El Gobierno nacional fotalece los biocombustibles
11:33 | 
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El Gobierno incrementó la obligación de usar biodiesel en el mercado local
Fecha de Publicación: 03/12/2013
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
El aumento escalonado del 8 al 10 por ciento regirá desde enero. Es por las restricciones que impuso la UE. Kicillof pide a empresarios que inviertan y no ajusten salarios.
El Gobierno anunció hoy el aumento del corte obligatorio del gasoil con biodiesel del 8 al 10 por ciento, que será escalonado desde el 1 de enero próximo.
El ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, también informó que las centrales termoeléctricas también deberán cortar con biodiesel el 10 por ciento del gasoil que utilizan para funcionar.
Los anuncios, que significarían la colocación de unos 450.000 toneladas de biodiesel anuales en el mercado local de combustibles, llegan luego de que la Unión Europea restringiera las compras de biocombustible argentino.
Kicillof
El ministro de Economía, Axel Kicillof, dijo que con el incremento del uso del biodiesel en el mercado local, para el corte del gasoil y en las centrales termoeléctricas, se ahorrarán divisas por al menos "50 millones de dólares" para el año próximo.
Al ser consultado si estas medidas podrían morigerar las subas en el precio de los combustibles, el ministro respondió:
"Estamos con la mirada puesta en el mercado de combustibles y vamos a avanzar en un acuerdo de precios" para el sector.
Kicillof brindará una conferencia de prensa junto con su par de Planificación Federal, Julio De Vido, en el Palacio de Hacienda.
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Fecha de Publicación: 03/12/2013
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
El aumento escalonado del 8 al 10 por ciento regirá desde enero. Es por las restricciones que impuso la UE. Kicillof pide a empresarios que inviertan y no ajusten salarios.
El Gobierno anunció hoy el aumento del corte obligatorio del gasoil con biodiesel del 8 al 10 por ciento, que será escalonado desde el 1 de enero próximo.
El ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, también informó que las centrales termoeléctricas también deberán cortar con biodiesel el 10 por ciento del gasoil que utilizan para funcionar.
Los anuncios, que significarían la colocación de unos 450.000 toneladas de biodiesel anuales en el mercado local de combustibles, llegan luego de que la Unión Europea restringiera las compras de biocombustible argentino.
Kicillof
El ministro de Economía, Axel Kicillof, dijo que con el incremento del uso del biodiesel en el mercado local, para el corte del gasoil y en las centrales termoeléctricas, se ahorrarán divisas por al menos "50 millones de dólares" para el año próximo.
Al ser consultado si estas medidas podrían morigerar las subas en el precio de los combustibles, el ministro respondió:
"Estamos con la mirada puesta en el mercado de combustibles y vamos a avanzar en un acuerdo de precios" para el sector.
Kicillof brindará una conferencia de prensa junto con su par de Planificación Federal, Julio De Vido, en el Palacio de Hacienda.
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Terraplenes y fumigaciones hacen peligrar el Delta
Cómo evitar un naufragio en el Delta
Fecha de Publicación: 03/12/2013
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Entre Ríos
Pobladores, pequeños productores y ambientalistas advierten sobre las temibles consecuencias que los terraplenes y endicamientos provocan en el ecosistema. A los estragos se suma la fumigación.
“Estamos a tiempo de evitar la creación de otro Riachuelo”, dicen especialistas en medio ambiente, pero también pobladores y pequeños productores rurales. Se refieren al Delta del Paraná, pero no sólo al paisaje bucólico que disfrutan los turistas de fin de semana, sino al extenso territorio de humedales que va desde el Río de la Plata hasta la localidad de Diamante, en Entre Ríos. La voracidad de algunos productores agropecuarios, que construyen diques para cortar cursos de arroyos y riachos o levantan terraplenes para favorecer la ganadería a gran escala o los cultivos de soja, está poniendo en riesgo ese ecosistema. A eso hay que agregar las denuncias de fumigaciones con plaguicidas, con potenciales daños al ganado y a la apicultura, que tiene allí a la principal producción del país. “Si la tendencia no se revierte, el Delta dejará de ser el gran proveedor de agua potable del área metropolitana y, por añadidura, no actuará más como un regulador de inundaciones”, advierten Virginia De Francesco y Leandro García Silva, del Area de Medio Ambiente de la Defensoría del Pueblo de la Nación.
El Delta del Paraná tiene una superficie de unos 17.500 kilómetros cuadrados y viven allí unas 25 mil personas. La mayor parte de su superficie (el 80 por ciento) corresponde a la provincia de Entre Ríos, mientras que el resto es jurisdicción de Buenos Aires (15 por ciento) y Santa Fe (5 por ciento). Se lo considera un macrosistema de humedales que se caracteriza por ser periódicamente inundable, dando lugar a un ecosistema híbrido entre el terrestre y el acuático, donde el agua juega un rol fundamental.
La Defensoría del Pueblo comenzó a intervenir en esa región después de la quema masiva de pastizales que, a principios de 2008, provocó trastornos en zonas urbanas de Buenos Aires y Santa Fe y trágicos accidentes en rutas por falta de visibilidad. Ahora vuelve a hacer pie en la región a partir de la denuncia de asociaciones ecologistas, que reclaman un plan de manejo para esa área, ante el avance de los cultivos agroindustriales, la ganadería intensiva y la alteración del medio ambiente mediante la construcción de terraplenes y endicamientos.
El reclamo lo iniciaron distintas asociaciones ambientalistas, entre ellas El Paraná no se Toca, de Rosario, que mediante una nota a la defensoría denunció que personas y empresas privadas “cortan cursos de agua, arroyos y riachos y realizan el drenado de lagunas mediante prácticas de endicamiento o terraplenamiento con la única intención de obtener tierra para producir pastizales para el ganado y la siembra intensiva”, dice Victoria Dunda, titular de esa ONG, a Página/12.
Como ejemplo, menciona el caso de “las tierras de la isla Irupé, a la altura de Villa Constitución, en la cual la empresa Bema Agri BV realiza cultivos intensivos de soja y colza, y varios terraplenamientos a la altura de la ciudad de Rosario y San Lorenzo, con fines ganaderos”.
A partir de la presentación, la defensoría convocó a la Fundación Humedales, una ONG con financiamiento externo que viene realizando estudios sobre la zona y aportó un mapa en el cual se identifican nada menos que 53 terraplenes en territorio entrerriano.
Con esa herramienta, la defensoría reclamó la aplicación del Plan Integral Estratégico para la Conservación y Desarrollo Sostenible del Delta del Paraná (Piecas-DP), un acuerdo suscripto a fines de 2008, después de los incendios, que crea un Comité Interjurisdiccional integrado por las tres provincias involucradas y la Nación. “Ese organismo había elaborado en 2011 una Evaluación Ambiental Estratégica, en la que señalaba que los endicamientos y terraplenes eran una amenaza para la conservación y el adecuado manejo del Delta”, dijo a Página/12 el defensor Anselmo Sella. Ahora, las ONG vuelven a pedir su intervención para frenar estas alteraciones a la geografía isleña que, advierten, puede tener graves consecuencias.
–¿En qué puede afectar la modificación paulatina del paisaje del Delta con fines productivos?
–El Delta actúa como una esponja, acumula y libera el agua de las crecidas a una menor velocidad, con lo que amortigua el impacto de una inundación. Pero además, el ecosistema, las plantas y el suelo, actúan como un purificador natural del agua. De esa manera, las plantas de AySA de Escobar obtienen agua potable de buena calidad con poco tratamiento –responde Carmen Penedo, de la Fundación Humedales.
Para quienes se proponen el cuidado del ambiente, el Delta del Paraná es un ecosistema estratégico para el país: tiene una altísima biodiversidad, fuente de la mayor pesquería fluvial del país (el sábalo es la segunda especie más exportada, después de la merluza).
“Las especies vegetales y las características del suelo contribuyen a purificar el agua –agrega Penedo–. Si se alteran los cursos de agua mediante rellenos y diques, las inundaciones pueden tener mayor impacto en la cuenca. Y si el agua se contamina, puede poner en riesgo el abastecimiento para consumo humano.”
Frontera agrícola
El problema, para los expertos, es el avance de la frontera agrícola hasta el río. “Llega masivamente el ganado desplazado por la soja, y los ganaderos que vienen de la pampa húmeda piensan que el Delta es lo mismo que la pampa, y no es así”, advierte Leandro García Silva, abogado del área de Medio Ambiente de la defensoría.
“La escala hace la diferencia –agrega Virginia De Francesco, bióloga y también integrante de esa área de la defensoría–. De 50 mil cabezas, que era la producción tradicional de la ganadería de islas en el Delta, se pasó a cerca de un millón de cabezas.” Estas nuevas prácticas, comenta García Silva, comenzaron en 2004, con el arrendamiento de tierras fiscales para la producción agropecuaria.
El problema no es de resolución sencilla, ya que no sólo involucra a los grandes productores, sino a algunos isleños que han visto el filón y tienen la oportunidad de hacer un buen negocio. “Viene el capital financiero y hace sociedad con los isleños que tienen las máquinas”, cuenta Jorge Temporetti, titular de la Filial Delta de la Federación Agraria Argentina.
El problema se agrava, según Temporetti, cuando las grandes empresas aplican agroquímicos. “El glifosato no está aprobado para humedales, porque hay especies que son resistentes a los herbicidas. Ocurrió que vino una empresa que hizo una aplicación más densa y concentrada, y después de dos o tres días vimos una cantidad de peces muertos. Hicieron una masacre.”
El secretario de Ambiente de Entre Ríos, Fernando Raffo, sostiene ante una consulta de Página/12 que “la provincia está trabajando sobre el tema entre distintas áreas” del gobierno y para abordarlo se empezó por “realizar un relevamiento aéreo de la zona involucrada”.
“Se está empezando a transparentar una realidad que no se conocía”, afirma el funcionario, aunque admite que el problema excede su competencia, ya que “el manejo del Delta depende del Ministerio de la Producción de la provincia”. Puso como ejemplo que se aplicaron sanciones por endicamientos ilegales a una empresa radicada sobre el río Uruguay, pero admitió que aún no se hizo lo mismo en el Delta del Paraná porque “la realidad de esa región requiere una solución integral”. Destacó no obstante los avances en el acuerdo entre las tres provincias y la Nación para diseñar un plan estratégico y la reciente media sanción por el Senado de una Ley de Presupuestos Mínimos que pretende regular el uso del suelo en ese territorio.
Ese proyecto despertó reacciones encontradas entre los productores. Mientras algunos, como José Jacobsen, en representación de los isleños, califican el proyecto de “inconsulto” y sostiene que “de continuar la marcha que llevan nos dejarán completamente marginados de cualquier tipo de actividad, tanto forestal como ganadera”, otros creen que es necesaria una regulación del uso del suelo.
Es que cualquier alteración en esa privilegiada geografía puede generar daños irreparables. La zona del Delta está entre las proveedoras de la cuota Hilton de carnes para exportación, por sus excelentes pasturas. Y sus flores saben alimentar una de las más importantes producciones de miel del país. La presencia de agroquímicos en uno u otro producto harían naufragar cualquiera de esos emprendimientos productivos.
Para la defensoría, lo que falta hoy es que las jurisdicciones pongan en marcha lo acordado en el Plan Estratégico. “No se ha logrado poner en marcha en el terreno –concluye García Silva–. Tiene que haber un ordenamiento ambiental, definir qué se puede hacer, en qué medida y dónde.”
“Estamos a tiempo –insisten– de evitar un nuevo desastre como el del Riachuelo.”
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Fecha de Publicación: 03/12/2013
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Entre Ríos
Pobladores, pequeños productores y ambientalistas advierten sobre las temibles consecuencias que los terraplenes y endicamientos provocan en el ecosistema. A los estragos se suma la fumigación.
“Estamos a tiempo de evitar la creación de otro Riachuelo”, dicen especialistas en medio ambiente, pero también pobladores y pequeños productores rurales. Se refieren al Delta del Paraná, pero no sólo al paisaje bucólico que disfrutan los turistas de fin de semana, sino al extenso territorio de humedales que va desde el Río de la Plata hasta la localidad de Diamante, en Entre Ríos. La voracidad de algunos productores agropecuarios, que construyen diques para cortar cursos de arroyos y riachos o levantan terraplenes para favorecer la ganadería a gran escala o los cultivos de soja, está poniendo en riesgo ese ecosistema. A eso hay que agregar las denuncias de fumigaciones con plaguicidas, con potenciales daños al ganado y a la apicultura, que tiene allí a la principal producción del país. “Si la tendencia no se revierte, el Delta dejará de ser el gran proveedor de agua potable del área metropolitana y, por añadidura, no actuará más como un regulador de inundaciones”, advierten Virginia De Francesco y Leandro García Silva, del Area de Medio Ambiente de la Defensoría del Pueblo de la Nación.
El Delta del Paraná tiene una superficie de unos 17.500 kilómetros cuadrados y viven allí unas 25 mil personas. La mayor parte de su superficie (el 80 por ciento) corresponde a la provincia de Entre Ríos, mientras que el resto es jurisdicción de Buenos Aires (15 por ciento) y Santa Fe (5 por ciento). Se lo considera un macrosistema de humedales que se caracteriza por ser periódicamente inundable, dando lugar a un ecosistema híbrido entre el terrestre y el acuático, donde el agua juega un rol fundamental.
La Defensoría del Pueblo comenzó a intervenir en esa región después de la quema masiva de pastizales que, a principios de 2008, provocó trastornos en zonas urbanas de Buenos Aires y Santa Fe y trágicos accidentes en rutas por falta de visibilidad. Ahora vuelve a hacer pie en la región a partir de la denuncia de asociaciones ecologistas, que reclaman un plan de manejo para esa área, ante el avance de los cultivos agroindustriales, la ganadería intensiva y la alteración del medio ambiente mediante la construcción de terraplenes y endicamientos.
El reclamo lo iniciaron distintas asociaciones ambientalistas, entre ellas El Paraná no se Toca, de Rosario, que mediante una nota a la defensoría denunció que personas y empresas privadas “cortan cursos de agua, arroyos y riachos y realizan el drenado de lagunas mediante prácticas de endicamiento o terraplenamiento con la única intención de obtener tierra para producir pastizales para el ganado y la siembra intensiva”, dice Victoria Dunda, titular de esa ONG, a Página/12.
Como ejemplo, menciona el caso de “las tierras de la isla Irupé, a la altura de Villa Constitución, en la cual la empresa Bema Agri BV realiza cultivos intensivos de soja y colza, y varios terraplenamientos a la altura de la ciudad de Rosario y San Lorenzo, con fines ganaderos”.
A partir de la presentación, la defensoría convocó a la Fundación Humedales, una ONG con financiamiento externo que viene realizando estudios sobre la zona y aportó un mapa en el cual se identifican nada menos que 53 terraplenes en territorio entrerriano.
Con esa herramienta, la defensoría reclamó la aplicación del Plan Integral Estratégico para la Conservación y Desarrollo Sostenible del Delta del Paraná (Piecas-DP), un acuerdo suscripto a fines de 2008, después de los incendios, que crea un Comité Interjurisdiccional integrado por las tres provincias involucradas y la Nación. “Ese organismo había elaborado en 2011 una Evaluación Ambiental Estratégica, en la que señalaba que los endicamientos y terraplenes eran una amenaza para la conservación y el adecuado manejo del Delta”, dijo a Página/12 el defensor Anselmo Sella. Ahora, las ONG vuelven a pedir su intervención para frenar estas alteraciones a la geografía isleña que, advierten, puede tener graves consecuencias.
–¿En qué puede afectar la modificación paulatina del paisaje del Delta con fines productivos?
–El Delta actúa como una esponja, acumula y libera el agua de las crecidas a una menor velocidad, con lo que amortigua el impacto de una inundación. Pero además, el ecosistema, las plantas y el suelo, actúan como un purificador natural del agua. De esa manera, las plantas de AySA de Escobar obtienen agua potable de buena calidad con poco tratamiento –responde Carmen Penedo, de la Fundación Humedales.
Para quienes se proponen el cuidado del ambiente, el Delta del Paraná es un ecosistema estratégico para el país: tiene una altísima biodiversidad, fuente de la mayor pesquería fluvial del país (el sábalo es la segunda especie más exportada, después de la merluza).
“Las especies vegetales y las características del suelo contribuyen a purificar el agua –agrega Penedo–. Si se alteran los cursos de agua mediante rellenos y diques, las inundaciones pueden tener mayor impacto en la cuenca. Y si el agua se contamina, puede poner en riesgo el abastecimiento para consumo humano.”
Frontera agrícola
El problema, para los expertos, es el avance de la frontera agrícola hasta el río. “Llega masivamente el ganado desplazado por la soja, y los ganaderos que vienen de la pampa húmeda piensan que el Delta es lo mismo que la pampa, y no es así”, advierte Leandro García Silva, abogado del área de Medio Ambiente de la defensoría.
“La escala hace la diferencia –agrega Virginia De Francesco, bióloga y también integrante de esa área de la defensoría–. De 50 mil cabezas, que era la producción tradicional de la ganadería de islas en el Delta, se pasó a cerca de un millón de cabezas.” Estas nuevas prácticas, comenta García Silva, comenzaron en 2004, con el arrendamiento de tierras fiscales para la producción agropecuaria.
El problema no es de resolución sencilla, ya que no sólo involucra a los grandes productores, sino a algunos isleños que han visto el filón y tienen la oportunidad de hacer un buen negocio. “Viene el capital financiero y hace sociedad con los isleños que tienen las máquinas”, cuenta Jorge Temporetti, titular de la Filial Delta de la Federación Agraria Argentina.
El problema se agrava, según Temporetti, cuando las grandes empresas aplican agroquímicos. “El glifosato no está aprobado para humedales, porque hay especies que son resistentes a los herbicidas. Ocurrió que vino una empresa que hizo una aplicación más densa y concentrada, y después de dos o tres días vimos una cantidad de peces muertos. Hicieron una masacre.”
El secretario de Ambiente de Entre Ríos, Fernando Raffo, sostiene ante una consulta de Página/12 que “la provincia está trabajando sobre el tema entre distintas áreas” del gobierno y para abordarlo se empezó por “realizar un relevamiento aéreo de la zona involucrada”.
“Se está empezando a transparentar una realidad que no se conocía”, afirma el funcionario, aunque admite que el problema excede su competencia, ya que “el manejo del Delta depende del Ministerio de la Producción de la provincia”. Puso como ejemplo que se aplicaron sanciones por endicamientos ilegales a una empresa radicada sobre el río Uruguay, pero admitió que aún no se hizo lo mismo en el Delta del Paraná porque “la realidad de esa región requiere una solución integral”. Destacó no obstante los avances en el acuerdo entre las tres provincias y la Nación para diseñar un plan estratégico y la reciente media sanción por el Senado de una Ley de Presupuestos Mínimos que pretende regular el uso del suelo en ese territorio.
Ese proyecto despertó reacciones encontradas entre los productores. Mientras algunos, como José Jacobsen, en representación de los isleños, califican el proyecto de “inconsulto” y sostiene que “de continuar la marcha que llevan nos dejarán completamente marginados de cualquier tipo de actividad, tanto forestal como ganadera”, otros creen que es necesaria una regulación del uso del suelo.
Es que cualquier alteración en esa privilegiada geografía puede generar daños irreparables. La zona del Delta está entre las proveedoras de la cuota Hilton de carnes para exportación, por sus excelentes pasturas. Y sus flores saben alimentar una de las más importantes producciones de miel del país. La presencia de agroquímicos en uno u otro producto harían naufragar cualquiera de esos emprendimientos productivos.
Para la defensoría, lo que falta hoy es que las jurisdicciones pongan en marcha lo acordado en el Plan Estratégico. “No se ha logrado poner en marcha en el terreno –concluye García Silva–. Tiene que haber un ordenamiento ambiental, definir qué se puede hacer, en qué medida y dónde.”
“Estamos a tiempo –insisten– de evitar un nuevo desastre como el del Riachuelo.”
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Azucarero procesado por contaminación
Procesaron al azucarero Julio Colombres por contaminación
Fecha de Publicación: 02/12/2013
Fuente: Portal contextotucuman.com
Provincia/Región: Tucumán
La Cámara Federal de Tucumán procesó por el delito de contaminación ambiental intencional doloso, según prevé el artículo 55 de la Ley nacional de Residuos Peligrosos Nº 24.051, al industrial azucarero tucumano Julio José Colombres, director de la razón social SA SER, a cargo de la explotación del ingenio azucarero Ñuñorco, por presunta contaminación de un afluente de la cuenca Salí-Dulce.
El cuerpo judicial reunió suficientes indicios que indican que el industrial tucumano mereció ser procesado por haber generado desde su fábrica, vuelcos de efluentes líquidos contaminantes que habría arrojado la firma años atrás, más precisamente al cauce del río Pueblo Viejo, el cual desemboca en el Río Salí, que a su vez, es tributario del dique Frontal de Las Termas de Río Hondo.
“Está probado y determinado por la Cámara Federal que hubo vuelco de vinaza al río por parte de su firma”, precisó en diálogo con Nuevo Diario, el fiscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, Dr. Gustavo Antonio Gómez, quien recibió la notificación de la resolución en el día de ayer. “La Cámara Federal lo establece como un delito intencional doloso y además reflejó que lo único que fue necesario es contaminar el ambiente, por lo tanto, ni siquiera hizo falta pruebas que refieran al daño a la salud, afectando la cuenca Salí Dulce”, resaltó.
Daño intencional
A partir del procesamiento de Colombres, la evolución de la causa quedará en manos del Juzgado Federal Nº 2 de la vecina provincia, a cargo del Dr. Fernando Poviña, causa que posteriormente será elevada a juicio oral y público.
“La posición de la Cámara Federal es muy clara, porque habla a las claras de un delito de peligro abstracto e intencional y verdaderamente, el fallo deja pocas dudas de lo que puede ser el futuro para otras causas penales”, relató el Dr. Gómez, sobre este nuevo procesamiento que pesa sobre el empresario que también se desempeña como titular del Centro Azucarero Regional Tucumán (CART).
El empresario fue acusado en varias oportunidades por arrojar residuos crudos.
Julio José Colombres es uno de los empresarios más poderosos de Tucumán en materia de producción de azúcar y bioetanol.
A principios de este año, el industrial fue citado por el juez federal de nuestra provincia, Dr. Guillermo Molinari, al ser imputado por un presunto daño ecológico al embalse de Las Termas de Río Hondo, causa que imputaba además a varios empresarios.
En 2011, en Tucumán, también fue indagado y procesado por contaminación, causa que luego fue apelada.
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Fecha de Publicación: 02/12/2013
Fuente: Portal contextotucuman.com
Provincia/Región: Tucumán
La Cámara Federal de Tucumán procesó por el delito de contaminación ambiental intencional doloso, según prevé el artículo 55 de la Ley nacional de Residuos Peligrosos Nº 24.051, al industrial azucarero tucumano Julio José Colombres, director de la razón social SA SER, a cargo de la explotación del ingenio azucarero Ñuñorco, por presunta contaminación de un afluente de la cuenca Salí-Dulce.
El cuerpo judicial reunió suficientes indicios que indican que el industrial tucumano mereció ser procesado por haber generado desde su fábrica, vuelcos de efluentes líquidos contaminantes que habría arrojado la firma años atrás, más precisamente al cauce del río Pueblo Viejo, el cual desemboca en el Río Salí, que a su vez, es tributario del dique Frontal de Las Termas de Río Hondo.
“Está probado y determinado por la Cámara Federal que hubo vuelco de vinaza al río por parte de su firma”, precisó en diálogo con Nuevo Diario, el fiscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, Dr. Gustavo Antonio Gómez, quien recibió la notificación de la resolución en el día de ayer. “La Cámara Federal lo establece como un delito intencional doloso y además reflejó que lo único que fue necesario es contaminar el ambiente, por lo tanto, ni siquiera hizo falta pruebas que refieran al daño a la salud, afectando la cuenca Salí Dulce”, resaltó.
Daño intencional
A partir del procesamiento de Colombres, la evolución de la causa quedará en manos del Juzgado Federal Nº 2 de la vecina provincia, a cargo del Dr. Fernando Poviña, causa que posteriormente será elevada a juicio oral y público.
“La posición de la Cámara Federal es muy clara, porque habla a las claras de un delito de peligro abstracto e intencional y verdaderamente, el fallo deja pocas dudas de lo que puede ser el futuro para otras causas penales”, relató el Dr. Gómez, sobre este nuevo procesamiento que pesa sobre el empresario que también se desempeña como titular del Centro Azucarero Regional Tucumán (CART).
El empresario fue acusado en varias oportunidades por arrojar residuos crudos.
Julio José Colombres es uno de los empresarios más poderosos de Tucumán en materia de producción de azúcar y bioetanol.
A principios de este año, el industrial fue citado por el juez federal de nuestra provincia, Dr. Guillermo Molinari, al ser imputado por un presunto daño ecológico al embalse de Las Termas de Río Hondo, causa que imputaba además a varios empresarios.
En 2011, en Tucumán, también fue indagado y procesado por contaminación, causa que luego fue apelada.
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Santa Fe: tercer año sin tratar la ley de agrotóxicos
Se reaviva el debate en torno a la reforma de la ley de agroquímicos
Fecha de Publicación: 02/12/2013
Fuente: La Capital (Santa Fe)
Provincia/Región: Santa Fe
Nuevo revés. Por tercer año consecutivo el proyecto no se abordó y, pese a tener prioridad, probablemente se trate recién el año próximo. Para vecinos y ambientalistas los legisladores dan otra vez la espalda a los problemas ambientales y sanitarios de la población.
Mientras la Bolsa de Comercio anunciaba con bombos y platillos el aumento de la superficie sembrada con soja durante la presente temporada, cambios de último momento, negociaciones desencontradas y lobbies oportunistas, en la Cámara de Diputados santafesina daban cuenta una vez más de la facilidad que poseen los hombres y mujeres que ocupan espacios en el Estado para hacer oídos sordos y ocultar bajo la alfombra la contracara de esa tendencia.
Los diversos proyectos de modificación de la ley 11.273 (de fitosanitarios) para regular el uso indiscriminado de agrotóxicos en la provincia recibieron un serio revés durante la semana que pasó. Es que a pesar de haber contado con preferencia para ser tratado en el recinto, el tema no se abordó y ahora corre el riesgo de pasar para el próximo año legislativo.
Atrás quedan, por tercer año consecutivo (dos en Senadores y ahora en Diputados), los reclamos de miles de personas que se esfuerzan por sacar a la luz el lamentable impacto que acarreó sobre su salud el actual sistema productivo agrícola y las nefastas consecuencias sobre los ecosistemas, por el avance de la frontera agraria a través de los desmontes indiscriminados, el envenenamiento y el lastimoso efecto de pérdida de biodiversidad que dejan como legado los métodos de agronomía extractiva.
A principios de noviembre, en una reunión en un anexo de la Cámara baja, se logró el consenso entre los impulsores de los tres proyectos en juego pertenecientes a los diputados José María Tessa, Aliza Damiani e Inés Bertero y los vecinos de pueblos fumigados y organizaciones que componen el colectivo Paren de Fumigarnos. El debate se centró en las distancias que debían estipularse en la nueva ley como franjas de amortiguación entre las zonas de cultivo y las poblaciones, escuelas, barrios y otras zonas sensibles. Se acordó un área mínima de tres mil metros para aplicaciones aéreas de plaguicidas y 700 para las terrestres.
Alarmante incremento.Basados en estudios científicos que acercaron a la mesa, los participantes realzaron la necesidad de mejorar la situación sanitaria de las poblaciones y reducir la toxicidad y cantidad de los químicos agrarios, cuyo uso se incrementó en los últimos 15 años un mil por ciento, según indican las cámaras comercializadoras.
Desde los pueblos fumigados aceptaron flexibilizar sus demandas iniciales para facilitar de forma urgente la sanción de una herramienta que atenúe el constante agravamiento de la salud, habilitando simultáneamente la producción de alimento sano en las zonas libres de fumigaciones, en un círculo virtuoso con múltiples beneficios.
Diputada polémica. Sin embargo un golpe de timón de último momento de la diputada Inés Bertero, productora agropecuaria, tiró por la borda con el resto de los proyectos y desató la tormenta. Bajo el argumento de generar "una ley aplicable más cercana a la realidad", modificó el texto de su propuesta y redujo las distancias que habían sido acordadas.
Esta "flexibilización" que introdujo la polémica diputada reavivó el debate y llevó a los damnificados a pedir sanciones para ella. "Reclamamos que se excuse la diputada Inés Bertero de participar en el debate por una nueva ley de agroquímicos", exigieron las entidades nucleadas en el colectivo Paren de Fumigarnos.
Según los ambientalistas, Bertero propuso sólo 50 metros de exclusión de agroquímicos y restricciones hasta los 300 metros (en los que se podría aplicar biocidas biológicos) en caso de aspersiones terrestres y de tres mil para las aéreas. Para los vecinos, la única razón que explica su proceder es su condición de productora agropecuaria.
"Estos hechos y consideraciones revelan su falta de compromiso con la palabra empeñada, con la salud y el ambiente. Está condicionada por su situación personal de empresaria agropecuaria que la inhibe moral, ética y legalmente", remarcaron desde la organización.
"Reclamamos la excusación de la diputada Bertero en el debate por una nueva ley de agroquímicos o en su defecto que sus pares la aparten, sin perjuicio de lo dispuesto por las leyes de ética pública", añadieron, y enfatizaron que también exigirán orgánicamente el tratamiento y la sanción del acuerdo celebrado entre los representantes de las principales fuerzas parlamentarias y los vecinos de la provincia.
"Es público que entidades gremiales del agronegocio frecuentan despachos legislativos o las integran, como el caso de la diputada Bertero. Elementales imperativos éticos impondrían excusarse en temas que los enfrentan a un evidente conflicto de intereses entre los propios y de las mayorías provinciales para cuya defensa fue elegida, sin perjuicio de las incompatibilidades previstas en las leyes de ética pública nacional y provincial", señalaron.
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Fecha de Publicación: 02/12/2013
Fuente: La Capital (Santa Fe)
Provincia/Región: Santa Fe
Nuevo revés. Por tercer año consecutivo el proyecto no se abordó y, pese a tener prioridad, probablemente se trate recién el año próximo. Para vecinos y ambientalistas los legisladores dan otra vez la espalda a los problemas ambientales y sanitarios de la población.
Mientras la Bolsa de Comercio anunciaba con bombos y platillos el aumento de la superficie sembrada con soja durante la presente temporada, cambios de último momento, negociaciones desencontradas y lobbies oportunistas, en la Cámara de Diputados santafesina daban cuenta una vez más de la facilidad que poseen los hombres y mujeres que ocupan espacios en el Estado para hacer oídos sordos y ocultar bajo la alfombra la contracara de esa tendencia.
Los diversos proyectos de modificación de la ley 11.273 (de fitosanitarios) para regular el uso indiscriminado de agrotóxicos en la provincia recibieron un serio revés durante la semana que pasó. Es que a pesar de haber contado con preferencia para ser tratado en el recinto, el tema no se abordó y ahora corre el riesgo de pasar para el próximo año legislativo.
Atrás quedan, por tercer año consecutivo (dos en Senadores y ahora en Diputados), los reclamos de miles de personas que se esfuerzan por sacar a la luz el lamentable impacto que acarreó sobre su salud el actual sistema productivo agrícola y las nefastas consecuencias sobre los ecosistemas, por el avance de la frontera agraria a través de los desmontes indiscriminados, el envenenamiento y el lastimoso efecto de pérdida de biodiversidad que dejan como legado los métodos de agronomía extractiva.
A principios de noviembre, en una reunión en un anexo de la Cámara baja, se logró el consenso entre los impulsores de los tres proyectos en juego pertenecientes a los diputados José María Tessa, Aliza Damiani e Inés Bertero y los vecinos de pueblos fumigados y organizaciones que componen el colectivo Paren de Fumigarnos. El debate se centró en las distancias que debían estipularse en la nueva ley como franjas de amortiguación entre las zonas de cultivo y las poblaciones, escuelas, barrios y otras zonas sensibles. Se acordó un área mínima de tres mil metros para aplicaciones aéreas de plaguicidas y 700 para las terrestres.
Alarmante incremento.Basados en estudios científicos que acercaron a la mesa, los participantes realzaron la necesidad de mejorar la situación sanitaria de las poblaciones y reducir la toxicidad y cantidad de los químicos agrarios, cuyo uso se incrementó en los últimos 15 años un mil por ciento, según indican las cámaras comercializadoras.
Desde los pueblos fumigados aceptaron flexibilizar sus demandas iniciales para facilitar de forma urgente la sanción de una herramienta que atenúe el constante agravamiento de la salud, habilitando simultáneamente la producción de alimento sano en las zonas libres de fumigaciones, en un círculo virtuoso con múltiples beneficios.
Diputada polémica. Sin embargo un golpe de timón de último momento de la diputada Inés Bertero, productora agropecuaria, tiró por la borda con el resto de los proyectos y desató la tormenta. Bajo el argumento de generar "una ley aplicable más cercana a la realidad", modificó el texto de su propuesta y redujo las distancias que habían sido acordadas.
Esta "flexibilización" que introdujo la polémica diputada reavivó el debate y llevó a los damnificados a pedir sanciones para ella. "Reclamamos que se excuse la diputada Inés Bertero de participar en el debate por una nueva ley de agroquímicos", exigieron las entidades nucleadas en el colectivo Paren de Fumigarnos.
Según los ambientalistas, Bertero propuso sólo 50 metros de exclusión de agroquímicos y restricciones hasta los 300 metros (en los que se podría aplicar biocidas biológicos) en caso de aspersiones terrestres y de tres mil para las aéreas. Para los vecinos, la única razón que explica su proceder es su condición de productora agropecuaria.
"Estos hechos y consideraciones revelan su falta de compromiso con la palabra empeñada, con la salud y el ambiente. Está condicionada por su situación personal de empresaria agropecuaria que la inhibe moral, ética y legalmente", remarcaron desde la organización.
"Reclamamos la excusación de la diputada Bertero en el debate por una nueva ley de agroquímicos o en su defecto que sus pares la aparten, sin perjuicio de lo dispuesto por las leyes de ética pública", añadieron, y enfatizaron que también exigirán orgánicamente el tratamiento y la sanción del acuerdo celebrado entre los representantes de las principales fuerzas parlamentarias y los vecinos de la provincia.
"Es público que entidades gremiales del agronegocio frecuentan despachos legislativos o las integran, como el caso de la diputada Bertero. Elementales imperativos éticos impondrían excusarse en temas que los enfrentan a un evidente conflicto de intereses entre los propios y de las mayorías provinciales para cuya defensa fue elegida, sin perjuicio de las incompatibilidades previstas en las leyes de ética pública nacional y provincial", señalaron.
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Jornada Huella Hídrica en Buenos Aires
Debatirán en la ciudad sobre huella hídrica en la provincia
Fecha de Publicación: 02/12/2013
Fuente: La Capital de Mar del Plata
Provincia/Región: Buenos Aires
Consideran el concepto como indicador de agua virtual contenida en el producto considerando el consumo total de agua en el proceso de producción, las características del clima y la eficiencia al utilizar este recurso.
Se llevará a cabo este jueves la "Jornada Huella Hídrica BA" organizada por la Universidad Nacional de Mar del Plata, la Universidad Nacional de La Plata, la Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias (Fentos) y la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (Uipba).
Esta actividad tiene el desafío de comenzar a trabajar en el ámbito provincial el concepto Huella Hídrica, como indicador de "agua virtual" contenida en el producto considerando el consumo total de agua en el proceso de producción, las características del clima y la eficiencia al utilizar este recurso.
La actividad se concretará en el hotel de Hipólito Yrigoyen 2029 a partir de las 10, tratándose los siguientes temas: Introducción a la Huella Hídrica; Disponibilidad Plan Estratégico; Políticas Públicas y Huella Hídrica; y Huella Hídrica en la Producción y Servicios.
Según el programa de actividades, el panel de apertura estará a cargo de la ingeniera Emilia Bocanegra, quién realizará la introducción al tema y del doctor e ingeniero en recursos hídricos Oscar Duarte, especialista en ciencias de la tierra y del medio ambiente de la UNL.
El segundo panel, sobre disponibilidad y expansión del agua - Plan Estratégico, MDP Empresa de agua local, contará con las intervenciones del ingeniero Daniel Martinez (UNMdP, Recursos hídricos subterráneos), el ingeniero Oscar Ercole Gerente General Empresa 5 de Septiembre, La Plata y del ingeniero Sergio Liscia, director de la carrera de Ingeniería Hidráulica-UNLP
Otro panel se ocupará de "Políticas Públicas y Huella Hídrica" y estará a cargo de la licenciada Liliana Raskovski Geóloga-Vicepresidente de la Autoridad del Agua, la ingeniera agrónoma Mónica Casanovas, responsable del Area Cambio climático y cooperación internacional -OPDS- y la licenciada Maria Aurora Agullo, especialista en energía y asuntos ambientales IRAM.
Luego será el turno de debatir sobre Huella Hídrica en la Producción y Servicios, con la intervención del ingeniero agrónomo Gabriel Vázquez del Proyecto Ambiente I+D Aacrea, el licenciado Pablo Challú, Secretario de la Uipba, entre otros referentes.
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Fecha de Publicación: 02/12/2013
Fuente: La Capital de Mar del Plata
Provincia/Región: Buenos Aires
Consideran el concepto como indicador de agua virtual contenida en el producto considerando el consumo total de agua en el proceso de producción, las características del clima y la eficiencia al utilizar este recurso.
Se llevará a cabo este jueves la "Jornada Huella Hídrica BA" organizada por la Universidad Nacional de Mar del Plata, la Universidad Nacional de La Plata, la Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias (Fentos) y la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (Uipba).
Esta actividad tiene el desafío de comenzar a trabajar en el ámbito provincial el concepto Huella Hídrica, como indicador de "agua virtual" contenida en el producto considerando el consumo total de agua en el proceso de producción, las características del clima y la eficiencia al utilizar este recurso.
La actividad se concretará en el hotel de Hipólito Yrigoyen 2029 a partir de las 10, tratándose los siguientes temas: Introducción a la Huella Hídrica; Disponibilidad Plan Estratégico; Políticas Públicas y Huella Hídrica; y Huella Hídrica en la Producción y Servicios.
Según el programa de actividades, el panel de apertura estará a cargo de la ingeniera Emilia Bocanegra, quién realizará la introducción al tema y del doctor e ingeniero en recursos hídricos Oscar Duarte, especialista en ciencias de la tierra y del medio ambiente de la UNL.
El segundo panel, sobre disponibilidad y expansión del agua - Plan Estratégico, MDP Empresa de agua local, contará con las intervenciones del ingeniero Daniel Martinez (UNMdP, Recursos hídricos subterráneos), el ingeniero Oscar Ercole Gerente General Empresa 5 de Septiembre, La Plata y del ingeniero Sergio Liscia, director de la carrera de Ingeniería Hidráulica-UNLP
Otro panel se ocupará de "Políticas Públicas y Huella Hídrica" y estará a cargo de la licenciada Liliana Raskovski Geóloga-Vicepresidente de la Autoridad del Agua, la ingeniera agrónoma Mónica Casanovas, responsable del Area Cambio climático y cooperación internacional -OPDS- y la licenciada Maria Aurora Agullo, especialista en energía y asuntos ambientales IRAM.
Luego será el turno de debatir sobre Huella Hídrica en la Producción y Servicios, con la intervención del ingeniero agrónomo Gabriel Vázquez del Proyecto Ambiente I+D Aacrea, el licenciado Pablo Challú, Secretario de la Uipba, entre otros referentes.
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Grandes generadores deberá pagar por los RSU
Industrias y shoppings deberán pagar por la basura que generen
Fecha de Publicación: 01/12/2013
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Buenos Aires
Desde el 1° de enero, industrias, hoteles de 4 y 5 estrellas, shoppings y galerías comerciales, hipermercados y cadenas de locales de comidas rápidas de la provincia de Buenos Aires deberán separar sus residuos y pagar por la basura que entierren en la Ceamse (Coordinación Ecológica Metropolitana Sociedad del Estado).
La medida, adoptada por el gobierno de Daniel Scioli, alcanza a los vecinos de los countries, que no sólo deberán tener dos recipientes para separar sus desechos, sino que tendrán que encargarse del destino final del material reciclable que generen. Para esto, tendrían que alcanzar un acuerdo con cooperativas de cartoneros.
El cambio fue adoptado en tres resoluciones del Organismo para el Desarrollo Sustentable (OPDS) de la provincia.
Quienes no cumplan con la medida serán pasibles de apercibimientos y multas que van entre 1 y 1000 sueldos básicos de la administración pública provincial, que hoy es de $ 1212,05.
La obligación de separar la basura que producen los grandes generadores como hoteles e hipermercados rige en la ciudad de Buenos Aires desde 2006.
Hugo Bilbao, al frente del OPDS, confirmó la información y sostuvo: "La gestión integral de los residuos es fundamental para mejorar la performance de la Ceamse, pero además trae aparejada la inclusión social, ya que el tratamiento adecuado de los residuos es un gran generador de puestos de trabajo y de oportunidades tanto para trabajadores independientes como para cooperativas dedicadas a esta problemática".
El funcionario indicó que cada uno de los destinatarios de esta medida deberá diseñar un plan integral de residuos, nombrar un responsable y contratar el traslado de la basura (seca y húmeda) y pagar por su enterramiento. Esto también significa que los municipios ya no deberán pagar este servicio.
En el caso de los countries el responsable del plan deberá acordar con alguna de las cooperativas de cartoneros para que retiren el material reciclable. Según los cálculos oficiales, cada uno de los barrios cerrados genera unas 30 toneladas por mes. En la práctica hoy sólo el ocho por ciento de los countries cuenta con programas de reciclado.
Esta medida significará un ingreso extra para la Ceamse. Aunque el universo de los afectados por la medida aún es una incógnita, se firmó un convenio con la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) para determinarlo.
Las industrias y los grandes generadores de basura situados en el área de cobertura de la Ceamse generan unas dos mil toneladas de basura por día. Si para enterrar cada una de ellas la Ceamse cobra 432 pesos, su recaudación diaria crecería alrededor de unos 864.000 pesos.
En los terrenos destinados al tratamiento de la basura del área metropolitana se entierran otras diez mil toneladas diarias de residuos generadas por la población del conurbano. La ciudad de Buenos Aires, a su vez, envía 4400 toneladas diarias para su tratamiento.
Ahora, desde el 1° de febrero de 2014 los grandes generadores de residuos de la provincia deberán separar la basura e inscribirse en la Ceamse para poder enterrar la basura que generan. Aunque no hay números claros, se estima que un hipermercado genera unas 100 toneladas de basura al mes.
Las industrias de las categorías 2 y 3 -las más contaminantes, como las petroleras- a partir del primer día de enero del año próximo tienen que estar inscriptas en la Ceamse para obtener o renovar el Certificado de Aptitud Ambiental, que entrega el OPDS cada dos años. En este caso la norma abarca a toda la provincia, en donde se estima que hay unos 25.000 establecimientos de este tipo.
El régimen de residuos especiales (basura que requiere un tratamiento especial) seguirá vigente.
"La problemática ambiental debe tratarse de manera transversal ya que todos los sectores están involucrados en la materia; es por eso que elegimos el trabajo conjunto, integrando a todos los actores porque ésta es la única manera que conocemos de resolver los problemas, entre todos", agregó Bilbao.
Ley que no se cumple
En rigor estas resoluciones llegan para reforzar una ley que no se cumple. Se trata de la 13.592, cuyo objetivo es minimizar la cantidad de residuos que se entierran y a la que pocos municipios han adherido.
Esta norma, que fue reglamentada en 2010, es la que establece las sanciones de las tres nuevas resoluciones que están incluidas en la ley general del ambiente provincial.
Cabe recordar que el sistema de rellenos sanitarios de la Ceamse está en crisis. Los tres vertederos que aún funcionan están al punto del colapso. El más grande, el de José León Suárez, que también recibe los desechos de la ciudad de Buenos Aires, tiene una vida útil de un año más.
Para extender los terrenos y construir un nuevo espacio de disposición final sería necesario que la Nación cediera tierras de Campo de Mayo. Hasta el momento, el Poder Ejecutivo Nacional negó esa posibilidad.
Sin embargo, el conflicto supera la puja que pueda existir entre la Nación y la ciudad de Buenos Aires. Es que los municipios en donde está ubicado el relleno Tigre, San Martín y San Miguel, rechazan de plano la posibilidad de afectar nuevos espacios allí.
Andrés Nápoli, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), indicó: "Aunque la medida no se conoce en su totalidad, creo que apunta en la dirección correcta, en tanto que busca cumplir con los objetivos dispuestos en la ley 25.916, que promueve el reciclado y la minimización de los residuos que tienen como destino la disposición final. Sin embargo, para que esta medida pueda tener un impacto positivo, tanto el gobierno de la provincia de Buenos Aires como los municipios deberían establecer metas estrictas de reducción de residuos, programas de separación en origen, sistemas de recolección diferenciada y el reemplazo del obsoleto sistema de enterramiento vigente y que tiene su cabeza en la Ceamse".
El director de la ONG además agregó: "De igual manera los municipios deberían asumir políticas y acciones tendientes a remover los más de 300 basurales a cielo abierto existentes en el AMBA y cuya generación son de su exclusiva responsabilidad". Los basurales a cielo abierto son parte del grave problema de contaminación que afecta a la cuenca Matanza-Riachuelo.
Cómo funciona el nuevo plan bonaerense
Los residuos húmedos u orgánicos son todos aquellos que no pueden ser reciclados. La categoría de secos incluye el cartón, papel, plásticos, vidrios y metales. Para poder ser reciclados deben estar limpios. Los papeles mojados, por ejemplo, no sirven.
El nuevo plan que diseñó la provincia contará con la colaboración del la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y la Universidad Tecnológica Regional La Plata (UNTec) para su desarrollo.
Se habilitará un mapa online de destinos sustentables tales como lugares de disposición final y cooperativas de cartoneros
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Fecha de Publicación: 01/12/2013
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Buenos Aires
Desde el 1° de enero, industrias, hoteles de 4 y 5 estrellas, shoppings y galerías comerciales, hipermercados y cadenas de locales de comidas rápidas de la provincia de Buenos Aires deberán separar sus residuos y pagar por la basura que entierren en la Ceamse (Coordinación Ecológica Metropolitana Sociedad del Estado).
La medida, adoptada por el gobierno de Daniel Scioli, alcanza a los vecinos de los countries, que no sólo deberán tener dos recipientes para separar sus desechos, sino que tendrán que encargarse del destino final del material reciclable que generen. Para esto, tendrían que alcanzar un acuerdo con cooperativas de cartoneros.
El cambio fue adoptado en tres resoluciones del Organismo para el Desarrollo Sustentable (OPDS) de la provincia.
Quienes no cumplan con la medida serán pasibles de apercibimientos y multas que van entre 1 y 1000 sueldos básicos de la administración pública provincial, que hoy es de $ 1212,05.
La obligación de separar la basura que producen los grandes generadores como hoteles e hipermercados rige en la ciudad de Buenos Aires desde 2006.
Hugo Bilbao, al frente del OPDS, confirmó la información y sostuvo: "La gestión integral de los residuos es fundamental para mejorar la performance de la Ceamse, pero además trae aparejada la inclusión social, ya que el tratamiento adecuado de los residuos es un gran generador de puestos de trabajo y de oportunidades tanto para trabajadores independientes como para cooperativas dedicadas a esta problemática".
El funcionario indicó que cada uno de los destinatarios de esta medida deberá diseñar un plan integral de residuos, nombrar un responsable y contratar el traslado de la basura (seca y húmeda) y pagar por su enterramiento. Esto también significa que los municipios ya no deberán pagar este servicio.
En el caso de los countries el responsable del plan deberá acordar con alguna de las cooperativas de cartoneros para que retiren el material reciclable. Según los cálculos oficiales, cada uno de los barrios cerrados genera unas 30 toneladas por mes. En la práctica hoy sólo el ocho por ciento de los countries cuenta con programas de reciclado.
Esta medida significará un ingreso extra para la Ceamse. Aunque el universo de los afectados por la medida aún es una incógnita, se firmó un convenio con la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) para determinarlo.
Las industrias y los grandes generadores de basura situados en el área de cobertura de la Ceamse generan unas dos mil toneladas de basura por día. Si para enterrar cada una de ellas la Ceamse cobra 432 pesos, su recaudación diaria crecería alrededor de unos 864.000 pesos.
En los terrenos destinados al tratamiento de la basura del área metropolitana se entierran otras diez mil toneladas diarias de residuos generadas por la población del conurbano. La ciudad de Buenos Aires, a su vez, envía 4400 toneladas diarias para su tratamiento.
Ahora, desde el 1° de febrero de 2014 los grandes generadores de residuos de la provincia deberán separar la basura e inscribirse en la Ceamse para poder enterrar la basura que generan. Aunque no hay números claros, se estima que un hipermercado genera unas 100 toneladas de basura al mes.
Las industrias de las categorías 2 y 3 -las más contaminantes, como las petroleras- a partir del primer día de enero del año próximo tienen que estar inscriptas en la Ceamse para obtener o renovar el Certificado de Aptitud Ambiental, que entrega el OPDS cada dos años. En este caso la norma abarca a toda la provincia, en donde se estima que hay unos 25.000 establecimientos de este tipo.
El régimen de residuos especiales (basura que requiere un tratamiento especial) seguirá vigente.
"La problemática ambiental debe tratarse de manera transversal ya que todos los sectores están involucrados en la materia; es por eso que elegimos el trabajo conjunto, integrando a todos los actores porque ésta es la única manera que conocemos de resolver los problemas, entre todos", agregó Bilbao.
Ley que no se cumple
En rigor estas resoluciones llegan para reforzar una ley que no se cumple. Se trata de la 13.592, cuyo objetivo es minimizar la cantidad de residuos que se entierran y a la que pocos municipios han adherido.
Esta norma, que fue reglamentada en 2010, es la que establece las sanciones de las tres nuevas resoluciones que están incluidas en la ley general del ambiente provincial.
Cabe recordar que el sistema de rellenos sanitarios de la Ceamse está en crisis. Los tres vertederos que aún funcionan están al punto del colapso. El más grande, el de José León Suárez, que también recibe los desechos de la ciudad de Buenos Aires, tiene una vida útil de un año más.
Para extender los terrenos y construir un nuevo espacio de disposición final sería necesario que la Nación cediera tierras de Campo de Mayo. Hasta el momento, el Poder Ejecutivo Nacional negó esa posibilidad.
Sin embargo, el conflicto supera la puja que pueda existir entre la Nación y la ciudad de Buenos Aires. Es que los municipios en donde está ubicado el relleno Tigre, San Martín y San Miguel, rechazan de plano la posibilidad de afectar nuevos espacios allí.
Andrés Nápoli, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), indicó: "Aunque la medida no se conoce en su totalidad, creo que apunta en la dirección correcta, en tanto que busca cumplir con los objetivos dispuestos en la ley 25.916, que promueve el reciclado y la minimización de los residuos que tienen como destino la disposición final. Sin embargo, para que esta medida pueda tener un impacto positivo, tanto el gobierno de la provincia de Buenos Aires como los municipios deberían establecer metas estrictas de reducción de residuos, programas de separación en origen, sistemas de recolección diferenciada y el reemplazo del obsoleto sistema de enterramiento vigente y que tiene su cabeza en la Ceamse".
El director de la ONG además agregó: "De igual manera los municipios deberían asumir políticas y acciones tendientes a remover los más de 300 basurales a cielo abierto existentes en el AMBA y cuya generación son de su exclusiva responsabilidad". Los basurales a cielo abierto son parte del grave problema de contaminación que afecta a la cuenca Matanza-Riachuelo.
Cómo funciona el nuevo plan bonaerense
Los residuos húmedos u orgánicos son todos aquellos que no pueden ser reciclados. La categoría de secos incluye el cartón, papel, plásticos, vidrios y metales. Para poder ser reciclados deben estar limpios. Los papeles mojados, por ejemplo, no sirven.
El nuevo plan que diseñó la provincia contará con la colaboración del la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y la Universidad Tecnológica Regional La Plata (UNTec) para su desarrollo.
Se habilitará un mapa online de destinos sustentables tales como lugares de disposición final y cooperativas de cartoneros
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Entre Ríos no aportó pruebas contra Botnia
El gobierno dilata el tiempo para aportar pruebas en la causa contra Botnia
Fecha de Publicación: 01/12/2013
Fuente: AIM
Provincia/Región: Entre Ríos
El gobierno provincial aún no aportó a la Justicia Federal mayores pruebas del monitoreo que Cancillería hizo públicos respecto de la planta contaminante de pasta de celulosa de UPM-Botnia, instalada en la margen del río Uruguay, informó a AIM el abogado de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú (Acag), Luís Leissa, quien consideró que “hay ausencia de voluntad de asumir un compromiso concreto”, para defender la salud de los entrerrianos.
Los primeros días de octubre Urribarri y el canciller, Héctor Timerman, dieron informes y cuadros que confirmaban que la planta de Botnia-UPM contamina. Más allá de compromiso asumido, a un mes de manejar la información, el gobernador no impulsó medidas que aportaran a llevar adelante en el Juzgado Federal de Primera Instancia de Concepción del Uruguay, para defender la salud de la población.
En ese sentido, Leissa aseguró que el gobierno “debe presentar las pruebas, porque no debería permanecer ajeno a un tema donde está involucrada la salud de la población”. Al respecto, precisó que “acá hay ausencia de voluntad de asumir un compromiso concreto, en un tema que afecta nuestra soberanía ambiental y el aprovechamiento de nuestros recursos y frente al cual el gobierno se somete a dictados económicos erigiéndose más en defensor de una inversión extranjera que en garante de la salud de la población. Aquí se cae el discurso del kirchnerismo de defensa de la independencia nacional, porque vemos como un gobierno y los de la Cámpora que se dicen progresistas, se resignan frente a una fuerza económica y se someten a Botnia”.
“El monitoreo que dio a conocer el gobierno dicen Botnia contamina y el gobernador decía que iba a ser inflexible con el tema, por lo que desde la Asamblea se reclamó que las pruebas se incorporen para avanzar en la investigación, ya que el delito que se investiga es el que está previsto en la Ley 24051 que prohíbe arrojar residuos peligrosos”, detalló Leíssa quien remarcó el doble discurso de Urribarri durante la campaña y luego de los elecciones. Señaló que se hizo “alarde durante la campaña electoral, antes del 27 de octubre y ahora otra vez buscan que nos resignemos frente a la afectación del río Uruguay que ya está comprometido”.
A la dilación de la presentación de pruebas, se suman dos variables que agudizan el conflicto: la una, que el Juez encargado de la causa no llama a indagatoria a los directivos de la compañía, y, la otra, que el gobierno es obsecuente al capital y brinda herramientas a los empresarios para ocultar información. La Corte de La Haya “sugirió que se tomaran medidas dirigidas a monitorear permanente a Botnia y esas cosas Argentina siempre las ocultó y actuó a regañadientes siendo complaciente con la empresa que fue declarada ilegal pero que, lamentablemente, no se hace nada”. En ese marco, el abogado comentó que cada vez que se hace una inspección, el Estado debe avisar con anticipación “lo que le da margen a la empresa de hacer cambios de regímenes de producción y oculta pruebas o disimula la contaminación que genera”.
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Fecha de Publicación: 01/12/2013
Fuente: AIM
Provincia/Región: Entre Ríos
El gobierno provincial aún no aportó a la Justicia Federal mayores pruebas del monitoreo que Cancillería hizo públicos respecto de la planta contaminante de pasta de celulosa de UPM-Botnia, instalada en la margen del río Uruguay, informó a AIM el abogado de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú (Acag), Luís Leissa, quien consideró que “hay ausencia de voluntad de asumir un compromiso concreto”, para defender la salud de los entrerrianos.
Los primeros días de octubre Urribarri y el canciller, Héctor Timerman, dieron informes y cuadros que confirmaban que la planta de Botnia-UPM contamina. Más allá de compromiso asumido, a un mes de manejar la información, el gobernador no impulsó medidas que aportaran a llevar adelante en el Juzgado Federal de Primera Instancia de Concepción del Uruguay, para defender la salud de la población.
En ese sentido, Leissa aseguró que el gobierno “debe presentar las pruebas, porque no debería permanecer ajeno a un tema donde está involucrada la salud de la población”. Al respecto, precisó que “acá hay ausencia de voluntad de asumir un compromiso concreto, en un tema que afecta nuestra soberanía ambiental y el aprovechamiento de nuestros recursos y frente al cual el gobierno se somete a dictados económicos erigiéndose más en defensor de una inversión extranjera que en garante de la salud de la población. Aquí se cae el discurso del kirchnerismo de defensa de la independencia nacional, porque vemos como un gobierno y los de la Cámpora que se dicen progresistas, se resignan frente a una fuerza económica y se someten a Botnia”.
“El monitoreo que dio a conocer el gobierno dicen Botnia contamina y el gobernador decía que iba a ser inflexible con el tema, por lo que desde la Asamblea se reclamó que las pruebas se incorporen para avanzar en la investigación, ya que el delito que se investiga es el que está previsto en la Ley 24051 que prohíbe arrojar residuos peligrosos”, detalló Leíssa quien remarcó el doble discurso de Urribarri durante la campaña y luego de los elecciones. Señaló que se hizo “alarde durante la campaña electoral, antes del 27 de octubre y ahora otra vez buscan que nos resignemos frente a la afectación del río Uruguay que ya está comprometido”.
A la dilación de la presentación de pruebas, se suman dos variables que agudizan el conflicto: la una, que el Juez encargado de la causa no llama a indagatoria a los directivos de la compañía, y, la otra, que el gobierno es obsecuente al capital y brinda herramientas a los empresarios para ocultar información. La Corte de La Haya “sugirió que se tomaran medidas dirigidas a monitorear permanente a Botnia y esas cosas Argentina siempre las ocultó y actuó a regañadientes siendo complaciente con la empresa que fue declarada ilegal pero que, lamentablemente, no se hace nada”. En ese marco, el abogado comentó que cada vez que se hace una inspección, el Estado debe avisar con anticipación “lo que le da margen a la empresa de hacer cambios de regímenes de producción y oculta pruebas o disimula la contaminación que genera”.
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XXI Asamblea del COHIFE
Se reúne en La Rioja el Consejo Hídrico Federal
Fecha de Publicación: 30/11/2013
Fuente: El Independiente
Provincia/Región: Nacional
Comenzó la XXI Asamblea Ordinaria del Consejo Hídrico Federal (COHIFE) en esta capital riojana. La sesión continuará hasta hoy al mediodía, en la que se darán a conocer las conclusiones.
Ayer, dio comienzo en el Salón Talampaya del Hotel Naíndo, la XXI Asamblea ordinaria del COHIFE (Consejo Hídrico Federal). En el mismo, todos los representantes de los consejos federales e instituciones relacionadas con el control del agua, analizan y discuten, sobre los temas de interés de todas las regiones de la Argentina.
En representación de La Rioja, participó el Administrador General del Instituto Provincial del Agua, Juan Velárdez, quien declaró que en la oportunidad, se reunieron todos los organismos provinciales que tienen a su cargo el recurso hídrico del país. “Todas las provincias están representadas en el Consejo, donde se tratan temas determinados que son macros, que hacen a la problemática del país en su conjunto”, indicó.
Detalló que La Rioja participa en el Comité de Cuencas de Desaguadero, junto a otras provincias del país. Además, La Rioja presentó un trabajo en cuando al arsénico, agregó. De igual manera, celebró que “en el encuentro, nos nutrimos de la experiencia de todo el país”.
Por su parte, el presidente del COHIFE, Alfredo Fuentes, manifestó el agradecimiento a la provincia de La Rioja, por ser anfitriona del encuentro y explicó que en la Asamblea, se vienen suscitando temas que hacen a la problemática hídrica, que puede tener el país. “Este es uno de los organismos más federales que tenemos los argentinos, donde cada provincia, expone las problemáticas que tiene y se hace un plan general, para responder a ellas”, señaló.
Velárdez señaló que hoy seguirán con el Orden del Día, que incluye diversos temas. Indicó que “ahora se harán reuniones específicas luego de que ya se plantearan cuestiones generales”.
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Fecha de Publicación: 30/11/2013
Fuente: El Independiente
Provincia/Región: Nacional
Comenzó la XXI Asamblea Ordinaria del Consejo Hídrico Federal (COHIFE) en esta capital riojana. La sesión continuará hasta hoy al mediodía, en la que se darán a conocer las conclusiones.
Ayer, dio comienzo en el Salón Talampaya del Hotel Naíndo, la XXI Asamblea ordinaria del COHIFE (Consejo Hídrico Federal). En el mismo, todos los representantes de los consejos federales e instituciones relacionadas con el control del agua, analizan y discuten, sobre los temas de interés de todas las regiones de la Argentina.
En representación de La Rioja, participó el Administrador General del Instituto Provincial del Agua, Juan Velárdez, quien declaró que en la oportunidad, se reunieron todos los organismos provinciales que tienen a su cargo el recurso hídrico del país. “Todas las provincias están representadas en el Consejo, donde se tratan temas determinados que son macros, que hacen a la problemática del país en su conjunto”, indicó.
Detalló que La Rioja participa en el Comité de Cuencas de Desaguadero, junto a otras provincias del país. Además, La Rioja presentó un trabajo en cuando al arsénico, agregó. De igual manera, celebró que “en el encuentro, nos nutrimos de la experiencia de todo el país”.
Por su parte, el presidente del COHIFE, Alfredo Fuentes, manifestó el agradecimiento a la provincia de La Rioja, por ser anfitriona del encuentro y explicó que en la Asamblea, se vienen suscitando temas que hacen a la problemática hídrica, que puede tener el país. “Este es uno de los organismos más federales que tenemos los argentinos, donde cada provincia, expone las problemáticas que tiene y se hace un plan general, para responder a ellas”, señaló.
Velárdez señaló que hoy seguirán con el Orden del Día, que incluye diversos temas. Indicó que “ahora se harán reuniones específicas luego de que ya se plantearan cuestiones generales”.
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La Rioja endurece normativa sobre incendios forestales
La Rioja: habrá duras penas para quienes ocasionen incendios forestales
Fecha de Publicación: 30/11/2013
Fuente: Nueva Rioja
Provincia/Región: La Rioja
El miércoles el panorama era totalmente satisfactorio en cuanto al incendio que se produjo el fin de semana en el Cerro de la Cruz. Más del 95% de todo el predio estaba ya controlado por parte del operativo que montó Defensa Civil Provincial. A ello hay que agregarle que se realizaron las pericias, de donde surgirá el lugar en que se originó el siniestro y las causas de ello.
Pero lo más importante es que de ahora en más se trabajará coordinadamente entre varios organismos para establecer penas más severas para los responsables de este tipo de incendios forestales. Así lo determinaron el director de Defensa Civil, Fabián Tapia y el segundo jefe de la Comisaría Cuarta, Leonardo Caniza. Ambos determinaron que se cambiará la modalidad de trabajo para que este tipo de siniestros no se produzcan en zonas forestales de La Rioja.
Personal de Bomberos, peritos de criminalística de la policía, la división CAPE y de la Policía Cuarta realizaron durante toda la mañana una exhaustiva investigación en los despojos de lo que quedó la flora y fauna. De este peritaje saldrán las causas del incendio y sobre todo el lugar.
Este dato será la prueba contundente para fundamentar el castigo que recibirán los responsables del foco ígneo. Cabe recordar que se habla de un grupo de más de 70 personas que durante el fin de semana estuvieron en el lugar realizando un nuevo deporte que se considera “extremo”. Sin embargo, todavía no hay información oficial al respecto, y por eso es que será de vital importancia el resultado del peritaje.
Otro dato que se pudo corroborar es que se pudo rescatar entre las llamas una bengala de humo, que también es tomado como prueba para saber quiénes fueron los responsables del incendio.
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Fecha de Publicación: 30/11/2013
Fuente: Nueva Rioja
Provincia/Región: La Rioja
El miércoles el panorama era totalmente satisfactorio en cuanto al incendio que se produjo el fin de semana en el Cerro de la Cruz. Más del 95% de todo el predio estaba ya controlado por parte del operativo que montó Defensa Civil Provincial. A ello hay que agregarle que se realizaron las pericias, de donde surgirá el lugar en que se originó el siniestro y las causas de ello.
Pero lo más importante es que de ahora en más se trabajará coordinadamente entre varios organismos para establecer penas más severas para los responsables de este tipo de incendios forestales. Así lo determinaron el director de Defensa Civil, Fabián Tapia y el segundo jefe de la Comisaría Cuarta, Leonardo Caniza. Ambos determinaron que se cambiará la modalidad de trabajo para que este tipo de siniestros no se produzcan en zonas forestales de La Rioja.
Personal de Bomberos, peritos de criminalística de la policía, la división CAPE y de la Policía Cuarta realizaron durante toda la mañana una exhaustiva investigación en los despojos de lo que quedó la flora y fauna. De este peritaje saldrán las causas del incendio y sobre todo el lugar.
Este dato será la prueba contundente para fundamentar el castigo que recibirán los responsables del foco ígneo. Cabe recordar que se habla de un grupo de más de 70 personas que durante el fin de semana estuvieron en el lugar realizando un nuevo deporte que se considera “extremo”. Sin embargo, todavía no hay información oficial al respecto, y por eso es que será de vital importancia el resultado del peritaje.
Otro dato que se pudo corroborar es que se pudo rescatar entre las llamas una bengala de humo, que también es tomado como prueba para saber quiénes fueron los responsables del incendio.
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Mejoras para el Parque Nacional Iguazú
Misiones: invertirán 35 millones de pesos en el Parque Nacional Iguazú
Fecha de Publicación: 29/11/2013
Fuente: Telam
Provincia/Región: Misiones
Alcides Capra, gerente general de Iguazú Argentina, informó que “se realizarán nuevas inversiones en infraestructura por más de 35 millones de pesos para la construcción de pasarelas de retorno en el circuito superior, que facilitarán la circulación dentro del área” que lleva a la Garganta del Diablo.
Las nuevas obras, que ya han comenzado, “tienen un plazo de ejecución previsto de 36 meses (dependiendo de factores climáticos) para la construcción 900 metros de nuevas pasarelas de diseño inteligente, que se sumarán a los 7.000 metros de caminos ya existentes para el tránsito de los turistas”.
El sistema de "pasarelas inteligentes" del Parque Nacional Iguazú fue diseñado y construido para reemplazar los antiguos caminos y se caracterizan por su arquitectura ecológica y preparada para que, ante eventuales contingencias de fuertes correntadas o aumento excesivo del caudal del río, se resguarden los pilotes estructurales y no se pierda infraestructura.
“Cuando el río está bajo, los caminos están aptos para la circulación de los turistas; cuando el caudal de agua sube, las pasarelas se rebaten para permitir que el agua circule libremente; y si por el flujo y fuerza del río las pasarelas se desprenden de la estructura, el sistema permite que puedan ser rescatadas del agua cuando pasa la crecida”, explicó Capra.
Hace dos años las Cataratas del Iguazú fueron elegidas como una de las nuevas siete maravillas naturales del planeta.
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Fecha de Publicación: 29/11/2013
Fuente: Telam
Provincia/Región: Misiones
Alcides Capra, gerente general de Iguazú Argentina, informó que “se realizarán nuevas inversiones en infraestructura por más de 35 millones de pesos para la construcción de pasarelas de retorno en el circuito superior, que facilitarán la circulación dentro del área” que lleva a la Garganta del Diablo.
Las nuevas obras, que ya han comenzado, “tienen un plazo de ejecución previsto de 36 meses (dependiendo de factores climáticos) para la construcción 900 metros de nuevas pasarelas de diseño inteligente, que se sumarán a los 7.000 metros de caminos ya existentes para el tránsito de los turistas”.
El sistema de "pasarelas inteligentes" del Parque Nacional Iguazú fue diseñado y construido para reemplazar los antiguos caminos y se caracterizan por su arquitectura ecológica y preparada para que, ante eventuales contingencias de fuertes correntadas o aumento excesivo del caudal del río, se resguarden los pilotes estructurales y no se pierda infraestructura.
“Cuando el río está bajo, los caminos están aptos para la circulación de los turistas; cuando el caudal de agua sube, las pasarelas se rebaten para permitir que el agua circule libremente; y si por el flujo y fuerza del río las pasarelas se desprenden de la estructura, el sistema permite que puedan ser rescatadas del agua cuando pasa la crecida”, explicó Capra.
Hace dos años las Cataratas del Iguazú fueron elegidas como una de las nuevas siete maravillas naturales del planeta.
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Cascadas para el Riachuelo
Proponen construir cascadas en el Riachuelo para oxigenar el agua
Fecha de Publicación: 29/11/2013
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Riachuelo
El proyecto contempla la edificación de siete estaciones que bombearán el agua desde cinco metros de altura para "airearla"; la primera estará situada cerca de Avellaneda
Devolver el oxígeno al Riachuelo parece hoy una utopía. Las aguas, -especialmente desde la desembocadura en el Río de la Plata hasta 16 kilómetros aguas arriba- no son aptas para la vida.
Incluso si hoy se detuvieran todas las descargas tóxicas que contaminan el curso de agua y se completara toda la obra de cloacas y saneamiento, ese sector no contendría la mínima concentración de oxígeno que permitiera la existencia de algún tipo de vida.
Sin embargo, el plan de saneamiento ordenado por la Corte Suprema de Justicia en 2008 incluirá un novedoso paliativo: un sistema de cascadas para oxigenar las aguas.
Según el proyecto, al que tuvo acceso LA NACION, se trata de siete estaciones que se construirán en sitios diferentes del Riachuelo, en las que a través de escalones en forma de cascada se pretenderá lograr niveles de oxígeno disuelto en agua superiores a los 2mg/l, según el proyecto presentado al Banco Mundial por la empresa estatal Agua y Saneamiento Sociedad Anónima (AySA).
El agua será bombeada a 5 metros de altura, para luego dejarla caer por las cascadas para ventilarla en su camino de regreso al curso principal del río. "Por medio de escalones que simulan cascadas y con piletas de disipación donde se hace la transferencia de oxígeno desde las burbujas al agua", explica el proyecto de la Universidad de Buenos Aires, que fue premiado con el Premio Nacional de Arquitectura y Diseños Sustentables. Estas estaciones, además, tendrán un entorno de recuperación del espacio público e incluirán áreas de uso público múltiples.
La iniciativa fue presentada por AySA dentro de las obras para realizar con el crédito por 840 millones de dólares solicitado al Banco Mundial y que también financiará la construcción de un colector cloacal en la margen izquierda del Riachuelo y un emisario que volcará las aguas tratadas río adentro.
"La decisión de proceder al tratamiento del agua por estaciones de aireación (SEPA, por sus siglas en inglés) permitirá alcanzar mejores resultados en términos de saneamiento y conformar una propuesta visual novedosa al ser incorporada al paisaje de la cuenca a partir de su localización dentro de un sistema de parques temáticos ambientales donde se implementarán programas de control, salud, seguridad y monitoreo para sostener el cuidado y la restauración del área y la salud de la población", continúa el proyecto.
AySA firmó un convenio con la UBA por el cual instalará el año próximo la primera estación para realizar una prueba piloto de su funcionamiento en Avellaneda, frente a Tenaris.
Hay un detalle importante: estas estaciones sólo podrán funcionar cuando estén terminados el colector y el emisario, y los vuelcos de material contaminante en el Riachuelo estén controlados.
Dudas y críticas
Según el modelo realizado por AySA en condiciones de "descarga cero", el río no alcanza niveles de oxígeno siquiera para generar lo que se denomina recreación pasiva.
Para algunos especialistas, "airear" el agua carente de oxígeno podría generar mayores problemas no sólo por los malos olores que podría generar, sino también porque podrían aparecer partículas ultramicroscópicas contaminadas con agentes patógenos suspendidas en el aire.
Desde la Asociación Vecinos de La Boca miran con desconfianza el plan de las cascadas.
Raúl Estrada Oyuela, miembro de esa ONG, les pone voz a las dudas: "Recomponer el río como dispuso la Corte significa oxigenarlo. La resolución 3/2009 de Acumar estableció que el río sólo, en todo su curso, se usará para mirarlo de lejos -esto es lo que se entiende como recreación pasiva- y que bastará que tenga 2 miligramos de oxígeno por litro de agua. El olor adicional que pueden generar las cascadas hará que la recreación, además de pasiva, sea distante", afirma.
Para Estrada Oyuela, "a lo mejor hay que hacer las cascadas, pero hay que hacer muchos ensayos y cumplir con pasos previos de saneamiento. Si desde AySA se dice que el Riachuelo no alcanza a tener el nivel de oxígeno requerido, entonces me pregunto cómo pueden decir cuándo estará bien", indicó.
El modelo con las estaciones de aireación funciona en Chicago. Se utiliza para oxigenar las aguas del río Calumet, que sufrió una contaminación parecida a la del Riachuelo.
Estrada Oyuela apunta que en ese lugar sólo funcionan en una determinada temporada, cuestión que en AySA dicen estar evaluando. Aseguran que en cada estación habrá un monitoreo y un control que permitirán determinar la cantidad de agua que se requiere oxigenar por hora.
El proyecto completo sólo se podrá montar una vez finalizada la megaobra de infraestructura que incluye la utilización de cuatro tuneladoras para la construcción de un colector de 11,5 km de largo y un emisario subfluvial de 11 km.
La autorización para el comienzo de esos trabajos aún no fue firmada, aunque las obras ya están adjudicadas. En AySA aseguran que la aprobación es inminente. La construcción del colector de 11,5 km fue adjudicada a Ghella-Iecsa por 2000 millones de pesos. Es la misma constructora que hizo los túneles del arroyo Maldonado, bajo la avenida Juan B. Justo. La del emisario subfluvial de 11 km de longitud, 3,8 m de diámetro y a 30 metros de profundidad fue adjudicada a Impregilo por 2372 millones de pesos. La obra podría estar lista en 2019.
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Fecha de Publicación: 29/11/2013
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Riachuelo
El proyecto contempla la edificación de siete estaciones que bombearán el agua desde cinco metros de altura para "airearla"; la primera estará situada cerca de Avellaneda
Devolver el oxígeno al Riachuelo parece hoy una utopía. Las aguas, -especialmente desde la desembocadura en el Río de la Plata hasta 16 kilómetros aguas arriba- no son aptas para la vida.
Incluso si hoy se detuvieran todas las descargas tóxicas que contaminan el curso de agua y se completara toda la obra de cloacas y saneamiento, ese sector no contendría la mínima concentración de oxígeno que permitiera la existencia de algún tipo de vida.
Sin embargo, el plan de saneamiento ordenado por la Corte Suprema de Justicia en 2008 incluirá un novedoso paliativo: un sistema de cascadas para oxigenar las aguas.
Según el proyecto, al que tuvo acceso LA NACION, se trata de siete estaciones que se construirán en sitios diferentes del Riachuelo, en las que a través de escalones en forma de cascada se pretenderá lograr niveles de oxígeno disuelto en agua superiores a los 2mg/l, según el proyecto presentado al Banco Mundial por la empresa estatal Agua y Saneamiento Sociedad Anónima (AySA).
El agua será bombeada a 5 metros de altura, para luego dejarla caer por las cascadas para ventilarla en su camino de regreso al curso principal del río. "Por medio de escalones que simulan cascadas y con piletas de disipación donde se hace la transferencia de oxígeno desde las burbujas al agua", explica el proyecto de la Universidad de Buenos Aires, que fue premiado con el Premio Nacional de Arquitectura y Diseños Sustentables. Estas estaciones, además, tendrán un entorno de recuperación del espacio público e incluirán áreas de uso público múltiples.
La iniciativa fue presentada por AySA dentro de las obras para realizar con el crédito por 840 millones de dólares solicitado al Banco Mundial y que también financiará la construcción de un colector cloacal en la margen izquierda del Riachuelo y un emisario que volcará las aguas tratadas río adentro.
"La decisión de proceder al tratamiento del agua por estaciones de aireación (SEPA, por sus siglas en inglés) permitirá alcanzar mejores resultados en términos de saneamiento y conformar una propuesta visual novedosa al ser incorporada al paisaje de la cuenca a partir de su localización dentro de un sistema de parques temáticos ambientales donde se implementarán programas de control, salud, seguridad y monitoreo para sostener el cuidado y la restauración del área y la salud de la población", continúa el proyecto.
AySA firmó un convenio con la UBA por el cual instalará el año próximo la primera estación para realizar una prueba piloto de su funcionamiento en Avellaneda, frente a Tenaris.
Hay un detalle importante: estas estaciones sólo podrán funcionar cuando estén terminados el colector y el emisario, y los vuelcos de material contaminante en el Riachuelo estén controlados.
Dudas y críticas
Según el modelo realizado por AySA en condiciones de "descarga cero", el río no alcanza niveles de oxígeno siquiera para generar lo que se denomina recreación pasiva.
Para algunos especialistas, "airear" el agua carente de oxígeno podría generar mayores problemas no sólo por los malos olores que podría generar, sino también porque podrían aparecer partículas ultramicroscópicas contaminadas con agentes patógenos suspendidas en el aire.
Desde la Asociación Vecinos de La Boca miran con desconfianza el plan de las cascadas.
Raúl Estrada Oyuela, miembro de esa ONG, les pone voz a las dudas: "Recomponer el río como dispuso la Corte significa oxigenarlo. La resolución 3/2009 de Acumar estableció que el río sólo, en todo su curso, se usará para mirarlo de lejos -esto es lo que se entiende como recreación pasiva- y que bastará que tenga 2 miligramos de oxígeno por litro de agua. El olor adicional que pueden generar las cascadas hará que la recreación, además de pasiva, sea distante", afirma.
Para Estrada Oyuela, "a lo mejor hay que hacer las cascadas, pero hay que hacer muchos ensayos y cumplir con pasos previos de saneamiento. Si desde AySA se dice que el Riachuelo no alcanza a tener el nivel de oxígeno requerido, entonces me pregunto cómo pueden decir cuándo estará bien", indicó.
El modelo con las estaciones de aireación funciona en Chicago. Se utiliza para oxigenar las aguas del río Calumet, que sufrió una contaminación parecida a la del Riachuelo.
Estrada Oyuela apunta que en ese lugar sólo funcionan en una determinada temporada, cuestión que en AySA dicen estar evaluando. Aseguran que en cada estación habrá un monitoreo y un control que permitirán determinar la cantidad de agua que se requiere oxigenar por hora.
El proyecto completo sólo se podrá montar una vez finalizada la megaobra de infraestructura que incluye la utilización de cuatro tuneladoras para la construcción de un colector de 11,5 km de largo y un emisario subfluvial de 11 km.
La autorización para el comienzo de esos trabajos aún no fue firmada, aunque las obras ya están adjudicadas. En AySA aseguran que la aprobación es inminente. La construcción del colector de 11,5 km fue adjudicada a Ghella-Iecsa por 2000 millones de pesos. Es la misma constructora que hizo los túneles del arroyo Maldonado, bajo la avenida Juan B. Justo. La del emisario subfluvial de 11 km de longitud, 3,8 m de diámetro y a 30 metros de profundidad fue adjudicada a Impregilo por 2372 millones de pesos. La obra podría estar lista en 2019.
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UOCRA agrede a ambientalistas por Monsanto
Otro día de tensión frente al predio de Monsanto en Córdoba
Fecha de Publicación: 29/11/2013
Fuente: La Voz del Interior - Edición Electrónica
Provincia/Región: Córdoba
Fecha de Publicación: 29/11/2013
Fuente: La Voz del Interior - Edición Electrónica
Provincia/Región: Córdoba
Ambientalistas
denunciaron un ataque de "miembros de la Uocra". Hubo al menos 6
heridos. Monsanto denuncia agresiones de los asambleístas a los autos de
los trabajadores. Reunión entre Arzani y el Gobierno de Córdoba.
El bloqueo al predio de la firma Monsanto en Malvinas Argentinas sumó un nuevo capítulo violento. Ambientalistas denunciaron haber sido agredidos durante el acampe -que mantienen desde hace más de dos meses- por miembros "de la Uocra".
Desde Monsanto, y desde el gremio de la construcción, denunciaron agresiones por parte de los asambleístas. Ese primer incidente se produjo pasadas las 7.
En tanto, a las 10.40 hubo otro enfrentamiento entre los manifestantes y la Policía. Cerca de las 11 la situación se calmó al irse los obreros de Uocra.
Por la tarde, se llevó a cabo una marcha contra Monsanto en Colón y Cañada, en la ciudad Capital.
En tanto, unas 200 personas se concentraron en la plaza Roca de Río Cuarto para rechazar la violencia contra los manifestantes en Malvinas Argentinas y apoyar la decisión del intendente Juan Jure de rechazar la radicación de Monsanto en Río Cuarto.
Sofía Gatica, de Madres de Ituzaingó Anexo, debió ser hospitalizada al descompensarse (ver foto). Otros 4 asambleístas fueron derivados a centros de salud de la Capital.
En tanto, se atendieron en el lugar a otros ambientalistas que presentaban "cortes, golpes y heridas de bala de goma", señalaron a La Voz fuentes ligadas a la asamblea. Por otra parte, un policía resultó herido con un rastrillo.
Qué dice Monsanto
Desde Monsanto, dijeron que los ambientalistas "destruyeron" los autos de los trabajadores (ver Comunicado de Monsanto).
Adrián Vilaplana, gerente de Relaciones Institucionales de la firma multinacional, explicó a radio Mitre Córdoba: "Un grupo de trabajadores que iban a acceder al predio para hacer tareas de mantenimiento, se les impidió el acceso y la información que tengo es que hubo incidentes en el portón número 1".
"Los manifestantes han destruido los autos de todos los trabajadores y de todos quienes estamos en la planta. Hubo un enfrentamiento con los trabajadores y se han roto materiales del obrador", dijo. Vilaplana consideró que lo ocurrido es "una locura". La obra en Malvinas Argentinas ya avanzó "en un 20 por ciento" y hoy ingresaron unos 8 camiones con materiales.
Qué dicen los ambientalistas
Esther Quispe, una de las ambientalistas, dijo que unas "60 personas llegaron en colectivos" y con "palos golpearon a los chicos que estaban en las carpas".
"Nos sacaron de los puestos principales", relató la mujer a radio Mitre Córdoba. También dijo que hay "unos 20 heridos". Los asambleíatas cortaron la ruta A-88, a 16 kilómetros de la Capital cordobesa, y denunciaron la "inacción policial". Al lugar llegó la Guardia de Infantería.
Los ambientalistas negaron haber roto los autos de los trabajadores de la planta.
¿Quiénes eran?
"Estoy en el acampe frente a Monsanto, me doy con que está totalmente ocupado los puestos con gente que no es de Malvinas, algunos chicos me dicen que hay parte de la barrabrava de Talleres, no son trabajadores por su aspecto, su forma de hablar, han llegado a las 7 de la mañana en colectivo, los trajeron. Entraron al lugar donde estaban los chicos los golpearon, apedrearon", añadió Quispe a Radio Universidad.
Sofía Gatica indicó: "Vinieron un montón de gente que trajo la Uocra, mujeres, niños, jóvenes, y nos desalojaron. Quemaron las casas (sic), lograron meter todos los camiones que trajeron de material".
Fiscal Chiapero
El fiscal Víctor Chiapero investiga qué ocurrió en el predio de Monsanto. "Estamos haciendo las evaluaciones en estos momentos, es reciente, para ver cómo solucionamos el problema este", dijo.
El funcionario judicial pidió además que se libere la ruta A-88. Chiapero dijo que no le consta que entre los agresores haya "barrabravas de Talleres".
"En esa primera agresión que hubo esta mañana, hubo algunos lesionados por parte de los ambientalistas pero hasta ahora no han iniciado la acción penal correspondiente, no podemos accionar si no hay una instancia por parte de la víctima de las lesiones. Ahora se está trabajando sobre el corte de ruta", dijo.
Chiapero también solicitó las imágenes registradas por los medios para individualizar a los agresores.
La Uocra responde
Ariel Gutiérrez, delegado del gremio de la construcción, dijo: "Una cuadrilla de trabajadores se iba a presentar hoy para el funcionamiento de máquinas. Se han bajado los trabajadores y se han encontrado con que estaba el portón cerrado. Han recibido lesiones y le han tirado pedradas. Por eso han reaccionado los trabajadores y han venido sus mujeres. Estamos cansados" (ver comunicado de Uocra).
El bloqueo al predio de la firma Monsanto en Malvinas Argentinas sumó un nuevo capítulo violento. Ambientalistas denunciaron haber sido agredidos durante el acampe -que mantienen desde hace más de dos meses- por miembros "de la Uocra".
Desde Monsanto, y desde el gremio de la construcción, denunciaron agresiones por parte de los asambleístas. Ese primer incidente se produjo pasadas las 7.
En tanto, a las 10.40 hubo otro enfrentamiento entre los manifestantes y la Policía. Cerca de las 11 la situación se calmó al irse los obreros de Uocra.
Por la tarde, se llevó a cabo una marcha contra Monsanto en Colón y Cañada, en la ciudad Capital.
En tanto, unas 200 personas se concentraron en la plaza Roca de Río Cuarto para rechazar la violencia contra los manifestantes en Malvinas Argentinas y apoyar la decisión del intendente Juan Jure de rechazar la radicación de Monsanto en Río Cuarto.
Sofía Gatica, de Madres de Ituzaingó Anexo, debió ser hospitalizada al descompensarse (ver foto). Otros 4 asambleístas fueron derivados a centros de salud de la Capital.
En tanto, se atendieron en el lugar a otros ambientalistas que presentaban "cortes, golpes y heridas de bala de goma", señalaron a La Voz fuentes ligadas a la asamblea. Por otra parte, un policía resultó herido con un rastrillo.
Qué dice Monsanto
Desde Monsanto, dijeron que los ambientalistas "destruyeron" los autos de los trabajadores (ver Comunicado de Monsanto).
Adrián Vilaplana, gerente de Relaciones Institucionales de la firma multinacional, explicó a radio Mitre Córdoba: "Un grupo de trabajadores que iban a acceder al predio para hacer tareas de mantenimiento, se les impidió el acceso y la información que tengo es que hubo incidentes en el portón número 1".
"Los manifestantes han destruido los autos de todos los trabajadores y de todos quienes estamos en la planta. Hubo un enfrentamiento con los trabajadores y se han roto materiales del obrador", dijo. Vilaplana consideró que lo ocurrido es "una locura". La obra en Malvinas Argentinas ya avanzó "en un 20 por ciento" y hoy ingresaron unos 8 camiones con materiales.
Qué dicen los ambientalistas
Esther Quispe, una de las ambientalistas, dijo que unas "60 personas llegaron en colectivos" y con "palos golpearon a los chicos que estaban en las carpas".
"Nos sacaron de los puestos principales", relató la mujer a radio Mitre Córdoba. También dijo que hay "unos 20 heridos". Los asambleíatas cortaron la ruta A-88, a 16 kilómetros de la Capital cordobesa, y denunciaron la "inacción policial". Al lugar llegó la Guardia de Infantería.
Los ambientalistas negaron haber roto los autos de los trabajadores de la planta.
¿Quiénes eran?
"Estoy en el acampe frente a Monsanto, me doy con que está totalmente ocupado los puestos con gente que no es de Malvinas, algunos chicos me dicen que hay parte de la barrabrava de Talleres, no son trabajadores por su aspecto, su forma de hablar, han llegado a las 7 de la mañana en colectivo, los trajeron. Entraron al lugar donde estaban los chicos los golpearon, apedrearon", añadió Quispe a Radio Universidad.
Sofía Gatica indicó: "Vinieron un montón de gente que trajo la Uocra, mujeres, niños, jóvenes, y nos desalojaron. Quemaron las casas (sic), lograron meter todos los camiones que trajeron de material".
Fiscal Chiapero
El fiscal Víctor Chiapero investiga qué ocurrió en el predio de Monsanto. "Estamos haciendo las evaluaciones en estos momentos, es reciente, para ver cómo solucionamos el problema este", dijo.
El funcionario judicial pidió además que se libere la ruta A-88. Chiapero dijo que no le consta que entre los agresores haya "barrabravas de Talleres".
"En esa primera agresión que hubo esta mañana, hubo algunos lesionados por parte de los ambientalistas pero hasta ahora no han iniciado la acción penal correspondiente, no podemos accionar si no hay una instancia por parte de la víctima de las lesiones. Ahora se está trabajando sobre el corte de ruta", dijo.
Chiapero también solicitó las imágenes registradas por los medios para individualizar a los agresores.
La Uocra responde
Ariel Gutiérrez, delegado del gremio de la construcción, dijo: "Una cuadrilla de trabajadores se iba a presentar hoy para el funcionamiento de máquinas. Se han bajado los trabajadores y se han encontrado con que estaba el portón cerrado. Han recibido lesiones y le han tirado pedradas. Por eso han reaccionado los trabajadores y han venido sus mujeres. Estamos cansados" (ver comunicado de Uocra).
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En Misiones piden más control contra la deforestación
Exigen más presión del Estado para frenar el apeo ilegal del monte nativo
Fecha de Publicación: 28/11/2013
Fuente: Territorio Digital
Provincia/Región: Misiones
Piden que haya puntos de controles fijos en las zonas de mayor actividad irregular. Esperan que en el Congreso de la Nación se avance con los proyectos para la tipificación del apeo como un delito penal
El monte nativo de la selva paranaense tiene su suerte echada, si es que desde el Estado no se actúa con firmeza. Así lo consideran desde los sectores que defienden el cuidado ambiental en la tierra colorada. Es que el apeo ilegal de madera en Misiones, sobre todo en la zona Norte, no se detiene. Sólo las lluvias hicieron que este año mermara el robo de madera, como también el desmonte legal.
Los movimientos ecologistas piden, desde hace tiempo, que el apeo de madera sea tipificado como delito penal, para así “frenar un poco” a quienes desmontan sin permisos ni cuidados. Desde el Estado, en los últimos años, se sumaron al pedido.
Incluso, en las últimas semanas, se avanzó oficialmente en el marco del Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema). Desde septiembre de 2012 un proyecto de ley de la senadora misionera Sandra Giménez, que apunta a esto, espera ser tratado en la Cámara Alta.
Pero la simple declaración del delito no frenará la tala indiscriminada por sí sola. Se necesita de una aplicación consistente de la norma para que se logren resultados. Ahí es donde entra en juego el papel del Estado provincial. Desde los grupos ecologistas piden que se ejerza mayor presión en los controles, para de ese modo frenar el mayor flagelo que azota al monte misionero.
Más presión
Para Domingo Perie, referente de la Agrupación Ecologista Tamanduá, quienes se dedican al apeo ilegal de madera “deben sentir la presión del Estado para parar”. Por eso reclama más controles y que la actividad deje ser una infracción, para transformarse en un delito. “La presencia del Estado va a generar la disminución del apeo. Eso, sumado a la tipificación como delito va a poner un freno, hasta que logremos que se declare la prohibición de talar madera nativa”, afirmó
Por estos días el apeo y transporte de madera nativa, sin los correspondientes permisos, son considerados como una infracción. Esto hace que cortar un árbol nativo y centenario sin permiso tenga el mismo carácter que dejar estacionado el auto en doble fila en una avenida.
Los precios de la madera nativa aumentan, sobre todo porque es cada vez menos la que queda en pie. Los de las multas se mantienen firmes. La relación ganancia/castigo inclina la balanza, siempre, hacia el lado de la ganancia. Y así, a pesar de una multa, de un decomiso o del secuestro temporal de la maquinaria, los infractores reinciden.
“Es preocupante que las maderas de calidad son cada vez más requeridas, entonces se está sacando más, y no sólo sacan sin guías (permisos), también se saca fuera del diámetro permitido”, explica Perie. “Un metro cuadrado de piso de parque de madera de monte tiene precio exorbitante porque se está agotando. Una madera procesada en rollo multiplica su valor varias veces”, sostiene.
Así, el ecologista da cuenta de las dos infracciones más comunes. La falta de guía y la extracción de madera de diámetros diferentes a los autorizados por el Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de Misiones.
Cualquiera de estas dos faltas es contemplada por la ley XVI -7 (Antes Decreto Ley 854/77) y sus decretos regulatorios.
En esta norma se marcan las infracciones y sus castigos. Según explican desde el sector jurídico del Ministerio de Ecología, los montos varían según el tipo de infracción, la madera, la zona de donde se extrajo y otras variantes.
Cinco multas con un camión
Según explica Perie, con un camión de madera nativa sacada de forma irregular del monte que llega a destino se puede cubrir el costo de las multas por el secuestro y decomiso de cinco cargas. Y así y todo quedará una ganancia. Esto hace que la reincidencia en la infracción sea una constante.
Este medio intentó tener acceso a los datos estadísticos sobre los niveles de reincidencia, como también datos sobre la cantidad de decomisos del corriente año y otros datos estadísticos al respecto, pero desde la dirección de Bosques Nativos de Misiones, que lidera Luis Chemes, fueron esquivos y no facilitaron la información.
No obstante ello, ingenieros forestales, ecologistas y empresarios del sector que fueron consultados por este medio sostienen que las multas no intimidan a quienes practican el apeo ilegal como una constante.
Dos rutas
Por la falta de información oficial tampoco se pudo acceder a conocer cuáles son las zonas de Misiones con mayores decomisos. Esto permitiría tener una idea de las zonas con mayor actividad ilegal. Aunque al respecto, según considera Perie, “se agarra muy poco, es más lo que pasa y llega al aserradero. Una vez ahí, ya no hay mucho para hacer. Hay que frenarlos antes de que corten”.
No obstante ello, indicó que las rutas 17 y 20 son las zonas donde con mayor facilidad se nota el apeo ilegal de madera nativa.
Allí separa dos realidades. Por un lado “la de la gente humilde que ocupa terrenos y tala o caza para poder comer”. Por otro “los grandes empresarios que se llevan grandes cantidades de madera para ampliar sus ganancias sin una mínima inversión, ya que la inversión la hizo la naturaleza hace cientos de años”.
“La zona del Yabotí, donde las grandes propiedades son agredidas, también está en riesgo, y las grandes propiedades de la zona Centro también se hace lo suyo”, explicó.
Para Perie, “con cuatro o cinco puntos con controles fijos y de buen trabajo” en las zonas mencionadas “se puede frenar el apeo ilegal”. Esto, sumado a multas más severas. Ambas cuestiones están en manos del Ejecutivo y el Legislativo provincial, mientras se espera que en el Congreso de la Nación se avance con la tipificación del apeo de madera como delito.
Esperando que sea delito
El Gobierno de Misiones, con el aval de otras provincias, reclama se declare como delito penal ambiental el apeo y otras conductas que afectan la conservación de los bosques nativos.
El pedido de la Provincia es similar a la impulsada en el marco de las políticas públicas de protección del ambiente misionero por la senadora Sandra Giménez. Esta legisladora había propuesto, el año pasado, un proyecto de ley para la incorporación al Código Penal Argentino de la figura de “apeo ilegal de los montes nativos”. Esta iniciativa de ley apunta que quienes sean encontrados culpables de ese delito, deban cumplir con penas de prisión efectiva.
La Provincia a través de la ministra de Ecología y Recursos Naturales Renovables, Viviana Rovira, presentó ahora dicha iniciativa en la Asamblea Extraordinaria del Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema) celebrada en Buenos Aires, sobre finales de octubre.
Se pretende convertir en ley el proyecto que establece la tipificación de los delitos ambientales.
La idea fue votada y avalada por las otras provincias y será elevada como documento del Cofema. Esto mismo había solicitado, el año pasado en el mismo ámbito, el gobernador de Misiones, Maurice Closs.
El Consejo Federal de Medio Ambiente es el ámbito institucional de encuentro federal, a los fines de abordar los problemas y las soluciones del medio ambiente en la totalidad del territorio nacional.
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Fecha de Publicación: 28/11/2013
Fuente: Territorio Digital
Provincia/Región: Misiones
Piden que haya puntos de controles fijos en las zonas de mayor actividad irregular. Esperan que en el Congreso de la Nación se avance con los proyectos para la tipificación del apeo como un delito penal
El monte nativo de la selva paranaense tiene su suerte echada, si es que desde el Estado no se actúa con firmeza. Así lo consideran desde los sectores que defienden el cuidado ambiental en la tierra colorada. Es que el apeo ilegal de madera en Misiones, sobre todo en la zona Norte, no se detiene. Sólo las lluvias hicieron que este año mermara el robo de madera, como también el desmonte legal.
Los movimientos ecologistas piden, desde hace tiempo, que el apeo de madera sea tipificado como delito penal, para así “frenar un poco” a quienes desmontan sin permisos ni cuidados. Desde el Estado, en los últimos años, se sumaron al pedido.
Incluso, en las últimas semanas, se avanzó oficialmente en el marco del Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema). Desde septiembre de 2012 un proyecto de ley de la senadora misionera Sandra Giménez, que apunta a esto, espera ser tratado en la Cámara Alta.
Pero la simple declaración del delito no frenará la tala indiscriminada por sí sola. Se necesita de una aplicación consistente de la norma para que se logren resultados. Ahí es donde entra en juego el papel del Estado provincial. Desde los grupos ecologistas piden que se ejerza mayor presión en los controles, para de ese modo frenar el mayor flagelo que azota al monte misionero.
Más presión
Para Domingo Perie, referente de la Agrupación Ecologista Tamanduá, quienes se dedican al apeo ilegal de madera “deben sentir la presión del Estado para parar”. Por eso reclama más controles y que la actividad deje ser una infracción, para transformarse en un delito. “La presencia del Estado va a generar la disminución del apeo. Eso, sumado a la tipificación como delito va a poner un freno, hasta que logremos que se declare la prohibición de talar madera nativa”, afirmó
Por estos días el apeo y transporte de madera nativa, sin los correspondientes permisos, son considerados como una infracción. Esto hace que cortar un árbol nativo y centenario sin permiso tenga el mismo carácter que dejar estacionado el auto en doble fila en una avenida.
Los precios de la madera nativa aumentan, sobre todo porque es cada vez menos la que queda en pie. Los de las multas se mantienen firmes. La relación ganancia/castigo inclina la balanza, siempre, hacia el lado de la ganancia. Y así, a pesar de una multa, de un decomiso o del secuestro temporal de la maquinaria, los infractores reinciden.
“Es preocupante que las maderas de calidad son cada vez más requeridas, entonces se está sacando más, y no sólo sacan sin guías (permisos), también se saca fuera del diámetro permitido”, explica Perie. “Un metro cuadrado de piso de parque de madera de monte tiene precio exorbitante porque se está agotando. Una madera procesada en rollo multiplica su valor varias veces”, sostiene.
Así, el ecologista da cuenta de las dos infracciones más comunes. La falta de guía y la extracción de madera de diámetros diferentes a los autorizados por el Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de Misiones.
Cualquiera de estas dos faltas es contemplada por la ley XVI -7 (Antes Decreto Ley 854/77) y sus decretos regulatorios.
En esta norma se marcan las infracciones y sus castigos. Según explican desde el sector jurídico del Ministerio de Ecología, los montos varían según el tipo de infracción, la madera, la zona de donde se extrajo y otras variantes.
Cinco multas con un camión
Según explica Perie, con un camión de madera nativa sacada de forma irregular del monte que llega a destino se puede cubrir el costo de las multas por el secuestro y decomiso de cinco cargas. Y así y todo quedará una ganancia. Esto hace que la reincidencia en la infracción sea una constante.
Este medio intentó tener acceso a los datos estadísticos sobre los niveles de reincidencia, como también datos sobre la cantidad de decomisos del corriente año y otros datos estadísticos al respecto, pero desde la dirección de Bosques Nativos de Misiones, que lidera Luis Chemes, fueron esquivos y no facilitaron la información.
No obstante ello, ingenieros forestales, ecologistas y empresarios del sector que fueron consultados por este medio sostienen que las multas no intimidan a quienes practican el apeo ilegal como una constante.
Dos rutas
Por la falta de información oficial tampoco se pudo acceder a conocer cuáles son las zonas de Misiones con mayores decomisos. Esto permitiría tener una idea de las zonas con mayor actividad ilegal. Aunque al respecto, según considera Perie, “se agarra muy poco, es más lo que pasa y llega al aserradero. Una vez ahí, ya no hay mucho para hacer. Hay que frenarlos antes de que corten”.
No obstante ello, indicó que las rutas 17 y 20 son las zonas donde con mayor facilidad se nota el apeo ilegal de madera nativa.
Allí separa dos realidades. Por un lado “la de la gente humilde que ocupa terrenos y tala o caza para poder comer”. Por otro “los grandes empresarios que se llevan grandes cantidades de madera para ampliar sus ganancias sin una mínima inversión, ya que la inversión la hizo la naturaleza hace cientos de años”.
“La zona del Yabotí, donde las grandes propiedades son agredidas, también está en riesgo, y las grandes propiedades de la zona Centro también se hace lo suyo”, explicó.
Para Perie, “con cuatro o cinco puntos con controles fijos y de buen trabajo” en las zonas mencionadas “se puede frenar el apeo ilegal”. Esto, sumado a multas más severas. Ambas cuestiones están en manos del Ejecutivo y el Legislativo provincial, mientras se espera que en el Congreso de la Nación se avance con la tipificación del apeo de madera como delito.
Esperando que sea delito
El Gobierno de Misiones, con el aval de otras provincias, reclama se declare como delito penal ambiental el apeo y otras conductas que afectan la conservación de los bosques nativos.
El pedido de la Provincia es similar a la impulsada en el marco de las políticas públicas de protección del ambiente misionero por la senadora Sandra Giménez. Esta legisladora había propuesto, el año pasado, un proyecto de ley para la incorporación al Código Penal Argentino de la figura de “apeo ilegal de los montes nativos”. Esta iniciativa de ley apunta que quienes sean encontrados culpables de ese delito, deban cumplir con penas de prisión efectiva.
La Provincia a través de la ministra de Ecología y Recursos Naturales Renovables, Viviana Rovira, presentó ahora dicha iniciativa en la Asamblea Extraordinaria del Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema) celebrada en Buenos Aires, sobre finales de octubre.
Se pretende convertir en ley el proyecto que establece la tipificación de los delitos ambientales.
La idea fue votada y avalada por las otras provincias y será elevada como documento del Cofema. Esto mismo había solicitado, el año pasado en el mismo ámbito, el gobernador de Misiones, Maurice Closs.
El Consejo Federal de Medio Ambiente es el ámbito institucional de encuentro federal, a los fines de abordar los problemas y las soluciones del medio ambiente en la totalidad del territorio nacional.
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Ahora es Santiago quien degrada el Sali-Dulce
Dos provincias se enfrentan por la contaminación y cauce de un río
Fecha de Publicación: 28/11/2013
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Santiago del Estero -Santa Fe
En Santiago del Estero construyeron un terraplén junto al río Salado que lleva el agua hacia los campos de la provincia, y afecta a los de Santa Fe. La falta de lluvias hizo bajar el caudal de agua y aparecieron miles de peces muertos en Añatuya
El río Salado es motivo de un conflicto entre productores santiagueños y santafesinos debido a la construcción de un desvío que estaba afectando a estos últimos.
En territorio de Santiago del Estero se construyó tiempo atrás un terraplén que estaba derivando el agua hacia campos particulares.
Por esta situación, autoridades del municipio y la cooperativa de agua de la ciudad de Tostado, en Santa Fe, reclamaron que se retire el obstáculo que impide el normal escurrimiento hacia esa provincia.
Los productores santafesinos están exigiendo que Santiago del Estero cumpla con el cupo de tres metros cúbicos por segundo que deben ingresar a esa provincia.
Días atrás, una masiva mortandad de peces se produjo en el sector del río Salado situado en el sudeste de Santiago del Estero, aparentemente como consecuencia del bajo caudal, lo que podría afectar la provisión de agua a la ciudad de Añatuya.
Pobladores rurales encontraron a la altura de la compuerta niveladora, distante a unos siete kilómetros de esa localidad, miles de peces muertos, lo que generó un foco de contaminación importante. Entre las especies que aparecieron flotando había bagres, sábalos y bogas.
El fenómeno estaría vinculado con la notoria bajante del río, como consecuencia de la falta de lluvias en las nacientes, en la provincia de Salta.
La Secretaría del Agua de la provincia aseguró que, por el efecto contaminante que tienen los peces muertos, se extremarán los controles a la hora de potabilizar el agua que se distribuye a través de la red domiciliaria añatuyense.
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Fecha de Publicación: 28/11/2013
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Santiago del Estero -Santa Fe
En Santiago del Estero construyeron un terraplén junto al río Salado que lleva el agua hacia los campos de la provincia, y afecta a los de Santa Fe. La falta de lluvias hizo bajar el caudal de agua y aparecieron miles de peces muertos en Añatuya
El río Salado es motivo de un conflicto entre productores santiagueños y santafesinos debido a la construcción de un desvío que estaba afectando a estos últimos.
En territorio de Santiago del Estero se construyó tiempo atrás un terraplén que estaba derivando el agua hacia campos particulares.
Por esta situación, autoridades del municipio y la cooperativa de agua de la ciudad de Tostado, en Santa Fe, reclamaron que se retire el obstáculo que impide el normal escurrimiento hacia esa provincia.
Los productores santafesinos están exigiendo que Santiago del Estero cumpla con el cupo de tres metros cúbicos por segundo que deben ingresar a esa provincia.
Días atrás, una masiva mortandad de peces se produjo en el sector del río Salado situado en el sudeste de Santiago del Estero, aparentemente como consecuencia del bajo caudal, lo que podría afectar la provisión de agua a la ciudad de Añatuya.
Pobladores rurales encontraron a la altura de la compuerta niveladora, distante a unos siete kilómetros de esa localidad, miles de peces muertos, lo que generó un foco de contaminación importante. Entre las especies que aparecieron flotando había bagres, sábalos y bogas.
El fenómeno estaría vinculado con la notoria bajante del río, como consecuencia de la falta de lluvias en las nacientes, en la provincia de Salta.
La Secretaría del Agua de la provincia aseguró que, por el efecto contaminante que tienen los peces muertos, se extremarán los controles a la hora de potabilizar el agua que se distribuye a través de la red domiciliaria añatuyense.
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Córdoba comienza a decidir que hacer con sus RSU
Exponen tecnologías para tratar los residuos de Córdoba
Fecha de Publicación: 28/11/2013
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Comenzó el evento organizado por Cormecor. Se presentan plantas de MTB, valorización energética y producción de diésel.
Ayer comenzó la serie de exposiciones sobre tratamiento de residuos, de donde surgirá el modelo de gestión que se adoptará para la ciudad de Córdoba y otros 15 municipios. Participan 23 empresas e instituciones nacionales y extranjeras.
La Corporación Intercomunal para la Gestión Sustentable de los Residuos del Área Metropolitana de Córdoba (Cormecor) organiza el evento en el Hotel de la Cañada, en el barrio Güemes de la Capital.
En tanto, ayer hubo denuncias por el manejo de las afiliaciones entre el gremio de Recolectores y Camioneros.
La primera propuesta en presentarse fue de Proactiva, una empresa que pertenece a Veolia, de origen francés y con operatoria en 48 países. En Argentina tiene a su cargo la gestión integral de los residuos sólidos urbanos en Misiones, y recolecta la basura en un sector de la Capital Federal.
Para Córdoba, propuso un sistema que integra una planta de transferencia en la zona norte y otra de tratamiento mecánico biológico (MBT, por sus siglas en inglés), termovalorización y relleno sanitario para el predio del sur.
En una primera etapa que comprende cinco años, la planta de MBT trataría mil toneladas de las 2.460 diarias que estableció en las bases Cormecor. En Argentina, ya hay una planta de MBT operando para la basura del Gran Buenos Aires.
El MBT consta de una primera fase mecánica en la que se separan los residuos húmedos (orgánicos) de los secos (inorgánicos). Lo orgánico se composta de manera aeróbica, mientras que de lo seco se separa lo reciclable y el resto se tritura para convertirlo en CDR (combustible derivado de residuos), que puede ser utilizado por los hornos cementeros.
Para una segunda etapa, que va del quinto año al décimo, propone la termovalorización de 500 toneladas diarias de basura para generar energía eléctrica.
Luego expuso el Ifas (siglas en alemán del Instituto Aplicado de Gestión de Flujo de Materiales), que depende de la Universidad de Birkenfeld, establecida en Alemania y especializada en ciencias ambientales. Propuso una planta de MBT que promete destinar a enterramiento sólo el 10 por ciento de los residuos. A diferencia del tratamiento de Proactiva, Ifas recurre a la digestión anaeróbica de los desechos orgánicos para la producción de biogás y a una tasa superior de reciclado, y coincide con la producción de CDR.
En tercer lugar se presentó Cotreco –que recolecta los residuos en el sur de la ciudad–, asociada con la firma alemana Paal y la española Griñó.
La empresa cordobesa propuso una planta de transferencia, selección, compactación y transporte para el predio de la zona norte. Para el sur, un centro de valorización y un enterramiento sanitario. El proyecto incluye la separación manual o mecánica de lo reciclable, utilizando lo inorgánico restante para la producción de combustible sólido recuperado (CSR).
El resto de lo inorgánico se compacta, enfarda, envuelve en film plástico y se lo coloca en el relleno sanitario.
La propuesta incluye la producción de diésel con el CSR. Según la presentación, se pueden producir con la basura cordobesa, dos mil litros de gasoil por hora.
Después, la firma bonaerense Biomega presentó una propuesta para compostar lo orgánico y reciclar lo inorgánico, o utilizarlo en una planta de valorización energética. Al final, la empresa cordobesa Biosoil propuso tratar restos de poda y de alimentos con compostaje.
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Fecha de Publicación: 28/11/2013
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Comenzó el evento organizado por Cormecor. Se presentan plantas de MTB, valorización energética y producción de diésel.
Ayer comenzó la serie de exposiciones sobre tratamiento de residuos, de donde surgirá el modelo de gestión que se adoptará para la ciudad de Córdoba y otros 15 municipios. Participan 23 empresas e instituciones nacionales y extranjeras.
La Corporación Intercomunal para la Gestión Sustentable de los Residuos del Área Metropolitana de Córdoba (Cormecor) organiza el evento en el Hotel de la Cañada, en el barrio Güemes de la Capital.
En tanto, ayer hubo denuncias por el manejo de las afiliaciones entre el gremio de Recolectores y Camioneros.
La primera propuesta en presentarse fue de Proactiva, una empresa que pertenece a Veolia, de origen francés y con operatoria en 48 países. En Argentina tiene a su cargo la gestión integral de los residuos sólidos urbanos en Misiones, y recolecta la basura en un sector de la Capital Federal.
Para Córdoba, propuso un sistema que integra una planta de transferencia en la zona norte y otra de tratamiento mecánico biológico (MBT, por sus siglas en inglés), termovalorización y relleno sanitario para el predio del sur.
En una primera etapa que comprende cinco años, la planta de MBT trataría mil toneladas de las 2.460 diarias que estableció en las bases Cormecor. En Argentina, ya hay una planta de MBT operando para la basura del Gran Buenos Aires.
El MBT consta de una primera fase mecánica en la que se separan los residuos húmedos (orgánicos) de los secos (inorgánicos). Lo orgánico se composta de manera aeróbica, mientras que de lo seco se separa lo reciclable y el resto se tritura para convertirlo en CDR (combustible derivado de residuos), que puede ser utilizado por los hornos cementeros.
Para una segunda etapa, que va del quinto año al décimo, propone la termovalorización de 500 toneladas diarias de basura para generar energía eléctrica.
Luego expuso el Ifas (siglas en alemán del Instituto Aplicado de Gestión de Flujo de Materiales), que depende de la Universidad de Birkenfeld, establecida en Alemania y especializada en ciencias ambientales. Propuso una planta de MBT que promete destinar a enterramiento sólo el 10 por ciento de los residuos. A diferencia del tratamiento de Proactiva, Ifas recurre a la digestión anaeróbica de los desechos orgánicos para la producción de biogás y a una tasa superior de reciclado, y coincide con la producción de CDR.
En tercer lugar se presentó Cotreco –que recolecta los residuos en el sur de la ciudad–, asociada con la firma alemana Paal y la española Griñó.
La empresa cordobesa propuso una planta de transferencia, selección, compactación y transporte para el predio de la zona norte. Para el sur, un centro de valorización y un enterramiento sanitario. El proyecto incluye la separación manual o mecánica de lo reciclable, utilizando lo inorgánico restante para la producción de combustible sólido recuperado (CSR).
El resto de lo inorgánico se compacta, enfarda, envuelve en film plástico y se lo coloca en el relleno sanitario.
La propuesta incluye la producción de diésel con el CSR. Según la presentación, se pueden producir con la basura cordobesa, dos mil litros de gasoil por hora.
Después, la firma bonaerense Biomega presentó una propuesta para compostar lo orgánico y reciclar lo inorgánico, o utilizarlo en una planta de valorización energética. Al final, la empresa cordobesa Biosoil propuso tratar restos de poda y de alimentos con compostaje.
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