Quieren reabrir Sierra Pintada pero ni siquiera remediaron
10:08 | 
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El rechazo a Sierra Pintada se hace oír a nivel nacional
Fecha de Publicación: 16/04/2014
Fuente: Diario San Rafael
Provincia/Región: Mendoza
El yacimiento que pretende ser reactivado por la Comisión Nacional de Energía Atómica es fuertemente cuestionado en diferentes puntos del país. Los pasivos contaminantes que ha dejado en el departamento son el argumento para el rechazo de nuevos emprendimientos uraníferos.
El debate por los pasivos ambientales de Sierra Pintada cada vez se instala más a nivel nacional. En los últimos días se hicieron varios comentarios y referencias en torno a la mina de uranio, los residuos que se ubican en el lugar, la contaminación y hasta una posible reapertura de la explotación.
Días atrás, la periodista especializada en temas ambientales Victoria Bianco realizó un informe en radio, donde alertó que la CNEA está proyectando reactivar el complejo de Sierra Pintada para el año 2019. La propia periodista había avisado días atrás que “en la provincia de Mendoza se ha extraído uranio en los centros de Malargüe, San Rafael, y Huemul”, pidiendo que “optemos por energías limpias”, marcando su postura contraria a la propuesta de volver a trabajar allí.
Asimismo, el tema de Sierra Pintada se hace muy presente desde las Asambleas contra la Minería en La Rioja. En la vecina provincia, hace varios días se realiza un corte de ruta a fin de evitar el ingreso de maquinarias mineras a un yacimiento donde se pretende explotar uranio a 15 kilómetros de la ciudad capital. Según la asamblea riojana, “este proyecto, encabezado por la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), no cuenta con los procedimientos legales correspondientes pero, sin embargo, ya están realizando la exploración en el lugar (...) Esta empresa es la responsable del abandono de la mina de uranio Sierra Pintada, donde hace más de 15 años se encuentran diques de cola fisurados con 14 millones de toneladas de material estéril y tóxico, 5.000 tambores con residuos peligrosos semienterrados, campamento e infraestructura en completa desidia. Pese a que se enviaron fondos internacionales para su remediación, y a que la Suprema Corte ratificó su culpabilidad exigiendo 1 millón de pesos por daños y ordenó la remediación del área afectada, no se ha avanzado en reparar las afecciones ambientales. Sumado a ello, la CNEA es una de las autoras de pedidos de inconstitucionalidad de las leyes de regulación de la minería metalífera en Córdoba (Ley 9.526) y Mendoza (Ley 7.722)”.
Del mismo modo, los partidos del Frente de Izquierda también salieron a alertar sobre la peligrosidad de Sierra Pintada. En el marco del rechazo a la instalación de la procesadora Dioxitek en Formosa, el Partido Obrero emitió un duro comunicado rechazando la instalación de la firma en Formosa, recordando su antecedente negativo en Córdoba y la experiencia de la mina en San Rafael.
Sobre la CNEA, destacaron que “la empresa también fue denunciada por volcar a la mina de uranio de Sierra Pintada en San Rafael más de 4.000 barriles con residuos de uranio, que fueron descargados en las pilas de residuos minerales. Un incendio en una instalación de estas características podría producir una catástrofe similar a otras históricas; sería, en menor escala, un nuevo Chernobil o Fukushima”.
Como si esto fuera poco, las asambleas del Agua de Mendoza denuncian el avance de la Megaminería ilegal en Las Cuevas (Mendoza) y en la quebrada de Alipán (La Rioja). En este marco, exigen “que se respete la voluntad de los pueblos y se cumpla con las leyes de protección ambiental”. Además, “denuncian la falta de accionar de los gobiernos provinciales y piden la remediación inmediata de los pasivos ambientales de Sierra Pintada y el cierre de la mina”.
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Fecha de Publicación: 16/04/2014
Fuente: Diario San Rafael
Provincia/Región: Mendoza
El yacimiento que pretende ser reactivado por la Comisión Nacional de Energía Atómica es fuertemente cuestionado en diferentes puntos del país. Los pasivos contaminantes que ha dejado en el departamento son el argumento para el rechazo de nuevos emprendimientos uraníferos.
El debate por los pasivos ambientales de Sierra Pintada cada vez se instala más a nivel nacional. En los últimos días se hicieron varios comentarios y referencias en torno a la mina de uranio, los residuos que se ubican en el lugar, la contaminación y hasta una posible reapertura de la explotación.
Días atrás, la periodista especializada en temas ambientales Victoria Bianco realizó un informe en radio, donde alertó que la CNEA está proyectando reactivar el complejo de Sierra Pintada para el año 2019. La propia periodista había avisado días atrás que “en la provincia de Mendoza se ha extraído uranio en los centros de Malargüe, San Rafael, y Huemul”, pidiendo que “optemos por energías limpias”, marcando su postura contraria a la propuesta de volver a trabajar allí.
Asimismo, el tema de Sierra Pintada se hace muy presente desde las Asambleas contra la Minería en La Rioja. En la vecina provincia, hace varios días se realiza un corte de ruta a fin de evitar el ingreso de maquinarias mineras a un yacimiento donde se pretende explotar uranio a 15 kilómetros de la ciudad capital. Según la asamblea riojana, “este proyecto, encabezado por la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), no cuenta con los procedimientos legales correspondientes pero, sin embargo, ya están realizando la exploración en el lugar (...) Esta empresa es la responsable del abandono de la mina de uranio Sierra Pintada, donde hace más de 15 años se encuentran diques de cola fisurados con 14 millones de toneladas de material estéril y tóxico, 5.000 tambores con residuos peligrosos semienterrados, campamento e infraestructura en completa desidia. Pese a que se enviaron fondos internacionales para su remediación, y a que la Suprema Corte ratificó su culpabilidad exigiendo 1 millón de pesos por daños y ordenó la remediación del área afectada, no se ha avanzado en reparar las afecciones ambientales. Sumado a ello, la CNEA es una de las autoras de pedidos de inconstitucionalidad de las leyes de regulación de la minería metalífera en Córdoba (Ley 9.526) y Mendoza (Ley 7.722)”.
Del mismo modo, los partidos del Frente de Izquierda también salieron a alertar sobre la peligrosidad de Sierra Pintada. En el marco del rechazo a la instalación de la procesadora Dioxitek en Formosa, el Partido Obrero emitió un duro comunicado rechazando la instalación de la firma en Formosa, recordando su antecedente negativo en Córdoba y la experiencia de la mina en San Rafael.
Sobre la CNEA, destacaron que “la empresa también fue denunciada por volcar a la mina de uranio de Sierra Pintada en San Rafael más de 4.000 barriles con residuos de uranio, que fueron descargados en las pilas de residuos minerales. Un incendio en una instalación de estas características podría producir una catástrofe similar a otras históricas; sería, en menor escala, un nuevo Chernobil o Fukushima”.
Como si esto fuera poco, las asambleas del Agua de Mendoza denuncian el avance de la Megaminería ilegal en Las Cuevas (Mendoza) y en la quebrada de Alipán (La Rioja). En este marco, exigen “que se respete la voluntad de los pueblos y se cumpla con las leyes de protección ambiental”. Además, “denuncian la falta de accionar de los gobiernos provinciales y piden la remediación inmediata de los pasivos ambientales de Sierra Pintada y el cierre de la mina”.
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contaminación,
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legislación y derecho ambiental,
Mendoza,
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Monsanto reclama que De La Sota mire para su lado
Monsanto presiona por la inversión millonaria frenada en Córdoba
Fecha de Publicación: 16/04/2014
Fuente: iProfesional
Provincia/Región: Córdoba
Los máximos ejecutivos de Monsanto en la Argentina reclamaron al gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota, que se ponga al frente de una mesa de diálogo para destrabar el conflicto que desde el año pasado paraliza la construcción de una plan de semillas de maíz transgénico en la localidad de Malvinas Argentinas.
El proyecto implica una inversión de 400 millones de dólares y según la compañía no implica ningún riesgo ambiental, pero no puede avanzar por el bloqueo que mantienen en el lugar grupos de ecologistas.
En contrapartida, distintos reportes desarrollados incluso por profesionales de la Universidad de Córdoba demuestran que ya existe contaminación en esa zona por el uso de agroquímicos para el cultivo de transgénicos.
La compañía considera que ese piquete está "fuera de la ley" y es llevado a cabo por "un grupo muy reducido de activistas profesionales", que apelan "reiteradamente a hechos de violencia y campañas de desinformación".
Ese grupo, sin embargo, no solo paralizó la obra sino que lograron que las autoridades provinciales no autorizaran el proyecto, argumentando algo concreto: que la multinacional estadounidense nunca completó el correspondiente estudio de impacto ambiental.
Según Monsanto, a raíz del conflicto, se modificó el marco legal y ahora la empresa deberá presentar un nuevo estudio de impacto ambiental y esperar la realización de una audiencia pública, en un contexto en el que incluso se puede llegar a una consulta popular.
Según detalla Clarín, aunque ese proceso podría llegar a demorar un año, la firma se comprometió a cumplir con todos esos pasos. Pero a la vez le reclamó a De la Sota la creación de una mesa de diálogo.
En una carta se le solicitó al gobernador que convoque a la Universidad de Córdoba para que actúe como auditora del proceso.
"No merecemos que quienes tienen el poder de decisión se dejen llevar por las amenazas de los violentos y no tengan en cuenta las evidencias de la ciencia", señaló el documento, que ratificó que la planta de maíz -que generaría 400 empleos y proveería semilla para 3,5 millones de hectáreas- "no contamina y no hay fundamentos de fondo para no aprobar el proyecto".
En cambio, "si el gobernador logra resolver las tensiones con los activistas se abriría un futuro importante para Córdoba", juzgó la compañía.
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Fecha de Publicación: 16/04/2014
Fuente: iProfesional
Provincia/Región: Córdoba
Los máximos ejecutivos de Monsanto en la Argentina reclamaron al gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota, que se ponga al frente de una mesa de diálogo para destrabar el conflicto que desde el año pasado paraliza la construcción de una plan de semillas de maíz transgénico en la localidad de Malvinas Argentinas.
El proyecto implica una inversión de 400 millones de dólares y según la compañía no implica ningún riesgo ambiental, pero no puede avanzar por el bloqueo que mantienen en el lugar grupos de ecologistas.
En contrapartida, distintos reportes desarrollados incluso por profesionales de la Universidad de Córdoba demuestran que ya existe contaminación en esa zona por el uso de agroquímicos para el cultivo de transgénicos.
La compañía considera que ese piquete está "fuera de la ley" y es llevado a cabo por "un grupo muy reducido de activistas profesionales", que apelan "reiteradamente a hechos de violencia y campañas de desinformación".
Ese grupo, sin embargo, no solo paralizó la obra sino que lograron que las autoridades provinciales no autorizaran el proyecto, argumentando algo concreto: que la multinacional estadounidense nunca completó el correspondiente estudio de impacto ambiental.
Según Monsanto, a raíz del conflicto, se modificó el marco legal y ahora la empresa deberá presentar un nuevo estudio de impacto ambiental y esperar la realización de una audiencia pública, en un contexto en el que incluso se puede llegar a una consulta popular.
Según detalla Clarín, aunque ese proceso podría llegar a demorar un año, la firma se comprometió a cumplir con todos esos pasos. Pero a la vez le reclamó a De la Sota la creación de una mesa de diálogo.
En una carta se le solicitó al gobernador que convoque a la Universidad de Córdoba para que actúe como auditora del proceso.
"No merecemos que quienes tienen el poder de decisión se dejen llevar por las amenazas de los violentos y no tengan en cuenta las evidencias de la ciencia", señaló el documento, que ratificó que la planta de maíz -que generaría 400 empleos y proveería semilla para 3,5 millones de hectáreas- "no contamina y no hay fundamentos de fondo para no aprobar el proyecto".
En cambio, "si el gobernador logra resolver las tensiones con los activistas se abriría un futuro importante para Córdoba", juzgó la compañía.
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Agrotóxicos en Misiones expuestos en debate
Debatieron sobre el uso de agrotóxicos en la región
Fecha de Publicación: 16/04/2014
Fuente: Territorio Digital
Provincia/Región: Misiones
Productores tabacaleros, profesionales de la medicina e investigadores analizaron los daños que causan el mal uso de los agrotóxicos, en especial en las chacras de los colonos misioneros.
Tras una presentación de datos y registros estadísticos elaborados en la provincia, el médico Hugo Gómez Demaio expuso sobre casos de la región, al igual que Marcela Viarengo, integrante de la asociación de enfermedades poco frecuentes. También expuso la medica Mercedes Palazzo Fabre sobre la incidencia de los agrotóxicos en el ser humano.
Al final se concluyó que en Misiones hay una ley que regula el uso de los agrotóxicos pero no prohíbe su uso como en otros países. En este sentido el diputado Germán Bordon al igual que el ingeniero Sergio Roko coincidieron en que será necesario modificar la ley para hacerla más aplicable, así se explicó que la ley contempla el entierro de los envases, lo que no se cumple, por ello sería mejor quemarlos en hornos especiales.
Por su parte, el tabacalero Hugo Dubles manifestó que cuando empezó a plantar tabaco, hace 32 años, la empresa le dio una bolsa grande para colocar los envases vacíos pero que nunca fueron retirados, y así el colono usa los envases para distintas labores no atendiendo a su peligrosidad.
Por su parte el médico pediatra Osvaldo Navarro, también referente de la Unión Cívica Radical, mencionó que es alarmante la cantidad de chicos provenientes de las chacras que sufren cardiopatías. “No hay datos estadísticos, sólo empíricos (de hecho) que demuestran el alto índice en la población infantil de las zonas rurales con este problema. Estamos sorprendidos, preocupados y abocados por este tema”, expresó el galeno en la charla debate. Quien manifestó que es alarmante la cantidad de personas jóvenes con cáncer, provenientes de la zona rural.
Por el lado de los tabacaleros lamentaron que muchos no pudieron salir de las colonias por el estado de los caminos, pero solicitaron más información y que continúen las charlas y capacitaciones. También se abogó por realizar cultivos y labores que no sean nocivos para la salud y el medio ambiente. Y por otra parte que se modifique la ley para que se pueda realizar un depósito final de los envases de agrotóxicos. Además reclamaron mayor presencia del Estado en este tema y en los controles.
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Fecha de Publicación: 16/04/2014
Fuente: Territorio Digital
Provincia/Región: Misiones
Productores tabacaleros, profesionales de la medicina e investigadores analizaron los daños que causan el mal uso de los agrotóxicos, en especial en las chacras de los colonos misioneros.
Tras una presentación de datos y registros estadísticos elaborados en la provincia, el médico Hugo Gómez Demaio expuso sobre casos de la región, al igual que Marcela Viarengo, integrante de la asociación de enfermedades poco frecuentes. También expuso la medica Mercedes Palazzo Fabre sobre la incidencia de los agrotóxicos en el ser humano.
Al final se concluyó que en Misiones hay una ley que regula el uso de los agrotóxicos pero no prohíbe su uso como en otros países. En este sentido el diputado Germán Bordon al igual que el ingeniero Sergio Roko coincidieron en que será necesario modificar la ley para hacerla más aplicable, así se explicó que la ley contempla el entierro de los envases, lo que no se cumple, por ello sería mejor quemarlos en hornos especiales.
Por su parte, el tabacalero Hugo Dubles manifestó que cuando empezó a plantar tabaco, hace 32 años, la empresa le dio una bolsa grande para colocar los envases vacíos pero que nunca fueron retirados, y así el colono usa los envases para distintas labores no atendiendo a su peligrosidad.
Por su parte el médico pediatra Osvaldo Navarro, también referente de la Unión Cívica Radical, mencionó que es alarmante la cantidad de chicos provenientes de las chacras que sufren cardiopatías. “No hay datos estadísticos, sólo empíricos (de hecho) que demuestran el alto índice en la población infantil de las zonas rurales con este problema. Estamos sorprendidos, preocupados y abocados por este tema”, expresó el galeno en la charla debate. Quien manifestó que es alarmante la cantidad de personas jóvenes con cáncer, provenientes de la zona rural.
Por el lado de los tabacaleros lamentaron que muchos no pudieron salir de las colonias por el estado de los caminos, pero solicitaron más información y que continúen las charlas y capacitaciones. También se abogó por realizar cultivos y labores que no sean nocivos para la salud y el medio ambiente. Y por otra parte que se modifique la ley para que se pueda realizar un depósito final de los envases de agrotóxicos. Además reclamaron mayor presencia del Estado en este tema y en los controles.
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Presentarán ante la prensa la marcha contra Botnia
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Presentarán oficialmente la marcha contra UPM (ex Botnia)
Fecha de Publicación: 15/04/2014
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: Entre Ríos
La Asamblea Ambiental de Gualeguaychú dará a conocer detalles de la marcha que, bajo la consigna “Sin fronteras por la Vida”, se llevará a cabo el próximo domingo 27 de abril en el puente internacional General San Martín. La presentación será esta noche a las 20, en un hotel de Gualeguaychú.
La décima Marcha al Puente Internacional quedará esta noche oficialmente anunciada, cuando miembros de la Asamblea Ciudadana Ambiental Gualeguaychú presenten la protesta en un acto que tendrá lugar en el Hotel Embajador a partir de las 20.
El encuentro servirá además para conocer detalles de la organización dela marcha que, bajo la consigna “Sin fronteras por la Vida”, se llevará a cabo el próximo domingo 27 de abril en el puente internacional General San Martín.
Según informó el asambleísta Jorge Fritzler a radio 97.1 La Red Paraná, el acto será encabezado por miembros de la Asamblea pero también contará con funcionarios políticos, municipales y provinciales y, además, el obispo de Gualeguaychú, monseñor Jorge Lozano, quien comprometió su presencia, confirmando así el respaldo de la Iglesia al reclamo ambiental.
Asimismo, Fritzler dijo que se están distribuyendo afiches en instituciones, negocios y lugares públicos. “Aunque Solari no accedió a un pedido de la Asamblea Ambiental, logramos colocar muchos afiches en los trayectos más transitados del fin de semana. Las fotografías de estos carteles también circularon por las redes sociales” explicó.
El Indio Solari rechazó hablar en su recital sobre la lucha de la Asamblea, cuando se le pidió que hiciera mención a la lucha que lleva adelante desde hace 10 años contra UPM. Ante la requisitoria, Solari respondió que sus shows son “exclusivamente de índole artística”.
En tanto, la Asamblea mantuvo días atrás una reunión con miembros de la Policía, Gendarmería y Prefectura, a fin de coordinar las primeras medidas de seguridad del encuentro.
Diez años de espera
"A 10 años de la lucha que llevamos adelante contra UPM no han avanzado las causas. El silencio y la complicidad del gobierno argentino y uruguayo provoca impotencia", indicó Fritzler.
Y adhirió que las cinco causas elevadas a la Justicia vinculadas al episodio de contaminación que sufrieron cinco ciudadanos en septiembre del año pasado, siguen “estancadas, dormidas en el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay".
"Esta situación preocupa a la Asamblea que entiende que las causas ya deberían haber sido abordadas por la Justicia, si tiene en cuenta la gravedad del episodio y las consecuencias sobre otras causas que podrían llegar a surgir", puntualizó el asambleísta.
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Fecha de Publicación: 15/04/2014
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: Entre Ríos
La Asamblea Ambiental de Gualeguaychú dará a conocer detalles de la marcha que, bajo la consigna “Sin fronteras por la Vida”, se llevará a cabo el próximo domingo 27 de abril en el puente internacional General San Martín. La presentación será esta noche a las 20, en un hotel de Gualeguaychú.
La décima Marcha al Puente Internacional quedará esta noche oficialmente anunciada, cuando miembros de la Asamblea Ciudadana Ambiental Gualeguaychú presenten la protesta en un acto que tendrá lugar en el Hotel Embajador a partir de las 20.
El encuentro servirá además para conocer detalles de la organización dela marcha que, bajo la consigna “Sin fronteras por la Vida”, se llevará a cabo el próximo domingo 27 de abril en el puente internacional General San Martín.
Según informó el asambleísta Jorge Fritzler a radio 97.1 La Red Paraná, el acto será encabezado por miembros de la Asamblea pero también contará con funcionarios políticos, municipales y provinciales y, además, el obispo de Gualeguaychú, monseñor Jorge Lozano, quien comprometió su presencia, confirmando así el respaldo de la Iglesia al reclamo ambiental.
Asimismo, Fritzler dijo que se están distribuyendo afiches en instituciones, negocios y lugares públicos. “Aunque Solari no accedió a un pedido de la Asamblea Ambiental, logramos colocar muchos afiches en los trayectos más transitados del fin de semana. Las fotografías de estos carteles también circularon por las redes sociales” explicó.
El Indio Solari rechazó hablar en su recital sobre la lucha de la Asamblea, cuando se le pidió que hiciera mención a la lucha que lleva adelante desde hace 10 años contra UPM. Ante la requisitoria, Solari respondió que sus shows son “exclusivamente de índole artística”.
En tanto, la Asamblea mantuvo días atrás una reunión con miembros de la Policía, Gendarmería y Prefectura, a fin de coordinar las primeras medidas de seguridad del encuentro.
Diez años de espera
"A 10 años de la lucha que llevamos adelante contra UPM no han avanzado las causas. El silencio y la complicidad del gobierno argentino y uruguayo provoca impotencia", indicó Fritzler.
Y adhirió que las cinco causas elevadas a la Justicia vinculadas al episodio de contaminación que sufrieron cinco ciudadanos en septiembre del año pasado, siguen “estancadas, dormidas en el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay".
"Esta situación preocupa a la Asamblea que entiende que las causas ya deberían haber sido abordadas por la Justicia, si tiene en cuenta la gravedad del episodio y las consecuencias sobre otras causas que podrían llegar a surgir", puntualizó el asambleísta.
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Estudian dessalinizar el agua de mar en Chubut
Serán analistas externos quienes estudien el proyecto de la planta desalinizadora
Fecha de Publicación: 15/04/2014
Fuente: El Patagónico
Provincia/Región: Chubut
Desde la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva del Chubut se que se convocará a analistas externos para que lleven adelante el estudio y determinen si el proyecto es redituable en costos.
En el marco de la aprobación en la Legislatura del proyecto por el que se le encargó al Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Ciencia y Técnica, que realice un estudio de factibilidad para determinar si es técnica y económicamente posible llevar adelante el proceso de desalinización del agua de mar en Comodoro Rivadavia, se confirmó que se convocará a analistas externos para llevar adelante el análisis.
En este sentido, el secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva del Chubut, Santiago Miguelez, declaró esta tarde que “concretamente yo tomé conocimiento de la noticia a fines de la semana pasada y hoy estuve en contacto con el diputado (José) Karamarko para ponerme en conocimiento de los detalles”.
Asimismo, señaló que “estamos poniéndonos en contacto con toda la gente que ha participado en proyectos de esta índole a fin de ponerle claridad al tema y cuál sería la factibilidad de un emprendimiento de estas características”.
En comunicación con Radio Del Mar, Miguelez detalló que “más adelante vamos a presupuestar los costos de estos análisis para poder tener un primer acercamiento a ver si se puede hacer viable o no”.
Al ser consultado sobre quiénes realizarán los estudios, el funcionario aseguró: “Nosotros vamos a tener que recurrir a algún analista externo porque no tenemos personal que se dedique al tema exclusivamente”.
“Esperamos el aporte constructivo de todos los actores del sistema científico y tecnológico que hoy están en contacto con nosotros y que pueden sin duda brindar mayor claridad de lo que es la factibilidad de una iniciativa de estas características”, finalizó.
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Fecha de Publicación: 15/04/2014
Fuente: El Patagónico
Provincia/Región: Chubut
Desde la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva del Chubut se que se convocará a analistas externos para que lleven adelante el estudio y determinen si el proyecto es redituable en costos.
En el marco de la aprobación en la Legislatura del proyecto por el que se le encargó al Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Ciencia y Técnica, que realice un estudio de factibilidad para determinar si es técnica y económicamente posible llevar adelante el proceso de desalinización del agua de mar en Comodoro Rivadavia, se confirmó que se convocará a analistas externos para llevar adelante el análisis.
En este sentido, el secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva del Chubut, Santiago Miguelez, declaró esta tarde que “concretamente yo tomé conocimiento de la noticia a fines de la semana pasada y hoy estuve en contacto con el diputado (José) Karamarko para ponerme en conocimiento de los detalles”.
Asimismo, señaló que “estamos poniéndonos en contacto con toda la gente que ha participado en proyectos de esta índole a fin de ponerle claridad al tema y cuál sería la factibilidad de un emprendimiento de estas características”.
En comunicación con Radio Del Mar, Miguelez detalló que “más adelante vamos a presupuestar los costos de estos análisis para poder tener un primer acercamiento a ver si se puede hacer viable o no”.
Al ser consultado sobre quiénes realizarán los estudios, el funcionario aseguró: “Nosotros vamos a tener que recurrir a algún analista externo porque no tenemos personal que se dedique al tema exclusivamente”.
“Esperamos el aporte constructivo de todos los actores del sistema científico y tecnológico que hoy están en contacto con nosotros y que pueden sin duda brindar mayor claridad de lo que es la factibilidad de una iniciativa de estas características”, finalizó.
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Cuando los agroquímicos se respiran en las aulas
La contaminación en las aulas
Fecha de Publicación: 15/04/2014
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Ocurre en muchas escuelas rurales, ubicadas cerca de campos donde hay plantaciones de soja. En algunas provincias hay legislación que pone límites, pero muchas veces no se cumplen. Reclaman mayores controles.
“Paren de fumigar escuelas”, es la campaña en la que intervienen asambleas socioambientales, gremios docentes y padres de alumnos. Dan cuenta de miles de escuelas rurales rodeadas por cultivos transgénicos, donde llueven agroquímicos sobre niños y maestros. En Córdoba denuncian que al menos 400 escuelas padecen fumigaciones y, en Entre Ríos, un relevamiento sobre tres departamentos reveló que el 70 por ciento de las escuelas rurales fue fumigada. El único informe oficial del país sobre escuelas y agroquímicos se realizó en Coronel Suárez, provincia de Buenos Aires: 41 establecimientos educativos fueron fumigados. Solicitaron la intervención de autoridades provinciales y nacionales, pero aún no obtuvieron respuesta.
El cartel blanco sostenido por postes semeja las señales de tránsito. Es blanco con letras negras que resaltan: “Atención escuela. Señor aplicador y productor. No fumigar”. Y detalla las leyes que protegen a alumnos. El cartel sobresale frente a la escuela Nº 54 de Colonia Caseros, departamento de Uruguay, Entre Ríos. Es una iniciativa del sindicato docente de Entre Ríos (Asociación Gremial del Magisterio, Agmer) y la Asamblea Ciudadana Ambiental de Concepción del Uruguay, que comenzaron a articular acciones en marzo de 2012 por las denuncias de maestros y familiares de alumnos de escuelas rurales.
Un caso testigo sucedió en octubre de 2012, cuando fue fumigada la escuela rural Nº 66 de Gualeguaychú. Los chicos padecieron picazón en los ojos, dolores de garganta y vómitos. Los químicos denunciados fueron glifosato, 2.4D, atrazina, clorpirifos, fipronil y deltametrina.
El sindicato y la asamblea comenzaron un relevamiento en toda la provincia. Ya avanzaron en tres departamentos (Uruguay, Nogoyá y Gualeguaychú). Sobre 74 escuelas censadas, el 70 por ciento fue fumigado (52). En el departamento de Uruguay sufrieron aspersiones 15 escuelas de las 28 censadas. En Nogoyá, 18 sobre 23. Y en Gualeguaychú fueron fumigadas 19 escuelas sobre 23 relevadas. Confirmaron casos de afecciones en la piel y vías respiratorias de chicos y maestros, vómitos y problemas gastrointestinales.
“No se cumple con las leyes y disposiciones en cuanto a extremar precauciones y evitar el daño a terceros. Hay escasa contención de parte de los organismos estatales que debieran hacer cumplir las pocas disposiciones de protección vigentes”, señala el informe entrerriano y, mediante imágenes satelitales y fotos, evidencian la cercanía de escuelas y campos transgénicos.
La legislación provincial estipula 50 metros de distancia, pero no se cumple. Docentes y asambleístas aún no definieron cuál debiera ser la distancia, pero coinciden: “Es absurdo que haya sólo 50 metros entre campos fumigados y escuelas”, afirmó Jorge Bevacqua, de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Concepción del Uruguay.
En Buenos Aires hubo denuncias de escuelas fumigadas en Exaltación de la Cruz, Cañuelas y Los Toldos. “Hay muchos casos, pero los docentes tienen miedo. Algunos directivos y funcionarios son amigos de empresarios sojeros. Además está Cargill, que hace donaciones a las escuelas y eso complica todo”, explicó Margot Goycochea, del Foro Ambiental de Los Toldos.
En Cañuelas, en 2010, se sancionó una ordenanza (la 2671) que regula la aplicación de agroquímicos, tomada como referencia por otras localidades. Limita las fumigaciones a 2000 metros de poblaciones urbanas y 200 metros de distancia de escuelas rurales. Diana Iceruk, periodista y asambleísta socioambiental, asegura que la ordenanza “no se cumple plenamente, se continúa fumigando en zonas prohibidas”.
Medardo Avila Vázquez forma parte de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados. Detalló que en Córdoba los mayores problemas se dan en septiembre con las aplicaciones de glifosato, 2.4D y atrazina. “Son de tres a seis aplicaciones antes de la siembra de noviembre-diciembre, los chicos aún están en las escuelas y los fumigan sin reparos”, denunció.
El médico explicó que, además, en marzo aplican “desecantes” para eliminar la humedad y cosechar. Aplican 2.4D y paraquat. Estimaciones de Médicos Fumigados y sindicatos docentes provinciales señalan que en Córdoba hay 1500 escuelas a menos de 1000 metros de campos fumigados. “De esas 1500, hay 400 escuelas rodeadas de campos de soja y maíz transgénico. Unos 12 mil alumnos y 900 maestros están expuestos a los agrotóxicos”, afirmó Avila Vázquez, que también forma parte de la “Campaña escuelas fumigadas nunca más”. Los casos se repiten en todas las provincias con cultivos transgénicos: Santiago del Estero, Salta, Santa Fe, La Pampa y Formosa, entre otras.
La Red de Salud Popular Ramón Carrillo, de Chaco, realizó numerosas denuncias en los últimos años. La escuela Nº 552 de Pampa del Indio, donde se fumigaba con los chicos en clases; la escuela Nº 141 Fortaleza Campesina, en el departamento General San Martín, donde se usó glifosato a menos de 100 metros de los alumnos; y la escuela Nº 257 de Tres Isletas, son sólo algunos de los casos.
La Ley de Biocidas de Chaco (la 7032, de noviembre de 2012) fija distancias de 500 metros para las aplicaciones terrestres y 1500 para las aéreas. Alejandra Gómez, de la Red de Salud, marca dos hechos que se repiten en todas las provincias: la ley no se cumple y los docentes tienen miedo a denunciar. En 2010, un fallo judicial frenó fumigaciones con glifosato y endosulfan en las localidades de La Leonesa y Las Palmas, y protegió escuelas rurales al fijar límites de 1000 metros para aplicaciones terrestres y de 2000 metros para las aéreas.
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Fecha de Publicación: 15/04/2014
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Ocurre en muchas escuelas rurales, ubicadas cerca de campos donde hay plantaciones de soja. En algunas provincias hay legislación que pone límites, pero muchas veces no se cumplen. Reclaman mayores controles.
“Paren de fumigar escuelas”, es la campaña en la que intervienen asambleas socioambientales, gremios docentes y padres de alumnos. Dan cuenta de miles de escuelas rurales rodeadas por cultivos transgénicos, donde llueven agroquímicos sobre niños y maestros. En Córdoba denuncian que al menos 400 escuelas padecen fumigaciones y, en Entre Ríos, un relevamiento sobre tres departamentos reveló que el 70 por ciento de las escuelas rurales fue fumigada. El único informe oficial del país sobre escuelas y agroquímicos se realizó en Coronel Suárez, provincia de Buenos Aires: 41 establecimientos educativos fueron fumigados. Solicitaron la intervención de autoridades provinciales y nacionales, pero aún no obtuvieron respuesta.
El cartel blanco sostenido por postes semeja las señales de tránsito. Es blanco con letras negras que resaltan: “Atención escuela. Señor aplicador y productor. No fumigar”. Y detalla las leyes que protegen a alumnos. El cartel sobresale frente a la escuela Nº 54 de Colonia Caseros, departamento de Uruguay, Entre Ríos. Es una iniciativa del sindicato docente de Entre Ríos (Asociación Gremial del Magisterio, Agmer) y la Asamblea Ciudadana Ambiental de Concepción del Uruguay, que comenzaron a articular acciones en marzo de 2012 por las denuncias de maestros y familiares de alumnos de escuelas rurales.
Un caso testigo sucedió en octubre de 2012, cuando fue fumigada la escuela rural Nº 66 de Gualeguaychú. Los chicos padecieron picazón en los ojos, dolores de garganta y vómitos. Los químicos denunciados fueron glifosato, 2.4D, atrazina, clorpirifos, fipronil y deltametrina.
El sindicato y la asamblea comenzaron un relevamiento en toda la provincia. Ya avanzaron en tres departamentos (Uruguay, Nogoyá y Gualeguaychú). Sobre 74 escuelas censadas, el 70 por ciento fue fumigado (52). En el departamento de Uruguay sufrieron aspersiones 15 escuelas de las 28 censadas. En Nogoyá, 18 sobre 23. Y en Gualeguaychú fueron fumigadas 19 escuelas sobre 23 relevadas. Confirmaron casos de afecciones en la piel y vías respiratorias de chicos y maestros, vómitos y problemas gastrointestinales.
“No se cumple con las leyes y disposiciones en cuanto a extremar precauciones y evitar el daño a terceros. Hay escasa contención de parte de los organismos estatales que debieran hacer cumplir las pocas disposiciones de protección vigentes”, señala el informe entrerriano y, mediante imágenes satelitales y fotos, evidencian la cercanía de escuelas y campos transgénicos.
La legislación provincial estipula 50 metros de distancia, pero no se cumple. Docentes y asambleístas aún no definieron cuál debiera ser la distancia, pero coinciden: “Es absurdo que haya sólo 50 metros entre campos fumigados y escuelas”, afirmó Jorge Bevacqua, de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Concepción del Uruguay.
En Buenos Aires hubo denuncias de escuelas fumigadas en Exaltación de la Cruz, Cañuelas y Los Toldos. “Hay muchos casos, pero los docentes tienen miedo. Algunos directivos y funcionarios son amigos de empresarios sojeros. Además está Cargill, que hace donaciones a las escuelas y eso complica todo”, explicó Margot Goycochea, del Foro Ambiental de Los Toldos.
En Cañuelas, en 2010, se sancionó una ordenanza (la 2671) que regula la aplicación de agroquímicos, tomada como referencia por otras localidades. Limita las fumigaciones a 2000 metros de poblaciones urbanas y 200 metros de distancia de escuelas rurales. Diana Iceruk, periodista y asambleísta socioambiental, asegura que la ordenanza “no se cumple plenamente, se continúa fumigando en zonas prohibidas”.
Medardo Avila Vázquez forma parte de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados. Detalló que en Córdoba los mayores problemas se dan en septiembre con las aplicaciones de glifosato, 2.4D y atrazina. “Son de tres a seis aplicaciones antes de la siembra de noviembre-diciembre, los chicos aún están en las escuelas y los fumigan sin reparos”, denunció.
El médico explicó que, además, en marzo aplican “desecantes” para eliminar la humedad y cosechar. Aplican 2.4D y paraquat. Estimaciones de Médicos Fumigados y sindicatos docentes provinciales señalan que en Córdoba hay 1500 escuelas a menos de 1000 metros de campos fumigados. “De esas 1500, hay 400 escuelas rodeadas de campos de soja y maíz transgénico. Unos 12 mil alumnos y 900 maestros están expuestos a los agrotóxicos”, afirmó Avila Vázquez, que también forma parte de la “Campaña escuelas fumigadas nunca más”. Los casos se repiten en todas las provincias con cultivos transgénicos: Santiago del Estero, Salta, Santa Fe, La Pampa y Formosa, entre otras.
La Red de Salud Popular Ramón Carrillo, de Chaco, realizó numerosas denuncias en los últimos años. La escuela Nº 552 de Pampa del Indio, donde se fumigaba con los chicos en clases; la escuela Nº 141 Fortaleza Campesina, en el departamento General San Martín, donde se usó glifosato a menos de 100 metros de los alumnos; y la escuela Nº 257 de Tres Isletas, son sólo algunos de los casos.
La Ley de Biocidas de Chaco (la 7032, de noviembre de 2012) fija distancias de 500 metros para las aplicaciones terrestres y 1500 para las aéreas. Alejandra Gómez, de la Red de Salud, marca dos hechos que se repiten en todas las provincias: la ley no se cumple y los docentes tienen miedo a denunciar. En 2010, un fallo judicial frenó fumigaciones con glifosato y endosulfan en las localidades de La Leonesa y Las Palmas, y protegió escuelas rurales al fijar límites de 1000 metros para aplicaciones terrestres y de 2000 metros para las aéreas.
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Nahuel Huapi contaminado: duras críticas a la comisión
Críticas a la comisión que estudiará contaminación en el Nahuel Huapi
Fecha de Publicación: 14/04/2014
Fuente: ANB
Provincia/Región: Neuquén - Río Negro
Los vecinos que integran la Asociación Árbol de Pie se expresaron acerca de la iniciativa que busca estudiar la contaminación en el Lago Nahuel Huapi. Señalaron falencias y omisiones en el proyecto del legislador Marcos Catalán, a través de un comunicado titulado: “crea una comisión cuando quieras que nada pase”. El comunicado textual
Napoleón, Perón? No importa quién lo dijo en realidad, lo que importa es la finalidad de la comisión.
Bajo el Nro. 167 del 2014 el legislador Catalán presentó un proyecto de ley para crear ¡una comisión! que tendría por finalidad ¡estudiar la contaminación del Lago Nahuel Huapi! y las posibles soluciones sobre este tema.
No pretendemos que se hubiera dedicado a estudiar y documentarse al respecto con la profundidad y durante tantos años como lo hemos hecho nosotros. Pero desde luego para fundamentar una ley que crea una comisión para estudiar este grave tema, hubiera sido necesario un poquito más de seriedad y un poquito más de investigación.
Dice que en el año 2009 un desperfecto en el sistema colector de líquidos cloacales provocó el vertido directo a las aguas del Lago Nahuel Huapi. La realidad es que, justamente esa vez que eligió no fue una rotura sino que se abrió una compuerta, que la CEB atribuyó a un error humano. Todos recordamos que se volcaron miles de metros cúbicos de materia fecal en el km 4.800 (ver nota link adjunto). Lo cierto, señor legislador, es que son 82 los vuelcos reconocidos por la CEB a marzo de 2013 por rotura del colector oeste – ver Amparo Ambiental Colectivo s/contaminación en el lago Nahuel Huapi de la Defensoría del Pueblo de Río Negro.
Parecería que la finalidad de su proyecto es demostrar la necesidad de seguir alargando ad infinitum el colector oeste, ya lo dice su párrafo: “la solución pasará por la conexión de los distintos barrios al colector cloacal oeste”.
El DPA realiza muestreos todos los años en noviembre en distintos puntos de la costa donde hay balnearios municipales habilitados, por lo tanto resulta temerario decir que se habilitan sin ningún tipo de prevención. Esta es una seria acusación y deberá ser aclarada tanto por el organismo como por Catalán, que parece tener información veraz que contradice la declaración de balnearios aptos por parte del DPA.
No se da por enterado en su proyecto de la existencia de los caños derivadores perfectamente identificados por nuestra organización, los que están a la vista o bajo el agua, aparte de cualquier otro que no hayamos encontrado a la fecha. Caños derivadores que vuelcan todos los líquidos crudos al lago cada vez que se rompe el famoso colector oeste al que propone seguir conectando usuarios, o cuando la saturación de la planta obliga a volcar todo el crudo en el Ñireco. No se enteró por supuesto, porque no nos preguntó, y es de nuestro interés saber qué otras organizaciones ambientalistas a las que según su proyecto aparentemente consultó, estarían involucradas en este tema, para poder trabajar en conjunto.
Usa los valores de un estudio que la CEB había mantenido oculto cuya finalidad precisamente era justificar la extensión del colector, que mostró valores realmente preocupantes de contaminación sobre todo en el punto de vertido de la cloaca del Centro Atómico a través de la planta Imoff. Justamente a raíz de la comprobación de las graves consecuencias que había tenido usar el Lago como cloaca durante 50 años, nuestra organización trató infructuosamente de lograr que el Centro Atómico construyera su propia planta de tratamiento como una forma de remediar el daño ambiental causado, según lo establece la Ley General del Ambiente (Principio de Responsabilidad, y obligación de recomponer de quien causare un daño ambiental). Y tal vez si gestionara con éxito, se podría conseguir que lo hagan.
De paso le informamos al señor legislador que la planta Imoff dejó de usarse cuando se conectaron hace 4 años, el 8 de agosto de 2010, al colector oeste.
Ha sido un cortar y pegar bastante poco feliz, porque fue una búsqueda superficial de información. No pretendemos que nos hubieran consultado a nosotros, los “ambientalistas”, pero podría haberse documentado por ejemplo en el Amparo de la Defensoría del Pueblo, cuyos argumentos y documental cuenta con numerosos datos aportados por nosotros.
En principio le avisamos que el Lago no está contaminado, están contaminadas amplias zonas costeras. Esa creciente contaminación costera del Lago Nahuel Huapi, señor legislador, no se soluciona con seguir estirando caños por todo el ejido municipal. En principio, tiene que aparecer la plata necesaria para las obras mil veces prometidas, por el gobierno anterior y por el suyo: construcción de la pequeña planta para 10.000 habitantes, construcción del segundo módulo, reemplazo del colector costanero, reemplazo del colector oeste entre los kilómetros 1 y 3, construcción de la cisterna para depósito temporario en caso de contingencias en el km 3. Es hora además de comenzar la construcción de plantas modulares intermedias.
Pero desde luego, nada de esto será suficiente si no se logra la toma de conciencia de todos quienes siguen haciendo uso del lago como receptor de sus propios líquidos cloacales, y eso tampoco lo va a conseguir con su comisión.
Y le avisamos que además de omitir a las organizaciones, se olvidó de incluir en su comisión al Departamento Provincial de Aguas, que posiblemente algo de responsabilidad tiene, no? porque han incumplido con su deber de cuidar el recurso hídrico de la cordillera al mar.
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Fecha de Publicación: 14/04/2014
Fuente: ANB
Provincia/Región: Neuquén - Río Negro
Los vecinos que integran la Asociación Árbol de Pie se expresaron acerca de la iniciativa que busca estudiar la contaminación en el Lago Nahuel Huapi. Señalaron falencias y omisiones en el proyecto del legislador Marcos Catalán, a través de un comunicado titulado: “crea una comisión cuando quieras que nada pase”. El comunicado textual
Napoleón, Perón? No importa quién lo dijo en realidad, lo que importa es la finalidad de la comisión.
Bajo el Nro. 167 del 2014 el legislador Catalán presentó un proyecto de ley para crear ¡una comisión! que tendría por finalidad ¡estudiar la contaminación del Lago Nahuel Huapi! y las posibles soluciones sobre este tema.
No pretendemos que se hubiera dedicado a estudiar y documentarse al respecto con la profundidad y durante tantos años como lo hemos hecho nosotros. Pero desde luego para fundamentar una ley que crea una comisión para estudiar este grave tema, hubiera sido necesario un poquito más de seriedad y un poquito más de investigación.
Dice que en el año 2009 un desperfecto en el sistema colector de líquidos cloacales provocó el vertido directo a las aguas del Lago Nahuel Huapi. La realidad es que, justamente esa vez que eligió no fue una rotura sino que se abrió una compuerta, que la CEB atribuyó a un error humano. Todos recordamos que se volcaron miles de metros cúbicos de materia fecal en el km 4.800 (ver nota link adjunto). Lo cierto, señor legislador, es que son 82 los vuelcos reconocidos por la CEB a marzo de 2013 por rotura del colector oeste – ver Amparo Ambiental Colectivo s/contaminación en el lago Nahuel Huapi de la Defensoría del Pueblo de Río Negro.
Parecería que la finalidad de su proyecto es demostrar la necesidad de seguir alargando ad infinitum el colector oeste, ya lo dice su párrafo: “la solución pasará por la conexión de los distintos barrios al colector cloacal oeste”.
El DPA realiza muestreos todos los años en noviembre en distintos puntos de la costa donde hay balnearios municipales habilitados, por lo tanto resulta temerario decir que se habilitan sin ningún tipo de prevención. Esta es una seria acusación y deberá ser aclarada tanto por el organismo como por Catalán, que parece tener información veraz que contradice la declaración de balnearios aptos por parte del DPA.
No se da por enterado en su proyecto de la existencia de los caños derivadores perfectamente identificados por nuestra organización, los que están a la vista o bajo el agua, aparte de cualquier otro que no hayamos encontrado a la fecha. Caños derivadores que vuelcan todos los líquidos crudos al lago cada vez que se rompe el famoso colector oeste al que propone seguir conectando usuarios, o cuando la saturación de la planta obliga a volcar todo el crudo en el Ñireco. No se enteró por supuesto, porque no nos preguntó, y es de nuestro interés saber qué otras organizaciones ambientalistas a las que según su proyecto aparentemente consultó, estarían involucradas en este tema, para poder trabajar en conjunto.
Usa los valores de un estudio que la CEB había mantenido oculto cuya finalidad precisamente era justificar la extensión del colector, que mostró valores realmente preocupantes de contaminación sobre todo en el punto de vertido de la cloaca del Centro Atómico a través de la planta Imoff. Justamente a raíz de la comprobación de las graves consecuencias que había tenido usar el Lago como cloaca durante 50 años, nuestra organización trató infructuosamente de lograr que el Centro Atómico construyera su propia planta de tratamiento como una forma de remediar el daño ambiental causado, según lo establece la Ley General del Ambiente (Principio de Responsabilidad, y obligación de recomponer de quien causare un daño ambiental). Y tal vez si gestionara con éxito, se podría conseguir que lo hagan.
De paso le informamos al señor legislador que la planta Imoff dejó de usarse cuando se conectaron hace 4 años, el 8 de agosto de 2010, al colector oeste.
Ha sido un cortar y pegar bastante poco feliz, porque fue una búsqueda superficial de información. No pretendemos que nos hubieran consultado a nosotros, los “ambientalistas”, pero podría haberse documentado por ejemplo en el Amparo de la Defensoría del Pueblo, cuyos argumentos y documental cuenta con numerosos datos aportados por nosotros.
En principio le avisamos que el Lago no está contaminado, están contaminadas amplias zonas costeras. Esa creciente contaminación costera del Lago Nahuel Huapi, señor legislador, no se soluciona con seguir estirando caños por todo el ejido municipal. En principio, tiene que aparecer la plata necesaria para las obras mil veces prometidas, por el gobierno anterior y por el suyo: construcción de la pequeña planta para 10.000 habitantes, construcción del segundo módulo, reemplazo del colector costanero, reemplazo del colector oeste entre los kilómetros 1 y 3, construcción de la cisterna para depósito temporario en caso de contingencias en el km 3. Es hora además de comenzar la construcción de plantas modulares intermedias.
Pero desde luego, nada de esto será suficiente si no se logra la toma de conciencia de todos quienes siguen haciendo uso del lago como receptor de sus propios líquidos cloacales, y eso tampoco lo va a conseguir con su comisión.
Y le avisamos que además de omitir a las organizaciones, se olvidó de incluir en su comisión al Departamento Provincial de Aguas, que posiblemente algo de responsabilidad tiene, no? porque han incumplido con su deber de cuidar el recurso hídrico de la cordillera al mar.
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Mendoza: Gobierno niega cambios en la Ley de Minería
Desde el Gobierno de Mendoza aseguran que no se va a cambiar la Ley de Minería
Fecha de Publicación: 14/04/2014
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: Mendoza
El ministro de Tierras, Ambiente y Recursos Naturales habló sobre el Plan Provincial de Ordenamiento Territorial. Dijo que no habrá ningún párrafo que haga algún tipo de referencia a la modificación de la ley 7.722.
El ministro de Tierras, Ambiente y Recursos Naturales, Guillermo Elizalde, visitó los estudios de Canal 7 para participar en el programa Séptimo Día en donde se refirió a la audiencia pública por el Plan Provincial de Ordenamiento Territorial (PPOT) que se realizará este martes a las 9 en el Centro de Congresos y Exposiciones.
Antes de ingresar en la emisión televisiva, Elizalde dialogó con Diario UNO y se refirió a lo que seguramente será uno de los puntos calientes de la audiencia, la ley 7.722 en la que se prohíbe el uso de sustancias químicas como el cianuro, mercurio o ácido sulfúrico para la extracción de minerales.
“Yo le garanticé a la Asamblea Popular del Agua que en el plan no va a haber ningún párrafo que haga algún tipo de referencia acerca de la modificación de esa ley”, aseguró Elizalde, quien descartó que el texto del PPOT vaya a afectar a esa norma.
El ministro sostuvo que uno de los puntos más sensibles que marcará el plan es, sin dudas, el avance de la urbanización. “Tienen que haber políticas públicas activas, no es el espíritu de esta ley que sea punitiva”, señaló.
El crecimiento de lo urbano por sobre lo rural con la consecuencia de ocupar tierras productivas para construir viviendas es uno de los problemas que, según Elizalde, afecta hoy a la provincia y uno de los más sensibles.
“La mayoría de los centros productivos que están insertos entre los urbanos son minifundistas. A ellos hay que llegar con, por ejemplo, líneas de crédito para que no cedan ante la lógica del mercado”, explicó Elizalde y agregó: “Nos interesa que haya inversión privada pero que no avancen sobre las tierras productivas”.
El PPOT plantea una planificación a largo plazo, pero según el ministro también obliga a tomar medidas ahora. “Una decisión que hay que tomar en forma inmediata es la de zonificar para evitar el avance indiscriminado de la urbanización”, explicó. Los resultados de lo que se trate en la audiencia pública –no es vinculante– serán presentados en un documento final por el gobernador Francisco Pérez en la apertura de sesiones el 1 de mayo.
“Obviamente no es un Ley que tenga unanimidad, nosotros somos conscientes de eso, pero tiene mucho consenso y todo lo que se rechace va a ser explicado. Obviamente es un plan perfectible”, dijo Elizalde.
Este martes será la audiencia pública por el Plan de Ordenamiento
El Ministerio de Tierras, Ambiente y Recursos Naturales realizará este martes una audiencia pública para debatir el Plan Provincial de Ordenamiento Territorial.
La cita está prevista para las 9 en el aula magna del Centro de Congresos y Exposiciones de Mendoza ubicado Peltier 610 de Ciudad.
En la audiencia se discutirá el plan que responde al cumplimiento y a la aplicación de la ley 8.051.
Será conducida por un equipo de instructores designados, compuesto por Rubén Eduardo Sánchez y Fernando Gil Posleman (del Ministerio de Tierras), Alberto Cesar Molina, Germán Juan Pablo Micic y Vicente Abbate.
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Fecha de Publicación: 14/04/2014
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: Mendoza
El ministro de Tierras, Ambiente y Recursos Naturales habló sobre el Plan Provincial de Ordenamiento Territorial. Dijo que no habrá ningún párrafo que haga algún tipo de referencia a la modificación de la ley 7.722.
El ministro de Tierras, Ambiente y Recursos Naturales, Guillermo Elizalde, visitó los estudios de Canal 7 para participar en el programa Séptimo Día en donde se refirió a la audiencia pública por el Plan Provincial de Ordenamiento Territorial (PPOT) que se realizará este martes a las 9 en el Centro de Congresos y Exposiciones.
Antes de ingresar en la emisión televisiva, Elizalde dialogó con Diario UNO y se refirió a lo que seguramente será uno de los puntos calientes de la audiencia, la ley 7.722 en la que se prohíbe el uso de sustancias químicas como el cianuro, mercurio o ácido sulfúrico para la extracción de minerales.
“Yo le garanticé a la Asamblea Popular del Agua que en el plan no va a haber ningún párrafo que haga algún tipo de referencia acerca de la modificación de esa ley”, aseguró Elizalde, quien descartó que el texto del PPOT vaya a afectar a esa norma.
El ministro sostuvo que uno de los puntos más sensibles que marcará el plan es, sin dudas, el avance de la urbanización. “Tienen que haber políticas públicas activas, no es el espíritu de esta ley que sea punitiva”, señaló.
El crecimiento de lo urbano por sobre lo rural con la consecuencia de ocupar tierras productivas para construir viviendas es uno de los problemas que, según Elizalde, afecta hoy a la provincia y uno de los más sensibles.
“La mayoría de los centros productivos que están insertos entre los urbanos son minifundistas. A ellos hay que llegar con, por ejemplo, líneas de crédito para que no cedan ante la lógica del mercado”, explicó Elizalde y agregó: “Nos interesa que haya inversión privada pero que no avancen sobre las tierras productivas”.
El PPOT plantea una planificación a largo plazo, pero según el ministro también obliga a tomar medidas ahora. “Una decisión que hay que tomar en forma inmediata es la de zonificar para evitar el avance indiscriminado de la urbanización”, explicó. Los resultados de lo que se trate en la audiencia pública –no es vinculante– serán presentados en un documento final por el gobernador Francisco Pérez en la apertura de sesiones el 1 de mayo.
“Obviamente no es un Ley que tenga unanimidad, nosotros somos conscientes de eso, pero tiene mucho consenso y todo lo que se rechace va a ser explicado. Obviamente es un plan perfectible”, dijo Elizalde.
Este martes será la audiencia pública por el Plan de Ordenamiento
El Ministerio de Tierras, Ambiente y Recursos Naturales realizará este martes una audiencia pública para debatir el Plan Provincial de Ordenamiento Territorial.
La cita está prevista para las 9 en el aula magna del Centro de Congresos y Exposiciones de Mendoza ubicado Peltier 610 de Ciudad.
En la audiencia se discutirá el plan que responde al cumplimiento y a la aplicación de la ley 8.051.
Será conducida por un equipo de instructores designados, compuesto por Rubén Eduardo Sánchez y Fernando Gil Posleman (del Ministerio de Tierras), Alberto Cesar Molina, Germán Juan Pablo Micic y Vicente Abbate.
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Estudiarán a pobladores expuestos a los agrotóxicos
Investigan el estado de salud en pueblos próximos a campos fumigados
Fecha de Publicación: 14/04/2014
Fuente: La Mañana de Córdoba - Edición Electrónica
Provincia/Región: Córdoba
Biólogos de la Universidad Nacional de Río Cuarto someterán a estudios a personas que viven cerca de campos que son fumigados en Alta Gracia, para determinar el impacto del uso de los agroquímicos en la salud de la población. Los investigadores ya extrajeron muestras genéticas a diez personas y volverán a hacerlo a fin de año y también en 2015.
Biólogos de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC) someterán a estudios a personas que viven cerca de campos que son fumigados en Alta Gracia, a 36 kilómetros de la capital cordobesa, para determinar el impacto del uso de los agroquímicos en la salud de la población.
A partir de un convenio firmado con las autoridades de la Municipalidad de Alta Gracia, los investigadores ya extrajeron muestras genéticas a diez personas y volverán a hacerlo a fin de año y también en 2015.
Un convenio firmado en setiembre último ya "fijaba un protocolo de trabajo, con el fin de estudiar el efecto de los agroquímicos sobre poblaciones humanas", explicó hoy a la prensa Delia Aiassa, de la Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales de la UNRC.
La investigadora, que trabaja con el docente Fernando Mañas, precisó que las muestras de material genético fueron extraídas de personas que viven más cerca y más lejos de los campos, con el fin de contar con parámetros de control o referencia "para efectuar comparaciones y saber si existe un daño a la salud o no".
La científica insistió en que el objetivo de las muestras, que serán sometidas a análisis físico-químicos, es saber "si las personas que viven cerca de los lugares fumigados tienen un daño genético potenciado respecto a los que residen más lejos".
Tras destacar que con los dos próximas muestreos se complementará "la cantidad de personas que serán estudiadas y se podrá empezar a comparar los datos", la bióloga precisó que los resultados de las primeras muestras ya extraídas estarán "dentro de los próximos 90 días".
El municipio encargó el estudio a la UNRC, con experiencia en la temática, a fin de contar con parámetros científicos para legislar sobre a cuántos kilómetros de poblaciones urbanas es posible permitir fumigaciones con agroquímicos, sin peligro para la salud de las personas.
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Fecha de Publicación: 14/04/2014
Fuente: La Mañana de Córdoba - Edición Electrónica
Provincia/Región: Córdoba
Biólogos de la Universidad Nacional de Río Cuarto someterán a estudios a personas que viven cerca de campos que son fumigados en Alta Gracia, para determinar el impacto del uso de los agroquímicos en la salud de la población. Los investigadores ya extrajeron muestras genéticas a diez personas y volverán a hacerlo a fin de año y también en 2015.
Biólogos de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC) someterán a estudios a personas que viven cerca de campos que son fumigados en Alta Gracia, a 36 kilómetros de la capital cordobesa, para determinar el impacto del uso de los agroquímicos en la salud de la población.
A partir de un convenio firmado con las autoridades de la Municipalidad de Alta Gracia, los investigadores ya extrajeron muestras genéticas a diez personas y volverán a hacerlo a fin de año y también en 2015.
Un convenio firmado en setiembre último ya "fijaba un protocolo de trabajo, con el fin de estudiar el efecto de los agroquímicos sobre poblaciones humanas", explicó hoy a la prensa Delia Aiassa, de la Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales de la UNRC.
La investigadora, que trabaja con el docente Fernando Mañas, precisó que las muestras de material genético fueron extraídas de personas que viven más cerca y más lejos de los campos, con el fin de contar con parámetros de control o referencia "para efectuar comparaciones y saber si existe un daño a la salud o no".
La científica insistió en que el objetivo de las muestras, que serán sometidas a análisis físico-químicos, es saber "si las personas que viven cerca de los lugares fumigados tienen un daño genético potenciado respecto a los que residen más lejos".
Tras destacar que con los dos próximas muestreos se complementará "la cantidad de personas que serán estudiadas y se podrá empezar a comparar los datos", la bióloga precisó que los resultados de las primeras muestras ya extraídas estarán "dentro de los próximos 90 días".
El municipio encargó el estudio a la UNRC, con experiencia en la temática, a fin de contar con parámetros científicos para legislar sobre a cuántos kilómetros de poblaciones urbanas es posible permitir fumigaciones con agroquímicos, sin peligro para la salud de las personas.
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Encuentran endosulfán en 7 toneladas de tomates
Detectan 7 mil kilos de tomate con restos de un agroquímico prohibido
Fecha de Publicación: 13/04/2014
Fuente: El Puntal de Río Cuarto
Provincia/Región: Córdoba
La producción era de un quintero local y fue destruida por completo. Tenía Endosulfán, químico excluido de la lista del Senasa por su peligrosidad. Lo fiscalizó Medio ambiente del Edecom, que controla las quintas desde este año, tras la ampliación del ejido urbano. Río Cuarto es pionera en este tipo de control
La Dirección de Medio ambiente del Edecom, tras la detección de la presencia de un agroquímico prohibido por el Senasa en una producción de 7 mil kilos de tomate que se iban a comercializar en la ciudad, ordenó su destrucción.
La verdura, producida por un quintero local, contenía restos de Endosulfán, un insecticida que se aplicó en forma ilegal. Aunque no reveló la identidad del productor, Edecom dio a conocer que se le aplicó una multa y se destruyeron todas las hortalizas contaminadas. El ente fiscaliza las quintas desde este año, después de que se operativizaron los controles derivados de la ampliación del ejido urbano. Río Cuarto es una de las primeras ciudades del país en realizar este tipo de controles.
El pasado 20 de marzo, el Mercado de Abasto local detectó la presencia de Endosulfán -insecticida prohibido por Resolución 511/11 del Senasa desde julio de 2013- en una carga de tomates perita de un establecimiento ubicado dentro del cinturón verde. De inmediato, suspendió su comercialización y notificó -como indican las disposiciones vigentes- a los organismos de control externos al mercado concentrador.
Un día después, inspectores de Medio Ambiente del Edecom efectuaron un control in situ de la quinta, tomaron muestras de los cultivos sospechados de estar contaminados con Endosulfán. Según detalla el comunicado de Medio Ambiente intervinieron “la producción de tomates (peritas y redondos) y pimientos (verdes y rojos), hasta tanto se obtengan los resultados”.
“Días después, con los resultados negativos de los pimientos, se procede a levantar su intervención, permitiendo la comercialización; pero no ocurre lo mismo con los tomates al confirmarse nuevamente la presencia de este insecticida prohibido, por lo cual, y bajo el consentimiento del propio productor, se llevó a cabo la destrucción de la producción”, sigue el texto.
Se llenaron más de dos containers con tomates -algunos listos para cosechar- que se destruyeron en el enterramiento sanitario de la ciudad. El Edecom destruyó también las plantas de tres invernaderos implicados en la producción, cada uno de 1.500 metros cuadrados aproximadamente.
Las pérdidas para la quinta fueron importantes, señala el Edecom. La destrucción alcanzó a 7.000 kilos de tomate. Además, el quintero debió cubrir los costos de alquiler de los containers, la mano de obra para su cosecha anticipada y pagar la multa correspondiente a la infracción.
Control autorregulado
Por otro lado, el comunicado de Medio ambiente del Edecom explica el sistema de control que se está poniendo en marcha. “Hace años que se quieren implementar las Buenas Prácticas Agrícolas, y el Edecom, a través de la Dirección de Medio ambiente, está abriendo caminos en este sentido”, señala el documento.
El control del Edecom empieza con la adhesión del Municipio a la ley Provincial de Agroquímicos (9.164), en el 2007, mediante la ordenanza 1.358. La ley provincial se enfoca en la aplicación de productos químicos y biológicos de uso agropecuario en agricultura extensiva, en donde la mayor preocupación está dada por la deriva o “nube” de agroquímicos que pudiera desplazarse hacia poblaciones cercanas.
“No reglamenta demasiado el uso de los agroquímicos en las producciones intensivas donde lo más preocupante es el período de carencia del plaguicida (y por ende su presencia en el alimento)”, explica el comunicado de Medio Ambiente.
Desde esa dirección, comienzan a redactar, a fines del 2012, los procedimientos administrativos y de control para aplicación terrestre de agroquímicos, incorporado por ordenanza 183/12 (que prohíbe la fumigación aérea en todo el ejido urbano y establece las zonas agropecuarias 1 y 2), al Plan Urbano Río Cuarto (ordenanza 1082/11).
“Luego, durante los primeros meses de 2013, Medio Ambiente redactó la ordenanza 217/13 (capítulo 6 del Plan Urbano) por la cual se incorporan los procedimientos técnicos administrativos para el control en la aplicación de agroquímicos en la producción frutihortícola. Allí se exige la incorporación de la figura del director técnico, a través de un ingeniero agrónomo como asesor fitosanitario en cada quinta del ejido municipal, para que instruya e implemente un sistema de identificación y trazabilidad en el manejo de plaguicidas y otras sustancias contaminantes”, sigue el texto.
Compensaciones
Surgió entonces el inconveniente de que la mitad de los productores se encuentran fuera del ejido de Río Cuarto. “La aplicación de la ordenanza se volvía injusta, por el ámbito de aplicación, es así que la Dirección de Medio ambiente impulsó la creación del Registro de Operadores Fruti-Hortícola (ordenanza 454/13), que obliga a toda persona o empresa que opere con el Mercado de Abasto a registrarse en el Edecom para poder comercializar sus productos a través del mercado concentrador”.
De esta manera, el productor fuera del ejido urbano cumplirá con los mismos requisitos que el de adentro. En el caso de los comerciantes mayoristas, deben cumplir con otros requisitos que garanticen que las frutas y hortalizas que ingresan a la ciudad se encuentran libres de plaguicidas u otros contaminantes.
Estas ordenanzas fueron promulgadas y la dirección de Medio ambiente trabaja en la redacción de sus reglamentaciones, en donde se prevén sanciones más severas en caso de reincidencia, incluyendo la revocación del permiso para comercializar en el Mercado de Abasto.
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Fecha de Publicación: 13/04/2014
Fuente: El Puntal de Río Cuarto
Provincia/Región: Córdoba
La producción era de un quintero local y fue destruida por completo. Tenía Endosulfán, químico excluido de la lista del Senasa por su peligrosidad. Lo fiscalizó Medio ambiente del Edecom, que controla las quintas desde este año, tras la ampliación del ejido urbano. Río Cuarto es pionera en este tipo de control
La Dirección de Medio ambiente del Edecom, tras la detección de la presencia de un agroquímico prohibido por el Senasa en una producción de 7 mil kilos de tomate que se iban a comercializar en la ciudad, ordenó su destrucción.
La verdura, producida por un quintero local, contenía restos de Endosulfán, un insecticida que se aplicó en forma ilegal. Aunque no reveló la identidad del productor, Edecom dio a conocer que se le aplicó una multa y se destruyeron todas las hortalizas contaminadas. El ente fiscaliza las quintas desde este año, después de que se operativizaron los controles derivados de la ampliación del ejido urbano. Río Cuarto es una de las primeras ciudades del país en realizar este tipo de controles.
El pasado 20 de marzo, el Mercado de Abasto local detectó la presencia de Endosulfán -insecticida prohibido por Resolución 511/11 del Senasa desde julio de 2013- en una carga de tomates perita de un establecimiento ubicado dentro del cinturón verde. De inmediato, suspendió su comercialización y notificó -como indican las disposiciones vigentes- a los organismos de control externos al mercado concentrador.
Un día después, inspectores de Medio Ambiente del Edecom efectuaron un control in situ de la quinta, tomaron muestras de los cultivos sospechados de estar contaminados con Endosulfán. Según detalla el comunicado de Medio Ambiente intervinieron “la producción de tomates (peritas y redondos) y pimientos (verdes y rojos), hasta tanto se obtengan los resultados”.
“Días después, con los resultados negativos de los pimientos, se procede a levantar su intervención, permitiendo la comercialización; pero no ocurre lo mismo con los tomates al confirmarse nuevamente la presencia de este insecticida prohibido, por lo cual, y bajo el consentimiento del propio productor, se llevó a cabo la destrucción de la producción”, sigue el texto.
Se llenaron más de dos containers con tomates -algunos listos para cosechar- que se destruyeron en el enterramiento sanitario de la ciudad. El Edecom destruyó también las plantas de tres invernaderos implicados en la producción, cada uno de 1.500 metros cuadrados aproximadamente.
Las pérdidas para la quinta fueron importantes, señala el Edecom. La destrucción alcanzó a 7.000 kilos de tomate. Además, el quintero debió cubrir los costos de alquiler de los containers, la mano de obra para su cosecha anticipada y pagar la multa correspondiente a la infracción.
Control autorregulado
Por otro lado, el comunicado de Medio ambiente del Edecom explica el sistema de control que se está poniendo en marcha. “Hace años que se quieren implementar las Buenas Prácticas Agrícolas, y el Edecom, a través de la Dirección de Medio ambiente, está abriendo caminos en este sentido”, señala el documento.
El control del Edecom empieza con la adhesión del Municipio a la ley Provincial de Agroquímicos (9.164), en el 2007, mediante la ordenanza 1.358. La ley provincial se enfoca en la aplicación de productos químicos y biológicos de uso agropecuario en agricultura extensiva, en donde la mayor preocupación está dada por la deriva o “nube” de agroquímicos que pudiera desplazarse hacia poblaciones cercanas.
“No reglamenta demasiado el uso de los agroquímicos en las producciones intensivas donde lo más preocupante es el período de carencia del plaguicida (y por ende su presencia en el alimento)”, explica el comunicado de Medio Ambiente.
Desde esa dirección, comienzan a redactar, a fines del 2012, los procedimientos administrativos y de control para aplicación terrestre de agroquímicos, incorporado por ordenanza 183/12 (que prohíbe la fumigación aérea en todo el ejido urbano y establece las zonas agropecuarias 1 y 2), al Plan Urbano Río Cuarto (ordenanza 1082/11).
“Luego, durante los primeros meses de 2013, Medio Ambiente redactó la ordenanza 217/13 (capítulo 6 del Plan Urbano) por la cual se incorporan los procedimientos técnicos administrativos para el control en la aplicación de agroquímicos en la producción frutihortícola. Allí se exige la incorporación de la figura del director técnico, a través de un ingeniero agrónomo como asesor fitosanitario en cada quinta del ejido municipal, para que instruya e implemente un sistema de identificación y trazabilidad en el manejo de plaguicidas y otras sustancias contaminantes”, sigue el texto.
Compensaciones
Surgió entonces el inconveniente de que la mitad de los productores se encuentran fuera del ejido de Río Cuarto. “La aplicación de la ordenanza se volvía injusta, por el ámbito de aplicación, es así que la Dirección de Medio ambiente impulsó la creación del Registro de Operadores Fruti-Hortícola (ordenanza 454/13), que obliga a toda persona o empresa que opere con el Mercado de Abasto a registrarse en el Edecom para poder comercializar sus productos a través del mercado concentrador”.
De esta manera, el productor fuera del ejido urbano cumplirá con los mismos requisitos que el de adentro. En el caso de los comerciantes mayoristas, deben cumplir con otros requisitos que garanticen que las frutas y hortalizas que ingresan a la ciudad se encuentran libres de plaguicidas u otros contaminantes.
Estas ordenanzas fueron promulgadas y la dirección de Medio ambiente trabaja en la redacción de sus reglamentaciones, en donde se prevén sanciones más severas en caso de reincidencia, incluyendo la revocación del permiso para comercializar en el Mercado de Abasto.
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El Atuel ahora golpeado por la minería
Laguna del Atuel amenazada por la minería
Fecha de Publicación: 13/04/2014
Fuente: Diario San Rafael
Provincia/Región: Mendoza
Ambientalistas advierten que el proyecto provincial superpone iniciativas mineras en el Área Natural Protegida, algo prohibido por ley. El lugar es el principal reservorio de agua dulce que abastece la cuenca del río homónimo. Las consecuencias podrían ser perjudiciales para los sanrafaelinos.
Ambientalistas se mostraron en alerta por la posibilidad de que las explotaciones mineras lleguen a un área protegida como Laguna del Atuel.
El lugar donde nace el Río Atuel tiene una significativa belleza y es una zona de bastante difícil acceso, porque no hay caminos. Hasta allí llegan aventureros en cabalgatas o caminatas, en la zona donde estará el portal del futuro Paso Las Leñas.
ElÁrea Natural Protegida fue creada por ley en diciembre de 2012 y abarca unas 70 mil hectáreas. De esta laguna nace el río homónimo, que provee de agua a un amplio sector del Oasis Sur.
En el momento de su creación, una comitiva de guardaparques de Recursos Naturales planteaba que “lo importante de que se haya declarado Reserva es que se ha protegido la cuenca del Atuel, lo cual va a garantizar calidad de agua tanto para el oasis San Rafael como para General Alvear”.
Según el mapa del “modelo territorial deseado”, en la zona aparece determinada un área minera, lindera con la ruta 220 .
Contrariamente a lo que plantea esa cartografía, en el mapa de áreas de conservación natural, el lugar determinado para la minería aparece dentro del área protegida.
Según pudo saber Diario San Rafael, en el medio del debate por el nuevo ordenamiento territorial aparece esta disyuntiva.
Las entidades defensoras del medio ambiente destacan que la Ley Provincial 8516 de creación del ANP Laguna del Atuel tiene una “muesca” introducida a último momento antes de ser sancionada.
En el artículo 3 , “se pretende mantener la vigencia de los derechos adquiridos, basándose en otras normas (algunas caducas, como la ley 6459), a pesar de que la minería en las ANP está prohibida por la ley provincial 6045”, explican; además, “ese artículo es inconstitucional, por ser contrario al derecho ambiental, y lo introdujeron los mineros porque legalmente no tienen cómo ejercer los derechos mineros dentro de las ANP”.
Asimismo alertan que “de mantenerse su vigencia, puede permitir que en el futuro haya megaminería en el lugar”.
Sobre esto, se cita el ejemplo de Cerros Amarillos, un proyecto de explotación de oro, plata y cobre en Malargüe, que quedó dentro de un ANP. Los derechos mineros pertenecen a Depromin S.A. (subsidiaria de Barrick Gold) y “ya se encuentran mensurados y con registro de pertenencias mineras”. Esto se corrobora en el boletín oficial del 21 de enero de 2008.
“Además de ése, hay otros 25 derechos mineros dentro del ANP, con distinto grado de avance en su tramitación, según el Catastro Minero de Mendoza”, alertan.
La Laguna se ubica al pie del Volcán Overo, y por su forma aparenta ser un dique natural formado por una morena frontal de épocas glaciarias.
Sus heladas aguas provienen de diversos arroyos que nacen en glaciares vecinos emplazados a casi 5.000 metros de altura. El afluente principal de la laguna forma lo que se conoce como cascadas del Atuel.
Su declaración como ANP se justificó por su “riqueza natural y condición de reservorio de agua dulce, como por su creciente interés turístico”.
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Fecha de Publicación: 13/04/2014
Fuente: Diario San Rafael
Provincia/Región: Mendoza
Ambientalistas advierten que el proyecto provincial superpone iniciativas mineras en el Área Natural Protegida, algo prohibido por ley. El lugar es el principal reservorio de agua dulce que abastece la cuenca del río homónimo. Las consecuencias podrían ser perjudiciales para los sanrafaelinos.
Ambientalistas se mostraron en alerta por la posibilidad de que las explotaciones mineras lleguen a un área protegida como Laguna del Atuel.
El lugar donde nace el Río Atuel tiene una significativa belleza y es una zona de bastante difícil acceso, porque no hay caminos. Hasta allí llegan aventureros en cabalgatas o caminatas, en la zona donde estará el portal del futuro Paso Las Leñas.
ElÁrea Natural Protegida fue creada por ley en diciembre de 2012 y abarca unas 70 mil hectáreas. De esta laguna nace el río homónimo, que provee de agua a un amplio sector del Oasis Sur.
En el momento de su creación, una comitiva de guardaparques de Recursos Naturales planteaba que “lo importante de que se haya declarado Reserva es que se ha protegido la cuenca del Atuel, lo cual va a garantizar calidad de agua tanto para el oasis San Rafael como para General Alvear”.
Según el mapa del “modelo territorial deseado”, en la zona aparece determinada un área minera, lindera con la ruta 220 .
Contrariamente a lo que plantea esa cartografía, en el mapa de áreas de conservación natural, el lugar determinado para la minería aparece dentro del área protegida.
Según pudo saber Diario San Rafael, en el medio del debate por el nuevo ordenamiento territorial aparece esta disyuntiva.
Las entidades defensoras del medio ambiente destacan que la Ley Provincial 8516 de creación del ANP Laguna del Atuel tiene una “muesca” introducida a último momento antes de ser sancionada.
En el artículo 3 , “se pretende mantener la vigencia de los derechos adquiridos, basándose en otras normas (algunas caducas, como la ley 6459), a pesar de que la minería en las ANP está prohibida por la ley provincial 6045”, explican; además, “ese artículo es inconstitucional, por ser contrario al derecho ambiental, y lo introdujeron los mineros porque legalmente no tienen cómo ejercer los derechos mineros dentro de las ANP”.
Asimismo alertan que “de mantenerse su vigencia, puede permitir que en el futuro haya megaminería en el lugar”.
Sobre esto, se cita el ejemplo de Cerros Amarillos, un proyecto de explotación de oro, plata y cobre en Malargüe, que quedó dentro de un ANP. Los derechos mineros pertenecen a Depromin S.A. (subsidiaria de Barrick Gold) y “ya se encuentran mensurados y con registro de pertenencias mineras”. Esto se corrobora en el boletín oficial del 21 de enero de 2008.
“Además de ése, hay otros 25 derechos mineros dentro del ANP, con distinto grado de avance en su tramitación, según el Catastro Minero de Mendoza”, alertan.
La Laguna se ubica al pie del Volcán Overo, y por su forma aparenta ser un dique natural formado por una morena frontal de épocas glaciarias.
Sus heladas aguas provienen de diversos arroyos que nacen en glaciares vecinos emplazados a casi 5.000 metros de altura. El afluente principal de la laguna forma lo que se conoce como cascadas del Atuel.
Su declaración como ANP se justificó por su “riqueza natural y condición de reservorio de agua dulce, como por su creciente interés turístico”.
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Dialogaron todos los actores públicos sobre RSU
Nación, Provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires se reunieron para dialogar sobre la gestión de residuos
Fecha de Publicación: 12/04/2014
Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
El secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Omar Judis, el director ejecutivo del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), Hugo Bilbao, y el subsecretario de Higiene Urbana de la Ciudad de Buenos Aires, Mariano Campos – en nombre del Min. Edgardo Cenzón-, se reunieron a los fines de trazar las líneas de trabajo sobre las que avanzará la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos del área metropolitana.
Durante la reunión, Judis expresó que el tema de los residuos es “una de las problemáticas ambientales más preocupantes de la Argentina” y que “requiere generar previsibilidad”. En este sentido, celebró la iniciativa de trabajar en conjunto, toda vez que “las grandes urbes y las pequeñas comunidades tienen distintas soluciones y la idea es encontrarlas sin distinciones políticas”.
Por su parte, Bilbao remarcó que los residuos sólidos urbanos son “un tema trascendente para el desarrollo del país y la calidad de vida de los habitantes de nuestra patria”, razón por el cual “sólo puede ser manejado mediante una política de Estado”, que implica “trabajar en conjunto con todos los actores implicados sin distinciones políticas”.
El desafío planteado por la provincia de Buenos Aires y el gobierno porteño es reducir en un 22% la cantidad de residuos que son enviados al Complejo Ambiental Norte III y que hoy se ubican en el orden de las 14 mil toneladas diarias, para lo que se prevé profundizar los sistemas de recuperación y reciclado y actuar en cada una de las etapas que integran la gestión integral de residuos sólidos urbanos, contando para ello con el respaldo técnico y financiero de la Secretaría de Ambiente de la Nación.
Por último, y teniendo en cuenta que un gran porcentaje del volumen de los residuos enviados a disposición final lo componen los envases, la reunión concluyó con una presentación de la Secretaría de Ambiente de la Nación en la que se mostraron algunos casos internacionales del manejo de este tipo de residuos y se presentaron los lineamientos generales del proyecto de Ley de Envases de la SAyDS que se encuentra en plena elaboración.
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Fecha de Publicación: 12/04/2014
Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
El secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Omar Judis, el director ejecutivo del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), Hugo Bilbao, y el subsecretario de Higiene Urbana de la Ciudad de Buenos Aires, Mariano Campos – en nombre del Min. Edgardo Cenzón-, se reunieron a los fines de trazar las líneas de trabajo sobre las que avanzará la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos del área metropolitana.
Durante la reunión, Judis expresó que el tema de los residuos es “una de las problemáticas ambientales más preocupantes de la Argentina” y que “requiere generar previsibilidad”. En este sentido, celebró la iniciativa de trabajar en conjunto, toda vez que “las grandes urbes y las pequeñas comunidades tienen distintas soluciones y la idea es encontrarlas sin distinciones políticas”.
Por su parte, Bilbao remarcó que los residuos sólidos urbanos son “un tema trascendente para el desarrollo del país y la calidad de vida de los habitantes de nuestra patria”, razón por el cual “sólo puede ser manejado mediante una política de Estado”, que implica “trabajar en conjunto con todos los actores implicados sin distinciones políticas”.
El desafío planteado por la provincia de Buenos Aires y el gobierno porteño es reducir en un 22% la cantidad de residuos que son enviados al Complejo Ambiental Norte III y que hoy se ubican en el orden de las 14 mil toneladas diarias, para lo que se prevé profundizar los sistemas de recuperación y reciclado y actuar en cada una de las etapas que integran la gestión integral de residuos sólidos urbanos, contando para ello con el respaldo técnico y financiero de la Secretaría de Ambiente de la Nación.
Por último, y teniendo en cuenta que un gran porcentaje del volumen de los residuos enviados a disposición final lo componen los envases, la reunión concluyó con una presentación de la Secretaría de Ambiente de la Nación en la que se mostraron algunos casos internacionales del manejo de este tipo de residuos y se presentaron los lineamientos generales del proyecto de Ley de Envases de la SAyDS que se encuentra en plena elaboración.
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Abra Pampa: pierden US$ 50 millones para remediación
El Gobierno desechó US$ 50 millones para descontaminar Abra Pampa
Fecha de Publicación: 12/04/2014
Fuente: Clarin
Provincia/Región: Jujuy
Lo dice un informe de la AGN. Era un crédito del BID, que debían usar las secretarías de Minería y Medio Ambiente.
Desde hace 20 años, cuando se menciona a la localidad de Abra Pampa, en Jujuy, se habla de contaminación. No es exagerado: la zona ganó fama por los altos niveles de plomo concentrado en sus suelos, en sus ríos, en las casas de la gente. Las familias coexisten con esta situación desde 1990, cuando la empresa Metal Huasi (dedicada a la extracción y fundición de plomo) quebró y dejó toneladas de desechos tóxicos a la intemperie, provocando un deterioro notable del medio ambiente y de la salud de sus habitantes.
En el año 2006, se detectó que el 81% de los niños sufría de saturnismo (envenenamiento por plomo en sangre). Tres años más tarde, después de un serie de crónicas sobre el caso publicadas por Clarín, expertos de la Universidad de Texas denunciaron serias violaciones a los Derechos Humanos de los Abra Pampeños. En noviembre del 2007, el Gobierno Nacional recibió un préstamo de 50 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo para ejecutar un plan de remediación de las áreas impactadas. Traducido: todo ese dinero quedó a disposición de la Secretarías de Minería y Medio Ambiente de la Nación para ser destinado a “curar” la realidad contaminada de aquel pueblo. Pero no se hizo nada.
Ahora, la Auditoría General de la Nación acaba de determinar que sólo se aplicó el 17% del total de los fondos previstos, que los niveles de contaminación en sangre de la gente de Abra Pampa siguen siendo altos y que la amenaza contaminante continúa.
El organismo difundió el informe esta semana (se puede ver completo en el sitio web), y las conclusiones son potentes: desnudan la desidia por parte de las dependencias del Estado comprometidas con la solución del tema. También que sólo se ejecutó un 12,76% del total de las inversiones planificadas y un 17,08% del monto máximo; que la estructura de profesionales armada para ejecutar el programa “es más reducida en cantidad y perfil profesional que la prevista por el contrato con el BID”; y que la remediación parcial de Abra Pampa –remoción de escorias, escombros, suelos impactados– se hizo a medias, sin incluir un plan de salud para los afectados, que siguen en la mayoría de los casos con la sangre enferma de la misma manera.
“Se sabía desde hacía tiempo que en Abra Pampa la situación era grave. Y se empezó tarde a intentar remediarlo, pero se hizo mal. De la auditoría surge que sólo se removieron desechos. Remover no es remediar. Cuando sólo se remueve se dispersa más la contaminación. Pero también hallamos que se pagó más de 500 mil dólares a una consultora para hacer solo informes”, explicó el Auditor General de la Nación, Alejandro Nievas.
“Usaron 100 mil dólares en la compra de un aparato para medir plomo en sangre –siguió–. Se hicieron 103 pruebas. Todas dieron mayores niveles de plomo que los permitidos por la OMS. Pero eso no derivó, como se preveía, en un seguimiento sanitaria. A un chico que está contaminado con plomo hay que darle dos litros de leche por día, para suplir carencias. No lo vimos. No vimos fichas de seguimiento de la salud de los enfermos, ni estudios psicológicos de la población. La gente sigue expuesta”.
El informe es extenso. Al final, exhorta al Gobierno Nacional a trabajar con el Gobierno Provincial para que “los habitantes de Abra Pampa puedan gozar de su derecho constitucional al medioambiente sano y equilibrado”. Una realidad que por falta de voluntad política, les resulta esquiva.
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Fecha de Publicación: 12/04/2014
Fuente: Clarin
Provincia/Región: Jujuy
Lo dice un informe de la AGN. Era un crédito del BID, que debían usar las secretarías de Minería y Medio Ambiente.
Desde hace 20 años, cuando se menciona a la localidad de Abra Pampa, en Jujuy, se habla de contaminación. No es exagerado: la zona ganó fama por los altos niveles de plomo concentrado en sus suelos, en sus ríos, en las casas de la gente. Las familias coexisten con esta situación desde 1990, cuando la empresa Metal Huasi (dedicada a la extracción y fundición de plomo) quebró y dejó toneladas de desechos tóxicos a la intemperie, provocando un deterioro notable del medio ambiente y de la salud de sus habitantes.
En el año 2006, se detectó que el 81% de los niños sufría de saturnismo (envenenamiento por plomo en sangre). Tres años más tarde, después de un serie de crónicas sobre el caso publicadas por Clarín, expertos de la Universidad de Texas denunciaron serias violaciones a los Derechos Humanos de los Abra Pampeños. En noviembre del 2007, el Gobierno Nacional recibió un préstamo de 50 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo para ejecutar un plan de remediación de las áreas impactadas. Traducido: todo ese dinero quedó a disposición de la Secretarías de Minería y Medio Ambiente de la Nación para ser destinado a “curar” la realidad contaminada de aquel pueblo. Pero no se hizo nada.
Ahora, la Auditoría General de la Nación acaba de determinar que sólo se aplicó el 17% del total de los fondos previstos, que los niveles de contaminación en sangre de la gente de Abra Pampa siguen siendo altos y que la amenaza contaminante continúa.
El organismo difundió el informe esta semana (se puede ver completo en el sitio web), y las conclusiones son potentes: desnudan la desidia por parte de las dependencias del Estado comprometidas con la solución del tema. También que sólo se ejecutó un 12,76% del total de las inversiones planificadas y un 17,08% del monto máximo; que la estructura de profesionales armada para ejecutar el programa “es más reducida en cantidad y perfil profesional que la prevista por el contrato con el BID”; y que la remediación parcial de Abra Pampa –remoción de escorias, escombros, suelos impactados– se hizo a medias, sin incluir un plan de salud para los afectados, que siguen en la mayoría de los casos con la sangre enferma de la misma manera.
“Se sabía desde hacía tiempo que en Abra Pampa la situación era grave. Y se empezó tarde a intentar remediarlo, pero se hizo mal. De la auditoría surge que sólo se removieron desechos. Remover no es remediar. Cuando sólo se remueve se dispersa más la contaminación. Pero también hallamos que se pagó más de 500 mil dólares a una consultora para hacer solo informes”, explicó el Auditor General de la Nación, Alejandro Nievas.
“Usaron 100 mil dólares en la compra de un aparato para medir plomo en sangre –siguió–. Se hicieron 103 pruebas. Todas dieron mayores niveles de plomo que los permitidos por la OMS. Pero eso no derivó, como se preveía, en un seguimiento sanitaria. A un chico que está contaminado con plomo hay que darle dos litros de leche por día, para suplir carencias. No lo vimos. No vimos fichas de seguimiento de la salud de los enfermos, ni estudios psicológicos de la población. La gente sigue expuesta”.
El informe es extenso. Al final, exhorta al Gobierno Nacional a trabajar con el Gobierno Provincial para que “los habitantes de Abra Pampa puedan gozar de su derecho constitucional al medioambiente sano y equilibrado”. Una realidad que por falta de voluntad política, les resulta esquiva.
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Misiones: UNNE se suma a la conservación
Acuerdo para la conservación del ecosistema natural de la región
Fecha de Publicación: 11/04/2014
Fuente: Misiones On Line
Provincia/Región: Misiones
La facultad de Ciencias Exactas y Naturales, y Agrimensura de la UNNE firmó un acta de acuerdo con la Asociación Guyra Paraguay de la República del Paraguay. Ambas instituciones acordaron promover el intercambio y la colaboración de sus recursos humanos, para promover la conservación del ecosistema natural que abarca ambas naciones.
En la mañana del lunes07 de abril, la decana de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNNE, doctora Lidia Ferraro de Corona junto a miembros del Departamento de Biología de esta casa, firmó un acta de acuerdo con el representante de la Asociación Civil Guyra Paraguay, doctor Alberto Yanosky. Las actividades conjuntas que promueve dicho acuerdo tienen que ver con el intercambio y colaboración de recursos humanos de esta facultad y la promoción de investigaciones en conjunto.
Ambas instituciones se mostraron comprometidas con el desarrollo tecnológico, social e integral de la región fronteriza entre Argentina y Paraguay como así también de la preservación de sus ecosistemas naturales. En este sentido, el doctor Yanosky valoró la calidad de investigación con la que cuenta la UNNE y señaló que “es muy importante el aporte de esta prestigiosa Facultad para contribuir al desarrollo de investigaciones y recursos humanos de Paraguay”.
Así también la doctora Ferraro, decana de la FaCENA, resaltó el beneficio que significará este acuerdo para los investigadores y estudiantes avanzados de esta casa de estudios y consideró importante “afianzar estos vínculos y desarrollar jornadas, cursos y actividades en conjunto para favorecer la divulgación de trabajos académicos”. De esta manera se podrá mejorar la transferencia de conocimientos de las técnicas y manejos de instrumental orientados a favorecer la mejor formación prácticas de estudiantes e investigadores de ambas naciones.
La Asociación Guyra Paraguay es una organización de la sociedad civil sin fines de lucro que trabaja en la defensa y protección de la diversidad biológica y entiende que Promover la Investigación y el Desarrollo Sustentable es el criterio para la permanente búsqueda de una mejor calidad de vida de la población.
El acta de acuerdo firmado permitirá realizar acciones tendientes a la conservación como así también realizar actividades en materia de investigación, extensión, divulgación y cooperación en áreas de interés común. A su vez, los miembros de la Facultad de Ciencias Exactas se comprometieron a brindar apoyo y asesoramiento con actividades de capacitación y de especialización de recursos a los miembros de la asociación del país vecino.
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Fecha de Publicación: 11/04/2014
Fuente: Misiones On Line
Provincia/Región: Misiones
La facultad de Ciencias Exactas y Naturales, y Agrimensura de la UNNE firmó un acta de acuerdo con la Asociación Guyra Paraguay de la República del Paraguay. Ambas instituciones acordaron promover el intercambio y la colaboración de sus recursos humanos, para promover la conservación del ecosistema natural que abarca ambas naciones.
En la mañana del lunes07 de abril, la decana de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNNE, doctora Lidia Ferraro de Corona junto a miembros del Departamento de Biología de esta casa, firmó un acta de acuerdo con el representante de la Asociación Civil Guyra Paraguay, doctor Alberto Yanosky. Las actividades conjuntas que promueve dicho acuerdo tienen que ver con el intercambio y colaboración de recursos humanos de esta facultad y la promoción de investigaciones en conjunto.
Ambas instituciones se mostraron comprometidas con el desarrollo tecnológico, social e integral de la región fronteriza entre Argentina y Paraguay como así también de la preservación de sus ecosistemas naturales. En este sentido, el doctor Yanosky valoró la calidad de investigación con la que cuenta la UNNE y señaló que “es muy importante el aporte de esta prestigiosa Facultad para contribuir al desarrollo de investigaciones y recursos humanos de Paraguay”.
Así también la doctora Ferraro, decana de la FaCENA, resaltó el beneficio que significará este acuerdo para los investigadores y estudiantes avanzados de esta casa de estudios y consideró importante “afianzar estos vínculos y desarrollar jornadas, cursos y actividades en conjunto para favorecer la divulgación de trabajos académicos”. De esta manera se podrá mejorar la transferencia de conocimientos de las técnicas y manejos de instrumental orientados a favorecer la mejor formación prácticas de estudiantes e investigadores de ambas naciones.
La Asociación Guyra Paraguay es una organización de la sociedad civil sin fines de lucro que trabaja en la defensa y protección de la diversidad biológica y entiende que Promover la Investigación y el Desarrollo Sustentable es el criterio para la permanente búsqueda de una mejor calidad de vida de la población.
El acta de acuerdo firmado permitirá realizar acciones tendientes a la conservación como así también realizar actividades en materia de investigación, extensión, divulgación y cooperación en áreas de interés común. A su vez, los miembros de la Facultad de Ciencias Exactas se comprometieron a brindar apoyo y asesoramiento con actividades de capacitación y de especialización de recursos a los miembros de la asociación del país vecino.
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Expresan la necesidad de remediar pasivos en Jujuy
Pablo Baca: “es necesario establecer herramientas para remediar pasivos ambientales en Jujuy”
Fecha de Publicación: 11/04/2014
Fuente: Jujuy al Día
Provincia/Región: Jujuy
“En materia de pasivos ambientales hacen falta reglas claras. Las constituciones y los tratados contienen disposiciones que garantizan los derechos pero la legislación no ha establecido procedimientos para hacerlos eficaces. En Jujuy tenemos una historia de inacción por parte del Estado y de graves daños a la salud y al ambiente”. Así inicio su intervención el diputado Pablo Baca, en el marco de la Jornada debate “Desafíos medio ambientales: sustentabilidad, concientización y equilibrio ecológico”, organizada por el Instituto de Políticas Públicas (IPP).
En su exposición el diputado Baca señaló: “La falta de una institucionalidad adecuada ha permitido la proliferación de pasivos ambientales que han provocado y siguen provocando daños en la salud y el ambiente” y en este sentido puso como ejemplo lo sucedido -entre otros casos graves-, en Metal Huasi, Pan de Azúcar o el Parque Calilegua.
El legislador explicó que los daños en el medio ambiente, el deterioro de los recursos naturales y de los ecosistemas, producidos por empresas que operaron en Jujuy, dejaron un saldo de pasivos ambientales que genera situaciones de riesgo para la salud. Esto torna imprescindible la sanción de un régimen de remediación, el que –explicó- “tiene que incluir herramientas para llevar a cabo la suspensión de las causas de la contaminación, la eliminación de los contaminantes más evidentes, y todas las medidas necesarias para restablecer la salud, la dignidad, el proyecto de vida y la autonomía de las personas afectadas”. También destacó la necesidad de reparación de los daños a la naturaleza y la restitución de la biodiversidad. “En definitiva –señaló- para restablecer la vigencia de los derechos humanos”.
El diputado Baca se detuvo en las fundamentales responsabilidades del Estado en el origen de los pasivos ambientales. “Por acción directa o por omisión, por haber dejado que entren y se almacenen desechos, por no haber obligado a su tratamiento, por haber otorgado autorizaciones o por ignorar advertencias. En definitiva, por no haber cumplido su rol”. También denunció que “una vez producidos los daños, el gobierno en muchos casos intentó invisibilizar los problemas y resistir las medidas que apuntaban a una solución”.
“Hay que sancionar herramientas legislativas que permitan una intervención rápida y eficaz del Estado. Desde los primeros efectos”. Sobre los alcances de esta intervención destacó que la remediación no es sólo reducir el deterioro. “Remediar es que la población vuelva a su situación original. Que se reestablezcan sus derechos, el lugar de su residencia, sus bienes o empleos, el territorio y los ecosistemas. Es un proceso en el que es necesaria la coordinación con los servicios de salud y el fortalecimiento de las herramientas para atender a la población afectada”.
“La historia de Jujuy de pasivos ambientales y de daños a la salud y al ambiente tiene que servir para la transformación del Estado. No puede volver a suceder que el Estado permita la proliferación de pasivos ambientales y que, todavía después, cuando hay necesidad de actuar, no cuente con ninguna herramienta para hacerlo”, concluyó.
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Fecha de Publicación: 11/04/2014
Fuente: Jujuy al Día
Provincia/Región: Jujuy
“En materia de pasivos ambientales hacen falta reglas claras. Las constituciones y los tratados contienen disposiciones que garantizan los derechos pero la legislación no ha establecido procedimientos para hacerlos eficaces. En Jujuy tenemos una historia de inacción por parte del Estado y de graves daños a la salud y al ambiente”. Así inicio su intervención el diputado Pablo Baca, en el marco de la Jornada debate “Desafíos medio ambientales: sustentabilidad, concientización y equilibrio ecológico”, organizada por el Instituto de Políticas Públicas (IPP).
En su exposición el diputado Baca señaló: “La falta de una institucionalidad adecuada ha permitido la proliferación de pasivos ambientales que han provocado y siguen provocando daños en la salud y el ambiente” y en este sentido puso como ejemplo lo sucedido -entre otros casos graves-, en Metal Huasi, Pan de Azúcar o el Parque Calilegua.
El legislador explicó que los daños en el medio ambiente, el deterioro de los recursos naturales y de los ecosistemas, producidos por empresas que operaron en Jujuy, dejaron un saldo de pasivos ambientales que genera situaciones de riesgo para la salud. Esto torna imprescindible la sanción de un régimen de remediación, el que –explicó- “tiene que incluir herramientas para llevar a cabo la suspensión de las causas de la contaminación, la eliminación de los contaminantes más evidentes, y todas las medidas necesarias para restablecer la salud, la dignidad, el proyecto de vida y la autonomía de las personas afectadas”. También destacó la necesidad de reparación de los daños a la naturaleza y la restitución de la biodiversidad. “En definitiva –señaló- para restablecer la vigencia de los derechos humanos”.
El diputado Baca se detuvo en las fundamentales responsabilidades del Estado en el origen de los pasivos ambientales. “Por acción directa o por omisión, por haber dejado que entren y se almacenen desechos, por no haber obligado a su tratamiento, por haber otorgado autorizaciones o por ignorar advertencias. En definitiva, por no haber cumplido su rol”. También denunció que “una vez producidos los daños, el gobierno en muchos casos intentó invisibilizar los problemas y resistir las medidas que apuntaban a una solución”.
“Hay que sancionar herramientas legislativas que permitan una intervención rápida y eficaz del Estado. Desde los primeros efectos”. Sobre los alcances de esta intervención destacó que la remediación no es sólo reducir el deterioro. “Remediar es que la población vuelva a su situación original. Que se reestablezcan sus derechos, el lugar de su residencia, sus bienes o empleos, el territorio y los ecosistemas. Es un proceso en el que es necesaria la coordinación con los servicios de salud y el fortalecimiento de las herramientas para atender a la población afectada”.
“La historia de Jujuy de pasivos ambientales y de daños a la salud y al ambiente tiene que servir para la transformación del Estado. No puede volver a suceder que el Estado permita la proliferación de pasivos ambientales y que, todavía después, cuando hay necesidad de actuar, no cuente con ninguna herramienta para hacerlo”, concluyó.
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