cambios del 5 de diciembre, la normativa CARU 28/19 no los incluye.
2) Mediciones continuas: temperatura, pH, turbidez, Conductividad, fenoles, DQO, DBO. Los cambios impulsados por Vazón ahora no los incluye.
3) Seguimiento de los caudales de efluente que se evacuan al río Uruguay. Medición continua del caudal antes del vuelco y en canaleta Parshall. Ahora no los incluye.
4) Seguimiento dentro del predio de la Planta de las condiciones de calidad de aire que habiliten interpretar aportes de emisiones gaseosas al medio acuático del río Uruguay. Datos de emisión continua en chimenea: MP, NOx, S02, CO, TRS, caudal, temperatura y otros datos disponibles con menor frecuencia (por ejemplo, VOCs, dioxinas y furanos), accesibles a través de DINAMA. Medición “in situ” (mediante cromatógrafo portátil como actividad experimental complementaria): H2S, VOCs, mercaptanos. La nueva normativa CARU 28/19 impulsada por Vazón cinco días antes de dejar la gestión, no las incluye.
También la gestión de Cambiemos en la CARU cinco días antes de asumir el nuevo gobierno nacional, de manera irresponsable dejó de incluir el monitoreo en el río Uruguay y en la zona de influencia de la Planta Orion (UPM-ex Botnia).
Así, la resolución 28/19 de la CARU no incluye más el seguimiento del nivel de calidad de aguas del río Uruguay para parámetros establecidos en el Digesto CARU.
Del mismo modo, tampoco incluye los muestreos mensuales de aguas y trimestrales de sedimentos, bentos (bivalvos) y peces en 35 estaciones en base al Digesto y el PROCON.
Tampoco incluye la determinación de la diversidad-abundancia de plancton, biomarcadores de efecto y exposición y persistentes-huella química como actividad experimental complementaria.
La resolución 28/19 de la CARU tampoco incluye (como era antes) el seguimiento de las condiciones hidrodinámicas existentes en el río Uruguay. Midiendo corrientes con perfiladores acústicos Doppler.
Dejó también de realizar el seguimiento de otras matrices ambientales además de aguas no cubiertas de momento por normativa CARU. Ni la instalación como actividad experimental de 12 boyas integradoras con almejas acumuladoras activas o centinelas (exposición/efecto) y trampas de sedimento (flujo vertical). Tampoco incluye el muestreo mensual, ni el seguimiento fuera del predio de la pastera de las condiciones de calidad de aire para interpretar los aportes gaseosos al río Uruguay.
Otra mirada, misma conclusión
El abogado Jorge Daneri, especialista en Derecho Ambiental, publicó en el portal Era Verde, una extensa reflexión sobre cómo se avanzó ilegal e inconstitucionalmente con la modificación del Digesto del río Uruguay.
A continuación, sus aportes más específicos.
“La nueva norma no solo modifica el Digesto, sino que avanza trastocando el contenido jurídico técnico originario, es decir, el Tratado del Río Uruguay y su Estatuto. Este abuso de derecho se advierte en la modificación del principio de preservación del río y la calidad de sus aguas. Avanza sobre definiciones renovadas y retrógradas, algo que en el derecho ambiental nacional e internacional no se puede hacer. Se agravia impunemente el principio de no regresión, como también los de sustentabilidad y progresividad en la aplicación y cumplimiento gradual de normas más rigurosas. La nueva norma expone precisamente todo lo contrario, un retroceso adaptativo a un delicado escenario contaminado del río en su conjunto, conforme recientes informes científicos de monitoreo de la propia CARU”, resaltó Daneri.
“Los hechos aquí narrados suceden, en parte, porque se ha negado la intervención previa y competente, como política, de la provincia de Entre Ríos en su Secretaría de Ambiente, como muy probablemente del área de política ambiental nacional. Podemos afirmar que se modifica un norma jurídica regional entre dos naciones, con efectos sociales y ambientales incalculables en sus impactos concretos y acumulativos, sin el desarrollo del proceso de estudios de impacto ambiental y sus evaluaciones por los dos países, de ninguna naturaleza, sin audiencias públicas, sin acceso a información pública previa, violando las competencias y atribuciones constitucionales de la Provincia más afectada y del propio Estado Nacional que no participa integrado al proceso de debate y modificación a través del área relevante por sus competencias, es decir, el área ambiental, sin dejar de expresar que las provincias de Corrientes y Misiones deberían también expresarse de manera previa a semejante modificaciones”, reflexiona Daneri.
Vulnerados
La siguiente es una nómina de las normas jurídicas internacionales y nacionales que observó Daneri como las más relevantes, negadas y vulneradas:
* Se ignoran párrafos relevantes del fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya en el caso de las plantas de celulosa sobre la cuenca del río Uruguay.
* Se violan los principios de no regresión, progresividad y gradualismo y de sustentabilidad determinado en una enorme diversidad de normas ambientales nacionales, provinciales e internacionales no solo ambientales.
* Se vulnera la Ley General del Ambiente por falta de evaluación de impacto ambiental y violación de los principios antes expuestos.
* Se viola el Artículo 85° de la Constitución de Entre Ríos que convoca a la protección especial del sistema de humedales y sus ecosistemas asociados.
* De igual manera, se viola la denominada Ley de Libertad de los Ríos que en su Artículo 4º establece la obligatoriedad de la aprobación de los estudios, investigaciones, etcétera, sobre el bien natural de nuestros ríos y sus selvas en galería y montes, por la Legislatura de la Provincia.
* Se va a contramano del Fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, en el caso denominado “Amarras”, en donde se pone en pleno valor y aplicación a la Ley de Área Natural Protegida de los humedales del Centro Sur del río Uruguay y su confluencia con el Paraná en Entre Ríos.
* Se viola la reciente Ley de Áreas Naturales Protegidas Nº 10.735, Parque del Río Uruguay, en las islas del Departamento Colón.
* Se viola la Convención de Diversidad Biológica que expresamente regula el principio de no regresión.
* También se pone en crisis con estas normas permisivas de mayor contaminación el área natural protegida – Sitio RAMSAR de protección de humedales existente en parte del patrimonio ecológico del país hermano: Parque Nacional Esteros de Farrapos e Islas del río Uruguay.
Necesidad urgente
El abogado Jorge Daneri recomienda que las organizaciones socio ambientales, ecologistas, defensoras de los derechos humanos, entre otras, deberían solicitar la inmediata intervención de la Auditoría General de la Nación y la Institución del Defensor del Pueblo como de la Oficina Anticorrupción, a los efectos de que tomen el presente en sus agendas urgentes, pues las consecuencias sobre los bienes naturales y las comunidades en toda la cuenca no solo inferior del río, pueden ser demasiado graves para que no se determinen responsabilidades.
Del mismo modo la Legislatura de Entre Ríos debería alzar su voz ante este visible atropello en su territorio.
El río Uruguay requiere hoy más que nunca de una mayor protección, por la gigantesca irresponsabilidad de la gestión de Cambiemos que ha dejado a esta región en total indefensión para acceder a una mejor calidad de vida.
El trabajo comparativo que realizó Orduna y al que accedió EL ARGENTINO es extenso, científico y no deja ninguna duda: la gestión de Cambiemos en la CARU ha sido una de las peores de la historia en la cuenca del río Uruguay en materia ambiental; renuncia a controles establecidos en su momento por el Digesto y amplía las condiciones para que empresas como UPM-Botnia hagan del río un basurero a cielo abierto.
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Fecha de Publicación: 06/02/2020
Fuente: El Argentino
Provincia/Región: Nacional
Hoy se celebra en todo el planeta el Día Mundial de los Humedales, porque se recuerda la firma del Convenio sobre los Humedales en la ciudad de Ramsar, Irán, realizado el 2 de febrero de 1971. Se trata del primer convenio a escala planetaria relativo a la conservación y el uso racional de los humedales.
La importancia de los humedales reside en que son ecosistemas con gran diversidad biológica, reguladores del ciclo del agua y del clima, generadores de recursos hídricos para abastecimiento de agua dulce, entre otras bondades indispensables para el milagro de la vida.
Lamentablemente, en un día como hoy, EL ARGENTINO publica una de las mayores entregas ambientales que se hicieron en la historia de la región y que fue protagonizada por el gobierno nacional de Mauricio Macri y especialmente por la delegación argentina ante la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) a cargo de Héctor Mauro Vazón.
La delegación argentina ante la CARU, presidida por Héctor Mauro Vazón (Cambiemos), junto a sus pares uruguayos aprobaron el 5 de diciembre del año pasado (a tan sólo cinco días de dejar la gestión) sensibles modificaciones al Digesto sobre el uso y aprovechamiento del río Uruguay, que regula, entre otros aspectos técnicos, los estándares permitidos en los volcados de efluentes industriales.
El ingeniero Hernán Darío Orduna (ex presidente de la delegación argentina ante la CARU), realizó un trabajo comparativo entre las exigencias que había antes de estas modificaciones y los irresponsables parámetros que dejó la administración de Cambiemos, que torna al río en tierra arrasada.
Algunos ejemplos
Tomando como base el informe elaborado por Orduna, claramente se observan cómo se ha deteriorado los estándares en la calidad de las aguas y en materia ambiental vinculada al río Uruguay.
* Fósforo total: se pasó de 0,025 mg/L a los actuales 5 mg/L. Es decir, se permite 200 veces más.
* Temperatura: Parámetro anterior, se debía respetar la media anual de las aguas del río Uruguay que promedian los 19,9° C. Con el nuevo cambio se admiten 45° C; es decir, se amplía como mínimo 2,26 veces.
* Cromo total: antes era de 10 µg/L = 0,010 mg/L. El nuevo estándar es de 1 mg/L. Es decir, cien veces más.
* Mercurio: antes era de 0,2 µg/L = 0,0002 mg/L. El nuevo parámetro es de 0,005 mg/L; es decir, 25 veces.
* Plomo: antes era de 7 µg/L = 0,007 mg/L. El nuevo parámetro es de 0,3 mg/L. Es decir, 42,85 veces.
* Las SAAM (Sustancias Activas al Azul de Metileno) las (equivale a detergentes): antes el máximo era de 1 mg/L. Ahora es de 4 mg /L. Se tolera un vertido de cuatro veces más.
* Nitrato + nitrito: se pasó de un máximo de 5 mg N/L a 20 mg N/L: Es decir, ahora se tolera un vertido cuatro veces más que antes.
UPM Botnia sin control ni monitoreo
Con respecto al plan específico de monitoreo de la planta de UPM (ex Botnia), el trabajo comparativo elaborado por Orduna, refleja claramente que la administración de Mauricio Macri entregó la lucha ambiental a los mejores intereses de la pastera; además de generar una anarquía que torna imposible controlar el funcionamiento de esa planta.
Orduna recordó que este Plan Específico de Monitoreo fue acordado entre Argentina y Uruguay el 14 de noviembre de 2010 en cumplimiento de la sentencia de la Corte
Internacional de Justicia del 20 de abril de 2010 en el caso de las plantas de celulosa en el río Uruguay, Argentina contra Uruguay, que ordenó el Monitoreo continuo de la planta de UPM (ex Botnia) por parte de la CARU. Además, obligó a las intervenciones de los presidentes de entonces Cristina Fernández de Kirchner y José Mujica, en Anchorena (ROU) el 2 de junio de 2010 donde acordaron un plan para la planta de UPM (ex Botnia) conforme a lo establecido en dicha sentencia, y, nuevamente, en Olivos el 28 de julio de 2010. Luego de lo cual se establecieron las directivas en el Acuerdo por Canje de Notas del 30 de agosto de 2010, que incluyeron -entre otros-, el Plan de Monitoreo de la Planta de UPM (ex Botnia); y el Acuerdo del 14 de noviembre de 2010, por el que el Comité Científico de la CARU adoptó el Plan Específico continuo de la Planta Orión (UPM ex Botnia), lo cual fue rubricado por los cancilleres de ambos países en la reunión que mantuvieron en dicha fecha en Montevideo.
Dentro de la planta de UPM, se debía hacer lo siguiente:
1) Seguimiento dentro de la planta de condiciones de efluentes para todos los parámetros CARU, normativa ROU y los que el Comité Científico sugiera a ser incorporados. A partir de los cambios del 5 de diciembre, la normativa CARU 28/19 no los incluye.
2) Mediciones continuas: temperatura, pH, turbidez, Conductividad, fenoles, DQO, DBO. Los cambios impulsados por Vazón ahora no los incluye.
3) Seguimiento de los caudales de efluente que se evacuan al río Uruguay. Medición continua del caudal antes del vuelco y en canaleta Parshall. Ahora no los incluye.
4) Seguimiento dentro del predio de la Planta de las condiciones de calidad de aire que habiliten interpretar aportes de emisiones gaseosas al medio acuático del río Uruguay. Datos de emisión continua en chimenea: MP, NOx, S02, CO, TRS, caudal, temperatura y otros datos disponibles con menor frecuencia (por ejemplo, VOCs, dioxinas y furanos), accesibles a través de DINAMA. Medición “in situ” (mediante cromatógrafo portátil como actividad experimental complementaria): H2S, VOCs, mercaptanos. La nueva normativa CARU 28/19 impulsada por Vazón cinco días antes de dejar la gestión, no las incluye.
También la gestión de Cambiemos en la CARU cinco días antes de asumir el nuevo gobierno nacional, de manera irresponsable dejó de incluir el monitoreo en el río Uruguay y en la zona de influencia de la Planta Orion (UPM-ex Botnia).
Así, la resolución 28/19 de la CARU no incluye más el seguimiento del nivel de calidad de aguas del río Uruguay para parámetros establecidos en el Digesto CARU.
Del mismo modo, tampoco incluye los muestreos mensuales de aguas y trimestrales de sedimentos, bentos (bivalvos) y peces en 35 estaciones en base al Digesto y el PROCON.
Tampoco incluye la determinación de la diversidad-abundancia de plancton, biomarcadores de efecto y exposición y persistentes-huella química como actividad experimental complementaria.
La resolución 28/19 de la CARU tampoco incluye (como era antes) el seguimiento de las condiciones hidrodinámicas existentes en el río Uruguay. Midiendo corrientes con perfiladores acústicos Doppler.
Dejó también de realizar el seguimiento de otras matrices ambientales además de aguas no cubiertas de momento por normativa CARU. Ni la instalación como actividad experimental de 12 boyas integradoras con almejas acumuladoras activas o centinelas (exposición/efecto) y trampas de sedimento (flujo vertical). Tampoco incluye el muestreo mensual, ni el seguimiento fuera del predio de la pastera de las condiciones de calidad de aire para interpretar los aportes gaseosos al río Uruguay.
Otra mirada, misma conclusión
El abogado Jorge Daneri, especialista en Derecho Ambiental, publicó en el portal Era Verde, una extensa reflexión sobre cómo se avanzó ilegal e inconstitucionalmente con la modificación del Digesto del río Uruguay.
A continuación, sus aportes más específicos.
“La nueva norma no solo modifica el Digesto, sino que avanza trastocando el contenido jurídico técnico originario, es decir, el Tratado del Río Uruguay y su Estatuto. Este abuso de derecho se advierte en la modificación del principio de preservación del río y la calidad de sus aguas. Avanza sobre definiciones renovadas y retrógradas, algo que en el derecho ambiental nacional e internacional no se puede hacer. Se agravia impunemente el principio de no regresión, como también los de sustentabilidad y progresividad en la aplicación y cumplimiento gradual de normas más rigurosas. La nueva norma expone precisamente todo lo contrario, un retroceso adaptativo a un delicado escenario contaminado del río en su conjunto, conforme recientes informes científicos de monitoreo de la propia CARU”, resaltó Daneri.
“Los hechos aquí narrados suceden, en parte, porque se ha negado la intervención previa y competente, como política, de la provincia de Entre Ríos en su Secretaría de Ambiente, como muy probablemente del área de política ambiental nacional. Podemos afirmar que se modifica un norma jurídica regional entre dos naciones, con efectos sociales y ambientales incalculables en sus impactos concretos y acumulativos, sin el desarrollo del proceso de estudios de impacto ambiental y sus evaluaciones por los dos países, de ninguna naturaleza, sin audiencias públicas, sin acceso a información pública previa, violando las competencias y atribuciones constitucionales de la Provincia más afectada y del propio Estado Nacional que no participa integrado al proceso de debate y modificación a través del área relevante por sus competencias, es decir, el área ambiental, sin dejar de expresar que las provincias de Corrientes y Misiones deberían también expresarse de manera previa a semejante modificaciones”, reflexiona Daneri.
Vulnerados
La siguiente es una nómina de las normas jurídicas internacionales y nacionales que observó Daneri como las más relevantes, negadas y vulneradas:
* Se ignoran párrafos relevantes del fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya en el caso de las plantas de celulosa sobre la cuenca del río Uruguay.
* Se violan los principios de no regresión, progresividad y gradualismo y de sustentabilidad determinado en una enorme diversidad de normas ambientales nacionales, provinciales e internacionales no solo ambientales.
* Se vulnera la Ley General del Ambiente por falta de evaluación de impacto ambiental y violación de los principios antes expuestos.
* Se viola el Artículo 85° de la Constitución de Entre Ríos que convoca a la protección especial del sistema de humedales y sus ecosistemas asociados.
* De igual manera, se viola la denominada Ley de Libertad de los Ríos que en su Artículo 4º establece la obligatoriedad de la aprobación de los estudios, investigaciones, etcétera, sobre el bien natural de nuestros ríos y sus selvas en galería y montes, por la Legislatura de la Provincia.
* Se va a contramano del Fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, en el caso denominado “Amarras”, en donde se pone en pleno valor y aplicación a la Ley de Área Natural Protegida de los humedales del Centro Sur del río Uruguay y su confluencia con el Paraná en Entre Ríos.
* Se viola la reciente Ley de Áreas Naturales Protegidas Nº 10.735, Parque del Río Uruguay, en las islas del Departamento Colón.
* Se viola la Convención de Diversidad Biológica que expresamente regula el principio de no regresión.
* También se pone en crisis con estas normas permisivas de mayor contaminación el área natural protegida – Sitio RAMSAR de protección de humedales existente en parte del patrimonio ecológico del país hermano: Parque Nacional Esteros de Farrapos e Islas del río Uruguay.
Necesidad urgente
El abogado Jorge Daneri recomienda que las organizaciones socio ambientales, ecologistas, defensoras de los derechos humanos, entre otras, deberían solicitar la inmediata intervención de la Auditoría General de la Nación y la Institución del Defensor del Pueblo como de la Oficina Anticorrupción, a los efectos de que tomen el presente en sus agendas urgentes, pues las consecuencias sobre los bienes naturales y las comunidades en toda la cuenca no solo inferior del río, pueden ser demasiado graves para que no se determinen responsabilidades.
Del mismo modo la Legislatura de Entre Ríos debería alzar su voz ante este visible atropello en su territorio.
El río Uruguay requiere hoy más que nunca de una mayor protección, por la gigantesca irresponsabilidad de la gestión de Cambiemos que ha dejado a esta región en total indefensión para acceder a una mejor calidad de vida.
El trabajo comparativo que realizó Orduna y al que accedió EL ARGENTINO es extenso, científico y no deja ninguna duda: la gestión de Cambiemos en la CARU ha sido una de las peores de la historia en la cuenca del río Uruguay en materia ambiental; renuncia a controles establecidos en su momento por el Digesto y amplía las condiciones para que empresas como UPM-Botnia hagan del río un basurero a cielo abierto.
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