Gualeguaychú: levantarían el corte por dos meses
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Gualeguaychú: levantarían el corte durante dos meses
Fecha de Publicación: 14/06/2010
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Entre Ríos
Los vecinos votarán pasado mañana esa posibilidad; a cambio piden un control dentro de la planta
La Asamblea Ambiental de Gualeguaychú analiza negociar con la Casa Rosada la posibilidad de levantar temporalmente el corte de ruta que impide el paso hacia la ciudad uruguaya de Fray Bentos, bajo la condición de que el Gobierno exija el control ambiental de la pastera UPM (ex Botnia) en el interior de la planta. La decisión final sobre esta iniciativa se tomará pasado mañana, en una asamblea ampliada con todos los vecinos que quieran participar.
En la asamblea, donde no todo es monocolor, no pocos están preocupados por la denuncia penal sobre 18 delitos anunciada la semana pasada por el Gobierno. Para los más duros, en cambio, la propuesta de una tregua no es ingenua: están convencidos de que Uruguay no aceptará controlar el interior de la pastera ni su salida al río.
Lo que quedó claro es que la moción de la tregua de 60 días en el corte de ruta fue la más aplaudida anoche por los más de 100 asambleístas reunidos. Pasado mañana se discutirá abiertamente esa posibilidad.
Pero ese mismo día podría votarse también una iniciativa radicalmente diferente, que es una respuesta al Gobierno: que todos los adherentes a la asamblea se imputen los 18 delitos de la causa penal anunciada por el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández. De esa manera, cientos o miles de vecinos podrían convertirse en acusados por defender el medio ambiente, y no sólo una decena de los dirigentes de la asamblea, como pretende el Gobierno. Según pudo saber LA NACION, quien les habría acercado esta estrategia a los asambleístas fue Romina Picolotti, ex secretaria de Ambiente del kirchnerismo.
La moción más aplaudida anoche fue presentada por el abogado Luis Leissa, quien postuló la posibilidad de ofrecer una tregua de 60 días en el corte a condición de que la Casa Rosada presione a Uruguay para conseguir el monitoreo binacional de científicos e investigadores de universidades públicas desde dentro de la planta y directamente de sus efluentes.
Hoy, los controles ambientales se realizan a varios kilómetros (entre 3 y 7) de distancia de la planta. "Uruguay no va a aceptar, lo vamos a poner en un brete, y eso nos va a relegitimar ante la sociedad", sostuvo Leissa.
En el Gobierno ayer había un clima de euforia ante la posibilidad de que se levante el corte de ruta. En Uruguay, no descartan la posibilidad de que el presidente José Mujica termine aceptando un monitoreo en el interior de la planta si con ello se levanta el corte (de lo que se informa por separado).
Sobre esta estrategia se monta otra iniciativa analizada anoche en el refugio de Arroyo Verde, el paraje donde está ubicado el corte, sobre el kilómetro 28 de la ruta internacional 136: renovar sus contactos con la sociedad de Gualeguaychú y otras organizaciones ecológicas, luego de la escasa convocatoria que tuvo el grupo en sus últimas presentaciones.
La primera señal de esa apertura se pondrá en práctica pasado mañana, cuando inviten a todos los vecinos de Gualeguaychú a participar en una asamblea ampliada. Allí se pondrá en discusión la propuesta de levantar el corte temporalmente, aunque no será la única alternativa a discutir.
También se analizará la posibilidad de autoimputarse en la causa, además de otras opciones intermedias. Entre ellas, la anunciada por Juan Veronesi, que propuso facultar a los abogados de la asamblea y a todos los miembros que posean contactos políticos para abrir canales de diálogo con los gobiernos de la Nación y la provincia de Entre Ríos, actualmente cerrados, para frenar la causa penal.
El miércoles, estos "intermediarios" presentarán sus informes para aportar más cursos de acción a la votación general.
Levantamiento unilateral
La posibilidad de levantar unilateralmente el corte también será puesta a consideración pasado mañana, aunque fuentes locales consultadas por LA NACION le restaron chances de aceptación. Por lo menos mientras no se conozca el avance real de la denuncia del Gobierno.
Sí podría prosperar la iniciativa expuesta por Jorge Fritzler, quien sin más postuló que se convoque a una votación general en la ciudad para conocer realmente con cuánto apoyo cuenta la Asamblea Ambiental. "Que todo Gualeguaychú se exprese, para poder decir que somos tres en el corte, pero apoyados por 80.000", sostuvo, para sorprender: "Y si son más los 56 [en alusión a los comerciantes que exigieron a la Justicia la liberación del corte], nos vamos".
La votación general debería alcanzarse por una vía informal, distinta del plebiscito, recurso que ya fue desestimado en otras ocasiones, ya que no puede utilizarse para legitimar una medida ilegal, como lo es el corte.
Todas esas opciones, a su vez, serán acompañadas por otros planteos intermedios, que van desde levantar el corte y permanecer al costado de la ruta o negociar condiciones con los gobiernos de Uruguay y la Argentina pero manteniendo la barrera en Arroyo Verde.
Por lo pronto, anoche se aprobó renovar las cadenas telefónicas que hasta hoy se utilizan para mantener en alerta a la población. Según admitieron los propios asambleístas, existen sectores de la sociedad de Gualeguaychú con los que se ha perdido el contacto. La medida podría acompañarse con campañas en los distintos barrios de la ciudad para acercar la actividad de la asamblea a los vecinos.
Casi como una expresión de deseo, los asambleístas decidieron que pasado mañana votarán si invitan al Gobierno a debatir públicamente sobre Botnia. Sólo hubo una propuesta denegada: mandar una nueva carta pública a la Presidenta para advertirle sobre los riesgos de la contaminación.
Fecha de Publicación: 14/06/2010
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Entre Ríos
Los vecinos votarán pasado mañana esa posibilidad; a cambio piden un control dentro de la planta
La Asamblea Ambiental de Gualeguaychú analiza negociar con la Casa Rosada la posibilidad de levantar temporalmente el corte de ruta que impide el paso hacia la ciudad uruguaya de Fray Bentos, bajo la condición de que el Gobierno exija el control ambiental de la pastera UPM (ex Botnia) en el interior de la planta. La decisión final sobre esta iniciativa se tomará pasado mañana, en una asamblea ampliada con todos los vecinos que quieran participar.
En la asamblea, donde no todo es monocolor, no pocos están preocupados por la denuncia penal sobre 18 delitos anunciada la semana pasada por el Gobierno. Para los más duros, en cambio, la propuesta de una tregua no es ingenua: están convencidos de que Uruguay no aceptará controlar el interior de la pastera ni su salida al río.
Lo que quedó claro es que la moción de la tregua de 60 días en el corte de ruta fue la más aplaudida anoche por los más de 100 asambleístas reunidos. Pasado mañana se discutirá abiertamente esa posibilidad.
Pero ese mismo día podría votarse también una iniciativa radicalmente diferente, que es una respuesta al Gobierno: que todos los adherentes a la asamblea se imputen los 18 delitos de la causa penal anunciada por el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández. De esa manera, cientos o miles de vecinos podrían convertirse en acusados por defender el medio ambiente, y no sólo una decena de los dirigentes de la asamblea, como pretende el Gobierno. Según pudo saber LA NACION, quien les habría acercado esta estrategia a los asambleístas fue Romina Picolotti, ex secretaria de Ambiente del kirchnerismo.
La moción más aplaudida anoche fue presentada por el abogado Luis Leissa, quien postuló la posibilidad de ofrecer una tregua de 60 días en el corte a condición de que la Casa Rosada presione a Uruguay para conseguir el monitoreo binacional de científicos e investigadores de universidades públicas desde dentro de la planta y directamente de sus efluentes.
Hoy, los controles ambientales se realizan a varios kilómetros (entre 3 y 7) de distancia de la planta. "Uruguay no va a aceptar, lo vamos a poner en un brete, y eso nos va a relegitimar ante la sociedad", sostuvo Leissa.
En el Gobierno ayer había un clima de euforia ante la posibilidad de que se levante el corte de ruta. En Uruguay, no descartan la posibilidad de que el presidente José Mujica termine aceptando un monitoreo en el interior de la planta si con ello se levanta el corte (de lo que se informa por separado).
Sobre esta estrategia se monta otra iniciativa analizada anoche en el refugio de Arroyo Verde, el paraje donde está ubicado el corte, sobre el kilómetro 28 de la ruta internacional 136: renovar sus contactos con la sociedad de Gualeguaychú y otras organizaciones ecológicas, luego de la escasa convocatoria que tuvo el grupo en sus últimas presentaciones.
La primera señal de esa apertura se pondrá en práctica pasado mañana, cuando inviten a todos los vecinos de Gualeguaychú a participar en una asamblea ampliada. Allí se pondrá en discusión la propuesta de levantar el corte temporalmente, aunque no será la única alternativa a discutir.
También se analizará la posibilidad de autoimputarse en la causa, además de otras opciones intermedias. Entre ellas, la anunciada por Juan Veronesi, que propuso facultar a los abogados de la asamblea y a todos los miembros que posean contactos políticos para abrir canales de diálogo con los gobiernos de la Nación y la provincia de Entre Ríos, actualmente cerrados, para frenar la causa penal.
El miércoles, estos "intermediarios" presentarán sus informes para aportar más cursos de acción a la votación general.
Levantamiento unilateral
La posibilidad de levantar unilateralmente el corte también será puesta a consideración pasado mañana, aunque fuentes locales consultadas por LA NACION le restaron chances de aceptación. Por lo menos mientras no se conozca el avance real de la denuncia del Gobierno.
Sí podría prosperar la iniciativa expuesta por Jorge Fritzler, quien sin más postuló que se convoque a una votación general en la ciudad para conocer realmente con cuánto apoyo cuenta la Asamblea Ambiental. "Que todo Gualeguaychú se exprese, para poder decir que somos tres en el corte, pero apoyados por 80.000", sostuvo, para sorprender: "Y si son más los 56 [en alusión a los comerciantes que exigieron a la Justicia la liberación del corte], nos vamos".
La votación general debería alcanzarse por una vía informal, distinta del plebiscito, recurso que ya fue desestimado en otras ocasiones, ya que no puede utilizarse para legitimar una medida ilegal, como lo es el corte.
Todas esas opciones, a su vez, serán acompañadas por otros planteos intermedios, que van desde levantar el corte y permanecer al costado de la ruta o negociar condiciones con los gobiernos de Uruguay y la Argentina pero manteniendo la barrera en Arroyo Verde.
Por lo pronto, anoche se aprobó renovar las cadenas telefónicas que hasta hoy se utilizan para mantener en alerta a la población. Según admitieron los propios asambleístas, existen sectores de la sociedad de Gualeguaychú con los que se ha perdido el contacto. La medida podría acompañarse con campañas en los distintos barrios de la ciudad para acercar la actividad de la asamblea a los vecinos.
Casi como una expresión de deseo, los asambleístas decidieron que pasado mañana votarán si invitan al Gobierno a debatir públicamente sobre Botnia. Sólo hubo una propuesta denegada: mandar una nueva carta pública a la Presidenta para advertirle sobre los riesgos de la contaminación.
PN demandará por daño a una petrolera
Parques Nacionales demandará por daño ambiental a una petrolera
Fecha de Publicación: 14/06/2010
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
Lo aseguró el intendente del Parque Nacional Nahuel Huapi, Juan Salguero, quien sostuvo que el juicio es porque una de las empresas que trabajaba en las tareas de remediación se retiró en forma unilateral.
“La empresa que produjo el accidente estaba asegurada y como parte del seguro estaba la reparación del daño”, dijo.
El intendente del Parque Nacional Nahuel Huapi (PNNH), Juan Salguero, afirmó que promoverán una demanda contra la empresa Petrolera Argentina y un transportista, porque no están satisfechos con las tareas de remediación que se realizaron tras el derrame de unos 32.000 litros de combustible en un sector de la costa del lago Nahuel Huapi.
Explicó que “la empresa que produjo el accidente estaba asegurada y como parte del seguro estaba la reparación del daño ecológico causado por el derrame”.
Indicó que estaban trabajando dos empresas. Una se dedicaba a recoger el combustible del agua, “que está trabajando muy bien, pero es un trabajo lento, lleva no menos de seis meses y le faltó tiempo. Y otra empresa que unilateralmente dio por terminado los trabajos”.
Salguero afirmó que “nuestros técnicos dicen que (el trabajo) no está bien hecho, pero que todavía falta por lo menos un 20 por ciento" para llegar a lo que asegura la empresa.
El incidente ocurrió la mañana del 22 de julio de 2009, a la altura del kilómetro 25 de la Ruta Nacional 231, cuando un camión cargado con unos 34.000 litros de combustible, que se dirigía a la central térmica del EPEN en Villa La Angostura, volcó.
El acoplado quedó sobre el asfalto y derramó parte de la carga. Mientras que la cabina y el tanque quedaron semisumergidos en la costa del lago, donde vertieron miles de litros de combustible. Fue el derrame más importante que Parques tenga registrado.
“La empresa dice que completó un 80 por ciento, nosotros decimos que menos. Por lo tanto, en este momento, estamos evaluando el costo económico del daño ecológico que se produjo para hacerle cargo a la empresa a través de un juicio”, dijo Salguero.
Señaló que “nuestro juicio se lo hacemos a la petrolera, al no estar satisfechos con las reparaciones que hicieron, que son incompletas, y la empresa se retiró unilateralmente”.
Daño
Aseguró que “le comunicamos que no estábamos satisfechos; por lo tanto, ahora vamos a accionar judicialmente. Para eso necesitamos saber exactamente el daño ecológico que se produjo y hay que cuantificarlo”.
Dijo que el expediente “ya lo sacamos de la intendencia y lo pasamos al área técnica regional para que nos puedan evaluar el daño y nos sugieran un monto para salir a reclamarle a la empresa”.
Sostuvo que “el 5 de junio de este año nos comunicaron que se retiraban y nosotros estamos en desacuerdo. Ellos dicen que cumplieron, nosotros decimos que no. Sí cumplieron una parte importante, pero no terminaron de reparar a satisfacción de Parques”. “El compromiso era restaurar todo hasta el final”, aseveró.
El abogado de la intendencia del PNNH, Jorge Olguín, explicó que le pidieron a la delegación regional Patagonia -órgano técnico que evalúa el daño ambiental- que estime el cargo por daño ecológico producido.
Dijo que el expediente salió la semana pasada hacia ese organismo “y una vez que tengamos eso, valuaremos económicamente el daño y vamos a accionar contra la empresa”.
Olguín comentó que el expediente tiene mil fojas. Y señaló que se trata de un juicio ejecutivo a la empresa petrolera, el transportista y tal vez la aseguradora.
Mediciones
El biólogo de la división Manejo de Recursos de la intendencia del PNNH, Carlos Duprez, informó que en las mediciones propias y de la empresa que se hicieron en el lugar, como parte del plan de remediación, “no detectamos grandes impactos”.
“Nunca vimos peces muertos, aves muertas. En el agua nunca hubo nada que los ojos pudiesen detectar. Sí hay o hubo en la costa olor y petróleo amontonado o fuel oil sobre las rocas, pero que eso haya producido algo notorio en el agua no lo vi”, comentó Duprez.
Indicó que sobre el terraplén, donde cayó el camión, hubo algunas plantas muertas, principalmente pinos chicos.
Además, señaló que “la empresa unilateralmente” dijo que había cumplido en un 80 por ciento con la remediación y “para nosotros no está cumplido. Ni siquiera el 80 por ciento, y aunque lo estuviera no es razón como para ser tan rápida y fácilmente abandono del lugar, porque justo ahora viene la época de lluvias y hay más movimiento hídrico y puede removilizarse el combustible que esté en el terraplén contenido”.
“No nos olvidemos que el camión llevaba 34.000 litros de combustible”, recordó. “Con toda la furia, se recuperaron, dicen, de 10 a 12 mil litros que no estoy del todo seguro de que se haya recuperado ese volumen. Pero si se recuperaron 10 mil litros, 22 mil quedaron en algún lado”, advirtió.
También sostuvo que mientras la empresa indica que el 80% de esos 22 mil litros “ya se degradó, para nosotros no es así. Hay mucho combustible aún en el suelo embebido y que se puede removilizar con las lluvias”.
Fecha de Publicación: 14/06/2010
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
Lo aseguró el intendente del Parque Nacional Nahuel Huapi, Juan Salguero, quien sostuvo que el juicio es porque una de las empresas que trabajaba en las tareas de remediación se retiró en forma unilateral.
“La empresa que produjo el accidente estaba asegurada y como parte del seguro estaba la reparación del daño”, dijo.
El intendente del Parque Nacional Nahuel Huapi (PNNH), Juan Salguero, afirmó que promoverán una demanda contra la empresa Petrolera Argentina y un transportista, porque no están satisfechos con las tareas de remediación que se realizaron tras el derrame de unos 32.000 litros de combustible en un sector de la costa del lago Nahuel Huapi.
Explicó que “la empresa que produjo el accidente estaba asegurada y como parte del seguro estaba la reparación del daño ecológico causado por el derrame”.
Indicó que estaban trabajando dos empresas. Una se dedicaba a recoger el combustible del agua, “que está trabajando muy bien, pero es un trabajo lento, lleva no menos de seis meses y le faltó tiempo. Y otra empresa que unilateralmente dio por terminado los trabajos”.
Salguero afirmó que “nuestros técnicos dicen que (el trabajo) no está bien hecho, pero que todavía falta por lo menos un 20 por ciento" para llegar a lo que asegura la empresa.
El incidente ocurrió la mañana del 22 de julio de 2009, a la altura del kilómetro 25 de la Ruta Nacional 231, cuando un camión cargado con unos 34.000 litros de combustible, que se dirigía a la central térmica del EPEN en Villa La Angostura, volcó.
El acoplado quedó sobre el asfalto y derramó parte de la carga. Mientras que la cabina y el tanque quedaron semisumergidos en la costa del lago, donde vertieron miles de litros de combustible. Fue el derrame más importante que Parques tenga registrado.
“La empresa dice que completó un 80 por ciento, nosotros decimos que menos. Por lo tanto, en este momento, estamos evaluando el costo económico del daño ecológico que se produjo para hacerle cargo a la empresa a través de un juicio”, dijo Salguero.
Señaló que “nuestro juicio se lo hacemos a la petrolera, al no estar satisfechos con las reparaciones que hicieron, que son incompletas, y la empresa se retiró unilateralmente”.
Daño
Aseguró que “le comunicamos que no estábamos satisfechos; por lo tanto, ahora vamos a accionar judicialmente. Para eso necesitamos saber exactamente el daño ecológico que se produjo y hay que cuantificarlo”.
Dijo que el expediente “ya lo sacamos de la intendencia y lo pasamos al área técnica regional para que nos puedan evaluar el daño y nos sugieran un monto para salir a reclamarle a la empresa”.
Sostuvo que “el 5 de junio de este año nos comunicaron que se retiraban y nosotros estamos en desacuerdo. Ellos dicen que cumplieron, nosotros decimos que no. Sí cumplieron una parte importante, pero no terminaron de reparar a satisfacción de Parques”. “El compromiso era restaurar todo hasta el final”, aseveró.
El abogado de la intendencia del PNNH, Jorge Olguín, explicó que le pidieron a la delegación regional Patagonia -órgano técnico que evalúa el daño ambiental- que estime el cargo por daño ecológico producido.
Dijo que el expediente salió la semana pasada hacia ese organismo “y una vez que tengamos eso, valuaremos económicamente el daño y vamos a accionar contra la empresa”.
Olguín comentó que el expediente tiene mil fojas. Y señaló que se trata de un juicio ejecutivo a la empresa petrolera, el transportista y tal vez la aseguradora.
Mediciones
El biólogo de la división Manejo de Recursos de la intendencia del PNNH, Carlos Duprez, informó que en las mediciones propias y de la empresa que se hicieron en el lugar, como parte del plan de remediación, “no detectamos grandes impactos”.
“Nunca vimos peces muertos, aves muertas. En el agua nunca hubo nada que los ojos pudiesen detectar. Sí hay o hubo en la costa olor y petróleo amontonado o fuel oil sobre las rocas, pero que eso haya producido algo notorio en el agua no lo vi”, comentó Duprez.
Indicó que sobre el terraplén, donde cayó el camión, hubo algunas plantas muertas, principalmente pinos chicos.
Además, señaló que “la empresa unilateralmente” dijo que había cumplido en un 80 por ciento con la remediación y “para nosotros no está cumplido. Ni siquiera el 80 por ciento, y aunque lo estuviera no es razón como para ser tan rápida y fácilmente abandono del lugar, porque justo ahora viene la época de lluvias y hay más movimiento hídrico y puede removilizarse el combustible que esté en el terraplén contenido”.
“No nos olvidemos que el camión llevaba 34.000 litros de combustible”, recordó. “Con toda la furia, se recuperaron, dicen, de 10 a 12 mil litros que no estoy del todo seguro de que se haya recuperado ese volumen. Pero si se recuperaron 10 mil litros, 22 mil quedaron en algún lado”, advirtió.
También sostuvo que mientras la empresa indica que el 80% de esos 22 mil litros “ya se degradó, para nosotros no es así. Hay mucho combustible aún en el suelo embebido y que se puede removilizar con las lluvias”.
El país volverá a enriquecer uranio
El país volverá a enriquecer uranio
Fecha de Publicación: 13/06/2010
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) reanudó las actividades en el Complejo Tecnológico Pilcaniyeu para enriquecer uranio al 4% a partir de 2011, con el objetivo estratégico de ingresar en el selecto grupo de países que cuentan con la capacidad tecnológica para desarrollar el elemento combustible de reactores de investigación y potencia.
La planta está ubicada 40 kilómetros al sudeste de Bariloche, en cercanías del río Pichileufú, y cuenta con una estructura cubierta de 30.000 m2, donde décadas atrás se desarrolló un prototipo para el enriquecimiento de uranio a través de un proceso de difusión gaseosa, que fue cerrado en 1996.
Diez años después, con el lanzamiento del Plan Nuclear, el gobierno nacional incorporó como parte de su estrategia geopolítica la reanudación del enriquecimiento de uranio a escasos niveles, avalados por el acuerdo de no proliferación, y se inició en 2007 el reacondicionamiento del Complejo Tecnológico Pilcaniyeu.
Actualmente, se incorporó un plantel de 115 personas que iniciaron la revisión total de infraestructura del complejo, el mejoramiento de las condiciones operativas con un especial interés en las medidas de seguridad que serán controladas y autorizadas por la Autoridad Regulatoria Nuclear y la Organización Internacional de Energía Atómica para la efectiva puesta en funcionamiento del proceso.
Edgardo Isnardi, gerente del complejo Pilcaniyeu, precisó a LA NACION: "Se pondrá en marcha una instalación pequeña denominada módulo [mock up], que no sirve para producir en gran escala; sirve para demostrar que enriquece, que tenemos la tecnología y un equipo preparado".
Consideró también: "La pérdida más grande de los últimos 12 años fue en recursos humanos. Hay una generación y media de científicos que no tenemos", por lo cual se requirió una fuerte apuesta a la contratación de investigadores.
Se espera que en septiembre de 2011 el mock up esté operativo con 20 difusores, aunque aún no se utilizará uranio; en el corto plazo, la planta permitirá el abastecimiento del elemento combustible para los reactores de investigación y potencia del país, que actualmente recurren a la importación de uranio enriquecido, provista por los países más desarrollados en materia nuclear.
La inversión inicial para esta primera etapa de la reactivación de la capacidad de enriquecimiento demandará 60 millones de pesos, mientras que permanece inconclusa la obra del complejo que fue construido sólo en un 35% de su proyección original.
El responsable del complejo enfatizó que la planta se pondrá en funcionamiento bajo estrictos controles de seguridad y cuidado del medio ambiente, en respuesta a los cuestionamientos de vecinos de la localidad de Pilcaniyeu (situada a 23 kilómetros del complejo), que ponían en duda los efectos de la actividad sobre el curso del río Pichileufú.
Fecha de Publicación: 13/06/2010
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) reanudó las actividades en el Complejo Tecnológico Pilcaniyeu para enriquecer uranio al 4% a partir de 2011, con el objetivo estratégico de ingresar en el selecto grupo de países que cuentan con la capacidad tecnológica para desarrollar el elemento combustible de reactores de investigación y potencia.
La planta está ubicada 40 kilómetros al sudeste de Bariloche, en cercanías del río Pichileufú, y cuenta con una estructura cubierta de 30.000 m2, donde décadas atrás se desarrolló un prototipo para el enriquecimiento de uranio a través de un proceso de difusión gaseosa, que fue cerrado en 1996.
Diez años después, con el lanzamiento del Plan Nuclear, el gobierno nacional incorporó como parte de su estrategia geopolítica la reanudación del enriquecimiento de uranio a escasos niveles, avalados por el acuerdo de no proliferación, y se inició en 2007 el reacondicionamiento del Complejo Tecnológico Pilcaniyeu.
Actualmente, se incorporó un plantel de 115 personas que iniciaron la revisión total de infraestructura del complejo, el mejoramiento de las condiciones operativas con un especial interés en las medidas de seguridad que serán controladas y autorizadas por la Autoridad Regulatoria Nuclear y la Organización Internacional de Energía Atómica para la efectiva puesta en funcionamiento del proceso.
Edgardo Isnardi, gerente del complejo Pilcaniyeu, precisó a LA NACION: "Se pondrá en marcha una instalación pequeña denominada módulo [mock up], que no sirve para producir en gran escala; sirve para demostrar que enriquece, que tenemos la tecnología y un equipo preparado".
Consideró también: "La pérdida más grande de los últimos 12 años fue en recursos humanos. Hay una generación y media de científicos que no tenemos", por lo cual se requirió una fuerte apuesta a la contratación de investigadores.
Se espera que en septiembre de 2011 el mock up esté operativo con 20 difusores, aunque aún no se utilizará uranio; en el corto plazo, la planta permitirá el abastecimiento del elemento combustible para los reactores de investigación y potencia del país, que actualmente recurren a la importación de uranio enriquecido, provista por los países más desarrollados en materia nuclear.
La inversión inicial para esta primera etapa de la reactivación de la capacidad de enriquecimiento demandará 60 millones de pesos, mientras que permanece inconclusa la obra del complejo que fue construido sólo en un 35% de su proyección original.
El responsable del complejo enfatizó que la planta se pondrá en funcionamiento bajo estrictos controles de seguridad y cuidado del medio ambiente, en respuesta a los cuestionamientos de vecinos de la localidad de Pilcaniyeu (situada a 23 kilómetros del complejo), que ponían en duda los efectos de la actividad sobre el curso del río Pichileufú.
Gobierno acelera la causa por el corte
El Gobierno acelera la causa por el corte
Fecha de Publicación: 12/06/2010
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Entre Ríos
Pretende que se cite a declarar y se procese a 10 asambleístas de Gualeguaychú; utilizó una ley de Onganía para fundamentar la denuncia
Tras reuniones de urgencia en medio de fuerte hermetismo, el gobierno de Cristina Kirchner firmó ayer el decreto 828/10, por el cual habilitó al procurador general del Tesoro, Joaquín Da Rocha, a presentarse como querellante en la denuncia penal y civil que el Estado formuló el miércoles pasado contra diez asambleístas de Gualeguaychú, por el corte de la ruta 136 y del puente que une esa ciudad con Fray Bentos, en Uruguay.
Según pudo saber ayer LA NACION de altas fuentes oficiales, el Gobierno aspira ahora a que el juez federal subrogante de Concepción del Uruguay, Gustavo Pimentel, comience a citar y a procesar a los imputados lo más rápido posible, porque de ese modo -creen en la Casa Rosada- se acelerará el levantamiento del bloqueo que solucione el prolongado conflicto con Uruguay.
Ese corte, que lleva más de tres años y medio, se originó en el conflicto por la instalación de la ex pastera Botnia, ahora UPM.
La querella de Da Rocha por 18 delitos fue presentada luego de que el Gobierno se negó a desalojar la ruta -por temor a que se produjera una cruenta represión-, tal como lo estableció Pimentel en un fallo del martes último que ordenaba garantizar el libre tránsito. Ante la denuncia oficial, el juez solicitó ayer un decreto común de la Presidenta para habilitar al Estado como querellante.
La norma fue firmada así por la Presidenta y por el ministro de Justicia, Julio Alak, y enviada anoche por el secretario legal y técnico, Carlos Zannini, al Boletín Oficial, donde se publicará pasado mañana. Da Rocha envió al mismo tiempo el decreto al juzgado federal para que Pimentel pueda activar las citaciones y las medidas de prueba.
La firma del decreto se decidió tras febriles reuniones entre la Presidenta, Zannini, Alak y el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández.
Según dijeron a LA NACION dos ministros, el Poder Ejecutivo interpretaba que no era necesario el decreto, sino sólo "una formalidad". Entendía que era suficiente la querella de Da Rocha, que "como procurador representa a la Presidenta". Sin embargo, se resolvió acceder al pedido de Pimentel, que buscaría así darles solidez a sus actuaciones.
"Es una cuestión interpretativa, pero se resolvió firmarlo para darle celeridad al proceso", confió a este diario una alta fuente oficial. En la Casa Rosada se mantuvo el hermetismo acerca de la identidad de los imputados, para que no se entorpeciera la labor del juez. "Son diez los imputados", ratificó un ministro.
Onganía
El decreto 828, firmado con fecha de anteayer, 10 de junio de 2010, tiene un solo artículo: "Ratificase la presentación efectuada por el señor Procurador del Tesoro de la Nación como parte querellante en la causa número 57.839".
Entre sus fundamentos, invoca el artículo 4 de la ley 17.516, de octubre de 1967, de Juan Carlos Onganía y Guillermo Borda, que, señaló, "establece que el Estado podrá asumir el carácter de querellante cuando se cometan delitos contra la seguridad de la Nación, los poderes públicos, el orden constitucional y en los casos de delitos contra la seguridad y la tranquilidad pública".
Dice además que "corresponde garantizar el normal ejercicio de los derechos constitucionales de transitar, entrar y salir libremente por y del territorio nacional, trabajar y comerciar". Los delitos que se denuncian, agrega, son "homicidio culposo, privaciones de la libertad, amenazas calificadas, extorsión, instigación a cometer delitos, intimidación pública y apología del delito". En la querella sumaba otros, como daños a bienes públicos, atentado contra la vida democrática, sedición y resistencia a la autoridad.
La demanda por homicidio culposo se refiere a la muerte de Walter Maulucci, un joven de 33 años que falleció al chocar con su moto contra un acoplado cruzado sobre la ruta 136, en abril de 2009.
Por la mañana, Alak instó a la asamblea a que "reflexione rápidamente" y levante el corte, ya que "la cuestión está terminada jurídicamente". Y afirmó que el corte del puente "está generando la imposibilidad del control ambiental". Señaló que Uruguay pide el fin del bloqueo a cambio de la conformación de una comisión de científicos de ambos países.
En tanto, el presidente de Uruguay, José Mujica, señaló ayer que "esperará sentado", pero confiado en una solución al bloqueo (ver Pág. 7).
En declaraciones a Radio Del Plata, Alak le restó importancia al decreto que firmaría más tarde. "Es un trámite formal, insustancial", dijo el ministro.
"La pretensión del Estado es que el juez cite a los que lideran el bloqueo", señaló Alak. "La ley -añadió- es más fuerte que cualquier represión."
En Gualeguaychú ya hablan de "escraches" y de traidores
Los asambleístas apuntan contra los vecinos y comerciantes que se quejaban del corte
A dos metros de la barrera que corta el paso hacia Fray Bentos, un perro y una pata se disputan la comida que un jubilado les acaba de arrojar. Gana el perro, y eso parece ser lo único que distrae a los otros dos asambleístas, también jubilados, que contemplan la escena. Salvo por otro hombre mayor que mira televisión a pocos metros de allí, nadie más vigila el corte en Arroyo Verde.
La Presidenta acaba de firmar el decreto que faculta al procurador general del Tesoro, Joaquín da Rocha, a presentarse como querellante en la causa del corte de ruta.
La Gendarmería podría notificar en cualquier momento la orden previa del juez de Concepción del Uruguay, Gustavo Pimentel, de liberar el bloqueo e identificar a sus responsables. Aparentemente, nada de eso importa en Gualeguaychú. Pero sólo aparentemente.
"Estamos cumpliendo nuestro turno de siempre y mañana (por hoy) vienen los del sábado, como siempre", explica con naturalidad la jubilada encargada de levantar la barrera para los camiones y vehículos de los productores que quedaron encerrados entre el puente General San Martín y el corte de la ruta internacional 136. Que la Gendarmería, que el decreto presidencial, nada la preocupa, sostiene.
A contramano de la calma de los militantes de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú, que desde 2003 lucha contra la instalacición y el funcionamiento de la pastera UPM (ex Botnia), sus dirigentes miran con atención lo que sucede en el juzgado de Pimentel. "Hay una tensión que por el momento está larvada, aunque un sector de los vecinos, que son los más mediáticos, no dimensione el proceso", explica uno de los referentes.
De hecho, el grupo ya intentó interiorizarse en la causa que se maneja en los tribunales de Concepción del Uruguay, para conocer quiénes son los acusados de 18 delitos penales por parte del Gobierno.
"Fuimos, pero es como disparar en la oscuridad. Hasta que no haya imputados, no vamos a poder hacer una presentación espontánea", completa el dirigente, que no oculta su ansiedad por conocer los "nombres y apellidos" a los que se refirió el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, cuando el miércoles anunció la querella.
Mientras eso no suceda, tampoco podrán elaborar una defensa caso por caso, aunque sí el planteo colectivo que anticipó LA NACION: acusar de "partícipes necesarios" de los 18 delitos penales a los funcionarios kirchneristas que, en su momento, apoyaron la permanencia de la barrera de Arroyo Verde.
El actual jefe de Gabinete es uno de los funcionarios más mencionados entre los asambleístas, en razón de su paso por los ministerios de Justicia y del Interior.
El propio juez Pimentel recordó que otros fallos anteriores destinados a liberar el cruce no fueron ejecutados por el Gobierno. Para los asambleístas, tanto la Gendarmería como el Ministerio Público Fiscal, que estuvieron bajo órbita de Fernández, fueron quienes no aplicaron esos fallos.
"Paladines de la ecología"
"Fuimos paladines de la ecología para este gobierno, que ahora nos tira por la cabeza el Código Penal", resume un asambleísta. Y recuerda que el ex presidente Néstor Kirchner llevó a sus ministros y convocó a 17 gobernadores al corsódromo de Gualeguaychú, en mayo de 2006, para apoyar la "causa nacional" contra las pasteras.
"Esta es una cuestión ambiental que atañe a los pueblos uruguayo y argentino y que la República Argentina asume como un problema propio", subrayó Kirchner en aquella oportunidad. "Tenemos razón. El derecho está de nuestro lado", concluyó.
No es la única preocupación latente en Gualeguaychú. En los últimos días se multiplicaron las voces que proponen organizar "escraches" a los vecinos y comerciantes que exigieron ante Pimentel que se levante el bloqueo. "Cuesta hacer un llamado a la prudencia, porque algunos no tienen esa templanza", analizó uno de los abogados de la asamblea.
"Traidor" es una palabra que hoy se repite en esta ciudad, tanto para referirse al kirchnerismo como a los vecinos contra el corte. Entre estos últimos también se han extremado las posiciones, al punto que algunos ahora niegan la contaminación de UPM (como sostenían antes) o consideran "maravillosa" la denuncia penal del Gobierno.
Sólo los dirigentes de este grupo vuelven a pedir cordura e insisten en que el problema sigue siendo Botnia, aunque no compartan la decisión de mantener el corte. "Si la protesta hubiera significado el desmantelamiento de Botnia, habría valido la pena la pérdida de ingresos y de trabajo para 200 familias. Pero hoy Botnia sigue a pesar del corte y sin el apoyo de los fraybentinos nada vamos a conseguir", dijo un empresario.
En algo coinciden los referentes de los dos grupos: no quieren que se registren sus identidades, para no engrosar las listas con "nombre y apellido" del Gobierno, como tampoco la temida nómina de "traidores"
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Los asambleístas afirmaron que el corte de ruta "no es un capricho"
Fecha de Publicación: 12/06/2010
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Entre Ríos
El asambleísta Juan Ferrari, uno de los denunciados por el Gobierno nacional por encabezar el corte del puente Gualeguaychú-Fray Bentos, sostuvo que el bloqueo se hace para que las autoridades "se hagan cargo" por el funcionamiento de la planta de Botnia.
Ferrari consideró que "es muy injusto que haya tenido que salir un pueblo en defensa (del medio ambiente) de lo que tenía que haber hecho un gobierno". "Esto no es un capricho de Gualeguaychú de mantener la ruta cortada. Es un medida de fuerza que tiene una dirección: que es que el gobierno se haga cargo", apuntó el asambleísta en diálogo con radio América.
De esta manera, Ferrari le contestó al jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, quien la semana pasada afirmó que "la Justicia va a tener que tomar cartas en el asunto" frente a las denuncias penales y civiles que presentó el Gobierno contra quienes bloquean el tránsito en el puente desde hace más de tres años. Fernández advirtió que lo que hacen los asambleístas "no es una protesta, sino un capricho".
Ferrari aclaró que toda "decisión" de los vecinos de Gualeguaychú que apoyan el bloque del corte, está a cargo "de la Asamblea".
El ordenamiento territorial en Tucumán
El ordenamiento territorial permitirá salvar el bosque nativo
Fecha de Publicación: 11/06/2010
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán
Las autoridades locales buscan encuadrar en la normativa nacional de régimen forestal, para obtener los presupuestos.
Tucumán está atravesando un momento histórico en términos de ordenamiento territorial. Esto representa una oportunidad única para que los distintos actores de la sociedad se reúnan en una mesa de diálogo y busquen consensos sobre cómo quieren que sea el escenario futuro de los tucumanos, afirmaron técnicos de la Dirección de Flora, Fauna Silvestre y Suelos, responsables de llevar adelante el proyecto.
Si bien la Ley 26.331 de presupuestos mínimos se refiere a la masa boscosa, la visión ecosistema del bosque, como un conjunto indisoluble de diversos factores (suelo, agua, aire, fauna, flora etc.) conlleva a que de dicho ordenamiento se induzca el modelo de uso de suelo del territorio, explicaron los especialistas.
Una visión sobre los planes aprobados en otras provincias (Chaco, Santiago del Estero y Salta, entre otras) permite vislumbrar que a través de esta ley se zonifica (en tres grados de protección: rojo, amarillo y verde) más del 70% u 80% del la superficie total de una provincia.
Apuntaron que esta ley es innovadora y resaltaron los siguientes: -el ordenamiento se realiza mediante un proceso de participación público, amplio y abarcativo, en donde dialogan ONGs, centros universitarios, profesionales, funcionarios y público en general.
Otro aspecto es el concepto de sustentabilidad, que obliga a compatibilizar la conservación con la producción, y romper con antiguos antagonismos. También destacan la obligatoriedad de actualizar y modificar la ley en el transcurso del tiempo para transformarla en una ley dinámica, cuyos cambios tengan de base la experiencia y los hechos. En definitiva, una ley abierta y perfectible, como lo son los ecosistemas, apuntaron los técnicos.
Oportunidades
Tucumán no posee una tradición forestal arraigada. Los cambios a nivel región y que se extienden en el país abren un abanico de oportunidades para diversificar la actividad económica a mediano y largo plazo, ya que la tendencia de un cambio ya instalado en el país es irreversible y muestra de ello es el acercamiento entre la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable y el ministerio de Agricultura de la Nación para desarrollar una política forestal sostenible.
Respecto de la ley 26.331 de Presupuestos mínimos de protección ambiental de los bosques nativos, la Nación se responsabiliza de dictar los presupuestos mínimos de protección y las provincias de complementarlas. Para ello se necesita un ordenamiento del territorio respecto de masas boscosas de especies nativas. El objetivo es enriquecer, restaurar, conservar, aprovechar y manejar en forma sostenible los bosques nativos y sus servicios ambientales.
Por ello, el Ministerio de Desarrollo Productivo de Tucumán invitó a participar de la audiencia pública para tratar el avance de ese ordenamiento territorial, que se realizará el lunes a las 8 en el Centro Cultural J.B. Terán (Marco Avellaneda 230). Los interesados pueden inscribirse en Córdoba 1039, planta baja, de 8 a 13 y de 17 a 20.
Fecha de Publicación: 11/06/2010
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán
Las autoridades locales buscan encuadrar en la normativa nacional de régimen forestal, para obtener los presupuestos.
Tucumán está atravesando un momento histórico en términos de ordenamiento territorial. Esto representa una oportunidad única para que los distintos actores de la sociedad se reúnan en una mesa de diálogo y busquen consensos sobre cómo quieren que sea el escenario futuro de los tucumanos, afirmaron técnicos de la Dirección de Flora, Fauna Silvestre y Suelos, responsables de llevar adelante el proyecto.
Si bien la Ley 26.331 de presupuestos mínimos se refiere a la masa boscosa, la visión ecosistema del bosque, como un conjunto indisoluble de diversos factores (suelo, agua, aire, fauna, flora etc.) conlleva a que de dicho ordenamiento se induzca el modelo de uso de suelo del territorio, explicaron los especialistas.
Una visión sobre los planes aprobados en otras provincias (Chaco, Santiago del Estero y Salta, entre otras) permite vislumbrar que a través de esta ley se zonifica (en tres grados de protección: rojo, amarillo y verde) más del 70% u 80% del la superficie total de una provincia.
Apuntaron que esta ley es innovadora y resaltaron los siguientes: -el ordenamiento se realiza mediante un proceso de participación público, amplio y abarcativo, en donde dialogan ONGs, centros universitarios, profesionales, funcionarios y público en general.
Otro aspecto es el concepto de sustentabilidad, que obliga a compatibilizar la conservación con la producción, y romper con antiguos antagonismos. También destacan la obligatoriedad de actualizar y modificar la ley en el transcurso del tiempo para transformarla en una ley dinámica, cuyos cambios tengan de base la experiencia y los hechos. En definitiva, una ley abierta y perfectible, como lo son los ecosistemas, apuntaron los técnicos.
Oportunidades
Tucumán no posee una tradición forestal arraigada. Los cambios a nivel región y que se extienden en el país abren un abanico de oportunidades para diversificar la actividad económica a mediano y largo plazo, ya que la tendencia de un cambio ya instalado en el país es irreversible y muestra de ello es el acercamiento entre la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable y el ministerio de Agricultura de la Nación para desarrollar una política forestal sostenible.
Respecto de la ley 26.331 de Presupuestos mínimos de protección ambiental de los bosques nativos, la Nación se responsabiliza de dictar los presupuestos mínimos de protección y las provincias de complementarlas. Para ello se necesita un ordenamiento del territorio respecto de masas boscosas de especies nativas. El objetivo es enriquecer, restaurar, conservar, aprovechar y manejar en forma sostenible los bosques nativos y sus servicios ambientales.
Por ello, el Ministerio de Desarrollo Productivo de Tucumán invitó a participar de la audiencia pública para tratar el avance de ese ordenamiento territorial, que se realizará el lunes a las 8 en el Centro Cultural J.B. Terán (Marco Avellaneda 230). Los interesados pueden inscribirse en Córdoba 1039, planta baja, de 8 a 13 y de 17 a 20.
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Botnia: Asambleistas retrucan al gobierno
Para los líderes del corte, es una “traición a Gualeguaychú”
Fecha de Publicación: 11/06/2010
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
Ironizan con la idea de terminar en la cárcel. Pero se muestran dolidos e indignados.
Ellos sonríen. Tratan de resolver sus propias incógnitas. Pero las respuestas no aparecen y la sonrisa se refleja en rostros cansados. Después de la judicialización de la protesta, doce integrantes de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú se reunieron con Clarín y analizaron la decisión del Gobierno.
Ninguno acepta las acusaciones del Ejecutivo y dudan sobre la real implementación de la querella ejecutada por el jefe de Ministros. No les importan las amenazas, pero saben que su radicalización sólo puede estar equilibrada con moderación en su hablar. Entre ellos bromean y piden que el Gobierno inaugure con ellos una de las cárceles que se está por terminar en la provincia.
José Pouler es uno de los más “mediáticos” de la Asamblea. Está convencido que es uno de los denunciados por la Casa Rosada, sin embargo no se cansa de afirmar que no tiene miedo a ir detenido. La nueva amenaza que acorrala al corte de Arroyo Verde. “Si tuviera miedo, nunca hubiera participado. Uno sabe que puede tener sus consecuencias y sin embargo está firme porque el objetivo que perseguimos es noble”, explica Pouler.
Cristina Limba cuenta que apenas pudo dormir y mientras responde piensa en que le tocará cocinar para la guardia de esta noche, en el corte sobre el kilómetro 28. “Lo que siento no es bronca, es indignación. Esto es un problema que ya tendría que haberse solucionado hace mucho tiempo. Se tiene que solucionar por la vía política, judicializar este conflicto es una vergüenza”.
Coincide con Pouler y cree que se trata de responsabilidades compartidas con el Gobierno. “¿Cree que la Justicia va avanzar o esto va a quedar sólo en la conferencia de prensa?”, preguntó este diario. Limba fue cauta: “Nunca pensé que iba a pasar lo que pasó anoche.
Estoy desconcertada, dolida e indignada porque después de todo, sé que el Gobierno iba a seguir sosteniendo que esto era una causa nacional.
Si de golpe pasamos a ser los malos de la película no es nuestro problema” . A metros de ella, el que escucha de manera atenta es Jorge Fritzler, considerado como uno de los líderes de la Asamblea. Fritzler mide sus palabras y prefiere la tranquilidad. Sentencia que el Gobierno nunca los apoyó y es terminante: “ Lo de ayer fue una traición al pueblo de Gualeguaychú ”.
Pouler no tiene medias tintas. “Si quedar detenido por un capricho del mismo Gobierno que nos habilitó a estar en la ruta , bajo ningún punto de vista tendría miedo y lo haría con orgullo mostrando la cara”, dice el asambleísta. “El Gobierno de un plumazo nos pasó de asambleístas ecologistas a delincuentes seriales, olvidándose que el delincuente serial mayor es la persona que hizo la conferencia de prensa. El fue el que escondió y cajoneó los oficios anteriores. Si hay un homicidio culposo el primero que tiene que pagarlo es Fernández”, sentenció Pouler.
Todos se apoyan. Pouler habla con Luis Leisa, abogado de la Asamblea: “Quiero compartir celda con Aníbal porque es bueno para el truco”. Leisa, ex intendente de Gualeguaychú espera: “Ellos individualizaron la protesta, pero esto es un bloque”. Antes de irse, los doce avisan: “Dale la foto a la SIDE, acá estamos todos”.
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En Gualeguaychú amenazan con denunciar apoyos del Gobierno
Fecha de Publicación: 11/06/2010
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Quieren revelar la "asistencia económica indirecta" y otros respaldos oficiales
En un nuevo giro que intensifica la tensión en Gualeguaychú, los asambleístas que mantienen cortado el paso a la ciudad uruguaya de Fray Bentos decidieron contraatacar ante la embestida judicial de la Casa Rosada. Advirtieron que si son acusados en la Justicia denunciarán a funcionarios del Gobierno como partícipes necesarios de los 18 delitos penales que les atribuyó el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández.
Se basarían en los apoyos que en su momento brindaron a la protesta varios ministros, funcionarios y gobernadores, además de la "asistencia económica indirecta", resumió un dirigente de los asambleístas a La Nacion.
La propia Presidenta y, sobre todo, el ex mandatario Néstor Kirchner no quedarían exentos de esta acusación, dejaron trascender voceros de los manifestantes.
La reacción de los integrantes de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú, que exige el desmantelamiento o, al menos, el monitoreo conjunto de la pastera UPM (ex Botnia), se dio a conocer al mediodía durante una marcha al municipio local, en la que fueron recibidos por el intendente, Juan José Bahillo, quien les transmitió su apoyo y se diferenció del gobierno nacional.
"Mis vecinos no son delincuentes, persiguen fines nobles", dijo el jefe comunal, que milita en el kirchnerismo.
Apenas unas horas antes, el jefe de Gabinete volvió a arremeter contra los asambleístas. Además de exigirles que "se hagan cargo de sus responsabilidades penales", Fernández calificó de "capricho" la continuidad del piquete en Arroyo Verde.
Un día antes, el propio Fernández había anunciado que el Poder Ejecutivo se constituiría como querellante penal y denunciante civil en la causa en la que el juez de Concepción del Uruguay, Gustavo Pimentel, dispone que se libere el corte, montado en noviembre de 2006 en el kilómetro 28 de la ruta internacional 136, en Arroyo Verde, paso obligado para acceder al puente General San Martín.
"De haber algún tipo de delito, los propios funcionarios nacionales serían partícipes necesarios, lo que demuestra lo ridículo de este planteo", señalaron los asambleístas en la carta que presentaron al intendente Bahillo. En declaraciones a medios locales, los dirigentes de la asamblea reforzaron esa idea. "Iremos desarrollando las estrategias defensivas, pero también va a haber imputaciones hacia quienes son responsables de llevar al ámbito judicial un conflicto ambiental que, en realidad, está en manos de los presidentes resolverlo", sostuvo el abogado Osvaldo Fernández a una FM de Gualeguaychú.
En diálogo con LA NACION, un dirigente con influencia en las acciones judiciales del grupo eligió una imagen más directa para ejemplificar la estrategia. "¿Te imaginás a un asambleísta en el banquillo de los acusados, declarando que tal o cual mandatario lo alentó a mantener el corte de ruta o que aquel ministro le prometió y consiguió apoyo?", sostuvo, mientras no hay en la ciudad atisbos de la llegada de efectivos de la Gendarmería Nacional.
Y deslizó, casi al pasar: "Sin mencionar la asistencia económica indirecta que, más de una vez, nos proveyeron los mismos que hoy nos quieren condenar".
También Romina Picolotti, ex secretaria de Medio Ambiente del gobierno de Kirchner, expuso en un comunicado los mismos argumentos de los asambleístas. Dijo que el Gobierno no exigió el fin del corte y apoyó la lucha contra UPM/Botnia.
"Cuando ser verde era políticamente correcto, ni el oficialismo, ni la oposición ni el Poder Judicial cuestionaban la legalidad del corte y mucho menos pedían la liberación de la ruta", dijo la ex funcionaria en una declaración (ver aparte).
"Causa nacional"
A lo largo del conflicto por la instalación de las pasteras Botnia y ENCE, iniciado en 2003 y que derivó en el bloqueo de Arroyo Verde en 2006, el kirchnerismo pasó de la indiferencia a definir como "una causa nacional" la lucha de los asambleístas.
El distanciamiento llegó en los últimos meses, con el fallo de la Corte Internacional de La Haya, en momentos en que el gobierno argentino necesitaba el voto de Uruguay para conseguir la elección del ex presidente Kirchner como secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).
Anteayer, mientras Aníbal Fernández leía la acusación penal del Gobierno, en Gualeguaychú se exhibían dos fotos del matrimonio presidencial, tomadas el 20 de junio de 2007 en Rosario, en la que tanto Néstor como Cristina Kirchner aparecen agitando banderas argentinas con la inscripción "Viva la Patria-Fuera Botnia".
"Llamativamente, el propio Ministerio Público Fiscal no alentó la investigación y se sentó sobre varios expedientes", fue el ejemplo que eligió, por su parte, el abogado Luis Leissa.
Visita presidencial
Lejos de atender los reiterados reclamos de varios comerciantes que alzaron su voz contra el corte, muchos vecinos de Gualeguaychú prefieren recordar la visita del matrimonio presidencial, a comienzos de 2007, cuando concurrió al acto organizado por la asamblea en el corsódromo de esta ciudad.
"Acompañaron y hasta alentaron nuestra lucha", indicó un dirigente, quien advirtió que los Kirchner asistieron a la protesta junto con ministros y gobernadores.
La conclusión del grupo que se resiste a abandonar el puente fronterizo, que impide el paso a Uruguay, es clara: el Gobierno y varios de sus ministros son partícipes necesarios de los mismos delitos que hoy les intentan imputar. Y así buscarán demostrarlo los asambleístas en su presentación a la Justicia, según advirtieron a LA NACION.
Tampoco faltaron quienes se tomaron en clave de humor la nueva estrategia. "Ya elegí como compañero de celda a Aníbal Fernández, porque no imagino un compañero de truco más mentiroso", bromeó José Pouler, aunque inmediatamente aclaró, ya sin sonreír: "Fernández se reunió con nosotros y, durante tres años, no dio curso a los oficios judiciales. Los 18 cargos penales también son para él".
En tanto, los diputados provinciales Jorge Busti y Juan Bettendorff presentaron en la Legislatura un proyecto de resolución para que la Cámara se pronuncie y pida "el monitoreo real y efectivo de la planta UPM (ex Botnia), con participación amplia de académicos y de acceso irrestricto a los informes".
En contraste con su presencia en múltiples protestas sociales, el dirigente piquetero Luis D´Elía se alejó de los reclamos de los asambleístas y pidió "despejar las rutas sin más vueltas". Dijo que "el tema harta a la sociedad" y que se deben restablecer las relaciones entre la Argentina y Uruguay.
Botnia: Gobierno denuncia a los asambleístas
Ecologistas ratifican el bloqueo y piden una "explicación" por la denuncia del Gobierno
Fecha de Publicación: 10/06/2010
Fuente: EFE
Provincia/Región: Entre Ríos
Ecologistas de la ciudad argentina de Gualeguaychú ratificaron hoy que mantendrán el bloqueo iniciado en 2006 en un acceso a Uruguay y pidieron a las autoridades del distrito que den "explicaciones" sobre el accionar del Gobierno, que demandó penalmente a los activistas.
La Asamblea Ambiental de Gualeguaychú presentó un petitorio ante el alcalde de la ciudad, Juan José Bahillo, para que explique la actuación "del Gobierno al que él adscribe", señalaron portavoces del colectivo.
La presentación fue realizada luego de que el Gobierno argentino anunciara este miércoles que denunció penalmente a los ambientalistas que mantienen bloqueado el paso a la uruguaya Fray Bentos en protesta por la instalación de una papelera de la finlandesa UPM (ex Botnia) a la vera del río Uruguay, de administración compartida.
"La decisión es mantener el corte y responsabilizar a las autoridades de Gualeguaychú y de la provincia de Entre Ríos (donde se ubica la ciudad) por su accionar", explicó a Efe la asambleísta Ana Costa.
El petitorio busca "señalar la barbaridad que ha llevado adelante el Gobierno nacional. Ahora van a procesar a un montón de gente honesta", añadió el activista Oscar Vargas a medios locales.
Los asambleístas, que afirman que aún no fueron notificados de la denuncia del Gobierno, resolvieron anoche mantener el bloqueo y volver a elevar una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tal como lo hicieron en 2005.
El jefe de Gabinete argentino, Aníbal Fernández, dijo este miércoles que el Gobierno decidió presentarse como querellante en lugar de enviar a las fuerzas de seguridad para liberar el puente "hasta tener que reprimir", algo que no está dispuesto a hacer ni hará, aseguró.
El bloqueo "ya dejó de ser un reclamo popular o una lucha popular para ser un capricho", insistió hoy el jefe de Gabinete, quien precisó que son "unos diez" los activistas denunciados en la presentación gubernamental.
Un juez argentino había exhortado el pasado martes al Gobierno de Cristina Fernández a que ordene el desalojo del acceso al determinar que había resoluciones judiciales anteriores vigentes que ordenaban garantizar la libre circulación en el paso fronterizo.
La decisión del Ejecutivo, que también incluye una denuncia civil contra los ecologistas, desató las reacciones de rabia e indignación en la zona del bloqueo, donde siguieron la conferencia de prensa del jefe de Gabinete a través de una pantalla apostada en la ruta que conduce al puente General San Martín, que une Gualeguaychú con Fray Bentos.
El litigio por la instalación de la papelera fue dirimido por la Corte Internacional de La Haya, que el pasado 20 de abril determinó que Montevideo violó el estatuto del río Uruguay, pero consideró que la planta puede seguir operando porque no hay pruebas aún de que contamine el medio ambiente.
La denuncia penal presentada por la Procuración del Tesoro (cuerpo de abogados del Estado) contra los ambientalistas abarca un abanico amplio de delitos, como entorpecimiento del normal funcionamiento del transporte, homicidio culposo, amenazas agravadas, daños a bienes públicos, instigación a cometer delitos, intimidación pública y apología del delito, entre otros.
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El Gobierno fue a la Justicia y denunció a los asambleístas
Fecha de Publicación: 10/06/2010
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Entre Ríos
Fue al día siguiente de que un juez ordenó levantar el corte y dejó su instrumentación en manos oficiales. El jefe de Gabinete dijo que se los acusa de sedición y homicidio culposo, entre más de una decena de delitos. E insistió en que no reprimirán.
Un día después de que un juez federal entrerriano ordenara levantar el corte en Gualeguaychú, el Gobierno nacional evitó una vez más desalojar la ruta 136 por la fuerza, pero en cambio, subió fuertemente la presión hacia los ambientalistas, al denunciar ante la Justicia penal y civil a unos diez líderes de la protesta contra la instalación de la ex Botnia en el río Uruguay.
La decisión oficial de criminalizar el corte de ruta que ya lleva más de tres años y medio en el paraje Arroyo Verde, a 20 kilómetros de Gualeguaychú, fue informada por la tarde en la Casa Rosada por el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, junto a un silencioso ministro de Justicia, Julio Alak. Aníbal F. se limitó a exponer desde el atril y no se permitieron preguntas de los periodistas.
Lejos de aquellas palabras de Néstor Kirchner en 2006, cuando encabezó un acto masivo en Gualeguaychú y aseguró que la lucha contra Botnia era una “causa nacional”, Aníbal F. cargó ayer contra la “actitud radicalizada” de los asambleístas que persisten con el corte a pesar del fallo del tribunal de La Haya, que para el Gobierno fue el “punto de inflexión”.
Justificó además que era “imperioso” recuperar la relación con Uruguay, y los acusó de “impedir con su conducta” que se avance en los controles de la contaminación ordenados por La Haya.
El jefe de Gabinete anunció también que el Gobierno se presentará de querellante en la causa.
En cuanto a la denuncia penal contra los asambleístas, se despachó con una batería de trece presuntos delitos que les cabrían, desde entorpecer el tránsito hasta el atentado y resistencia a la autoridad, pasando por el homicidio culposo (sería por el motociclista que murió al chocar contra un acoplado en 2009), las amenazas agravadas, la apología del delito y la sedición.
Ante la Justicia civil se denunciará “a los mismos responsables”, dijo Aníbal F., y mencionó el cierre de negocios, perdidas de trabajos, de turismo y de exportaciones, entre otros presuntos perjuicios.
Esta movida judicial fue la respuesta que encontró el gobierno de Cristina Kirchner ante la resolución que dio a conocer el martes en la tarde el juez federal Gustavo Pimentel, que instó al Gobierno a actuar con la fuerza pública para garantizar la libre circulación.
El juez recordó que estaban vigentes tres mandatos para liberar la ruta, “restando únicamente que el ministro del Interior del que depende la fuerza federal emita la orden de cumplir el mandato judicial”.
Pero, en la interpretación que hizo ayer Aníbal F., “no hemos tenido una decisión judicial contundente”, sino “decisiones elípticas”, “cosas globales” que se tornan “de imposible cumplimiento”.
Aclaró igual que el Gobierno encara las denuncias “en lugar de poner las fuerzas de seguridad hasta tener que reprimir, (que) no tenemos vocación”.
A esta decisión se llegó luego de varios cónclaves que encabezó Cristina con el jefe de Gabinete y el secretario Legal, Carlos Zannini. Ayer en Olivos fueron convocados desde media mañana el jefe de la Gendarmería, Héctor Schenone, y el procurador del Tesoro, Joaquín da Rocha (jefe de los abogados del Estado), a quien se le encomendó la misión de llevar a Concepción del Uruguay la presentación ante el juez federal Pimentel. El trámite le llevó más de lo previsto (ver Un trámite...).
Al Gobierno le llevó algunas horas unificar un discurso. A la mañana Alak sostenía que el Gobierno iba a “hacer cumplir a través de la Gendarmería” la orden, que consideraba, contra los que diría Anábal F. más tarde, que era “expresa, clara y contundente”.
Gualeguaychú, dominado por la bronca y la incertidumbre
Los asambleístas estallaron en insultos contra Aníbal F. “Le da la razón a Uruguay”
Gendarmería nunca llegó al kilómetro 28 de la ruta 136. Arroyo Verde nunca se desalojó. El miedo a la represión se disolvió con el correr de las horas, pero con el paso del tiempo el temor se transformó en incertidumbre.
Se convirtió en una compleja rutina del no saber y así, en un claro contrincante. Para los ambientalistas que cortan el puente Internacional General San Martín desde hace poco más de tres años, el golpe llegó de la manera menos esperada y de la forma más imprevista.
Luego de 24 horas de espera, el Gobierno les cerró la puerta de manera definitiva y se colocó en la otra vereda, justamente en el campo más sinuoso, el judicial. El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, fue el vocero de la acusación contra los principales integrantes de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú.
Fernández habló de “actitudes radicalizadas y violentas ” y sentenció el accionar del corte como un “alzamiento contra un tratado internacional”. Apenas se cortó la imagen que transmitió en directo el discurso del jefe de ministros, la cara de los principales referentes de la Asamblea se transformó. Cambió de un pálido color de desconcierto, a un rojo de bronca . Juan Veronesi, uno de los históricos militantes de la lucha contra la pastera UPM (ex Botnia), fue el primero en encarar un masivo insulto contra el Jefe de Gabinete.
“El señor Aníbal Fernández fue por otro carril en el análisis de esta situación. Y encima, vino a decir que no hay pruebas de que hay contaminación. Lo lamento muchísimo. Fue por una vía lateral, ajena a lo que plantea esta asamblea”, dijo Veronesi a Clarín . La acción judicial lo sorprendió: “Es algo inaudito que vengan a querellar a su propio pueblo, cuando legítimamente se está luchando contra Botnia y no contra Uruguay. Es darle la razón al Gobierno uruguayo, que ha violado un tratado y a Botnia, que es ilegal, y nuestro Gobierno parece que sí la acepta”.
Juan Carlos Barrios es otros de los asambleístas que se mantienen sobre la ruta desde el comienzo de los cortes. No pudo ocultar su descontento y acusó a Fernández de “no tener vergüenza”: “Este Gobierno es tan o más cómplice, tan o más inmoral que los propios uruguayos ”. ¿Siente que se quedaron solos?, le preguntó Clarín a Barrios, que fue terminante en su respuesta. “En absoluto, la ciudadanía de Gualeguaychú y el pueblo argentino sabe perfectamente bien las condiciones de nuestra lucha y no vamos aflojar. La Asamblea no va a ceder un ápice”, finalizó.
Arroyo Verde vivió una jornada inusual. Durante la noche, el lugar del corte se vació. La seguridad de que Gendarmería no aparecería generó que el grueso de la gente se acerque a partir de las 7 de la mañana. Recién al mediodía, el kilómetro 28 tuvo su punto álgido: más de 400 personas. No pasó de eso.
La amenaza del desalojo generó en la mayoría de los asambleístas una rara ciclotimia. Por momentos, cuando el fantasma del avance de los gendarmes se disolvía, ellos se animaban a asegurar que nada iba a ocurrir.
Pero las declaraciones del ministro de Justicia, Julio Cesar Alak, se repetían por radio y televisión: “Vamos a cumplir la medida judicial”, afirmaba el ministro y así, el desconcierto volvía.
Sobre la ruta, los asambleístas discutían sus posiciones. Con un ambiente de marchas y contramarchas, se escucharon todo tipo de hipótesis y argumentaciones, que se debatían anoche en asamblea. Mientras se buscaba algún tipo de respuesta orgánica al Gobierno, los asambleístas resolvieron marchar hoy jueves hacia la Municipalidad de Gualeguaychú.
Con matices, todos coincidían en algo.
No importa cómo, el corte sigue, Arroyo Verde sigue siendo su casa.
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El Gobierno denunció a los asambleístas
Fecha de Publicación: 10/06/2010
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Entre Ríos
El jefe de Gabinete acusó de 18 delitos a los manifestantes y trató de justificar por qué no se cumplió la orden judicial de desalojo
El Gobierno decidió denunciar penal y civilmente a un grupo de asambleístas de Gualeguaychú y optó por no hacer efectiva la orden de liberar el puente fronterizo con Uruguay por considerar el fallo que así lo ordenaba, que firmó anteayer el juez Gustavo Pimentel, "elíptico", falto de "contundencia" y de "cumplimiento imposible".
El magistrado había ordenado anteayer, a las 16, liberar la ruta 136, basado en tres resoluciones judiciales anteriores (dos de 2006 y una de 2007), que, según su fallo, no se habían cumplido porque el Gobierno entendió entonces que no era la oportunidad política para hacerlo. La que reclamó la semana pasada que interviniera la Justicia fue la presidenta Cristina Kirchner.
La denuncia de la Casa Rosada incluye 18 delitos, entre ellos, homicidio culposo, además de amenazas agravadas, daños a bienes públicos, intimidación pública, apología del delito, atentado contra la vida democrática, sedición y resistencia a la autoridad.
La demanda por homicidio culposo está relacionada con la muerte de Walter Maulucci, un joven 33 años que falleció al chocar con su moto contra un acoplado que estaba cruzado sobre la ruta 136, en abril del año pasado.
El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, fue el encargado de anunciar que el Estado se convertía en querellante. Habló ante los medios sin permitir preguntas y dio un informe que de a ratos debió leer. Se lo notó nervioso. Lo acompañó el ministro de Justicia, Julio Alak, que no habló.
A lo largo de su monólogo, Fernández no dio los nombres de las personas denunciadas ni la cantidad. LA NACION pudo saber que son entre diez y doce los ambientalistas demandados y, según confió un alto funcionario de la Casa Rosada, uno de ellos sería Juan Ferrari. "Son todos los líderes, los que están siempre en los medios", agregó una fuente oficial.
Al cierre de esta edición, el procurador del Tesoro, Joaquín Da Rocha, se encontraba reunido con Pimentel en Concepción del Uruguay para presentarle la denuncia del Gobierno que horas antes había anunciado Aníbal Fernández. Da Rocha debió viajar en auto a Entre Ríos después de reunirse con la Presidenta en la quinta de Olivos.
En ese reservado cónclave, que comenzó a las 11.30, se decidió un notable cambio de estrategia. Anteanoche, el ministro del Interior, Florencio Randazzo, había convocado a los medios a su despacho para ratificar que el Gobierno cumpliría el fallo de Pimentel con la notificación de la Gendarmería a los manifestantes.
Pero lo más evidente ocurría en la mañana de ayer. Alak ratificaba esa posición así: "El Gobierno va a hacer cumplir [el fallo] a través de las fuerzas de seguridad federales. Hay una orden judicial expresa, clara y contundente", declaró el ministro a Radio 10, en abierta contradicción con lo que horas más tarde opinó Aníbal Fernández. Finalmente, las fuerzas de seguridad nunca aparecieron por el paraje conocido como Arroyo Verde.
Alzamiento
"Esto es un claro alzamiento. Los ocupantes del puente tienen actitudes radicalizadas y violentas", sostuvo el jefe de Gabinete, y arremetió contra la Justicia. "En el escrito de ayer no hemos tenido una decisión contundente. La orden fue elíptica", opinó. "Tenía conclusiones globales sin contundencia y era de imposible cumplimiento", se quejó al final.
El jefe de Gabinete dijo, además, que el corte de ruta impedía hacer el monitoreo ambiental conjunto que ordenó el fallo de la Corte de La Haya. "Esta conducta impedirá el control de la planta [de UMP, ex Botnia] -sentenció y criticó a los asambleístas-. Que nadie se arrogue el derecho de violar un fallo internacional." Si bien el funcionario condicionó el monitoreo ambiental al levantamiento del corte, nada sostuvo La Haya en ese sentido y tampoco el gobierno de José Mujica.
Según comentaron a LA NACION altas fuentes oficiales, el cambio de rumbo se tomó a media mañana. La excusa para hacer la denuncia penal y civil fueron, según un ministro, las declaraciones "desafiantes" de los manifestantes que anunciaron que no firmarían ninguna notificación que hiciera la Gendarmería.
En la reservada mesa de Olivos en la que se decidió la nueva embestida estuvieron la Presidenta, Fernández, Alak, Da Rocha, Carlos Zannini y el jefe de la Gendarmería, Héctor Schenone. Terminó a las 14.
De allí, el procurador se llevó videos, recortes de diarios, frases y fotos de los denunciados, que presentaba anoche, bajo estricto secreto, ante el juzgado de Pimentel.
Ordenó la Justicia levantar el corte
Ordenó la Justicia levantar el corte de Gualeguaychú
Fecha de Publicación: 09/06/2010
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Entre Ríos
El Gobierno dijo que acatará la resolución, pero sin reprimir; los asambleístas anunciaron que resistirán
Después de una semana en la que el Gobierno insitió en deslindar en la Justicia la responsabilidad por la permanencia del corte del puente que une Gualeguaychú con la ciudad uruguaya de Fray Bentos, el juez federal subrogante de Concepción del Uruguay dispuso ayer que se garantice el libre tránsito en ese paso internacional.
El juez Gustavo Pimentel recordó, de todos modos, que ya existían tres órdenes judiciales para liberar el puente internacional General San Martín, interrumpido en forma permanente desde 2006, y que el Gobierno no había actuado en consecuencia.
Luego de reunirse con la presidenta Cristina Kirchner y el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, el ministro del Interior, Florencio Randazzo, informó anoche que el Gobierno cumplirá la orden judicial sin reprimir. "Vamos a cumplir el fallo, por medio de la Gendarmería, garantizando la seguridad de las personas que están en el corte", sostuvo en la Casa Rosada.
En Gualeguaychú reinaba anoche la incertidumbre y el estado de alerta entre los asambleístas: dijeron que iniciarían una "resistencia pacífica", además de convocar a una asamblea de urgencia para decidir los próximos pasos.
"Si hay violencia será por parte de la Gendarmería. Los ciudadanos de Gualeguaychú no vamos a hacer ninguna agresión", dijo la abogada de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú, Ana Angelini. La decisión judicial se produjo una semana después de la reunión entre la presidenta Cristina Kirchner con su par de Uruguay, José Mujica, en la que se acordó que en 60 días se deberá definir el monitoreo conjunto del impacto ambiental de la pastera UPM (ex Botnia), ubicada en la localidad uruguaya de Fray Bentos. Fue tras ese encuentro que Cristina Kirchner condenó el corte y pidió una rápida decisión judicial.
El juez Pimentel recordó que existían tres órdenes judiciales para liberar el puente internacional, dos dictadas en 2006 y una en 2007. Explicó que no se habían cumplido porque el Gobierno entendió que no era la oportunidad política para hacerlo.
Randazzo dijo anoche que la Gendarmería Nacional informará del fallo a la gente que esté en el piquete y a los que se nieguen a abandonar el puente se les tomarán los datos personales y se los enviará a la Justicia. "A partir de ahí, el juez decidirá qué determina con las personas que se nieguen a cumplir la orden judicial", informó Randazzo.
El comandante de Gendarmería de Gualeguaychú fue convocado a Concepción del Uruguay para notificarse de la decisión judicial, y el Gobierno anunció que no se reforzará la presencia de gendarmes en el Puente Internacional.
El juez Pimentel afirmó que dadas las características de Botnia, y lo que se resolvió en el fallo de la Corte Internacional de Justicia de la Haya, el Gobierno está impedido de dar una respuesta inmediata a las peticiones de los asambleístas, por lo que supeditar el levantamiento del corte al desmantelamiento de la planta es "desproporcionado e irrazonable".
Sobre todo teniendo en cuenta que la resolución del tribunal internacional estableció que se realice un monitoreo conjunto del Río Uruguay -cuestión que se está negociando- para establecer la existencia o no de sustancias contaminantes fuera de los límites permitidos.
El juez Pimentel señaló que las resoluciones judiciales que ordenaron levantar el corte nunca se cumplieron porque el Ministerio del Interior nunca dio la orden, que "se dejó librada a un criterio de oportunidad" del poder político.
A pesar de que el juez entendió que es el Gobierno quien ahora debe hacer cumplir su orden judicial, sumó -en coincidencia con la fiscal Milagros Squivo-sus propios argumentos para ordenar a los asambleístas despejar la ruta.
Las razones del juez para entender que siguen firmes esas ordenes judiciales son:
Si bien las manifestaciones que cortan rutas para reclamar o protestar son parte del ejercicio legítimo del derecho de reunión, de peticionar y de expresarse, en este caso los informes de la Gendarmería Nacional señalan que el corte es llevado a cabo por sólo cuatro personas en turnos rotativos, por lo que la interrupción del tránsito no es producto de la congregación de gente que quiere hacerse escuchar, sino de la decisión de la asamblea de Gualeguychú. Y salvo las marchas multitudinarias previamente anunciadas, el derecho de reunión no justifica que los manifestantes utilicen el puente en forma exclusiva, sin dejar pasar a los automovilistas que intentan ir o volver desde Uruguay.
Como el corte de ruta no recae sobre Botnia, a quien responsabilizan por la contaminación ambiental, sino sobre la gente que quiere transitar por el puente hacia y desde Uruguay "debe descartarse de cuajo la búsqueda de la legitimación en la legítima defensa". El juez dijo que hay otros medios alternativos para hacer frente al peligro alegado por los manifestantes ante Botnia y se preguntó "si el bloqueo es el medio adecuado y menos lesivo para los bienes jurídicos ajenos, entre el abanico de medidas disponibles".
El juez Pimentel afirmó que, según la doctrina, los piquetes y cortes de ruta son acciones que se llevan a cabo "debido a la inaccesibilidad de las instituciones públicas y a los mecanismos de representación y deliberación".
Pero en este caso en particular los reclamos de la asamblea contra Botnia y el desmantelamiento de la planta no sólo fueron escuchados sino que fueron llevados por el Gobierno hasta los tribunales internacionales, se hicieron tratativas con Uruguay y hasta se investiga una causa por posible contaminación, radicada en su propio juzgado.
Por eso, repasó Pimentel, "en el caso no se observa una ausencia de respuesta desde los medios institucionales existentes", por el contrario, los reclamos de los asambleístas fueron tenidos en cuenta y canalizados.
El juez explicó que "las consideraciones previas se alzan entonces, con un signo negativo en torno a la exclusividad e idoneidad del medio empleado para aventar el supuesto peligro contra los derechos a la vida y el medio ambiente".
Pimentel entendió que las características particulares de Botnia sumado al fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya hace imposible que el Gobierno de una respuesta inmediata al reclamo de los asambleístas, "por lo que supeditar el cese de la obstrucción al desmantelamiento de Botnia deviene desproporcionado e irrazonable".
Fecha de Publicación: 09/06/2010
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Entre Ríos
El Gobierno dijo que acatará la resolución, pero sin reprimir; los asambleístas anunciaron que resistirán
Después de una semana en la que el Gobierno insitió en deslindar en la Justicia la responsabilidad por la permanencia del corte del puente que une Gualeguaychú con la ciudad uruguaya de Fray Bentos, el juez federal subrogante de Concepción del Uruguay dispuso ayer que se garantice el libre tránsito en ese paso internacional.
El juez Gustavo Pimentel recordó, de todos modos, que ya existían tres órdenes judiciales para liberar el puente internacional General San Martín, interrumpido en forma permanente desde 2006, y que el Gobierno no había actuado en consecuencia.
Luego de reunirse con la presidenta Cristina Kirchner y el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, el ministro del Interior, Florencio Randazzo, informó anoche que el Gobierno cumplirá la orden judicial sin reprimir. "Vamos a cumplir el fallo, por medio de la Gendarmería, garantizando la seguridad de las personas que están en el corte", sostuvo en la Casa Rosada.
En Gualeguaychú reinaba anoche la incertidumbre y el estado de alerta entre los asambleístas: dijeron que iniciarían una "resistencia pacífica", además de convocar a una asamblea de urgencia para decidir los próximos pasos.
"Si hay violencia será por parte de la Gendarmería. Los ciudadanos de Gualeguaychú no vamos a hacer ninguna agresión", dijo la abogada de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú, Ana Angelini. La decisión judicial se produjo una semana después de la reunión entre la presidenta Cristina Kirchner con su par de Uruguay, José Mujica, en la que se acordó que en 60 días se deberá definir el monitoreo conjunto del impacto ambiental de la pastera UPM (ex Botnia), ubicada en la localidad uruguaya de Fray Bentos. Fue tras ese encuentro que Cristina Kirchner condenó el corte y pidió una rápida decisión judicial.
El juez Pimentel recordó que existían tres órdenes judiciales para liberar el puente internacional, dos dictadas en 2006 y una en 2007. Explicó que no se habían cumplido porque el Gobierno entendió que no era la oportunidad política para hacerlo.
Randazzo dijo anoche que la Gendarmería Nacional informará del fallo a la gente que esté en el piquete y a los que se nieguen a abandonar el puente se les tomarán los datos personales y se los enviará a la Justicia. "A partir de ahí, el juez decidirá qué determina con las personas que se nieguen a cumplir la orden judicial", informó Randazzo.
El comandante de Gendarmería de Gualeguaychú fue convocado a Concepción del Uruguay para notificarse de la decisión judicial, y el Gobierno anunció que no se reforzará la presencia de gendarmes en el Puente Internacional.
El juez Pimentel afirmó que dadas las características de Botnia, y lo que se resolvió en el fallo de la Corte Internacional de Justicia de la Haya, el Gobierno está impedido de dar una respuesta inmediata a las peticiones de los asambleístas, por lo que supeditar el levantamiento del corte al desmantelamiento de la planta es "desproporcionado e irrazonable".
Sobre todo teniendo en cuenta que la resolución del tribunal internacional estableció que se realice un monitoreo conjunto del Río Uruguay -cuestión que se está negociando- para establecer la existencia o no de sustancias contaminantes fuera de los límites permitidos.
El juez Pimentel señaló que las resoluciones judiciales que ordenaron levantar el corte nunca se cumplieron porque el Ministerio del Interior nunca dio la orden, que "se dejó librada a un criterio de oportunidad" del poder político.
A pesar de que el juez entendió que es el Gobierno quien ahora debe hacer cumplir su orden judicial, sumó -en coincidencia con la fiscal Milagros Squivo-sus propios argumentos para ordenar a los asambleístas despejar la ruta.
Las razones del juez para entender que siguen firmes esas ordenes judiciales son:
Si bien las manifestaciones que cortan rutas para reclamar o protestar son parte del ejercicio legítimo del derecho de reunión, de peticionar y de expresarse, en este caso los informes de la Gendarmería Nacional señalan que el corte es llevado a cabo por sólo cuatro personas en turnos rotativos, por lo que la interrupción del tránsito no es producto de la congregación de gente que quiere hacerse escuchar, sino de la decisión de la asamblea de Gualeguychú. Y salvo las marchas multitudinarias previamente anunciadas, el derecho de reunión no justifica que los manifestantes utilicen el puente en forma exclusiva, sin dejar pasar a los automovilistas que intentan ir o volver desde Uruguay.
Como el corte de ruta no recae sobre Botnia, a quien responsabilizan por la contaminación ambiental, sino sobre la gente que quiere transitar por el puente hacia y desde Uruguay "debe descartarse de cuajo la búsqueda de la legitimación en la legítima defensa". El juez dijo que hay otros medios alternativos para hacer frente al peligro alegado por los manifestantes ante Botnia y se preguntó "si el bloqueo es el medio adecuado y menos lesivo para los bienes jurídicos ajenos, entre el abanico de medidas disponibles".
El juez Pimentel afirmó que, según la doctrina, los piquetes y cortes de ruta son acciones que se llevan a cabo "debido a la inaccesibilidad de las instituciones públicas y a los mecanismos de representación y deliberación".
Pero en este caso en particular los reclamos de la asamblea contra Botnia y el desmantelamiento de la planta no sólo fueron escuchados sino que fueron llevados por el Gobierno hasta los tribunales internacionales, se hicieron tratativas con Uruguay y hasta se investiga una causa por posible contaminación, radicada en su propio juzgado.
Por eso, repasó Pimentel, "en el caso no se observa una ausencia de respuesta desde los medios institucionales existentes", por el contrario, los reclamos de los asambleístas fueron tenidos en cuenta y canalizados.
El juez explicó que "las consideraciones previas se alzan entonces, con un signo negativo en torno a la exclusividad e idoneidad del medio empleado para aventar el supuesto peligro contra los derechos a la vida y el medio ambiente".
Pimentel entendió que las características particulares de Botnia sumado al fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya hace imposible que el Gobierno de una respuesta inmediata al reclamo de los asambleístas, "por lo que supeditar el cese de la obstrucción al desmantelamiento de Botnia deviene desproporcionado e irrazonable".
Mendoza: Analizan anteproyecto de bosques
Analizaron un anteproyecto de protección y conservación ambiental de bosques naturales
Fecha de Publicación: 09/06/2010
Fuente: Tres Lineas
Provincia/Región: Mendoza
Legisladores y funcionarios de Recursos Naturales buscan poner en marcha una ley provincial. El Estado dispone de 300 millones de pesos para ejecutarlo en todo el país.
La Comisión de Ambiente, Urbanismo y Vivienda de la Legislatura de Mendoza recibió a funcionarios de la Dirección de Recursos Naturales Renovables para analizar un anteproyecto de ley provincial para el ordenamiento territorial de los bosques nativos. La idea es poner en marcha lo requerido en la ley nacional 26331, referida a presupuestos mínimos de protección ambiental de los bosques nativos, que tiende a la conservación de los mismos en todas las regiones boscosas del país y contará con un presupuesto de 300 millones de pesos.
El objetivo es promover la conservación del bosque nativo, armonizando el desarrollo económico, social y ambiental de la Provincia, en beneficio de las generaciones actuales y futuras; regular la expansión de la frontera agropecuaria, minera, petrolera y urbana, de cualquier otro cambio de uso del suelo. Y será financiado con fondos nacionales.
También busca las medidas necesarias para evitar la disminución de la superficie ocupada por los bosques nativos que existen al momento de aprobarse la ley, y disponer los mecanismos necesarios para que los bosques nativos degradados se recuperen a fin de asegurar que la superficie total de bosque nativo se incremente y puedan mantenerse a perpetuidad sus servicios ambientales.
Pretender contribuir a mantener la biodiversidad y los procesos ecológicos y culturales de los bosques nativos; hacer prevalecer los principios precautorio y preventivo contemplados en la ley nacional del ambiente; fomentar las actividades de conservación, recuperación y manejo sostenible del bosque nativos y fomentar las actividades de extensión, investigación y educación para la conservación, recuperación y manejo sustentable del bosque nativo.
La reunión fue presidida por el titular de la Comisión, Antonio Spezia (PD), acompañado por Teresa Maza (Confe), Juan Dávila (PJ), Edgardo Pintos (UCR), Silvia Ramos (Eje Peronista), Patricia Gutiérrez (Unidad Popular) y Mireya Díaz (PJ). Asistieron el director de Recursos Naturales Renovables, Daniel Gómez, y colaboradores de distintas áreas de ese organismo.
El ordenamiento territorial de los bosques nativos existentes en Mendoza establece las diferentes categorías de conservación de los mismos, mediante una ponderación integradora de los siguientes criterios e indicadores de sustentabilidad ambiental: superficie o tamaño mínimo del hábitat; vinculación con otras comunidades naturales; vinculación con áreas protegidas existentes e integración regional; existencia de valores biológicos sobresalientes; conectividad entre eco regiones; estado de conservación; potencial forestal; potencial de sustentabilidad agrícola y potencial de conservación de cuencas.
Como así también, valor que las comunidades indígenas y campesinas dan a las áreas boscosas o sus áreas colindantes y el uso que pueden hacer de sus recursos naturales a los fines de su supervivencia y el mantenimiento de su cultura y, finalmente, la desertificación, que se trata de la degradación de la tierra en regiones áridas, semiáridas y subhúmedas secas, resultante de diversos factores, incluso variaciones climáticas y actividades humanas.
La Dirección de Recursos Naturales Renovables serán la autoridad de aplicación; se creará el Fondo Provincial de Bosques Nativos; el consejo asesora para el ordenamiento mencionado; se elabora un mapa de zonificación de las categorías de conservación y de detallan las excepciones a esta ley.
Fecha de Publicación: 09/06/2010
Fuente: Tres Lineas
Provincia/Región: Mendoza
Legisladores y funcionarios de Recursos Naturales buscan poner en marcha una ley provincial. El Estado dispone de 300 millones de pesos para ejecutarlo en todo el país.
La Comisión de Ambiente, Urbanismo y Vivienda de la Legislatura de Mendoza recibió a funcionarios de la Dirección de Recursos Naturales Renovables para analizar un anteproyecto de ley provincial para el ordenamiento territorial de los bosques nativos. La idea es poner en marcha lo requerido en la ley nacional 26331, referida a presupuestos mínimos de protección ambiental de los bosques nativos, que tiende a la conservación de los mismos en todas las regiones boscosas del país y contará con un presupuesto de 300 millones de pesos.
El objetivo es promover la conservación del bosque nativo, armonizando el desarrollo económico, social y ambiental de la Provincia, en beneficio de las generaciones actuales y futuras; regular la expansión de la frontera agropecuaria, minera, petrolera y urbana, de cualquier otro cambio de uso del suelo. Y será financiado con fondos nacionales.
También busca las medidas necesarias para evitar la disminución de la superficie ocupada por los bosques nativos que existen al momento de aprobarse la ley, y disponer los mecanismos necesarios para que los bosques nativos degradados se recuperen a fin de asegurar que la superficie total de bosque nativo se incremente y puedan mantenerse a perpetuidad sus servicios ambientales.
Pretender contribuir a mantener la biodiversidad y los procesos ecológicos y culturales de los bosques nativos; hacer prevalecer los principios precautorio y preventivo contemplados en la ley nacional del ambiente; fomentar las actividades de conservación, recuperación y manejo sostenible del bosque nativos y fomentar las actividades de extensión, investigación y educación para la conservación, recuperación y manejo sustentable del bosque nativo.
La reunión fue presidida por el titular de la Comisión, Antonio Spezia (PD), acompañado por Teresa Maza (Confe), Juan Dávila (PJ), Edgardo Pintos (UCR), Silvia Ramos (Eje Peronista), Patricia Gutiérrez (Unidad Popular) y Mireya Díaz (PJ). Asistieron el director de Recursos Naturales Renovables, Daniel Gómez, y colaboradores de distintas áreas de ese organismo.
El ordenamiento territorial de los bosques nativos existentes en Mendoza establece las diferentes categorías de conservación de los mismos, mediante una ponderación integradora de los siguientes criterios e indicadores de sustentabilidad ambiental: superficie o tamaño mínimo del hábitat; vinculación con otras comunidades naturales; vinculación con áreas protegidas existentes e integración regional; existencia de valores biológicos sobresalientes; conectividad entre eco regiones; estado de conservación; potencial forestal; potencial de sustentabilidad agrícola y potencial de conservación de cuencas.
Como así también, valor que las comunidades indígenas y campesinas dan a las áreas boscosas o sus áreas colindantes y el uso que pueden hacer de sus recursos naturales a los fines de su supervivencia y el mantenimiento de su cultura y, finalmente, la desertificación, que se trata de la degradación de la tierra en regiones áridas, semiáridas y subhúmedas secas, resultante de diversos factores, incluso variaciones climáticas y actividades humanas.
La Dirección de Recursos Naturales Renovables serán la autoridad de aplicación; se creará el Fondo Provincial de Bosques Nativos; el consejo asesora para el ordenamiento mencionado; se elabora un mapa de zonificación de las categorías de conservación y de detallan las excepciones a esta ley.
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Gualeguaychú: ordenan garantizar el tránsito
La Justicia ordena garantizar el tránsito en Gualeguaychú
Fecha de Publicación: 08/06/2010
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Entre Ríos
El el puente entre las localidades de Gualeguaychú y Fray Bentos, está cortado hace tres años por los asambleístas que manifiestan en contra de la pastera Botnia
La Justicia de Argentina confirmó hoy que debe garantizarse el libre tránsito en el puente que une la ciudad de Gualeguaychú con la uruguaya Fray Bentos, bloqueado desde noviembre de 2006 por ambientalistas argentinos.
El Centro de Información Judicial informó que el juez federal Gustavo Pimentel dijo en un fallo que existe un mandato judicial previo que ordenó garantizar la libre circulación en ese paso fronterizo. Pimentel consideró que es el Ministerio del Interior de Argentina el que debe ejecutar esa medida judicial previa.
El fallo hace alusión a resoluciones judiciales de 2006 y 2007 por las cuales se ordenaba "arbitrar los medios necesarios para garantizar la normal circulación de vehículos que transiten" por las rutas argentinas "y la totalidad de los pasos fronterizos" con Uruguay.
La nueva resolución judicial se conoce luego de que la semana pasada varios ministros del Gobierno argentino señalaron que era necesaria una orden de la Justicia para que las fuerzas de seguridad desalojaran a los miembros de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú, que desde el 2006 mantienen bloqueado el paso hacia Fray Bentos en protesta contra una planta papelera.
En los mismos términos se había pronunciado la presidenta argentina, Cristina Fernández, en una rueda de prensa celebrada con su colega uruguayo, José Mujica, luego de la reunión que ambos mantuvieron el miércoles pasado en Uruguay.
Resistencia. Los asambleístas aseguraron hoy, antes de que se conociera este nuevo fallo, que están dispuestos a "resistir" un eventual desalojo del corte.
"Vamos a resistir en forma pacífica, pero hay que esperar a ver qué pasa. Hay una orden de desalojo pedida pero no se sabe si el juez la va a firmar. Creemos que depende de una decisión política", sostuvo Ana Costa, de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú, que mantiene cortado el paso a Fray Bentos en rechazo a la finlandesa UPM (ex Botnia).
Costa explicó que incluso se incrementó a "entre 160 y 200" el número de asambleístas que se encuentran apostados en el acceso que conduce al puente fronterizo ante el posible desalojo. En mayo pasado, el grupo Ciudadanos Movilizados por el Levantamiento del Corte pidió el desalojo del bloqueo.
El presidente de la Corte Suprema de Argentina, Ricardo Lorenzetti, consideró este fin de semana que es "insostenible" el bloqueo. El litigio por la instalación de la fábrica fue dirimido por la Corte Internacional de La Haya, que el pasado 20 de abril emitió un fallo en el que consideró que Montevideo violó el estatuto del río Uruguay, pero destacó que la planta puede seguir operando porque no hay pruebas de que contamine el medioambiente.
Fecha de Publicación: 08/06/2010
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Entre Ríos
El el puente entre las localidades de Gualeguaychú y Fray Bentos, está cortado hace tres años por los asambleístas que manifiestan en contra de la pastera Botnia
La Justicia de Argentina confirmó hoy que debe garantizarse el libre tránsito en el puente que une la ciudad de Gualeguaychú con la uruguaya Fray Bentos, bloqueado desde noviembre de 2006 por ambientalistas argentinos.
El Centro de Información Judicial informó que el juez federal Gustavo Pimentel dijo en un fallo que existe un mandato judicial previo que ordenó garantizar la libre circulación en ese paso fronterizo. Pimentel consideró que es el Ministerio del Interior de Argentina el que debe ejecutar esa medida judicial previa.
El fallo hace alusión a resoluciones judiciales de 2006 y 2007 por las cuales se ordenaba "arbitrar los medios necesarios para garantizar la normal circulación de vehículos que transiten" por las rutas argentinas "y la totalidad de los pasos fronterizos" con Uruguay.
La nueva resolución judicial se conoce luego de que la semana pasada varios ministros del Gobierno argentino señalaron que era necesaria una orden de la Justicia para que las fuerzas de seguridad desalojaran a los miembros de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú, que desde el 2006 mantienen bloqueado el paso hacia Fray Bentos en protesta contra una planta papelera.
En los mismos términos se había pronunciado la presidenta argentina, Cristina Fernández, en una rueda de prensa celebrada con su colega uruguayo, José Mujica, luego de la reunión que ambos mantuvieron el miércoles pasado en Uruguay.
Resistencia. Los asambleístas aseguraron hoy, antes de que se conociera este nuevo fallo, que están dispuestos a "resistir" un eventual desalojo del corte.
"Vamos a resistir en forma pacífica, pero hay que esperar a ver qué pasa. Hay una orden de desalojo pedida pero no se sabe si el juez la va a firmar. Creemos que depende de una decisión política", sostuvo Ana Costa, de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú, que mantiene cortado el paso a Fray Bentos en rechazo a la finlandesa UPM (ex Botnia).
Costa explicó que incluso se incrementó a "entre 160 y 200" el número de asambleístas que se encuentran apostados en el acceso que conduce al puente fronterizo ante el posible desalojo. En mayo pasado, el grupo Ciudadanos Movilizados por el Levantamiento del Corte pidió el desalojo del bloqueo.
El presidente de la Corte Suprema de Argentina, Ricardo Lorenzetti, consideró este fin de semana que es "insostenible" el bloqueo. El litigio por la instalación de la fábrica fue dirimido por la Corte Internacional de La Haya, que el pasado 20 de abril emitió un fallo en el que consideró que Montevideo violó el estatuto del río Uruguay, pero destacó que la planta puede seguir operando porque no hay pruebas de que contamine el medioambiente.
Poner tras las rejas al contaminador
Poner tras las rejas al contaminador y al funcionario
Fecha de Publicación: 08/06/2010
Fuente: No a la Mina
Provincia/Región: Nacional
En diálogo exclusivo con Nuevo Diario, el fiscal del caso de la minera Alumbrera sostuvo: “La contaminación del río que tienen ustedes con los desechos cloacales es grave, pero también es grave la contaminación que se produce con los glifosatos y con el avance de la frontera con la soja, que cada vez está produciendo una mayor crisis en el ámbito agropecuario y sobre todo en el ámbito de las poblaciones originarias”, manifestó. La contaminación en el país avanza a pasos agigantados mediante emprendimientos mineros con explotaciones a cielo abierto y el vertido de fluidos en aguas dulces, por la cual Santiago del Estero es afectada de manera directa debido a problemáticas centralizadas en Catamarca y Tucumán.
A pesar de las medidas judiciales aplicadas, sumando a los supuestos controles, “la única manera de frenar la contaminación es poniendo tras las rejas al contaminador y al funcionario público que lo permite, ya que los delitos ambientales son una cuestión crucial”, afirma el Dr. Gustavo Gómez de Fiscalía General de Tucumán, quien disertó sobre “Delitos ambientales en Santiago del Estero” en el marco del Seminario de Medio Ambiente realizado el pasado viernes en la UNSE.
Consideró clave que los legisladores se presenten como querellantes en este tipo de causas, ya que los “fiscales estamos muy solos en estas cosas y si bien yo puedo iniciar de oficio, con un recorte de diario, es necesario la participación social y popular”. Dijo que los delitos “son difíciles de investigar porque tienen una carga política y económica de mucho peso y del otro lado tenemos víctimas débiles con menores recursos, humildes y esas víctimas son mis clientes como fiscal”.
Fecha de Publicación: 08/06/2010
Fuente: No a la Mina
Provincia/Región: Nacional
En diálogo exclusivo con Nuevo Diario, el fiscal del caso de la minera Alumbrera sostuvo: “La contaminación del río que tienen ustedes con los desechos cloacales es grave, pero también es grave la contaminación que se produce con los glifosatos y con el avance de la frontera con la soja, que cada vez está produciendo una mayor crisis en el ámbito agropecuario y sobre todo en el ámbito de las poblaciones originarias”, manifestó. La contaminación en el país avanza a pasos agigantados mediante emprendimientos mineros con explotaciones a cielo abierto y el vertido de fluidos en aguas dulces, por la cual Santiago del Estero es afectada de manera directa debido a problemáticas centralizadas en Catamarca y Tucumán.
A pesar de las medidas judiciales aplicadas, sumando a los supuestos controles, “la única manera de frenar la contaminación es poniendo tras las rejas al contaminador y al funcionario público que lo permite, ya que los delitos ambientales son una cuestión crucial”, afirma el Dr. Gustavo Gómez de Fiscalía General de Tucumán, quien disertó sobre “Delitos ambientales en Santiago del Estero” en el marco del Seminario de Medio Ambiente realizado el pasado viernes en la UNSE.
Consideró clave que los legisladores se presenten como querellantes en este tipo de causas, ya que los “fiscales estamos muy solos en estas cosas y si bien yo puedo iniciar de oficio, con un recorte de diario, es necesario la participación social y popular”. Dijo que los delitos “son difíciles de investigar porque tienen una carga política y económica de mucho peso y del otro lado tenemos víctimas débiles con menores recursos, humildes y esas víctimas son mis clientes como fiscal”.
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