Otro directivo de Ingenio procesado por contaminación
07:00 | 
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Procesaron a los dueños del ingenio Santa Bárbara por contaminación ambiental
Fecha de Publicación: 10/09/2017
Fuente: Primera Fuente
Provincia/Región: Tucumán
El juez federal Daniel Bejas ordenó el procesamiento sin prisión preventiva de los responsables de la firma que explota el ingenio, José y Julio Colombres. Además, dispuso un embargo de $2 millones a cada uno.
El juez federal Nº1, Daniel Bejas, ordenó el procesamiento sin prisión preventiva contra José Agustín Colombres y Julio José Colombres, como presuntos autores responsables del delito de contaminación ambiental, previsto y penado por el artículo 55 de la Ley 24.051. Ambos imputados son los responsables de la firma “Azucarera J.M.Terán S.A”, a cargo de la explotación del Ingenio Santa Bárbara.
El magistrado también dispuso un embargo en los bienes de ambos imputados hasta cubrir la suma de $2 millones, por cada uno de ellos.
En base a diferentes estudios realizados por expertos de Buenos Aires y de la UNT, y a informes de Gendarmería Nacional, el juez Bejas concluyó que “la contaminación ambiental y el peligro para la salud pública, se encuentran acreditados con el grado de certeza exigido en estas instancias”, según el fallo que firmó el 4 de julio pasado.
“Como surge de los dos informes realizados por Gendarinería Nacional la contaminación excedió los límites legalmente tolerables, creando de esta manera un riesgo jurídicamente desaprobado. En este sentido, no puedo dejar de hacer referencia a que la contaminación de la Cuenca del Río Salí- Dulce efectuada por intermedio del Río Chico culmina en el Dique El Frontal, el cual es utilizado para la extracción de agua potable para numerosas personas”, sostuvo Bejas en parte de sus argumentos para decidir el procesamiento de los dos industriales azucareros.
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Fecha de Publicación: 10/09/2017
Fuente: Primera Fuente
Provincia/Región: Tucumán
El juez federal Daniel Bejas ordenó el procesamiento sin prisión preventiva de los responsables de la firma que explota el ingenio, José y Julio Colombres. Además, dispuso un embargo de $2 millones a cada uno.
El juez federal Nº1, Daniel Bejas, ordenó el procesamiento sin prisión preventiva contra José Agustín Colombres y Julio José Colombres, como presuntos autores responsables del delito de contaminación ambiental, previsto y penado por el artículo 55 de la Ley 24.051. Ambos imputados son los responsables de la firma “Azucarera J.M.Terán S.A”, a cargo de la explotación del Ingenio Santa Bárbara.
El magistrado también dispuso un embargo en los bienes de ambos imputados hasta cubrir la suma de $2 millones, por cada uno de ellos.
En base a diferentes estudios realizados por expertos de Buenos Aires y de la UNT, y a informes de Gendarmería Nacional, el juez Bejas concluyó que “la contaminación ambiental y el peligro para la salud pública, se encuentran acreditados con el grado de certeza exigido en estas instancias”, según el fallo que firmó el 4 de julio pasado.
“Como surge de los dos informes realizados por Gendarinería Nacional la contaminación excedió los límites legalmente tolerables, creando de esta manera un riesgo jurídicamente desaprobado. En este sentido, no puedo dejar de hacer referencia a que la contaminación de la Cuenca del Río Salí- Dulce efectuada por intermedio del Río Chico culmina en el Dique El Frontal, el cual es utilizado para la extracción de agua potable para numerosas personas”, sostuvo Bejas en parte de sus argumentos para decidir el procesamiento de los dos industriales azucareros.
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12 camiones de basura por día de canales neuquinos
Sacaron 12 camiones de basura por día de un canal del Oeste
Fecha de Publicación: 10/09/2017
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
Los trabajos a cargo del Municipio se realizaron en el canal Crouzeilles y su continuación O´Connor.
En un mes, el Municipio sacó unos 12 camiones repletos de basura por día del canal Crouzeilles y su continuación O´Connor.
Se trata de la continuación el cronograma de mantenimiento y limpieza de todos los canales que lleva adelante la subsecretaria de Mantenimiento Vial.
“Estamos sacando en promedio unos 180 metros cúbicos de basura y sedimentos, es decir unas 12 camionadas por día de residuos de estos cursos de agua”, contó el subsecretario de Mantenimiento Vial, Juan Manuel López Osornio, y relató que se sacó mucha basura y material calcáreo.
“Esto es muy importante para darle profundidad y la configuración que corresponde. Lo que se busca con estas tareas es que el agua corra bien por estos canales, y si tenemos lluvia muy pronunciadas no se saturen”, comentó.
El funcionario municipal dijo que se llegará con estas tareas hasta el arroyo Durán, por lo que estarán unos 20 días más en el sector. “Después vamos a volver al canal Necochea y cuando terminemos ahí vamos a volver al Villa María”, destacó.
Durante el operativo, el Municipio retiró sedimentos, basura domiciliaria, bolsas, neumáticos y muchos escombros.
El Municipio cuenta con los Centros de Transferencia , que están abiertos de 8 a 20 todos los días del año: uno se encuentra en José Rosa 750 y el otro en la delegación de Alto Godoy.
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Fecha de Publicación: 10/09/2017
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
Los trabajos a cargo del Municipio se realizaron en el canal Crouzeilles y su continuación O´Connor.
En un mes, el Municipio sacó unos 12 camiones repletos de basura por día del canal Crouzeilles y su continuación O´Connor.
Se trata de la continuación el cronograma de mantenimiento y limpieza de todos los canales que lleva adelante la subsecretaria de Mantenimiento Vial.
“Estamos sacando en promedio unos 180 metros cúbicos de basura y sedimentos, es decir unas 12 camionadas por día de residuos de estos cursos de agua”, contó el subsecretario de Mantenimiento Vial, Juan Manuel López Osornio, y relató que se sacó mucha basura y material calcáreo.
“Esto es muy importante para darle profundidad y la configuración que corresponde. Lo que se busca con estas tareas es que el agua corra bien por estos canales, y si tenemos lluvia muy pronunciadas no se saturen”, comentó.
El funcionario municipal dijo que se llegará con estas tareas hasta el arroyo Durán, por lo que estarán unos 20 días más en el sector. “Después vamos a volver al canal Necochea y cuando terminemos ahí vamos a volver al Villa María”, destacó.
Durante el operativo, el Municipio retiró sedimentos, basura domiciliaria, bolsas, neumáticos y muchos escombros.
El Municipio cuenta con los Centros de Transferencia , que están abiertos de 8 a 20 todos los días del año: uno se encuentra en José Rosa 750 y el otro en la delegación de Alto Godoy.
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Otro derrame de cianuro, ahora de YMAD
Denuncian derrame de cianuro en mina
Fecha de Publicación: 10/09/2017
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Catamarca
La mina es explotada por Yacimientos Mineros Agua del Dionisio (YMAD), que integran el Estado Nacional, la Universidad de Tucumán y el gobierno provincial.
La rotura de una válvula provocó un derrame de agua cianurada en la mina Farallón Negro, ubicada en el sector oeste de Catamarca.
La mina es explotada por Yacimientos Mineros Agua del Dionisio (YMAD), que integran el Estado Nacional, la Universidad de Tucumán y el gobierno provincial.
A pesar de que en un primer momento el dato pasó desapercibido, incluso para las poblaciones afectadas, en las últimas horas se filtró la noticia del derrame en el circuito de lixiviación, y según publica el diario Ancasti en su página web, se paró la producción de la mina, aunque aún no existen precisiones sobre el impacto ambiental que pudo haber generado el derrame.
Los derrames producidos por Barrick Gold en su mina Veladero, tuvieron el mismo comienzo.
La lixiviación es un proceso mediante el cual se consigue apartar los metales preciosos de la roca. En este proceso se utiliza una solución líquida que contiene agua, cianuro, cal y otros compuestos químicos altamente contaminantes.
Por lo general, como ha ocurrido ya en otros casos, la sustancia derramada suele alcanzar con velocidad los cursos de agua que alimentan a los grande ríos tierras abajo.
El derrame en Farallón Negro, destacan medios de la región, "se produce en medio de una compleja situación legal de la empresa".
"En primer lugar -prosigue la denuncia periodística-, no produjo ningún comunicado acerca de este escape de agua cianurada. El año pasado decidió cerrar su planta de refinamiento que tenía en la capital catamarqueña donde producía lingotes de oro y granallas de plata, que exporta".
En referencia al supuesto derrame, desde la web de la empresa se asegura que "todas las etapas del proceso productivo están provistas de la tecnología más eficiente. Se trabaja por la optimización continua del uso de los recursos naturales y la energía, y aplicando día a día las más estrictas medidas de control y seguridad".
La mina, que comenzó a operar en 1978, recibió la visita de inspectores de la División Policia Minera y de la Dirección de Gestión Ambiental Minera provinciales, quienes labraron un acta.
Por su parte, desde hace un mes, los empleados de la mina mantienen reclamos salariales.
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Fecha de Publicación: 10/09/2017
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Catamarca
La mina es explotada por Yacimientos Mineros Agua del Dionisio (YMAD), que integran el Estado Nacional, la Universidad de Tucumán y el gobierno provincial.
La rotura de una válvula provocó un derrame de agua cianurada en la mina Farallón Negro, ubicada en el sector oeste de Catamarca.
La mina es explotada por Yacimientos Mineros Agua del Dionisio (YMAD), que integran el Estado Nacional, la Universidad de Tucumán y el gobierno provincial.
A pesar de que en un primer momento el dato pasó desapercibido, incluso para las poblaciones afectadas, en las últimas horas se filtró la noticia del derrame en el circuito de lixiviación, y según publica el diario Ancasti en su página web, se paró la producción de la mina, aunque aún no existen precisiones sobre el impacto ambiental que pudo haber generado el derrame.
Los derrames producidos por Barrick Gold en su mina Veladero, tuvieron el mismo comienzo.
La lixiviación es un proceso mediante el cual se consigue apartar los metales preciosos de la roca. En este proceso se utiliza una solución líquida que contiene agua, cianuro, cal y otros compuestos químicos altamente contaminantes.
Por lo general, como ha ocurrido ya en otros casos, la sustancia derramada suele alcanzar con velocidad los cursos de agua que alimentan a los grande ríos tierras abajo.
El derrame en Farallón Negro, destacan medios de la región, "se produce en medio de una compleja situación legal de la empresa".
"En primer lugar -prosigue la denuncia periodística-, no produjo ningún comunicado acerca de este escape de agua cianurada. El año pasado decidió cerrar su planta de refinamiento que tenía en la capital catamarqueña donde producía lingotes de oro y granallas de plata, que exporta".
En referencia al supuesto derrame, desde la web de la empresa se asegura que "todas las etapas del proceso productivo están provistas de la tecnología más eficiente. Se trabaja por la optimización continua del uso de los recursos naturales y la energía, y aplicando día a día las más estrictas medidas de control y seguridad".
La mina, que comenzó a operar en 1978, recibió la visita de inspectores de la División Policia Minera y de la Dirección de Gestión Ambiental Minera provinciales, quienes labraron un acta.
Por su parte, desde hace un mes, los empleados de la mina mantienen reclamos salariales.
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YPF también apostará por las renovables
Lo que viene: la apuesta de YPF a las renovables
Fecha de Publicación: 09/09/2017
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Nacional
En Neuquén se lanzó una movida nacional de la petrolera. "Estamos ayudando en los primeros pasos hacia una energía sustentable", dijo la directora de la Fundación YPF.
La Fundación YPF, junto al Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) y el Ministerio de Energía de la Nación, realizó en Neuquén el lanzamiento de un ciclo de charlas sobre energías renovables que recorrerá distintas ciudades del país.
El objetivo es abordar el desafío y las oportunidades que se presentan para Argentina y la necesidad de encarar un cambio en el uso de las tecnologías energéticas. Pero eso no significa un reemplazo rotundo sino una combinación de las distintas posibilidades de cara al futuro y en el marco de la lucha contra el cambio climático que sufre el planeta.
“La energía renovable es lo que se viene, y nosotros estamos ayudando a dar los primeros pasos porque uno no se va a volcar de un día para el otro a esta nueva energía, pero es un comienzo hacia una energía sustentable”, comentó la directora ejecutiva de la Fundación YPF, Anabel Perrone.
En ese sentido, los números son claros: hoy la generación y distribución de energía renovable sólo cubre el 2 por ciento del total que se utiliza en nuestro país, que incluye energía solar térmica y fotovoltaica, sistemas de generación eólica de alta potencia y la aplicación de energía eólica de baja potencia para el desarrollo rural.
Pero el objetivo es alcanzar un 8 por ciento durante el próximo año, rondar un 16% para el año 2021 y finalmente llegar al 20% en 2025, de acuerdo con lo acordado en la Ley Nacional 27191 que fomenta el régimen para el uso de fuentes renovables de energía destinada a la producción de energía eléctrica.
“Las energías renovables son parte del futuro, pero es necesario tener una combinación de tecnologías porque la dependencia de una sola tecnología nos pone en un riesgo, cuando esa tecnología le falla su insumo, su recurso”, indicó Santiago Sajaroff, gerente de gestión técnica y proyectos del área de Gas y Energía de YPF. Y agregó: “Entonces la diversificación es la clave para mitigar el riesgo. Tiene que haber un mix óptimo que depende de los recursos que se tiene para las diferentes tecnologías”.
Paso a paso
Sajaroff recalcó a EyP que “esa combinación está bien planteada por la ley vigente ya que nos fija escalones crecientes hasta llegar a un 20 por ciento, que es un muy buen valor para que el sistema se adapte a esta nueva situación”. Y el porcentaje es ideal para evitar dolores de cabeza en el sistema energético cuando, por ejemplo, haya “que lidiar con un recurso como el solar o el viento, que de pronto desaparece”, sostuvo.
Pero, como ya habíamos comentado antes, no se trata de un cambio repentino ya que cada nueva inversión demanda un plazo de dos a tres años para establecer las pautas necesarias para un emprendimiento a gran escala.
“En el caso del eólico es necesario medir el viento, por ejemplo. No sólo para saber qué voy a poder generar, sino que también que tiene que ver con la verificación mecánica de los equipos, porque tienen que estar listos para las ráfagas que van a recibir”, comentó Sajaroff, en base a la experiencia de la empresa YPF en el proyecto Manantiales Behr en la provincia de Chubut, próximo a la ciudad de Comodoro Rivadavia. Allí, por ejemplo, los vientos tienen un factor de capacidad de alrededor de 50 cuando en China –el principal productor de energía eólica del mundo– sólo alcanza los 40 puntos. Según los especialistas, el viento patagónico es el tercer mejor recurso a nivel del mundo que posee el país, con un promedio de 8 a 12 metros por segundo, pero dependiendo la región a la que nos referimos la intensidad y la dad son cambiantes.
“El viento de Chubut es diferente al de Neuquén. Tiene una velocidad media mucho mejor que en esta provincia. Hay varios parámetros que se deben tener en cuenta antes de definir la inversión”, enfatizó el gerente de proyectos energéticos de la petrolera.
Así ocurre también con la energía solar, donde además de la colocación adecuada de los paneles, es necesario un estudio profundo de los días que está presente el astro rey como la intensidad de los rayos porque no es igual la fuerza que tiene en el noroeste argentino como en esta región patagónica.
Energía renovada
Los analistas consideran que Argentina está atrasada en materia de energías renovables al menos cuatro o cinco años con respecto al resto. No obstante, desde el gobierno nacional se ha incentivado, a través del programa Renovar, nuevas licitaciones para la explotación de esta tecnología en crecimiento. En tal sentido, declaró el 2017 como el año de las energías renovables.
La coordinadora de la Dirección Nacional de Promoción de las Energías Renovables, Mariela Fullone, destacó que ya hay 59 proyectos adjudicados en 17 provincias de nuestro país, muchos de los cuáles ya están en marcha. Hay un proyecto en Confluencia que tiene previsto la generación de 75 megavatios de electricidad.
Semanas atrás se lanzó una nueva licitación a nivel nacional, con la previsión de generar 1200 MW de energía, de los que 200 MW se podrían producir en nuestra provincia a través de proyectos eólicos.
135 teravatios por hora de electricidad es la demanda en Argentina.
Hoy la mayor parte se genera a través de hidrocarburos. Se presume que para el año 2025 ese consumo alcanzará los 168 TWh y el 20 por ciento de esa generación sería por recursos renovables.
Sustentabilidad energética
Las energías renovables son aquellas generadas por fuentes no fósiles idóneas para ser aprovechadas de forma sustentable en el corto, mediano y largo plazo: energía eólica, solar térmica, solar fotovoltaica, geotérmica, mareomotriz, undimotriz, de las corrientes marinas, hidráulica, biomasa, gases de vertedero, gases de plantas de depuración, biogás y biocombustibles. El gobierno nacional apunta a sumar las fuentes no fósiles. Además, armó un plan para que grandes consumidores puedan proveerse con renovables.
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Fecha de Publicación: 09/09/2017
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Nacional
En Neuquén se lanzó una movida nacional de la petrolera. "Estamos ayudando en los primeros pasos hacia una energía sustentable", dijo la directora de la Fundación YPF.
La Fundación YPF, junto al Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) y el Ministerio de Energía de la Nación, realizó en Neuquén el lanzamiento de un ciclo de charlas sobre energías renovables que recorrerá distintas ciudades del país.
El objetivo es abordar el desafío y las oportunidades que se presentan para Argentina y la necesidad de encarar un cambio en el uso de las tecnologías energéticas. Pero eso no significa un reemplazo rotundo sino una combinación de las distintas posibilidades de cara al futuro y en el marco de la lucha contra el cambio climático que sufre el planeta.
“La energía renovable es lo que se viene, y nosotros estamos ayudando a dar los primeros pasos porque uno no se va a volcar de un día para el otro a esta nueva energía, pero es un comienzo hacia una energía sustentable”, comentó la directora ejecutiva de la Fundación YPF, Anabel Perrone.
En ese sentido, los números son claros: hoy la generación y distribución de energía renovable sólo cubre el 2 por ciento del total que se utiliza en nuestro país, que incluye energía solar térmica y fotovoltaica, sistemas de generación eólica de alta potencia y la aplicación de energía eólica de baja potencia para el desarrollo rural.
Pero el objetivo es alcanzar un 8 por ciento durante el próximo año, rondar un 16% para el año 2021 y finalmente llegar al 20% en 2025, de acuerdo con lo acordado en la Ley Nacional 27191 que fomenta el régimen para el uso de fuentes renovables de energía destinada a la producción de energía eléctrica.
“Las energías renovables son parte del futuro, pero es necesario tener una combinación de tecnologías porque la dependencia de una sola tecnología nos pone en un riesgo, cuando esa tecnología le falla su insumo, su recurso”, indicó Santiago Sajaroff, gerente de gestión técnica y proyectos del área de Gas y Energía de YPF. Y agregó: “Entonces la diversificación es la clave para mitigar el riesgo. Tiene que haber un mix óptimo que depende de los recursos que se tiene para las diferentes tecnologías”.
Paso a paso
Sajaroff recalcó a EyP que “esa combinación está bien planteada por la ley vigente ya que nos fija escalones crecientes hasta llegar a un 20 por ciento, que es un muy buen valor para que el sistema se adapte a esta nueva situación”. Y el porcentaje es ideal para evitar dolores de cabeza en el sistema energético cuando, por ejemplo, haya “que lidiar con un recurso como el solar o el viento, que de pronto desaparece”, sostuvo.
Pero, como ya habíamos comentado antes, no se trata de un cambio repentino ya que cada nueva inversión demanda un plazo de dos a tres años para establecer las pautas necesarias para un emprendimiento a gran escala.
“En el caso del eólico es necesario medir el viento, por ejemplo. No sólo para saber qué voy a poder generar, sino que también que tiene que ver con la verificación mecánica de los equipos, porque tienen que estar listos para las ráfagas que van a recibir”, comentó Sajaroff, en base a la experiencia de la empresa YPF en el proyecto Manantiales Behr en la provincia de Chubut, próximo a la ciudad de Comodoro Rivadavia. Allí, por ejemplo, los vientos tienen un factor de capacidad de alrededor de 50 cuando en China –el principal productor de energía eólica del mundo– sólo alcanza los 40 puntos. Según los especialistas, el viento patagónico es el tercer mejor recurso a nivel del mundo que posee el país, con un promedio de 8 a 12 metros por segundo, pero dependiendo la región a la que nos referimos la intensidad y la dad son cambiantes.
“El viento de Chubut es diferente al de Neuquén. Tiene una velocidad media mucho mejor que en esta provincia. Hay varios parámetros que se deben tener en cuenta antes de definir la inversión”, enfatizó el gerente de proyectos energéticos de la petrolera.
Así ocurre también con la energía solar, donde además de la colocación adecuada de los paneles, es necesario un estudio profundo de los días que está presente el astro rey como la intensidad de los rayos porque no es igual la fuerza que tiene en el noroeste argentino como en esta región patagónica.
Energía renovada
Los analistas consideran que Argentina está atrasada en materia de energías renovables al menos cuatro o cinco años con respecto al resto. No obstante, desde el gobierno nacional se ha incentivado, a través del programa Renovar, nuevas licitaciones para la explotación de esta tecnología en crecimiento. En tal sentido, declaró el 2017 como el año de las energías renovables.
La coordinadora de la Dirección Nacional de Promoción de las Energías Renovables, Mariela Fullone, destacó que ya hay 59 proyectos adjudicados en 17 provincias de nuestro país, muchos de los cuáles ya están en marcha. Hay un proyecto en Confluencia que tiene previsto la generación de 75 megavatios de electricidad.
Semanas atrás se lanzó una nueva licitación a nivel nacional, con la previsión de generar 1200 MW de energía, de los que 200 MW se podrían producir en nuestra provincia a través de proyectos eólicos.
135 teravatios por hora de electricidad es la demanda en Argentina.
Hoy la mayor parte se genera a través de hidrocarburos. Se presume que para el año 2025 ese consumo alcanzará los 168 TWh y el 20 por ciento de esa generación sería por recursos renovables.
Sustentabilidad energética
Las energías renovables son aquellas generadas por fuentes no fósiles idóneas para ser aprovechadas de forma sustentable en el corto, mediano y largo plazo: energía eólica, solar térmica, solar fotovoltaica, geotérmica, mareomotriz, undimotriz, de las corrientes marinas, hidráulica, biomasa, gases de vertedero, gases de plantas de depuración, biogás y biocombustibles. El gobierno nacional apunta a sumar las fuentes no fósiles. Además, armó un plan para que grandes consumidores puedan proveerse con renovables.
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Plantearon que se prohíba en Neuquén la megaminería
Piden que se prohíba en toda la provincia de Neuquén la megaminería
Fecha de Publicación: 09/09/2017
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Neuquén
Representantes de asambleas socioambientales de cinco localidades plantearon ayer la postura en la Legislatura. Quieren que Neuquén se declare en contra de la explotación metalífera a cielo abierto. Recibieron el apoyo de tres bloques de diputados.
Representantes de asambleas socioambientales de Junín de los Andes, Las Coloradas, Chos Malal, Vista Alegre y San Martín de los Andes pidieron ayer a los diputados avanzar en una ley que prohiba la minería a cielo abierto en todo el territorio provincial. Presentaron un borrador respaldado por alrededor de 2.000 firmas que prioriza la preservación del agua y establece que no podrán usarse en la actividad minera sustancias como cianuro, mercurio, yoduro de sodio, ácido sulfúrico, entre otras denominadas peligrosas.
“Nos estamos dando discusiones finas en cuanto a si lo tratamos desde el punto de vista del agua, de cómo va a impactar en las concesiones que ya están avanzadas y para que sea lo menos conflictivo posible, sin dejar de resguardar el bien común”, explicó ayer el abogado Germán Zúñiga. “Estamos pensando estratégicamente en qué momento presentarlo y por eso queríamos hablar con los diputados a ver cómo son las posturas”, agregó.
Ayer recibieron el respaldo de los bloques del Frente Neuquino, Libres del Sur y del Frente de Izquierda. El Movimiento Popular Neuquino (MPN) no anticipó posición respecto del tema. El único proyecto formal presentado hasta el momento ingresó el año pasado con las firmas de Mariano Mansilla y Teresa Rioseco, pero todavía no fue debatido.
Si bien en la provincia no hay ninguna concesión en ciernes que establezca la minería a cielo abierto como método de extracción de metales, sí hay algunas propuestas que fueron frenadas por rechazo social o medidas judiciales.
Ocurrió en Las Coloradas, donde la empresa Southern Copper pretendía iniciar un proyecto de exploración de cobre, oro y molibdeno y fue suspendido por resolución de la Subsecretaría de Ambiente hasta que cuente con licencia ambiental. En el cerro Caycayén, cercano a Chos Malal, también se quiso comenzar con el trámite administrativo para buscar cobre, pero terminó siendo anulado.
Otro caso paradigmático es el de Loncopué, en donde una empresa china quiso explotar el cerro Tres Puntas de Campana Mahuida, pero lo suspendió una acción de amparo. El conflicto terminó con una consulta popular que rechazó la megaminería en la localidad.
“Sabemos que la cordillera es zona propicia para encontrar metales preciosos y que, al estar diseminados, son propensos a este tipo de extracción”, planteó el abogado Zúñiga. En Andacollo, hay un proyecto de exploración y explotación de oro y plata, pero con el método subterráneo.
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Fecha de Publicación: 09/09/2017
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Neuquén
Representantes de asambleas socioambientales de cinco localidades plantearon ayer la postura en la Legislatura. Quieren que Neuquén se declare en contra de la explotación metalífera a cielo abierto. Recibieron el apoyo de tres bloques de diputados.
Representantes de asambleas socioambientales de Junín de los Andes, Las Coloradas, Chos Malal, Vista Alegre y San Martín de los Andes pidieron ayer a los diputados avanzar en una ley que prohiba la minería a cielo abierto en todo el territorio provincial. Presentaron un borrador respaldado por alrededor de 2.000 firmas que prioriza la preservación del agua y establece que no podrán usarse en la actividad minera sustancias como cianuro, mercurio, yoduro de sodio, ácido sulfúrico, entre otras denominadas peligrosas.
“Nos estamos dando discusiones finas en cuanto a si lo tratamos desde el punto de vista del agua, de cómo va a impactar en las concesiones que ya están avanzadas y para que sea lo menos conflictivo posible, sin dejar de resguardar el bien común”, explicó ayer el abogado Germán Zúñiga. “Estamos pensando estratégicamente en qué momento presentarlo y por eso queríamos hablar con los diputados a ver cómo son las posturas”, agregó.
Ayer recibieron el respaldo de los bloques del Frente Neuquino, Libres del Sur y del Frente de Izquierda. El Movimiento Popular Neuquino (MPN) no anticipó posición respecto del tema. El único proyecto formal presentado hasta el momento ingresó el año pasado con las firmas de Mariano Mansilla y Teresa Rioseco, pero todavía no fue debatido.
Si bien en la provincia no hay ninguna concesión en ciernes que establezca la minería a cielo abierto como método de extracción de metales, sí hay algunas propuestas que fueron frenadas por rechazo social o medidas judiciales.
Ocurrió en Las Coloradas, donde la empresa Southern Copper pretendía iniciar un proyecto de exploración de cobre, oro y molibdeno y fue suspendido por resolución de la Subsecretaría de Ambiente hasta que cuente con licencia ambiental. En el cerro Caycayén, cercano a Chos Malal, también se quiso comenzar con el trámite administrativo para buscar cobre, pero terminó siendo anulado.
Otro caso paradigmático es el de Loncopué, en donde una empresa china quiso explotar el cerro Tres Puntas de Campana Mahuida, pero lo suspendió una acción de amparo. El conflicto terminó con una consulta popular que rechazó la megaminería en la localidad.
“Sabemos que la cordillera es zona propicia para encontrar metales preciosos y que, al estar diseminados, son propensos a este tipo de extracción”, planteó el abogado Zúñiga. En Andacollo, hay un proyecto de exploración y explotación de oro y plata, pero con el método subterráneo.
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Un texto educativo repudiado
Repudio al convenio educativo entre el Gobierno de San Juan y la Barrick
Fecha de Publicación: 09/09/2017
Fuente: Plural Noticias
Provincia/Región: San Juan
El objetivo es “establecer un plan de acción” para mejorar la calidad educativa. La asamblea “Jáchal No se Toca” denunció “adoctrinamiento para cuidar a la megaminería”.
La asamblea “Jáchal No se Toca” de San Juan difundió que el Ministerio de Educación y el Ministerio de Minería invitaron a la firma de un convenio multilateral entre el Ejecutivo provincial y las compañías “Minera Argentina Gold S.R.L” y “Barrick Exploraciones Argentina” para aportar una mejoría en la calidad educativa.
Desde ya que el acuerdo, que se pautó para la semana pasada en el Ministerio de Minería sanjuanino, fue rechazado por la Asamblea y sostuvieron que hay un “adoctrinamiento para cuidar a la megaminería”, “por más que nos contamine y sin pensar en fortalecer esta conciencia del cuidado del medio ambiente”.
Saúl Ceballos, miembro de “Jáchal No se Toca”, explicó que “de esta forma quieren volver a ganarse la licencia social que perdieron”. En diálogo con FRECUENCIA ZERO, sostuvo: “Una licencia social que está quebrada por derrames, las sucesivas mentiras de la Barrick Gold como del Gobierno de San Juan” y también responsabilizó a la gestión de Mauricio Macri por no cumplir el “Código de Minería”, que impediría el funcionamiento de la megaminera.
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Fecha de Publicación: 09/09/2017
Fuente: Plural Noticias
Provincia/Región: San Juan
El objetivo es “establecer un plan de acción” para mejorar la calidad educativa. La asamblea “Jáchal No se Toca” denunció “adoctrinamiento para cuidar a la megaminería”.
La asamblea “Jáchal No se Toca” de San Juan difundió que el Ministerio de Educación y el Ministerio de Minería invitaron a la firma de un convenio multilateral entre el Ejecutivo provincial y las compañías “Minera Argentina Gold S.R.L” y “Barrick Exploraciones Argentina” para aportar una mejoría en la calidad educativa.
Desde ya que el acuerdo, que se pautó para la semana pasada en el Ministerio de Minería sanjuanino, fue rechazado por la Asamblea y sostuvieron que hay un “adoctrinamiento para cuidar a la megaminería”, “por más que nos contamine y sin pensar en fortalecer esta conciencia del cuidado del medio ambiente”.
Saúl Ceballos, miembro de “Jáchal No se Toca”, explicó que “de esta forma quieren volver a ganarse la licencia social que perdieron”. En diálogo con FRECUENCIA ZERO, sostuvo: “Una licencia social que está quebrada por derrames, las sucesivas mentiras de la Barrick Gold como del Gobierno de San Juan” y también responsabilizó a la gestión de Mauricio Macri por no cumplir el “Código de Minería”, que impediría el funcionamiento de la megaminera.
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En Córdoba, las Universidades defienden los bosques
Rechazo unánime de las universidades a la ley de bosques nativos
Fecha de Publicación: 08/09/2017
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
El consenso tan deseado por el oficialismo provincial para sancionar una nueva ley de bosques nativos dio varios pasos en falso. Las tres universidades nacionales ya expresaron su rechazo a esta iniciativa.
El proyecto se intentó aprobar en diciembre pasado, pero una movilización masiva obligó a retroceder. Hubo un segundo intento a comienzos de este año que también fracasó. El Ministerio de Ambiente de la Nación recomendó que se realizara un proceso participativo.
El Ejecutivo y la Legislatura prometieron varias audiencias públicas y elevar a las universidades el texto y la herramienta tecnológica a partir de la cual se definen las hectáreas de bosque nativo protegidas en las categorías verde, amarilla y roja.
Las tres universidades expresaron su rechazo. La última en expedirse fue la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). El Instituto Superior de Estudios Ambientales (Isea) elevará esta semana un informe muy crítico al Consejo Superior de la Casa de Trejo.
Según el Isea, de aprobarse el proyecto “agravaría la situación ambiental de la provincia, que tiene gran vulnerabilidad ante grandes tormentas, precipitaciones intensas, sequías, inundaciones e incendios”.
Detalla que el proyecto reduce significativamente las zonas roja y amarilla, y que extiende a niveles alarmantes esa vulnerabilidad. Lo hace al permitir la expansión de la ganadería bajo arbolado nativo y la agricultura industrial.
Algunas consecuencias de esto serían un aumento en los fenómenos como crecidas de ríos y anegamientos, el colapso de las “fábricas naturales” de agua y de suelo, y una reducción en la disponibilidad de agua en invierno.
“Sin biodiversidad significativa, no hay supervivencia posible a corto, mediano y largo plazo. Las ciudades y los cultivos industriales no pueden suplir los servicios ambientales que brindan los ambientes nativos de bosques, matorrales y pastizales”, detalla.
La Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC) ya había puesto sus reparos al proyecto. Un documento reprochó nueve artículos.
Una de las críticas se refiere a la definición de bosque nativo. En la iniciativa, se focaliza sólo en la etapa madura de este ecosistema. La UNRC sostiene que deberían tenerse en cuenta sectores con especies arbóreas en cualquier estado de desarrollo, como un matorral.
También remarcan que omite la importancia que tienen los bosques nativos para fijar el dióxido de carbono, gas responsable del calentamiento global.
La Universidad de Villa María (UNVM) ya había pedido el archivo del proyecto en mayo con el argumento de que se trata de una normativa inconstitucional.
Según la UNVM, el texto viola el principio de congruencia establecido por la Ley General del Ambiente al comprender parámetros de protección menores a los establecidos por la ley nacional de bosques nativos (26.331). Por ejemplo, habilita el cambio del uso del suelo para las categorías roja y amarilla, y no incorpora el concepto de “bosque nativo” fijado por la norma nacional.
Herramienta deficiente
Hace unas semanas, la UNVM también denunció varias fallas en la herramienta tecnológica que la Provincia quiere usar para crear el Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos (OTBN).
Por ejemplo, falta una capa de información con la superficie desmontada ilegalmente entre 2005 y 2014. Los datos se habrían extraviado. La Nación ofreció información para volver a elaborar esa capa.
Tampoco están incluidas las reservas forestales intangibles creadas por resolución en 2005. Se trata de un porcentaje (entre el 30 y el 40 por ciento) que debía conservarse en cada predio con bosque nativo. Se calcula que son más de 250 mil hectáreas.
El Isea de la UNC no evaluó esta herramienta. Sin embargo, un grupo de expertos de la Casa de Trejo emitió un informe sobre el tema. “La herramienta tecnológica muestra una completa falta de sustento de conocimiento científico ecosistémico, epistemológico y metodológico”, dice el texto firmado por Alicia Barchuk, Diego Gurvich y Marcel Zak, entre otros.
Por ejemplo, denuncian que sólo tiene en cuenta uno de los 10 criterios que fija la ley nacional de bosques nativos. De esta forma, “el 50 por ciento de la cobertura de bosques existentes para la ley provincial 9.814 en la categoría roja podría descender de categoría, aspecto que la ley nacional prohíbe”.
No tiene en cuenta el criterio de potencial de conservación de cuencas. “No sólo pone en riesgo el acceso de la población al agua, en calidad y cantidad adecuadas, sino que también propicia procesos de desertificación e inundaciones”, señala el informe.
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Fecha de Publicación: 08/09/2017
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
El consenso tan deseado por el oficialismo provincial para sancionar una nueva ley de bosques nativos dio varios pasos en falso. Las tres universidades nacionales ya expresaron su rechazo a esta iniciativa.
El proyecto se intentó aprobar en diciembre pasado, pero una movilización masiva obligó a retroceder. Hubo un segundo intento a comienzos de este año que también fracasó. El Ministerio de Ambiente de la Nación recomendó que se realizara un proceso participativo.
El Ejecutivo y la Legislatura prometieron varias audiencias públicas y elevar a las universidades el texto y la herramienta tecnológica a partir de la cual se definen las hectáreas de bosque nativo protegidas en las categorías verde, amarilla y roja.
Las tres universidades expresaron su rechazo. La última en expedirse fue la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). El Instituto Superior de Estudios Ambientales (Isea) elevará esta semana un informe muy crítico al Consejo Superior de la Casa de Trejo.
Según el Isea, de aprobarse el proyecto “agravaría la situación ambiental de la provincia, que tiene gran vulnerabilidad ante grandes tormentas, precipitaciones intensas, sequías, inundaciones e incendios”.
Detalla que el proyecto reduce significativamente las zonas roja y amarilla, y que extiende a niveles alarmantes esa vulnerabilidad. Lo hace al permitir la expansión de la ganadería bajo arbolado nativo y la agricultura industrial.
Algunas consecuencias de esto serían un aumento en los fenómenos como crecidas de ríos y anegamientos, el colapso de las “fábricas naturales” de agua y de suelo, y una reducción en la disponibilidad de agua en invierno.
“Sin biodiversidad significativa, no hay supervivencia posible a corto, mediano y largo plazo. Las ciudades y los cultivos industriales no pueden suplir los servicios ambientales que brindan los ambientes nativos de bosques, matorrales y pastizales”, detalla.
La Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC) ya había puesto sus reparos al proyecto. Un documento reprochó nueve artículos.
Una de las críticas se refiere a la definición de bosque nativo. En la iniciativa, se focaliza sólo en la etapa madura de este ecosistema. La UNRC sostiene que deberían tenerse en cuenta sectores con especies arbóreas en cualquier estado de desarrollo, como un matorral.
También remarcan que omite la importancia que tienen los bosques nativos para fijar el dióxido de carbono, gas responsable del calentamiento global.
La Universidad de Villa María (UNVM) ya había pedido el archivo del proyecto en mayo con el argumento de que se trata de una normativa inconstitucional.
Según la UNVM, el texto viola el principio de congruencia establecido por la Ley General del Ambiente al comprender parámetros de protección menores a los establecidos por la ley nacional de bosques nativos (26.331). Por ejemplo, habilita el cambio del uso del suelo para las categorías roja y amarilla, y no incorpora el concepto de “bosque nativo” fijado por la norma nacional.
Herramienta deficiente
Hace unas semanas, la UNVM también denunció varias fallas en la herramienta tecnológica que la Provincia quiere usar para crear el Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos (OTBN).
Por ejemplo, falta una capa de información con la superficie desmontada ilegalmente entre 2005 y 2014. Los datos se habrían extraviado. La Nación ofreció información para volver a elaborar esa capa.
Tampoco están incluidas las reservas forestales intangibles creadas por resolución en 2005. Se trata de un porcentaje (entre el 30 y el 40 por ciento) que debía conservarse en cada predio con bosque nativo. Se calcula que son más de 250 mil hectáreas.
El Isea de la UNC no evaluó esta herramienta. Sin embargo, un grupo de expertos de la Casa de Trejo emitió un informe sobre el tema. “La herramienta tecnológica muestra una completa falta de sustento de conocimiento científico ecosistémico, epistemológico y metodológico”, dice el texto firmado por Alicia Barchuk, Diego Gurvich y Marcel Zak, entre otros.
Por ejemplo, denuncian que sólo tiene en cuenta uno de los 10 criterios que fija la ley nacional de bosques nativos. De esta forma, “el 50 por ciento de la cobertura de bosques existentes para la ley provincial 9.814 en la categoría roja podría descender de categoría, aspecto que la ley nacional prohíbe”.
No tiene en cuenta el criterio de potencial de conservación de cuencas. “No sólo pone en riesgo el acceso de la población al agua, en calidad y cantidad adecuadas, sino que también propicia procesos de desertificación e inundaciones”, señala el informe.
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Quejas de Misiones por la demora de fondos para Bosques
Quejas contra la Nación por la demora de $18 millones de la Ley de Bosques
Fecha de Publicación: 08/09/2017
Fuente: Primera Edición
Provincia/Región: Misiones - Nacional
Es parte del presupuesto 2017 que debe llegar para proteger los bosques y evitar la degradación. Hay otras provincias que ya tienen sus fondos aprobados, pero Misiones todavía no.
La ministra de Ecología, Verónica Derna, señaló que están esperando que la Nación desembolse unos 18 millones de pesos que están incluidos en el presupuesto de este año para la Ley de Bosques, pero que se encuentran demorados a causa de la burocracia nacional.
La ministra realizó este planteo durante la reunión de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados de Misiones, realizada el lunes para analizar el presupuesto 2018.
Al mismo tiempo, Derna destacó el trabajo de los legisladores nacionales por la provincia que lograron un incremento en el monto de la Ley de Bosques “porque en años anteriores nos venía siete u ocho millones; y este año se logró 18 millones”.
Pero se quejó por la demora porque “todavía no han llegado los fondos, estamos esperando. Hemos actualizado la Ley de Bosques y rendimos todo lo necesario para recibir los fondos, pero dijeron que estaba aprobada la resolución para desembolsar el 30% y que la otra resolución por el 70% estaba para dictamen del área de Jurídicos”.
La Ley de Bosques 26.331 es de vital importancia para Misiones porque regula el uso de los Bosques Nativos y promueve la gestión forestal sustentable para frenar el avance descontrolado de la explotación forestal y la frontera agropecuaria. Sin esos fondos, la ley es letra muerta porque no pueden cumplirse los objetivos.
Los puntos centrales son: cada provincia debe realizar un Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, obligación de realizar Estudio de Impacto Ambiental y una audiencia pública antes de autorizar un desmonte y respetar a los derechos de las comunidades indígenas y campesinas. También se zonifica los bosques en categorías de muy alto valor de conservación, de alto o medio valor de conservación y de bajo valor de conservación.
El monto calculado por el Ministerio de Ecología para el año próximo es de 423 millones de pesos, lo cual representa un incremento de 15% respecto al presupuesto que se ejecuta este año y que está actualmente con un 62% de ejecución. Según la funcionaria, la mayor inversión apunta a lograr la comunicación fluida entre cuatro parques (Esmeralda, Caa Yarí, Araucarea y Moconá) con antenas, camionetas, radios y otros dispositivos de seguridad y comunicación.
50 mil títulos en trámite
Hace 20 meses, cuando asumió el nuevo Gobierno provincial hubo una autocrítica muy fuerte del gobernador Hugo Passalacqua al respecto de la existencia de 70 mil expedientes en trámite referidos a la tenencia de tierras, principalmente en las zonas rurales.
En la reunión del lunes, la Subsecretaría de Tierras informó que se brindaron 12 mil soluciones (permisos o títulos) y que se eliminaron los trámites duplicados o repetidos. Igualmente, difundió un dato que sigue siendo preocupante porque quedan pendientes 50 mil títulos de propiedad por entregar o continuar el trámite iniciado.
122 guardaparques para 460 mil hectáreas
Otro de los datos que le preguntaron los diputados opositores a Derna, y que estaba pendiente desde el año pasado era la cantidad de guardaparques que tiene el Ministerio. En ese momento fue el subsecretario Juan Manuel Díaz quien explicó que toda la provincia de Misiones tiene solo 122 guardaparques para custodiar 22 áreas naturales protegidas que totalizan 460 mil hectáreas.
Se debe tener en cuenta que los guardaparques trabajan la mitad del mes de corrido y la otra mitad descansan, por lo tanto, en actividad se encuentran solo la mitad: 61 guardaparques por turno, un promedio de tres guardaparques por cada parque provincial, sin contar los que tengan licencia, enfermedad o realicen solamente tareas administrativas.
No habló del Lote 8
Ante la consulta de un diputado opositor, la ministra Derna no contestó acerca de la intención de continuar con el camino en el Parque Provincial Moconá, para llegar al Lote 8, afectando un área natural protegida.
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Fecha de Publicación: 08/09/2017
Fuente: Primera Edición
Provincia/Región: Misiones - Nacional
Es parte del presupuesto 2017 que debe llegar para proteger los bosques y evitar la degradación. Hay otras provincias que ya tienen sus fondos aprobados, pero Misiones todavía no.
La ministra de Ecología, Verónica Derna, señaló que están esperando que la Nación desembolse unos 18 millones de pesos que están incluidos en el presupuesto de este año para la Ley de Bosques, pero que se encuentran demorados a causa de la burocracia nacional.
La ministra realizó este planteo durante la reunión de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados de Misiones, realizada el lunes para analizar el presupuesto 2018.
Al mismo tiempo, Derna destacó el trabajo de los legisladores nacionales por la provincia que lograron un incremento en el monto de la Ley de Bosques “porque en años anteriores nos venía siete u ocho millones; y este año se logró 18 millones”.
Pero se quejó por la demora porque “todavía no han llegado los fondos, estamos esperando. Hemos actualizado la Ley de Bosques y rendimos todo lo necesario para recibir los fondos, pero dijeron que estaba aprobada la resolución para desembolsar el 30% y que la otra resolución por el 70% estaba para dictamen del área de Jurídicos”.
La Ley de Bosques 26.331 es de vital importancia para Misiones porque regula el uso de los Bosques Nativos y promueve la gestión forestal sustentable para frenar el avance descontrolado de la explotación forestal y la frontera agropecuaria. Sin esos fondos, la ley es letra muerta porque no pueden cumplirse los objetivos.
Los puntos centrales son: cada provincia debe realizar un Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, obligación de realizar Estudio de Impacto Ambiental y una audiencia pública antes de autorizar un desmonte y respetar a los derechos de las comunidades indígenas y campesinas. También se zonifica los bosques en categorías de muy alto valor de conservación, de alto o medio valor de conservación y de bajo valor de conservación.
El monto calculado por el Ministerio de Ecología para el año próximo es de 423 millones de pesos, lo cual representa un incremento de 15% respecto al presupuesto que se ejecuta este año y que está actualmente con un 62% de ejecución. Según la funcionaria, la mayor inversión apunta a lograr la comunicación fluida entre cuatro parques (Esmeralda, Caa Yarí, Araucarea y Moconá) con antenas, camionetas, radios y otros dispositivos de seguridad y comunicación.
50 mil títulos en trámite
Hace 20 meses, cuando asumió el nuevo Gobierno provincial hubo una autocrítica muy fuerte del gobernador Hugo Passalacqua al respecto de la existencia de 70 mil expedientes en trámite referidos a la tenencia de tierras, principalmente en las zonas rurales.
En la reunión del lunes, la Subsecretaría de Tierras informó que se brindaron 12 mil soluciones (permisos o títulos) y que se eliminaron los trámites duplicados o repetidos. Igualmente, difundió un dato que sigue siendo preocupante porque quedan pendientes 50 mil títulos de propiedad por entregar o continuar el trámite iniciado.
122 guardaparques para 460 mil hectáreas
Otro de los datos que le preguntaron los diputados opositores a Derna, y que estaba pendiente desde el año pasado era la cantidad de guardaparques que tiene el Ministerio. En ese momento fue el subsecretario Juan Manuel Díaz quien explicó que toda la provincia de Misiones tiene solo 122 guardaparques para custodiar 22 áreas naturales protegidas que totalizan 460 mil hectáreas.
Se debe tener en cuenta que los guardaparques trabajan la mitad del mes de corrido y la otra mitad descansan, por lo tanto, en actividad se encuentran solo la mitad: 61 guardaparques por turno, un promedio de tres guardaparques por cada parque provincial, sin contar los que tengan licencia, enfermedad o realicen solamente tareas administrativas.
No habló del Lote 8
Ante la consulta de un diputado opositor, la ministra Derna no contestó acerca de la intención de continuar con el camino en el Parque Provincial Moconá, para llegar al Lote 8, afectando un área natural protegida.
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Denuncian 'cajoneo' de la Ley de Delitos Forestales
La diputada Burgos está cajoneando la Ley de Delitos Forestales
Fecha de Publicación: 08/09/2017
Fuente: Greenpeace
Provincia/Región: Nacional
La organización ambientalista denunció que la diputada María Gabriela Burgos está demorando la Ley de Delitos Forestales en el Congreso de la Nación. El proyecto fue presentado por Greenpeace junto a organizaciones campesinas e indígenas hace casi un año y está trabado en la comisión de Legislación Penal que preside la representante jujeña.
“Es inadmisible que haya pasado casi un año y la Comisión de Legislación Penal no lo haya tratado. Mientras su votación se demora, los desmontes ilegales y los desalojos de comunidades campesinas e indígenas, avanzan”, advirtió Hernán Giardini, coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace Argentina.
El proyecto establece una pena de 2 a 10 años de prisión a quien sin autorización ocasione intencionalmente el desmonte, incendio, cambio de uso de suelo o la destrucción de bosques nativos. También penaliza, con cárcel de 2 a 6 años, a quien ayude a cometer esos delitos a través de la provisión de maquinaria o conocimiento técnico, académico o científico. Las penas se incrementan para el funcionario que forme parte del delito o autorice desmontes violando las normas vigentes.
“Grandes productores agropecuarios y desarrolladores inmobiliarios violan la Ley de Bosques y no tienen condena: simplemente se les cobra una multa insignificante en relación al dinero que ganan a costa de la destrucción de los bosques. En muchos casos es clara la complicidad de los funcionarios en la violación de la normativa. El Congreso debe sancionar de forma urgente la Ley de Delitos Forestales para terminar con esta impunidad”, afirmó Giardini.
Un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ubicó a Argentina entre los diez países que más desmontaron entre 1990 y 2015: se perdieron 7,6 millones de hectáreas, a razón de 300 mil hectáreas al año. Datos oficiales confirman que, desde la sanción de la Ley de Bosques (año 2007) hasta fines de 2016 se deforestaron 2,4 millones de hectáreas, de las cuales más de 750 mil eran bosques protegidos. Un reciente informe de Greenpeace estima que al menos el 42% de los desmontes realizados en el primer semestre del año fueron ilegales.
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Fecha de Publicación: 08/09/2017
Fuente: Greenpeace
Provincia/Región: Nacional
La organización ambientalista denunció que la diputada María Gabriela Burgos está demorando la Ley de Delitos Forestales en el Congreso de la Nación. El proyecto fue presentado por Greenpeace junto a organizaciones campesinas e indígenas hace casi un año y está trabado en la comisión de Legislación Penal que preside la representante jujeña.
“Es inadmisible que haya pasado casi un año y la Comisión de Legislación Penal no lo haya tratado. Mientras su votación se demora, los desmontes ilegales y los desalojos de comunidades campesinas e indígenas, avanzan”, advirtió Hernán Giardini, coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace Argentina.
El proyecto establece una pena de 2 a 10 años de prisión a quien sin autorización ocasione intencionalmente el desmonte, incendio, cambio de uso de suelo o la destrucción de bosques nativos. También penaliza, con cárcel de 2 a 6 años, a quien ayude a cometer esos delitos a través de la provisión de maquinaria o conocimiento técnico, académico o científico. Las penas se incrementan para el funcionario que forme parte del delito o autorice desmontes violando las normas vigentes.
“Grandes productores agropecuarios y desarrolladores inmobiliarios violan la Ley de Bosques y no tienen condena: simplemente se les cobra una multa insignificante en relación al dinero que ganan a costa de la destrucción de los bosques. En muchos casos es clara la complicidad de los funcionarios en la violación de la normativa. El Congreso debe sancionar de forma urgente la Ley de Delitos Forestales para terminar con esta impunidad”, afirmó Giardini.
Un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ubicó a Argentina entre los diez países que más desmontaron entre 1990 y 2015: se perdieron 7,6 millones de hectáreas, a razón de 300 mil hectáreas al año. Datos oficiales confirman que, desde la sanción de la Ley de Bosques (año 2007) hasta fines de 2016 se deforestaron 2,4 millones de hectáreas, de las cuales más de 750 mil eran bosques protegidos. Un reciente informe de Greenpeace estima que al menos el 42% de los desmontes realizados en el primer semestre del año fueron ilegales.
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Nulidad declarada por la CS de desmontes en Jujuy
La Corte Suprema declaró la nulidad de las autorizaciones de desmonte de bosques nativos en Jujuy por graves irregularidades en el proceso de estudio de impacto ambiental
Fecha de Publicación: 07/09/2017
Fuente: CIJ
Provincia/Región: Jujuy
La Corte Suprema, por mayoría, compuesta por los Dres. Lorenzetti, Highton de Nolasco, Maqueda y Rosatti, declaró la nulidad de dos resoluciones de la provincia de Jujuy por las cuales se había autorizado el desmonte de 1470 hectáreas de bosques nativos, en la finca La Gran Largada ubicada en la localidad de Palma Sola, departamento Santa Bárbara, de la provincia mencionada.
Consideró que las irregularidades del procedimiento de estudio de impacto ambiental (EIA) que caracterizaron el pedido de desmonte revisten suficiente gravedad para justificar la nulidad de las autorizaciones. Para resolver de ese modo, estimó que las resoluciones cuestionadas omiten la mención de las observaciones que surgen de las inspecciones previas realizadas en el predio, y que dan cuenta, por ejemplo, de un bañado que no figura en el plano presentado con el EIA. Precisó que dichas resoluciones tampoco consideraron la advertencia sobre el peligro de erosión si no se respetan las cortinas de los cursos de agua.
Además de las irregularidades señaladas, el Tribunal observó, por un lado, que las autorizaciones de desmonte comprenden una superficie de 1470 hectáreas frente a las 1200 objeto del EIA y, por el otro, que solamente se fiscalizaron 600 hectáreas, es decir, menos del 50% del área autorizada para el desmonte.
Finalmente, la Corte Suprema advirtió que no surge de las constancias de la causa que se hayan celebrado las audiencias públicas antes de otorgar la autorización, lo cual resulta contrario a la cláusula ambiental de la Constitución Nacional (art. 41), a la Ley General del Ambiente (artículos 19 a 21), a la Ley de Presupuestos Mínimos de Bosques Nativos (art. 26), y a la normativa de Jujuy que instrumenta la audiencia pública previa al EIA, como forma de canalizar la participación ciudadana.
Por estas razones concluyó que las autorizaciones de desmonte son nulas.
El Dr. Carlos Rosenkrantz, en disidencia parcial, votó por hacer lugar a la queja, dejar sin efecto la sentencia apelada, y devolver el expediente al Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Jujuy para que se dicte un nuevo pronunciamiento. Puso de resalto que la sentencia de dicho tribunal había resuelto rechazar la demanda sin dar respuesta a uno de los principales fundamentos, más precisamente, la ausencia de participación de la comunidad potencialmente afectada por los actos administrativos que aprobaron la factibilidad ambiental de los desmontes antes de que aquellos fueran dictados. Por tal razón, y a la luz de la jurisprudencia del tribunal que considera arbitrarios los pronunciamientos que omiten el tratamiento de una cuestión oportunamente planteada por la parte contra quien se dirige la sentencia y que resulta relevante para la solución del caso, concluyó que la sentencia dictada por el tribunal provincial no podía ser validada.
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Fecha de Publicación: 07/09/2017
Fuente: CIJ
Provincia/Región: Jujuy
La Corte Suprema, por mayoría, compuesta por los Dres. Lorenzetti, Highton de Nolasco, Maqueda y Rosatti, declaró la nulidad de dos resoluciones de la provincia de Jujuy por las cuales se había autorizado el desmonte de 1470 hectáreas de bosques nativos, en la finca La Gran Largada ubicada en la localidad de Palma Sola, departamento Santa Bárbara, de la provincia mencionada.
Consideró que las irregularidades del procedimiento de estudio de impacto ambiental (EIA) que caracterizaron el pedido de desmonte revisten suficiente gravedad para justificar la nulidad de las autorizaciones. Para resolver de ese modo, estimó que las resoluciones cuestionadas omiten la mención de las observaciones que surgen de las inspecciones previas realizadas en el predio, y que dan cuenta, por ejemplo, de un bañado que no figura en el plano presentado con el EIA. Precisó que dichas resoluciones tampoco consideraron la advertencia sobre el peligro de erosión si no se respetan las cortinas de los cursos de agua.
Además de las irregularidades señaladas, el Tribunal observó, por un lado, que las autorizaciones de desmonte comprenden una superficie de 1470 hectáreas frente a las 1200 objeto del EIA y, por el otro, que solamente se fiscalizaron 600 hectáreas, es decir, menos del 50% del área autorizada para el desmonte.
Finalmente, la Corte Suprema advirtió que no surge de las constancias de la causa que se hayan celebrado las audiencias públicas antes de otorgar la autorización, lo cual resulta contrario a la cláusula ambiental de la Constitución Nacional (art. 41), a la Ley General del Ambiente (artículos 19 a 21), a la Ley de Presupuestos Mínimos de Bosques Nativos (art. 26), y a la normativa de Jujuy que instrumenta la audiencia pública previa al EIA, como forma de canalizar la participación ciudadana.
Por estas razones concluyó que las autorizaciones de desmonte son nulas.
El Dr. Carlos Rosenkrantz, en disidencia parcial, votó por hacer lugar a la queja, dejar sin efecto la sentencia apelada, y devolver el expediente al Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Jujuy para que se dicte un nuevo pronunciamiento. Puso de resalto que la sentencia de dicho tribunal había resuelto rechazar la demanda sin dar respuesta a uno de los principales fundamentos, más precisamente, la ausencia de participación de la comunidad potencialmente afectada por los actos administrativos que aprobaron la factibilidad ambiental de los desmontes antes de que aquellos fueran dictados. Por tal razón, y a la luz de la jurisprudencia del tribunal que considera arbitrarios los pronunciamientos que omiten el tratamiento de una cuestión oportunamente planteada por la parte contra quien se dirige la sentencia y que resulta relevante para la solución del caso, concluyó que la sentencia dictada por el tribunal provincial no podía ser validada.
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Los residuos peligrosos en análisis del COFEMA
El Consejo Federal de Medio Ambiente trabaja en un nuevo proyecto de ley de residuos peligrosos
Fecha de Publicación: 07/09/2017
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
El Consejo Federal del Medio Ambiente (COFEMA) sesionó hoy en Asamblea Extraordinaria para discutir un anteproyecto de ley de residuos peligrosos que impulsa el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. Para esto, el COFEMA inició ayer una jornada de trabajo en la ciudad de Buenos Aires cuya apertura estuvo a cargo del rabino Sergio Bergman, ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable; Lucas Figueras, secretario de Coordinación Interjudiccional de la cartera nacional de Ambiente; Thierry Decoud, secretario de Control y Monitoreo del mismo Ministerio; y María Inés Zigarán, presidenta del COFEMA.
“Esperamos que este espacio federal sea productivo, proactivo y colaborativo, en donde provincias y Nación trabajemos de manera conjunta en pos de generar consensos para este importante proyecto de ley”, señaló el ministro Bergman en el inicio del taller.
En relación con esto, técnicos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable presentaron durante la primera jornada los lineamientos del anteproyecto que busca reemplazar a la vigente Ley N.° 24051. Las comisiones de asesoramiento legislativo y de residuos de COFEMA discutieron además los aspectos generales del mismo, con una posterior puesta en común de las propuestas y aportes de cada una de las comisiones.
En la segunda jornada, dedicada a la celebración de la Asamblea Extraordinaria, el COFEMA realizó consideraciones a propósito del mencionado proyecto, en el cual se decidió continuar trabajando buscando el acuerdo de todas las provincias participantes. En este marco, el ministro Bergman señaló: “Espero que podamos tratar de ser lo más focales y ejecutivos posibles, a fin de concentrarnos en los intercambios que requerimos para poder validar las gestiones. Uno de los temas prioritarios es el proyecto de residuos peligrosos. Espero sea un espacio de construcción compartida y de debate de contenidos”.
También se presentó el estado de situación de un convenio COFEMA – Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, se discutió en torno a los proyectos de resolución sobre constitución del fondo de bosques en cumplimiento de la Ley N.° 26331 y se comentó el estado de situación del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, a cargo del Ministerio de Ambiente de la Nación.
Por otra parte, se presentó una propuesta conjunta entre la cartera de Ambiente y el Ministerio de Agroindustria mediante la cual se propone la realización de un taller de aplicaciones de agroquímicos; y se trataron temas vinculados al proyecto de ley de presupuestos mínimos de protección ambiental de áreas marinas protegidas y al seguro ambiental, entre otros temas.
En la Asamblea del COFEMA también participaron junto a Bergman, Figueras, Decoud y Zigarán el secretario de Política Ambiental, Desarrollo Sustentable y Cambio Climático, Diego Moreno; el subsecretario de Cambio Climático y Desarrollo Sustentable, Carlos Gentile; y la vicepresidenta de COFEMA y ministra de Planificación, Ambiente e Innovación Tecnológica del Chaco, María Elina Serrano.
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Fecha de Publicación: 07/09/2017
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
El Consejo Federal del Medio Ambiente (COFEMA) sesionó hoy en Asamblea Extraordinaria para discutir un anteproyecto de ley de residuos peligrosos que impulsa el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. Para esto, el COFEMA inició ayer una jornada de trabajo en la ciudad de Buenos Aires cuya apertura estuvo a cargo del rabino Sergio Bergman, ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable; Lucas Figueras, secretario de Coordinación Interjudiccional de la cartera nacional de Ambiente; Thierry Decoud, secretario de Control y Monitoreo del mismo Ministerio; y María Inés Zigarán, presidenta del COFEMA.
“Esperamos que este espacio federal sea productivo, proactivo y colaborativo, en donde provincias y Nación trabajemos de manera conjunta en pos de generar consensos para este importante proyecto de ley”, señaló el ministro Bergman en el inicio del taller.
En relación con esto, técnicos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable presentaron durante la primera jornada los lineamientos del anteproyecto que busca reemplazar a la vigente Ley N.° 24051. Las comisiones de asesoramiento legislativo y de residuos de COFEMA discutieron además los aspectos generales del mismo, con una posterior puesta en común de las propuestas y aportes de cada una de las comisiones.
En la segunda jornada, dedicada a la celebración de la Asamblea Extraordinaria, el COFEMA realizó consideraciones a propósito del mencionado proyecto, en el cual se decidió continuar trabajando buscando el acuerdo de todas las provincias participantes. En este marco, el ministro Bergman señaló: “Espero que podamos tratar de ser lo más focales y ejecutivos posibles, a fin de concentrarnos en los intercambios que requerimos para poder validar las gestiones. Uno de los temas prioritarios es el proyecto de residuos peligrosos. Espero sea un espacio de construcción compartida y de debate de contenidos”.
También se presentó el estado de situación de un convenio COFEMA – Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, se discutió en torno a los proyectos de resolución sobre constitución del fondo de bosques en cumplimiento de la Ley N.° 26331 y se comentó el estado de situación del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, a cargo del Ministerio de Ambiente de la Nación.
Por otra parte, se presentó una propuesta conjunta entre la cartera de Ambiente y el Ministerio de Agroindustria mediante la cual se propone la realización de un taller de aplicaciones de agroquímicos; y se trataron temas vinculados al proyecto de ley de presupuestos mínimos de protección ambiental de áreas marinas protegidas y al seguro ambiental, entre otros temas.
En la Asamblea del COFEMA también participaron junto a Bergman, Figueras, Decoud y Zigarán el secretario de Política Ambiental, Desarrollo Sustentable y Cambio Climático, Diego Moreno; el subsecretario de Cambio Climático y Desarrollo Sustentable, Carlos Gentile; y la vicepresidenta de COFEMA y ministra de Planificación, Ambiente e Innovación Tecnológica del Chaco, María Elina Serrano.
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Jujuy sigue con el programa edificios públicos sustentables
Avanza con éxito el programa edificios públicos más sustentables
Fecha de Publicación: 07/09/2017
Fuente: Jujuy al Día
Provincia/Región: Jujuy
El Ministerio de Ambiente de Jujuy avanza con éxito en el Programa Edificios públicos más sustentables, el cual se enmarca en el Plan integral de residuos sólidos urbanos GIRSU y dentro de la política Jujuy Verde: Carbono neutral 2030.
El Programa EPMS busca impulsar a las instituciones públicas a implementar prácticas respetuosas, valorativas del ambiente y de los recursos naturales, en vista a consolidar el desafío de convertir a Jujuy en una provincia verde.
La sustentabilidad de un edificio público implica un proceso, el cual tiene como objetivo reducir de manera institucional la huella de carbono, mejorar la matriz energética, la matriz de transporte, y generar un cambio de hábitos más respetuosos por el ambiente.
En este sentido, el proceso sustentable ha iniciado a través de la separación binaria de residuos en las instituciones públicas adheridas a la iniciativa, y contempla el apoyo a través de distintos factores, como la entrega de materiales e insumos (contenedores de cartón para la separación de residuos, bolsas plásticas de dos colores, afiches y folletos explicativos, un decálogo de buenas prácticas ambientales en edificios públicos, big bags y carteles indicativos para los puntos verdes definidos por cada institución).
Además, se brinda una charla informativa a los referentes y empleados públicos sobre separación de residuos; se firma de un acta de adhesión y compromiso con el programa; y se incorpora al circuito urbano de recolección selectiva de residuos, realizado conjuntamente con el Municipio de San Salvador de Jujuy.
Esta primera etapa del proceso de sustentabilidad, implica concientizar sobre la valorización de los residuos como recursos y oportunidades de desarrollo para diferentes actores de nuestra sociedad, como ser recuperadores, recicladores, emprendedores sustentables, fundaciones, entre otros.
Todo el material reciclable recuperado es destinado al Centro Ambiental Jujuy, donde recuperadores informales ya están clasificando y comercializando el material aprovechado. En ese espacio los recuperadores informales trabajan de forma grupal y en condiciones laborales apropiadas.
En este contexto, se articula al Plan de Inclusión Social de Recuperadores del basural de El Pongo, llevado a cabo a partir de marzo del 2016 y es un paso importante que se está dando para la puesta en marcha definitiva de la planta de separación de residuos que está en el centro ambiental Jujuy.
Es de destacar la adhesión inicial de más de 20 edificios públicos al Programa, de los cuales las experiencias más exitosas fueron las de la Dirección Provincial de Rentas, el Ministerio de Ambiente y la Universidad Católica de Santiago del Estero.
Cabe mencionar que se avanza en la sustentabilidad con los edificios públicos ya que estas instituciones generan grandes volúmenes de residuos diariamente, no sólo por los empleados que trabajan internamente, sino también por los usuarios que asisten diariamente; además conllevan un alto potencial para replicar buenas prácticas hacia otros sectores de la sociales; y porque es factible el trabajo articulado e interinstitucional para lograr acciones de mayor impacto y unidad para nuestra sociedad.
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Fecha de Publicación: 07/09/2017
Fuente: Jujuy al Día
Provincia/Región: Jujuy
El Ministerio de Ambiente de Jujuy avanza con éxito en el Programa Edificios públicos más sustentables, el cual se enmarca en el Plan integral de residuos sólidos urbanos GIRSU y dentro de la política Jujuy Verde: Carbono neutral 2030.
El Programa EPMS busca impulsar a las instituciones públicas a implementar prácticas respetuosas, valorativas del ambiente y de los recursos naturales, en vista a consolidar el desafío de convertir a Jujuy en una provincia verde.
La sustentabilidad de un edificio público implica un proceso, el cual tiene como objetivo reducir de manera institucional la huella de carbono, mejorar la matriz energética, la matriz de transporte, y generar un cambio de hábitos más respetuosos por el ambiente.
En este sentido, el proceso sustentable ha iniciado a través de la separación binaria de residuos en las instituciones públicas adheridas a la iniciativa, y contempla el apoyo a través de distintos factores, como la entrega de materiales e insumos (contenedores de cartón para la separación de residuos, bolsas plásticas de dos colores, afiches y folletos explicativos, un decálogo de buenas prácticas ambientales en edificios públicos, big bags y carteles indicativos para los puntos verdes definidos por cada institución).
Además, se brinda una charla informativa a los referentes y empleados públicos sobre separación de residuos; se firma de un acta de adhesión y compromiso con el programa; y se incorpora al circuito urbano de recolección selectiva de residuos, realizado conjuntamente con el Municipio de San Salvador de Jujuy.
Esta primera etapa del proceso de sustentabilidad, implica concientizar sobre la valorización de los residuos como recursos y oportunidades de desarrollo para diferentes actores de nuestra sociedad, como ser recuperadores, recicladores, emprendedores sustentables, fundaciones, entre otros.
Todo el material reciclable recuperado es destinado al Centro Ambiental Jujuy, donde recuperadores informales ya están clasificando y comercializando el material aprovechado. En ese espacio los recuperadores informales trabajan de forma grupal y en condiciones laborales apropiadas.
En este contexto, se articula al Plan de Inclusión Social de Recuperadores del basural de El Pongo, llevado a cabo a partir de marzo del 2016 y es un paso importante que se está dando para la puesta en marcha definitiva de la planta de separación de residuos que está en el centro ambiental Jujuy.
Es de destacar la adhesión inicial de más de 20 edificios públicos al Programa, de los cuales las experiencias más exitosas fueron las de la Dirección Provincial de Rentas, el Ministerio de Ambiente y la Universidad Católica de Santiago del Estero.
Cabe mencionar que se avanza en la sustentabilidad con los edificios públicos ya que estas instituciones generan grandes volúmenes de residuos diariamente, no sólo por los empleados que trabajan internamente, sino también por los usuarios que asisten diariamente; además conllevan un alto potencial para replicar buenas prácticas hacia otros sectores de la sociales; y porque es factible el trabajo articulado e interinstitucional para lograr acciones de mayor impacto y unidad para nuestra sociedad.
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A la nueva nuclear se la "comería" Buenos Aires
La central nuclear que rechazó Río Negro se construiría en las cercanías de Atucha
Fecha de Publicación: 06/09/2017
Fuente: El Patagónico
Provincia/Región: Buenos Aires
Argentina y China firmaron en mayo, en Beijing, un contrato marco para la construcción de la cuarta y quinta centrales nucleares en el país, con una inversión total prevista por 14.000 millones de dólares, de los cuales el país asiático financiará el 85%.
La decisión de no construir la quinta central nuclear en la provincia de Río Negro "no cuestiona ni retrasa los contratos" pendientes de firma con China, aseguraron fuentes oficiales, al plantear que la primera alternativa que se analiza para su nueva locación es el Complejo Atómico Atucha, sobre la margen derecha del río Paraná, en el partido bonaerense de Zárate.
Fuentes vinculadas al proceso de desarrollo nuclear dijeron a Télam que tras el desistimiento del proyecto por parte del gobernador rionegrino, Alberto Weretilneck, se decidió "analizar otras posibilidades, entre las que tiene una posibilidad privilegiada Atucha", ubicada en la localidad bonaerense de Lima, en Zárate.
"Esa locación no sólo es la original que tenía el proyecto de la cuarta y quinta central, para las cuales ya estaban los terrenos adquiridos, sino que ahí ya está consolidada la licencia social con más de 40 años de actividad del complejo atómico", indicó la fuente.
En este sentido, se resaltó que Atucha es, además, "la opción más económica para el país, ya que cuenta con la infraestructura de caminos, de viviendas para los trabajadores involucrados en la construcción, todos los servicios de salud y educación para la vida de esa comunidad y el tendido eléctrico cuya construcción sería también millonaria".
No obstante, la misma fuente resaltó: "la decisión de la nueva locación será política, aunque fundada en estudios técnicos", y en ese contexto el Gobierno deberá "analizar si otra provincia podría albergar el proyecto sin generar otro golpe a la reputación de la actividad nuclear o ir a una opción más segura con la licencia social consolidada".
Más allá de la nueva locación, se afirmó desde el Gobierno que "la marcha atrás de Río Negro no posterga en nada ni pone en cuestionamiento los contratos con China para la construcción de las dos centrales, de las cuales la primera comenzará en pocos meses y la segunda recién entrará en obra en 2020, por lo cual hay tiempo suficientes para elegir su destino".
Los detalles que se ofrecen desde el Gobierno suman fundamentos a los dichos del Jefe de Gabinete, Marcos Peña, quien durante la última semana en la Cámara de Diputados destacó la "necesidad de avanzar" con el proyecto, como así también la búsqueda de una "locación alternativa", para la cual no descartó el "mismo complejo en que se desarrolla Atucha".
"Es positivo para el desarrollo científico, energético e industrial para la Argentina que esto se haga", expresó Marcos Peña ante los legisladores.
El Complejo Atómico ya alberga a las centrales Atucha I y Atucha II, y a comienzos de 2017 está anunciada la construcción de Atucha III, la cuarta central nuclear que tendrá el país junto a la cordobesa de Embalse, la cual se encuentra en la etapa final de un proceso de modernización que permitirá extender su vida útil por 30 años.
Argentina y China firmaron en mayo, en Beijing, un contrato marco para la construcción de la cuarta y quinta centrales nucleares en el país, con una inversión total prevista por 14.000 millones de dólares, de los cuales el país asiático financiará el 85%.
La primera de las centrales que comenzará a construirse en enero en Lima, brindará una potencia instalada de 700 Mw y demandará unos 7 años de construcción, mientras que la segunda aportará 1.150 Mw de potencia y requerirá unos 8 años de obras a partir de 2020.
Así, la construcción de ambas elevarán a 11% el aporte de la energía nuclear al sistema eléctrico, que actualmente apenas supera el 4%, pero además reducirá el uso de combustibles fósiles en equipos de generación de alta ineficiencia y contaminantes para el medio ambiente.
El Ministerio de Energía anunció el miércoles que reconsiderará la ubicación del proyecto "a la luz de la nueva posición" del gobernador Weretilneck, quien el viernes hizo pública la decisión de rechazar su instalación en la provincia, tras ser uno de sus impulsores, luego de que en los últimos meses ambientalistas, vecinos y sectores políticos se manifestaron en oposición por los supuestos riesgos ecológicos del proyecto energético.
La cartera de Juan José Aranguren recordó: "el gobierno de la provincia manifestó su total acuerdo y entusiasmo con la iniciativa", y afirmó que es necesario "fomentar y no clausurar a partir de un análisis electoral" el debate sobre el tema para que sea "la propia ciudadanía la que juzgue esto".
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Fecha de Publicación: 06/09/2017
Fuente: El Patagónico
Provincia/Región: Buenos Aires
Argentina y China firmaron en mayo, en Beijing, un contrato marco para la construcción de la cuarta y quinta centrales nucleares en el país, con una inversión total prevista por 14.000 millones de dólares, de los cuales el país asiático financiará el 85%.
La decisión de no construir la quinta central nuclear en la provincia de Río Negro "no cuestiona ni retrasa los contratos" pendientes de firma con China, aseguraron fuentes oficiales, al plantear que la primera alternativa que se analiza para su nueva locación es el Complejo Atómico Atucha, sobre la margen derecha del río Paraná, en el partido bonaerense de Zárate.
Fuentes vinculadas al proceso de desarrollo nuclear dijeron a Télam que tras el desistimiento del proyecto por parte del gobernador rionegrino, Alberto Weretilneck, se decidió "analizar otras posibilidades, entre las que tiene una posibilidad privilegiada Atucha", ubicada en la localidad bonaerense de Lima, en Zárate.
"Esa locación no sólo es la original que tenía el proyecto de la cuarta y quinta central, para las cuales ya estaban los terrenos adquiridos, sino que ahí ya está consolidada la licencia social con más de 40 años de actividad del complejo atómico", indicó la fuente.
En este sentido, se resaltó que Atucha es, además, "la opción más económica para el país, ya que cuenta con la infraestructura de caminos, de viviendas para los trabajadores involucrados en la construcción, todos los servicios de salud y educación para la vida de esa comunidad y el tendido eléctrico cuya construcción sería también millonaria".
No obstante, la misma fuente resaltó: "la decisión de la nueva locación será política, aunque fundada en estudios técnicos", y en ese contexto el Gobierno deberá "analizar si otra provincia podría albergar el proyecto sin generar otro golpe a la reputación de la actividad nuclear o ir a una opción más segura con la licencia social consolidada".
Más allá de la nueva locación, se afirmó desde el Gobierno que "la marcha atrás de Río Negro no posterga en nada ni pone en cuestionamiento los contratos con China para la construcción de las dos centrales, de las cuales la primera comenzará en pocos meses y la segunda recién entrará en obra en 2020, por lo cual hay tiempo suficientes para elegir su destino".
Los detalles que se ofrecen desde el Gobierno suman fundamentos a los dichos del Jefe de Gabinete, Marcos Peña, quien durante la última semana en la Cámara de Diputados destacó la "necesidad de avanzar" con el proyecto, como así también la búsqueda de una "locación alternativa", para la cual no descartó el "mismo complejo en que se desarrolla Atucha".
"Es positivo para el desarrollo científico, energético e industrial para la Argentina que esto se haga", expresó Marcos Peña ante los legisladores.
El Complejo Atómico ya alberga a las centrales Atucha I y Atucha II, y a comienzos de 2017 está anunciada la construcción de Atucha III, la cuarta central nuclear que tendrá el país junto a la cordobesa de Embalse, la cual se encuentra en la etapa final de un proceso de modernización que permitirá extender su vida útil por 30 años.
Argentina y China firmaron en mayo, en Beijing, un contrato marco para la construcción de la cuarta y quinta centrales nucleares en el país, con una inversión total prevista por 14.000 millones de dólares, de los cuales el país asiático financiará el 85%.
La primera de las centrales que comenzará a construirse en enero en Lima, brindará una potencia instalada de 700 Mw y demandará unos 7 años de construcción, mientras que la segunda aportará 1.150 Mw de potencia y requerirá unos 8 años de obras a partir de 2020.
Así, la construcción de ambas elevarán a 11% el aporte de la energía nuclear al sistema eléctrico, que actualmente apenas supera el 4%, pero además reducirá el uso de combustibles fósiles en equipos de generación de alta ineficiencia y contaminantes para el medio ambiente.
El Ministerio de Energía anunció el miércoles que reconsiderará la ubicación del proyecto "a la luz de la nueva posición" del gobernador Weretilneck, quien el viernes hizo pública la decisión de rechazar su instalación en la provincia, tras ser uno de sus impulsores, luego de que en los últimos meses ambientalistas, vecinos y sectores políticos se manifestaron en oposición por los supuestos riesgos ecológicos del proyecto energético.
La cartera de Juan José Aranguren recordó: "el gobierno de la provincia manifestó su total acuerdo y entusiasmo con la iniciativa", y afirmó que es necesario "fomentar y no clausurar a partir de un análisis electoral" el debate sobre el tema para que sea "la propia ciudadanía la que juzgue esto".
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El Limay lejos de recuperarse
El verano está más cerca y el Limay no se recupera
Fecha de Publicación: 06/09/2017
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
Caudales muy bajos, flora y fauna afectada y denuncias de contaminación es el panorama que los grupos ambientalistas advirtieron respecto del presente de las costas del río Limay en la ciudad y sus alrededores.
En un relevamiento de este diario se constató que los caudales del río siguen siendo muy bajos, y no hay garantías de que la situación para esta temporada estival difiera demasiado de la de la anterior cuando el balneario Albino Cotro estuvo clausurado por la contaminación.
La situación complica a los que tienen una relación más periódica con el río, como por ejemplo Carlos Sartori, integrante de la agrupación Salvemos los Ríos que el año pasado protagonizó varias marchas en su defensa y quien aseguró que seguirán movilizados para lograr el cese de la contaminación.
Las jornadas de protesta del verano anterior concluyeron en un debate legislativo por el que se aprobó una ley de alerta hídrico ambiental. Esa norma prevé la creación de un comité con integrantes del EPAS, Recursos Hídricos, Medio Ambiente y también de las organizaciones ambientalistas. Ya en este mes se cumple el tiempo estipulado para conformar el comité, para el que Sartori, asegura, no recibió invitación.
Por su parte, desde Recursos Hídricos de la Provincia sostienen que la situación de contaminación “disminuyó mucho” y que “las nevadas ayudarán a tener mayor caudal en el río Limay”.
“Lo que nosotros queremos es que se deje de contaminar, no sanear, sino empezar por el paso previo. Que se dejen de verter las cloacas directamente al río, como hizo por ejemplo Plottier, o también como pasa en la planta de Tronador, donde nunca nos dejaron entrar para ver cuánto tratan y cuánto no”, explicó el ambientalista, quien además denunció que se arrojan al río “hidrocarburos y agrotóxicos”.
Truchas en peligro. Difícil inicio de la temporada de pesca
Marcelo Jara, integrante de la Asociación de Pesca de Neuquén y Mosqueros del Limay, aseguró que están detrás de la Dirección de Fauna para que controlen la depredación que sufren los peces con la bajante del caudal en el río Limay.
“Las truchas desovan en la orilla y al estar tan baja se mueren”, comentó el especialista.
Añadió que la situación afecta severamente a la flora acuática del emblemático río.
“Nosotros estamos en constante lucha para que generar energía no esté por arriba de la vida de la flora y la fauna”, señaló Jara.
El pescador advirtió que la temporada de pesca en la región arranca en noviembre y que con la mortandad de los huevos habrá menos peces disponibles para la actividad.
La situación de las costas del Limay es más complicada en proximidades de la capital que en sitios ubicados aguas arriba.
“Los análisis en los balnearios arrancan en noviembre para obtener los resultados durante los primeros días de diciembre”.
Confían en que haya más nevadas en la cordillera
El subsecretario de Recursos Hídricos de la provincia, Horacio Carvalho, admitió el bajo caudal que tiene actualmente el río Limay, pero aseguró que tiene que ver con “los siete años de sequía que atraviesa el país”.
De todos modos, el funcionario fue optimista y adelantó que las nevadas de este año colaborarán para mejorar la situación y que las obras que ya están en marcha harán lo propio para frenar la contaminación.
“La bajante no es un tema que pasa solo por el manejo humano del caudal, sino que es la naturaleza la que lo define con sus lluvias o sequías, como tenemos hace años en nuestro país”, aclaró.
El funcionario comentó que está en marcha un programa de calidad de base de todos los ríos y lagos de Neuquén con 78 puntos de muestreos y que todos los análisis “están bien” con respecto a la calidad del agua.
“El caudal sube por las necesidades de riego en el Limay y en el río Negro. El pico de caudal será en diciembre y enero”. Julio Porrino Secretario de Operaciones y Fiscalización de la AIC
“Para nosotros los niveles de contaminación que hay mejoran sustancialmente con respecto a los del año pasado”, aseguró Carvalho, quien atribuyó las mejoras a las obras que se hicieron en la planta de tratamiento de líquidos cloacales de Centenario, en la planta de Tronador y la ampliación de la planta de Senillosa.
Dijo además que con la Colectora del Oeste II en marcha y las obras en el arroyo Durán la situación tenderá a mejorar.
En cambio, la situación que sí admitió que aún no mejoró es la de la planta de Plottier. “Las responsabilidades son del Municipio. En Plottier tenemos el mismo problema, ahí no se avanzó en nada en la calidad de líquido vertido. Lo único que hacen es clorarlo. Seguimos esperando los proyectos para poder ir a buscar financiamiento a Nación”, dijo.
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Fecha de Publicación: 06/09/2017
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
Caudales muy bajos, flora y fauna afectada y denuncias de contaminación es el panorama que los grupos ambientalistas advirtieron respecto del presente de las costas del río Limay en la ciudad y sus alrededores.
En un relevamiento de este diario se constató que los caudales del río siguen siendo muy bajos, y no hay garantías de que la situación para esta temporada estival difiera demasiado de la de la anterior cuando el balneario Albino Cotro estuvo clausurado por la contaminación.
La situación complica a los que tienen una relación más periódica con el río, como por ejemplo Carlos Sartori, integrante de la agrupación Salvemos los Ríos que el año pasado protagonizó varias marchas en su defensa y quien aseguró que seguirán movilizados para lograr el cese de la contaminación.
Las jornadas de protesta del verano anterior concluyeron en un debate legislativo por el que se aprobó una ley de alerta hídrico ambiental. Esa norma prevé la creación de un comité con integrantes del EPAS, Recursos Hídricos, Medio Ambiente y también de las organizaciones ambientalistas. Ya en este mes se cumple el tiempo estipulado para conformar el comité, para el que Sartori, asegura, no recibió invitación.
Por su parte, desde Recursos Hídricos de la Provincia sostienen que la situación de contaminación “disminuyó mucho” y que “las nevadas ayudarán a tener mayor caudal en el río Limay”.
“Lo que nosotros queremos es que se deje de contaminar, no sanear, sino empezar por el paso previo. Que se dejen de verter las cloacas directamente al río, como hizo por ejemplo Plottier, o también como pasa en la planta de Tronador, donde nunca nos dejaron entrar para ver cuánto tratan y cuánto no”, explicó el ambientalista, quien además denunció que se arrojan al río “hidrocarburos y agrotóxicos”.
Truchas en peligro. Difícil inicio de la temporada de pesca
Marcelo Jara, integrante de la Asociación de Pesca de Neuquén y Mosqueros del Limay, aseguró que están detrás de la Dirección de Fauna para que controlen la depredación que sufren los peces con la bajante del caudal en el río Limay.
“Las truchas desovan en la orilla y al estar tan baja se mueren”, comentó el especialista.
Añadió que la situación afecta severamente a la flora acuática del emblemático río.
“Nosotros estamos en constante lucha para que generar energía no esté por arriba de la vida de la flora y la fauna”, señaló Jara.
El pescador advirtió que la temporada de pesca en la región arranca en noviembre y que con la mortandad de los huevos habrá menos peces disponibles para la actividad.
La situación de las costas del Limay es más complicada en proximidades de la capital que en sitios ubicados aguas arriba.
“Los análisis en los balnearios arrancan en noviembre para obtener los resultados durante los primeros días de diciembre”.
Confían en que haya más nevadas en la cordillera
El subsecretario de Recursos Hídricos de la provincia, Horacio Carvalho, admitió el bajo caudal que tiene actualmente el río Limay, pero aseguró que tiene que ver con “los siete años de sequía que atraviesa el país”.
De todos modos, el funcionario fue optimista y adelantó que las nevadas de este año colaborarán para mejorar la situación y que las obras que ya están en marcha harán lo propio para frenar la contaminación.
“La bajante no es un tema que pasa solo por el manejo humano del caudal, sino que es la naturaleza la que lo define con sus lluvias o sequías, como tenemos hace años en nuestro país”, aclaró.
El funcionario comentó que está en marcha un programa de calidad de base de todos los ríos y lagos de Neuquén con 78 puntos de muestreos y que todos los análisis “están bien” con respecto a la calidad del agua.
“El caudal sube por las necesidades de riego en el Limay y en el río Negro. El pico de caudal será en diciembre y enero”. Julio Porrino Secretario de Operaciones y Fiscalización de la AIC
“Para nosotros los niveles de contaminación que hay mejoran sustancialmente con respecto a los del año pasado”, aseguró Carvalho, quien atribuyó las mejoras a las obras que se hicieron en la planta de tratamiento de líquidos cloacales de Centenario, en la planta de Tronador y la ampliación de la planta de Senillosa.
Dijo además que con la Colectora del Oeste II en marcha y las obras en el arroyo Durán la situación tenderá a mejorar.
En cambio, la situación que sí admitió que aún no mejoró es la de la planta de Plottier. “Las responsabilidades son del Municipio. En Plottier tenemos el mismo problema, ahí no se avanzó en nada en la calidad de líquido vertido. Lo único que hacen es clorarlo. Seguimos esperando los proyectos para poder ir a buscar financiamiento a Nación”, dijo.
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Demuestran afección de agroquímicos a anfibios
La deforestación y los agroquímicos amenazan a los anfibios de la región
Fecha de Publicación: 06/09/2017
Fuente: La Capital (Santa Fe)
Provincia/Región: Litoral
La pérdida de su hábitat natural y las fumigaciones afectan a muchos animales que son clave en el control biológico
La pérdida de su hábitat natural y la exponencial cantidad de agroquímicos aplicado en zonas rurales son las principales amenazas para los anfibios de la región, un grupo de animales clave en el control biológico de los ecosistemas que hoy se ve en peligro por el escaso control sobre prácticas insustentables del modelo productivo pampeano como la deforestación.
Así lo estableció un grupo de científicos de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) que trabaja desde 1998 en la caracterización del riesgo ambiental sobre larvas y adultos de anfibios de los agroquímicos utilizados masivamente.
Según Agustín Bassó —reciente expositor en el ciclo "Ateneos de naturaleza, conservación y sociedad" que organiza el Museo Ameghino de Santa Fe— , el tema de los anfibios (ranas, sapos y escuerzos) "es relevante por varias razones", y la primera de ella es que es el grupo de animales que posee más especies con algún grado de amenaza; algo que los coloca involuntariamente "en el triste podio de ser quienes van ganando la carrera que nadie quiere ganar, la de la extinción de su especie".
"Las amenazas que pesan sobre los anfibios son relevantes porque en ecología sabemos que todas las especies se relacionan de alguna u otra manera y que la pérdida de toda esa biomasa de ranas afecta a las otras especies que pierden una fuente de alimento, o sea de energía", especificó el investigador, para quien en términos generales la principal fuente de amenaza para esa especie —además de los agroquímicos— es la pérdida de su hábitat.
Para el científico, en la Argentina y especialmente en la zona núcleo agropecuaria, "es muy fácil ver que todo el paisaje natural (para el que se adaptaron y evolucionaron estos anfibios) fue modificado y reemplazado por un cultivo que poco en común tiene respecto a estructura y función con el ecosistema original".
Por eso, según agregó, "no alcanza con las áreas protegidas para conservar a las especies ya que los privados no son debidamente controlados por parte del Estado respecto de qué hacen con sus bosques o humedales", un control que en la actualidad "es más que posible gracias a las imágenes satelitales".
Junto a la pérdida de hábitat, la contaminación es otra de las grandes causas de amenaza para los anfibios, así como para el resto de la biota. "Son muchos los contaminantes y cada vez hay más. En el laboratorio de Ecotoxicología investigamos el efecto que tienen muchos contaminantes emergentes en los anuros de la región".
Los investigadores encontraron efectos a nivel hormonal, enzimático, comportamental, morfológico, histológico, poblacional y a nivel de comunidad; es decir "prácticamente en todos los niveles posibles", algo "para nada sorprendente, siendo que se aplican entre 3 y 4 millones de toneladas de agroquímicos y fertilizantes".
Amenaza química
Según el trabajo "Los agroquímicos y sus impactos en los anfibios: un dilema de difícil solución", dirigido por Rafael Lajmanovich, de la cátedra de Ecotoxicología de Bioquímica de la UNL, uno de los mayores desafíos a nivel mundial es lograr un uso racional de los insumos químicos que sustentan a los sistemas productivos, una dependencia que se incrementó de forma exponencial a partir de los años 1960 con la denominada "revolución verde".
En sus estudios, el grupo que dirige Lajmanovich ha encontrado evidencias sobre los efectos de diferentes agroquímicos en larvas y adultos de anfibios anuros como letalidad, cola bifurcada en larvas expuestas a endosulfán, polimelia (miembros extra), edemas abdominales, natación inversa en larvas, y ausencia de queratinización en zona ocular.
Respecto del glifosato, la investigación de la UNL refiere que a nivel mundial existen alrededor de 400 citas de trabajos científicos sobre su toxicidad en distintos modelos de animales, tanto de laboratorio como de vida silvestre.
Efectos
Específicamente, sobre sus efectos en especies de anfibios locales, un trabajo anterior del propio Lajmanovich da cuenta de malformaciones morfológicas externas (craneofaciales, bucales, en los ojos y curvatura de la aleta caudal), así como efectos sobre el esqueleto hiobranquial (alteraciones en la estructura cartilaginosa por disrupción en la formación de colágeno) detectadas en renacuajos de una especie de rana ampliamente distribuida en la región argentina expuesta a dosis subletales de glifosato.
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Fecha de Publicación: 06/09/2017
Fuente: La Capital (Santa Fe)
Provincia/Región: Litoral
La pérdida de su hábitat natural y las fumigaciones afectan a muchos animales que son clave en el control biológico
La pérdida de su hábitat natural y la exponencial cantidad de agroquímicos aplicado en zonas rurales son las principales amenazas para los anfibios de la región, un grupo de animales clave en el control biológico de los ecosistemas que hoy se ve en peligro por el escaso control sobre prácticas insustentables del modelo productivo pampeano como la deforestación.
Así lo estableció un grupo de científicos de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) que trabaja desde 1998 en la caracterización del riesgo ambiental sobre larvas y adultos de anfibios de los agroquímicos utilizados masivamente.
Según Agustín Bassó —reciente expositor en el ciclo "Ateneos de naturaleza, conservación y sociedad" que organiza el Museo Ameghino de Santa Fe— , el tema de los anfibios (ranas, sapos y escuerzos) "es relevante por varias razones", y la primera de ella es que es el grupo de animales que posee más especies con algún grado de amenaza; algo que los coloca involuntariamente "en el triste podio de ser quienes van ganando la carrera que nadie quiere ganar, la de la extinción de su especie".
"Las amenazas que pesan sobre los anfibios son relevantes porque en ecología sabemos que todas las especies se relacionan de alguna u otra manera y que la pérdida de toda esa biomasa de ranas afecta a las otras especies que pierden una fuente de alimento, o sea de energía", especificó el investigador, para quien en términos generales la principal fuente de amenaza para esa especie —además de los agroquímicos— es la pérdida de su hábitat.
Para el científico, en la Argentina y especialmente en la zona núcleo agropecuaria, "es muy fácil ver que todo el paisaje natural (para el que se adaptaron y evolucionaron estos anfibios) fue modificado y reemplazado por un cultivo que poco en común tiene respecto a estructura y función con el ecosistema original".
Por eso, según agregó, "no alcanza con las áreas protegidas para conservar a las especies ya que los privados no son debidamente controlados por parte del Estado respecto de qué hacen con sus bosques o humedales", un control que en la actualidad "es más que posible gracias a las imágenes satelitales".
Junto a la pérdida de hábitat, la contaminación es otra de las grandes causas de amenaza para los anfibios, así como para el resto de la biota. "Son muchos los contaminantes y cada vez hay más. En el laboratorio de Ecotoxicología investigamos el efecto que tienen muchos contaminantes emergentes en los anuros de la región".
Los investigadores encontraron efectos a nivel hormonal, enzimático, comportamental, morfológico, histológico, poblacional y a nivel de comunidad; es decir "prácticamente en todos los niveles posibles", algo "para nada sorprendente, siendo que se aplican entre 3 y 4 millones de toneladas de agroquímicos y fertilizantes".
Amenaza química
Según el trabajo "Los agroquímicos y sus impactos en los anfibios: un dilema de difícil solución", dirigido por Rafael Lajmanovich, de la cátedra de Ecotoxicología de Bioquímica de la UNL, uno de los mayores desafíos a nivel mundial es lograr un uso racional de los insumos químicos que sustentan a los sistemas productivos, una dependencia que se incrementó de forma exponencial a partir de los años 1960 con la denominada "revolución verde".
En sus estudios, el grupo que dirige Lajmanovich ha encontrado evidencias sobre los efectos de diferentes agroquímicos en larvas y adultos de anfibios anuros como letalidad, cola bifurcada en larvas expuestas a endosulfán, polimelia (miembros extra), edemas abdominales, natación inversa en larvas, y ausencia de queratinización en zona ocular.
Respecto del glifosato, la investigación de la UNL refiere que a nivel mundial existen alrededor de 400 citas de trabajos científicos sobre su toxicidad en distintos modelos de animales, tanto de laboratorio como de vida silvestre.
Efectos
Específicamente, sobre sus efectos en especies de anfibios locales, un trabajo anterior del propio Lajmanovich da cuenta de malformaciones morfológicas externas (craneofaciales, bucales, en los ojos y curvatura de la aleta caudal), así como efectos sobre el esqueleto hiobranquial (alteraciones en la estructura cartilaginosa por disrupción en la formación de colágeno) detectadas en renacuajos de una especie de rana ampliamente distribuida en la región argentina expuesta a dosis subletales de glifosato.
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