Una designación contaminada en el Riachuelo
19:22 | 
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Una designación contaminada en la limpieza del Riachuelo
Fecha de Publicación: 09/02/2010
Fuente: Crítica Digital
Provincia/Región: Buenos Aires
El Gobierno nombró a un funcionario procesado en el organismo encargado de sanear el Riachuelo. Llegó al cargo impulsado por Alessandra Minnicelli, la esposa de De Vido. Un presupuesto de 1.484 millones de dólares en juego.
El gobierno nacional acaba de designar en la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar) a un funcionario procesado por el escándalo del caso Greco, la maniobra por la cual Economía estuvo a punto de pagar en 2006 una deuda de 500 millones de pesos –sospechada de ilegítima– a través de una partida oculta en el presupuesto nacional. Se trata de Alberto Daniel García, el ex director de Asuntos Jurídicos de Entes Liquidados del Ministerio de Economía que ahora revista en el Ministerio de Planificación Federal, de Julio De Vido, como asesor en materia de transporte y gestión judicial.
García fue designado director de Asuntos Jurídicos de Acumar gracias a la gestión de Alessandra “Lali” Minnicelli, la esposa de De Vido, que ejerce como jefa de asesores ad honorem de Planificación. Fuentes oficiales confiaron a Crítica de la Argentina que su nombramiento se decidió después de que la abogada Silvia García desistió de asumir en ese lugar. García oficiaba como asesora principal de subsecretario legal y técnico del ministerio, Rafael Llorens, pero abandonó el ministerio porque se negó a avanzar con el proceso de reordenamiento urbano que el proyecto contempla sobre los márgenes del Riachuelo. Según pudo saber este diario, García habría expresado su desacuerdo con desalojar a habitantes que viven a la orilla del río sin consulta previa.
La cuenca del río Matanza-Riachuelo es la más contaminada de la Argentina. Más de 3.000 industrias que están instaladas a sus orillas descargan efluentes sin tratamiento en el sistema de recolección de agua o directamente en el río. En sus márgenes viven alrededor de cinco millones de personas en condiciones de riesgo: el 35% carece de acceso a agua potable, el 60% no está conectado al sistema cloacal y el 10% vive en asentamientos informales, cerca de basurales a cielo abierto. Abarca a los partidos bonaerenses de Lanús, Avellaneda, Lomas de Zamora, Esteban Echeverría, La Matanza, Ezeiza, Cañuelas, Almirante Brown, Morón, Merlo, Marcos Paz, Presidente Perón, San Vicente y General Las Heras.
La Acumar fue creada por la ley 26.168, después del primer fallo de la Corte Suprema que dio vía libre a las denuncias por contaminación, como ente de derecho público interjurisdiccional en el ámbito de la Secretaría de Medio Ambiente de la Jefatura de Gabinete, y dispone de un presupuesto anual de 186 millones de pesos. Es un organismo tripartito que integran el Estado nacional, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma. Sin embargo, las fuentes consultadas por este diario coinciden en que allí la incidencia del secretario de Medio Ambiente, Homero Bibiloni –quien ocupa formalmente la presidencia de la Acumar– es ínfima. La mayor parte del organigrama se reparte entre funcionarios que reportan a De Vido y al jefe de Gabinete, Aníbal Fernández. El ex intendente de Quilmes cuenta entre sus leales al subsecretario de Promoción del Desarrollo Sustentable, Ricardo Eusebio “Coyote” Rodríguez. Pero en los últimos días el organismo se vio sacudido por la llegada de hombres ligados a Planificación. En 2009, el Banco Mundial aprobó un crédito de 840 millones de dólares para el saneamiento integral de la cuenca. La inversión total destinada a la limpieza asciende a 1.484 millones de dólares. Los 640 restantes corresponden a fondos aportados por el gobierno nacional.
Alberto Daniel García no es un recién llegado a la función pública. Formó parte del grupo de técnicos encabezados por la ex directora de Asuntos Jurídicos, Yolanda Eggink, y el ex subsecretario legal de Roberto Lavagna, Osvaldo Siseles, que quedaron involucrados en distintas causas investigadas por la Justicia. Cuando se conoció el caso Greco, Eggink y García perdieron su cargo en Economía pero mantuvieron su puesto como parte de la planta permanente. Entonces, la ministra Felisa Miceli abrió sumarios sobre los funcionarios que habían intervenido en el expediente, acusó a los tres experimentados abogados de haber avalado el pago en forma ilegal y aseguró que en el monto que habían acordado pagar ignoraron 164 millones de pesos que el Estado ya había desembolsado. Hoy cargan con un procesamiento del juez federal Sergio Torres que fue ratificado por la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones como “responsables del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, en grado de coautores”. En el fallo de segunda instancia, además, el tribunal trabó un embargo sobre los bienes de cada uno de ellos hasta cubrir la suma de un millón de pesos. Según pudo averiguar este diario, el expediente será elevado este año a juicio oral. Para Torres, “los funcionarios nombrados maniobraron dentro del procedimiento administrativo y del judicial, aparentando ejercitar competencias que no tenían, y con desconsideración de la normativa vigente persiguieron, a través de estos medios, la satisfacción de un interés distinto del público y claramente reprochable”, comprometiendo al Estado a pagar al Grupo Greco más de 330 millones de pesos en bonos de consolidación de deuda que al momento de abortarse el pago alcanzaban un valor efectivo mayor a 600 millones de pesos.
La hermandad del caso Greco
Alberto García no es el único funcionario procesado por el caso Greco que sigue en la administración pública. El nuevo director de Asuntos Jurídicos de Acumar forma parte de un grupo de abogados que trabajó durante años en Economía. El juez Sergio Torres lo procesó junto a la ex directora de Asuntos Jurídicos, Yolanda Eggink; el ex subsecretario de Administración, Juan Cayetano Intelisano; y el ex subsecretario legal del ministro Roberto Lavagna, Osvaldo Siseles. Tras el escándalo, Eggink y García permanecieron como empleados en Planificación. Intelisano, Eggink y Siseles volvieron a ser noticia a principios de 2009 cuando el entonces fiscal Manuel Garrido los denunció por el pago irregular de una deuda ilegítima de 54 millones de pesos a un pool de aseguradoras. Garrido demostró que las dos maniobras tenían notorios puntos de contacto y que los funcionarios habían alcanzado un aceitado funcionamiento durante años en Economía. La semana pasada, en coincidencia con el pase de García a Medio Ambiente, Intelisano presentó un recurso de amparo ante la Justicia para volver a su cargo.
Lali Minnicelli, la “arquitecta jurídica” en las sombras de Planificación
Alessandra “Lali” Minnicelli es la mano derecha de Julio De Vido. La abogada que llegó a ocupar la secretaría adjunta de la Sindicatura General durante el gobierno de Néstor Kirchner ya no tiene un cargo pero sigue siendo la arquitecta jurídica del ministerio. Lali, como la llama su marido, ocupa un despacho en el piso 11 de Planificación, donde trabaja De Vido. La ex síndica y el subsecretario de Coordinación y Control de Gestión, Roberto Baratta, son los dos pilares sobre los que se asienta el arquitecto. Minnicelli es la encargada de cuidarle la firma a De Vido y suele tener encontronazos con el subsecretario legal, Rafael Llorens, a quien le achaca una mirada de los asuntos de la cartera más militante que técnica. “Ella es el cerebro jurídico”, le dijo a este diario un empresario que suele tratarla. Minnicelli va dos o tres veces por semana al edificio de Hipólito Yrigoyen y su presencia no pasa desapercibida. Fuentes del ministerio reconocieron que Minnicelli pesó en la designación del procesado Alberto García en el Acumar. Fue después de que la abogada Silvia García, una funcionaria ligada a Llorens, abandonó el ministerio. La doctora García fue la primera candidata para desembarcar en la autoridad de la Cuenca. Se desempeñaba a las órdenes del director de Asuntos Jurídicos, Pablo Campi, con quien suele trabajar también en la esfera privada. En el área legal de De Vido permanece otra funcionaria procesada por el caso Greco: la ex directora general de Asuntos Jurídicos de Economía, Yolanda Eggink.
Fecha de Publicación: 09/02/2010
Fuente: Crítica Digital
Provincia/Región: Buenos Aires
El Gobierno nombró a un funcionario procesado en el organismo encargado de sanear el Riachuelo. Llegó al cargo impulsado por Alessandra Minnicelli, la esposa de De Vido. Un presupuesto de 1.484 millones de dólares en juego.
El gobierno nacional acaba de designar en la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar) a un funcionario procesado por el escándalo del caso Greco, la maniobra por la cual Economía estuvo a punto de pagar en 2006 una deuda de 500 millones de pesos –sospechada de ilegítima– a través de una partida oculta en el presupuesto nacional. Se trata de Alberto Daniel García, el ex director de Asuntos Jurídicos de Entes Liquidados del Ministerio de Economía que ahora revista en el Ministerio de Planificación Federal, de Julio De Vido, como asesor en materia de transporte y gestión judicial.
García fue designado director de Asuntos Jurídicos de Acumar gracias a la gestión de Alessandra “Lali” Minnicelli, la esposa de De Vido, que ejerce como jefa de asesores ad honorem de Planificación. Fuentes oficiales confiaron a Crítica de la Argentina que su nombramiento se decidió después de que la abogada Silvia García desistió de asumir en ese lugar. García oficiaba como asesora principal de subsecretario legal y técnico del ministerio, Rafael Llorens, pero abandonó el ministerio porque se negó a avanzar con el proceso de reordenamiento urbano que el proyecto contempla sobre los márgenes del Riachuelo. Según pudo saber este diario, García habría expresado su desacuerdo con desalojar a habitantes que viven a la orilla del río sin consulta previa.
La cuenca del río Matanza-Riachuelo es la más contaminada de la Argentina. Más de 3.000 industrias que están instaladas a sus orillas descargan efluentes sin tratamiento en el sistema de recolección de agua o directamente en el río. En sus márgenes viven alrededor de cinco millones de personas en condiciones de riesgo: el 35% carece de acceso a agua potable, el 60% no está conectado al sistema cloacal y el 10% vive en asentamientos informales, cerca de basurales a cielo abierto. Abarca a los partidos bonaerenses de Lanús, Avellaneda, Lomas de Zamora, Esteban Echeverría, La Matanza, Ezeiza, Cañuelas, Almirante Brown, Morón, Merlo, Marcos Paz, Presidente Perón, San Vicente y General Las Heras.
La Acumar fue creada por la ley 26.168, después del primer fallo de la Corte Suprema que dio vía libre a las denuncias por contaminación, como ente de derecho público interjurisdiccional en el ámbito de la Secretaría de Medio Ambiente de la Jefatura de Gabinete, y dispone de un presupuesto anual de 186 millones de pesos. Es un organismo tripartito que integran el Estado nacional, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma. Sin embargo, las fuentes consultadas por este diario coinciden en que allí la incidencia del secretario de Medio Ambiente, Homero Bibiloni –quien ocupa formalmente la presidencia de la Acumar– es ínfima. La mayor parte del organigrama se reparte entre funcionarios que reportan a De Vido y al jefe de Gabinete, Aníbal Fernández. El ex intendente de Quilmes cuenta entre sus leales al subsecretario de Promoción del Desarrollo Sustentable, Ricardo Eusebio “Coyote” Rodríguez. Pero en los últimos días el organismo se vio sacudido por la llegada de hombres ligados a Planificación. En 2009, el Banco Mundial aprobó un crédito de 840 millones de dólares para el saneamiento integral de la cuenca. La inversión total destinada a la limpieza asciende a 1.484 millones de dólares. Los 640 restantes corresponden a fondos aportados por el gobierno nacional.
Alberto Daniel García no es un recién llegado a la función pública. Formó parte del grupo de técnicos encabezados por la ex directora de Asuntos Jurídicos, Yolanda Eggink, y el ex subsecretario legal de Roberto Lavagna, Osvaldo Siseles, que quedaron involucrados en distintas causas investigadas por la Justicia. Cuando se conoció el caso Greco, Eggink y García perdieron su cargo en Economía pero mantuvieron su puesto como parte de la planta permanente. Entonces, la ministra Felisa Miceli abrió sumarios sobre los funcionarios que habían intervenido en el expediente, acusó a los tres experimentados abogados de haber avalado el pago en forma ilegal y aseguró que en el monto que habían acordado pagar ignoraron 164 millones de pesos que el Estado ya había desembolsado. Hoy cargan con un procesamiento del juez federal Sergio Torres que fue ratificado por la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones como “responsables del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, en grado de coautores”. En el fallo de segunda instancia, además, el tribunal trabó un embargo sobre los bienes de cada uno de ellos hasta cubrir la suma de un millón de pesos. Según pudo averiguar este diario, el expediente será elevado este año a juicio oral. Para Torres, “los funcionarios nombrados maniobraron dentro del procedimiento administrativo y del judicial, aparentando ejercitar competencias que no tenían, y con desconsideración de la normativa vigente persiguieron, a través de estos medios, la satisfacción de un interés distinto del público y claramente reprochable”, comprometiendo al Estado a pagar al Grupo Greco más de 330 millones de pesos en bonos de consolidación de deuda que al momento de abortarse el pago alcanzaban un valor efectivo mayor a 600 millones de pesos.
La hermandad del caso Greco
Alberto García no es el único funcionario procesado por el caso Greco que sigue en la administración pública. El nuevo director de Asuntos Jurídicos de Acumar forma parte de un grupo de abogados que trabajó durante años en Economía. El juez Sergio Torres lo procesó junto a la ex directora de Asuntos Jurídicos, Yolanda Eggink; el ex subsecretario de Administración, Juan Cayetano Intelisano; y el ex subsecretario legal del ministro Roberto Lavagna, Osvaldo Siseles. Tras el escándalo, Eggink y García permanecieron como empleados en Planificación. Intelisano, Eggink y Siseles volvieron a ser noticia a principios de 2009 cuando el entonces fiscal Manuel Garrido los denunció por el pago irregular de una deuda ilegítima de 54 millones de pesos a un pool de aseguradoras. Garrido demostró que las dos maniobras tenían notorios puntos de contacto y que los funcionarios habían alcanzado un aceitado funcionamiento durante años en Economía. La semana pasada, en coincidencia con el pase de García a Medio Ambiente, Intelisano presentó un recurso de amparo ante la Justicia para volver a su cargo.
Lali Minnicelli, la “arquitecta jurídica” en las sombras de Planificación
Alessandra “Lali” Minnicelli es la mano derecha de Julio De Vido. La abogada que llegó a ocupar la secretaría adjunta de la Sindicatura General durante el gobierno de Néstor Kirchner ya no tiene un cargo pero sigue siendo la arquitecta jurídica del ministerio. Lali, como la llama su marido, ocupa un despacho en el piso 11 de Planificación, donde trabaja De Vido. La ex síndica y el subsecretario de Coordinación y Control de Gestión, Roberto Baratta, son los dos pilares sobre los que se asienta el arquitecto. Minnicelli es la encargada de cuidarle la firma a De Vido y suele tener encontronazos con el subsecretario legal, Rafael Llorens, a quien le achaca una mirada de los asuntos de la cartera más militante que técnica. “Ella es el cerebro jurídico”, le dijo a este diario un empresario que suele tratarla. Minnicelli va dos o tres veces por semana al edificio de Hipólito Yrigoyen y su presencia no pasa desapercibida. Fuentes del ministerio reconocieron que Minnicelli pesó en la designación del procesado Alberto García en el Acumar. Fue después de que la abogada Silvia García, una funcionaria ligada a Llorens, abandonó el ministerio. La doctora García fue la primera candidata para desembarcar en la autoridad de la Cuenca. Se desempeñaba a las órdenes del director de Asuntos Jurídicos, Pablo Campi, con quien suele trabajar también en la esfera privada. En el área legal de De Vido permanece otra funcionaria procesada por el caso Greco: la ex directora general de Asuntos Jurídicos de Economía, Yolanda Eggink.
El riesgo de vivir junto a la contaminación
El riesgo de vivir junto a la contaminación
Fecha de Publicación: 08/02/2010
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Buenos Aires
El 96,4% de la población de la zona de la cuenca Matanza-Riachuelo está expuesta a las amenazas del deterioro del medio ambiente
Nacer en la cuenca Matanza-Riachuelo es como nacer desahuciado. Así lo describió Marcela Gianini, cocinera de uno de los comedores del barrio Nicole, en La Matanza: "Cuando mi hijo empezó con episodios de asma, me dijeron que el origen era el lugar donde vivíamos. Ahora tiene 8 años y sigue con problemas respiratorios. Y no es el único. Muchos chicos que vienen al comedor tienen algún síntoma respiratorio".
Su diagnóstico coincide con la realidad: un documento oficial revela que el 96,4 por ciento de la población de la cuenca está expuesta, al menos, a una amenaza de riesgo ambiental, que se traduce en tasas de mortalidad general e infantil que superan las medias del país.
El informe oficial, elaborado por la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud de la Nación, agrega que entre los problemas de salud más frecuentes en la cuenca predominan los gastrointestinales (33,3%) y respiratorios (26%).
A 17 meses de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenara el saneamiento del Riachuelo a los estados nacional, bonaerense y porteño, son pocos los avances que se advierten.
"La situación que muestra el informe simplemente exige y legitima la necesidad del cumplimiento rápido y eficiente del Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA) del Riachuelo", sostuvo Anselmo Sella, defensor titular adjunto del pueblo de la Nación.
"Es fundamental que se identifiquen rápidamente los sectores con mayor riesgo ambiental y se realice un plan sanitario de emergencia proactivo", agregó.
La encuesta realizada por la cartera sanitaria nacional también permitió determinar que de los 973.196 hogares de la cuenca, la mitad padece alguna situación ambiental de riesgo, tales como deficiencias en el abastecimiento de agua, cloacas o disposición de residuos.
"No deberíamos extrañarnos al conocer las cifras de las condiciones de salud de la población de la cuenca. Los organismos de las personas que viven en ella, sumamente deteriorados como consecuencia del inexistente saneamiento básico (agua segura y cloacas) son un blanco fácil para la contaminación de origen industrial a la cual están expuestos diariamente.", indicó Martín Prieto, director ejecutivo de Greenpeace Argentina.
Pánfilo Bogado vive a pocas cuadras de distancia de Gianini, más cerca del arroyo Morales, que desemboca en el río Matanza y forma parte de la cuenca. "Un grave problema que tenemos es que la gente no tiene dónde tirar la basura y la va acumulando acá", dijo, y señaló una montaña fétida de residuos que se veía sobre los pastizales de la orilla. "Para nosotros, que ya estamos, no es el problema; el problema es para los chicos que tienen toda la vida por delante", agregó.
Víctor Friti es representante del Foro Hídrico de Lomas de Zamora vive en otro partido, pero comparte la preocupación: "Se mezclan un montón cuestiones. En muchos barrios, por la explosión demográfica que ha habido en la zona, no hay agua. Al no tener cloacas, Lomas tiene 25% de cloacas; el agua que puede extraerse del subsuelo no es precisamente de la mejor calidad. Pero lo peor no es que no hay cloacas, sino que no hay plan de saneamiento hídrico".
A Frites hay otro tema que lo preocupa: La Salada. Hay unos 1200 metros de puestos que ocupan el camino de sirga del Riachuelo, que deberán ser liberados. "Por el momento, se liberaron sólo 200 metros. Desde hace años estamos presos. Para poder salir del barrio, tenemos que caminar 15 o 20 cuadras debido a esta ocupación. No pueden entrar ni las ambulancias. Y encima tenemos que soportar que toda la basura que se genera en la feria se tire directamente en ese lugar."
A la Justicia
La Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar), ente interjurisdiccional que debe velar por el cumplimiento del plan de saneamiento, envió a la Justicia un detalle del presupuesto con el que contará este año. Según el informe oficial, se señaló: "El saneamiento del Riachuelo insumirá 23.801 millones de pesos hasta 2024; se llevan invertidos 3114 millones entre 2006 y 2009, y para este año se prevé destinar 4427 millones".
El secretario de Ambiente de la Nación y presidente de la Acumar, Homero Bibiloni, dijo: "La inversión presupuestaria realizada y proyectada para este año marca el compromiso del Estado nacional frente al tema. El desafío es revertir la histórica degradación de la cuenca haciendo frente a los diversos problemas ambientales, económicos, sociales e institucionales, para lo cual se requiere la participación de diversos actores sociales y múltiples acciones en su resolución".
Para los vecinos, ese desafío sigue sin cumplirse.
Datos alarmantes
- De los 973.196 hogares de la zona, la mitad padece alguna situación de riesgo ambiental. Los problemas de salud más frecuentes que se presentan son gastrointestinales y respiratorios.
- Falta provisión de agua de red a 297.232 personas.
- Hay carencia de desagües cloacales de red de 327.560 personas.
- Están con residencia alejada de hospitales o de establecimientos de salud 327.007 personas.
- Viven en casas o en viviendas con superficies inundables 198.388 personas.
- Habitan cerca de basurales 2682 personas.
- Residen cerca de establecimientos industriales con riesgo de contaminación 32.364 personas.
- Mientras el índice de mortalidad infantil en la Argentina es de 13,3 por mil nacidos vivos hasta el primer año de vida, el índice de mortalidad infantil en la cuenca Matanza-Riachuelo es de 14,3 por mil nacidos vivos hasta el primer año de edad.
Fecha de Publicación: 08/02/2010
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Buenos Aires
El 96,4% de la población de la zona de la cuenca Matanza-Riachuelo está expuesta a las amenazas del deterioro del medio ambiente
Nacer en la cuenca Matanza-Riachuelo es como nacer desahuciado. Así lo describió Marcela Gianini, cocinera de uno de los comedores del barrio Nicole, en La Matanza: "Cuando mi hijo empezó con episodios de asma, me dijeron que el origen era el lugar donde vivíamos. Ahora tiene 8 años y sigue con problemas respiratorios. Y no es el único. Muchos chicos que vienen al comedor tienen algún síntoma respiratorio".
Su diagnóstico coincide con la realidad: un documento oficial revela que el 96,4 por ciento de la población de la cuenca está expuesta, al menos, a una amenaza de riesgo ambiental, que se traduce en tasas de mortalidad general e infantil que superan las medias del país.
El informe oficial, elaborado por la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud de la Nación, agrega que entre los problemas de salud más frecuentes en la cuenca predominan los gastrointestinales (33,3%) y respiratorios (26%).
A 17 meses de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenara el saneamiento del Riachuelo a los estados nacional, bonaerense y porteño, son pocos los avances que se advierten.
"La situación que muestra el informe simplemente exige y legitima la necesidad del cumplimiento rápido y eficiente del Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA) del Riachuelo", sostuvo Anselmo Sella, defensor titular adjunto del pueblo de la Nación.
"Es fundamental que se identifiquen rápidamente los sectores con mayor riesgo ambiental y se realice un plan sanitario de emergencia proactivo", agregó.
La encuesta realizada por la cartera sanitaria nacional también permitió determinar que de los 973.196 hogares de la cuenca, la mitad padece alguna situación ambiental de riesgo, tales como deficiencias en el abastecimiento de agua, cloacas o disposición de residuos.
"No deberíamos extrañarnos al conocer las cifras de las condiciones de salud de la población de la cuenca. Los organismos de las personas que viven en ella, sumamente deteriorados como consecuencia del inexistente saneamiento básico (agua segura y cloacas) son un blanco fácil para la contaminación de origen industrial a la cual están expuestos diariamente.", indicó Martín Prieto, director ejecutivo de Greenpeace Argentina.
Pánfilo Bogado vive a pocas cuadras de distancia de Gianini, más cerca del arroyo Morales, que desemboca en el río Matanza y forma parte de la cuenca. "Un grave problema que tenemos es que la gente no tiene dónde tirar la basura y la va acumulando acá", dijo, y señaló una montaña fétida de residuos que se veía sobre los pastizales de la orilla. "Para nosotros, que ya estamos, no es el problema; el problema es para los chicos que tienen toda la vida por delante", agregó.
Víctor Friti es representante del Foro Hídrico de Lomas de Zamora vive en otro partido, pero comparte la preocupación: "Se mezclan un montón cuestiones. En muchos barrios, por la explosión demográfica que ha habido en la zona, no hay agua. Al no tener cloacas, Lomas tiene 25% de cloacas; el agua que puede extraerse del subsuelo no es precisamente de la mejor calidad. Pero lo peor no es que no hay cloacas, sino que no hay plan de saneamiento hídrico".
A Frites hay otro tema que lo preocupa: La Salada. Hay unos 1200 metros de puestos que ocupan el camino de sirga del Riachuelo, que deberán ser liberados. "Por el momento, se liberaron sólo 200 metros. Desde hace años estamos presos. Para poder salir del barrio, tenemos que caminar 15 o 20 cuadras debido a esta ocupación. No pueden entrar ni las ambulancias. Y encima tenemos que soportar que toda la basura que se genera en la feria se tire directamente en ese lugar."
A la Justicia
La Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar), ente interjurisdiccional que debe velar por el cumplimiento del plan de saneamiento, envió a la Justicia un detalle del presupuesto con el que contará este año. Según el informe oficial, se señaló: "El saneamiento del Riachuelo insumirá 23.801 millones de pesos hasta 2024; se llevan invertidos 3114 millones entre 2006 y 2009, y para este año se prevé destinar 4427 millones".
El secretario de Ambiente de la Nación y presidente de la Acumar, Homero Bibiloni, dijo: "La inversión presupuestaria realizada y proyectada para este año marca el compromiso del Estado nacional frente al tema. El desafío es revertir la histórica degradación de la cuenca haciendo frente a los diversos problemas ambientales, económicos, sociales e institucionales, para lo cual se requiere la participación de diversos actores sociales y múltiples acciones en su resolución".
Para los vecinos, ese desafío sigue sin cumplirse.
Datos alarmantes
- De los 973.196 hogares de la zona, la mitad padece alguna situación de riesgo ambiental. Los problemas de salud más frecuentes que se presentan son gastrointestinales y respiratorios.
- Falta provisión de agua de red a 297.232 personas.
- Hay carencia de desagües cloacales de red de 327.560 personas.
- Están con residencia alejada de hospitales o de establecimientos de salud 327.007 personas.
- Viven en casas o en viviendas con superficies inundables 198.388 personas.
- Habitan cerca de basurales 2682 personas.
- Residen cerca de establecimientos industriales con riesgo de contaminación 32.364 personas.
- Mientras el índice de mortalidad infantil en la Argentina es de 13,3 por mil nacidos vivos hasta el primer año de vida, el índice de mortalidad infantil en la cuenca Matanza-Riachuelo es de 14,3 por mil nacidos vivos hasta el primer año de edad.
Bosques tucumanos en jaque
Una demora legislativa pone en jaque a los bosques nativos
Fecha de Publicación: 08/02/2010
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán
Al borde la extinción, no. Sí, en punto crítico. Daniel Manso, director de Fauna, Flora Silvestre y Suelo de la provincia, considera que la sociedad tiene una oportunidad histórica para salvar sus bosques nativos. Explica: "según nuestra información satelital, la superficie boscosa no ha disminuido en los últimos 10 años gracias a las plantaciones y regeneraciones. Sí estamos en un umbral, en un punto límite: más allá de esta frontera, la destrucción será irreversible".
A la decisiva conservación del bosque contribuirá el ordenamiento del territorio que la Legislatura de Tucumán debe aprobar y reglamentar por exigencia de la Ley Nacional 26.331, de Presupuestos mínimos de protección ambiental de los bosques nativos. El arquitecto Manso calcula que la redacción del borrador de este instrumento, que debía estar listo a finales de 2008, concluirá en abril. Recién entonces será girado al Poder Legislativo.
"La mayoría de las provincias están en mora. Quizá sea un consuelo de tontos, pero la planificación es una materia pendiente en Argentina y la ambiental, más todavía. Entiendo que los planteles técnicos y académicos de Tucumán no estaban maduros para asumir este compromiso", justifica.
El reto planteado por la Ley 26.331 supone generar un mapa tricolor mediante un proceso participativo, donde el sector rojo corresponda a la zona que, por su alto valor de conservación, debe persistir como bosque a perpetuidad. El amarillo comprende las áreas de mediano valor de conservación susceptibles de aprovechamiento sostenible (en simultáneo con programas de restauración). La zona pintada con verde, por su escaso valor de conservación, puede ser total o parcialmente transformada.
Cambios
La exigencia del ordenamiento produjo cambios en la Dirección de Fauna, Flora Silvestre y Suelo (Manso, que en marzo de 2009 reemplazó a Manuel Imbert, asegura que asumió para llevar adelante este cometido) y obligó a licitar la gestión del proceso, que quedó en manos de la ONG Fundejma (el gobierno gastará 445.000 pesos en esta contratación). Javier González Morenghi, presidente de esa institución, afirma que desconoce la razón de la demora que acarrea el ordenamiento. "No somos parte del Estado. Sí nos consta que esta gestión se está esforzando para que el trabajo sea técnicamente impecable y cumpla los procesos participativos que exige la ley", afirmó.
Tucumán y Catamarca son las únicas jurisdicciones del NOA que no han aprobado la categorización de sus respectivos territorios. "En general, las provincias comenzaron tarde (respecto del plazo legal que venció en diciembre de 2008). También hay casos donde los ordenamientos han sido cuestionados por las autoridades nacionales o sectores de la ciudadanía", esgrime el vocero de Fundefma. Para evitar las hipótesis de conflicto y judicialización, las propuestas de zonificación han sido debatidas en cuatro talleres abiertos a la comunidad tucumana. "En la discusión participaron ambientalistas, representantes de los tres poderes del Estado, del sector privado y ciudadanos comunes", precisa Manso.
Este productivo
Aunque el mapa aún no está definido, el director de Flora, Fauna Silvestre y Suelo anticipa que, en general, existe gran coincidencia sobre cómo debe ser trazado. Con la ayuda de un apunte, anuncia: "la montaña será roja porque la gente quiere preservar el sistema de yungas, la Selva Tucumano Boliviana. El piedemonte y Tafí del Valle y sus alrededores probablemente entren en el sector amarillo porque la comunidad desea que estas áreas sean preservadas y estén sujetas al desarrollo sustentable, que será muy distinto al aprovechamiento que se hace actualmente. El este será verde, es decir, productivo".
Más allá de la conservación de los bosques, el ordenamiento territorial urge para destrabar la prohibición de desmontar vigente desde la sanción de la Ley 26.331, en noviembre de 2007. Manso asegura que el Estado no ha dado permisos. "Los desmontes ejecutados en este período son ilegales u obedecen a licencias anteriores a la votación en el Congreso de la Nación", aclara el funcionario.
Fecha de Publicación: 08/02/2010
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán
Al borde la extinción, no. Sí, en punto crítico. Daniel Manso, director de Fauna, Flora Silvestre y Suelo de la provincia, considera que la sociedad tiene una oportunidad histórica para salvar sus bosques nativos. Explica: "según nuestra información satelital, la superficie boscosa no ha disminuido en los últimos 10 años gracias a las plantaciones y regeneraciones. Sí estamos en un umbral, en un punto límite: más allá de esta frontera, la destrucción será irreversible".
A la decisiva conservación del bosque contribuirá el ordenamiento del territorio que la Legislatura de Tucumán debe aprobar y reglamentar por exigencia de la Ley Nacional 26.331, de Presupuestos mínimos de protección ambiental de los bosques nativos. El arquitecto Manso calcula que la redacción del borrador de este instrumento, que debía estar listo a finales de 2008, concluirá en abril. Recién entonces será girado al Poder Legislativo.
"La mayoría de las provincias están en mora. Quizá sea un consuelo de tontos, pero la planificación es una materia pendiente en Argentina y la ambiental, más todavía. Entiendo que los planteles técnicos y académicos de Tucumán no estaban maduros para asumir este compromiso", justifica.
El reto planteado por la Ley 26.331 supone generar un mapa tricolor mediante un proceso participativo, donde el sector rojo corresponda a la zona que, por su alto valor de conservación, debe persistir como bosque a perpetuidad. El amarillo comprende las áreas de mediano valor de conservación susceptibles de aprovechamiento sostenible (en simultáneo con programas de restauración). La zona pintada con verde, por su escaso valor de conservación, puede ser total o parcialmente transformada.
Cambios
La exigencia del ordenamiento produjo cambios en la Dirección de Fauna, Flora Silvestre y Suelo (Manso, que en marzo de 2009 reemplazó a Manuel Imbert, asegura que asumió para llevar adelante este cometido) y obligó a licitar la gestión del proceso, que quedó en manos de la ONG Fundejma (el gobierno gastará 445.000 pesos en esta contratación). Javier González Morenghi, presidente de esa institución, afirma que desconoce la razón de la demora que acarrea el ordenamiento. "No somos parte del Estado. Sí nos consta que esta gestión se está esforzando para que el trabajo sea técnicamente impecable y cumpla los procesos participativos que exige la ley", afirmó.
Tucumán y Catamarca son las únicas jurisdicciones del NOA que no han aprobado la categorización de sus respectivos territorios. "En general, las provincias comenzaron tarde (respecto del plazo legal que venció en diciembre de 2008). También hay casos donde los ordenamientos han sido cuestionados por las autoridades nacionales o sectores de la ciudadanía", esgrime el vocero de Fundefma. Para evitar las hipótesis de conflicto y judicialización, las propuestas de zonificación han sido debatidas en cuatro talleres abiertos a la comunidad tucumana. "En la discusión participaron ambientalistas, representantes de los tres poderes del Estado, del sector privado y ciudadanos comunes", precisa Manso.
Este productivo
Aunque el mapa aún no está definido, el director de Flora, Fauna Silvestre y Suelo anticipa que, en general, existe gran coincidencia sobre cómo debe ser trazado. Con la ayuda de un apunte, anuncia: "la montaña será roja porque la gente quiere preservar el sistema de yungas, la Selva Tucumano Boliviana. El piedemonte y Tafí del Valle y sus alrededores probablemente entren en el sector amarillo porque la comunidad desea que estas áreas sean preservadas y estén sujetas al desarrollo sustentable, que será muy distinto al aprovechamiento que se hace actualmente. El este será verde, es decir, productivo".
Más allá de la conservación de los bosques, el ordenamiento territorial urge para destrabar la prohibición de desmontar vigente desde la sanción de la Ley 26.331, en noviembre de 2007. Manso asegura que el Estado no ha dado permisos. "Los desmontes ejecutados en este período son ilegales u obedecen a licencias anteriores a la votación en el Congreso de la Nación", aclara el funcionario.
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Un año de conflictos mineros
Un año de conflictos mineros
Fecha de Publicación: 08/02/2010
Fuente: Diario Crítica - Por Javier Rodríguez Pardo
Provincia/Región: Nacional
En un país subastado y ocupado por 74 megacorporaciones mineras, la mayoría canadienses y británicas, 165 proyectos de explotación esperan luz verde este año para avanzar en diferentes etapas de exploración, factibilidad, construcción y explotación. De ellos, 66 corresponden a Jujuy, Salta, Catamarca y la Rioja, 43 operan en San Juan, San Luis, Mendoza y Neuquén, y 56 en Santa Cruz, Chubut y Río Negro. A esta cantidad se suman miles de cateos mineros que prospectan vastas áreas cuantificando yacimientos y su posibilidad extractiva, con absoluta promiscuidad y un laxismo legal inconcebible: la cifra da escalofríos porque es el comienzo de la devastación. De aprobarse todos los informes de impacto ambiental, cohabitaríamos con suelos lunares, ingentes territorios con centenares de cráteres de 4 kilómetros de diámetro y más de 700 metros de profundidad que en la jerga se denominan “open pit”.
Sólo seis las provincias argentinas legislaron impidiendo la actividad minera (Chubut, Río Negro, Mendoza, Córdoba, San Luis y Tucumán). Mientras tanto, el resto de las comunidades cordilleranas se halla en virtual levantamiento popular al reconocer que los minerales diseminados sólo presentan rentabilidad con el sistema a cielo abierto, volando montañas. El método es de una voracidad sin obstáculos: empapar con reactivos químicos las rocas pulverizadas, consumir en un segundo el agua que utiliza una familia tipo en un mes y la energía equivalente a la de toda una provincia.
Los yacimientos se registran según la concentración de metales como oro, plata, cobre, uranio, etc., pero igualmente valiosos son los subproductos que acompañan a éstos y que no son declarados al cruzar la aduana. Al mismo tiempo, las poblaciones expuestas al sistema extractivo denuncian contaminación, destrucción territorial y saqueo, y se sublevan resistiendo el arribo minero. Del otro lado, judicializan la protesta y reprimen. Así están las cosas al comienzo de 2010.
Un caso testigo es el del renio. (Crítica de la Argentina, 31/1/2010). Se trata de un subproducto de metales que generalmente franquea la frontera con la declaración de “impurezas de exportación”. El metal se utiliza en aleaciones de aceros especiales para la industria aeronáutica, naval y espacial. Se llega a pagar hasta 25 mil dólares el kilo, lo que significa que es el mineral más caro del mundo, tan indispensable que no se concibe construir un avión moderno o una central nuclear sin incluirlo. Los fabricantes de aviones usan entre 3 y 6% de renio en sus turbinas. La velocidad de las aeronaves depende de él. Además soporta temperaturas superiores a los 3.000º C.
Otro caso son las “tierras raras”, 15 elementos de la tabla periódica que a principios del siglo XX no tenían aplicación, de ahí su nombre. Hoy la demanda mundial obliga a China, principal productor, a limitar las exportaciones, previendo el mercado de automóviles eléctricos que irrumpe de manera sostenida y que requiere de aleaciones con el “raro” neodimio. Otro componente de estas “tierras” es el lantano, crucial para las baterías de los autos y en la electrónica y comunicaciones. Son metales que parten regalados hacia los mercados del norte, por no decir que se contrabandean. Todas las transnacionales en el país los exportan sin declararlos en la aduana. “Para qué los querés –le decía el subsecretario de Minería de la provincia de San Juan a un ingeniero del sector– si aquí no tenemos cómo investigarlos ni aplicarlos”. Lo cierto es que en los países del norte, las “tierras raras” llegan a venderse a más de 10 mil dólares la tonelada. En esta línea se halla el coltán, combinación de dos metales, niobio y tántalo, tan críticos como estratégicos. El coltán es indispensable en tecnologías como la telefónica, médica (implantes), electrónica, aeroespacial y bélica. Su demanda y valor produjo, entre otras, la guerra civil en el Congo. Un mineral que en los últimos 15 años soporta la implacabilidad de las transnacionales y los recurrentes debates en las Naciones Unidas debido a explotaciones vandálicas. En nuestro país las mineras ocultan su hallazgo mientras rastrean el continente de manera obsesiva.
Varios son los proyectos mineros avanzados para el presente año. El principal es Pascua-Lama, de la Barrick Gold, en el límite con Chile, a 4.500 metros de altura, en San Juan. Las poblaciones aledañas de ambos estados mantienen constantes movilizaciones, decenas de presentaciones judiciales por daños ambientales que impactan en cursos de agua y glaciares. El lobby de la Barrick Gold y del gobierno de José Luis Gioja provocó que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner vetara la ley de protección de glaciares sancionada por el Congreso nacional.
Casposo es otro yacimiento sanjuanino de oro y plata que mantiene en rebeldía a asambleístas y autoconvocados.
En la misma provincia, Pachón, de Xtrata Kopper, igual que Pascua-Lama, aplicará el tratado binacional minero de implementación conjunta argentino-chileno, convenio que convierte a la Cordillera de los Andes en un virtual tercer país gobernado por transnacionales.
En Catamarca se anunció la construcción de Agua Rica –cobre y polimetálica–, afectando a los pueblos de Andalgalá, Belén, Santa María y otros, que se manifiestan en las rutas y bloquean el paso de los vehículos mineros.
En Chubut, el proyecto Navidad, autopublicitado el más grande del mundo en plata y plomo, también oculta minerales no revelados. En Chubut rige la ley 5001, que prohíbe la minería a cielo abierto y el uso de compuestos tóxicos; los patagónicos la defienden y prometen evitar una zonificación minera, pergeñada por gobernantes y corporaciones.
En Mendoza hay dos pertenencias extractivas en ciernes. Una es Potasio Río Colorado, de la brasileña Vale, en Malargüe, pródigo en cloruro de potasio para las fábricas de fertilizantes. Su explotación debería convulsionar al país, pues consumirá un millón de metros cúbicos de gas por día, equivalente a un tercio del que se importa de Bolivia. Utilizará la misma cantidad de energía eléctrica que la provincia de Tucumán. Agotará fuentes de agua y provocará un impacto ambiental insalvable reconocido por el propio Consejo Provincial del Ambiente. A la provincia le dejaría menos del 4% de lo que embolsará la minera.
Se precipita un año de conflictos sociales anunciados, con gobernantes y mineros abroquelados, ignorando los reclamos populares y del sentido común.
Fecha de Publicación: 08/02/2010
Fuente: Diario Crítica - Por Javier Rodríguez Pardo
Provincia/Región: Nacional
En un país subastado y ocupado por 74 megacorporaciones mineras, la mayoría canadienses y británicas, 165 proyectos de explotación esperan luz verde este año para avanzar en diferentes etapas de exploración, factibilidad, construcción y explotación. De ellos, 66 corresponden a Jujuy, Salta, Catamarca y la Rioja, 43 operan en San Juan, San Luis, Mendoza y Neuquén, y 56 en Santa Cruz, Chubut y Río Negro. A esta cantidad se suman miles de cateos mineros que prospectan vastas áreas cuantificando yacimientos y su posibilidad extractiva, con absoluta promiscuidad y un laxismo legal inconcebible: la cifra da escalofríos porque es el comienzo de la devastación. De aprobarse todos los informes de impacto ambiental, cohabitaríamos con suelos lunares, ingentes territorios con centenares de cráteres de 4 kilómetros de diámetro y más de 700 metros de profundidad que en la jerga se denominan “open pit”.
Sólo seis las provincias argentinas legislaron impidiendo la actividad minera (Chubut, Río Negro, Mendoza, Córdoba, San Luis y Tucumán). Mientras tanto, el resto de las comunidades cordilleranas se halla en virtual levantamiento popular al reconocer que los minerales diseminados sólo presentan rentabilidad con el sistema a cielo abierto, volando montañas. El método es de una voracidad sin obstáculos: empapar con reactivos químicos las rocas pulverizadas, consumir en un segundo el agua que utiliza una familia tipo en un mes y la energía equivalente a la de toda una provincia.
Los yacimientos se registran según la concentración de metales como oro, plata, cobre, uranio, etc., pero igualmente valiosos son los subproductos que acompañan a éstos y que no son declarados al cruzar la aduana. Al mismo tiempo, las poblaciones expuestas al sistema extractivo denuncian contaminación, destrucción territorial y saqueo, y se sublevan resistiendo el arribo minero. Del otro lado, judicializan la protesta y reprimen. Así están las cosas al comienzo de 2010.
Un caso testigo es el del renio. (Crítica de la Argentina, 31/1/2010). Se trata de un subproducto de metales que generalmente franquea la frontera con la declaración de “impurezas de exportación”. El metal se utiliza en aleaciones de aceros especiales para la industria aeronáutica, naval y espacial. Se llega a pagar hasta 25 mil dólares el kilo, lo que significa que es el mineral más caro del mundo, tan indispensable que no se concibe construir un avión moderno o una central nuclear sin incluirlo. Los fabricantes de aviones usan entre 3 y 6% de renio en sus turbinas. La velocidad de las aeronaves depende de él. Además soporta temperaturas superiores a los 3.000º C.
Otro caso son las “tierras raras”, 15 elementos de la tabla periódica que a principios del siglo XX no tenían aplicación, de ahí su nombre. Hoy la demanda mundial obliga a China, principal productor, a limitar las exportaciones, previendo el mercado de automóviles eléctricos que irrumpe de manera sostenida y que requiere de aleaciones con el “raro” neodimio. Otro componente de estas “tierras” es el lantano, crucial para las baterías de los autos y en la electrónica y comunicaciones. Son metales que parten regalados hacia los mercados del norte, por no decir que se contrabandean. Todas las transnacionales en el país los exportan sin declararlos en la aduana. “Para qué los querés –le decía el subsecretario de Minería de la provincia de San Juan a un ingeniero del sector– si aquí no tenemos cómo investigarlos ni aplicarlos”. Lo cierto es que en los países del norte, las “tierras raras” llegan a venderse a más de 10 mil dólares la tonelada. En esta línea se halla el coltán, combinación de dos metales, niobio y tántalo, tan críticos como estratégicos. El coltán es indispensable en tecnologías como la telefónica, médica (implantes), electrónica, aeroespacial y bélica. Su demanda y valor produjo, entre otras, la guerra civil en el Congo. Un mineral que en los últimos 15 años soporta la implacabilidad de las transnacionales y los recurrentes debates en las Naciones Unidas debido a explotaciones vandálicas. En nuestro país las mineras ocultan su hallazgo mientras rastrean el continente de manera obsesiva.
Varios son los proyectos mineros avanzados para el presente año. El principal es Pascua-Lama, de la Barrick Gold, en el límite con Chile, a 4.500 metros de altura, en San Juan. Las poblaciones aledañas de ambos estados mantienen constantes movilizaciones, decenas de presentaciones judiciales por daños ambientales que impactan en cursos de agua y glaciares. El lobby de la Barrick Gold y del gobierno de José Luis Gioja provocó que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner vetara la ley de protección de glaciares sancionada por el Congreso nacional.
Casposo es otro yacimiento sanjuanino de oro y plata que mantiene en rebeldía a asambleístas y autoconvocados.
En la misma provincia, Pachón, de Xtrata Kopper, igual que Pascua-Lama, aplicará el tratado binacional minero de implementación conjunta argentino-chileno, convenio que convierte a la Cordillera de los Andes en un virtual tercer país gobernado por transnacionales.
En Catamarca se anunció la construcción de Agua Rica –cobre y polimetálica–, afectando a los pueblos de Andalgalá, Belén, Santa María y otros, que se manifiestan en las rutas y bloquean el paso de los vehículos mineros.
En Chubut, el proyecto Navidad, autopublicitado el más grande del mundo en plata y plomo, también oculta minerales no revelados. En Chubut rige la ley 5001, que prohíbe la minería a cielo abierto y el uso de compuestos tóxicos; los patagónicos la defienden y prometen evitar una zonificación minera, pergeñada por gobernantes y corporaciones.
En Mendoza hay dos pertenencias extractivas en ciernes. Una es Potasio Río Colorado, de la brasileña Vale, en Malargüe, pródigo en cloruro de potasio para las fábricas de fertilizantes. Su explotación debería convulsionar al país, pues consumirá un millón de metros cúbicos de gas por día, equivalente a un tercio del que se importa de Bolivia. Utilizará la misma cantidad de energía eléctrica que la provincia de Tucumán. Agotará fuentes de agua y provocará un impacto ambiental insalvable reconocido por el propio Consejo Provincial del Ambiente. A la provincia le dejaría menos del 4% de lo que embolsará la minera.
Se precipita un año de conflictos sociales anunciados, con gobernantes y mineros abroquelados, ignorando los reclamos populares y del sentido común.
Tu firma por una gota más de Agua
Firmas contra la derogación de la ley que prohíbe la minería con cianuro
Fecha de Publicación: 07/02/2010
Fuente: El Patagónico
Provincia/Región: Chubut
El Foro Ambiental y Social de la Patagonia desarrolló su campaña “Tu firma por una gota más de Agua”, en el marco de la Exposición Rural. Destacaron la participación de los ciudadanos en la nota que se enviará a la Legislatura para evitar que se derogue la Ley Provincial 5.001 que actualmente prohíbe la explotación minera con cianuro en Chubut.
Desde el Foro Ambiental y Social de la Patagonia (FASP) se destacó la participación de la gente que visitó la Exposición, y la información que en general poseen sobre el impacto de la megaminaría.
“Agradecemos a la Sociedad Rural por permitirnos tener un stand en la Exposición, dado que no sólo conseguimos llegar con información a la gente sino también conseguimos sumar voluntarios para la organización que viene funcionando hace tres años en la ciudad”, informaron desde la organización.
Desde fines de diciembre se realiza la campaña de firmas, que también se desarrolla en el noreste y noroeste de Chubut, a través de los vecinos autoconvocados de Esquel y el Fasp de Trelew.
El tema minero estuvo presente en La Rural también a través de una encuesta implementada por la Sociedad Rural local que busca conocer la opinión sobre el tema de productores y vecinos de Comodoro Rivadavia, y el grado de conocimiento que poseen sobre el impacto de la minería.
“En la campaña de firmas de La Rural nos llama mucho la atención que, salvo raras excepciones, la gente maneja información sobre el impacto negativo de la minería, la contaminación en San Juan, Santa Cruz, Catamarca. Muchos hasta se ofrecen para acercar fotos y dar datos precisos porque han estado en esas zonas, incluso por trabajo. La posibilidad de que se contamine el agua es también una preocupación manifestada por quienes firmaron, incluso la gente se acercó directamente a firmar y eso nos parece un buen indicador”, indicaron desde la organización.
Desde el Fasp también se informó que en el día de ayer un grupo de vecinos de diferentes puntos de la provincia viajaron rumbo a Gan Gan donde se reunirían con pobladores de la zona para conocer los avances de la minería en el zona, y solidarizarse con quienes no están de acuerdo con la instalación de un emprendimiento minero en la zona.
En este marco, se informó que el Foro Ambiental y Social de la Patagonia, a través de sus sedes Trelew, Puerto Madryn y Comodoro Rivadavia, adhieren a la declaración de personas “no gratas en nuestra provincia a los empresarios mineros de San Juan, -que visitarán en breve la provincia-; al director de Petrominera, el radical dasnevista Cambareri, y a los funcionarios provinciales que quieren un Chubut al `estilo San Juan´”.
Aclararon que el comunicado obedece a que durante esta semana llegarían a Rawson integrantes de la Asociación de Mineros Nacionales de San Juan para mantener reuniones con funcionarios provinciales, “para que se vayan adecuando y preparando para el desarrollo del emprendimiento minero Navidad”.
“Consideramos este hecho una afrenta a la ciudadanía de Chubut toda y comprobamos que nuevamente las mineras vienen de la mano y con la protección de quienes deben controlarlos, para hacer lo que mejor saben: llevarse la mayor ganancia , en el menor tiempo y con el mínimo costo posible, dejando contaminación y saqueo”, afirmaron.
Fecha de Publicación: 07/02/2010
Fuente: El Patagónico
Provincia/Región: Chubut
El Foro Ambiental y Social de la Patagonia desarrolló su campaña “Tu firma por una gota más de Agua”, en el marco de la Exposición Rural. Destacaron la participación de los ciudadanos en la nota que se enviará a la Legislatura para evitar que se derogue la Ley Provincial 5.001 que actualmente prohíbe la explotación minera con cianuro en Chubut.
Desde el Foro Ambiental y Social de la Patagonia (FASP) se destacó la participación de la gente que visitó la Exposición, y la información que en general poseen sobre el impacto de la megaminaría.
“Agradecemos a la Sociedad Rural por permitirnos tener un stand en la Exposición, dado que no sólo conseguimos llegar con información a la gente sino también conseguimos sumar voluntarios para la organización que viene funcionando hace tres años en la ciudad”, informaron desde la organización.
Desde fines de diciembre se realiza la campaña de firmas, que también se desarrolla en el noreste y noroeste de Chubut, a través de los vecinos autoconvocados de Esquel y el Fasp de Trelew.
El tema minero estuvo presente en La Rural también a través de una encuesta implementada por la Sociedad Rural local que busca conocer la opinión sobre el tema de productores y vecinos de Comodoro Rivadavia, y el grado de conocimiento que poseen sobre el impacto de la minería.
“En la campaña de firmas de La Rural nos llama mucho la atención que, salvo raras excepciones, la gente maneja información sobre el impacto negativo de la minería, la contaminación en San Juan, Santa Cruz, Catamarca. Muchos hasta se ofrecen para acercar fotos y dar datos precisos porque han estado en esas zonas, incluso por trabajo. La posibilidad de que se contamine el agua es también una preocupación manifestada por quienes firmaron, incluso la gente se acercó directamente a firmar y eso nos parece un buen indicador”, indicaron desde la organización.
Desde el Fasp también se informó que en el día de ayer un grupo de vecinos de diferentes puntos de la provincia viajaron rumbo a Gan Gan donde se reunirían con pobladores de la zona para conocer los avances de la minería en el zona, y solidarizarse con quienes no están de acuerdo con la instalación de un emprendimiento minero en la zona.
En este marco, se informó que el Foro Ambiental y Social de la Patagonia, a través de sus sedes Trelew, Puerto Madryn y Comodoro Rivadavia, adhieren a la declaración de personas “no gratas en nuestra provincia a los empresarios mineros de San Juan, -que visitarán en breve la provincia-; al director de Petrominera, el radical dasnevista Cambareri, y a los funcionarios provinciales que quieren un Chubut al `estilo San Juan´”.
Aclararon que el comunicado obedece a que durante esta semana llegarían a Rawson integrantes de la Asociación de Mineros Nacionales de San Juan para mantener reuniones con funcionarios provinciales, “para que se vayan adecuando y preparando para el desarrollo del emprendimiento minero Navidad”.
“Consideramos este hecho una afrenta a la ciudadanía de Chubut toda y comprobamos que nuevamente las mineras vienen de la mano y con la protección de quienes deben controlarlos, para hacer lo que mejor saben: llevarse la mayor ganancia , en el menor tiempo y con el mínimo costo posible, dejando contaminación y saqueo”, afirmaron.
Arroceras: Piden intervención de la Ramsar
Arroceras del Chaco: Piden intervención de la Convención Ramsar
Fecha de Publicación: 06/02/2010
Fuente: EcoPortal
Provincia/Región: Chaco
El caso de las arroceras San Carlos SRL y Cancha Larga SA en la provincia del Chaco podría derivar en un escándalo internacional. Al pedido del Fiscal Federal Gustavo Corregido para que la justicia interponga una medida cautelar de no innovar “a fin de ordenar a la explotaciones arroceras, sus administradores y socios se abstengan de continuar con las maniobras contaminantes en tal sentido y verificado en autos el empleo de sustancias tóxicas que impactan y dañan el ambiente”, se sumaría ahora la intervención de la Secretaria de la Convención Ramsar, con sede en Suiza.
El pedido fue realizado por la abogada Graciela Gómez ante el impacto y daño ambiental que esos establecimientos producen en el humedal de 508.000 hectáreas ubicado en la provincia del Chaco, más precisamente en la franja oriental de los departamentos San Fernando, 1º de Mayo y Bermejo. Límite Sur: paralelo de 28° S, que separa las Provincias de Chaco y Santa Fe; límite Norte: cauce del río Bermejo; límite Oeste: trazado de la Ruta Nacional Nº 11; límite Este: cauces de los ríos Paraná y Paraguay, que separan las Provincias de Chaco y Corrientes, como asimismo a Argentina de la República del Paraguay.
En una carta dirigida a María Rivera, Consejera Principal para América de la Secretaría de esa Convención Internacional, la doctora Gómez le solicitó “su colaboración invalorable e intervención ante la Autoridad Administrativa Ramsar en este país (Argentina) a fin que realicen las acciones pertinentes”.El pedido de la facultativa está basado en el artículo 3 de la Convención que establece que “las Partes Contratantes deberán elaborar y aplicar su planificación de forma que favorezca la conservación de los humedales incluidos en la Lista y, en la medida de lo posible, el uso racional de los humedales de su territorio”.
En su punto 2, el mencionado artículo refiere a que “cada Parte Contratante tomará las medidas necesarias para informarse lo antes posible acerca de las modificaciones de las condiciones ecológicas de los humedales en su territorio e incluidos en la Lista, y que se hayan producido o puedan producirse como consecuencia del desarrollo tecnológico, de la contaminación o de cualquier otra intervención del hombre. Las informaciones sobre dichas modificaciones se transmitirán sin demora a la organización o al gobierno responsable de las funciones de la Oficina permanente especificado en el Artículo 8”.
”Éstas violaciones a normas plasmadas en nuestra Carta Magna ,Pactos Internacionales de jerarquía constitucional y demás leyes vinculadas al medio ambiente tanto nacionales y provinciales, fueron denunciadas mediante decenas de notas presentadas por los afectados que no tuvieron respuesta, por lo que procedieron a la presentación de un Recurso de Amparo Ambiental con Medida Cautelar Innovativa efectuada ante el Juzgado Federal de Resistencia el día 26/01/2010: Expte 4/2010 - PJN - Sec. Civil y C. Nº 10 - " FERRAU, MARCO Y OTROS c/MUNICIPALIDAD DE LAS PALMAS Y OTROS s/AMPARO", subrayó la profesional.
En otra causa de autos: “Servin Elio Osvaldo y Otros S/Denuncia” vecinos de las localidades La Leonesa y las Palmas denunciaron las mismas violaciones a dichas normas y daños en la salud de las personas, por parte de las arroceras San Carlos SRL y Cancha Larga SA
Tras siete meses de investigación el Fiscal Federal Gustavo Corregido días pasados dijo en su dictamen elevado al juez federal de Resistencia-Chaco que: “Es menester dictar medida cautelar de no innovar a fin de ordenar a la explotaciones arroceras San Carlos SRL y Cancha Larga SA, sus administradores y socios se abstengan de continuar con las maniobras contaminantes en tal sentido y verificado en autos el empleo de sustancias tóxicas que impactan y dañan el ambiente, en especial los cursos de aguas humedales denominados Sitios Ramsar cuyas vertientes escurren hacia límites interjurisdiccionales como ser el río Paraguay” lo deviene inequívoca la competencia Federal.
Requirió además instrucción judicial imputándole el delito de “Incumplimiento de los deberes de funcionario público” a ministros y subsecretarios de la anterior y la actual gestión de gobierno provincial, así como a los actuales intendentes de La Leonesa y las Palmas. Mientras que la imputación al dueño de las arroceras, Eduardo José Meichtry, es la violación a la Ley 24051 de “Residuos Peligrosos”.
“Ante todos los sucesos hasta aquí relatados, la única respuesta recibida por los vecinos desde el gobierno provincial es que : el gobierno GARANTIZA la seguridad de los productos fitosanitarios que se utilizan en las arroceras sin ningún sustento científico, legal ni temporal que avale ésas afirmaciones vertidas a 24 horas de tomar estado público el tema. Esa no es la conclusión a la que arribó el informe de la Comisión del servicio en el Chaco de fecha 4 de marzo de 2009 del Ministerio de Salud de la Nación , a raíz de las denuncias recibidas en el marco de la Comisión Nacional de Investigaciones por Agroquímicos creada por el Decreto Nº 21/09”, precisó Gómez.
“Ante el impacto sanitario probado por médicos e investigadores y la contaminación producto de las sustancias mal llamadas fitosanitarias –agregó-, cuya inocuidad es producto de constantes debates entre detractores y partidarios de su empleo en los sembradíos, cuyos límites han extendido su uso irracional sobre las poblaciones aledañas afectando la salud de sus habitantes desfavoreciendo así también la conservación de los humedales incluidos en la “Lista” de Ramsar (…) es que solicito su intervención”
La Convención sobre los Humedales (Ramsar, Irán, 1971) es un tratado intergubernamental cuya misión es “la conservación y el uso racional de los humedales mediante acciones locales, regionales y nacionales y gracias a la cooperación internacional, como contribución al logro de un desarrollo sostenible en todo el mundo”. El caso de los envenenadores del Chaco está por convertirse en uno de los mayores escándalos internacionales.
Cabe recordar que Argentina adhirió a la Convención en 1991, a través de la ley 23.919, y tres años más tarde creó el Comité Nacional Ramsar por resolución de la hoy Secretaria de Desarrollo Sustentable y Política Ambiental para coordinar y asesorar en relación a la aplicación de la convención sobre humedales en el país.
Fecha de Publicación: 06/02/2010
Fuente: EcoPortal
Provincia/Región: Chaco
El caso de las arroceras San Carlos SRL y Cancha Larga SA en la provincia del Chaco podría derivar en un escándalo internacional. Al pedido del Fiscal Federal Gustavo Corregido para que la justicia interponga una medida cautelar de no innovar “a fin de ordenar a la explotaciones arroceras, sus administradores y socios se abstengan de continuar con las maniobras contaminantes en tal sentido y verificado en autos el empleo de sustancias tóxicas que impactan y dañan el ambiente”, se sumaría ahora la intervención de la Secretaria de la Convención Ramsar, con sede en Suiza.
El pedido fue realizado por la abogada Graciela Gómez ante el impacto y daño ambiental que esos establecimientos producen en el humedal de 508.000 hectáreas ubicado en la provincia del Chaco, más precisamente en la franja oriental de los departamentos San Fernando, 1º de Mayo y Bermejo. Límite Sur: paralelo de 28° S, que separa las Provincias de Chaco y Santa Fe; límite Norte: cauce del río Bermejo; límite Oeste: trazado de la Ruta Nacional Nº 11; límite Este: cauces de los ríos Paraná y Paraguay, que separan las Provincias de Chaco y Corrientes, como asimismo a Argentina de la República del Paraguay.
En una carta dirigida a María Rivera, Consejera Principal para América de la Secretaría de esa Convención Internacional, la doctora Gómez le solicitó “su colaboración invalorable e intervención ante la Autoridad Administrativa Ramsar en este país (Argentina) a fin que realicen las acciones pertinentes”.El pedido de la facultativa está basado en el artículo 3 de la Convención que establece que “las Partes Contratantes deberán elaborar y aplicar su planificación de forma que favorezca la conservación de los humedales incluidos en la Lista y, en la medida de lo posible, el uso racional de los humedales de su territorio”.
En su punto 2, el mencionado artículo refiere a que “cada Parte Contratante tomará las medidas necesarias para informarse lo antes posible acerca de las modificaciones de las condiciones ecológicas de los humedales en su territorio e incluidos en la Lista, y que se hayan producido o puedan producirse como consecuencia del desarrollo tecnológico, de la contaminación o de cualquier otra intervención del hombre. Las informaciones sobre dichas modificaciones se transmitirán sin demora a la organización o al gobierno responsable de las funciones de la Oficina permanente especificado en el Artículo 8”.
”Éstas violaciones a normas plasmadas en nuestra Carta Magna ,Pactos Internacionales de jerarquía constitucional y demás leyes vinculadas al medio ambiente tanto nacionales y provinciales, fueron denunciadas mediante decenas de notas presentadas por los afectados que no tuvieron respuesta, por lo que procedieron a la presentación de un Recurso de Amparo Ambiental con Medida Cautelar Innovativa efectuada ante el Juzgado Federal de Resistencia el día 26/01/2010: Expte 4/2010 - PJN - Sec. Civil y C. Nº 10 - " FERRAU, MARCO Y OTROS c/MUNICIPALIDAD DE LAS PALMAS Y OTROS s/AMPARO", subrayó la profesional.
En otra causa de autos: “Servin Elio Osvaldo y Otros S/Denuncia” vecinos de las localidades La Leonesa y las Palmas denunciaron las mismas violaciones a dichas normas y daños en la salud de las personas, por parte de las arroceras San Carlos SRL y Cancha Larga SA
Tras siete meses de investigación el Fiscal Federal Gustavo Corregido días pasados dijo en su dictamen elevado al juez federal de Resistencia-Chaco que: “Es menester dictar medida cautelar de no innovar a fin de ordenar a la explotaciones arroceras San Carlos SRL y Cancha Larga SA, sus administradores y socios se abstengan de continuar con las maniobras contaminantes en tal sentido y verificado en autos el empleo de sustancias tóxicas que impactan y dañan el ambiente, en especial los cursos de aguas humedales denominados Sitios Ramsar cuyas vertientes escurren hacia límites interjurisdiccionales como ser el río Paraguay” lo deviene inequívoca la competencia Federal.
Requirió además instrucción judicial imputándole el delito de “Incumplimiento de los deberes de funcionario público” a ministros y subsecretarios de la anterior y la actual gestión de gobierno provincial, así como a los actuales intendentes de La Leonesa y las Palmas. Mientras que la imputación al dueño de las arroceras, Eduardo José Meichtry, es la violación a la Ley 24051 de “Residuos Peligrosos”.
“Ante todos los sucesos hasta aquí relatados, la única respuesta recibida por los vecinos desde el gobierno provincial es que : el gobierno GARANTIZA la seguridad de los productos fitosanitarios que se utilizan en las arroceras sin ningún sustento científico, legal ni temporal que avale ésas afirmaciones vertidas a 24 horas de tomar estado público el tema. Esa no es la conclusión a la que arribó el informe de la Comisión del servicio en el Chaco de fecha 4 de marzo de 2009 del Ministerio de Salud de la Nación , a raíz de las denuncias recibidas en el marco de la Comisión Nacional de Investigaciones por Agroquímicos creada por el Decreto Nº 21/09”, precisó Gómez.
“Ante el impacto sanitario probado por médicos e investigadores y la contaminación producto de las sustancias mal llamadas fitosanitarias –agregó-, cuya inocuidad es producto de constantes debates entre detractores y partidarios de su empleo en los sembradíos, cuyos límites han extendido su uso irracional sobre las poblaciones aledañas afectando la salud de sus habitantes desfavoreciendo así también la conservación de los humedales incluidos en la “Lista” de Ramsar (…) es que solicito su intervención”
La Convención sobre los Humedales (Ramsar, Irán, 1971) es un tratado intergubernamental cuya misión es “la conservación y el uso racional de los humedales mediante acciones locales, regionales y nacionales y gracias a la cooperación internacional, como contribución al logro de un desarrollo sostenible en todo el mundo”. El caso de los envenenadores del Chaco está por convertirse en uno de los mayores escándalos internacionales.
Cabe recordar que Argentina adhirió a la Convención en 1991, a través de la ley 23.919, y tres años más tarde creó el Comité Nacional Ramsar por resolución de la hoy Secretaria de Desarrollo Sustentable y Política Ambiental para coordinar y asesorar en relación a la aplicación de la convención sobre humedales en el país.
Minas abandonadas
Hay 75 minas abandonadas y sin control en el país
Fecha de Publicación: 06/02/2010
Fuente: Río Negro On Line
Provincia/Región: Nacional
"El día después de las minas, peligro sin control" es la segunda investigación realizada por un equipo de periodistas de FOPEA -Foro de Periodismo Argentino-, y revela que hay al menos 75 minas abandonadas en todo el país, aunque el gobierno nacional lo ignora puesto que no hay registros ni mapas ni datos oficiales. Pero en estos sitios vive y vivió gente. El equipo de investigación de Fopea recorrió Gonzalito (Río Negro), Marayes (San Juan), La Rinconada (San Juan), Los Colorados (La Rioja) y Los Adobes (Chubut), minas abandonadas de la Argentina.
Son lugares olvidados, despojados de pasado y futuro. Que han dejado a sus viejos pobladores o a las poblaciones cercanas a la merced de una constante depredación y, en algunos casos, con una contaminación cierta y comprobada. Familias que viven en ruinas, sin agua, sin servicios y con afecciones en su salud; colas de lavado de minerales a cielo abierto; estanques pestilentos; montañas de tierra que quedaron de las voladuras; pozos profundos... Si nada cambia, es el anticipo de un drama que recién empieza, puesto que tampoco hay planes para el cierre de las minas que hoy están en funcionamiento.
La idea fue inspirada por averiguaciones que había hecho uno de los miembros de la Unidad, Hugo Macchiavelli, en una viaje reciente a San Juan. Pronto todos se sumaron con acuerdos, ideas y, en el caso de Pedro Caram, periodista en Río Negro, una experiencia concreta: ya había realizado una investigación sobre la Mina Gonzalito, cerrada hace más de 25 años y aún hoy contaminante.
Si bien para el trabajo se apeló a pedidos de información a los organismos nacionales, la respuesta fue que no había registros, por lo cual la investigación se basó en el trabajo de campo de los periodistas. Aun así, sólo con su computadora y una conexión a Internet, la periodista de Bahía Blanca Sandra Crucianelli logró generar un mapa inédito sobre las minas abandonadas en la Argentina. Producto de su sorprendente exploración, encontró 75 casos.
La investigación -disponible en www.fopea.org- incluye un informe multimedia con entrevistas y consultas formales a la Secretaría de Energía y la Comisión Nacional de Energía Atómica, el Banco Mundial, entre otras fuentes. Macchiavelli, además, viajó a San Juan para desde allí visitar una mina abandonada y entrevistas con vecinos y más especialistas. Lo mismo hicieron, desde sus sitios, Caram en Mina Gonzalito, Evangelina Quiroga en Catamarca con La Alumbrera, María Rosa Di Santo en La Rioja y Silvina Martínez en Chubut, además de la colaboración de camarógrafos, fotógrafos y diseñadores.
"Las imágenes obtenidas en las minas abandonadas, inhóspitas, desoladas, comprobaron una vez más que la mayor soledad puede convivir con la belleza", afirmó el coordinador de la investigación, Gerardo Young.
Fecha de Publicación: 06/02/2010
Fuente: Río Negro On Line
Provincia/Región: Nacional
"El día después de las minas, peligro sin control" es la segunda investigación realizada por un equipo de periodistas de FOPEA -Foro de Periodismo Argentino-, y revela que hay al menos 75 minas abandonadas en todo el país, aunque el gobierno nacional lo ignora puesto que no hay registros ni mapas ni datos oficiales. Pero en estos sitios vive y vivió gente. El equipo de investigación de Fopea recorrió Gonzalito (Río Negro), Marayes (San Juan), La Rinconada (San Juan), Los Colorados (La Rioja) y Los Adobes (Chubut), minas abandonadas de la Argentina.
Son lugares olvidados, despojados de pasado y futuro. Que han dejado a sus viejos pobladores o a las poblaciones cercanas a la merced de una constante depredación y, en algunos casos, con una contaminación cierta y comprobada. Familias que viven en ruinas, sin agua, sin servicios y con afecciones en su salud; colas de lavado de minerales a cielo abierto; estanques pestilentos; montañas de tierra que quedaron de las voladuras; pozos profundos... Si nada cambia, es el anticipo de un drama que recién empieza, puesto que tampoco hay planes para el cierre de las minas que hoy están en funcionamiento.
La idea fue inspirada por averiguaciones que había hecho uno de los miembros de la Unidad, Hugo Macchiavelli, en una viaje reciente a San Juan. Pronto todos se sumaron con acuerdos, ideas y, en el caso de Pedro Caram, periodista en Río Negro, una experiencia concreta: ya había realizado una investigación sobre la Mina Gonzalito, cerrada hace más de 25 años y aún hoy contaminante.
Si bien para el trabajo se apeló a pedidos de información a los organismos nacionales, la respuesta fue que no había registros, por lo cual la investigación se basó en el trabajo de campo de los periodistas. Aun así, sólo con su computadora y una conexión a Internet, la periodista de Bahía Blanca Sandra Crucianelli logró generar un mapa inédito sobre las minas abandonadas en la Argentina. Producto de su sorprendente exploración, encontró 75 casos.
La investigación -disponible en www.fopea.org- incluye un informe multimedia con entrevistas y consultas formales a la Secretaría de Energía y la Comisión Nacional de Energía Atómica, el Banco Mundial, entre otras fuentes. Macchiavelli, además, viajó a San Juan para desde allí visitar una mina abandonada y entrevistas con vecinos y más especialistas. Lo mismo hicieron, desde sus sitios, Caram en Mina Gonzalito, Evangelina Quiroga en Catamarca con La Alumbrera, María Rosa Di Santo en La Rioja y Silvina Martínez en Chubut, además de la colaboración de camarógrafos, fotógrafos y diseñadores.
"Las imágenes obtenidas en las minas abandonadas, inhóspitas, desoladas, comprobaron una vez más que la mayor soledad puede convivir con la belleza", afirmó el coordinador de la investigación, Gerardo Young.
Impulso al uso de biocombustibles
Impulso al uso de biocombustibles
Fecha de Publicación: 06/02/2010
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
El ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, anunció ayer la entrada en vigencia del corte obligatorio del gasoil con un 5% de biodiésel. Según De Vido, el porcentaje podrá ir aumentando año tras año hasta alcanzar el 20%de mezcla en los próximos cuatro años.
De acuerdo al funcionario, con la incorporación del biodiésel se fortalecerán cinco mil empleos y se incrementarán las reservas energéticas del país en un 2%. Además, el funcionario aclaró que la mezcla tendrá un efecto neutro sobre el precio del gasoil.
"Para nosotros esto es una buena noticia. Es muy bueno para las empresas de biocombustible tener un pie en el mercado interno", dijo Fernando Peláez, presidente de la Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio).
Según explicó Claudio Molina, director ejecutivo de la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno, para cumplir con el corte obligatorio del 5%, se requerirán 800.000 toneladas de biodiésel por año. Este biodiésel podrá ser provisto por productores que tengan cupo fiscal, una licencia que otorga al Gobierno a los que quieren vender biocombustible en el mercado interno.
Actualmente, hay diecinueve empresas que tienen cupo fiscal. Diez de estas empresas son pyme, y tienen un cupo equivalente al 100% de su capacidad instalada. El resto pertenece a las empresas de Carbio, como Unitec Bio, de Eurnekián; Ecofuel, de AGD y Vicentín y AG-Energy, de Viluco. El 40% de las firmas que tienen cupo son de zonas extrapampeanas.
La tarifa interna del biodiésel es fijada por el Gobierno, y hoy equivale a $ 2,90 más IVA por litro, a la salida del fábrica. En el mercado internacional el biodiésel cotiza a 930 dólares la tonelada.
Según Molina, el país, con una capacidad instalada para producir 2 millones de toneladas de biocombustible, se convirtió en los últimos años en un actor de peso en el sector. Así, hoy la Argentina es el principal exportador y el quinto productor mundial de biodiésel.
Fecha de Publicación: 06/02/2010
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
El ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, anunció ayer la entrada en vigencia del corte obligatorio del gasoil con un 5% de biodiésel. Según De Vido, el porcentaje podrá ir aumentando año tras año hasta alcanzar el 20%de mezcla en los próximos cuatro años.
De acuerdo al funcionario, con la incorporación del biodiésel se fortalecerán cinco mil empleos y se incrementarán las reservas energéticas del país en un 2%. Además, el funcionario aclaró que la mezcla tendrá un efecto neutro sobre el precio del gasoil.
"Para nosotros esto es una buena noticia. Es muy bueno para las empresas de biocombustible tener un pie en el mercado interno", dijo Fernando Peláez, presidente de la Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio).
Según explicó Claudio Molina, director ejecutivo de la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno, para cumplir con el corte obligatorio del 5%, se requerirán 800.000 toneladas de biodiésel por año. Este biodiésel podrá ser provisto por productores que tengan cupo fiscal, una licencia que otorga al Gobierno a los que quieren vender biocombustible en el mercado interno.
Actualmente, hay diecinueve empresas que tienen cupo fiscal. Diez de estas empresas son pyme, y tienen un cupo equivalente al 100% de su capacidad instalada. El resto pertenece a las empresas de Carbio, como Unitec Bio, de Eurnekián; Ecofuel, de AGD y Vicentín y AG-Energy, de Viluco. El 40% de las firmas que tienen cupo son de zonas extrapampeanas.
La tarifa interna del biodiésel es fijada por el Gobierno, y hoy equivale a $ 2,90 más IVA por litro, a la salida del fábrica. En el mercado internacional el biodiésel cotiza a 930 dólares la tonelada.
Según Molina, el país, con una capacidad instalada para producir 2 millones de toneladas de biocombustible, se convirtió en los últimos años en un actor de peso en el sector. Así, hoy la Argentina es el principal exportador y el quinto productor mundial de biodiésel.
Gualeguaychú: entre presiones y contaminación
Afirman que Botnia ya emitió 36800 toneladas de tóxicos e insisten con su desmantelamiento
Fecha de Publicación: 05/02/2010
Fuente: La Voz 901
Provincia/Región: Entre Ríos
“Botnia contamina y la única manera de resolver este conflicto es que sea desmantelada; No hay resarcimiento de ningún tipo que pague lo que ocasiona sobre un recurso agotable y todo lo que habita en él”, dice la Asamblea de Gualeguaychú.
Se difundió este viernes un informe de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú. El mismo da cuenta de que la pastera instalada en Fray Bentos lleva “36.800 toneladas de tóxicos emitidos y 2 millones de pulpa de celulosa producidas”. Al respecto, se detallan los estudios realizados y se llega a la concusión de que hay “una certeza irrefutable: Botnia contamina y la única manera de resolver este conflicto es que sea desmantelada. No hay resarcimiento de ningún tipo que pague lo que ocasiona de manera permanente sobre un recurso agotable y todo lo que habita en él, en la salud de la población cercana a la planta y los enormes perjuicios económicos que traerá aparejado en el sistema productivo actual de su zona de influencia. No podrá haber solución posible ni acercamiento de dos pueblos hermanos mientras Botnia permanezca en la cuenca del Río Uruguay”.
El Informe.
En el primer informe realizado por el grupo Técnico Interdisciplinario de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú, basado en una revisión de la bibliografía existente vinculadas a la producción de celulosa y un análisis pormenorizado del Informe de Impacto Ambiental presentado por la empresa Botnia, efectuado antes de la puesta en funcionamiento de dicha planta (Junio del 2007), se arribó a las siguientes conclusiones:
1. Botnia nunca realizó ni encomendó a ninguna empresa independiente estudios científica y técnicamente serios de impacto ambiental en los que se evaluaran los posibles efectos acumulativos a través de los años de las sustancias tóxicas contaminantes presentes en las emisiones atmosféricas y en los efluentes líquidos y sólidos de su planta de Fray Bentos.La experiencia científica internacional de 30 años, no deja duda alguna sobre el serio riesgo de contaminación ambiental de los ecosistemas próximos a plantas de celulosa particularmente en el mediano y largo plazo.
2. El procedimiento Kraft, más el blanqueado con dióxido de cloro, usado en el proceso de obtención de la pasta de celulosa por Botnia, es intrínsecamente contaminante, por la gran cantidad de compuestos químicos de elevada toxicidad, presentes en sus emisiones atmosféricas y efluentes líquidos y sólidos.
3. El elemento hídrico receptor de los efluentes líquidos está considerado un “ecosistema acuático frágil”, a lo que debemos agregar el bajo caudal del mismo en numerosos períodos del año, la presencia frecuente de flujos inversos y la existencia de una zona de sedimentación sobre la costa argentina enfrente de la planta proyectada.
Estas características actuales del Río Uruguay, dificultarán enormemente el drenaje de los contaminantes presentes en los efluentes líquidos aguas abajo de la zona en cuestión, por lo que se producirá una alteración progresiva e irreversible de la biota presente en el mismo.
4. Es totalmente inadecuado el lugar elegido por BOTNIA para la localización de la planta de celulosa, con un volumen de producción de un millón de toneladas anuales (que la convierten en una de las mas grandes del mundo) a unos 25 Km. de la ciudad de Gualeguaychú, al ser incompatible el funcionamiento de semejante emprendimiento con un medio ambiente saludable y con el perfil de ciudad que se ha gestado en las últimas décadas, en el que se ha dado una superlativa importancia al cuidado del medio ambiente, a la salud de la población, al desarrollo turístico-recreativo, y a la intensa promoción de las actividades rurales y de la industria alimentaria.
Al poco tiempo de la puesta en funcionamiento de la planta, las predicciones de la Asamblea Ambiental se cumplieron y se comenzaron a denotar los efectos contaminantes, mucho antes de lo pensado y con una intensidad realmente preocupante, los que se acentuaron notablemente en este último año. Mencionaremos los episodios más importantes:
1. Se han detectado en este periodo de funcionamiento varios episodios de intoxicaciones agudas de diversa intensidad en ciudadanos que se encontraban en la zona costera argentina, provocados por las emisiones atmosféricas de Botnia (material particulado, dióxido y monóxido de carbono (CO2 – CO), óxidos del nitrógeno (NOx), dióxido de azufre (SO2), compuestos de azufre reducido total (TRS), compuestos orgánicos volátiles (COV), compuestos clorados, metales pesados entre otros), registrados y documentados, con afectaciones de diversa índole: dermatológicas, respiratorias, conjuntivales, etc. En un mediano plazo se acentuarán los efectos tóxicos de estas emisiones tóxicas, especialmente por los 290 Kg. diarios de material particulado contenidos en ellas, según el informe de la propia empresa, y que pueden trasladarse decenas y aún cientos de kilómetros del lugar de emisión con una carga importante de contaminantes de distinto tipos.
2. También han sido muy frecuentes en la zona ribereña argentina y en la misma ciudad de Gualeguaychú la presencia de olores nauseabundos, similares a huevo podrido. Los mismos son producidos por compuestos reducidos del azufre, presente en dichas emisiones, entre los cuales se encuentran algunos de elevada toxicidad como el ácido sulfhídrico.
Increíblemente las autoridades ambientales uruguayas y la misma empresa afirman que los contaminantes citados se encuentran dentro de los “límites permitidos por el Uruguay” y que dichos olores no afectan la salud. Cabe aclarar que el olor desagradable, de por sí afecta la calidad de vida y el bienestar de de la población, por lo que debe considerarse como un contaminante ambiental. Dentro de estos episodios, el más crítico y dramático fue el ocurrido el pasado 26 de enero cuando las emisiones de la pastera invadieron nuestros hogares, y en toda la región se percibió el olor penetrante y tóxico característico del sulfhídrico, evidenciando con este hecho nuevo la contaminación transfronteriza. Botnia siempre aseveró en sus informes que dichos olores nunca llegarían a la ciudad de Gualeguaychú. En dicha oportunidad hubo registradas y documentadas más de 500 denuncias de intoxicaciones en pobladores de la región, producidas por este compuesto de elevada toxicidad.
3. Presencia de dioxinas y furanos en los sedimentos en el área de la planta de Botnia, revelado por un informe del INTI (muestras de agosto del 2008). Dichos análisis fueron realizados en el Laboratorio Canadiense: RPC: Research & Productivity Council, por solicitud del INTI. Los mismos indican una concentración de dioxinas y furanos en dicha área en valores 5.3 veces superiores a la medidas en el área de Concepción del Uruguay, luego de solo nueve meses de funcionamiento, lo que indica un serio deterioro de los sedimentos del Río. Dichos datos se contrapone a lo manifestado por los estudios ambientales de la empresa que aseveraban que usando la tecnología Kraft y blanqueado con dióxido de cloro, dichos compuestos “no son detectables” en los efluentes líquidos o en las emisiones atmosféricas. Referente a este tema, la bibliografía consultada sostiene que el proceso Kraft, con blanqueado de la pulpa utilizando dióxido de cloro en lugar de cloro elemental, reduce la formación de dioxinas y furanos (compuestos de elevada toxicidad y de gran estabilidad), pero de ningún modo las elimina, según lo afirman referencias bibliográficas de primer nivel. También se observó, de acuerdo a controles efectuados por el INTI, un incremento importante en el área mencionada de la concentración de peligrosos metales pesados, compuestos naturalmente tóxicos, muy persistentes en el medio ambiente y bioacumulables, entre ellos: Cadmio, Cromo, Mercurio, Plomo y Arsénico.
4. La gran mancha blanca aparecida en el Río Uruguay con su origen en la planta de Botnia, en la mañana del 4 de febrero del presente año, nunca antes vista, de una extensión de 10 km. Este desgraciado hecho, que nos dejó conmocionados por lo impactante de las imágenes, desnuda otra nueva mentira, ya que Botnia en ningún momento manifestó su responsabilidad en este hecho. Desde entonces podemos ver con angustia, manchas de distintas dimensiones y colores en nuestro río. La mencionada mancha contenía además de un gran desarrollo de algas de distinto géneros, entre ellas Cianobacterias productoras de potentes toxinas, capaces de originar intoxicaciones en el hombre y en los animales, variadas sustancias químicas de elevada toxicidad, entre ellas nonilfenol etoxilados y productos similares, provenientes de Botnia, tal como los denunció la delegación Argentina en La Haya (Septiembre de 2009). Sin dudas, el desarrollo y crecimiento de este tipo de algas mencionadas se vio netamente favorecido por los nutrientes presentes en los efluentes líquidos de la Pastera (330 kilogramos de nitrógeno y fósforo por día).
En esa circunstancias la medida de la concentración de Oxigeno disuelto en numerosas muestras del río Uruguay en la zona afectada era tan baja que se la declaró “no dosable”. La extensión y el tiempo de permanencia de la misma, nos hace pensar en el enorme daño producido en los componentes de la biota del Río que en dicha circunstancia se encontraban presentes.
5. E. El 27 de febrero del 2009 una gran explosión en la planta, confirma la inestabilidad y peligrosidad del emprendimiento; en esta oportunidad fueron roturas de vidrios, olores nauseabundos y excesivo humo en la zona; la próxima vez puede cobrarse nuestras vidas. Nos preguntamos: ¿Cuántos “incidentes” en BOTNIA hacen falta para que reconozcan nuestros argumentos? Es injusto tener que vivir pendientes de los movimientos de la empresa y plagados de incertidumbres.
Una mención especial merece el informe proporcionado por EcoMetrix
En Julio del 2008 se conoció el primer informe de la empresa EcoMetrix, encargado por la Corporación Financiera Internacional para evaluar los primeros seis meses de operación de la planta de Botnia de 1.000.000 t/año. Es el primero que incluye mediciones reales efectuadas y reconocidas por Botnia y el Estado Uruguayo. Los valores aportados por el informe, muestran que la planta, produciendo sólo unas 400.000 tn. de pulpa, volcó en 180 días más de 5.000 Tn. de contaminantes, todos de reconocida toxicidad aguda o crónica (metales pesados, compuestos órgano clorados, entre ellos dioxinas y furanos, compuestos órgano sulfurados, gases de elevada toxicidad, material particulado, etc.).
Prácticamente la mitad de estos contaminantes han literalmente rociado territorio Argentino; primero nuestro Río Uruguay, luego miles de hectáreas tierra adentro, básicamente dedicadas a la producción de alimentos.
El 10 de Marzo de 2009, la Corporación Financiera Internacional (IFC, Banco Mundial) publicó en su página Web un nuevo informe de la consultora EcoMetrix . El informe abarca la operación de Botnia desde el 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2008. En general corrobora las proyecciones realizadas a partir de EcoMetrix de Julio de 2008. Como se esperaba, EcoMetrix y el Banco Mundial continúan sosteniendo tercamente que “la planta cumple con lo previsto en el CIS y las regulaciones de la R. O. del Uruguay”…ciertamente sin ignorar que los números incorporados al informe “declaran” diez mil toneladas de (10.000 Tn.) de emisiones tóxicas en el año 2008.
En ambos informes hay una serie de compuestos que son totalmente ignorados, por ejemplo se ha omitido toda referencia al volcado al río de compuestos sulfurados tóxicos, entre ellos el sulfuro de sodio o a las Dioxinas y Furanos generados por combustión y arrojados a la atmósfera, además de varios insumos tóxicos o peligrosos que no son reportados. Entre estos últimos, sobresalen por su peligrosidad agentes quelantes, antiespumantes, dispersantes y biocidas.
El informe de EcoMetrix concluye diciendo “...la planta está cumpliendo con altos estándares ambientales de la R. O. del Uruguay”. Independientemente de que el término “altos Estándares…” es científicamente inaceptable, el informe de ninguna manera dice que Botnia no contamina. Sin embargo, las más altas autoridades de la República Oriental del Uruguay, así como muchos medios de prensa, incluso nacionales de amplia difusión masiva, afirmaron “...se ha demostrado que Botnia no contamina”, intentando engañar a la opinión pública con una falsedad.
Hasta el momento no se conoce ningún estudio, informe o documento de validez científica que diga explícitamente que la planta de Botnia con su volumen de producción, la tecnología usada y su ubicación geográfica, no contamine. Es más, la suma de todas las plantas argentinas jamás alcanzó una carga semejante de contaminantes. Dicho de otra manera, todos los trabajos científicamente válidos afirman que Botnia contamina y que provocará en un corto o mediano plazo, serios daños a la salud de las poblaciones aledañas a la planta y afectará irreversiblemente la biota del Río Uruguay.
Por último, mencionamos que en la presentación argentina en el tribunal de la Haya, en estudios realizados por 90 científicos de primer nivel de las principales Universidades Nacionales se han presentado innumerables pruebas que indican que después de un año y medio de funcionamiento ya se observan signos evidente de contaminación en las aguas del Río Uruguay, notándose alteraciones en los parámetros físicos, químicos y biológicos del Río y lo mas grave aún la presencia en el mismo de compuestos químicos usados en la planta de Botnia, de elevada toxicidad y que se encuentran prohibidos en los países del primer mundo como es el caso de los nonilfenoles.
Todo lo manifestado anteriormente nos conduce a una certeza irrefutable: BOTNIA CONTAMINA y la única manera de resolver este conflicto es que sea desmantelada. No hay resarcimiento de ningún tipo que pague lo que ocasiona de manera permanente sobre un recurso agotable y todo lo que habita en él, en la salud de la población cercana a la planta y los enormes perjuicios económicos que traerá aparejado en el sistema productivo actual de su zona de influencia. No podrá haber solución posible ni acercamiento de dos pueblos hermanos mientras BOTNIA permanezca en la cuenca del Río Uruguay.
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Presión de los vecinos para levantar el corte
Fecha de Publicación: 05/02/2010
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Entre Ríos
Mientras la segunda megaplanta de celulosa en el Uruguay avanza a paso firme hacia su instalación definitiva en Colonia, frente a las costas de Buenos Aires, el debate acerca de la continuidad del bloqueo fronterizo se acentúa cada día más en Gualeguaychú, donde un grupo de vecinos ya recolectó más de 6000 firmas en contra del corte.
Punta Pereira será el lugar donde se instalará la pastera de las empresas Stora Enso (sueco-finlandesa) y Arauco (de capitales chilenos), que para el negocio se asociaron en un consorcio denominado Montes del Plata. Luego de analizar diversas variantes, y después de que el presidente electo José Mujica desechara públicamente el lugar original de la española ENCE, en Fray Bentos, la compañía papelera mantuvo la localización en Conchillas.
El nuevo consorcio informó ayer que se empleará "la mejor tecnología disponible y económicamente aceptable para pulpaje kraft, blanqueo libre de cloro elemental (ECF)", con el fin de tener "una producción eficiente y mínimo impacto ambiental".
El anuncio se limita a una decisión primaria sobre la localización, por lo que la fábrica dependerá del resultado de los informes de factibilidad. Pero el avance del proyecto y el interés de los accionistas indica que la planta se hará en ese lugar.
Las versiones sobre la instalación de nuevas pasteras sacudieron los ánimos en el seno de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú, que revitalizó la consigna de "no levantar el corte de la ruta 136 hasta que Botnia cierre".
Sin embargo, frente a ese planteo, crece la actividad e influencia del grupo conocido como Ciudadanos Movilizados, que en los últimos tres meses juntó 6000 firmas en contra de la protesta que impide el tránsito hacia el puente internacional General San Martín, bloqueado desde noviembre de 2006.
"Apoyamos totalmente la lucha contra Botnia, pero discrepamos en la estrategia de mantener el corte", explicó el empresario Abel Martínez Garbino.
Monitorean zonas petrolíferas en La Pampa
Ecología monitoreó contaminación en zonas petrolíferas
Fecha de Publicación: 05/02/2010
Fuente: Diario La Reforma
Provincia/Región: La Pampa
Agencia Santa Rosa - El subsecretario de Ecología de La Pampa, Darío Mariani y personal técnico del área, visitaron la zona petrolera de 25 de Mayo para recolectar muestras de agua de los freatímetros allí instalados. El objetivo de los mismos fue determinar la profundidad de la napa freática, la salinidad de la misma, la temperatura del agua y su PH, entre otros aspectos a analizar para detectar la existencia de contaminación con hidrocarburos. Los freatímetros son perforaciones realizadas en el suelo del lugar, que permiten tomar muestras del agua en su napa freática y detectar si existe contaminación por hidrocarburos o sales. Gran explotación Los trabajos se llevaron a cabo en el área “Medanito”, lugar donde se encuentran instalados aproximadamente 30 freatímetros para realizar muestreos. El área se constituye en la zona de mayor explotación petrolera, ya que existen en producción, aproximadamente 1.000 pozos explotados por las empresas Petrobrás y Petroquímica Rivadavia. De la tarea efectuada, se pudo determinar que no hay salinización en el agua y que las napas están un poco más deprimidas a causa de la sequía registrada el pasado año. Las muestras tomadas para su análisis, fueron remitidas a un laboratorio de Bahía Blanca y, en los próximos días estarán los resultados definitivos.
Fecha de Publicación: 05/02/2010
Fuente: Diario La Reforma
Provincia/Región: La Pampa
Agencia Santa Rosa - El subsecretario de Ecología de La Pampa, Darío Mariani y personal técnico del área, visitaron la zona petrolera de 25 de Mayo para recolectar muestras de agua de los freatímetros allí instalados. El objetivo de los mismos fue determinar la profundidad de la napa freática, la salinidad de la misma, la temperatura del agua y su PH, entre otros aspectos a analizar para detectar la existencia de contaminación con hidrocarburos. Los freatímetros son perforaciones realizadas en el suelo del lugar, que permiten tomar muestras del agua en su napa freática y detectar si existe contaminación por hidrocarburos o sales. Gran explotación Los trabajos se llevaron a cabo en el área “Medanito”, lugar donde se encuentran instalados aproximadamente 30 freatímetros para realizar muestreos. El área se constituye en la zona de mayor explotación petrolera, ya que existen en producción, aproximadamente 1.000 pozos explotados por las empresas Petrobrás y Petroquímica Rivadavia. De la tarea efectuada, se pudo determinar que no hay salinización en el agua y que las napas están un poco más deprimidas a causa de la sequía registrada el pasado año. Las muestras tomadas para su análisis, fueron remitidas a un laboratorio de Bahía Blanca y, en los próximos días estarán los resultados definitivos.
Traslado de restos tóxicos en Abra Pampa
Trabajan para un nuevo traslado de restos tóxicos en Abra Pampa
Fecha de Publicación: 04/02/2010
Fuente: La Hora de Jujuy
Provincia/Región: Jujuy
El Secretario de Gestión Ambiental de la Provincia Ingeniero Omar Mendoza recibió en su despacho al Intendente de Abra Pampa, Ariel Machaca quien manifestó su preocupación por residuos de la ex Metal Huasi que aún quedan en el barrio 12 de octubre.
Cabe destacar que en los próximos meses se efectuará un nuevo estudio para determinar cual es la actual situación ambiental en la zona recordando que gran parte de las escorias que estaban a cielo abierto ya fueron trasladadas.
Ante este panorama el Secretario de Gestión Ambiental comprometió elevar este tema al Gobernador de la provincia Doctor Walter Barrionuevo, al Ministro de la Producción Ingeniero Walter Díaz Benetti y al Director de Minería de la provincia Dr. Martín Sánchez.
Asimismo el funcionario dijo que un equipo técnico visitará el lugar en los próximos días para realizar un estudio y, a partir de ahí, gestionar los fondos para un traslado del sobrante tóxico que aún queda en la localidad.
El intendente abra pampeño también detallo una serie de actividades (talleres) que se realizaran después de la segunda quincena de febrero para crear mas conciencia a la comunidad sobre el cuidado ambiental. En la reunión también estuvieron presentes integrantes del equipo técnico de la Secretaría de Gestión Ambiental.
Fecha de Publicación: 04/02/2010
Fuente: La Hora de Jujuy
Provincia/Región: Jujuy
El Secretario de Gestión Ambiental de la Provincia Ingeniero Omar Mendoza recibió en su despacho al Intendente de Abra Pampa, Ariel Machaca quien manifestó su preocupación por residuos de la ex Metal Huasi que aún quedan en el barrio 12 de octubre.
Cabe destacar que en los próximos meses se efectuará un nuevo estudio para determinar cual es la actual situación ambiental en la zona recordando que gran parte de las escorias que estaban a cielo abierto ya fueron trasladadas.
Ante este panorama el Secretario de Gestión Ambiental comprometió elevar este tema al Gobernador de la provincia Doctor Walter Barrionuevo, al Ministro de la Producción Ingeniero Walter Díaz Benetti y al Director de Minería de la provincia Dr. Martín Sánchez.
Asimismo el funcionario dijo que un equipo técnico visitará el lugar en los próximos días para realizar un estudio y, a partir de ahí, gestionar los fondos para un traslado del sobrante tóxico que aún queda en la localidad.
El intendente abra pampeño también detallo una serie de actividades (talleres) que se realizaran después de la segunda quincena de febrero para crear mas conciencia a la comunidad sobre el cuidado ambiental. En la reunión también estuvieron presentes integrantes del equipo técnico de la Secretaría de Gestión Ambiental.
Neuquén: ofertas para invertir en energía eólica
Se conocen las ofertas para invertir en energía eólica
Fecha de Publicación: 04/02/2010
Fuente: Neuquén Informa
Provincia/Región: Neuquén
La ceremonia será presidida por Ana Pechen en el Salón de Acuerdos de Casa de Gobierno este viernes a las 13. El objetivo es evaluar la factibilidad de instalación y explotación de parques eólicos con destino a la generación de energía eléctrica.
La vicegobernadora Ana Pechen encabezará este viernes la apertura de sobres de la convocatoria pública que realizó el gobierno provincial destinada a inversores interesados en desarrollar campañas de medición del recurso eólico en áreas de propiedad fiscal.
La ceremonia se llevará a cabo en el Salón de Acuerdos de Casa de Gobierno a las 13. La convocatoria fue realizada en octubre de 2009, a través de la Agencia para la Promoción y Desarrollo de Inversiones del Neuquén (ADI-NQN S.E.P.), con el objetivo de evaluar la factibilidad de instalación y explotación de parques eólicos con destino a la generación de energía eléctrica.
En octubre de 2009, cuando se inició el llamado a interesados, el presidente de ADI-NQN Pedro Salvatori, explicó que se trata de un llamado a concurso de inversores interesados en “medir el recurso que es el viento”, para determinar si la aptitud de la región, la zona o la localización es apta para instalar parques eólicos para producir energía eléctrica. En ese momento aclaró que “el requisito para la ubicación es que tiene que pasar cerca de una línea de alta tensión para que tenga nodos de interconexión y pueda alimentar a la red nacional”.
Una vez comprobadas las aptitudes eólicas de las zonas y siendo tierras fiscales, los interesados podrán realizar sus inversiones con un derecho de servidumbre y pagando sólo un peaje que le otorgará el Estado neuquino. En esta propuesta la provincia no debe desembolsar dinero alguno ya que la inversión corre por cuenta y riesgo del interesado en desarrollar el emprendimiento eólico.
El proyecto se inicia con tres áreas, 6.600 hectáreas entre las localidades de Villa El Chocón y Picún Leufú. Si se obtienen buenos resultados, el Estado provincial planea poner a disposición también otras tierras fiscales que presenten condiciones climáticas aptas para la generación de energía eólica.
Antecedentes
El gobierno de la provincia -mediante decreto Nº 1837/09 firmado por Jorge Sapag- declaró de utilidad pública la generación de energía eólica en cuadro áreas: tres circundantes a la ciudad de Zapala y una en cercanías de Picún Leufú. Por lo cual, es factible otorgar los derechos de servidumbre para la explotación de estas áreas y preservar el derecho que pudieran tener los actuales ocupantes de esas tierras.
La ley nacional 26.190, en vigencia desde el 2006 y cuyo proyecto fue iniciativa del por entonces senador Pedro Salvatori, fijó una meta que debe ser cumplida antes del año 2016 al establecer que el ocho por ciento de la energía eléctrica que se consuma en el país debe provenir de fuentes de energía renovable.
Fecha de Publicación: 04/02/2010
Fuente: Neuquén Informa
Provincia/Región: Neuquén
La ceremonia será presidida por Ana Pechen en el Salón de Acuerdos de Casa de Gobierno este viernes a las 13. El objetivo es evaluar la factibilidad de instalación y explotación de parques eólicos con destino a la generación de energía eléctrica.
La vicegobernadora Ana Pechen encabezará este viernes la apertura de sobres de la convocatoria pública que realizó el gobierno provincial destinada a inversores interesados en desarrollar campañas de medición del recurso eólico en áreas de propiedad fiscal.
La ceremonia se llevará a cabo en el Salón de Acuerdos de Casa de Gobierno a las 13. La convocatoria fue realizada en octubre de 2009, a través de la Agencia para la Promoción y Desarrollo de Inversiones del Neuquén (ADI-NQN S.E.P.), con el objetivo de evaluar la factibilidad de instalación y explotación de parques eólicos con destino a la generación de energía eléctrica.
En octubre de 2009, cuando se inició el llamado a interesados, el presidente de ADI-NQN Pedro Salvatori, explicó que se trata de un llamado a concurso de inversores interesados en “medir el recurso que es el viento”, para determinar si la aptitud de la región, la zona o la localización es apta para instalar parques eólicos para producir energía eléctrica. En ese momento aclaró que “el requisito para la ubicación es que tiene que pasar cerca de una línea de alta tensión para que tenga nodos de interconexión y pueda alimentar a la red nacional”.
Una vez comprobadas las aptitudes eólicas de las zonas y siendo tierras fiscales, los interesados podrán realizar sus inversiones con un derecho de servidumbre y pagando sólo un peaje que le otorgará el Estado neuquino. En esta propuesta la provincia no debe desembolsar dinero alguno ya que la inversión corre por cuenta y riesgo del interesado en desarrollar el emprendimiento eólico.
El proyecto se inicia con tres áreas, 6.600 hectáreas entre las localidades de Villa El Chocón y Picún Leufú. Si se obtienen buenos resultados, el Estado provincial planea poner a disposición también otras tierras fiscales que presenten condiciones climáticas aptas para la generación de energía eólica.
Antecedentes
El gobierno de la provincia -mediante decreto Nº 1837/09 firmado por Jorge Sapag- declaró de utilidad pública la generación de energía eólica en cuadro áreas: tres circundantes a la ciudad de Zapala y una en cercanías de Picún Leufú. Por lo cual, es factible otorgar los derechos de servidumbre para la explotación de estas áreas y preservar el derecho que pudieran tener los actuales ocupantes de esas tierras.
La ley nacional 26.190, en vigencia desde el 2006 y cuyo proyecto fue iniciativa del por entonces senador Pedro Salvatori, fijó una meta que debe ser cumplida antes del año 2016 al establecer que el ocho por ciento de la energía eléctrica que se consuma en el país debe provenir de fuentes de energía renovable.
Buscan cómo enfrentar las tormentas de arena
Viedma busca cómo enfrentar las tormentas de arena
Fecha de Publicación: 03/02/2010
Fuente: Río Negro On Line
Provincia/Región: Río Negro
El diputado Pesatti se reunió con los concejales de la capital provincial. Instan a lograr la remediación y determinar responsabilidades del fenómeno que se desató en los últimos meses.
Representantes de los distintos bloques del Concejo Deliberante local recibieron ayer al legislador del PJ, Pedro Pesatti, para intercambiar impresiones acerca de lo que el ex presidente de ese cuerpo calificó como "un desastre ambiental" producto de las reiteradas tormentas de arena y polvillo en suspensión que provocan el desmonte y la sequía.
Ayer por la mañana, Pesatti fue recibido por la presidenta del CD, Hilda Schlitter y los ediles Ariel Galinger (del ARI), Luis Leiva y Liliana Andaloro (del Frente para la Victoria) y Fabiana Malpeli y Agustina Kehler (de la Alianza).
Por otro lado, la defensora del Pueblo, Ana Piccinini, que el lunes se reunió con Pesatti por esta misma cuestión, calificó como "catastrófica" la situación que se vive en esta zona del este rionegrino producto de la deforestación.
La titular del organismo de control envió pedidos de informes al Ministerio de la Producción, al INTA -con la intención de conocer si es que existieron recomendaciones y advertencias para evitar que se profundizara el problema-, a Catastro de la provincia -con el objeto de identificar los lotes desmontados- y al Registro de la Propiedad Inmueble -para conocer sus propietarios-.
Piccinini impulsará la creación de una mesa interprovincial -con participación de representantes rionegrinos y bonaerenses- para analizar la situación y comenzar a gestionar la implementación de un plan de remediación que evite el agravamiento de este daño ambiental que conjuga causas naturales con intervenciones humanas.
Pesatti, por su parte, dijo que "éste es un problema que está más allá de cualquier diferencia partidaria. No es un problema producto de la sequía, sino de la inadecuada interacción del hombre con el medio, con responsabilidad de particulares y de órganos de Control del Estado en sus distintos niveles, lo que obliga a que trabajemos en dos frentes: la remediación y en la determinación de responsabilidades".
Pidió que "no se toque una sola mata más del campo, que no haya más desmonte y que prontamente tengamos un plan para enfrentar la crisis".
Andaloro, en tanto, indicó que en los últimos meses "apareció mucha gente que tiene problemas respiratorios, los cuales se han agudizado y además preocupa que cada vez que vuela tierra vuela todo lo que está en el campo, vuelan esporas, brucelas (causante de la brucelosis, que no tomada a tiempo genera discapacidades), y trae graves consecuencias en la salud. Pero también va a afectar el turismo, ¿quién va a venir a un lugar donde hay tormentas terribles de tierra y se cortan las rutas?", ejemplificó.
Agregó Andaloro que "la tecnología también se podrá ver afectada, los aparatos de aire acondicionado, los automóviles, los artefactos electrónicos van a empezar a tener problemas, lo que muestra que esto puede llegar a ser un desastre de magnitud que ya supera ampliamente la dificultad de tener tierra dentro de la casa".
La concejal remarcó que es necesario nacionalizar el problema, por lo que pidió también la intervención de los legisladores nacionales.
Fecha de Publicación: 03/02/2010
Fuente: Río Negro On Line
Provincia/Región: Río Negro
El diputado Pesatti se reunió con los concejales de la capital provincial. Instan a lograr la remediación y determinar responsabilidades del fenómeno que se desató en los últimos meses.
Representantes de los distintos bloques del Concejo Deliberante local recibieron ayer al legislador del PJ, Pedro Pesatti, para intercambiar impresiones acerca de lo que el ex presidente de ese cuerpo calificó como "un desastre ambiental" producto de las reiteradas tormentas de arena y polvillo en suspensión que provocan el desmonte y la sequía.
Ayer por la mañana, Pesatti fue recibido por la presidenta del CD, Hilda Schlitter y los ediles Ariel Galinger (del ARI), Luis Leiva y Liliana Andaloro (del Frente para la Victoria) y Fabiana Malpeli y Agustina Kehler (de la Alianza).
Por otro lado, la defensora del Pueblo, Ana Piccinini, que el lunes se reunió con Pesatti por esta misma cuestión, calificó como "catastrófica" la situación que se vive en esta zona del este rionegrino producto de la deforestación.
La titular del organismo de control envió pedidos de informes al Ministerio de la Producción, al INTA -con la intención de conocer si es que existieron recomendaciones y advertencias para evitar que se profundizara el problema-, a Catastro de la provincia -con el objeto de identificar los lotes desmontados- y al Registro de la Propiedad Inmueble -para conocer sus propietarios-.
Piccinini impulsará la creación de una mesa interprovincial -con participación de representantes rionegrinos y bonaerenses- para analizar la situación y comenzar a gestionar la implementación de un plan de remediación que evite el agravamiento de este daño ambiental que conjuga causas naturales con intervenciones humanas.
Pesatti, por su parte, dijo que "éste es un problema que está más allá de cualquier diferencia partidaria. No es un problema producto de la sequía, sino de la inadecuada interacción del hombre con el medio, con responsabilidad de particulares y de órganos de Control del Estado en sus distintos niveles, lo que obliga a que trabajemos en dos frentes: la remediación y en la determinación de responsabilidades".
Pidió que "no se toque una sola mata más del campo, que no haya más desmonte y que prontamente tengamos un plan para enfrentar la crisis".
Andaloro, en tanto, indicó que en los últimos meses "apareció mucha gente que tiene problemas respiratorios, los cuales se han agudizado y además preocupa que cada vez que vuela tierra vuela todo lo que está en el campo, vuelan esporas, brucelas (causante de la brucelosis, que no tomada a tiempo genera discapacidades), y trae graves consecuencias en la salud. Pero también va a afectar el turismo, ¿quién va a venir a un lugar donde hay tormentas terribles de tierra y se cortan las rutas?", ejemplificó.
Agregó Andaloro que "la tecnología también se podrá ver afectada, los aparatos de aire acondicionado, los automóviles, los artefactos electrónicos van a empezar a tener problemas, lo que muestra que esto puede llegar a ser un desastre de magnitud que ya supera ampliamente la dificultad de tener tierra dentro de la casa".
La concejal remarcó que es necesario nacionalizar el problema, por lo que pidió también la intervención de los legisladores nacionales.
Remoción de residuos mineros peligrosos
Piden a la Justicia que prohíba remoción de residuos mineros peligrosos
Fecha de Publicación: 02/02/2010
Fuente: Minuto Neuquén
Provincia/Región: Río Negro
Un técnico en minería, dependiente de la Comisión Nacional de Energía Atómica, solicitó a la Justicia rionegrina que prohíba la remediación de los residuos generados por la ex empresa minera Geotécnica.
Un técnico en minería, dependiente de la Comisión Nacional de Energía Atómica, solicitó a la Justicia rionegrina que prohíba la remediación de los residuos generados por la ex empresa minera Geotécnica de San Antonio Oeste, debido a “la cuantiosa onerosidad de los elementos componentes de la masa residual”, en particular la presencia de dos millones de toneladas del elemento identificado como indio.
Se pretende que el Superior Tribunal de Justicia disponga una medida cautelar tendiente a que la Secretaría de Minería de la Nación, la Subsecretaría de Minería de Río Negro y la Municipalidad de San Antonio Oeste, se abstengan y suspendan toda acción, hechos, actos jurídicos y términos que signifiquen el comienzo de ejecución de contratos o licitaciones sobre la remediación del referido mineral.
El técnico en Minería, dependiente de la CNEA, cuya identidad no figura en el dictamen 01/10 de la Procuración General del Poder Judicial, realizó una investigación sobre la zona en que están depositados los residuos de Geotécnica, contando para ello con la autorización de la Comisión y de la Secretaría de Ciencia y Técnica y la Dirección de Minería de la provincia, encontrando una cantidad cercana a las dos millones de toneladas del indicado metal.
Advirtió estar en conocimiento que se estaría por encomendar el saneamiento o reparación del medio ambiente circundante a la zona afectada por los referidos residuos.
En ese sentido, cuestionó el saneamiento sobre el medio ambiente de San Antonio Oeste, estimando que a través del mismo la provincia desaprovecharía “una importante suma dineraria, en razón de desestimar la comercialización de dicho metal, calculando su valor en el mercado internacional en u$s 1.000 el kilogramo”.
En atención a la escasa documentación aportada por el presentante, la Procuración General presentó un informe elaborado por la cuestión planteada.
El mismo informe solicita que, a fin de preservar el recurso, el patrimonio y los derechos de la provincia, y sin perjuicio de las sanciones aplicables en materia de derecho de minería y derecho ambiental, se prohíba la remediación hasta tanto se determine y cuantifique el valor económico del elemento indio, requiriendo el cese de todo tipo de actividad a la Dirección de Minería y al Consejo de Ecología y Medio Ambiente (CODEMA) y a la Municipalidad de la ciudad de San Antonio Oeste.
Desde la Procuración se pidieron los informes correspondientes a la Secretaría de Minería de la Nación, a la Subsecretaría de Minería e Hidrocarburos de la provincia, al CODEMA y la Municipalidad de San Antonio Oeste, para determinar la existencia del elemento indio sobre la zona que explotara la minera Geotécnica, su cantidad y valor en el mercado, y también la existencia de otros minerales susceptibles de comercialización.
Fecha de Publicación: 02/02/2010
Fuente: Minuto Neuquén
Provincia/Región: Río Negro
Un técnico en minería, dependiente de la Comisión Nacional de Energía Atómica, solicitó a la Justicia rionegrina que prohíba la remediación de los residuos generados por la ex empresa minera Geotécnica.
Un técnico en minería, dependiente de la Comisión Nacional de Energía Atómica, solicitó a la Justicia rionegrina que prohíba la remediación de los residuos generados por la ex empresa minera Geotécnica de San Antonio Oeste, debido a “la cuantiosa onerosidad de los elementos componentes de la masa residual”, en particular la presencia de dos millones de toneladas del elemento identificado como indio.
Se pretende que el Superior Tribunal de Justicia disponga una medida cautelar tendiente a que la Secretaría de Minería de la Nación, la Subsecretaría de Minería de Río Negro y la Municipalidad de San Antonio Oeste, se abstengan y suspendan toda acción, hechos, actos jurídicos y términos que signifiquen el comienzo de ejecución de contratos o licitaciones sobre la remediación del referido mineral.
El técnico en Minería, dependiente de la CNEA, cuya identidad no figura en el dictamen 01/10 de la Procuración General del Poder Judicial, realizó una investigación sobre la zona en que están depositados los residuos de Geotécnica, contando para ello con la autorización de la Comisión y de la Secretaría de Ciencia y Técnica y la Dirección de Minería de la provincia, encontrando una cantidad cercana a las dos millones de toneladas del indicado metal.
Advirtió estar en conocimiento que se estaría por encomendar el saneamiento o reparación del medio ambiente circundante a la zona afectada por los referidos residuos.
En ese sentido, cuestionó el saneamiento sobre el medio ambiente de San Antonio Oeste, estimando que a través del mismo la provincia desaprovecharía “una importante suma dineraria, en razón de desestimar la comercialización de dicho metal, calculando su valor en el mercado internacional en u$s 1.000 el kilogramo”.
En atención a la escasa documentación aportada por el presentante, la Procuración General presentó un informe elaborado por la cuestión planteada.
El mismo informe solicita que, a fin de preservar el recurso, el patrimonio y los derechos de la provincia, y sin perjuicio de las sanciones aplicables en materia de derecho de minería y derecho ambiental, se prohíba la remediación hasta tanto se determine y cuantifique el valor económico del elemento indio, requiriendo el cese de todo tipo de actividad a la Dirección de Minería y al Consejo de Ecología y Medio Ambiente (CODEMA) y a la Municipalidad de la ciudad de San Antonio Oeste.
Desde la Procuración se pidieron los informes correspondientes a la Secretaría de Minería de la Nación, a la Subsecretaría de Minería e Hidrocarburos de la provincia, al CODEMA y la Municipalidad de San Antonio Oeste, para determinar la existencia del elemento indio sobre la zona que explotara la minera Geotécnica, su cantidad y valor en el mercado, y también la existencia de otros minerales susceptibles de comercialización.
Cuidar los humedales por el cambio climático
Cuidar los Humedales, una respuesta al Cambio Climático
Fecha de Publicación: 02/02/2010
Fuente: Secretaría de Ambiente
Provincia/Región: Nacional
Tal es el slogan creado por la Convención Ramsar, acuerdo intergubernamental que promueve el uso racional y conservación de estos ecosistemas, para el presente año en un llamado de atención para la implementación de acciones que tiendan al uso racional de los humedales.
Los humedales son sistemas ecológicos que incluyen una amplia variedad de hábitats interiores, costeros y marinos y que se encuentran entre los ambientes más productivos del mundo. Sin embargo, se hallan en franco estado de degradación, con riesgo a desaparecer, tras la conversión del terreno para la agricultura y el desarrollo urbano e industrial; situación que actualmente se ve agravada por los efectos del Cambio Climático.
En tal sentido, el aumento en las temperaturas y cambios en el régimen hidrológico (precipitaciones, evaporación, escorrentía, etc.), pone en riesgo el abastecimiento de agua dulce y la producción de alimentos, afectando la calidad de vida de las personas.
Actúan como reguladores del ciclo del agua y los nutrientes, en el control de inundaciones y sequías y en la regulación del clima, y también cumplen un papel clave en la mitigación del Cambio Climático. Tienen un importante rol en lo referido a los procesos de adaptación a este fenómeno, gracias a su función esencial de garantizar la seguridad del agua y alimentos.
Los economistas estiman que los bienes y servicios ambientales que prestan los humedales en todo el mundo rondan los 14 billones de dólares anuales, si se tiene en cuenta su aporte al desarrollo de la agricultura, gracias al mantenimiento de las capas freáticas y a la retención de nutrientes en las llanuras aluviales; la producción de madera, extracción de medicinas, recursos energéticos y de vida silvestre, transporte y posibilidades de recreación y turismo. Superficie que abarca entre 9 y 13 millones de Km2.
En nuestro país, existe una gran diversidad y abundancia de estos ambientes distribuidos en seis grandes regiones: Cuenca del Plata -principal cuenca hídrica de la Argentina-, Chaco, Pampa, Patagonia, Puna y zona costera patagónica. Diecinueve de ellos (que ocupan una superficie total de 5.321.247 hectáreas) han sido seleccionados como Sitios Ramsar de importancia internacional, entre los que se encuentran la Laguna de los Pozuelos (Jujuy), la Bahía de Sanborombón (Buenos Aires), las Lagunas y Esteros del Iberá (Corrientes) y el Parque Nacional Río Pilcomayo (Formosa).
Reconociendo la necesidad de su protección, la Argentina aprobó en 1991 la Convención sobre los Humedales de Importancia Internacional, a través de la sanción de la Ley 23.919. Este tratado conocido como Convención Ramsar, ya que fue creado en ese país iraní en 1971, es un acuerdo internacional que promueve el uso racional y preservación de estos ambientes y establece el marco para la creación, por parte de los estados nacionales, de listas de humedales de importancia internacional. El mismo entró en vigor en 1975 y actualmente se encuentran adheridos como partes más de 145 países.
En tal sentido, se estableció al 2 de febrero como Día mundial de los Humedales, con el objetivo de promover el conocimiento y despertar conciencia sobre la importancia de proteger estos ecosistemas de gran valor ambiental, social y económico. Y se constituyó a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación como autoridad de aplicación de la Convención de Ramsar en la Argentina, a través del Grupo de Trabajo de Recursos Acuáticos.
Este organismo es el encargado de la designación de sitios Ramsar en nuestro país, de la asistencia a las provincias para la gestión de los mismos, del diseño de planes de manejo, de la elaboración de materiales de difusión para generar concientización sobre el tema, entre otras actividades.
El compromiso de Argentina en la protección de los Humedales
Desde la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, constituida como autoridad de aplicación argentina de la Convención Ramsar sobre los Humedales, se trabaja para promover la protección y uso racional de estos ecosistemas de altísimo valor ecológico y social.
Entre las actividades que realiza la subsecretaría de Planificación y Política Ambiental, a cargo del subsecretario Sergio La Rocca, se encuentran la inclusión de estos sistemas ecológicos en la Lista de Humedales de Importancia Internacional (Sitios Ramsar). Durante 2009 fueron designados como tales las Lagunas Altoandinas y Puneñas de Catamarca, el Glaciar Vinciguerra y turberas asociadas de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
De este modo, el país lidera el desarrollo de la Estrategia para la Conservación y Uso Sustentable de los Humedales Fluviales de la Cuenca del Plata, que fue presentada y aprobada por el 40º Comité Permanente de la Convención Ramsar y promueve la cooperación regional con Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay.
En cuanto a los Humedales Altoandinos, participa de la Estrategia para la Conservación y Uso Sustentable junto a los países de la región. Se trata de una iniciativa colectiva, cuyo diseño fue el resultado de un trabajo entre los encargados por cada país de Ramsar, en conjunto con organizaciones no gubernamentales y redes técnicas. El objetivo general de la Estrategia apunta a promover la conservación y el uso sostenible de los Humedales Altoandinos, a través de un proceso de gestión regional de largo plazo.
En otro orden, se avanza en el proyecto denominado “Ordenamiento Pesquero y Conservación de la Biodiversidad de los Humedales Fluviales en los ríos Paraná y Paraguay, Argentina”.
Fecha de Publicación: 02/02/2010
Fuente: Secretaría de Ambiente
Provincia/Región: Nacional
Tal es el slogan creado por la Convención Ramsar, acuerdo intergubernamental que promueve el uso racional y conservación de estos ecosistemas, para el presente año en un llamado de atención para la implementación de acciones que tiendan al uso racional de los humedales.
Los humedales son sistemas ecológicos que incluyen una amplia variedad de hábitats interiores, costeros y marinos y que se encuentran entre los ambientes más productivos del mundo. Sin embargo, se hallan en franco estado de degradación, con riesgo a desaparecer, tras la conversión del terreno para la agricultura y el desarrollo urbano e industrial; situación que actualmente se ve agravada por los efectos del Cambio Climático.
En tal sentido, el aumento en las temperaturas y cambios en el régimen hidrológico (precipitaciones, evaporación, escorrentía, etc.), pone en riesgo el abastecimiento de agua dulce y la producción de alimentos, afectando la calidad de vida de las personas.
Actúan como reguladores del ciclo del agua y los nutrientes, en el control de inundaciones y sequías y en la regulación del clima, y también cumplen un papel clave en la mitigación del Cambio Climático. Tienen un importante rol en lo referido a los procesos de adaptación a este fenómeno, gracias a su función esencial de garantizar la seguridad del agua y alimentos.
Los economistas estiman que los bienes y servicios ambientales que prestan los humedales en todo el mundo rondan los 14 billones de dólares anuales, si se tiene en cuenta su aporte al desarrollo de la agricultura, gracias al mantenimiento de las capas freáticas y a la retención de nutrientes en las llanuras aluviales; la producción de madera, extracción de medicinas, recursos energéticos y de vida silvestre, transporte y posibilidades de recreación y turismo. Superficie que abarca entre 9 y 13 millones de Km2.
En nuestro país, existe una gran diversidad y abundancia de estos ambientes distribuidos en seis grandes regiones: Cuenca del Plata -principal cuenca hídrica de la Argentina-, Chaco, Pampa, Patagonia, Puna y zona costera patagónica. Diecinueve de ellos (que ocupan una superficie total de 5.321.247 hectáreas) han sido seleccionados como Sitios Ramsar de importancia internacional, entre los que se encuentran la Laguna de los Pozuelos (Jujuy), la Bahía de Sanborombón (Buenos Aires), las Lagunas y Esteros del Iberá (Corrientes) y el Parque Nacional Río Pilcomayo (Formosa).
Reconociendo la necesidad de su protección, la Argentina aprobó en 1991 la Convención sobre los Humedales de Importancia Internacional, a través de la sanción de la Ley 23.919. Este tratado conocido como Convención Ramsar, ya que fue creado en ese país iraní en 1971, es un acuerdo internacional que promueve el uso racional y preservación de estos ambientes y establece el marco para la creación, por parte de los estados nacionales, de listas de humedales de importancia internacional. El mismo entró en vigor en 1975 y actualmente se encuentran adheridos como partes más de 145 países.
En tal sentido, se estableció al 2 de febrero como Día mundial de los Humedales, con el objetivo de promover el conocimiento y despertar conciencia sobre la importancia de proteger estos ecosistemas de gran valor ambiental, social y económico. Y se constituyó a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación como autoridad de aplicación de la Convención de Ramsar en la Argentina, a través del Grupo de Trabajo de Recursos Acuáticos.
Este organismo es el encargado de la designación de sitios Ramsar en nuestro país, de la asistencia a las provincias para la gestión de los mismos, del diseño de planes de manejo, de la elaboración de materiales de difusión para generar concientización sobre el tema, entre otras actividades.
El compromiso de Argentina en la protección de los Humedales
Desde la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, constituida como autoridad de aplicación argentina de la Convención Ramsar sobre los Humedales, se trabaja para promover la protección y uso racional de estos ecosistemas de altísimo valor ecológico y social.
Entre las actividades que realiza la subsecretaría de Planificación y Política Ambiental, a cargo del subsecretario Sergio La Rocca, se encuentran la inclusión de estos sistemas ecológicos en la Lista de Humedales de Importancia Internacional (Sitios Ramsar). Durante 2009 fueron designados como tales las Lagunas Altoandinas y Puneñas de Catamarca, el Glaciar Vinciguerra y turberas asociadas de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
De este modo, el país lidera el desarrollo de la Estrategia para la Conservación y Uso Sustentable de los Humedales Fluviales de la Cuenca del Plata, que fue presentada y aprobada por el 40º Comité Permanente de la Convención Ramsar y promueve la cooperación regional con Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay.
En cuanto a los Humedales Altoandinos, participa de la Estrategia para la Conservación y Uso Sustentable junto a los países de la región. Se trata de una iniciativa colectiva, cuyo diseño fue el resultado de un trabajo entre los encargados por cada país de Ramsar, en conjunto con organizaciones no gubernamentales y redes técnicas. El objetivo general de la Estrategia apunta a promover la conservación y el uso sostenible de los Humedales Altoandinos, a través de un proceso de gestión regional de largo plazo.
En otro orden, se avanza en el proyecto denominado “Ordenamiento Pesquero y Conservación de la Biodiversidad de los Humedales Fluviales en los ríos Paraná y Paraguay, Argentina”.
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