Acuerdo nuclear con China para la cuarta nuclear
09:12 | 
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Acuerdo nuclear con firma china
Fecha de Publicación: 30/01/2013
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Nacional
El ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, encabezó ayer la firma de dos acuerdos suscriptos entre Nucleoeléctrica Argentina (NASA) y la Corporación Nacional Nuclear de China (CNNC), que contemplan aspectos vinculados a la futura construcción en el país de la cuarta central nuclear.
El primer acuerdo se refiere a la cooperación recíproca en temas relacionados con reactores de uranio natural, incluyendo ingeniería, construcción, operación y mantenimiento, así como fabricación y almacenaje de combustible nuclear, licenciamiento, extensión de vida y avances tecnológicos. Este convenio está orientado tanto a centrales locales ya en operación como a futuros proyectos, informó la cartera de Planificación Federal en un comunicado.
Por otra parte, a través de un segundo acuerdo, se estipuló la posibilidad de que Argentina actúe como plataforma tecnológica para que en conjunto –y con transferencia de tecnología y provisión de bienes y servicios de origen chino– se puedan ofrecer centrales nucleares de tecnología a terceros países con contenido argentino.
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Fecha de Publicación: 30/01/2013
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Nacional
El ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, encabezó ayer la firma de dos acuerdos suscriptos entre Nucleoeléctrica Argentina (NASA) y la Corporación Nacional Nuclear de China (CNNC), que contemplan aspectos vinculados a la futura construcción en el país de la cuarta central nuclear.
El primer acuerdo se refiere a la cooperación recíproca en temas relacionados con reactores de uranio natural, incluyendo ingeniería, construcción, operación y mantenimiento, así como fabricación y almacenaje de combustible nuclear, licenciamiento, extensión de vida y avances tecnológicos. Este convenio está orientado tanto a centrales locales ya en operación como a futuros proyectos, informó la cartera de Planificación Federal en un comunicado.
Por otra parte, a través de un segundo acuerdo, se estipuló la posibilidad de que Argentina actúe como plataforma tecnológica para que en conjunto –y con transferencia de tecnología y provisión de bienes y servicios de origen chino– se puedan ofrecer centrales nucleares de tecnología a terceros países con contenido argentino.
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Dicen que la Barrick no afectó los glaciares
Las minas en producción no dañan glaciares
Fecha de Publicación: 30/01/2013
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: San Juan
Revelaron que Veladero no afecta las masas de hielo y que Lama tampoco lo hará. Más adelante estudiarán el impacto en los que están en exploración. Es para cumplir con la Ley de Glaciares.
El Gobierno provincial, a través de la Unidad Especial de Auditoría Ambiental, hizo público ayer los trabajos que atendían a dar cumplimiento con la Ley de Protección de Glaciares y así saber si la minería afecta los cuerpos de hielo. El resultado: la mina Veladero, que está en producción desde el año 2005, no los daña; y Lama, que en algo más de un año entrará en esa fase, tampoco lo hará. En el caso de Casposo y Gualcamayo, que están a baja altura, no hay presencia de glaciares. Además, en los próximos meses se conocerá el estudio de los proyectos El Pachón y Altar, ambos de cobre y en etapa de exploración, y luego será el turno para Los Azules. Todos los informes serán enviados apenas se reanude la actividad judicial a la Corte Suprema de Justicia, según precisó el fiscal de Estado, Guillermo De Sanctis (ver recuadro en pág. 3).
El informe que ayer se presentó apunta a despejar las dudas que las organizaciones ambientalistas mantienen para con la actividad y en especial con los proyectos manejados por la minera canadiense Barrick. Según informaron, “no existe impacto actual, generado o potencial por superposición de actividad minera u obras de infraestructura actuales o proyectadas en el áreas de estudio, sobre glaciares descubiertos, de escombros activos o inactivos”. Además aclara en otro párrafo que tampoco se han visto afectados por la dispersión de polvo, un aspecto que en el último tiempo despertó dudas.
“Éste es un hecho trascendente porque tiene que ver con la producción y el desarrollo de San Juan, pero fundamentalmente con el cuidado del medio ambiente que es la premisa central de quienes tenemos la responsabilidad de gobernar. Estamos cumpliendo con una ley que consideramos inconstitucional, porque las provincias tienen la autonomía para hacerlo y lo vamos a seguir defendiendo. Incluso antes nosotros sacamos una ley de Glaciares, pero como está vigente la ley nacional hay que cumplirla”, dijo ayer el gobernador Gioja en rueda de prensa.
Informe que va a la Corte. El documento que realizó la Unidad Especial de Auditoría Ambiental irá de inmediato al máximo tribunal de Justicia, la Corte Suprema. Guillermo De Sanctis, fiscal de Estado de la provincia, dijo ayer en la presentación de los resultados que la semana que viene (cuando se reanuda la actividad en Tribunales) llevarán esta información a Capital Federal.
“Ya en diciembre presentamos un informe de avance del estado de la auditoría ambiental y ahora vamos con la conclusión en el caso de los proyectos Veladero y Lama. Así es que corresponde como representante legal de la provincia en este juicio llevar a consideración del máximo tribunal los alcances de este informe”, dijo De Sanctis.
El exasesor legal de Gobierno aclaró tras cartón que si bien presentarán esta documentación, consideran “innecesario hacerlo en virtud que estos emprendimientos mineros ya dieron cuenta de su informe de impacto ambiental en su oportunidad”.
En el Gobierno provincial es vox populi que la intención es seguir trabajando en el camino que apunta a hacer valer la autonomía que gozan las provincias en este tipo de coyunturas, pero a la vez saben que intertanto tendrán que cumplir con la ley nacional vigente.
Cómo y quiénes la hicieron:
La Unidad Especial de Auditoría Ambiental, que es la encargada de hacer este trabajo, debe rendirle cuentas al Consejo Provincial de Coordinación para la Protección de Glaciares, y estuvo timoneada en esta primera parte de los trabajos por dos hombres de la Subsecretaría de Recursos Hídricos -Jorge Millón y Mauricio Lohay- y otros dos del Ministerio de Minería -Marcelo Ghiglione y Roberto Luna-. Estaba previsto que sean parte del mismo especialistas de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), pero según Millón “nos informaron que de esta primera fase les era imposible participar y sí lo harán en las otras”.
Vale recordar que había sido invitado el año pasado para esta tarea el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla), pero como este organismo es el encargado del inventario de glaciares se justificaron que no podían ser “juez y parte”. Atrás también quedó la posibilidad de auditorías externas, con la contratación de consultoras internacionales.
En cuanto a la zona en la que se trabajó con las tareas de campo, se ubicó a unos 350 km al noroeste de la capital sanjuanina, entre los 3.800 y 5300 metros sobre el nivel del mar y bajo las coordenadas 29º 20° Latitud Sur y 70º 00° Longitud Oeste, precisaron. Se trabajaron con relevamientos in situ y con imágenes satelitales.
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Fecha de Publicación: 30/01/2013
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: San Juan
Revelaron que Veladero no afecta las masas de hielo y que Lama tampoco lo hará. Más adelante estudiarán el impacto en los que están en exploración. Es para cumplir con la Ley de Glaciares. El Gobierno provincial, a través de la Unidad Especial de Auditoría Ambiental, hizo público ayer los trabajos que atendían a dar cumplimiento con la Ley de Protección de Glaciares y así saber si la minería afecta los cuerpos de hielo. El resultado: la mina Veladero, que está en producción desde el año 2005, no los daña; y Lama, que en algo más de un año entrará en esa fase, tampoco lo hará. En el caso de Casposo y Gualcamayo, que están a baja altura, no hay presencia de glaciares. Además, en los próximos meses se conocerá el estudio de los proyectos El Pachón y Altar, ambos de cobre y en etapa de exploración, y luego será el turno para Los Azules. Todos los informes serán enviados apenas se reanude la actividad judicial a la Corte Suprema de Justicia, según precisó el fiscal de Estado, Guillermo De Sanctis (ver recuadro en pág. 3).
El informe que ayer se presentó apunta a despejar las dudas que las organizaciones ambientalistas mantienen para con la actividad y en especial con los proyectos manejados por la minera canadiense Barrick. Según informaron, “no existe impacto actual, generado o potencial por superposición de actividad minera u obras de infraestructura actuales o proyectadas en el áreas de estudio, sobre glaciares descubiertos, de escombros activos o inactivos”. Además aclara en otro párrafo que tampoco se han visto afectados por la dispersión de polvo, un aspecto que en el último tiempo despertó dudas.
“Éste es un hecho trascendente porque tiene que ver con la producción y el desarrollo de San Juan, pero fundamentalmente con el cuidado del medio ambiente que es la premisa central de quienes tenemos la responsabilidad de gobernar. Estamos cumpliendo con una ley que consideramos inconstitucional, porque las provincias tienen la autonomía para hacerlo y lo vamos a seguir defendiendo. Incluso antes nosotros sacamos una ley de Glaciares, pero como está vigente la ley nacional hay que cumplirla”, dijo ayer el gobernador Gioja en rueda de prensa.
Informe que va a la Corte. El documento que realizó la Unidad Especial de Auditoría Ambiental irá de inmediato al máximo tribunal de Justicia, la Corte Suprema. Guillermo De Sanctis, fiscal de Estado de la provincia, dijo ayer en la presentación de los resultados que la semana que viene (cuando se reanuda la actividad en Tribunales) llevarán esta información a Capital Federal.
“Ya en diciembre presentamos un informe de avance del estado de la auditoría ambiental y ahora vamos con la conclusión en el caso de los proyectos Veladero y Lama. Así es que corresponde como representante legal de la provincia en este juicio llevar a consideración del máximo tribunal los alcances de este informe”, dijo De Sanctis.
El exasesor legal de Gobierno aclaró tras cartón que si bien presentarán esta documentación, consideran “innecesario hacerlo en virtud que estos emprendimientos mineros ya dieron cuenta de su informe de impacto ambiental en su oportunidad”.
En el Gobierno provincial es vox populi que la intención es seguir trabajando en el camino que apunta a hacer valer la autonomía que gozan las provincias en este tipo de coyunturas, pero a la vez saben que intertanto tendrán que cumplir con la ley nacional vigente.
Cómo y quiénes la hicieron:
La Unidad Especial de Auditoría Ambiental, que es la encargada de hacer este trabajo, debe rendirle cuentas al Consejo Provincial de Coordinación para la Protección de Glaciares, y estuvo timoneada en esta primera parte de los trabajos por dos hombres de la Subsecretaría de Recursos Hídricos -Jorge Millón y Mauricio Lohay- y otros dos del Ministerio de Minería -Marcelo Ghiglione y Roberto Luna-. Estaba previsto que sean parte del mismo especialistas de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), pero según Millón “nos informaron que de esta primera fase les era imposible participar y sí lo harán en las otras”.
Vale recordar que había sido invitado el año pasado para esta tarea el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla), pero como este organismo es el encargado del inventario de glaciares se justificaron que no podían ser “juez y parte”. Atrás también quedó la posibilidad de auditorías externas, con la contratación de consultoras internacionales.
En cuanto a la zona en la que se trabajó con las tareas de campo, se ubicó a unos 350 km al noroeste de la capital sanjuanina, entre los 3.800 y 5300 metros sobre el nivel del mar y bajo las coordenadas 29º 20° Latitud Sur y 70º 00° Longitud Oeste, precisaron. Se trabajaron con relevamientos in situ y con imágenes satelitales.
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Salta confirma desmontes, pero dice que son legales
Confirman desmontes a partir del año 2007
Fecha de Publicación: 29/01/2013
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Salta
El secretario de Ambiente, Gustavo Paul, confirmó ayer que desde la sanción de la Ley de Bosques, en noviembre de 2007, en territorio salteño se desmontaron alrededor de 235 mil hectáreas. El funcionario corrigió de ese modo una información publicada en Informate Salta, una página digital oficialista que suele difundir y fundamentar noticias que le interesan al Gobierno provincial.
Ese medio le atribuyó a Paul haber reconocido desmontes del orden de 470 mil hectáreas.
Consultado por El Tribuno, el ingeniero Paul explicó que se desmontaron 108 mil hectáreas en 2008 y el resto, unas 120 mil más, entre 2009 y 2012. Además aclaró que esa superficie se encuentra en las áreas del ordenamiento territorial promulgado en 2010 donde está permitido el desmonte o, en todo caso, puede ser autorizado. Puntualizó, también, que los desmontes no se produjeron en San Martín, Orán ni Rivadavia, zonas que estuvieron vedadas para esta actividad por la Suprema Corte entre 2008 y 2011.
La flexibilidad
El Informe de la Secretaría de Ambiente de la Nación detonó una serie de críticas donde se apunta que los desmontes en cuestión fueron realizados sin asambleas vecinales previas. Salta cuenta con casi 8.500.000 hectáreas actualmente sometidas al régimen de agroganadería espontánea, con tala y desmonte sin control y pastoreo sin manejo. Ese territorio, en vías de degradación irreversible, podría ser incorporado a la actividad productiva moderna, con conservación de bosques, reforestación, protección del suelo y de las escorrantías de agua. Además, incluiría una amplia porción de tierra a la producción de agroalimentos, con gran generación de empleo.
El ordenamiento territorial establece 1.294.778 hectáreas en la Categoría I Rojo (áreas protegidas, no se permite desmonte ni aprovechamiento forestal); 5.393.018 hectáreas en la Categoría II Amarillo (permite aprovechamiento forestal, no permite desmontes), y 1.592.366 hectáreas en la Categoría III Verde (permite su desmonte parcial).
La mayor superficie verde se encuentra al sur de la provincia. Pero el grueso de la superficie con potencial de explotación está en amarillo, lo cual deja lugar a una flexibilización extrema en la aplicación de la norma.
A esto se agrega el decreto 221, de 2010, donde se hace lugar a la posibilidad de que determinados productores pidan la recategorización del área. Este decreto funcionaría como gatillo para una aplicación discrecional del ordenamiento.
Según informaron ayer diputados de la oposición, el Gobierno provincial nunca informó con precisión el detalle catastral del ordenamiento. El mapa tiene los tres colores, pero ningún plano catastral que delimite cada espacio bloqueado. Lo llamativo de los desmontes en cuestión es la contradicción entre las organizaciones urbanas del ambientalismo, que satanizan el avance agropecuario y el desarrollo de las zonas marginales, y las autoridades políticas, que intentan coquetear entre esos prejuicios y las necesidades de las provincias.
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Fecha de Publicación: 29/01/2013
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Salta
El secretario de Ambiente, Gustavo Paul, confirmó ayer que desde la sanción de la Ley de Bosques, en noviembre de 2007, en territorio salteño se desmontaron alrededor de 235 mil hectáreas. El funcionario corrigió de ese modo una información publicada en Informate Salta, una página digital oficialista que suele difundir y fundamentar noticias que le interesan al Gobierno provincial.Ese medio le atribuyó a Paul haber reconocido desmontes del orden de 470 mil hectáreas.
Consultado por El Tribuno, el ingeniero Paul explicó que se desmontaron 108 mil hectáreas en 2008 y el resto, unas 120 mil más, entre 2009 y 2012. Además aclaró que esa superficie se encuentra en las áreas del ordenamiento territorial promulgado en 2010 donde está permitido el desmonte o, en todo caso, puede ser autorizado. Puntualizó, también, que los desmontes no se produjeron en San Martín, Orán ni Rivadavia, zonas que estuvieron vedadas para esta actividad por la Suprema Corte entre 2008 y 2011.
La flexibilidad
El Informe de la Secretaría de Ambiente de la Nación detonó una serie de críticas donde se apunta que los desmontes en cuestión fueron realizados sin asambleas vecinales previas. Salta cuenta con casi 8.500.000 hectáreas actualmente sometidas al régimen de agroganadería espontánea, con tala y desmonte sin control y pastoreo sin manejo. Ese territorio, en vías de degradación irreversible, podría ser incorporado a la actividad productiva moderna, con conservación de bosques, reforestación, protección del suelo y de las escorrantías de agua. Además, incluiría una amplia porción de tierra a la producción de agroalimentos, con gran generación de empleo.
El ordenamiento territorial establece 1.294.778 hectáreas en la Categoría I Rojo (áreas protegidas, no se permite desmonte ni aprovechamiento forestal); 5.393.018 hectáreas en la Categoría II Amarillo (permite aprovechamiento forestal, no permite desmontes), y 1.592.366 hectáreas en la Categoría III Verde (permite su desmonte parcial).
La mayor superficie verde se encuentra al sur de la provincia. Pero el grueso de la superficie con potencial de explotación está en amarillo, lo cual deja lugar a una flexibilización extrema en la aplicación de la norma.
A esto se agrega el decreto 221, de 2010, donde se hace lugar a la posibilidad de que determinados productores pidan la recategorización del área. Este decreto funcionaría como gatillo para una aplicación discrecional del ordenamiento.
Según informaron ayer diputados de la oposición, el Gobierno provincial nunca informó con precisión el detalle catastral del ordenamiento. El mapa tiene los tres colores, pero ningún plano catastral que delimite cada espacio bloqueado. Lo llamativo de los desmontes en cuestión es la contradicción entre las organizaciones urbanas del ambientalismo, que satanizan el avance agropecuario y el desarrollo de las zonas marginales, y las autoridades políticas, que intentan coquetear entre esos prejuicios y las necesidades de las provincias.
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En Córdoba marchan contra Monsanto
En Malvinas Argentinas hoy marchan contra Monsanto
Fecha de Publicación: 29/01/2013
Fuente: La Mañana de Córdoba
Provincia/Región: Córdoba
Los vecinos de esa localidad se manifestarán a las 18 para exigir una consulta popular sobre la eventual radicación de la firma. También habrá movilizaciones en Entre Ríos y Buenos Aires, por lo que se tratará de una acción nacional.
Los vecinos de Malvinas Argentinas se movilizarán hoy en rechazo a la radicación de la planta de Monsanto en la localidad y exigiendo la consulta popular. La marcha tendrá lugar hoy desde la 18 y la concentración será en la Ruta nacional A88 y la calle San Martín.
Se dirigirán hacia la Municipalidad local donde exigirán al intendente y concejales que llamen a una consulta popular para decidir sobre la instalación de la planta de Monsanto en el lugar.
Vale recordar que la justicia ordenó a la multinacional no comenzar a operar hasta tanto no se tenga el informe ambiental. Sin embargo, en el predio la firma continúa con la construcción de la misma.
En tanto, la movilización contará con el apoyo de los vecinos de Entre Ríos, que marcharán a la misma hora hasta la Plaza 1 de mayo, mientras en Buenos Aires la Asamblea Millones Contra Monsanto se dirigirán hasta la Casa de Córdoba.
La medida de hoy fue decidida por los vecinos tras la comunicación de la Municipalidad de Malvinas Argentinas sobre la aprobación comunal para la construcción de la planta.
El anuncio despertó indignación entre los vecinos que dijeron sentirse “traicionados por el intendente Daniel Arzani, que les había prometido la consulta popular”.
La Asamblea de vecinos “Malvinas lucha por la vida”, difundió recientemente un video en el que durante una reunión entre el intendente y los vecinos, un especialista ambiental, señalaba que los deshechos de la planta se quemarían en Malagueño, lo que daría inicio a otro capítulo en la pelea por el funcionamiento de Monsanto y los productos tóxicos que la planta utiliza para el tratamiento de los granos.
En tanto, señalaron como “una mentira que Monsanto vaya a utilizar sólo 40 mililitros cúbicos de agua, cuando en el proyecto figura que por día se utilizarían 100 mililitros cúbicos”.
El proyecto productivo de la cuestionada multinacional generará 400 nuevos puestos de trabajo directos en la zona, que pueden duplicarse durante la obra. Monsanto invertirá $1.500 millones de pesos para el desarrollo de esta nueva planta que será la primera de su tipo en Córdoba constituyendo, en la actualidad, la mayor inversión privada en la Provincia.
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Fecha de Publicación: 29/01/2013
Fuente: La Mañana de Córdoba
Provincia/Región: Córdoba
Los vecinos de esa localidad se manifestarán a las 18 para exigir una consulta popular sobre la eventual radicación de la firma. También habrá movilizaciones en Entre Ríos y Buenos Aires, por lo que se tratará de una acción nacional.Los vecinos de Malvinas Argentinas se movilizarán hoy en rechazo a la radicación de la planta de Monsanto en la localidad y exigiendo la consulta popular. La marcha tendrá lugar hoy desde la 18 y la concentración será en la Ruta nacional A88 y la calle San Martín.
Se dirigirán hacia la Municipalidad local donde exigirán al intendente y concejales que llamen a una consulta popular para decidir sobre la instalación de la planta de Monsanto en el lugar.
Vale recordar que la justicia ordenó a la multinacional no comenzar a operar hasta tanto no se tenga el informe ambiental. Sin embargo, en el predio la firma continúa con la construcción de la misma.
En tanto, la movilización contará con el apoyo de los vecinos de Entre Ríos, que marcharán a la misma hora hasta la Plaza 1 de mayo, mientras en Buenos Aires la Asamblea Millones Contra Monsanto se dirigirán hasta la Casa de Córdoba.
La medida de hoy fue decidida por los vecinos tras la comunicación de la Municipalidad de Malvinas Argentinas sobre la aprobación comunal para la construcción de la planta.
El anuncio despertó indignación entre los vecinos que dijeron sentirse “traicionados por el intendente Daniel Arzani, que les había prometido la consulta popular”.
La Asamblea de vecinos “Malvinas lucha por la vida”, difundió recientemente un video en el que durante una reunión entre el intendente y los vecinos, un especialista ambiental, señalaba que los deshechos de la planta se quemarían en Malagueño, lo que daría inicio a otro capítulo en la pelea por el funcionamiento de Monsanto y los productos tóxicos que la planta utiliza para el tratamiento de los granos.
En tanto, señalaron como “una mentira que Monsanto vaya a utilizar sólo 40 mililitros cúbicos de agua, cuando en el proyecto figura que por día se utilizarían 100 mililitros cúbicos”.
El proyecto productivo de la cuestionada multinacional generará 400 nuevos puestos de trabajo directos en la zona, que pueden duplicarse durante la obra. Monsanto invertirá $1.500 millones de pesos para el desarrollo de esta nueva planta que será la primera de su tipo en Córdoba constituyendo, en la actualidad, la mayor inversión privada en la Provincia.
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Quieren extraer el potasio en Malargüe si o si
"El proyecto es con o sin la empresa"
Fecha de Publicación: 29/01/2013
Fuente: Río Negro On Line
Provincia/Región: Mendoza
El gobernador de Mendoza, Francisco Pérez, advirtió ayer que su "decisión política" es llevar adelante el proyecto minero de extracción de sales de potasio en Malargüe "con o sin Vale", la empresa de capitales brasileños que en los últimos días suspendió los trabajos. Reveló que la compañía pretende un diferimiento del IVA pero el gobierno argentino no está dispuesto a concederlo.
Esa situación fue analizada también este fin de semana por las presidentas Cristina Fernández de Kirchner y Dilma Rousseff en Chile, reveló el gobernador Pérez. Dijo que se expuso la posibilidad de que Vale cuente "con un recorrido alternativo de ferrocarril que una el proyecto Potasio Río Colorado en Mendoza con Buenos Aires (Bahía Blanca), así como mejorar los costos en las dos provincias en lo que fuera posible y analizar la situación de la empresa, los proyectos y alternativas".
"Hay muchísimos interesados y esto es lo que se le hizo saber también a la presidenta de Brasil. Hay muchos interesados en asociarse con Vale y si Vale se retira del negocio (vamos a) ir hacia delante, es un emprendimiento muy importante", añadió. "Hoy el potasio es un fertilizante comestible que se utiliza para recuperar los campos de cultivo intensivo, como maíz, soja, trigo con grandes extensiones en todo el mundo. Es un producto valiosísimo y además cotiza muy bien en bolsa", resaltó el mandatario.
Pérez apuntó que en la reunión bilateral con Rousseff "se plantearon alternativas como buscar algún socio para que agregue financiamiento al proyecto".
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Fecha de Publicación: 29/01/2013
Fuente: Río Negro On Line
Provincia/Región: Mendoza
El gobernador de Mendoza, Francisco Pérez, advirtió ayer que su "decisión política" es llevar adelante el proyecto minero de extracción de sales de potasio en Malargüe "con o sin Vale", la empresa de capitales brasileños que en los últimos días suspendió los trabajos. Reveló que la compañía pretende un diferimiento del IVA pero el gobierno argentino no está dispuesto a concederlo.
Esa situación fue analizada también este fin de semana por las presidentas Cristina Fernández de Kirchner y Dilma Rousseff en Chile, reveló el gobernador Pérez. Dijo que se expuso la posibilidad de que Vale cuente "con un recorrido alternativo de ferrocarril que una el proyecto Potasio Río Colorado en Mendoza con Buenos Aires (Bahía Blanca), así como mejorar los costos en las dos provincias en lo que fuera posible y analizar la situación de la empresa, los proyectos y alternativas".
"Hay muchísimos interesados y esto es lo que se le hizo saber también a la presidenta de Brasil. Hay muchos interesados en asociarse con Vale y si Vale se retira del negocio (vamos a) ir hacia delante, es un emprendimiento muy importante", añadió. "Hoy el potasio es un fertilizante comestible que se utiliza para recuperar los campos de cultivo intensivo, como maíz, soja, trigo con grandes extensiones en todo el mundo. Es un producto valiosísimo y además cotiza muy bien en bolsa", resaltó el mandatario.
Pérez apuntó que en la reunión bilateral con Rousseff "se plantearon alternativas como buscar algún socio para que agregue financiamiento al proyecto".
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Salta alcanza récord de deforestación
Urtubey marcó un récord de deforestación clandestina
Fecha de Publicación: 28/01/2013
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Salta
La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación admite, en un informe que no fue dado a publicidad oficialmente, que la Ley de Bosques sancionada el noviembre de 2007 fracasó por completo: en los últimos cinco años desaparecieron un millón de hectáreas de monte nativo. De ese total, 236.246 hectáreas se encuentran en territorio salteño.
El informe fue difundido por el movimiento político Los Verdes que encabeza el exdirectivo de Greenpeace, Juan Carlos Villalonga, quien participó de la colocación en un ternero de un collar satelital para rastreo de yaguaretés.
Santiago del Estero encabezaría los desmontes posteriores a 2007, con 453.551 hectáreas, seguida por Salta (236.246), Formosa (129.603), Chaco (110.889), San Luis (37.483), Misiones (21.406), Tucumán (18.478) y Catamarca (12.164).
El proyecto de Ley de Bosques había sido presentado en la Cámara de Diputados a fines de 2006 por el activista porteño Miguel Bonasso, quien tomara un proyecto redactado por Greenpeace. La iniciativa condenaba a todas las provincias del Norte a paralizar el desarrollo rural. Los diputados salteños Osvaldo Salum y Beatriz Daher detectaron en ese momento la gravedad de la iniciativa y lograron frenar el primer dictamen que el oficialismo, por orden expresa del entonces jefe de Gabinete Alberto Fernández, trataba de sancionar en trámite sumario. La reacción de los legisladores de otras provincias afectadas, especialmente, Misiones, Chaco y Santa Fe, se sumaron a la resistencia. El proyecto logró media sanción en Diputados, con la negativa de gran parte de los diputados del NOA y NEA. En esa sesión, con Villalonga en un palco del recinto, sólo se escucharon fundamentaciones en contra, pero se impuso el número que respondía al Poder Ejecutivo. Entre los salteños, votaron en contra Salum, Daher, Andrés Zottos, Antonio Lovaglio y Carlos “Querubín” Sosa. Los oficialistas Juan Manuel Urtubey y Susana Canela se sumaron a la iniciativa de Bonasso.
En el Senado, los salteños Marcelo López Arias y Sonia Escudero encabezaron el tratamiento y tras meses de consultas con expertos, redactaron otra ley, que nada tenía que ver con la de Bonasso y Villalonga.
Ordenamiento trucho
La Ley Nacional (26.331) de Bosques se aprobó a fines de 2007.
Con Urtubey ya como gobernador, la Legislatura sancionó una ley de ordenamiento territorial acorde a las necesidades de desarrollo agropecuario y el Poder Ejecutivo la distorsionó estableciendo un cepo que impide en los hechos el desarrollo rural, pero que permite que continúe la deforestación irregular, ya sea por desmontes clandestinos blanqueados con procedimientos oscuros o por la acción predatoria del pastoreo que produjo la mayor desertificación.
Urtubey dejó la política ambiental en manos del biólogo de la UNSa, Julio Nasser, propuesto por la entonces rectora Stella Maris Pérez de Bianchi, quien organizaba campañas ambientalistas animadas por el rockero porteño Gustavo Cordera. El ordenamiento estuvo a cargo de antropólogos, porque se priorizó la estrategia social antes que el desarrollo agroganadero moderno.
¿Qué pasa con la plata?
El informe de la SAyDS indica que en febrero de 2011, Santiago del Estero, Salta, San Luis, Chaco, Catamarca, Formosa, Tucumán y Misiones habían recibido unos 114 millones de pesos en concepto de Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos y destaca en este punto que, a pesar de ello, el desmonte prosiguió.
Lo cierto es que la ley 26.331, en su artículo 31 incisos a y b, estableció una partida no menor del 0,3 por ciento del Presupuesto Nacional, es decir 1.515 millones de pesos.
Adicionalmente, una asignación específica del dos por ciento de las retenciones a las exportaciones de productos primarios y secundarios provenientes de la agricultura, ganadería y sector forestal, que elevaría el monto a 2.327 millones de pesos en 2012.
Enorme diferencia
La diferencia es abismal y ninguna provincia reclamó por eso. Salta, tampoco.
Ni durante la gestión de Julio Nasser, de su sucesor Francisco López Sastre ni ahora, con Alfredo de Angelis al frente del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia.
Cabe señalar que en ese lapso, la provincia recibió unos 150 millones de pesos que se utilizaron como subsidios, pero que equivalen al diez por ciento de lo que correspondería según la ley y, además, no fueron aplicados a compensar económicamente a los dueños de los bosques nativos por la renta que pierden para conservar la biodiversidad que establece la legislación.
Depredación sin desarrollo
En 2012, un estudio de la Red Agroforestal Chaco Argentina ya había advertido que unas 100 mil hectáreas de bosque nativo fueron desmontadas ilegalmente en Salta desde 2008. El análisis destacó que “no se respetaron las zonas de prohibición de desmontes definidas por el Ordenamiento Territorial sancionado por la legislatura provincial”, y que “tampoco se respetaron las restricciones fijadas por la Corte Suprema de Justicia tras denuncias de organizaciones de campesinos e indígenas”. El informe contó con el apoyo técnico de la Facultad de Agronomía de la UBA y el INTA Salta. Las 100 mil hectáreas desmontadas en los últimos cuatro años corresponden, dice, a zonas señaladas como “de mediano y alto valor de conservación”. El caso salteño es especial, porque las irregularidades no solo frenan la instalación de establecimientos modernos con capacidad para generar empleo, sino que favorecen un entramado oscuro, donde, al margen de la ley que regula el desarrollo, se depreda mucho más que con una política agroganadera de la que Salta carece. En 2012, la Defensoría del Pueblo de la Nación constató desmontes en zonas prohibidas de Dragones, violencia sobre comunidades, incumplimiento de leyes nacionales y provinciales y falta de control por parte del gobierno provincial.
El conjunto de contradicciones e irregularidades se agrava si se tiene en cuenta que entre 2008 y 2011, la tala y el desmonte estuvieron prohibidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con una muy endeble defensa de parte del Ejecutivo provincial. Luego de tres años de paralización del desarrollo rural se declaró incompetente -lo que se sabía desde el principio- y devolvió la cuestión a la Justicia salteña, que nada hizo al respecto hasta ahora.
Intento de estafa con fondos de bosues
Un intento de estafa con fondos de la ley de Bosques fue decisiva en la salida del gabinete del exministro de Ambiente, Francisco López Sastre, en febrero del año pasado. El hecho se conoció cuando un empleado del banco Macro se percató de una irregularidad por parte de personas que, en dos oportunidades, intentaron crear cuentas para recibir fondos previstos por esa normativa a nombre de personas fallecidas, por un total de $258 mil.
López Sastre no pudo convencer a nadie con sus explicaciones y generó amplio rechazo cuando intentó desligarse del tema. A los senadores que lo habían citado les dijo que “si se concretaba la estafa, la culpa era del banco”, basándose en su criterio de que los controles dentro de la cartera que conducía habían sido “impecables”. Y dijo que el otorgamiento de los fondos eran responsabilidad compartida entre el Ministerio y la entidad bancaria: “La única forma de que se haga efectivo el pago es que concurra el titular de las tierras; nosotros no podemos negar que un gestor o un apoderado haga todos los trámites en el ministerio”.
En el medio de la polémica, que el Gobierno de la Provincia no pudo contener, el primer en salir del gabinete Juan Carlos Godoy, quien estaba a cargo de la agencia de Bosques Nativos. Luego le siguieron López Sastre y los subsecretarios de Gestión Ambiental, Emiliano Venier, y de Ordenamiento Territorial, Sebastián Varela.
El juez Federal 2, Miguel Medina, se hizo cargo de la investigación en la que decidió procesar a tres particulares y tres exfuncionarios en la causa que se abrió por el irregular sistema para entrega de fondos nacionales que corresponden a la conservación de Bosques.
Los procesados fueron José Luis Yáñez Benítez y Oscar Vázquez, por falsificación de documento y fraude a la administración pública en grado de tentativa; Julio Chávez por posible participación en el delito de fraude a la administración pública; el exsecretario de Ambiente Sebastián Varela, el extitular de la agencia de Bosques Nativos, Juan Carlos Godoy, y a la exasesora legal del desaparecido Ministerio, María Angeles Finetti, los tres por incumplimiento de deberes de funcionario público. El juez dictó la falta de mérito sobre la exsecretaria privada del Ministerio, Silvina Guillou, y liberó a Oscar Vázquez, quien estuvo encarcelado 10 meses por esta causa.
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Fecha de Publicación: 28/01/2013
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Salta
La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación admite, en un informe que no fue dado a publicidad oficialmente, que la Ley de Bosques sancionada el noviembre de 2007 fracasó por completo: en los últimos cinco años desaparecieron un millón de hectáreas de monte nativo. De ese total, 236.246 hectáreas se encuentran en territorio salteño.El informe fue difundido por el movimiento político Los Verdes que encabeza el exdirectivo de Greenpeace, Juan Carlos Villalonga, quien participó de la colocación en un ternero de un collar satelital para rastreo de yaguaretés.
Santiago del Estero encabezaría los desmontes posteriores a 2007, con 453.551 hectáreas, seguida por Salta (236.246), Formosa (129.603), Chaco (110.889), San Luis (37.483), Misiones (21.406), Tucumán (18.478) y Catamarca (12.164).
El proyecto de Ley de Bosques había sido presentado en la Cámara de Diputados a fines de 2006 por el activista porteño Miguel Bonasso, quien tomara un proyecto redactado por Greenpeace. La iniciativa condenaba a todas las provincias del Norte a paralizar el desarrollo rural. Los diputados salteños Osvaldo Salum y Beatriz Daher detectaron en ese momento la gravedad de la iniciativa y lograron frenar el primer dictamen que el oficialismo, por orden expresa del entonces jefe de Gabinete Alberto Fernández, trataba de sancionar en trámite sumario. La reacción de los legisladores de otras provincias afectadas, especialmente, Misiones, Chaco y Santa Fe, se sumaron a la resistencia. El proyecto logró media sanción en Diputados, con la negativa de gran parte de los diputados del NOA y NEA. En esa sesión, con Villalonga en un palco del recinto, sólo se escucharon fundamentaciones en contra, pero se impuso el número que respondía al Poder Ejecutivo. Entre los salteños, votaron en contra Salum, Daher, Andrés Zottos, Antonio Lovaglio y Carlos “Querubín” Sosa. Los oficialistas Juan Manuel Urtubey y Susana Canela se sumaron a la iniciativa de Bonasso.
En el Senado, los salteños Marcelo López Arias y Sonia Escudero encabezaron el tratamiento y tras meses de consultas con expertos, redactaron otra ley, que nada tenía que ver con la de Bonasso y Villalonga.
Ordenamiento trucho
La Ley Nacional (26.331) de Bosques se aprobó a fines de 2007.
Con Urtubey ya como gobernador, la Legislatura sancionó una ley de ordenamiento territorial acorde a las necesidades de desarrollo agropecuario y el Poder Ejecutivo la distorsionó estableciendo un cepo que impide en los hechos el desarrollo rural, pero que permite que continúe la deforestación irregular, ya sea por desmontes clandestinos blanqueados con procedimientos oscuros o por la acción predatoria del pastoreo que produjo la mayor desertificación.
Urtubey dejó la política ambiental en manos del biólogo de la UNSa, Julio Nasser, propuesto por la entonces rectora Stella Maris Pérez de Bianchi, quien organizaba campañas ambientalistas animadas por el rockero porteño Gustavo Cordera. El ordenamiento estuvo a cargo de antropólogos, porque se priorizó la estrategia social antes que el desarrollo agroganadero moderno.
¿Qué pasa con la plata?
El informe de la SAyDS indica que en febrero de 2011, Santiago del Estero, Salta, San Luis, Chaco, Catamarca, Formosa, Tucumán y Misiones habían recibido unos 114 millones de pesos en concepto de Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos y destaca en este punto que, a pesar de ello, el desmonte prosiguió.
Lo cierto es que la ley 26.331, en su artículo 31 incisos a y b, estableció una partida no menor del 0,3 por ciento del Presupuesto Nacional, es decir 1.515 millones de pesos.
Adicionalmente, una asignación específica del dos por ciento de las retenciones a las exportaciones de productos primarios y secundarios provenientes de la agricultura, ganadería y sector forestal, que elevaría el monto a 2.327 millones de pesos en 2012.
Enorme diferencia
La diferencia es abismal y ninguna provincia reclamó por eso. Salta, tampoco.
Ni durante la gestión de Julio Nasser, de su sucesor Francisco López Sastre ni ahora, con Alfredo de Angelis al frente del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia.
Cabe señalar que en ese lapso, la provincia recibió unos 150 millones de pesos que se utilizaron como subsidios, pero que equivalen al diez por ciento de lo que correspondería según la ley y, además, no fueron aplicados a compensar económicamente a los dueños de los bosques nativos por la renta que pierden para conservar la biodiversidad que establece la legislación.
Depredación sin desarrollo
En 2012, un estudio de la Red Agroforestal Chaco Argentina ya había advertido que unas 100 mil hectáreas de bosque nativo fueron desmontadas ilegalmente en Salta desde 2008. El análisis destacó que “no se respetaron las zonas de prohibición de desmontes definidas por el Ordenamiento Territorial sancionado por la legislatura provincial”, y que “tampoco se respetaron las restricciones fijadas por la Corte Suprema de Justicia tras denuncias de organizaciones de campesinos e indígenas”. El informe contó con el apoyo técnico de la Facultad de Agronomía de la UBA y el INTA Salta. Las 100 mil hectáreas desmontadas en los últimos cuatro años corresponden, dice, a zonas señaladas como “de mediano y alto valor de conservación”. El caso salteño es especial, porque las irregularidades no solo frenan la instalación de establecimientos modernos con capacidad para generar empleo, sino que favorecen un entramado oscuro, donde, al margen de la ley que regula el desarrollo, se depreda mucho más que con una política agroganadera de la que Salta carece. En 2012, la Defensoría del Pueblo de la Nación constató desmontes en zonas prohibidas de Dragones, violencia sobre comunidades, incumplimiento de leyes nacionales y provinciales y falta de control por parte del gobierno provincial.
El conjunto de contradicciones e irregularidades se agrava si se tiene en cuenta que entre 2008 y 2011, la tala y el desmonte estuvieron prohibidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con una muy endeble defensa de parte del Ejecutivo provincial. Luego de tres años de paralización del desarrollo rural se declaró incompetente -lo que se sabía desde el principio- y devolvió la cuestión a la Justicia salteña, que nada hizo al respecto hasta ahora.
Intento de estafa con fondos de bosues
Un intento de estafa con fondos de la ley de Bosques fue decisiva en la salida del gabinete del exministro de Ambiente, Francisco López Sastre, en febrero del año pasado. El hecho se conoció cuando un empleado del banco Macro se percató de una irregularidad por parte de personas que, en dos oportunidades, intentaron crear cuentas para recibir fondos previstos por esa normativa a nombre de personas fallecidas, por un total de $258 mil.
López Sastre no pudo convencer a nadie con sus explicaciones y generó amplio rechazo cuando intentó desligarse del tema. A los senadores que lo habían citado les dijo que “si se concretaba la estafa, la culpa era del banco”, basándose en su criterio de que los controles dentro de la cartera que conducía habían sido “impecables”. Y dijo que el otorgamiento de los fondos eran responsabilidad compartida entre el Ministerio y la entidad bancaria: “La única forma de que se haga efectivo el pago es que concurra el titular de las tierras; nosotros no podemos negar que un gestor o un apoderado haga todos los trámites en el ministerio”.
En el medio de la polémica, que el Gobierno de la Provincia no pudo contener, el primer en salir del gabinete Juan Carlos Godoy, quien estaba a cargo de la agencia de Bosques Nativos. Luego le siguieron López Sastre y los subsecretarios de Gestión Ambiental, Emiliano Venier, y de Ordenamiento Territorial, Sebastián Varela.
El juez Federal 2, Miguel Medina, se hizo cargo de la investigación en la que decidió procesar a tres particulares y tres exfuncionarios en la causa que se abrió por el irregular sistema para entrega de fondos nacionales que corresponden a la conservación de Bosques.
Los procesados fueron José Luis Yáñez Benítez y Oscar Vázquez, por falsificación de documento y fraude a la administración pública en grado de tentativa; Julio Chávez por posible participación en el delito de fraude a la administración pública; el exsecretario de Ambiente Sebastián Varela, el extitular de la agencia de Bosques Nativos, Juan Carlos Godoy, y a la exasesora legal del desaparecido Ministerio, María Angeles Finetti, los tres por incumplimiento de deberes de funcionario público. El juez dictó la falta de mérito sobre la exsecretaria privada del Ministerio, Silvina Guillou, y liberó a Oscar Vázquez, quien estuvo encarcelado 10 meses por esta causa.
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El proyecto minero Río Colorado seguirá frenado
El principal proyecto minero seguirá parado y sin plazos
Fecha de Publicación: 28/01/2013
Fuente: No a la Mina - Clarín
Provincia/Región: Mendoza
Un día después de decir oficialmente que se paralizaba hasta nuevo aviso el proyecto minero Río Colorado, en Mendoza, la brasileña Vale salió a intentar aclarar el panorama. Pero lejos de desmentir lo publicado, apenas señaló que "no anunció la suspensión del Proyecto Río Colorado en la Argentina", pero sí que " extendió el receso de fin de año de los trabajadores, mientras analiza las variaciones en los fundamentos económicos de dicho proyecto." En síntesis. No hay señales de que se reanuden las tareas el 4 de febrero, como se preveía, cuando se tomó la decisión de extender las vacaciones pagas a los más de 4.000 trabajadores que trabajan en el yacimiento de potasio en Malargüe, en el sur mendocino.
Ayer arreciaban las versiones sobre el cambio de discurso de Vale. Los rumores más fuertes apuntaban a cierta presión del Gobierno argentino. De hecho, en las últimas horas varias empresas proveedoras del sector minero tomaron contacto con el viceministro de Economía, Axel Kicillof, y el secretario de Minería, Alejandro Mayoral, para interiorizarlo de las consecuencias que tendría para el sector la paralización del principal proyecto minero del país, en el que ya se invirtieron unos 2.000 millones de dólares y aún restan volcarse otros 3.900 millones, según los números iniciales que manejó Vale para llevar adelante este emprendimiento.
Cristina en persona anunció la puesta en marcha del proyecto, junto al CEO de Vale, Murilo Ferreira, en julio del año pasado. En ese momento se pensó que se removían las dudas que había despertado en el sector minero la obligación de liquidar en el país los dólares de sus exportaciones.
Pero la disparada del dólar "blue" también desalienta las exportaciones y las inversiones del sector. En el Gobierno sobrevuela la sospecha de que las demoras de Vale en retomar el proyecto son una forma de reclamar una mejora en la ecuación económica.
A la espera de lo que decida Vale también hay otros peso pesado: Skanska, que se encarga de la remoción de suelos, la brasileña Odebrecht y Techint, que están construyendo la mina, Camargo Correa, a cargo del tendido ferroviario. Andrade Gutiérrez (puerto) y Cartellone (tendido eléctrico) A estas compañías se les explicó, dijeron fuentes de Vale, lo mismo que se dijo ayer.
"Receso por tiempo indefinido"
El anunció también sacudió a Mendoza. De hecho ayer los funcionarios del área de Minería del gobierno de Francisco "Paco" Pérez se trasladaron a esa ciudad del sur mendocino para interiorizarse de lo que está pasando en el yacimiento.
Pérez dijo ayer: "Estamos viendo cuando nos reunimos con el CEO de Vale en Argentina". Y explicó que quiere saber cuáles son los elementos y argumentos para detener la obra. "Esto lo vamos a discutir, es un proyecto demasiado importante para Mendoza", se lamentó.
Para el sector un parate sería dramático. Cientos de pymes se equiparon especialmente para convertirse en prestadores de bienes y servicios del proyecto.
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Fecha de Publicación: 28/01/2013
Fuente: No a la Mina - Clarín
Provincia/Región: Mendoza
Un día después de decir oficialmente que se paralizaba hasta nuevo aviso el proyecto minero Río Colorado, en Mendoza, la brasileña Vale salió a intentar aclarar el panorama. Pero lejos de desmentir lo publicado, apenas señaló que "no anunció la suspensión del Proyecto Río Colorado en la Argentina", pero sí que " extendió el receso de fin de año de los trabajadores, mientras analiza las variaciones en los fundamentos económicos de dicho proyecto." En síntesis. No hay señales de que se reanuden las tareas el 4 de febrero, como se preveía, cuando se tomó la decisión de extender las vacaciones pagas a los más de 4.000 trabajadores que trabajan en el yacimiento de potasio en Malargüe, en el sur mendocino.
Ayer arreciaban las versiones sobre el cambio de discurso de Vale. Los rumores más fuertes apuntaban a cierta presión del Gobierno argentino. De hecho, en las últimas horas varias empresas proveedoras del sector minero tomaron contacto con el viceministro de Economía, Axel Kicillof, y el secretario de Minería, Alejandro Mayoral, para interiorizarlo de las consecuencias que tendría para el sector la paralización del principal proyecto minero del país, en el que ya se invirtieron unos 2.000 millones de dólares y aún restan volcarse otros 3.900 millones, según los números iniciales que manejó Vale para llevar adelante este emprendimiento.
Cristina en persona anunció la puesta en marcha del proyecto, junto al CEO de Vale, Murilo Ferreira, en julio del año pasado. En ese momento se pensó que se removían las dudas que había despertado en el sector minero la obligación de liquidar en el país los dólares de sus exportaciones.
Pero la disparada del dólar "blue" también desalienta las exportaciones y las inversiones del sector. En el Gobierno sobrevuela la sospecha de que las demoras de Vale en retomar el proyecto son una forma de reclamar una mejora en la ecuación económica.
A la espera de lo que decida Vale también hay otros peso pesado: Skanska, que se encarga de la remoción de suelos, la brasileña Odebrecht y Techint, que están construyendo la mina, Camargo Correa, a cargo del tendido ferroviario. Andrade Gutiérrez (puerto) y Cartellone (tendido eléctrico) A estas compañías se les explicó, dijeron fuentes de Vale, lo mismo que se dijo ayer.
"Receso por tiempo indefinido"
El anunció también sacudió a Mendoza. De hecho ayer los funcionarios del área de Minería del gobierno de Francisco "Paco" Pérez se trasladaron a esa ciudad del sur mendocino para interiorizarse de lo que está pasando en el yacimiento.
Pérez dijo ayer: "Estamos viendo cuando nos reunimos con el CEO de Vale en Argentina". Y explicó que quiere saber cuáles son los elementos y argumentos para detener la obra. "Esto lo vamos a discutir, es un proyecto demasiado importante para Mendoza", se lamentó.
Para el sector un parate sería dramático. Cientos de pymes se equiparon especialmente para convertirse en prestadores de bienes y servicios del proyecto.
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La hora de las 'familias verdes'
La hora de las 'familias verdes'
Fecha de Publicación: 28/01/2013
Fuente: Ecofield
Provincia/Región: Nacional
En un fenómeno incipiente que cruza urbanismo, domótica y arquitectura, la conciencia ambiental abandona su lugar de utopía hippie o discurso bienintencionado y desembarca en el centro de las casas
Estar duchándose y que de pronto se corte el agua porque uno tardó más de lo necesario es cosa de todos los días en casa de los Karamanian. "Estén como estén, si mis hijos demoran mucho, se quedan sin agua", explica Charly, padre de familia de 36 años, consultor de negocios, especialista en innovación tecnológica y, desde hace un año, el abanderado de la primera casa totalmente sustentable de la Argentina.
La idea surgió a principios de 2012, cuando él y su mujer decidieron que vivir junto a sus dos hijos y su perro en un "hogar verde" podía ser más que una ilusión. Vendieron su departamento de Belgrano, buscaron empresas como sponsors que los ayudaran a completar la inversión y eligieron un terreno en Cañuelas para la construcción de ese sueño al que llamaron "Casa G". Además, un estudio de arquitectura les ideó el plan que hoy está a sólo meses de concretarse, ya que los Karamanian estiman que entre mayo y junio de este año estarán viviendo ahí.
Aislaciones térmicas eficientes, uso de energías limpias y renovables, grifería provista de difusores y mecanismos para maximizar el ahorro del agua, mochilas de inodoros con doble descarga, recolección de agua de lluvia, iluminación LED, pileta con sistema de desborde finlandés, huerta orgánica, invernadero, riego por goteo, separación y reciclado de residuos y generadores de compost son sólo algunas de las características que tendrá esta futura vivienda (o vivienda del futuro, según cómo se mire). Si en principio parece una apuesta ambiciosa, digna de algún Guinness de la ecología, los Karamanian plantean lo contrario: es el punto más alto al que pueden llevar una filosofía que para ellos empezó hace tiempo y de manera gradual. Las prácticas que llevaban a cabo en su departamento las continúan ahora que viven en una casa alquilada hasta que se termine la construcción. ¿Qué hacen? Tienen su propia huerta orgánica en la chacra de unos familiares, separan y compostan los residuos orgánicos que generan ("reducimos en más del 50% el total de desechos") y evitan derrochar el agua de múltiples maneras.
"El agua potable es un recurso escaso y por eso fomentamos baños cortos, cerramos la canilla cuando nos lavamos los dientes, usamos lavavajillas y aprovechamos el vapor para planchar camisas o vestidos colgándolos en una percha mientras nos duchamos," explica Charly. Además, usan elementos de limpieza amigables con el medio ambiente, secan la ropa al sol, reutilizan aceites filtrándolos, abren lo menos posible la heladera y al descongelar alimentos, los sacan del freezer el día anterior para generar ahorro en el consumo eléctrico.
"Donde más nos cuesta ponernos de acuerdo es en el uso del aire acondicionado -dice Charly-. Pueden hacer cuarenta grados y a mí no se me cae una gota. Mi mujer prefiere el aire, pero con el termostato en 26."
Rodrigo Herrera Vegas, cofundador del sitio web sustentator.com , fue uno de los primeros en apoyar el proyecto de la Casa G. "Está alineada con la filosofía de Sustentator. Incorpora eficiencia energética, cuidado del agua, reciclado de materiales. Es un símbolo de lo que se puede lograr en materia de arquitectura sustentable", opina.
Sin embargo, a la hora de hablar de esto como una tendencia instalada, mantiene sus reservas: "En alguna medida, ser sustentable acá podría considerarse «medicina preventiva» y esto es alentador. Tenemos la oportunidad de cuidar nuestros recursos cuando todavía están mayoritariamente sanos. La contraparte es que al no haber una emergencia son pocos aún los que se ocupan de vivir así. Algunos proyectos, como los de utilización de energías renovables, son todavía muy costosos. Si la cuota de la compra de un colector solar (para calentar agua) fuera similar a la factura de gas, lo compraríamos sin dar vueltas. Especialmente porque una vez terminado de pagar, obtendríamos agua caliente gratis gracias a la energía del sol, en lugar de quemar gas", explica.
Una tendencia incipiente
Un estudio de la consultora Mindshare, pionera en instalar el término Lohas (cuyas siglas, tomadas del inglés, significan Lifestyle of Health And Sustentability ), determinó que el 62% de los argentinos prefiere consumir productos orgánicos y comprar aparatos eléctricos de bajo consumo, pero sólo el 47% sacrificaría su comodidad para colaborar con el cuidado del medio ambiente. De ahí que varios arquitectos especializados coincidan en que la "tendencia verde" basada en conjugar viviendas de bajo impacto ambiental con hábitos ecológicamente amigables sea todavía incipiente. "Es todo nuevo. La primera ola la empezaron las corporaciones y empresas que están construyendo edificios con certificación ambiental, conocida como LEED -explica Juan González Calderón, arquitecto, socio de CIH Soluciones Ambientales y Presidente de la Sociedad de Arquitectura Sustentable-. Como en Europa la conciencia ambiental está instalada, suceden dos cosas: o abren sucursales las casas matrices de las empresas extranjeras o las imitan las nacionales."
¿Y qué es exactamente LEED? Bueno, a grandes rasgos puede definirse como una herramienta de diseño energético y medioambiental del US Green Building Council, cuyos principios son la calidad del medio ambiente interior, la eficiencia energética, el correcto manejo de aguas, el desarrollo sostenible del lugar y la adecuada selección de los materiales. González Calderón puntualiza: "Los requisitos van desde la elección del terreno para construir, que debe tener acceso directo a los transportes públicos y comercios para evitar el uso del auto, hasta la eficiencia energética que se logra con buena orientación y aislaciones, la posibilidad de captar agua de lluvia y reutilizar aguas grises (de la ducha y el lavadero) o los créditos por la polución lumínica, es decir, que no queden las luces del edificio encendidas toda la noche, por ejemplo".
Aunque según datos de Colliers International , se prevé que para 2013 los edificios sustentables tendrán un 85% de participación en el mercado de oficinas del país, Juan aclara que el caso de los clientes particulares es distinto: no hay tanta demanda (salvo el caso de los Karamanian, cuya casa, de hecho, diseñó). De todas formas, él trata de incorporar estos conceptos cada vez que puede. Lo hizo hace poco, con una familia que quería construir una casa de fin de semana en Pilar. Después de una charla con él, las decisiones fueron concretas: poner techo verde, paredes con dos capas de ladrillos para lograr mejor aislamiento, galerías para aprovechar la luz del sol y lámparas de bajo consumo.
"Los techos verdes me encantan porque absorben el agua de lluvia y contribuyen a evitar las inundaciones que son consecuencia de la falta de superficie absorbente que hay en Buenos Aires. Por otro lado, esa masa térmica que forman los veinte centímetros de tierra facilita el aislamiento haciendo que la casa sea más fresca en verano y más caliente en invierno y, por si fuera poco, el pasto y la tierra atraen pájaros, plantas, abejas, naturaleza", dice el arquitecto.
Eso mismo pensó Ana Rascovsky al incorporar este elemento a su reciente creación. Ana es arquitecta, mentora y habitante del edificio Vilela, en Núñez, innovador y eco friendly por igual. Se trata de una gran caja de vidrio mediada por una cortina vegetal. Las plantas protegen el interior del sol, pero además transforman en naturaleza una obra de arquitectura. Así, la cortina es un "jardín vertical" que permite un contacto directo con la vegetación. Ella misma, en su terraza, colocó pasto y creó su huerta. Recolecta agua de lluvia para riego y usa el medio de transporte que menos polución genera para ir a la oficina: caminar. "Me atrae la relación de la arquitectura con la naturaleza y los materiales poco usados en el mercado, de origen natural. La relación del interior con el exterior es uno de los temas en los que se centra mi trabajo. Yo construyo de la forma en que me gusta vivir", explica con su beba Alexia en brazos, mientras su hijito Anton riega las plantas de su selva privada.
La (no tan) vieja guardia
Los hábitos cambian. De a poco, pero cambian. Si bien la práctica sostenida de una conducta sustentable está lejos de ser moneda corriente para la mayoría de los argentinos, muchos incorporan alguna característica, tal vez sumándose a la ola verde sin cuestionarse el porqué. "Early adopters -define Rodrigo Herrera Vegas-. Como en el mundo de los chiches informáticos, la ecología también tiene sus early adopters . Son curiosos y tienen los recursos económicos para comprarse lo último, pagando el doble de lo que costaría ese dispositivo un año más tarde. El early adopter es el «techno-hippie» al que le importa la naturaleza, pero también su propio nivel de confort: no está dispuesto a resignarlo, pero quiere tener una baja huella ambiental. Un ejemplo es el calentador solar para piletas, que alarga la temporada unos dos meses. Es un objeto de lujo, pero su contraparte es que es un termotanque, quema litros y litros de gas."
En la vereda opuesta, están aquellos que vienen gestando la idea desde hace rato y que ahora dan forma global a sus hábitos conjugando prácticas cotidianas con viviendas a tono. La paisajista Carolina Lozano tiene terraza verde desde hace ya diez años. Es la mujer del arquitecto Pipo Pacheco y la dupla es verde por donde se la mire: él construye edificios sustentables, ella es dueña de un vivero donde están prohibidos los venenos y agroquímicos. En su casa, se traducen los conceptos que ambos profesan. "Tengo huerta, compost, reciclo la basura, casi no enciendo las luces y por elección no tenemos aire acondicionado, para no derrochar energía -dice Carolina-. Esto puede verse más ahora, pero para nosotros no es raro. Nuestros hijos fueron a escuelas Waldorf, también están familiarizados." Como si la idea de "familia verde" fuera más bien un concepto integral, personas que levantan la misma bandera en distintos planos: sus trabajos, sus hábitos, sus casas, sus vidas. Es también el caso de los Möhle, que arrancaron en los noventa con huerta propia en su casa de Cardales y hoy, bajo el nombre de "Roco", proveen de verduras orgánicas a los principales hipermercados del país. Hectáreas verdes, arbustos con flores, un invernadero que protege la cosecha, estanque con agua de lluvia, una montaña de compost transformándose en tierra fresca y dos perros juguetones dan forma a la postal familiar de este matrimonio y sus hijas, de 19 y 21, que se plegaron a la movida como si no existiera otra manera de vivir. "Nos criamos así, y seguimos haciendo lo que hicimos siempre: separamos y reciclamos la basura; lo orgánico lo ponemos en el compost, y las tapitas, el cartón, el papel y el vidrio los llevamos a reciclar", cuenta Elisabeth, que estudia Ciencias Ambientales y es, al igual que su hermana Ángeles, vegetariana "por amor a los animales y por razones ecológicas". Al ser de pozo, los Möhle cuidan el agua como un tesoro. Y cosechan frutas, descartan el aire y la televisión, reutilizan el agua de lluvia para regar. Aunque son felices en este paraíso bucólico, las chicas viven parte del año en Capital para estudiar. Ahí, en medio del ritmo urbano, siguen compostando y separando la basura. Elisabeth dice que no le molesta tanto que sus vecinos no reciclen como que compren cosas con mucho envoltorio o tiren papeles en la calle. "Igual no decimos nada -aclara Corina, la mamá-. Cada uno vive como quiere, nosotros tenemos nuestros argumentos; ellos tendrán los suyos."
Los 5 pecados ambientales
Aquello que más hacemos en nuestra vida cotidiana y que muchos comenzaron a cambiar
1 Uso del auto particular. A diario circulan en la ciudad 1,8 millones de vehículos. A la generación de gases contaminantes se suman los niveles de ruido. Usar el transporte público o la bicicleta es más saludable para uno y para el ambiente
2 Derroche de agua. AySA suministra 500 litros de agua por día por habitante. La OMS indica que, para subsistir, uno necesita 50 litros diarios para beber y cocinar. Los porteños consumen diez veces más
3 No separar residuos. Se estima que cada persona arroja un promedio de un kilo y medio de basura por día en Capital Federal. Al menos el 40% de todo eso que se tira es reciclable (plástico, cartones, papeles, entre otros)
4 Mala alimentación. El principal "error" es no comer frutas y verduras de estación. Respetar los ritmos de la naturaleza es un desafío, no sólo se contribuye a la buena alimentación sino también a la no degradación de suelos
5 Deficiencia energética. Sobre todo por el uso indiscriminado del aire acondicionado y de la luz eléctrica. De las emisiones totales de gases efecto invernadero de la ciudad, un 57% corresponde al sector de la energía
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Fecha de Publicación: 28/01/2013
Fuente: Ecofield
Provincia/Región: Nacional
En un fenómeno incipiente que cruza urbanismo, domótica y arquitectura, la conciencia ambiental abandona su lugar de utopía hippie o discurso bienintencionado y desembarca en el centro de las casasEstar duchándose y que de pronto se corte el agua porque uno tardó más de lo necesario es cosa de todos los días en casa de los Karamanian. "Estén como estén, si mis hijos demoran mucho, se quedan sin agua", explica Charly, padre de familia de 36 años, consultor de negocios, especialista en innovación tecnológica y, desde hace un año, el abanderado de la primera casa totalmente sustentable de la Argentina.
La idea surgió a principios de 2012, cuando él y su mujer decidieron que vivir junto a sus dos hijos y su perro en un "hogar verde" podía ser más que una ilusión. Vendieron su departamento de Belgrano, buscaron empresas como sponsors que los ayudaran a completar la inversión y eligieron un terreno en Cañuelas para la construcción de ese sueño al que llamaron "Casa G". Además, un estudio de arquitectura les ideó el plan que hoy está a sólo meses de concretarse, ya que los Karamanian estiman que entre mayo y junio de este año estarán viviendo ahí.
Aislaciones térmicas eficientes, uso de energías limpias y renovables, grifería provista de difusores y mecanismos para maximizar el ahorro del agua, mochilas de inodoros con doble descarga, recolección de agua de lluvia, iluminación LED, pileta con sistema de desborde finlandés, huerta orgánica, invernadero, riego por goteo, separación y reciclado de residuos y generadores de compost son sólo algunas de las características que tendrá esta futura vivienda (o vivienda del futuro, según cómo se mire). Si en principio parece una apuesta ambiciosa, digna de algún Guinness de la ecología, los Karamanian plantean lo contrario: es el punto más alto al que pueden llevar una filosofía que para ellos empezó hace tiempo y de manera gradual. Las prácticas que llevaban a cabo en su departamento las continúan ahora que viven en una casa alquilada hasta que se termine la construcción. ¿Qué hacen? Tienen su propia huerta orgánica en la chacra de unos familiares, separan y compostan los residuos orgánicos que generan ("reducimos en más del 50% el total de desechos") y evitan derrochar el agua de múltiples maneras.
"El agua potable es un recurso escaso y por eso fomentamos baños cortos, cerramos la canilla cuando nos lavamos los dientes, usamos lavavajillas y aprovechamos el vapor para planchar camisas o vestidos colgándolos en una percha mientras nos duchamos," explica Charly. Además, usan elementos de limpieza amigables con el medio ambiente, secan la ropa al sol, reutilizan aceites filtrándolos, abren lo menos posible la heladera y al descongelar alimentos, los sacan del freezer el día anterior para generar ahorro en el consumo eléctrico.
"Donde más nos cuesta ponernos de acuerdo es en el uso del aire acondicionado -dice Charly-. Pueden hacer cuarenta grados y a mí no se me cae una gota. Mi mujer prefiere el aire, pero con el termostato en 26."
Rodrigo Herrera Vegas, cofundador del sitio web sustentator.com , fue uno de los primeros en apoyar el proyecto de la Casa G. "Está alineada con la filosofía de Sustentator. Incorpora eficiencia energética, cuidado del agua, reciclado de materiales. Es un símbolo de lo que se puede lograr en materia de arquitectura sustentable", opina.
Sin embargo, a la hora de hablar de esto como una tendencia instalada, mantiene sus reservas: "En alguna medida, ser sustentable acá podría considerarse «medicina preventiva» y esto es alentador. Tenemos la oportunidad de cuidar nuestros recursos cuando todavía están mayoritariamente sanos. La contraparte es que al no haber una emergencia son pocos aún los que se ocupan de vivir así. Algunos proyectos, como los de utilización de energías renovables, son todavía muy costosos. Si la cuota de la compra de un colector solar (para calentar agua) fuera similar a la factura de gas, lo compraríamos sin dar vueltas. Especialmente porque una vez terminado de pagar, obtendríamos agua caliente gratis gracias a la energía del sol, en lugar de quemar gas", explica.
Una tendencia incipiente
Un estudio de la consultora Mindshare, pionera en instalar el término Lohas (cuyas siglas, tomadas del inglés, significan Lifestyle of Health And Sustentability ), determinó que el 62% de los argentinos prefiere consumir productos orgánicos y comprar aparatos eléctricos de bajo consumo, pero sólo el 47% sacrificaría su comodidad para colaborar con el cuidado del medio ambiente. De ahí que varios arquitectos especializados coincidan en que la "tendencia verde" basada en conjugar viviendas de bajo impacto ambiental con hábitos ecológicamente amigables sea todavía incipiente. "Es todo nuevo. La primera ola la empezaron las corporaciones y empresas que están construyendo edificios con certificación ambiental, conocida como LEED -explica Juan González Calderón, arquitecto, socio de CIH Soluciones Ambientales y Presidente de la Sociedad de Arquitectura Sustentable-. Como en Europa la conciencia ambiental está instalada, suceden dos cosas: o abren sucursales las casas matrices de las empresas extranjeras o las imitan las nacionales."
¿Y qué es exactamente LEED? Bueno, a grandes rasgos puede definirse como una herramienta de diseño energético y medioambiental del US Green Building Council, cuyos principios son la calidad del medio ambiente interior, la eficiencia energética, el correcto manejo de aguas, el desarrollo sostenible del lugar y la adecuada selección de los materiales. González Calderón puntualiza: "Los requisitos van desde la elección del terreno para construir, que debe tener acceso directo a los transportes públicos y comercios para evitar el uso del auto, hasta la eficiencia energética que se logra con buena orientación y aislaciones, la posibilidad de captar agua de lluvia y reutilizar aguas grises (de la ducha y el lavadero) o los créditos por la polución lumínica, es decir, que no queden las luces del edificio encendidas toda la noche, por ejemplo".
Aunque según datos de Colliers International , se prevé que para 2013 los edificios sustentables tendrán un 85% de participación en el mercado de oficinas del país, Juan aclara que el caso de los clientes particulares es distinto: no hay tanta demanda (salvo el caso de los Karamanian, cuya casa, de hecho, diseñó). De todas formas, él trata de incorporar estos conceptos cada vez que puede. Lo hizo hace poco, con una familia que quería construir una casa de fin de semana en Pilar. Después de una charla con él, las decisiones fueron concretas: poner techo verde, paredes con dos capas de ladrillos para lograr mejor aislamiento, galerías para aprovechar la luz del sol y lámparas de bajo consumo.
"Los techos verdes me encantan porque absorben el agua de lluvia y contribuyen a evitar las inundaciones que son consecuencia de la falta de superficie absorbente que hay en Buenos Aires. Por otro lado, esa masa térmica que forman los veinte centímetros de tierra facilita el aislamiento haciendo que la casa sea más fresca en verano y más caliente en invierno y, por si fuera poco, el pasto y la tierra atraen pájaros, plantas, abejas, naturaleza", dice el arquitecto.
Eso mismo pensó Ana Rascovsky al incorporar este elemento a su reciente creación. Ana es arquitecta, mentora y habitante del edificio Vilela, en Núñez, innovador y eco friendly por igual. Se trata de una gran caja de vidrio mediada por una cortina vegetal. Las plantas protegen el interior del sol, pero además transforman en naturaleza una obra de arquitectura. Así, la cortina es un "jardín vertical" que permite un contacto directo con la vegetación. Ella misma, en su terraza, colocó pasto y creó su huerta. Recolecta agua de lluvia para riego y usa el medio de transporte que menos polución genera para ir a la oficina: caminar. "Me atrae la relación de la arquitectura con la naturaleza y los materiales poco usados en el mercado, de origen natural. La relación del interior con el exterior es uno de los temas en los que se centra mi trabajo. Yo construyo de la forma en que me gusta vivir", explica con su beba Alexia en brazos, mientras su hijito Anton riega las plantas de su selva privada.
La (no tan) vieja guardia
Los hábitos cambian. De a poco, pero cambian. Si bien la práctica sostenida de una conducta sustentable está lejos de ser moneda corriente para la mayoría de los argentinos, muchos incorporan alguna característica, tal vez sumándose a la ola verde sin cuestionarse el porqué. "Early adopters -define Rodrigo Herrera Vegas-. Como en el mundo de los chiches informáticos, la ecología también tiene sus early adopters . Son curiosos y tienen los recursos económicos para comprarse lo último, pagando el doble de lo que costaría ese dispositivo un año más tarde. El early adopter es el «techno-hippie» al que le importa la naturaleza, pero también su propio nivel de confort: no está dispuesto a resignarlo, pero quiere tener una baja huella ambiental. Un ejemplo es el calentador solar para piletas, que alarga la temporada unos dos meses. Es un objeto de lujo, pero su contraparte es que es un termotanque, quema litros y litros de gas."
En la vereda opuesta, están aquellos que vienen gestando la idea desde hace rato y que ahora dan forma global a sus hábitos conjugando prácticas cotidianas con viviendas a tono. La paisajista Carolina Lozano tiene terraza verde desde hace ya diez años. Es la mujer del arquitecto Pipo Pacheco y la dupla es verde por donde se la mire: él construye edificios sustentables, ella es dueña de un vivero donde están prohibidos los venenos y agroquímicos. En su casa, se traducen los conceptos que ambos profesan. "Tengo huerta, compost, reciclo la basura, casi no enciendo las luces y por elección no tenemos aire acondicionado, para no derrochar energía -dice Carolina-. Esto puede verse más ahora, pero para nosotros no es raro. Nuestros hijos fueron a escuelas Waldorf, también están familiarizados." Como si la idea de "familia verde" fuera más bien un concepto integral, personas que levantan la misma bandera en distintos planos: sus trabajos, sus hábitos, sus casas, sus vidas. Es también el caso de los Möhle, que arrancaron en los noventa con huerta propia en su casa de Cardales y hoy, bajo el nombre de "Roco", proveen de verduras orgánicas a los principales hipermercados del país. Hectáreas verdes, arbustos con flores, un invernadero que protege la cosecha, estanque con agua de lluvia, una montaña de compost transformándose en tierra fresca y dos perros juguetones dan forma a la postal familiar de este matrimonio y sus hijas, de 19 y 21, que se plegaron a la movida como si no existiera otra manera de vivir. "Nos criamos así, y seguimos haciendo lo que hicimos siempre: separamos y reciclamos la basura; lo orgánico lo ponemos en el compost, y las tapitas, el cartón, el papel y el vidrio los llevamos a reciclar", cuenta Elisabeth, que estudia Ciencias Ambientales y es, al igual que su hermana Ángeles, vegetariana "por amor a los animales y por razones ecológicas". Al ser de pozo, los Möhle cuidan el agua como un tesoro. Y cosechan frutas, descartan el aire y la televisión, reutilizan el agua de lluvia para regar. Aunque son felices en este paraíso bucólico, las chicas viven parte del año en Capital para estudiar. Ahí, en medio del ritmo urbano, siguen compostando y separando la basura. Elisabeth dice que no le molesta tanto que sus vecinos no reciclen como que compren cosas con mucho envoltorio o tiren papeles en la calle. "Igual no decimos nada -aclara Corina, la mamá-. Cada uno vive como quiere, nosotros tenemos nuestros argumentos; ellos tendrán los suyos."
Los 5 pecados ambientales
Aquello que más hacemos en nuestra vida cotidiana y que muchos comenzaron a cambiar
1 Uso del auto particular. A diario circulan en la ciudad 1,8 millones de vehículos. A la generación de gases contaminantes se suman los niveles de ruido. Usar el transporte público o la bicicleta es más saludable para uno y para el ambiente
2 Derroche de agua. AySA suministra 500 litros de agua por día por habitante. La OMS indica que, para subsistir, uno necesita 50 litros diarios para beber y cocinar. Los porteños consumen diez veces más
3 No separar residuos. Se estima que cada persona arroja un promedio de un kilo y medio de basura por día en Capital Federal. Al menos el 40% de todo eso que se tira es reciclable (plástico, cartones, papeles, entre otros)
4 Mala alimentación. El principal "error" es no comer frutas y verduras de estación. Respetar los ritmos de la naturaleza es un desafío, no sólo se contribuye a la buena alimentación sino también a la no degradación de suelos
5 Deficiencia energética. Sobre todo por el uso indiscriminado del aire acondicionado y de la luz eléctrica. De las emisiones totales de gases efecto invernadero de la ciudad, un 57% corresponde al sector de la energía
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Otra vez 'en coma' su saneamiento
El Riachuelo y su lenta agonía
Fecha de Publicación: 27/01/2013
Fuente: blogs.lanacion.com.ar/ecologico
Provincia/Región: Riachuelo
El drama de la contaminación en el Riachuelo sigue su curso. La luz de esperanza que se había encendido con el fallo de la Corte Suprema en 2008 que ordenaba el saneamiento de uno de los ríos más contaminados de la Argentina se va a apagando de a poco.
A la separación del juez que llevaba la causa, Luis Armella, sospechado de favorecer a empresas constructoras de la cuenca, se suma ahora un recorte presupuestario -otro más- por falta de fondos de las jurisdicciones que componen la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar). Pero el tema financiero no es el más grave síntoma de la agonía de un proceso que aparece mal parido o mal instrumentado, no se entiende bien.
Es que empezaron a pasarse las facturas entre la Nación, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad por la cuestión de los fondos. Pero lo más increíble, más allá de la pelea política, es que piden la intervención de la Justicia para que ésta sea la que determine cuánto y en qué plazo cada distrito debe aportar los fondos.
Ahora, yo me pregunto ¿para qué se creó un ente tripartito como la Acumar? ¿No es en ese ámbito donde se deberían resolver estos problemas? ¿Si los fondos sólo alcanzan para mantener un nuevo aparato burocrático no es inútil tanto esfuerzo? ¿Cómo no se pueden poner de acuerdo tres jurisdicciones en este país cuando hay decenas de ejemplos de saneamientos que involucran hasta distintas naciones?
Realmente son muchas preguntas sin respuestas, pero que esconden un problema de fondo: la falta de voluntad política real para revertir una situación, si bien centenaria, que podría empezar a encaminarse. Una nueva oportunidad perdida.
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Fecha de Publicación: 27/01/2013
Fuente: blogs.lanacion.com.ar/ecologico
Provincia/Región: Riachuelo
El drama de la contaminación en el Riachuelo sigue su curso. La luz de esperanza que se había encendido con el fallo de la Corte Suprema en 2008 que ordenaba el saneamiento de uno de los ríos más contaminados de la Argentina se va a apagando de a poco.A la separación del juez que llevaba la causa, Luis Armella, sospechado de favorecer a empresas constructoras de la cuenca, se suma ahora un recorte presupuestario -otro más- por falta de fondos de las jurisdicciones que componen la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar). Pero el tema financiero no es el más grave síntoma de la agonía de un proceso que aparece mal parido o mal instrumentado, no se entiende bien.
Es que empezaron a pasarse las facturas entre la Nación, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad por la cuestión de los fondos. Pero lo más increíble, más allá de la pelea política, es que piden la intervención de la Justicia para que ésta sea la que determine cuánto y en qué plazo cada distrito debe aportar los fondos.
Ahora, yo me pregunto ¿para qué se creó un ente tripartito como la Acumar? ¿No es en ese ámbito donde se deberían resolver estos problemas? ¿Si los fondos sólo alcanzan para mantener un nuevo aparato burocrático no es inútil tanto esfuerzo? ¿Cómo no se pueden poner de acuerdo tres jurisdicciones en este país cuando hay decenas de ejemplos de saneamientos que involucran hasta distintas naciones?
Realmente son muchas preguntas sin respuestas, pero que esconden un problema de fondo: la falta de voluntad política real para revertir una situación, si bien centenaria, que podría empezar a encaminarse. Una nueva oportunidad perdida.
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Lo que queda luego del desmonte
Hacha y sierra
Fecha de Publicación: 27/01/2013
Fuente: Revista Veintitres
Provincia/Región: Nacional
* Publicado el día 23/01
Un informe de la UBA y de la Redaf pone al descubierto los desmontes ilegales que salinizan la tierra y la vuelven improductiva. La lucha de las comunidades campesinas.
Durante años, las comunidades campesinas e indígenas denunciaron que los montes del la región del chaco salteño de nuestro país estaban siendo destruidos a una velocidad inusitada, al ritmo de la expansión sojera y ganadera. A la voracidad de empresarios agroforestales poco preocupados por la preservación del medio ambiente se le sumaba la complicidad de un Estado poco dispuesto a controlar. Ahora, el reclamo de los pobladores rurales tiene una base científica contundente. Un reciente estudio del Observatorio de Tierras, Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf), realizado en colaboración técnica con la Universidad de Buenos Aires y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, demostró que “a cinco años de la promulgación de la Ley de Bosques, Salta registra más de 330 mil hectáreas deforestadas: 98.894 en zonas prohibidas por su ordenamiento territorial de bosques nativos (OTBN) y 53.202 violando la restricción dictada por la Corte Suprema de Justicia entre 2009 y 2011”.
“Las comunidades indígenas y las familias campesinas vienen denunciando desde hace años los desmontes en su territorio, pero muchas veces no acceden a brindar información exacta para que sea tomada en cuenta por los funcionarios”, explicó Ana Laura Álvarez, ingeniera agrónoma, integrante de la organización no gubernamental Asociana. “Esto es aprovechado al máximo por empresarios dedicados a los agronegocios”, se quejó, en diálogo con Veintitrés. En esa sintonía, María Vallejos, del Laboratorio de Análisis Regional y Teledetección de la Facultad de Agronomía de la UBA, remarcó la importancia de “cuantificar” lo que está sucediendo: “No es lo mismo que sea la Universidad la que esté dando cuenta de esta situación de desmontes ilegales a que lo hagan solamente las familias campesinas afectadas directamente”.
Por su parte, Juan Luis Díaz, director ejecutivo de la Fundación por el Desarrollo en Justicia y Paz (Fundapaz), puntualizó a esta revista que “el desmonte también ocurre en otras provincias, la particularidad de Salta es que hay una medida cautelar dictada por la Justicia, y aun así siguieron porque falta decisión política para controlar; los funcionarios provinciales nos dicen que no tienen recursos para hacer un monitoreo, lo cual no es cierto. Desde que se emitió el informe no nos recibió ningún funcionario”.
Tanto Fundapaz como Asociana trabajan con organizaciones y comunidades indígenas en el Chaco salteño, participan de la Redaf, así como de la Mesa de Tierras de Salta, desde donde se presentó el recurso de amparo que derivó en la resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. “Lo que sucede con los desmontes en el norte del país es grave. Los gobiernos provinciales tienen que ser muy cuidadosos para evitar la tala ilegal –pidió Díaz–; el gobierno de la provincia de Salta fue muy permisivo en estos últimos años, tanto con los desmontes como con el monitoreo”.
Vallejos señaló que “la idea del trabajo es ponerlo a disposición del público, que no quede en el mundo académico”, y contó que en los últimos años, a partir del informe que realizó la Facultad de Agronomía de la UBA en ocasión del recurso de amparo, fueron varias las instancias judiciales que requirieron de la información que produce la Universidad. “Aportamos evidencias de la ubicación y la superficie de los desmontes ilegales producidos en distintas zonas de la región chaqueña”, graficó Vallejos y destacó que gracias al agrónomo del INTA José Volante, hay registro de los desmontes producidos desde 1976 hasta la actualidad. “Tenemos imágenes satelitales de 30 x 30 metros que permiten hacer una evolución histórica. También tenemos imágenes que nos permiten detectar los incendios intencionales que se generan para desmontar”, describió la especialista. Su tarea es “digitalizar la información, como parte de un estudio más grande, que permitirá superponer los datos de los bosques desmontados con información socioeconómica, como la de los censos”.
De acuerdo con Álvarez “es importante el aporte en lo que hace a análisis y acceso a la información satelital que brinda en este caso la Facultad de Agronomía”, ya que “tiene un peso diferente a la generada a nivel local, a la vez que la vinculación entre la academia y las poblaciones locales trae otros aportes, como la formación de estudiantes en la realidad local y otra visión de los llamados proyectos de desarrollo”.
El estudio también permite dar cuenta del proceso de salinización que se da en las tierras desmontadas. “Hay cambios en la composición de los nutrientes, el cloruro sale a la superficie. Es el principio de la desertificación”, advirtió Vallejos, para luego ilustrar que éste “es un proceso que ya sucedió en otros lugares del mundo. Al talar, se remueve la cobertura vegetal y se rompe el equilibrio hídrico. Cuando llueve, quedan las sales en el suelo”. Por este motivo, están estudiando los rendimientos de la soja, tanto en los primeros años como al cabo de seis o siete años.
“Se desmonta, se siembra soja y después queda el suelo salinizado, inutilizable. No son zonas agropecuarias, antes era impensable sembrar soja en estos lugares, pero el precio en aumento además de que ahora llueve un poco más favoreció que crezcan los desmontes. Esto está directamente asociado con desalojos de comunidades que ya habían sido arrinconadas. Es preocupante, dividen a las comunidades ofreciéndoles plata”, describió Vallejos, quien informó que de la zona chaqueña, donde más superficie se desmontó es Santiago del Estero, aunque la mayor tasa –relación con la superficie de monte original– se registra en Salta.
En ese difuso límite provincial fue asesinado el campesino Miguel Galván por personas vinculadas a empresarios sojeros que buscaban quedarse con las tierras ancestrales de su familia para desmontarlas, según constató un equipo de esta revista en octubre.
“Las inundaciones en Tartagal de 2009 y las de Santa Fe en 2004 tienen que ver con que el suelo pierde la capacidad de filtrar el agua”, recordó Díaz y alertó que “la producción maderera en Salta se hace en forma ilegal, no hay control de los organismos competentes”, pese a que con Ley de Bosques Nativos –impulsada por el ex diputado Miguel Bonasso–, la provincia hizo su mapa de ordenamiento territorial. “Es una guía para que se pueda monitorear que no se desmonte en las zonas donde está prohibido. Sin embargo, se avanzó por territorios destinados a ser conservados”, denunció Díaz. Para el director de Fundapaz la situación obedece al “corrimiento de la frontera agropecuaria por las plantaciones de soja y la ganadería extensiva, lo que provoca el corrimiento de la población a causa del negocio inmobiliario”.
Hectáreas arrasadas
- Desde 1976 a septiembre de 2012, la provincia de Salta perdió 2.074.210 hectáreas de bosque nativo. El 94 por ciento en la región chaqueña.
- La tasa de desmonte creció con el fin de la convertibilidad (2001). El 45 por ciento de las hectáreas desmontadas en Salta fueron ejecutadas entre el año 2000 y 2012 (aproximadamente 942.000 hectáreas). En el mismo período, la superficie cultivada con soja se duplicó.
- Desde 2007 a la fecha, más de 330 mil hectáreas fueron taladas: 98.894 en zonas prohibidas por el ordenamiento territorial de bosques nativos y 53.202 violando la restricción dictada por la Corte Suprema de Justicia entre 2009 y 2011.
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Fecha de Publicación: 27/01/2013
Fuente: Revista Veintitres
Provincia/Región: Nacional
* Publicado el día 23/01
Un informe de la UBA y de la Redaf pone al descubierto los desmontes ilegales que salinizan la tierra y la vuelven improductiva. La lucha de las comunidades campesinas.
Durante años, las comunidades campesinas e indígenas denunciaron que los montes del la región del chaco salteño de nuestro país estaban siendo destruidos a una velocidad inusitada, al ritmo de la expansión sojera y ganadera. A la voracidad de empresarios agroforestales poco preocupados por la preservación del medio ambiente se le sumaba la complicidad de un Estado poco dispuesto a controlar. Ahora, el reclamo de los pobladores rurales tiene una base científica contundente. Un reciente estudio del Observatorio de Tierras, Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf), realizado en colaboración técnica con la Universidad de Buenos Aires y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, demostró que “a cinco años de la promulgación de la Ley de Bosques, Salta registra más de 330 mil hectáreas deforestadas: 98.894 en zonas prohibidas por su ordenamiento territorial de bosques nativos (OTBN) y 53.202 violando la restricción dictada por la Corte Suprema de Justicia entre 2009 y 2011”.
“Las comunidades indígenas y las familias campesinas vienen denunciando desde hace años los desmontes en su territorio, pero muchas veces no acceden a brindar información exacta para que sea tomada en cuenta por los funcionarios”, explicó Ana Laura Álvarez, ingeniera agrónoma, integrante de la organización no gubernamental Asociana. “Esto es aprovechado al máximo por empresarios dedicados a los agronegocios”, se quejó, en diálogo con Veintitrés. En esa sintonía, María Vallejos, del Laboratorio de Análisis Regional y Teledetección de la Facultad de Agronomía de la UBA, remarcó la importancia de “cuantificar” lo que está sucediendo: “No es lo mismo que sea la Universidad la que esté dando cuenta de esta situación de desmontes ilegales a que lo hagan solamente las familias campesinas afectadas directamente”.
Por su parte, Juan Luis Díaz, director ejecutivo de la Fundación por el Desarrollo en Justicia y Paz (Fundapaz), puntualizó a esta revista que “el desmonte también ocurre en otras provincias, la particularidad de Salta es que hay una medida cautelar dictada por la Justicia, y aun así siguieron porque falta decisión política para controlar; los funcionarios provinciales nos dicen que no tienen recursos para hacer un monitoreo, lo cual no es cierto. Desde que se emitió el informe no nos recibió ningún funcionario”.
Tanto Fundapaz como Asociana trabajan con organizaciones y comunidades indígenas en el Chaco salteño, participan de la Redaf, así como de la Mesa de Tierras de Salta, desde donde se presentó el recurso de amparo que derivó en la resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. “Lo que sucede con los desmontes en el norte del país es grave. Los gobiernos provinciales tienen que ser muy cuidadosos para evitar la tala ilegal –pidió Díaz–; el gobierno de la provincia de Salta fue muy permisivo en estos últimos años, tanto con los desmontes como con el monitoreo”.
Vallejos señaló que “la idea del trabajo es ponerlo a disposición del público, que no quede en el mundo académico”, y contó que en los últimos años, a partir del informe que realizó la Facultad de Agronomía de la UBA en ocasión del recurso de amparo, fueron varias las instancias judiciales que requirieron de la información que produce la Universidad. “Aportamos evidencias de la ubicación y la superficie de los desmontes ilegales producidos en distintas zonas de la región chaqueña”, graficó Vallejos y destacó que gracias al agrónomo del INTA José Volante, hay registro de los desmontes producidos desde 1976 hasta la actualidad. “Tenemos imágenes satelitales de 30 x 30 metros que permiten hacer una evolución histórica. También tenemos imágenes que nos permiten detectar los incendios intencionales que se generan para desmontar”, describió la especialista. Su tarea es “digitalizar la información, como parte de un estudio más grande, que permitirá superponer los datos de los bosques desmontados con información socioeconómica, como la de los censos”.
De acuerdo con Álvarez “es importante el aporte en lo que hace a análisis y acceso a la información satelital que brinda en este caso la Facultad de Agronomía”, ya que “tiene un peso diferente a la generada a nivel local, a la vez que la vinculación entre la academia y las poblaciones locales trae otros aportes, como la formación de estudiantes en la realidad local y otra visión de los llamados proyectos de desarrollo”.
El estudio también permite dar cuenta del proceso de salinización que se da en las tierras desmontadas. “Hay cambios en la composición de los nutrientes, el cloruro sale a la superficie. Es el principio de la desertificación”, advirtió Vallejos, para luego ilustrar que éste “es un proceso que ya sucedió en otros lugares del mundo. Al talar, se remueve la cobertura vegetal y se rompe el equilibrio hídrico. Cuando llueve, quedan las sales en el suelo”. Por este motivo, están estudiando los rendimientos de la soja, tanto en los primeros años como al cabo de seis o siete años.
“Se desmonta, se siembra soja y después queda el suelo salinizado, inutilizable. No son zonas agropecuarias, antes era impensable sembrar soja en estos lugares, pero el precio en aumento además de que ahora llueve un poco más favoreció que crezcan los desmontes. Esto está directamente asociado con desalojos de comunidades que ya habían sido arrinconadas. Es preocupante, dividen a las comunidades ofreciéndoles plata”, describió Vallejos, quien informó que de la zona chaqueña, donde más superficie se desmontó es Santiago del Estero, aunque la mayor tasa –relación con la superficie de monte original– se registra en Salta.
En ese difuso límite provincial fue asesinado el campesino Miguel Galván por personas vinculadas a empresarios sojeros que buscaban quedarse con las tierras ancestrales de su familia para desmontarlas, según constató un equipo de esta revista en octubre.
“Las inundaciones en Tartagal de 2009 y las de Santa Fe en 2004 tienen que ver con que el suelo pierde la capacidad de filtrar el agua”, recordó Díaz y alertó que “la producción maderera en Salta se hace en forma ilegal, no hay control de los organismos competentes”, pese a que con Ley de Bosques Nativos –impulsada por el ex diputado Miguel Bonasso–, la provincia hizo su mapa de ordenamiento territorial. “Es una guía para que se pueda monitorear que no se desmonte en las zonas donde está prohibido. Sin embargo, se avanzó por territorios destinados a ser conservados”, denunció Díaz. Para el director de Fundapaz la situación obedece al “corrimiento de la frontera agropecuaria por las plantaciones de soja y la ganadería extensiva, lo que provoca el corrimiento de la población a causa del negocio inmobiliario”.
Hectáreas arrasadas
- Desde 1976 a septiembre de 2012, la provincia de Salta perdió 2.074.210 hectáreas de bosque nativo. El 94 por ciento en la región chaqueña.
- La tasa de desmonte creció con el fin de la convertibilidad (2001). El 45 por ciento de las hectáreas desmontadas en Salta fueron ejecutadas entre el año 2000 y 2012 (aproximadamente 942.000 hectáreas). En el mismo período, la superficie cultivada con soja se duplicó.
- Desde 2007 a la fecha, más de 330 mil hectáreas fueron taladas: 98.894 en zonas prohibidas por el ordenamiento territorial de bosques nativos y 53.202 violando la restricción dictada por la Corte Suprema de Justicia entre 2009 y 2011.
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Minera Vale - Potasio: que si, que no
La Provincia exigió a Vale que reactive la obra en el Sur
Fecha de Publicación: 26/01/2013
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza - Neuquén
El Gobierno emplazó a la firma en 5 días hábiles. Para la empresa, el proyecto no está suspendido. Pérez tratará el tema en Chile con Cristina Fernández y Dilma Rousseff.
Por su trascendencia, el conflicto ya está en manos del Ejecutivo nacional, y todo indica que será eje de una cumbre entre Cristina Fernández y Dilma Rousseff para destrabarlo este fin de semana en Chile.
Es que tras prorrogar por tiempo indeterminado el receso de la obra y las licencias a más de 4 mil empleados que se desempeñan en el proyecto Potasio Río Colorado, la minera brasileña Vale fue emplazada por la Dirección de Minería de Mendoza a retomar la actividad en no más de 5 días hábiles desde ayer viernes 25, bajo apercibimiento de declarar al yacimiento en construcción "en estado de abandono".
El vencimiento del plazo, el lunes 4 de febrero, coincide con la última prórroga del receso que manejan los empleados de CRC (Consorcio Río Colorado), contratista de la obra, aunque no confirmado por Vale. Si bien en caso de incumplir el marco regulatorio contempla el fin de la concesión y el traspaso de la mina a manos de la Provincia, antes, por la magnitud de la inversión que supera los U$S 6 mil millones e involucra a ambos países (el Estado de Brasil posee el 51% de Vale), se apuesta a agotar la instancia negociadora a nivel presidencial.
De hecho, el gobernador Francisco Pérez acompañará a Cristina Fernández a Chile y participará de la cumbre. Para Pérez, quien aseguró que "trabaja" con la Presidenta en el tema, la situación de Vale "es muy difícil", y expresó su intención de que "se dé certeza al comienzo de la obra".
La Resolución 13/13, firmada ayer por el director provincial de Minería, Carlos Molina, intima a Vale a que se efectivice la reactivación de la obra. En una carta dirigida al secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral, el responsable local del área da cuenta de que el Gobierno provincial había ordenado que se acatara la medida, como también "observar el fiel cumplimiento de los cronogramas presentados" ante a la Autoridad Minera.
Más allá de los 5 días de emplazamiento, se requiere otra notificación oficial que declare el estado de abandono del proyecto. Por el contexto político, no hay plazo para una eventual quita de la concesión y traspaso del yacimiento; por ahora es más un factor de presión para reiniciar los trabajos, que puede convertirse en una especie de "cláusula-gatillo" si la negociación entre las mandatarias no llega a buen puerto.
"Hasta aquí, lo que tenemos como fecha para volver a trabajar es el 4 de febrero. No recibimos ninguna comunicación oficial en contrario", señalaron ayer desde una de las empresas vinculadas a CRC (Consorcio Río Colorado).
En la minera, en tanto, hubo hermetismo toda la jornada, tal vez a la espera de los resultados de la cumbre Cristina-Dilma. Lo cierto es que el término del emplazamiento oficial coincide, extraoficialmente, con el fin de la nueva extensión del receso.
Qué dice la ley
En caso de que no se acate lo dispuesto, la resolución dispone el "apercibimiento de tener por configurado el abandono de la concesión en los términos del artículo 226 del Código de Minería y disponer la caducidad de la concesión por incumplimiento de las obligaciones a su cargo, conforme la normativa aplicable".
Desde el entorno de Molina señalan en tanto que "ni inconvenientes técnicos ni relacionados con el mercado justifican que la compañía incumpla con el compromiso asumido ante la Provincia". La referencia incluye al argumento dado por Vale do Río Doce en un comunicado el jueves 24, en el que justifica haber extendido "el receso de fin de año de los trabajadores, mientras analiza las variaciones en los fundamentos económicos de dicho proyecto" y que no lo han suspendido.
El presupuesto aprobado en diciembre último por la empresa para 2013 supera los U$S 600 millones pero la caída de la cotización internacional y la venta de hierro (principal fuente de ingresos de la minera para financiar el proyecto) siembra dudas sobre su ejecución, sobre todo luego de que el receso vacacional, que inicialmente iba a extenderse desde el 21 de diciembre al 7 de enero, se prorrogara.
La resolución 13 apela a que no se acredita ninguna de las circunstancias citadas en el artículo 17 del Código de Minería para la suspensión de trabajos en las minas, como "la seguridad pública, la conservación de pertenencias y la salud o existencia de los trabajadores". Asimismo, el artículo 226 reconoce "denunciable por abandono una concesión, cuando los dueños, en un acto directo y espontáneo, manifiesten a la autoridad la resolución de no continuar los trabajos".
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Vale confirmó la suspensión del tendido ferroviario
Fecha de Publicación: 26/01/2013
Fuente: Río Negro On Line
Provincia/Región: Mendoza - Neuquén
La empresa Vale confirmó a la provincia de Neuquén que suspendió, sin plazo, la construcción del tren para el traslado del potasio desde el sur de Mendoza hasta el puerto de Bahía Blanca, según informó el director de Minería, Carlos Portilla. "Se me aclaró que no es una paralización del proyecto sino una suspensión temporaria y no se conoce cuánto va a durar en el tiempo", comentó el director de Minería.
Indicó que la provincia emitió las autorizaciones para el tendido del ferrocarril que iba a comenzar en el mes de marzo y que involucra a tres provincias, y que no quedaba nada pendiente.
La firma brasileña había comenzado un proceso de exploración de potasio en la provincia que preveía para este año la perforación de tres pozos exploratorios "que apuntaba a saber si hay existencia y planificar el interés de la explotación".
Portilla dijo que "dijeron que era una decisión empresaria y es en lo general no en lo particular, se hablan de las condiciones económicas globales, cuestiones de flujo de caja" y agregó que se le indicó que los empleados siguen cobrando sus salarios.
Argumentó que "existe incertidumbre porque preveíamos que para marzo iban a comenzar las obras del ferrocarril".
Expresó que la dirección a su cargo no tiene potestad sobre el proyecto más allá de la extensión de una servidumbre por uso y ocupación de la vía férrea que se extiende desde la dirección de Minería, en función de lo que indica el Código de Minería nacional. La extracción del mineral se hace en Mendoza.
En Rincón de los Sauces se habían solicitado autorización para varias canteras ante la dirección de Minería para la provisión de materiales para hacer el terraplén de la vía y muchas ya tienen el estudio de impacto ambiental aprobado y "todo eso quedó en stand by". La construcción de la vía implicaba una inversión de 1.000 millones de dólares y el año pasado la empresa había desembarcado en Bahía Blanca los primeros rieles para comenzar el tendido desde Chichinales hacia Rincón de los Sauces. "Es un proyecto avanzado que supone que no se va a paralizar sino a suspender", opinó Portilla.
Sostuvo que las variables del proyecto son muchas y muy pocas dependen de la provincia de Neuquén, porque son de índole internacional o nacional. "Quedamos en posición de espectadores y esperando novedades del proyecto", concluyó.
Vale había dado licencia a sus 4.200 empleados, entre directos, personal de contratistas y subcontratistas, de Malargüe el 21 de diciembre hasta el 7 de este mes. Luego se les notificó que se extendió el período por una semana y ahora la suspensión no tiene fecha.
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Fecha de Publicación: 26/01/2013
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza - Neuquén
El Gobierno emplazó a la firma en 5 días hábiles. Para la empresa, el proyecto no está suspendido. Pérez tratará el tema en Chile con Cristina Fernández y Dilma Rousseff. Por su trascendencia, el conflicto ya está en manos del Ejecutivo nacional, y todo indica que será eje de una cumbre entre Cristina Fernández y Dilma Rousseff para destrabarlo este fin de semana en Chile.
Es que tras prorrogar por tiempo indeterminado el receso de la obra y las licencias a más de 4 mil empleados que se desempeñan en el proyecto Potasio Río Colorado, la minera brasileña Vale fue emplazada por la Dirección de Minería de Mendoza a retomar la actividad en no más de 5 días hábiles desde ayer viernes 25, bajo apercibimiento de declarar al yacimiento en construcción "en estado de abandono".
El vencimiento del plazo, el lunes 4 de febrero, coincide con la última prórroga del receso que manejan los empleados de CRC (Consorcio Río Colorado), contratista de la obra, aunque no confirmado por Vale. Si bien en caso de incumplir el marco regulatorio contempla el fin de la concesión y el traspaso de la mina a manos de la Provincia, antes, por la magnitud de la inversión que supera los U$S 6 mil millones e involucra a ambos países (el Estado de Brasil posee el 51% de Vale), se apuesta a agotar la instancia negociadora a nivel presidencial.
De hecho, el gobernador Francisco Pérez acompañará a Cristina Fernández a Chile y participará de la cumbre. Para Pérez, quien aseguró que "trabaja" con la Presidenta en el tema, la situación de Vale "es muy difícil", y expresó su intención de que "se dé certeza al comienzo de la obra".
La Resolución 13/13, firmada ayer por el director provincial de Minería, Carlos Molina, intima a Vale a que se efectivice la reactivación de la obra. En una carta dirigida al secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral, el responsable local del área da cuenta de que el Gobierno provincial había ordenado que se acatara la medida, como también "observar el fiel cumplimiento de los cronogramas presentados" ante a la Autoridad Minera.
Más allá de los 5 días de emplazamiento, se requiere otra notificación oficial que declare el estado de abandono del proyecto. Por el contexto político, no hay plazo para una eventual quita de la concesión y traspaso del yacimiento; por ahora es más un factor de presión para reiniciar los trabajos, que puede convertirse en una especie de "cláusula-gatillo" si la negociación entre las mandatarias no llega a buen puerto.
"Hasta aquí, lo que tenemos como fecha para volver a trabajar es el 4 de febrero. No recibimos ninguna comunicación oficial en contrario", señalaron ayer desde una de las empresas vinculadas a CRC (Consorcio Río Colorado).
En la minera, en tanto, hubo hermetismo toda la jornada, tal vez a la espera de los resultados de la cumbre Cristina-Dilma. Lo cierto es que el término del emplazamiento oficial coincide, extraoficialmente, con el fin de la nueva extensión del receso.
Qué dice la ley
En caso de que no se acate lo dispuesto, la resolución dispone el "apercibimiento de tener por configurado el abandono de la concesión en los términos del artículo 226 del Código de Minería y disponer la caducidad de la concesión por incumplimiento de las obligaciones a su cargo, conforme la normativa aplicable".
Desde el entorno de Molina señalan en tanto que "ni inconvenientes técnicos ni relacionados con el mercado justifican que la compañía incumpla con el compromiso asumido ante la Provincia". La referencia incluye al argumento dado por Vale do Río Doce en un comunicado el jueves 24, en el que justifica haber extendido "el receso de fin de año de los trabajadores, mientras analiza las variaciones en los fundamentos económicos de dicho proyecto" y que no lo han suspendido.
El presupuesto aprobado en diciembre último por la empresa para 2013 supera los U$S 600 millones pero la caída de la cotización internacional y la venta de hierro (principal fuente de ingresos de la minera para financiar el proyecto) siembra dudas sobre su ejecución, sobre todo luego de que el receso vacacional, que inicialmente iba a extenderse desde el 21 de diciembre al 7 de enero, se prorrogara.
La resolución 13 apela a que no se acredita ninguna de las circunstancias citadas en el artículo 17 del Código de Minería para la suspensión de trabajos en las minas, como "la seguridad pública, la conservación de pertenencias y la salud o existencia de los trabajadores". Asimismo, el artículo 226 reconoce "denunciable por abandono una concesión, cuando los dueños, en un acto directo y espontáneo, manifiesten a la autoridad la resolución de no continuar los trabajos".
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Vale confirmó la suspensión del tendido ferroviario
Fecha de Publicación: 26/01/2013
Fuente: Río Negro On Line
Provincia/Región: Mendoza - Neuquén
La empresa Vale confirmó a la provincia de Neuquén que suspendió, sin plazo, la construcción del tren para el traslado del potasio desde el sur de Mendoza hasta el puerto de Bahía Blanca, según informó el director de Minería, Carlos Portilla. "Se me aclaró que no es una paralización del proyecto sino una suspensión temporaria y no se conoce cuánto va a durar en el tiempo", comentó el director de Minería.
Indicó que la provincia emitió las autorizaciones para el tendido del ferrocarril que iba a comenzar en el mes de marzo y que involucra a tres provincias, y que no quedaba nada pendiente.
La firma brasileña había comenzado un proceso de exploración de potasio en la provincia que preveía para este año la perforación de tres pozos exploratorios "que apuntaba a saber si hay existencia y planificar el interés de la explotación".
Portilla dijo que "dijeron que era una decisión empresaria y es en lo general no en lo particular, se hablan de las condiciones económicas globales, cuestiones de flujo de caja" y agregó que se le indicó que los empleados siguen cobrando sus salarios.
Argumentó que "existe incertidumbre porque preveíamos que para marzo iban a comenzar las obras del ferrocarril".
Expresó que la dirección a su cargo no tiene potestad sobre el proyecto más allá de la extensión de una servidumbre por uso y ocupación de la vía férrea que se extiende desde la dirección de Minería, en función de lo que indica el Código de Minería nacional. La extracción del mineral se hace en Mendoza.
En Rincón de los Sauces se habían solicitado autorización para varias canteras ante la dirección de Minería para la provisión de materiales para hacer el terraplén de la vía y muchas ya tienen el estudio de impacto ambiental aprobado y "todo eso quedó en stand by". La construcción de la vía implicaba una inversión de 1.000 millones de dólares y el año pasado la empresa había desembarcado en Bahía Blanca los primeros rieles para comenzar el tendido desde Chichinales hacia Rincón de los Sauces. "Es un proyecto avanzado que supone que no se va a paralizar sino a suspender", opinó Portilla.
Sostuvo que las variables del proyecto son muchas y muy pocas dependen de la provincia de Neuquén, porque son de índole internacional o nacional. "Quedamos en posición de espectadores y esperando novedades del proyecto", concluyó.
Vale había dado licencia a sus 4.200 empleados, entre directos, personal de contratistas y subcontratistas, de Malargüe el 21 de diciembre hasta el 7 de este mes. Luego se les notificó que se extendió el período por una semana y ahora la suspensión no tiene fecha.
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En Neuquén hubo 4 derrames de petróleo en 10 días
Cuatro derrames petroleros en 10 días. Empresas responsables: Petrobras, YPF y New American Oil
Fecha de Publicación: 26/01/2013
Fuente: neuquen.com.ar
Provincia/Región: Neuquén
Ayer se produjo una rotura en una válvula y se fugaron 2.800 litros de petróleo a través de un cañadón. Ocurrió en el yacimiento Lomitas, operado por YPF, cerca de Rincón de los Sauces. Una válvula de retención de un oleoducto de la Batería 35 sufrió una pinchadura y se derramó agua con petróleo.
En la madrugada de ayer se produjo otro derrame petrolero en la zona de Rincón de los Sauces, el cuarto en 10 días. Esta vez en el yacimiento Lomitas, ubicado en el área Chihuido de la Sierra Negra.
La Subsecretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la provincia señaló que se derramaron en 2,8 metros cúbicos de petróleo neto (2.800 litros) en una zona distante a 40 kilómetros del casco urbano de Rincón de los Sauces y a 11 kilómetros del río Colorado.
Según se informó, una válvula de retención de un oleoducto de la Batería 35 sufrió una pinchadura de grandes dimensiones, por lo que el hidrocarburo comenzó a descender por un cañadón de un metro de ancho, alcanzando en su recorrido una longitud calculada en 1.500 metros de largo.
El yacimiento es explotado por la empresa YPF. Desde la compañía manifestaron a los inspectores municipales que se acercaron a constatar el incidente que el área estaba fuera del ejido municipal por lo que se negaron a firmar cualquier acta de infracción.
De todos modos desde el área de control municipal aseguraron que se harán las constataciones con los GPS para establecer fehacientemente si está fuera de la jurisdicción de la comuna.
Desde YPF señalaron que el derrame “de agua con mezcla de hidrocarburos fue rápidamente contenido”. Y agregaron: “La empresa puso en marcha un plan de contingencias interno que comprendió la movilización inmediata de un equipo especializado hasta el lugar y el cierre preventivo de la locación. Además, la compañía recorrió las instalaciones con autoridades locales a fin de constatar el inicio de las tareas de recuperación del producto y remediación del ambiente por medio de la utilización de materiales absorbentes y máquinas retroexcavadoras que transportarán el suelo afectado para su tratamiento integral”.
Luego de más de tres horas de espera, un grupo de inspectores del municipio logró ingresar al lugar del derrame, aunque les prohibieron tomar registro fotográfico de la situación.
Un intenso olor a hidrocarburos se podía sentir a varios metros del derrame que se registró en un cañadón que comunica con otro de mayor tamaño que tiene salida al río Colorado.
El petróleo derramado llegó a unos 300 metros de la barrera de control que se encarga de autorizar el paso vehicular para el acceso al lugar.
Desde la Subsecretaría de Ambiente provincial se reiteró: “Se actuará con la rigurosidad que establece la ley 1875”, y que se aplicarán a la empresa YPF las sanciones correspondientes, del mismo modo que se procedió en los otros tres incidentes ambientales registrados en los últimos días.
Con el de ayer, en 10 días hubo cuatro derrames detectados. Tres de ellos en cercanías a Rincón de los Sauces y otro en Plaza Huincul. Los tres incidentes anteriores estuvieron relacionados a las intensas lluvias, que provocaron roturas de cañerías y el rebalse de piletas con hidrocarburos. Las empresas involucradas son Petrobras, YPF y New American Oil.
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Fecha de Publicación: 26/01/2013
Fuente: neuquen.com.ar
Provincia/Región: Neuquén
Ayer se produjo una rotura en una válvula y se fugaron 2.800 litros de petróleo a través de un cañadón. Ocurrió en el yacimiento Lomitas, operado por YPF, cerca de Rincón de los Sauces. Una válvula de retención de un oleoducto de la Batería 35 sufrió una pinchadura y se derramó agua con petróleo. En la madrugada de ayer se produjo otro derrame petrolero en la zona de Rincón de los Sauces, el cuarto en 10 días. Esta vez en el yacimiento Lomitas, ubicado en el área Chihuido de la Sierra Negra.
La Subsecretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la provincia señaló que se derramaron en 2,8 metros cúbicos de petróleo neto (2.800 litros) en una zona distante a 40 kilómetros del casco urbano de Rincón de los Sauces y a 11 kilómetros del río Colorado.
Según se informó, una válvula de retención de un oleoducto de la Batería 35 sufrió una pinchadura de grandes dimensiones, por lo que el hidrocarburo comenzó a descender por un cañadón de un metro de ancho, alcanzando en su recorrido una longitud calculada en 1.500 metros de largo.
El yacimiento es explotado por la empresa YPF. Desde la compañía manifestaron a los inspectores municipales que se acercaron a constatar el incidente que el área estaba fuera del ejido municipal por lo que se negaron a firmar cualquier acta de infracción.
De todos modos desde el área de control municipal aseguraron que se harán las constataciones con los GPS para establecer fehacientemente si está fuera de la jurisdicción de la comuna.
Desde YPF señalaron que el derrame “de agua con mezcla de hidrocarburos fue rápidamente contenido”. Y agregaron: “La empresa puso en marcha un plan de contingencias interno que comprendió la movilización inmediata de un equipo especializado hasta el lugar y el cierre preventivo de la locación. Además, la compañía recorrió las instalaciones con autoridades locales a fin de constatar el inicio de las tareas de recuperación del producto y remediación del ambiente por medio de la utilización de materiales absorbentes y máquinas retroexcavadoras que transportarán el suelo afectado para su tratamiento integral”.
Luego de más de tres horas de espera, un grupo de inspectores del municipio logró ingresar al lugar del derrame, aunque les prohibieron tomar registro fotográfico de la situación.
Un intenso olor a hidrocarburos se podía sentir a varios metros del derrame que se registró en un cañadón que comunica con otro de mayor tamaño que tiene salida al río Colorado.
El petróleo derramado llegó a unos 300 metros de la barrera de control que se encarga de autorizar el paso vehicular para el acceso al lugar.
Desde la Subsecretaría de Ambiente provincial se reiteró: “Se actuará con la rigurosidad que establece la ley 1875”, y que se aplicarán a la empresa YPF las sanciones correspondientes, del mismo modo que se procedió en los otros tres incidentes ambientales registrados en los últimos días.
Con el de ayer, en 10 días hubo cuatro derrames detectados. Tres de ellos en cercanías a Rincón de los Sauces y otro en Plaza Huincul. Los tres incidentes anteriores estuvieron relacionados a las intensas lluvias, que provocaron roturas de cañerías y el rebalse de piletas con hidrocarburos. Las empresas involucradas son Petrobras, YPF y New American Oil.
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Aunque no haya plata la AGN auditará el Riachuelo
La AGN dice que auditará igual la obra del Riachuelo
Fecha de Publicación: 25/01/2013
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Riachuelo
El organismo rechazó el cese del convenio para el control del saneamiento basado en la falta de fondos
La Auditoría General de la Nación (AGN) rechazó el fin del contrato de control del saneamiento del Riachuelo, justificado por Juan José Mussi, presidente de la Acumar -organismo encargado de la ejecución del fallo de la Corte que ordenó la limpieza de la cuenca-, en la supuesta insuficiencia presupuestaria que atribuyó al incumplimiento en el envío de fondos por parte de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires.
"Rechazamos los términos de la carta que nos envió y exigimos que se mantengan todas las condiciones del convenio suscrito el 16 de noviembre de 2011. La Auditoría ratifica que cumplirá y exigirá el cumplimiento en todos sus términos del convenio y llevará a cabo las labores que le impone la sentencia de la Corte. En ningún caso acepta que argumentos de orden presupuestario o de otra índole le impidan cumplir con sus funciones de órgano rector del control externo de los fondos de origen estatal", respondió a Mussi el presidente de la AGN, Leandro Despouy, que el año pasado ya denunció una subejecución presupuestaria, por lo que desestimó tales problemas presupuestarios.
Denuncia. El candidato a senador porteño Rodolfo Terragno adelantó que denunciará "a los funcionarios de Nación, provincia o Ciudad que, por peleas políticas, incumplen con el deber" de limpiar el río.
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Fecha de Publicación: 25/01/2013
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Riachuelo
El organismo rechazó el cese del convenio para el control del saneamiento basado en la falta de fondos
La Auditoría General de la Nación (AGN) rechazó el fin del contrato de control del saneamiento del Riachuelo, justificado por Juan José Mussi, presidente de la Acumar -organismo encargado de la ejecución del fallo de la Corte que ordenó la limpieza de la cuenca-, en la supuesta insuficiencia presupuestaria que atribuyó al incumplimiento en el envío de fondos por parte de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires.
"Rechazamos los términos de la carta que nos envió y exigimos que se mantengan todas las condiciones del convenio suscrito el 16 de noviembre de 2011. La Auditoría ratifica que cumplirá y exigirá el cumplimiento en todos sus términos del convenio y llevará a cabo las labores que le impone la sentencia de la Corte. En ningún caso acepta que argumentos de orden presupuestario o de otra índole le impidan cumplir con sus funciones de órgano rector del control externo de los fondos de origen estatal", respondió a Mussi el presidente de la AGN, Leandro Despouy, que el año pasado ya denunció una subejecución presupuestaria, por lo que desestimó tales problemas presupuestarios.
Denuncia. El candidato a senador porteño Rodolfo Terragno adelantó que denunciará "a los funcionarios de Nación, provincia o Ciudad que, por peleas políticas, incumplen con el deber" de limpiar el río.
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La brutal deforestación de Argentina
En sólo dos años, se perdieron más de un millón de hectáreas
Fecha de Publicación: 25/01/2013
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
Lo asegura un informe de la Secretaría de Ambiente. Es porque la tala indiscriminada avanza aún en las zonas donde está prohibida por ley. La superficie desmontada equivale a 50 veces la Capital.
Los bosques nativos argentinos están retrocediendo a un ritmo alarmante, a pesar de que la Ley de Bosques prohíbe la tala indiscriminada en casi todo el país. Sólo en los últimos dos años, de acuerdo con un informe oficial de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS) al que tuvo acceso Clarín, se perdieron más de un millón de hectáreas que debían estar protegidas según el ordenamiento territorial que establece la normativa sancionada en 2007.
El Gobierno Nacional tenía en su poder estos datos desde junio de 2012 pero, según la organización de ecología política Los Verdes, el informe se mantenía cajoneado porque revela una situación delicada: en primer lugar, el incumplimiento de la ley. Pero también la amenaza que avanza sobre la biodiversidad, y algo más grave: el impacto social de la falta de control. Según denuncian organizaciones ambientales del interior, la deforestación sin freno guarda una estrecha relación con los asesinatos de campesinos y aborígenes ocurridos en los últimos años en diferentes provincias.
El estudio, titulado “Monitoreo de la Superficie de Bosque Nativo de la República Argentina” y llevado a cabo por la Dirección de Bosques de la SAyDS, “evidencia un aumento de la deforestación a pesar de la prohibición de desmontar estipulada en el artículo 8 de la ley”.
Funcionarios del Gobierno analizaron las tres regiones forestales que concentran el 85% de los bosques nativos del país –el parque chaqueño, la selva misionera y la selva tucumano-boliviana– y llegaron a la conclusión de que con la ley vigente, durante el período 2006 -2011, la deforestación fue superior en un 50% al período 1998-2002, cuando la ley todavía no existía.
Clarín se comunicó con la Dirección de Bosques y solicitó una entrevista con las autoridades. Pero no hubo respuesta.
“Los datos muestran que los desmontes avanzaron sobre áreas que habían quedado protegidas. Pero además, desde la reglamentación de la norma, el Gobierno Nacional nunca terminó de sustanciar el fondo para la conservación de los bosques. Este año, además, el presupuesto nacional asigna 10 veces menos de lo que debería, lo que demuestra el nulo interés del Gobierno y de las provincias en proteger un ecosistema clave”, señala Juan Carlos Villalonga, presidente de Los Verdes.
La Ley Nacional (26.331) de Bosques se aprobó a fines de 2007. Se reglamentó en abril de 2009. Y está vigente desde entonces. Establece zonas de alta concentración de biodiversidad en las que se impide la tala. A pesar de su existencia, en la Argentina se continúan desmontando superficies (con especies en peligro incluidas) para luego “alfombrar”, sobre todo, con soja: “El avance de la frontera agropecuaria –agrega Villalonga– a costa del bosque, también impacta sobre la regulación climática, el mantenimiento de las fuentes y caudales de agua y la conservación de los suelos. Por otro lado, la deforestación contribuye a la generación de gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático”.
El informe de la SAyDS focaliza también en los millones erogados para proteger a los bosques. El Fondo Nacional de la Ley estableció partidas para que las provincias pudieran aplicar la norma. Al 20 de febrero de 2011, Santiago del Estero, Salta, San Luis, Chaco, Catamarca, Formosa, Tucumán y Misiones concentraban el 80% de las contribuciones para la protección de bosques, unos 114 millones de pesos. “No obstante –concluye la SAyDS– las 8 provincias experimentaron el desmonte de un millón de hectáreas desde la promulgación de la ley hasta 2011”.
Las topadoras hicieron ruido, sobre todo, en Santiago del Estero. Esa fue la provincia que más desmontó (453.551 hectáreas), seguida por Salta (236.246), Formosa (129.603), Chaco (110.889), San Luis (37.483), Misiones (21.406), Tucumán (18.478) y Catamarca (12.164). Lo de Salta es preocupante: según otro estudio de la Red Agroforestal Argentina, en esa provincia no fue respetada ninguna de las zonas de prohibición de desmonte definidas por ley, “ni tampoco las restricciones fijadas tras denuncias de organizaciones campesinas, como la suspensión de desmontes dictada por la Corte Suprema para cuatro departamentos entre 2009 y 2011”.
Miguel Brassiolo, presidente del organismo, abre otro plano. “Hay una relación directa entre conflicto por la tierra y deforestación. Es clarísimo cómo fueron creciendo en los últimos años las disputas territoriales. Hay dos modelos en pugna: el modelo agropecuario industrial está arrasando con el modelo campesino que ve a la tierra como lugar de vida, y esa conflictividad llegó a cuatro muertes en los últimos tres años”.
Villalonga completa: “La expansión de los sistemas silvopastoriles sobre los bosques en provincias como Salta, Formosa, Chaco o Santiago del Estero viene provocando el desalojo de comunidades originarias y de pequeños campesinos”. Se refiere a las noticias de tragedia que se publican a menudo. “Estas comunidades que se resisten a perder su lugar están siendo asesinadas o presionadas por el poder económico y político”, concluye.
Las especies que están en riesgo por la tala
Según los expertos, desde el yaguareté hasta el puma y el lapacho.
El monitoreo de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable se realizó sobre las tres regiones donde se concentra el 85% del bosque nativo del país. Se trata de la selva misionera, el parque chaqueño y la selva tucumano-boliviana. Según biólogos y expertos consultados por Clarín, éstas son algunas de las especies en situación vulnerable por la deforestación.
En la selva misionera, la pérdida de bosque nativo pone en riesgo a especies como el yaguareté, el puma y el ocelote y otros mamíferos como el tapir, monos, corzuelas, dos especies de pecaríes y el coatí. El bosque nativo se compone allí de Pino Paraná, palo rosa, lapacho negro, guatambú y anchico. Todas especies amenazadas.
En la selva de Yungas ( monte tucumano-boliviano) también el yaguareté resiste a la amenaza de las topadoras, junto al tapir, el guacamayo verde, el loro alisero y el pato criollo. En cuanto a la flora nativa son propias de la región el cedro, el viraró, los alisos, el cebil, el horco-cebil, el vinal y el lapacho.
En el Parque chaqueño (el más castigado por la deforestación, según el informe oficial) están amenazados el yaguareté, el tatú carreta, el aguará guazú, el ciervo de los pantanos, el lobito del río y el chancho quimilero y las especies típicas del bosque nativo: quebracho colorado, quebracho santiagueño, quebracho blanco, algarrobos y guayacán.
El “ecocidio” continúa a pesar de la ley
En este gobierno, los que no mienten descaradamente se limitan a ser observadores y comentaristas de la depredación. En vez de cumplir la ley y denunciar judicialmente a quienes no la cumplen, se limitan a monitorear cómo las normas legales son violadas. No es una afirmación gratuita: es lo que han hecho con la ley 26.331, llamada Ley de Bosques, de mi autoría. Las autoridades nacionales le escamotearon sistemáticamente los fondos necesarios para cumplirla y observan pasivamente como las provincias más depredadoras aumentan el desmonte de los bosques nativos.
La deforestación es más alta que antes de la sanción de la ley en noviembre de 2007. Desde entonces hasta el presente las topadoras de los terratenientes sojeros o madereros han arrasado más de un millón de hectáreas de selvas nativas. Con las consecuencias previsibles para el clima, la fijación de los suelos, la biodiversidad y los ataques criminales a comunidades campesinas, que testimonian crímenes como el de Cristian Ferreyra.
En 2004, cuando presidía la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados presenté un proyecto solicitando al Poder Ejecutivo que declarase la “emergencia forestal nacional” y frenara los desmontes en todo el territorio argentino hasta tanto se sancionara una ley que protegiera los bosque nativos. Se sustentaba en un fundamento aterrador: en los últimos 70 años, el país había perdido el 70% de sus forestas originarias.
Ahora vemos que el ecocidio continúa a pesar de la ley. A contrapelo de sus declaraciones proambientalistas en Abu Dhabi, la presidenta Cristina Kirchner viene violando la ley de bosques desde su promulgación ficta en diciembre de 2007. Se tomó catorce meses para reglamentarla y recién lo hizo después del desastre de Tartagal, producto evidente de la deforestación.
Más duro fue el ninguneo presupuestario que continúa; nunca se aportó al Fondo Nacional para la Conservación de los Bosques lo establecido en la propia ley: el 0,3 por ciento del presupuesto nacional y el 2 por ciento de las retenciones a las exportaciones agroganaderas y forestales. Hubieran totalizado seis mil millones de pesos. Pero la realidad fue bien distinta: no hubo fondos para cumplir la Ley de Bosques en 2008 y 2009; en 2010 se incorporó una partida de 300 millones, en vez de los mil millones que marcaba la norma y de yapa 144 millones fueron desviados al Fútbol para Todos, por el entonces Jefe de Gabinete, Aníbal Fernández. En 2011, ante la falta de aprobación del presupuesto en el Congreso se repitió la partida del año anterior y en 2012 se destinaron al fondo 267 millones de pesos, siete veces menos que lo establecido por ley.
A la luz de estos datos no es de extrañar que la tasa de deforestación se haya elevado, que la emergencia forestal siga, que se hayan desmontado 275.245 hectáreas en zonas calificadas según la ley como “amarillas” o “rojas” (donde la tala está prohibidos) y, lo más grave, que en beneficio de Monsanto y los terratenientes sojeros, maiceros y ganaderos la expansión de la frontera agropecuaria amenace de muerte a lo poco que nos queda de bosques nativos.
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Fecha de Publicación: 25/01/2013
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
Lo asegura un informe de la Secretaría de Ambiente. Es porque la tala indiscriminada avanza aún en las zonas donde está prohibida por ley. La superficie desmontada equivale a 50 veces la Capital.Los bosques nativos argentinos están retrocediendo a un ritmo alarmante, a pesar de que la Ley de Bosques prohíbe la tala indiscriminada en casi todo el país. Sólo en los últimos dos años, de acuerdo con un informe oficial de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS) al que tuvo acceso Clarín, se perdieron más de un millón de hectáreas que debían estar protegidas según el ordenamiento territorial que establece la normativa sancionada en 2007.
El Gobierno Nacional tenía en su poder estos datos desde junio de 2012 pero, según la organización de ecología política Los Verdes, el informe se mantenía cajoneado porque revela una situación delicada: en primer lugar, el incumplimiento de la ley. Pero también la amenaza que avanza sobre la biodiversidad, y algo más grave: el impacto social de la falta de control. Según denuncian organizaciones ambientales del interior, la deforestación sin freno guarda una estrecha relación con los asesinatos de campesinos y aborígenes ocurridos en los últimos años en diferentes provincias.
El estudio, titulado “Monitoreo de la Superficie de Bosque Nativo de la República Argentina” y llevado a cabo por la Dirección de Bosques de la SAyDS, “evidencia un aumento de la deforestación a pesar de la prohibición de desmontar estipulada en el artículo 8 de la ley”.
Funcionarios del Gobierno analizaron las tres regiones forestales que concentran el 85% de los bosques nativos del país –el parque chaqueño, la selva misionera y la selva tucumano-boliviana– y llegaron a la conclusión de que con la ley vigente, durante el período 2006 -2011, la deforestación fue superior en un 50% al período 1998-2002, cuando la ley todavía no existía.
Clarín se comunicó con la Dirección de Bosques y solicitó una entrevista con las autoridades. Pero no hubo respuesta.
“Los datos muestran que los desmontes avanzaron sobre áreas que habían quedado protegidas. Pero además, desde la reglamentación de la norma, el Gobierno Nacional nunca terminó de sustanciar el fondo para la conservación de los bosques. Este año, además, el presupuesto nacional asigna 10 veces menos de lo que debería, lo que demuestra el nulo interés del Gobierno y de las provincias en proteger un ecosistema clave”, señala Juan Carlos Villalonga, presidente de Los Verdes.
La Ley Nacional (26.331) de Bosques se aprobó a fines de 2007. Se reglamentó en abril de 2009. Y está vigente desde entonces. Establece zonas de alta concentración de biodiversidad en las que se impide la tala. A pesar de su existencia, en la Argentina se continúan desmontando superficies (con especies en peligro incluidas) para luego “alfombrar”, sobre todo, con soja: “El avance de la frontera agropecuaria –agrega Villalonga– a costa del bosque, también impacta sobre la regulación climática, el mantenimiento de las fuentes y caudales de agua y la conservación de los suelos. Por otro lado, la deforestación contribuye a la generación de gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático”.
El informe de la SAyDS focaliza también en los millones erogados para proteger a los bosques. El Fondo Nacional de la Ley estableció partidas para que las provincias pudieran aplicar la norma. Al 20 de febrero de 2011, Santiago del Estero, Salta, San Luis, Chaco, Catamarca, Formosa, Tucumán y Misiones concentraban el 80% de las contribuciones para la protección de bosques, unos 114 millones de pesos. “No obstante –concluye la SAyDS– las 8 provincias experimentaron el desmonte de un millón de hectáreas desde la promulgación de la ley hasta 2011”.
Las topadoras hicieron ruido, sobre todo, en Santiago del Estero. Esa fue la provincia que más desmontó (453.551 hectáreas), seguida por Salta (236.246), Formosa (129.603), Chaco (110.889), San Luis (37.483), Misiones (21.406), Tucumán (18.478) y Catamarca (12.164). Lo de Salta es preocupante: según otro estudio de la Red Agroforestal Argentina, en esa provincia no fue respetada ninguna de las zonas de prohibición de desmonte definidas por ley, “ni tampoco las restricciones fijadas tras denuncias de organizaciones campesinas, como la suspensión de desmontes dictada por la Corte Suprema para cuatro departamentos entre 2009 y 2011”.
Miguel Brassiolo, presidente del organismo, abre otro plano. “Hay una relación directa entre conflicto por la tierra y deforestación. Es clarísimo cómo fueron creciendo en los últimos años las disputas territoriales. Hay dos modelos en pugna: el modelo agropecuario industrial está arrasando con el modelo campesino que ve a la tierra como lugar de vida, y esa conflictividad llegó a cuatro muertes en los últimos tres años”.
Villalonga completa: “La expansión de los sistemas silvopastoriles sobre los bosques en provincias como Salta, Formosa, Chaco o Santiago del Estero viene provocando el desalojo de comunidades originarias y de pequeños campesinos”. Se refiere a las noticias de tragedia que se publican a menudo. “Estas comunidades que se resisten a perder su lugar están siendo asesinadas o presionadas por el poder económico y político”, concluye.
Las especies que están en riesgo por la tala
Según los expertos, desde el yaguareté hasta el puma y el lapacho.
El monitoreo de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable se realizó sobre las tres regiones donde se concentra el 85% del bosque nativo del país. Se trata de la selva misionera, el parque chaqueño y la selva tucumano-boliviana. Según biólogos y expertos consultados por Clarín, éstas son algunas de las especies en situación vulnerable por la deforestación.
En la selva misionera, la pérdida de bosque nativo pone en riesgo a especies como el yaguareté, el puma y el ocelote y otros mamíferos como el tapir, monos, corzuelas, dos especies de pecaríes y el coatí. El bosque nativo se compone allí de Pino Paraná, palo rosa, lapacho negro, guatambú y anchico. Todas especies amenazadas.
En la selva de Yungas ( monte tucumano-boliviano) también el yaguareté resiste a la amenaza de las topadoras, junto al tapir, el guacamayo verde, el loro alisero y el pato criollo. En cuanto a la flora nativa son propias de la región el cedro, el viraró, los alisos, el cebil, el horco-cebil, el vinal y el lapacho.
En el Parque chaqueño (el más castigado por la deforestación, según el informe oficial) están amenazados el yaguareté, el tatú carreta, el aguará guazú, el ciervo de los pantanos, el lobito del río y el chancho quimilero y las especies típicas del bosque nativo: quebracho colorado, quebracho santiagueño, quebracho blanco, algarrobos y guayacán.
El “ecocidio” continúa a pesar de la ley
En este gobierno, los que no mienten descaradamente se limitan a ser observadores y comentaristas de la depredación. En vez de cumplir la ley y denunciar judicialmente a quienes no la cumplen, se limitan a monitorear cómo las normas legales son violadas. No es una afirmación gratuita: es lo que han hecho con la ley 26.331, llamada Ley de Bosques, de mi autoría. Las autoridades nacionales le escamotearon sistemáticamente los fondos necesarios para cumplirla y observan pasivamente como las provincias más depredadoras aumentan el desmonte de los bosques nativos.
La deforestación es más alta que antes de la sanción de la ley en noviembre de 2007. Desde entonces hasta el presente las topadoras de los terratenientes sojeros o madereros han arrasado más de un millón de hectáreas de selvas nativas. Con las consecuencias previsibles para el clima, la fijación de los suelos, la biodiversidad y los ataques criminales a comunidades campesinas, que testimonian crímenes como el de Cristian Ferreyra.
En 2004, cuando presidía la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados presenté un proyecto solicitando al Poder Ejecutivo que declarase la “emergencia forestal nacional” y frenara los desmontes en todo el territorio argentino hasta tanto se sancionara una ley que protegiera los bosque nativos. Se sustentaba en un fundamento aterrador: en los últimos 70 años, el país había perdido el 70% de sus forestas originarias.
Ahora vemos que el ecocidio continúa a pesar de la ley. A contrapelo de sus declaraciones proambientalistas en Abu Dhabi, la presidenta Cristina Kirchner viene violando la ley de bosques desde su promulgación ficta en diciembre de 2007. Se tomó catorce meses para reglamentarla y recién lo hizo después del desastre de Tartagal, producto evidente de la deforestación.
Más duro fue el ninguneo presupuestario que continúa; nunca se aportó al Fondo Nacional para la Conservación de los Bosques lo establecido en la propia ley: el 0,3 por ciento del presupuesto nacional y el 2 por ciento de las retenciones a las exportaciones agroganaderas y forestales. Hubieran totalizado seis mil millones de pesos. Pero la realidad fue bien distinta: no hubo fondos para cumplir la Ley de Bosques en 2008 y 2009; en 2010 se incorporó una partida de 300 millones, en vez de los mil millones que marcaba la norma y de yapa 144 millones fueron desviados al Fútbol para Todos, por el entonces Jefe de Gabinete, Aníbal Fernández. En 2011, ante la falta de aprobación del presupuesto en el Congreso se repitió la partida del año anterior y en 2012 se destinaron al fondo 267 millones de pesos, siete veces menos que lo establecido por ley.
A la luz de estos datos no es de extrañar que la tasa de deforestación se haya elevado, que la emergencia forestal siga, que se hayan desmontado 275.245 hectáreas en zonas calificadas según la ley como “amarillas” o “rojas” (donde la tala está prohibidos) y, lo más grave, que en beneficio de Monsanto y los terratenientes sojeros, maiceros y ganaderos la expansión de la frontera agropecuaria amenace de muerte a lo poco que nos queda de bosques nativos.
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Increíble: Acumar se declaró en emergencia financiera
Cancelaron la auditoría sobre la limpieza del Riachuelo por falta de presupuesto
Fecha de Publicación: 25/01/2013
Fuente: Eco2site
Provincia/Región: Riachuelo
La limpieza del Riachuelo no avanza, y su ejecución se torna cada vez más complicada debido a que Acumar se declaró en emergencia financiera y recortó varios de sus programas.
El Riachuelo no está atravesando su mejor momento, si es que alguna vez lo tuvo. A fines del año pasado, el juez que lideraba la causa, Luis Armella, fue removido de su cargo por denuncias de corrupción. Ahora, la falta de presupuesto atenta contra la utópica limpieza de la cuenca.
La denuncia de la situación, firmada por el secretario de Ambiente de la Nación y presidente de la Acumar, Juan José Mussi, había sido enviada a la Corte el 14 de noviembre del 2012 y pedía la "urgente y directa intervención del tribunal" ante el "incumplimiento" financiero de la Ciudad y de la provincia de Buenos Aires. Estamos casi a principios de febrero, y sin señales de esos aportes, la Acumar ya empezó a comunicar la falta de financiamiento para los programas.
"Para el presente año el presupuesto aprobado por el Consejo Directivo asciende a $ 652.444.252, del cual sólo $ 1.996.593 se solventaría con recursos propios", dice la nota de la Acumar. El 50% del saldo, $ 650.447.659, debe ser pagado por el gobierno nacional, mientras que a la Capital y a la provincia le corresponden el 25% a cada una.
"La provincia de Buenos Aires no devengó ni integró los recursos comprometidos y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sólo aportó el 15% del monto comprometido", prosigue la notificación.
Según Silvia Lospennato, representante de la Ciudad en el Consejo Directivo de Acumar, "la nota de Mussi es falaz". "La Ciudad se comprometió a un aporte de 25 millones de pesos y lo cumplió, y así se lo informamos a la Corte", señaló para La Nación.
Mussi hace una salvedad en la nota y destaca que si bien el gobierno de Daniel Scioli no hizo sus aportes, el monto que debe aportar está incluido en el presupuesto previsto para este año, cuestión que no ocurre en el ejercicio de Mauricio Macri.
Entre los programas recortados se encuentran los convenios con AySA para terminar las plantas de tratamiento de cloacas, la compra de equipos para el monitoreo del aire de la cuenca, la reforma de La Saladita y el acuerdo con la Auditoría General de la Nación (AGN) que debe controlar todo el proceso. Además del convenio con la Universidad de La Matanza para hallar conexiones y vuelcos clandestinos; la suspensión de la construcción del Ecopunto de Ezeiza; el plan sanitario de emergencia; la limpieza de basurales y la adquisición de equipamiento para la red de monitoreo del agua y del aire.
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Fecha de Publicación: 25/01/2013
Fuente: Eco2site
Provincia/Región: Riachuelo
La limpieza del Riachuelo no avanza, y su ejecución se torna cada vez más complicada debido a que Acumar se declaró en emergencia financiera y recortó varios de sus programas.El Riachuelo no está atravesando su mejor momento, si es que alguna vez lo tuvo. A fines del año pasado, el juez que lideraba la causa, Luis Armella, fue removido de su cargo por denuncias de corrupción. Ahora, la falta de presupuesto atenta contra la utópica limpieza de la cuenca.
La denuncia de la situación, firmada por el secretario de Ambiente de la Nación y presidente de la Acumar, Juan José Mussi, había sido enviada a la Corte el 14 de noviembre del 2012 y pedía la "urgente y directa intervención del tribunal" ante el "incumplimiento" financiero de la Ciudad y de la provincia de Buenos Aires. Estamos casi a principios de febrero, y sin señales de esos aportes, la Acumar ya empezó a comunicar la falta de financiamiento para los programas.
"Para el presente año el presupuesto aprobado por el Consejo Directivo asciende a $ 652.444.252, del cual sólo $ 1.996.593 se solventaría con recursos propios", dice la nota de la Acumar. El 50% del saldo, $ 650.447.659, debe ser pagado por el gobierno nacional, mientras que a la Capital y a la provincia le corresponden el 25% a cada una.
"La provincia de Buenos Aires no devengó ni integró los recursos comprometidos y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sólo aportó el 15% del monto comprometido", prosigue la notificación.
Según Silvia Lospennato, representante de la Ciudad en el Consejo Directivo de Acumar, "la nota de Mussi es falaz". "La Ciudad se comprometió a un aporte de 25 millones de pesos y lo cumplió, y así se lo informamos a la Corte", señaló para La Nación.
Mussi hace una salvedad en la nota y destaca que si bien el gobierno de Daniel Scioli no hizo sus aportes, el monto que debe aportar está incluido en el presupuesto previsto para este año, cuestión que no ocurre en el ejercicio de Mauricio Macri.
Entre los programas recortados se encuentran los convenios con AySA para terminar las plantas de tratamiento de cloacas, la compra de equipos para el monitoreo del aire de la cuenca, la reforma de La Saladita y el acuerdo con la Auditoría General de la Nación (AGN) que debe controlar todo el proceso. Además del convenio con la Universidad de La Matanza para hallar conexiones y vuelcos clandestinos; la suspensión de la construcción del Ecopunto de Ezeiza; el plan sanitario de emergencia; la limpieza de basurales y la adquisición de equipamiento para la red de monitoreo del agua y del aire.
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