El glifosato suma rechazos, ahora en Misiones
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Diputados prohibirían el uso del glifosato
Fecha de Publicación: 19/10/2018
Fuente: Primera Edición
Provincia/Región: Misiones
Los diputados provinciales dieron un paso más para prohibir el uso y la comercialización del glifosato, iniciativa que obtuvo dictamen en la comisión de Recursos Naturales y Medio Ambiente y que ahora deberá ser tratada en el recinto de la Cámara de Representantes.
Es muy probable que sea tratada en la próxima sesión ordinaria, el próximo jueves, ya que solamente quedan dos encuentros del pleno de diputados en este 2018.
La lucha para prohibir el uso del glifosato, sus componentes y afines comenzó hace un par de años. Primero fue la actual secretaria de Agricultura Familiar, Marta Ferreira (FR), quien presentó un proyecto para tratar el tema. Y a principios de este año, el legislador del Partido Agrario y Social (PAyS), Martín Sereno, insistió con una idea en el mismo sentido junto a todo su bloque legislativo.
El diputado comentó a PRIMERA EDICIÓN que “es una satisfacción porque es un producto que está haciendo mucho daño a nuestros colonos”. La autoridad de aplicación será el Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables.
En el artículo 1 del dictamen, los diputados expresaron: “Prohíbase la utilización de glifosato, sus componentes y afines en los ejidos urbanos del territorio provincial; comunidades de pueblos originarios; establecimientos educativos y sanitarios cualquiera sea su denominación o rango; Reservas Naturales de cualquier tipo y denominación ya sean nacionales, provinciales, municipales o privadas; centros turísticos; cursos de agua dulce que provean, o deriven en cursos de agua que provean del vital líquido a comunidades originarias y centros urbanos para su procesamiento para consumo humano o para utilización para la producción agrícola ganadera”.
“La prohibición de la presente Ley rige a partir del 1 de abril del 2020, dicho plazo se establece con el fin de iniciar un cambio cultural de los sistemas productivos actuales hacia métodos más amigables con el medio ambiente”, agregaron.
Mientras que en su artículo 2 están los objetivos de la Ley, que plantea: “Evitar el contacto directo, indirecto o derivado de la población al glifosato, sus componentes y afines, que atenten contra su salud. Promover acciones preventivas para evitar patologías relacionadas directa o indirectamente con el uso. Brindar protección a la flora y fauna de la región que pueda verse afectada”.
De igual manera propone, “resguardar la Salud, el territorio y la autodeterminación de las comunidades originarias de nuestra provincia, como pueblos que viven en armonía con su entorno y que pueden verse afectados de manera directa, indirecta o derivada”.
Fundamentos
Entre los fundamentos, Sereno manifestó que se pretende “hacer un abordaje acerca de otros tipos de biocidas que se utilizan a veces de manera más habitual de lo que corresponde y sin los cuidados o recaudos, los cuales deberían prohibirse o plantearse controles mucho más estrictos para su utilización a fin de evitar dichas consecuencias nocivas”.
Asimismo, cuestionó “los argumentos en defensa de la utilización casi indiscriminada de sustancias plaguicidas, del tipo de los venenos agroquímicos y/o agrotóxicos, a pesar de los daños asociados a un uso excesivo e inseguro”.
“Está asentada la posición de la necesidad de una agricultura industrial intensiva, casi totalmente dependiente de estas sustancias, con la finalidad de lograr producciones que rindan para alimentar a una población mundial cada vez mayor. Sin embargo, no podemos dejar pasar que este fin no puede perseguirse a costa de la salud humana, en detrimento de comunidades y del medio ambiente”, sostuvo.
Apoyo
Durante todo este año, la comisión de Recursos Naturales y Medio Ambiente recibió la visita de varios especialistas. Una de ellas, la integrante de la Red de Agroecología de Misiones, Marcela Bobatto, explicó las consecuencias de estar en constante cercanía al herbicida.
“Son millones de litros los que se usan por año en las chacras misioneras, hay que empezar a cambiar la utilización de los agrotóxicos por una plantación más orgánica. Los productores están constantemente expuestos, pero también hay otros casos y la realidad es que son nocivos para las personas”, aseguró.
“Se estima que el glifosato representa un 70% de todos los agrotóxicos que se están utilizando en el sistema agroalimentario”, detalló la especialista y consideró que “por eso, a nivel país también se debate sobre su uso”.
Por su parte, la funcionaria provincial Marta Ferreira también se expidió al respecto y dijo que “en la provincia se utilizan muchos productos químicos de los cuales algunos son muy tóxicos”.
“Actualmente se están llevando adelante capacitaciones de buenas prácticas agrícolas con el fin de que los productores sepan qué productos utilizar y en qué circunstancias, cuáles son las dosis recomendadas. Tenemos que trabajar y generar conciencia en productores y consumidores, también continuar en la búsqueda de un nuevo modelo de agricultura para los misioneros”, añadió.
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Fecha de Publicación: 19/10/2018
Fuente: Primera Edición
Provincia/Región: Misiones
Los diputados provinciales dieron un paso más para prohibir el uso y la comercialización del glifosato, iniciativa que obtuvo dictamen en la comisión de Recursos Naturales y Medio Ambiente y que ahora deberá ser tratada en el recinto de la Cámara de Representantes.
Es muy probable que sea tratada en la próxima sesión ordinaria, el próximo jueves, ya que solamente quedan dos encuentros del pleno de diputados en este 2018.
La lucha para prohibir el uso del glifosato, sus componentes y afines comenzó hace un par de años. Primero fue la actual secretaria de Agricultura Familiar, Marta Ferreira (FR), quien presentó un proyecto para tratar el tema. Y a principios de este año, el legislador del Partido Agrario y Social (PAyS), Martín Sereno, insistió con una idea en el mismo sentido junto a todo su bloque legislativo.
El diputado comentó a PRIMERA EDICIÓN que “es una satisfacción porque es un producto que está haciendo mucho daño a nuestros colonos”. La autoridad de aplicación será el Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables.
En el artículo 1 del dictamen, los diputados expresaron: “Prohíbase la utilización de glifosato, sus componentes y afines en los ejidos urbanos del territorio provincial; comunidades de pueblos originarios; establecimientos educativos y sanitarios cualquiera sea su denominación o rango; Reservas Naturales de cualquier tipo y denominación ya sean nacionales, provinciales, municipales o privadas; centros turísticos; cursos de agua dulce que provean, o deriven en cursos de agua que provean del vital líquido a comunidades originarias y centros urbanos para su procesamiento para consumo humano o para utilización para la producción agrícola ganadera”.
“La prohibición de la presente Ley rige a partir del 1 de abril del 2020, dicho plazo se establece con el fin de iniciar un cambio cultural de los sistemas productivos actuales hacia métodos más amigables con el medio ambiente”, agregaron.
Mientras que en su artículo 2 están los objetivos de la Ley, que plantea: “Evitar el contacto directo, indirecto o derivado de la población al glifosato, sus componentes y afines, que atenten contra su salud. Promover acciones preventivas para evitar patologías relacionadas directa o indirectamente con el uso. Brindar protección a la flora y fauna de la región que pueda verse afectada”.
De igual manera propone, “resguardar la Salud, el territorio y la autodeterminación de las comunidades originarias de nuestra provincia, como pueblos que viven en armonía con su entorno y que pueden verse afectados de manera directa, indirecta o derivada”.
Fundamentos
Entre los fundamentos, Sereno manifestó que se pretende “hacer un abordaje acerca de otros tipos de biocidas que se utilizan a veces de manera más habitual de lo que corresponde y sin los cuidados o recaudos, los cuales deberían prohibirse o plantearse controles mucho más estrictos para su utilización a fin de evitar dichas consecuencias nocivas”.
Asimismo, cuestionó “los argumentos en defensa de la utilización casi indiscriminada de sustancias plaguicidas, del tipo de los venenos agroquímicos y/o agrotóxicos, a pesar de los daños asociados a un uso excesivo e inseguro”.
“Está asentada la posición de la necesidad de una agricultura industrial intensiva, casi totalmente dependiente de estas sustancias, con la finalidad de lograr producciones que rindan para alimentar a una población mundial cada vez mayor. Sin embargo, no podemos dejar pasar que este fin no puede perseguirse a costa de la salud humana, en detrimento de comunidades y del medio ambiente”, sostuvo.
Apoyo
Durante todo este año, la comisión de Recursos Naturales y Medio Ambiente recibió la visita de varios especialistas. Una de ellas, la integrante de la Red de Agroecología de Misiones, Marcela Bobatto, explicó las consecuencias de estar en constante cercanía al herbicida.
“Son millones de litros los que se usan por año en las chacras misioneras, hay que empezar a cambiar la utilización de los agrotóxicos por una plantación más orgánica. Los productores están constantemente expuestos, pero también hay otros casos y la realidad es que son nocivos para las personas”, aseguró.
“Se estima que el glifosato representa un 70% de todos los agrotóxicos que se están utilizando en el sistema agroalimentario”, detalló la especialista y consideró que “por eso, a nivel país también se debate sobre su uso”.
Por su parte, la funcionaria provincial Marta Ferreira también se expidió al respecto y dijo que “en la provincia se utilizan muchos productos químicos de los cuales algunos son muy tóxicos”.
“Actualmente se están llevando adelante capacitaciones de buenas prácticas agrícolas con el fin de que los productores sepan qué productos utilizar y en qué circunstancias, cuáles son las dosis recomendadas. Tenemos que trabajar y generar conciencia en productores y consumidores, también continuar en la búsqueda de un nuevo modelo de agricultura para los misioneros”, añadió.
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La CARU trabajó en la preservación de la biodiversidad
La CARU desarrolló jornadas por la preservación de la biodiversidad del río Uruguay
Fecha de Publicación: 19/10/2018
Fuente: El Entre Ríos
Provincia/Región: Entre Ríos
La Comisión Administradora del Río Uruguay organizó las Jornadas sobre Biodiversidad en el Corredor del río Uruguay. Los encuentros se llevaron adelante el pasado miércoles 10 y jueves 11, con gran marco de público (más de 250 inscriptos) y expositores de renombre, plasmando un gran nivel académico en la temática.
El primer encuentro se realizó en miércoles con el desarrollo de cursos pre-Jornada, sobre “Producción de árboles y arbustos nativos de la ribera del río Uruguay”, y otro paralelamente sobre “Elementos teóricos y prácticos para el Ordenamiento Territorial a escala local”.
Continuando con la actividad el jueves 11 se desarrollaron las conferencias magistrales, mesas redondas y espacio para paneles. Estuvieron presentes el Presidente de CARU, Gastón Silbermann, el Vicepresidente, Mauro Vazón y los delegados Silvia Aguinaga, Eduardo Caminal y Rogelio Texeira; también acompaño el cónsul argentino en Uruguay, Nicolás Gastón Domingo y la Intendenta de El Palmar, María Cecilia Li Puma.
“En contexto a los 40 años de la conformación de CARU, estamos desplegando actividades en distintas áreas y esta es una muy importante, significa un contacto con la gente y la transmisión de conocimiento de realidades que vivimos todos los días”, explicó Silberman, Presidente de CARU.
Respecto a las presentaciones aseguró que “fue muy alto el nivel de expositores que se presentaron como universitarios, científicos, especialistas en la temática, pero también en la difusión para todo vecino que participó, para nutrirse de estos conocimientos”.
El contenido de las jornadas
El principal objetivo de las Jornadas fue contribuir al conocimiento del corredor de biodiversidad del Río Uruguay, para promover su ordenamiento, uso y manejo sustentable. Trataron temas como: Biodiversidad e integridad biológica en el río Uruguay; Ecología del paisaje, servicios ecosistémicos y restauración ecológica; Áreas naturales protegidas; Educación ambiental, turismo y ciudades sustentables.
“Que un organismo binacional como CARU se involucre en estas cuestiones y cada vez más intervenga como un actor fundamental en el proceso de preservación de los recursos naturales de la región que abarca el tramo compartido del río Uruguay, nos pone en un tiempo de cambios de paradigmas. En este escenario se puede generar el desarrollo y hacer obras de infraestructuras para mejorar la competitividad del sector productivo de nuestra región sin descuidar la preservación del ambiente y la biodiversidad del bajo río Uruguay”, aseguró el vicepresidente de CARU, Mauro Vazón.
Jornadas con acciones para la reducción Gases Efecto Invernadero
La CARU a través de la organización de las Jornadas elaboró su primer Plan Activo contra el Cambio Climático. Algunas de las acciones que se llevaron adelante para lograr este objetivo fueron:
- Transporte: Puesta en marcha de medidas para incentivar los medios de transporte del público más respetuosos con el medio ambiente: desplazamientos en autobús mediante el establecimiento de transporte gratuito para las personas que se desplacen de Colon a las Jornadas y uso de bicicleta.
- El catering se realizó con ingredientes orgánicos, de la zona (pescado, mermelada de yatay), utilizando en su totalidad vajilla reutilizable, y nada descartable.
- Menos utilización de papel: para como minimizar el uso de papeles se entregaron pendrive con programa y libro de resúmenes y de plantas; y los pocos papeles impresos fueron de fibra sobrante de la caña de azucar y biromes de cartón.
- Para compensar los Gases Efecto Invernadero emitidos se llevó adelante una plantación de árboles y arbustos nativos, con el trabajo de todos los inscriptos y los docentes de los cursos.
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Fecha de Publicación: 19/10/2018
Fuente: El Entre Ríos
Provincia/Región: Entre Ríos
La Comisión Administradora del Río Uruguay organizó las Jornadas sobre Biodiversidad en el Corredor del río Uruguay. Los encuentros se llevaron adelante el pasado miércoles 10 y jueves 11, con gran marco de público (más de 250 inscriptos) y expositores de renombre, plasmando un gran nivel académico en la temática.
El primer encuentro se realizó en miércoles con el desarrollo de cursos pre-Jornada, sobre “Producción de árboles y arbustos nativos de la ribera del río Uruguay”, y otro paralelamente sobre “Elementos teóricos y prácticos para el Ordenamiento Territorial a escala local”.
Continuando con la actividad el jueves 11 se desarrollaron las conferencias magistrales, mesas redondas y espacio para paneles. Estuvieron presentes el Presidente de CARU, Gastón Silbermann, el Vicepresidente, Mauro Vazón y los delegados Silvia Aguinaga, Eduardo Caminal y Rogelio Texeira; también acompaño el cónsul argentino en Uruguay, Nicolás Gastón Domingo y la Intendenta de El Palmar, María Cecilia Li Puma.
“En contexto a los 40 años de la conformación de CARU, estamos desplegando actividades en distintas áreas y esta es una muy importante, significa un contacto con la gente y la transmisión de conocimiento de realidades que vivimos todos los días”, explicó Silberman, Presidente de CARU.
Respecto a las presentaciones aseguró que “fue muy alto el nivel de expositores que se presentaron como universitarios, científicos, especialistas en la temática, pero también en la difusión para todo vecino que participó, para nutrirse de estos conocimientos”.
El contenido de las jornadas
El principal objetivo de las Jornadas fue contribuir al conocimiento del corredor de biodiversidad del Río Uruguay, para promover su ordenamiento, uso y manejo sustentable. Trataron temas como: Biodiversidad e integridad biológica en el río Uruguay; Ecología del paisaje, servicios ecosistémicos y restauración ecológica; Áreas naturales protegidas; Educación ambiental, turismo y ciudades sustentables.
“Que un organismo binacional como CARU se involucre en estas cuestiones y cada vez más intervenga como un actor fundamental en el proceso de preservación de los recursos naturales de la región que abarca el tramo compartido del río Uruguay, nos pone en un tiempo de cambios de paradigmas. En este escenario se puede generar el desarrollo y hacer obras de infraestructuras para mejorar la competitividad del sector productivo de nuestra región sin descuidar la preservación del ambiente y la biodiversidad del bajo río Uruguay”, aseguró el vicepresidente de CARU, Mauro Vazón.
Jornadas con acciones para la reducción Gases Efecto Invernadero
La CARU a través de la organización de las Jornadas elaboró su primer Plan Activo contra el Cambio Climático. Algunas de las acciones que se llevaron adelante para lograr este objetivo fueron:
- Transporte: Puesta en marcha de medidas para incentivar los medios de transporte del público más respetuosos con el medio ambiente: desplazamientos en autobús mediante el establecimiento de transporte gratuito para las personas que se desplacen de Colon a las Jornadas y uso de bicicleta.
- El catering se realizó con ingredientes orgánicos, de la zona (pescado, mermelada de yatay), utilizando en su totalidad vajilla reutilizable, y nada descartable.
- Menos utilización de papel: para como minimizar el uso de papeles se entregaron pendrive con programa y libro de resúmenes y de plantas; y los pocos papeles impresos fueron de fibra sobrante de la caña de azucar y biromes de cartón.
- Para compensar los Gases Efecto Invernadero emitidos se llevó adelante una plantación de árboles y arbustos nativos, con el trabajo de todos los inscriptos y los docentes de los cursos.
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Mejoran condiciones laborales de Guardaparques misioneros
Ecología firmó acuerdo de mejora en las jornadas laborales del personal Guardaparques
Fecha de Publicación: 19/10/2018
Fuente: Misiones On Line
Provincia/Región: Misiones
En el Ministerio de Trabajo y Empleo de la Provincia, sellaron ayer un acta acuerdo con los representantes gremiales de ATE de los trabajadores y los representantes legales del Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables, quienes propusieron como acción de mejora del personal del organismo la modificación del Decreto N°227/12 a los fines de otorgar un mayor reconocimiento en las jornadas laborales desarrolladas los fines de semana, feriados y no laborables.
El incremento de bolsillo comprenderá a un número de 200 trabajadores aproximadamente, entre personal Guardaparque, Guardabosque, Guardafauna y Brigadistas de Control de Fuego.
Para quienes se desempeñen en tareas de campo el beneficio adicional por movilidad y refrigerio será de 2 mil pesos, mientras que para quienes realicen tareas administrativas será de mil pesos.
De esta manera, cierran una primera etapa de negociación entre los representantes gremiales de ATE (Asociación de Trabajadores del Estado) y los representantes jurídicos del organismo, en reunión de conciliación obligatoria establecida por el Ministerio de Trabajo.
“Estamos conformes con el acuerdo firmado, al ser una modificación del decreto, el beneficio quedará establecido como un derecho adquirido a futuro”, explicaron los delegados gremiales de los Guardaparques al salir de la reunión realizada este jueves en la ciudad de Posadas.
Por ATE estuvo presente el secretario general, César Fariña, junto a Javier Báez y Santiago Bellitti, delegados gremiales por los guardaparques. En tanto, por Ecología, asistieron Esteban Arzamendia, Aníbal Fasano y Rolando Zakidalky Jerzy, director de Asuntos Jurídicos.
Además de proponer la modificación del decreto N°227/12, las autoridades de Ecología dejaron expresado en el acuerdo la intención de continuar con un diálogo en pos de las mejoras de las condiciones laborales de los compañeros trabajadores.
Ecología explicó ante el Ministerio de Trabajo los alcances de la modificación del decreto, según el Expte N° 6310/18.
El sindicato aceptó las mejoras propuestas y firmó el acuerdo, pero se sostuvo además “que se mantienen los reclamos iniciales que esperan resolver en el proceso de diálogo en una Mesa de trabajo, y que por lo menos tengan una frecuencia no menor a una por mes”, concluyeron.
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Fecha de Publicación: 19/10/2018
Fuente: Misiones On Line
Provincia/Región: Misiones
En el Ministerio de Trabajo y Empleo de la Provincia, sellaron ayer un acta acuerdo con los representantes gremiales de ATE de los trabajadores y los representantes legales del Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables, quienes propusieron como acción de mejora del personal del organismo la modificación del Decreto N°227/12 a los fines de otorgar un mayor reconocimiento en las jornadas laborales desarrolladas los fines de semana, feriados y no laborables.
El incremento de bolsillo comprenderá a un número de 200 trabajadores aproximadamente, entre personal Guardaparque, Guardabosque, Guardafauna y Brigadistas de Control de Fuego.
Para quienes se desempeñen en tareas de campo el beneficio adicional por movilidad y refrigerio será de 2 mil pesos, mientras que para quienes realicen tareas administrativas será de mil pesos.
De esta manera, cierran una primera etapa de negociación entre los representantes gremiales de ATE (Asociación de Trabajadores del Estado) y los representantes jurídicos del organismo, en reunión de conciliación obligatoria establecida por el Ministerio de Trabajo.
“Estamos conformes con el acuerdo firmado, al ser una modificación del decreto, el beneficio quedará establecido como un derecho adquirido a futuro”, explicaron los delegados gremiales de los Guardaparques al salir de la reunión realizada este jueves en la ciudad de Posadas.
Por ATE estuvo presente el secretario general, César Fariña, junto a Javier Báez y Santiago Bellitti, delegados gremiales por los guardaparques. En tanto, por Ecología, asistieron Esteban Arzamendia, Aníbal Fasano y Rolando Zakidalky Jerzy, director de Asuntos Jurídicos.
Además de proponer la modificación del decreto N°227/12, las autoridades de Ecología dejaron expresado en el acuerdo la intención de continuar con un diálogo en pos de las mejoras de las condiciones laborales de los compañeros trabajadores.
Ecología explicó ante el Ministerio de Trabajo los alcances de la modificación del decreto, según el Expte N° 6310/18.
El sindicato aceptó las mejoras propuestas y firmó el acuerdo, pero se sostuvo además “que se mantienen los reclamos iniciales que esperan resolver en el proceso de diálogo en una Mesa de trabajo, y que por lo menos tengan una frecuencia no menor a una por mes”, concluyeron.
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Ordenan cierre definitivo de Pascua Lama del lado chileno
Tribunal ordenó el cierre definitivo de Pascua Lama
Fecha de Publicación: 18/10/2018
Fuente: MDZ (Argentina)
Provincia/Región: Nacional
Un tribunal ambiental chileno aprobó hoy por dos votos contra uno la clausura definitiva del proyecto minero aurífero de Pascua Lama, en la región de Atacama, unos 700 kilómetros al norte de Santiago.
El controvertido proyecto enclavado en la cordillera de los Andes entre Chile y Argentina, de la firma canadiense Barrick, fue cancelado por el tribunal porque no se efectuaron las mediciones que debieron realizarse para el monitoreo de los glaciares de la zona.
Fue el Primer Tribunal Ambiental, con sede en la ciudad de Antofagasta, 1.300 kilómetros al norte de la capital chilena, el que tomó la resolución en relación a una de las cinco infracciones cursadas a la Compañía Minera Nevada SpA (filial chilena de Barrick) por la Superintendencia del Medio Ambiente, por las que ya había ordenado su clausura en enero pasado.
Lo cierto es que la iniciativa, que comenzó sus obras en 2010, ya se encontraba paralizada desde 2013 por un fallo de la Corte Suprema y por la decisión de la propia minera de congelar las faenas, en medio de los crecientes costos y los cuestionamientos de los accionistas de Barrick.
El proyecto minero binacional Pascua Lama, se ubica a unos 4.500 metros sobre el nivel del mar, 150 kilómetros al suroriente de la ciudad de Vallenar, sobre el límite internacional chileno-argentino.
En vista de los problemas que ha enfrentado la iniciativa en Chile, Barrick resolvió comenzar a analizar la opción de desarrollar el proyecto solo por el lado argentino, para lo cual alcanzó un acuerdo de desarrollo conjunto con sus socios chinos de Shandong Gold.
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Fecha de Publicación: 18/10/2018
Fuente: MDZ (Argentina)
Provincia/Región: Nacional
Un tribunal ambiental chileno aprobó hoy por dos votos contra uno la clausura definitiva del proyecto minero aurífero de Pascua Lama, en la región de Atacama, unos 700 kilómetros al norte de Santiago.
El controvertido proyecto enclavado en la cordillera de los Andes entre Chile y Argentina, de la firma canadiense Barrick, fue cancelado por el tribunal porque no se efectuaron las mediciones que debieron realizarse para el monitoreo de los glaciares de la zona.
Fue el Primer Tribunal Ambiental, con sede en la ciudad de Antofagasta, 1.300 kilómetros al norte de la capital chilena, el que tomó la resolución en relación a una de las cinco infracciones cursadas a la Compañía Minera Nevada SpA (filial chilena de Barrick) por la Superintendencia del Medio Ambiente, por las que ya había ordenado su clausura en enero pasado.
Lo cierto es que la iniciativa, que comenzó sus obras en 2010, ya se encontraba paralizada desde 2013 por un fallo de la Corte Suprema y por la decisión de la propia minera de congelar las faenas, en medio de los crecientes costos y los cuestionamientos de los accionistas de Barrick.
El proyecto minero binacional Pascua Lama, se ubica a unos 4.500 metros sobre el nivel del mar, 150 kilómetros al suroriente de la ciudad de Vallenar, sobre el límite internacional chileno-argentino.
En vista de los problemas que ha enfrentado la iniciativa en Chile, Barrick resolvió comenzar a analizar la opción de desarrollar el proyecto solo por el lado argentino, para lo cual alcanzó un acuerdo de desarrollo conjunto con sus socios chinos de Shandong Gold.
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Etiquetas:
Barrick Gold,
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Criminal desalojo de campesino en Santiago del Estero
Brutal desalojo de tierras en el Norte: quemaron y balearon a un campesino
Fecha de Publicación: 18/10/2018
Fuente: La Mañana de Córdoba
Provincia/Región: Santiago del Estero
Héctor Reyes Corvalán se encuentra internado en terapia intensiva en Santiago del Estero tras haber sufrido quemaduras e impactos de bala de goma durante un violento desalojo. El hecho ocurrió en el paraje de Sucho Sampa, en el departamento Pellegrini, a 260 kilómetros de la capital provincial; y está enmarcado en la acción de terratenientes contra pequeños campesinos.
El desalojo sucedió este viernes, cuando un grupo de más diez policías llegó con un oficial de Justicia a desalojar a Corvalán, poseedor de un lote, por orden de la jueza María Cecilia Paskevicius, magistrada que ya había dictado medidas similares contra los campesinos en la provincia. En el desalojo se registraron destrozos y se incendió el rancho de Corvalán. Además, mataron a sus perros y desaparecieron unas 200 cabezas de ganado.
El conflicto se remonta a agosto de 2012, cuando el empresario cordobés Néstor Quesada pretendió tomar posesión de unas 270 hectáreas. En el lugar habitan familias que resisten los intentos de desalojo e integran la Mesa Parroquial de Tierra Nueva Esperanza, formada por curas de la Opción por los Pobres. Durante los últimos años hubo amenazas con armas de fuego, incendios y matanzas de animales.
Desde la Pastoral Social y Derechos Humanos de esa provincia denunciaron lo ocurrido y exigieron "a la Justicia una urgente y profunda investigación de tan tremendo hecho delictivo". Así se manifestó el sacerdote Sergio Lamberti a través de su cuenta de Facebook.
Por su parte, el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase) manifestó que “la violencia estructural que concentra casi el 75 por ciento de tierras cultivables en solo el 15 por ciento de empresarios del agronegocio, sigue poniendo en riesgo la permanencia y la vida de los sistemas campesinos e indígenas”.
A su vez, responsabilizaron por intento de homicidio contra Reyes Corvalán al empresario Quesada (presente en el operativo), a los policías que participaron del desalojo y al oficial de Justicia Luis Scillia, para quienes pidieron su detención.
“La situación sigue en estado de alerta y peligrosidad ya que el empresario junto a su banda armada sigue permaneciendo en el campo” del hombre atacado, señalaron desde el Mocase. “Denunciamos los modos de actuación de las fuerzas públicas siempre resguardando a los empresarios y vulnerando la vida de las personas”, agregaron en un comunicado.
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Fecha de Publicación: 18/10/2018
Fuente: La Mañana de Córdoba
Provincia/Región: Santiago del Estero
Héctor Reyes Corvalán se encuentra internado en terapia intensiva en Santiago del Estero tras haber sufrido quemaduras e impactos de bala de goma durante un violento desalojo. El hecho ocurrió en el paraje de Sucho Sampa, en el departamento Pellegrini, a 260 kilómetros de la capital provincial; y está enmarcado en la acción de terratenientes contra pequeños campesinos.
El desalojo sucedió este viernes, cuando un grupo de más diez policías llegó con un oficial de Justicia a desalojar a Corvalán, poseedor de un lote, por orden de la jueza María Cecilia Paskevicius, magistrada que ya había dictado medidas similares contra los campesinos en la provincia. En el desalojo se registraron destrozos y se incendió el rancho de Corvalán. Además, mataron a sus perros y desaparecieron unas 200 cabezas de ganado.
El conflicto se remonta a agosto de 2012, cuando el empresario cordobés Néstor Quesada pretendió tomar posesión de unas 270 hectáreas. En el lugar habitan familias que resisten los intentos de desalojo e integran la Mesa Parroquial de Tierra Nueva Esperanza, formada por curas de la Opción por los Pobres. Durante los últimos años hubo amenazas con armas de fuego, incendios y matanzas de animales.
Desde la Pastoral Social y Derechos Humanos de esa provincia denunciaron lo ocurrido y exigieron "a la Justicia una urgente y profunda investigación de tan tremendo hecho delictivo". Así se manifestó el sacerdote Sergio Lamberti a través de su cuenta de Facebook.
Por su parte, el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase) manifestó que “la violencia estructural que concentra casi el 75 por ciento de tierras cultivables en solo el 15 por ciento de empresarios del agronegocio, sigue poniendo en riesgo la permanencia y la vida de los sistemas campesinos e indígenas”.
A su vez, responsabilizaron por intento de homicidio contra Reyes Corvalán al empresario Quesada (presente en el operativo), a los policías que participaron del desalojo y al oficial de Justicia Luis Scillia, para quienes pidieron su detención.
“La situación sigue en estado de alerta y peligrosidad ya que el empresario junto a su banda armada sigue permaneciendo en el campo” del hombre atacado, señalaron desde el Mocase. “Denunciamos los modos de actuación de las fuerzas públicas siempre resguardando a los empresarios y vulnerando la vida de las personas”, agregaron en un comunicado.
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Salta emplearábiodiésel en el transporte urbano
Salta utilizará biodiésel en el transporte urbano de pasajeros
Fecha de Publicación: 18/10/2018
Fuente: El Santafesino
Provincia/Región: Salta
A partir de la experiencia de BioBus de Santa Fe se va a implementar tecnología propia para este cambio de matriz de combustibles, impulsando la generación de biocombustibles en la provincia de Salta. El ahorro estimado sería de 2,5 millones de pesos por mes en combustibles.
El gobernador Miguel Lifschitz, y su par de Salta, Juan Manuel Urtubey, suscribieron en la capital de la provincia norteña, un convenio a través del cual se transmite la experiencia del programa BioBus de Santa Fe para la implementación del uso de biodiésel en el transporte urbano de pasajeros salteño.
A partir de la experiencia de BioBus de Santa Fe se va a implementar tecnología propia para este cambio de matriz de combustibles, impulsando la generación de biocombustibles en la provincia de Salta. De esta manera se reducirían en un 15 por ciento las emisiones y el ahorro estimado sería de 2,5 millones de pesos por mes en combustibles.
Lifschitz agradeció la hospitalidad y la celebración del acuerdo, que dijo permitirá “confluir en objetivos comunes como el desarrollo de energías alternativas, responsabilidad que comparte el Estado provincial con operadores privados”.
El gobernador aseguró que la experiencia que se ya se aplica en Rosario y ahora en Salta tiene muchos antecedentes y “resultado exitoso”.
“Tenemos que promover las energías alternativas y limpias”, señaló, al tiempo que aseguró: “Estamos contribuyendo con el medio ambiente y con las economías regionales a través de la generación de empleo y la promoción de la actividad económica tan importante en estos tiempos”.
Santa Fe impulsora
A su turno, Urtubey destacó a Santa Fe como el principal impulsor de las energías renovables, y señaló: “Queremos sumarnos a ese trabajo, buscamos lograr que nuestros productores puedan encontrar mayores niveles de sustentabilidad”, y reiteró que “el federalismo no es solamente una vinculación vertical, hay que trabajar a nivel horizontal”.
Urtubey anunció que a partir de este jueves se va a implementar el sistema Ecos Bus en Salta con un colectivo articulado que funcionará al ciento por ciento de biodiésel, y 9 lo harán al 25 por ciento. En 6 meses se estima que la flota completa (620 unidades) llegue al 25 por ciento, y los articulados (10 unidades), al ciento por ciento.
Programa BioBus
En junio de 2018, Lifschitz firmó un convenio con representantes de la Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio), la Cámara Argentina de Empresas Regionales Elaboradoras de Biocombustible (Cepreb) y a la Consultora ALG Ingeniería.
A partir de dicho acuerdo, más de 400 colectivos urbanos de las Empresas Mixtas y Semtur que prestan servicio en la ciudad de Rosario, comenzaron a funcionar con un 25% de biodiésel en su combustible, mientras que otras tres unidades lo hacen con el 100%.
De esta manera, el gobierno de Santa Fe reafirma una vez más su compromiso para lograr la reducción de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y la mitigación de los efectos del cambio climático. Es por esto que, desde octubre de 2017, Santa Fe se convirtió en la primera provincia argentina en ser parte de la Coalición de Estados Subnacionales “Under2”, cuyos integrantes se comprometen a trabajar colaborativamente en esta dirección y se expresó en esta firma de convenio.
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Fecha de Publicación: 18/10/2018
Fuente: El Santafesino
Provincia/Región: Salta
A partir de la experiencia de BioBus de Santa Fe se va a implementar tecnología propia para este cambio de matriz de combustibles, impulsando la generación de biocombustibles en la provincia de Salta. El ahorro estimado sería de 2,5 millones de pesos por mes en combustibles.
El gobernador Miguel Lifschitz, y su par de Salta, Juan Manuel Urtubey, suscribieron en la capital de la provincia norteña, un convenio a través del cual se transmite la experiencia del programa BioBus de Santa Fe para la implementación del uso de biodiésel en el transporte urbano de pasajeros salteño.
A partir de la experiencia de BioBus de Santa Fe se va a implementar tecnología propia para este cambio de matriz de combustibles, impulsando la generación de biocombustibles en la provincia de Salta. De esta manera se reducirían en un 15 por ciento las emisiones y el ahorro estimado sería de 2,5 millones de pesos por mes en combustibles.
Lifschitz agradeció la hospitalidad y la celebración del acuerdo, que dijo permitirá “confluir en objetivos comunes como el desarrollo de energías alternativas, responsabilidad que comparte el Estado provincial con operadores privados”.
El gobernador aseguró que la experiencia que se ya se aplica en Rosario y ahora en Salta tiene muchos antecedentes y “resultado exitoso”.
“Tenemos que promover las energías alternativas y limpias”, señaló, al tiempo que aseguró: “Estamos contribuyendo con el medio ambiente y con las economías regionales a través de la generación de empleo y la promoción de la actividad económica tan importante en estos tiempos”.
Santa Fe impulsora
A su turno, Urtubey destacó a Santa Fe como el principal impulsor de las energías renovables, y señaló: “Queremos sumarnos a ese trabajo, buscamos lograr que nuestros productores puedan encontrar mayores niveles de sustentabilidad”, y reiteró que “el federalismo no es solamente una vinculación vertical, hay que trabajar a nivel horizontal”.
Urtubey anunció que a partir de este jueves se va a implementar el sistema Ecos Bus en Salta con un colectivo articulado que funcionará al ciento por ciento de biodiésel, y 9 lo harán al 25 por ciento. En 6 meses se estima que la flota completa (620 unidades) llegue al 25 por ciento, y los articulados (10 unidades), al ciento por ciento.
Programa BioBus
En junio de 2018, Lifschitz firmó un convenio con representantes de la Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio), la Cámara Argentina de Empresas Regionales Elaboradoras de Biocombustible (Cepreb) y a la Consultora ALG Ingeniería.
A partir de dicho acuerdo, más de 400 colectivos urbanos de las Empresas Mixtas y Semtur que prestan servicio en la ciudad de Rosario, comenzaron a funcionar con un 25% de biodiésel en su combustible, mientras que otras tres unidades lo hacen con el 100%.
De esta manera, el gobierno de Santa Fe reafirma una vez más su compromiso para lograr la reducción de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y la mitigación de los efectos del cambio climático. Es por esto que, desde octubre de 2017, Santa Fe se convirtió en la primera provincia argentina en ser parte de la Coalición de Estados Subnacionales “Under2”, cuyos integrantes se comprometen a trabajar colaborativamente en esta dirección y se expresó en esta firma de convenio.
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Microplásticos en peces, un problema que crece
Cada vez hay más cantidad de microplásticos en peces de consumo humano
Fecha de Publicación: 17/10/2018
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
Son las partículas que quedan en ríos y mares una vez que las bolsas y envases se desintegran.
¿Fabricar plástico con materiales más fácilmente biodegradables, disminuir su uso o promover su reciclaje? El tema es complejo, en especial para las especies que viven en el agua, el gran tacho de basura mundial.
Científicos españoles estiman que el 88% de la superficie oceánica contiene microplásticos, las partículas que quedan una vez que las bolsas y envases en ríos y mares se desintegran. Luego, crustáceos, bivalvos, moluscos y peces incorporan esas partículas. Algunos las defecan y a otros se les instalan en los músculos.
Una investigación de científicos portugueses publicada en la revista Marine Pollution Bulletin detalla que en los países donde el consumo de mariscos es menor, los consumidores estarían comiendo hasta 1.800 microplásticos por año. Y en donde el consumo es mayor, hasta 11.000 micropartículas anuales. El círculo es perfecto: quienes iniciaron el daño, los humanos, terminan padeciéndolo.
Mientras en esa misma revista se difundía hace poco más de un año que el fenómeno llegó al Río de la Plata (científicos de la UNLP-Conicet hallaron plástico en ejemplares de surubí, sábalo, patí, pejerrey y carpa), Clarín pudo confirmar que también especies marinas del Atlántico sur sufren el fenómeno.
Analía Perez, investigadora del Conicet-CEBBAD (Universidad Maimónides), trabaja con especies obtenidas del Canal de Beagle, en Tierra del Fuego: “Lo que hicimos fue evaluar algunos invertebrados y vertebrados. El estudio preliminar que hicimos nos permite asegurar que el 100% de los individuos analizados tenía microplásticos”. Por cierto, todas especies comestibles.
Rosana Di Mauro, bióloga del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), de Mar del Plata, se sumó al debate: “Si bien desde los años 70 se sabe que hay plásticos en el mar, el problema se dimensionó hace poco. Hay muchísimo plástico, principalmente en las costas, donde hay más peces, más alimentación y más cría”.
La bióloga aportó un dato. “Aunque no es un proyecto formal todavía, analizamos agua que nos traen de distintas campañas que salen de la costa argentina. Hallamos más de 100 micropartículas de plástico por litro. Incluso, en una estación cercana a la costa cuantifiqué 700 micropartículas por litro”.
Quizás no falte mucho para que estos estudios, en Argentina, se hagan como en Europa: directamente en las góndolas.
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Fecha de Publicación: 17/10/2018
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
Son las partículas que quedan en ríos y mares una vez que las bolsas y envases se desintegran.
¿Fabricar plástico con materiales más fácilmente biodegradables, disminuir su uso o promover su reciclaje? El tema es complejo, en especial para las especies que viven en el agua, el gran tacho de basura mundial.
Científicos españoles estiman que el 88% de la superficie oceánica contiene microplásticos, las partículas que quedan una vez que las bolsas y envases en ríos y mares se desintegran. Luego, crustáceos, bivalvos, moluscos y peces incorporan esas partículas. Algunos las defecan y a otros se les instalan en los músculos.
Una investigación de científicos portugueses publicada en la revista Marine Pollution Bulletin detalla que en los países donde el consumo de mariscos es menor, los consumidores estarían comiendo hasta 1.800 microplásticos por año. Y en donde el consumo es mayor, hasta 11.000 micropartículas anuales. El círculo es perfecto: quienes iniciaron el daño, los humanos, terminan padeciéndolo.
Mientras en esa misma revista se difundía hace poco más de un año que el fenómeno llegó al Río de la Plata (científicos de la UNLP-Conicet hallaron plástico en ejemplares de surubí, sábalo, patí, pejerrey y carpa), Clarín pudo confirmar que también especies marinas del Atlántico sur sufren el fenómeno.
Analía Perez, investigadora del Conicet-CEBBAD (Universidad Maimónides), trabaja con especies obtenidas del Canal de Beagle, en Tierra del Fuego: “Lo que hicimos fue evaluar algunos invertebrados y vertebrados. El estudio preliminar que hicimos nos permite asegurar que el 100% de los individuos analizados tenía microplásticos”. Por cierto, todas especies comestibles.
Rosana Di Mauro, bióloga del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), de Mar del Plata, se sumó al debate: “Si bien desde los años 70 se sabe que hay plásticos en el mar, el problema se dimensionó hace poco. Hay muchísimo plástico, principalmente en las costas, donde hay más peces, más alimentación y más cría”.
La bióloga aportó un dato. “Aunque no es un proyecto formal todavía, analizamos agua que nos traen de distintas campañas que salen de la costa argentina. Hallamos más de 100 micropartículas de plástico por litro. Incluso, en una estación cercana a la costa cuantifiqué 700 micropartículas por litro”.
Quizás no falte mucho para que estos estudios, en Argentina, se hagan como en Europa: directamente en las góndolas.
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Mendoza: la sequía ahora es la norma
Irrigación: la sequía es la “nueva normalidad” en Mendoza
Fecha de Publicación: 17/10/2018
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
Las escasas precipitaciones níveas, el magro escurrimiento y el cada vez más bajo caudal de los ríos locales han logrado este fenómeno.
La situación de sequía y que ha mantenido en emergencia hídrica a Mendoza durante los últimos nueve años ha pasado a convertirse en el panorama cotidiano en toda la provincia.
Las escasas precipitaciones níveas, el magro escurrimiento y el cada vez más bajo caudal de los ríos locales –todos hechos intervinculados– han llevado a que la “nueva normalidad” sea la de años secos, situación que parece haber llegado para quedarse.
En este contexto, Irrigación presentará hoy (junto al último pronóstico de escurrimiento) un Plan de Sequía, que luego enviará a la Legislatura para que se convierta en ley.
Según adelantó el superintendente de Irrigación, Sergio Marinelli, el objetivo de este trabajo es controlar minuciosamente el uso del agua –con micromedidores y un fuerte control, entre otras cosas–, intentando controlar el derroche.
“El agua que llega a las plantas cloacales es la mitad de la que se produce y que llega a la gente. La otra mitad se pierde en riego y por ineficiencia”, destacó Marinelli, quien resaltó que el proyecto no apunta a restringir el uso del agua.
“No pensamos modificar el principio de inherencia de la tierra, ni llevarnos el agua de un río al otro ni tampoco disminuir el uso de un sector para dárselo a otro”, aclaró Marinelli.
Mediante el plan -que pretende convertirse en ley-, buscan fijar las pautas para actuar y trabajar en esta “nueva normalidad”, y mantener el orden de prioridades para el uso del agua. El prioritario es el consumo poblacional, seguido por el uso agrícola; tercero el uso industrial y finalmente los emprendimientos mineros.
“Hoy sólo existen estas prioridades, pero la única herramienta legal es la Emergencia Hídrica (con medidas transitorias y de corto plazo). La ley va fijar los tres escenarios posibles (normal, alerta y crítico), y qué medidas se toman. Cuando el escenario sea crítico, se va a priorizar el consumo poblacional”, resumió el funcionario.
“Nueva normalidad”
También el Plan de Sequía pretende darle un formato definitivo al procedimiento de erogación (distribución) de agua.
“Antes se mandaba siempre igual, todos los años de la misma manera. Pero el año pasado empezamos a tener en cuenta el tipo de cultivo, la demanda y la cantidad de agua. A partir del seguimiento de esa curva de demanda, se está haciendo un uso más eficiente”, insistió Marinelli, quien destacó que el objetivo de convertirlo en ley es que trascienda las gestiones.
En comparación con el último verano, la situación para esta temporada asoma más crítica en lo que respecta al caudal de los ríos mendocinos. Y por eso es que una de las patas más fuertes de la ley está centrada en poner finalmente en funcionamiento los medidores.
“Hay que evitar el uso de agua potable para el riego de jardines, al mismo tiempo que hay que trabajar en planes para evitar que se pierda agua en las cañerías”, explicó.
Además, resaltó que la ley implica la participación de todos los actores (irrigación, Aysam, EPAS y los municipios de Luján, Tupungato y Maipú -prestadores del servicio-). Y se detuvo en el derroche generalizado, agregando que en promedio se gastan 800 litros diarios de agua, cuando el consumo personal no debería superar los 250 litros.
“Se necesitan cambios culturales que permitan más el aprovechamiento”, resumió el titular de Irrigación.
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Fecha de Publicación: 17/10/2018
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
Las escasas precipitaciones níveas, el magro escurrimiento y el cada vez más bajo caudal de los ríos locales han logrado este fenómeno.
La situación de sequía y que ha mantenido en emergencia hídrica a Mendoza durante los últimos nueve años ha pasado a convertirse en el panorama cotidiano en toda la provincia.
Las escasas precipitaciones níveas, el magro escurrimiento y el cada vez más bajo caudal de los ríos locales –todos hechos intervinculados– han llevado a que la “nueva normalidad” sea la de años secos, situación que parece haber llegado para quedarse.
En este contexto, Irrigación presentará hoy (junto al último pronóstico de escurrimiento) un Plan de Sequía, que luego enviará a la Legislatura para que se convierta en ley.
Según adelantó el superintendente de Irrigación, Sergio Marinelli, el objetivo de este trabajo es controlar minuciosamente el uso del agua –con micromedidores y un fuerte control, entre otras cosas–, intentando controlar el derroche.
“El agua que llega a las plantas cloacales es la mitad de la que se produce y que llega a la gente. La otra mitad se pierde en riego y por ineficiencia”, destacó Marinelli, quien resaltó que el proyecto no apunta a restringir el uso del agua.
“No pensamos modificar el principio de inherencia de la tierra, ni llevarnos el agua de un río al otro ni tampoco disminuir el uso de un sector para dárselo a otro”, aclaró Marinelli.
Mediante el plan -que pretende convertirse en ley-, buscan fijar las pautas para actuar y trabajar en esta “nueva normalidad”, y mantener el orden de prioridades para el uso del agua. El prioritario es el consumo poblacional, seguido por el uso agrícola; tercero el uso industrial y finalmente los emprendimientos mineros.
“Hoy sólo existen estas prioridades, pero la única herramienta legal es la Emergencia Hídrica (con medidas transitorias y de corto plazo). La ley va fijar los tres escenarios posibles (normal, alerta y crítico), y qué medidas se toman. Cuando el escenario sea crítico, se va a priorizar el consumo poblacional”, resumió el funcionario.
“Nueva normalidad”
También el Plan de Sequía pretende darle un formato definitivo al procedimiento de erogación (distribución) de agua.
“Antes se mandaba siempre igual, todos los años de la misma manera. Pero el año pasado empezamos a tener en cuenta el tipo de cultivo, la demanda y la cantidad de agua. A partir del seguimiento de esa curva de demanda, se está haciendo un uso más eficiente”, insistió Marinelli, quien destacó que el objetivo de convertirlo en ley es que trascienda las gestiones.
En comparación con el último verano, la situación para esta temporada asoma más crítica en lo que respecta al caudal de los ríos mendocinos. Y por eso es que una de las patas más fuertes de la ley está centrada en poner finalmente en funcionamiento los medidores.
“Hay que evitar el uso de agua potable para el riego de jardines, al mismo tiempo que hay que trabajar en planes para evitar que se pierda agua en las cañerías”, explicó.
Además, resaltó que la ley implica la participación de todos los actores (irrigación, Aysam, EPAS y los municipios de Luján, Tupungato y Maipú -prestadores del servicio-). Y se detuvo en el derroche generalizado, agregando que en promedio se gastan 800 litros diarios de agua, cuando el consumo personal no debería superar los 250 litros.
“Se necesitan cambios culturales que permitan más el aprovechamiento”, resumió el titular de Irrigación.
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Planificación de ciudades: presentación del proyecto GEF7
Reunión de avance del proyecto sobre planificación sustentable en ciudades argentinas
Fecha de Publicación: 17/10/2018
Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
En el marco del trabajo que impulsa la Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, orientado a alentar la planificación urbana y territorial sostenible e integrada en ciudades argentinas, se llevó a cabo una reunión donde se presentó el marco lógico de trabajo y los resultados de la misión ONU Medio Ambiente del proyecto GEF7 sobre Planeamiento e Inversiones Sostenibles e Integradas en Ciudades Argentinas. Del encuentro participaron el rabino Sergio Bergman, Secretario de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación; Nahuel Muñoz, Coordinador Ejecutivo de la Unidad de Ciudades Sustentables, y Agustín Matteri, de ONU Medio Ambiente.
Durante la reunión además se conversaron y validaron las acciones propuestas por parte de las ciudades piloto seleccionadas para participar en el proyecto: Salta, Mar del Plata, Mendoza y Ushuaia. Y se trabajó en la elaboración de la ficha de identificación del proyecto (FIT o PIF por sus siglas en inglés), para su posterior presentación ante el Consejo del GEF, prevista para antes de fin de año.
Esta herramienta apunta a que las mencionadas ciudades puedan convertirse en modelos a replicar en el resto del país. Las mismas son centros urbanos comprometidos con políticas ambientales, que presentan problemáticas como la disminución en la disponibilidad de agua y el drenaje, la intrusión salina, las inundaciones debidas al incremento de precipitaciones y del nivel del mar, por lo que requieren adoptar enfoques innovadores de adaptación al cambio climático y la mejora en la eficiencia del uso de los recursos.
El proyecto Planeamiento e Inversiones Sostenibles e Integradas en Ciudades Sustentables Argentina es una iniciativa liderada por la Secretaría de Ambiente de la Nación, cuya agencia de implementación es el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, (PNUMA), que – en caso de ser aprobado- contará con el apoyo financiero del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, por su sigla en inglés).
Estuvieron presentes Javier García Espil, Director Nacional de Gestión Ambiental del Agua y los Ecosistemas Acuáticos; Dolores Duvergés, Directora Nacional de Planificación y Ordenamiento Ambiental del Territorio; Ana Corbi, Asesora de la Unidad de Ciudades Sustentables; funcionarios de la Secretaría de Energía y representantes de las ciudades de Salta, Mendoza, Mar del Plata y Ushuaia.
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Fecha de Publicación: 17/10/2018
Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
En el marco del trabajo que impulsa la Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, orientado a alentar la planificación urbana y territorial sostenible e integrada en ciudades argentinas, se llevó a cabo una reunión donde se presentó el marco lógico de trabajo y los resultados de la misión ONU Medio Ambiente del proyecto GEF7 sobre Planeamiento e Inversiones Sostenibles e Integradas en Ciudades Argentinas. Del encuentro participaron el rabino Sergio Bergman, Secretario de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación; Nahuel Muñoz, Coordinador Ejecutivo de la Unidad de Ciudades Sustentables, y Agustín Matteri, de ONU Medio Ambiente.
Durante la reunión además se conversaron y validaron las acciones propuestas por parte de las ciudades piloto seleccionadas para participar en el proyecto: Salta, Mar del Plata, Mendoza y Ushuaia. Y se trabajó en la elaboración de la ficha de identificación del proyecto (FIT o PIF por sus siglas en inglés), para su posterior presentación ante el Consejo del GEF, prevista para antes de fin de año.
Esta herramienta apunta a que las mencionadas ciudades puedan convertirse en modelos a replicar en el resto del país. Las mismas son centros urbanos comprometidos con políticas ambientales, que presentan problemáticas como la disminución en la disponibilidad de agua y el drenaje, la intrusión salina, las inundaciones debidas al incremento de precipitaciones y del nivel del mar, por lo que requieren adoptar enfoques innovadores de adaptación al cambio climático y la mejora en la eficiencia del uso de los recursos.
El proyecto Planeamiento e Inversiones Sostenibles e Integradas en Ciudades Sustentables Argentina es una iniciativa liderada por la Secretaría de Ambiente de la Nación, cuya agencia de implementación es el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, (PNUMA), que – en caso de ser aprobado- contará con el apoyo financiero del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, por su sigla en inglés).
Estuvieron presentes Javier García Espil, Director Nacional de Gestión Ambiental del Agua y los Ecosistemas Acuáticos; Dolores Duvergés, Directora Nacional de Planificación y Ordenamiento Ambiental del Territorio; Ana Corbi, Asesora de la Unidad de Ciudades Sustentables; funcionarios de la Secretaría de Energía y representantes de las ciudades de Salta, Mendoza, Mar del Plata y Ushuaia.
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Sancionan minera que realizó trabajos ilegales en Cafayate
Suspenden y multan a la minera que realizó exploraciones ilegales en Cafayate
Fecha de Publicación: 16/10/2018
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Salta
La empresa no podrá realizar ninguna actividad durante dos años, tras haber ingresado con maquinarias a la Quebrada de las Conchas y haber realizado extracciones en esta área protegida.
Las actividades de la Mina Franco serán suspendidas durante dos años, según dispuso el Estado de la provincia como sanción, tras las exploraciones ilegales que realizó la firma en la Quebrada de las Conchas (Cafayate) el mes pasado.
Según la ministra de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable de Salta, Paula Bibini, luego de que constataran que la empresa estaba ejecutando actividades prohibidas en esta zona conocida como “La Yesera”, la minera fue sancionada y tendrá que pagar una multa económicamente.
La minera presentó el descargo pero la Secretaría de Minería asentó que la empresa trabajó sin ningún tipo de autorización en la Quebrada de Las Conchas.
La empresa, según precisaron de su oportunidad desde la Secretaría, tenía un permiso para tomar muestras superficiales en forma manual, sin utilizar maquinarias y sin hacer pozos o trincheras. No estaban habilitados para montar campamentos, ni tampoco nuevos caminos.
Pero gracias a vecinos y guardaparques se registraron imágenes en las que los operarios abrían caminos para exploración y explotación minera, y se llegó a frenar el avance de esta mina en un área protegida.
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Fecha de Publicación: 16/10/2018
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Salta
La empresa no podrá realizar ninguna actividad durante dos años, tras haber ingresado con maquinarias a la Quebrada de las Conchas y haber realizado extracciones en esta área protegida.
Las actividades de la Mina Franco serán suspendidas durante dos años, según dispuso el Estado de la provincia como sanción, tras las exploraciones ilegales que realizó la firma en la Quebrada de las Conchas (Cafayate) el mes pasado.
Según la ministra de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable de Salta, Paula Bibini, luego de que constataran que la empresa estaba ejecutando actividades prohibidas en esta zona conocida como “La Yesera”, la minera fue sancionada y tendrá que pagar una multa económicamente.
La minera presentó el descargo pero la Secretaría de Minería asentó que la empresa trabajó sin ningún tipo de autorización en la Quebrada de Las Conchas.
La empresa, según precisaron de su oportunidad desde la Secretaría, tenía un permiso para tomar muestras superficiales en forma manual, sin utilizar maquinarias y sin hacer pozos o trincheras. No estaban habilitados para montar campamentos, ni tampoco nuevos caminos.
Pero gracias a vecinos y guardaparques se registraron imágenes en las que los operarios abrían caminos para exploración y explotación minera, y se llegó a frenar el avance de esta mina en un área protegida.
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Un nuevo "no acuerdo" por el Río Atuel
Restitución del Río Atuel: La Pampa rechazó la propuesta de Nación
Fecha de Publicación: 16/10/2018
Fuente: La Reforma de La Pampa
Provincia/Región: La Pampa - Mendoza
En la última reunión del Comité Ejecutivo de la Comisión Interjurisdiccional del Atuel Inferior (CIAI) previa al vencimiento del plazo fijado por la Corte Suprema de la Nación, La Pampa rechazó la propuesta del Estado nacional por entender que no cumple con el restablecimiento de un caudal mínimo ecológico que ordenó el Máximo Tribunal.
El encuentro tuvo lugar en la sede del Consejo Hídrico Federal (COHIFE) y contó con la participación del secretario de Infraestructura y Política Hídrica de la Nación, Pablo Bereciartua, y el director de Política Hídrica y Coordinación Federal, Ricardo Ferreyra.
La delegación pampeana estuvo encabezada por el procurador general, Hernán Pérez Araujo, el secretario de Recursos Hídricos, Javier Schlegel, el fiscal de Estado, José Vanini, la ministra de Desarrollo Social, Fernanda Alonso, el ministro de Obras y Servicios Públicos, Julio Bargero, el diputado provincial, Jorge Lezcano, el representante de la Asamblea por los Ríos, Néstor Lastiri, y la presidenta de la Asamblea por los Ríos Pampeanos de Santa Isabel, Juanita de Ugalde.
Luego de meses de espera -y reiterados reclamos de La Pampa- el gobierno nacional presentó su propuesta de obras para la cuenca del Atuel. En su exposición Bereciartúa destacó cuatro puntos claves: el fortalecimiento de la CIAI mediante la creación de la Comisión Interjurisdiccional del Atuel Inferior; un compromiso de inversión de Nación para obras hídricas por 700 millones de pesos; la incorporación de dos sensores de medición de caudal y calidad de agua en tiempo real y el reemplazo de otros cinco que están en funcionamiento; y el establecimiento de un caudal mínimo de 2,2 metros cúbicos por segundo.
“La propuesta de Nación parte de una premisa falsa y errónea que es plantear la posibilidad de recomponer el ecosistema del noroeste de La Pampa sin fijar un caudal hídrico ecológico como ordenó la Corte”, se quejó Pérez Araujo.
“Lo que hace -siguió- es determinar un caudal a alcanzar con la realización de obras de 3,2 metros cúbicos por segundo, determinado por el Instituto Nacional del Agua, que aplicó una serie de métodos hidrológicos y determinó un promedio”.
“Lo llamativo de esto es que para otorgar un caudal inicial, esto es, con la realización de algunas obras que no han detallado cuáles son, toman un medio entre ese caudal que fijó el INA y el caudal que determina Mendoza de 1,33 metros cúbicos por segundo. Esto le da 2,2 metros cúbicos por segundo. Ni siquiera hallamos el gesto de buena voluntad de, para encontrar ese término medio, utilizar el caudal solicitado por La Pampa de 4,5 metros cúbicos por segundo. El caudal que propone La Pampa es absolutamente desconocido por Nación”, recalcó Pérez Araujo.
El procurador cuestionó la demora del gobierno nacional en manifestar su posición. “Nación pudo haber tenido la llave de este conflicto a través de una propuesta que sea superadora, que sea genuina, que no sea un mero compromiso para las fotos y para presentarle a la Corte el ejercicio de un trabajo de mediación, como inicialmente pretendieron. Entendemos que esa no era la tarea, Nación debía involucrarse. Desde lo técnico se involucró pero desde lo político nos hizo esperar 10 meses. Pasaron 300 días para que nos presenten una propuesta que, en principio, no recompone el ecosistema. Y han pasado 300 días en los que, ante la inacción política del Estado nacional, el ecosistema del noroeste de La Pampa se ha seguido degradando y hoy estamos peor que el 1 de diciembre cuando se dictó la sentencia de la Corte”, señaló el funcionario pampeano.
Cese del daño
Pérez Araujo recordó que a días de vencer el plazo de la Corte Suprema, La Pampa no ha recibido una repuesta a su propuesta de obras por parte de Nación y de Mendoza. Asimismo, volvió a reclamar el cese del daño ambiental en el noroeste pampeano.
“Lo que necesitamos es el cese inmediato del daño. Para empezar a reconstituirlo primero debemos cesar con el daño del ecosistema. Por eso hemos propuesto que, de manera inicial, se determine un caudal de 3,4 metros cúbicos por segundo mínimo -que no es el caudal apto que necesita el Atuel para reconstituir el sistema- a otorgarse sin la realización de ninguna obra. Y en el plazo de 12 meses si otorgarse los 4,5 metros cúbicos por segundo con la ejecución de algunas obras en las que podamos ponernos de acuerdo las tres partes”, detalló Pérez Araujo.
Mendoza, por su parte, actualizó su propuesta de obras para la cuenca, que había presentado en mayo. “Entendemos que es una propuesta en la que han ajustado algunos costos y han incluido algunas obras propuestas por La Pampa. En esa propuesta Mendoza habla del trasvase del río Grande al Atuel como la obra fundamental para dar solución a este conflicto, obra que nosotros entendemos que no puede ser tratada en el ámbito de la CIAI por la carencia de competencia”, afirmó el procurador general.
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Fecha de Publicación: 16/10/2018
Fuente: La Reforma de La Pampa
Provincia/Región: La Pampa - Mendoza
En la última reunión del Comité Ejecutivo de la Comisión Interjurisdiccional del Atuel Inferior (CIAI) previa al vencimiento del plazo fijado por la Corte Suprema de la Nación, La Pampa rechazó la propuesta del Estado nacional por entender que no cumple con el restablecimiento de un caudal mínimo ecológico que ordenó el Máximo Tribunal.
El encuentro tuvo lugar en la sede del Consejo Hídrico Federal (COHIFE) y contó con la participación del secretario de Infraestructura y Política Hídrica de la Nación, Pablo Bereciartua, y el director de Política Hídrica y Coordinación Federal, Ricardo Ferreyra.
La delegación pampeana estuvo encabezada por el procurador general, Hernán Pérez Araujo, el secretario de Recursos Hídricos, Javier Schlegel, el fiscal de Estado, José Vanini, la ministra de Desarrollo Social, Fernanda Alonso, el ministro de Obras y Servicios Públicos, Julio Bargero, el diputado provincial, Jorge Lezcano, el representante de la Asamblea por los Ríos, Néstor Lastiri, y la presidenta de la Asamblea por los Ríos Pampeanos de Santa Isabel, Juanita de Ugalde.
Luego de meses de espera -y reiterados reclamos de La Pampa- el gobierno nacional presentó su propuesta de obras para la cuenca del Atuel. En su exposición Bereciartúa destacó cuatro puntos claves: el fortalecimiento de la CIAI mediante la creación de la Comisión Interjurisdiccional del Atuel Inferior; un compromiso de inversión de Nación para obras hídricas por 700 millones de pesos; la incorporación de dos sensores de medición de caudal y calidad de agua en tiempo real y el reemplazo de otros cinco que están en funcionamiento; y el establecimiento de un caudal mínimo de 2,2 metros cúbicos por segundo.
“La propuesta de Nación parte de una premisa falsa y errónea que es plantear la posibilidad de recomponer el ecosistema del noroeste de La Pampa sin fijar un caudal hídrico ecológico como ordenó la Corte”, se quejó Pérez Araujo.
“Lo que hace -siguió- es determinar un caudal a alcanzar con la realización de obras de 3,2 metros cúbicos por segundo, determinado por el Instituto Nacional del Agua, que aplicó una serie de métodos hidrológicos y determinó un promedio”.
“Lo llamativo de esto es que para otorgar un caudal inicial, esto es, con la realización de algunas obras que no han detallado cuáles son, toman un medio entre ese caudal que fijó el INA y el caudal que determina Mendoza de 1,33 metros cúbicos por segundo. Esto le da 2,2 metros cúbicos por segundo. Ni siquiera hallamos el gesto de buena voluntad de, para encontrar ese término medio, utilizar el caudal solicitado por La Pampa de 4,5 metros cúbicos por segundo. El caudal que propone La Pampa es absolutamente desconocido por Nación”, recalcó Pérez Araujo.
El procurador cuestionó la demora del gobierno nacional en manifestar su posición. “Nación pudo haber tenido la llave de este conflicto a través de una propuesta que sea superadora, que sea genuina, que no sea un mero compromiso para las fotos y para presentarle a la Corte el ejercicio de un trabajo de mediación, como inicialmente pretendieron. Entendemos que esa no era la tarea, Nación debía involucrarse. Desde lo técnico se involucró pero desde lo político nos hizo esperar 10 meses. Pasaron 300 días para que nos presenten una propuesta que, en principio, no recompone el ecosistema. Y han pasado 300 días en los que, ante la inacción política del Estado nacional, el ecosistema del noroeste de La Pampa se ha seguido degradando y hoy estamos peor que el 1 de diciembre cuando se dictó la sentencia de la Corte”, señaló el funcionario pampeano.
Cese del daño
Pérez Araujo recordó que a días de vencer el plazo de la Corte Suprema, La Pampa no ha recibido una repuesta a su propuesta de obras por parte de Nación y de Mendoza. Asimismo, volvió a reclamar el cese del daño ambiental en el noroeste pampeano.
“Lo que necesitamos es el cese inmediato del daño. Para empezar a reconstituirlo primero debemos cesar con el daño del ecosistema. Por eso hemos propuesto que, de manera inicial, se determine un caudal de 3,4 metros cúbicos por segundo mínimo -que no es el caudal apto que necesita el Atuel para reconstituir el sistema- a otorgarse sin la realización de ninguna obra. Y en el plazo de 12 meses si otorgarse los 4,5 metros cúbicos por segundo con la ejecución de algunas obras en las que podamos ponernos de acuerdo las tres partes”, detalló Pérez Araujo.
Mendoza, por su parte, actualizó su propuesta de obras para la cuenca, que había presentado en mayo. “Entendemos que es una propuesta en la que han ajustado algunos costos y han incluido algunas obras propuestas por La Pampa. En esa propuesta Mendoza habla del trasvase del río Grande al Atuel como la obra fundamental para dar solución a este conflicto, obra que nosotros entendemos que no puede ser tratada en el ámbito de la CIAI por la carencia de competencia”, afirmó el procurador general.
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Explotaciones “off shore” con resistencias
Odarda quiere evitar la actividad petrolera en el mar argentino
Fecha de Publicación: 16/10/2018
Fuente: La Mañana Cipolletti
Provincia/Región: Nacional
Reclamó contra el decreto que permite la exploración y explotación petrolera en la plataforma marítima argentina.
El Gobierno Nacional decretó que habilita el desarrollo de la exploración y explotación de hidrocarburos “costa afuera”, denominados “off shore”, lo que significa impulsar la actividad petrolera en la plataforma marítima Argentina. La senadora rionegrina, Magdalena Odarda, se manifestó en contra por el peligro para la biodiversidad marina de todo el país.
El decreto 872/18 firmado el 1° de octubre, instruye a la Secretaria de Gobierno de Energía para que proceda a convocar a Concurso Público Internacional para adjudicar permisos de exploración de hidrocarburos en las áreas del ámbito “costa Afuera” nacional, conforme el régimen de la ley 17.319 y sus modificatorias.
La Senadora rionegrina expresó que este decreto significa “poner en grave peligro la plataforma marina y con ello, nuestras costas, la biodiversidad, la pesca, el desarrollo del turismo. El mar no sabe de límites para explotar o no. Una actividad de alto riesgo ambiental como la hidrocarburífera en el mar, podría afectar irremediablemente las costas”.
Es importante destacar que en nuestro país existen 45 áreas costero-marinas protegidas, 36 de las cuales se encuentran en jurisdicción provincial, constituidas con un espíritu conservacionista. La presión de este tipo de actividad de alto riesgo afectaría irreversiblemente la biodiversidad marina en su conjunto, con consecuencias en la costa atlántica.
Odarda es autora del proyecto S 174/18, presentado inicialmente en 2016, que modifica la ley de hidrocarburos 17.319, suprimiendo las actividades de explotación de hidrocarburos no convencionales y la explotación de hidrocarburos off shore (costa afuera). De esta forma, dos actividades de gran impacto ambiental, muy resistidas por la población y las organizaciones sociales aquí y en el resto del mundo, quedarían fuera de operación.
Según exponen los especialistas, estas técnicas de explotación generan igual resistencia social. Pescadores artesanales de Santa Cruz, alertados por la posible explotación en el Golfo San Jorge en 2009, denunciaron que con el inicio de esos trabajos y durante más de un año y medio prácticamente habían desaparecido las centollas y merluzas del caladero. En 2014 los pescadores se declararon en estado de alerta ante el anuncio de YPF de realizar exploraciones en aguas de jurisdicción chubutense.
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Fecha de Publicación: 16/10/2018
Fuente: La Mañana Cipolletti
Provincia/Región: Nacional
Reclamó contra el decreto que permite la exploración y explotación petrolera en la plataforma marítima argentina.
El Gobierno Nacional decretó que habilita el desarrollo de la exploración y explotación de hidrocarburos “costa afuera”, denominados “off shore”, lo que significa impulsar la actividad petrolera en la plataforma marítima Argentina. La senadora rionegrina, Magdalena Odarda, se manifestó en contra por el peligro para la biodiversidad marina de todo el país.
El decreto 872/18 firmado el 1° de octubre, instruye a la Secretaria de Gobierno de Energía para que proceda a convocar a Concurso Público Internacional para adjudicar permisos de exploración de hidrocarburos en las áreas del ámbito “costa Afuera” nacional, conforme el régimen de la ley 17.319 y sus modificatorias.
La Senadora rionegrina expresó que este decreto significa “poner en grave peligro la plataforma marina y con ello, nuestras costas, la biodiversidad, la pesca, el desarrollo del turismo. El mar no sabe de límites para explotar o no. Una actividad de alto riesgo ambiental como la hidrocarburífera en el mar, podría afectar irremediablemente las costas”.
Es importante destacar que en nuestro país existen 45 áreas costero-marinas protegidas, 36 de las cuales se encuentran en jurisdicción provincial, constituidas con un espíritu conservacionista. La presión de este tipo de actividad de alto riesgo afectaría irreversiblemente la biodiversidad marina en su conjunto, con consecuencias en la costa atlántica.
Odarda es autora del proyecto S 174/18, presentado inicialmente en 2016, que modifica la ley de hidrocarburos 17.319, suprimiendo las actividades de explotación de hidrocarburos no convencionales y la explotación de hidrocarburos off shore (costa afuera). De esta forma, dos actividades de gran impacto ambiental, muy resistidas por la población y las organizaciones sociales aquí y en el resto del mundo, quedarían fuera de operación.
Según exponen los especialistas, estas técnicas de explotación generan igual resistencia social. Pescadores artesanales de Santa Cruz, alertados por la posible explotación en el Golfo San Jorge en 2009, denunciaron que con el inicio de esos trabajos y durante más de un año y medio prácticamente habían desaparecido las centollas y merluzas del caladero. En 2014 los pescadores se declararon en estado de alerta ante el anuncio de YPF de realizar exploraciones en aguas de jurisdicción chubutense.
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La Cueva de las Manos nuevamente en manos del Estado
Una fundación dona 600 hectáreas para el parque Cueva de las Manos
Fecha de Publicación: 15/10/2018
Fuente: El Patagónico
Provincia/Región: Santa Cruz
La fundación Flora y Fauna donó a Santa Cruz 600 hectáreas para la consolidación del recientemente creado Parque Provincial que alberga la Cueva de las Manos, en el noroeste de la provincia patagónica, que fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1999, informó hoy la entidad.
La donación se formalizó ayer en una reunión que mantuvieron representantes de la fundación ecologista con la gobernadora Alicia Kirchner y funcionarios de su Gabinete.
También participaron del encuentro diputados provinciales y del municipio de Perito Moreno, ciudad de cerca de 6.000 habitantes ubicada a más de 900 kilómetros de Río Gallegos, la capital provincial, y que desde hace 38 años tiene a su cargo la administración y custodia del lugar.
La propiedad de las tierras que albergan al sitio arqueológico y de pinturas rupestres de más de 9,000 años de antigüedad, ubicado en el cañadón del río Pinturas, en el departamento Lago Buenos Aires, estuvo en manos privadas hasta que en 2015 las adquirió la Fundación "con el fin de incorporarlas al sistema de áreas protegidas".
La aprobación de la ley que creó el Parque Provincial el último 27 de septiembre posibilitó el traspaso de las 600 hectáreas del sitio Cueva de las Manos al Estado provincial, lo que constituyó "el último paso" en el marco del convenio de colaboración entre la Fundación y la provincia de Santa Cruz.
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Fecha de Publicación: 15/10/2018
Fuente: El Patagónico
Provincia/Región: Santa Cruz
La fundación Flora y Fauna donó a Santa Cruz 600 hectáreas para la consolidación del recientemente creado Parque Provincial que alberga la Cueva de las Manos, en el noroeste de la provincia patagónica, que fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1999, informó hoy la entidad.
La donación se formalizó ayer en una reunión que mantuvieron representantes de la fundación ecologista con la gobernadora Alicia Kirchner y funcionarios de su Gabinete.
También participaron del encuentro diputados provinciales y del municipio de Perito Moreno, ciudad de cerca de 6.000 habitantes ubicada a más de 900 kilómetros de Río Gallegos, la capital provincial, y que desde hace 38 años tiene a su cargo la administración y custodia del lugar.
La propiedad de las tierras que albergan al sitio arqueológico y de pinturas rupestres de más de 9,000 años de antigüedad, ubicado en el cañadón del río Pinturas, en el departamento Lago Buenos Aires, estuvo en manos privadas hasta que en 2015 las adquirió la Fundación "con el fin de incorporarlas al sistema de áreas protegidas".
La aprobación de la ley que creó el Parque Provincial el último 27 de septiembre posibilitó el traspaso de las 600 hectáreas del sitio Cueva de las Manos al Estado provincial, lo que constituyó "el último paso" en el marco del convenio de colaboración entre la Fundación y la provincia de Santa Cruz.
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Contundente movilización a favor de la 7.722 mendocina
Unas 4.000 personas se manifestaron a favor de la ley 7.722 en Alvear
Fecha de Publicación: 15/10/2018
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
La consigna fue "la ley no prohíbe la minería, la controla". Participó todo el arco político junto a los sectores económicos y sociales
Una vez más, los vecinos de General Alvear se movilizaron para mostrar el descontento con la posibilidad de modificación a la ley 7.722, que prohíbe el uso de sustancias tóxicas en la minería metalífera a cielo abierto.
Cerca de las 20, alrededor de 4.000 personas marcharon desde el kilómetro cero de Alvear por la principal avenida y terminaron con un acto en la plaza Carlos María, en el que solamente estuvo la bendición de un sacerdote, las palabras de un pastor y leyeron un documento en el que ratificaron que seguirán defendiendo la norma sancionada en 2007.
“En una provincia donde el régimen de lluvia es escaso y la disponibilidad de agua dulce es crítica, no se puede promover una actividad en detrimento de la otra. Además hay que decir dos verdades, primero que la ley 7.722, no prohíbe la actividad minera, no es una Ley antiminera, y en segundo lugar la minería metalífera con uso de sustancias tóxicas no es sustentable”, reza parte del escrito.
La convocatoria partió desde la multisectorial alvearense, organización que agrupa a más de 30 entidades del departamento entre las que se encuentran Federación Agraria Argentina, la Cámara de Comercio, el POS de Real del Padre (San Rafael), sindicatos, asociaciones de profesionales más organizaciones sociales, entre otras y como no ocurría hace 11 años, unió a todo el espectro político, tanto oficialista como opositor, los sectores económicos y sociales.
En primera fila estaba el intendente Walther Marcolini junto a gran parte del gabinete, los concejales de todos los partidos, agricultores, referentes de empresas agroindustriales y exportadores, bodegueros, docentes, vecinos en general. El sector comercial dio muestras de apoyo apagando las luces de los locales y cerrando sus puertas.
También llegaron en caravana de Villa Atuel, Jaime Prats, Real del Padre y Colonia López, todos distritos y parajes sanrafaelinos aledaños a General Alvear.
“Es parte del ejercicio pleno de la democracia, la voluntad de la gente es defender la ley y vamos a hacer todo lo posible para que sigamos teniéndola”, dijo Carlos Achetoni, el nuevo presidente de Federación Agraria Argentina.
“No nos vamos a cansar de decir que la 7.722 no prohíbe la minería, la controla, cuida el medio ambiente. Nos manifestamos porque queremos defender el agua además de recordar que estamos en una crisis hídrica que en realidad ya se ha convertido en normal, el agua es escasa”, sostuvo Javier Odetti, presidente de la Cámara de Comercio.
Entre las medidas de acción que anunciaron desde la multisectorial, indicaron que van a participar “de cada una de las reuniones en la cámara de Senadores y Diputados, en las comisiones de Ambiente, Legislativa y también Minería y personalmente con cada legislador haciendo conocer los motivos de nuestra defensa que protege a toda la provincia de Mendoza”, señalaron.
En San Rafael también se manifestaron en la plaza San Martín a favor de la ley pero tuvo escasa concurrencia.
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Fecha de Publicación: 15/10/2018
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
La consigna fue "la ley no prohíbe la minería, la controla". Participó todo el arco político junto a los sectores económicos y sociales
Una vez más, los vecinos de General Alvear se movilizaron para mostrar el descontento con la posibilidad de modificación a la ley 7.722, que prohíbe el uso de sustancias tóxicas en la minería metalífera a cielo abierto.
Cerca de las 20, alrededor de 4.000 personas marcharon desde el kilómetro cero de Alvear por la principal avenida y terminaron con un acto en la plaza Carlos María, en el que solamente estuvo la bendición de un sacerdote, las palabras de un pastor y leyeron un documento en el que ratificaron que seguirán defendiendo la norma sancionada en 2007.
“En una provincia donde el régimen de lluvia es escaso y la disponibilidad de agua dulce es crítica, no se puede promover una actividad en detrimento de la otra. Además hay que decir dos verdades, primero que la ley 7.722, no prohíbe la actividad minera, no es una Ley antiminera, y en segundo lugar la minería metalífera con uso de sustancias tóxicas no es sustentable”, reza parte del escrito.
La convocatoria partió desde la multisectorial alvearense, organización que agrupa a más de 30 entidades del departamento entre las que se encuentran Federación Agraria Argentina, la Cámara de Comercio, el POS de Real del Padre (San Rafael), sindicatos, asociaciones de profesionales más organizaciones sociales, entre otras y como no ocurría hace 11 años, unió a todo el espectro político, tanto oficialista como opositor, los sectores económicos y sociales.
En primera fila estaba el intendente Walther Marcolini junto a gran parte del gabinete, los concejales de todos los partidos, agricultores, referentes de empresas agroindustriales y exportadores, bodegueros, docentes, vecinos en general. El sector comercial dio muestras de apoyo apagando las luces de los locales y cerrando sus puertas.
También llegaron en caravana de Villa Atuel, Jaime Prats, Real del Padre y Colonia López, todos distritos y parajes sanrafaelinos aledaños a General Alvear.
“Es parte del ejercicio pleno de la democracia, la voluntad de la gente es defender la ley y vamos a hacer todo lo posible para que sigamos teniéndola”, dijo Carlos Achetoni, el nuevo presidente de Federación Agraria Argentina.
“No nos vamos a cansar de decir que la 7.722 no prohíbe la minería, la controla, cuida el medio ambiente. Nos manifestamos porque queremos defender el agua además de recordar que estamos en una crisis hídrica que en realidad ya se ha convertido en normal, el agua es escasa”, sostuvo Javier Odetti, presidente de la Cámara de Comercio.
Entre las medidas de acción que anunciaron desde la multisectorial, indicaron que van a participar “de cada una de las reuniones en la cámara de Senadores y Diputados, en las comisiones de Ambiente, Legislativa y también Minería y personalmente con cada legislador haciendo conocer los motivos de nuestra defensa que protege a toda la provincia de Mendoza”, señalaron.
En San Rafael también se manifestaron en la plaza San Martín a favor de la ley pero tuvo escasa concurrencia.
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Arcor acusado de contaminar la cuenca del río Salí-Dulce
Arcor en la mira de la justicia federal por contaminar Tucumán: indagarán a los directivos del ingenio La Providencia
Fecha de Publicación: 15/10/2018
Fuente: Contexto
Provincia/Región: Tucumán
A través de una resolución que se dio a conocer el pasado 6 de septiembre, la Cámara Federal de Tucumán ordenó la citación a prestar declaración indagatoria a un grupo de directivos del ingenio "La Providencia", en el marco de una causa donde se investiga la contaminación del Río Seco por parte del referido establecimiento, propiedad de la empresa Arcor SAIC. De este modo, el tribunal, por unanimidad, revocó el fallo de primera instancia que había dispuesto el sobreseimiento de los imputados, decisorio que motivó el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía Federal N°2 a cargo de Pablo Camuña, oportunamente sostenido en esta instancia por la Fiscalía General a cargo de Antonio Gustavo Gómez.
La causa tuvo su origen en una investigación preliminar desarrollada por la Fiscalía General, que derivó luego en el requerimiento de instrucción por parte de la Fiscalía Federal. Como parte de las medidas dispuestas por el Juzgado Federal N°2, se llevó a cabo un allanamiento en el predio donde funciona el ingenio "La Providencia", donde se procedió a la toma de muestras de líquidos y sólidos que emanan de la fábrica y que fueran vertidos a cursos de agua interiores o exteriores, habiéndose determinado que el establecimiento no contaba con planta de tratamiento alguna, y que los líquidos eran arrojados al lecho del Río Seco, lo que provocaba la contaminación de la cuenca del río Salí-Dulce.
En este sentido, las conclusiones del informe oportunamente elaborado por el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostienen que "las mediciones que se han realizado desde el punto de vista analítico nos hablan que el agua no es apta para el consumo humano", y especifica que la demanda química y bioquímica de oxígeno no se encuentran dentro de los límites permitidos, lo que genera un medio no apto para la vida y apto para la proliferación de gran cantidad de microorganismos anaerobis y algunas bacterias, virus y protozoarios, los cuales son perjudiciales para la salud.
Entre otros elementos probatorios, la Dirección de Policía Científica de Gendarmería Nacional elevó un informe donde refleja la circunstancia de que los efluentes líquidos del proceso tienen su destino en el Río Seco, mientras que un relevamiento de la Unidad Fiscal de Investigaciones en Materia Ambiental (UFIMA) señaló que los parámetros analizados exceden los límites establecidos en la normativa vigente (leyes 24.051 y 20.184).
Entre otros aspectos, la Fiscalía General destacó que el cuadro probatorio reunido durante la instrucción permite encuadrar la conducta atribuida a los imputados en el artículo 55 de la ley 24.051 y que el tipo legal se adscribe entre aquellos caracterizados como de peligro, en tanto no se reprime por el resultado de la acción exteriorizada en el mundo real, sino por el peligro que ha representado para el tutelado, en el caso, la salud pública a través del ataque al ambiente.
La Cámara Federal de Tucumán hizo lugar al planteo de la Fiscalía General "toda vez que en autos se investiga la posible comisión de un delito doloso y pluriofensivo, es decir, de una degradación concreta del medio ambiente (lesión) y de peligro para la salud de las personas (peligro abstracto)".
Por otra parte, los jueces consignaron que la declaración indagatoria "es un acto de defensa en el cual el imputado podrá referir circunstancias o aportar datos en favor de su defensa, no causando gravamen o perjuicio alguno, además, el sólo hecho de la convocatoria a prestar declaración". De este modo, el tribunal revocó el fallo de primera instancia e instó al magistrado a que cite a prestar declaración a los imputados en un plazo máximo de sesenta días.
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Fecha de Publicación: 15/10/2018
Fuente: Contexto
Provincia/Región: Tucumán
A través de una resolución que se dio a conocer el pasado 6 de septiembre, la Cámara Federal de Tucumán ordenó la citación a prestar declaración indagatoria a un grupo de directivos del ingenio "La Providencia", en el marco de una causa donde se investiga la contaminación del Río Seco por parte del referido establecimiento, propiedad de la empresa Arcor SAIC. De este modo, el tribunal, por unanimidad, revocó el fallo de primera instancia que había dispuesto el sobreseimiento de los imputados, decisorio que motivó el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía Federal N°2 a cargo de Pablo Camuña, oportunamente sostenido en esta instancia por la Fiscalía General a cargo de Antonio Gustavo Gómez.
La causa tuvo su origen en una investigación preliminar desarrollada por la Fiscalía General, que derivó luego en el requerimiento de instrucción por parte de la Fiscalía Federal. Como parte de las medidas dispuestas por el Juzgado Federal N°2, se llevó a cabo un allanamiento en el predio donde funciona el ingenio "La Providencia", donde se procedió a la toma de muestras de líquidos y sólidos que emanan de la fábrica y que fueran vertidos a cursos de agua interiores o exteriores, habiéndose determinado que el establecimiento no contaba con planta de tratamiento alguna, y que los líquidos eran arrojados al lecho del Río Seco, lo que provocaba la contaminación de la cuenca del río Salí-Dulce.
En este sentido, las conclusiones del informe oportunamente elaborado por el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostienen que "las mediciones que se han realizado desde el punto de vista analítico nos hablan que el agua no es apta para el consumo humano", y especifica que la demanda química y bioquímica de oxígeno no se encuentran dentro de los límites permitidos, lo que genera un medio no apto para la vida y apto para la proliferación de gran cantidad de microorganismos anaerobis y algunas bacterias, virus y protozoarios, los cuales son perjudiciales para la salud.
Entre otros elementos probatorios, la Dirección de Policía Científica de Gendarmería Nacional elevó un informe donde refleja la circunstancia de que los efluentes líquidos del proceso tienen su destino en el Río Seco, mientras que un relevamiento de la Unidad Fiscal de Investigaciones en Materia Ambiental (UFIMA) señaló que los parámetros analizados exceden los límites establecidos en la normativa vigente (leyes 24.051 y 20.184).
Entre otros aspectos, la Fiscalía General destacó que el cuadro probatorio reunido durante la instrucción permite encuadrar la conducta atribuida a los imputados en el artículo 55 de la ley 24.051 y que el tipo legal se adscribe entre aquellos caracterizados como de peligro, en tanto no se reprime por el resultado de la acción exteriorizada en el mundo real, sino por el peligro que ha representado para el tutelado, en el caso, la salud pública a través del ataque al ambiente.
La Cámara Federal de Tucumán hizo lugar al planteo de la Fiscalía General "toda vez que en autos se investiga la posible comisión de un delito doloso y pluriofensivo, es decir, de una degradación concreta del medio ambiente (lesión) y de peligro para la salud de las personas (peligro abstracto)".
Por otra parte, los jueces consignaron que la declaración indagatoria "es un acto de defensa en el cual el imputado podrá referir circunstancias o aportar datos en favor de su defensa, no causando gravamen o perjuicio alguno, además, el sólo hecho de la convocatoria a prestar declaración". De este modo, el tribunal revocó el fallo de primera instancia e instó al magistrado a que cite a prestar declaración a los imputados en un plazo máximo de sesenta días.
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