Ka’a Kupe denuncia desmonte en sus tierras

Fecha de Publicación: 02/08/2021
Fuente: El Territorio
Provincia/Región: Misiones


Integrantes de la comunidad mbya Ka’a Kupe, expresaron su malestar por los apeos del monte nativo que se sigue produciendo en inmediaciones al lugar que habitan.
Ayer volvieron a movilizarse hasta Posadas para realizar sus reclamos, aprovechando además para presentar a las nuevas autoridades designadas en la comunidad.
Quien resultó electo, el cacique Mario Borgas, detalló los desmontes que volvieron a observar en inmediaciones a la aldea y lamentó que no se haga nada al respecto.
La comunidad mbya guaraní se encuentra ubicada sobre el acceso de ruta 7, Valle del Cuñá Pirú, en Aristóbulo del Valle y desde hace tiempo vienen planteando la extracción sin freno de rollos en medio de una disputa por la tenencia de tierra que mantiene con una empresa forestal.
Ese reclamo lo vienen sosteniendo como ocurrió ayer junto al Equipo Misiones Pastoral Aborigen (Emipa).
La comunidad defiende esa parte del territorio indígena relevado por Ley 26.160, pero sienten que están solos ya que hasta el momento se siguen quejando de no tener el respaldo de las autoridades provinciales a quienes desde hace tiempo vienen elevando sus quejas.
Ayer Borgas afirmó que nuevamente se produjeron más desmontes en los últimos días, según pudieron relevar en el lugar.
Por tal razón insistió: “Volvemos a hacer un fuerte reclamo desde la comunidad Ka’a Kupe. Ayer (por el miércoles) estuvimos en el lugar viendo cómo volvieron a entrar y destruyeron todo”, dijo en relación a un nuevo e importante desmonte observado.
“Impactan muchas hectáreas y destruyen nuestra medicina tradicional”.
El cacique reiteró a este diario que “desde hace mucho tiempo venimos sufriendo esto. Hemos hecho todos los reclamos pero nunca tuvimos respuesta y siguen con el desmonte”.
.

Reunión con comunidades por el ordenamiento de bosques

Fecha de Publicación: 19/07/2021
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Salta


La Unidad Ejecutora a cargo de coordinar el proceso de revisión de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la provincia de Salta (OTBN) se reunió con miembros del Instituto Provincial de Pueblos Indígenas con el propósito de compartir información e interiorizarlos sobre los objetivos y modalidad de trabajo.
En primer término, abordaron los alcances de la ley de bosques Nº 26.331, la obligatoriedad de contar con el mapa de ordenamiento y su revisión periódica. Luego, especificaron el trabajo técnico y analizaron en conjunto aspectos referidos al proceso participativo a través de la consulta previa, libre e informada, que se llevará adelante en las comunidades originarias. Está previsto, según corresponda, que sea en las lenguas wichi, guaraní y castellana.
En este punto estuvieron de acuerdo en colaborar con las convocatorias a los talleres con las comunidades, virtuales o presenciales, teniendo en cuenta la conectividad y particularidades de cada pueblo.
Al respecto, el presidente del Ippis, Osvaldo Araya, perteneciente a la comunidad chané, destacó la presencia del equipo del Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable en la sede del organismo, la información recibida y la posibilidad de participar activamente manifestando sus necesidades y sugerencias.
El Ippis fue invitado a formar parte del Consejo Asesor de Revisión de OTBN. Además, dialogaron sobre la posibilidad de que cada uno de los pueblos de la provincia expresen por escrito su intención de participar de dicho Consejo. El objetivo es garantizar una presencia continua de las comunidades en las mesas técnicas. Por este motivo, la misma invitación se cursó al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INAI).
.

La comunidad Mbya Guaraní Ka’a Kupe pidió que «detengan los desmontes de la empresa CARBA SA»

Fecha de Publicación: 02/06/2021
Fuente: Misiones On Line
Provincia/Región: Misiones


El cacique o Mburuvicha Sabino Benítez pidió este viernes por el cese del desmonte de árboles nativos en territorio ancestral en la reunión de la comunidad Mbya Guaraní Ka’a Kupe, ubicada sobre el acceso de Ruta 7, Valle del Kuña Piru, en Aristóbulo del Valle, en Misiones, cuya disputa por la tenencia de tierra los enfrenta a la empresa forestal.
El cacique compartió en palabras el pensamiento de toda la comunidad que pide al Ministerio de Ecología y al gobierno provincial que se frene la tala de árboles nativos en su territorio. «La falta de respuesta del Ministro de Ecología, hoy candidato a Diputado y la empresa CARBA SA, hace que se siga destruyendo el monte refugio de las Comunidades Mbya Guaraní de la zona. Gente tradicionalmente pacifica siente, y sabe, que el Estado los ignora y han decidido no aceptarlo más», cuestionó Benítez.
Desde EMIPA (Equipo Misiones Pastoral Aborigen) señalaron en un comunicado de prensa que «la industria extractiva de árboles que es tan antiambiental, contaminante y destructiva como la minera, y es considerada esencial en esta pandemia. Se autoriza a seguir destruyendo la selva en territorio Mbya, mientras que quienes quieren defender su monte son obligados a quedarse en sus casas», remarcaron.
Ka’a Kupe lleva varios años de lucha por cada árbol, por cada espacio del  monte que les pertenece por derecho natural, «pero el Estado provincial se pone a disposición de las motosierras. Sus raíces son su título de propiedad y el relevamiento de la ley nacional 26.160 les ha reconocido su ocupación y uso, pero no respetan», agrega el Cacique.
“Ya nuestra paciencia se acabó”, advirtió Mario Borjas, “hemos esperado a la policía, al gobernador, al Ministro, y nada pasa todo sigue igual, hoy escucho las maquinas desde mi casa, están frente a nosotros destruyendo el monte y no nos quedaremos quietos”.
Ese territorio Mbya, que de tener un Ministerio de Ecología realmente preocupado por el ambiente debería proteger, esta como una cuña entre el recuperado por las Comunidades de la Universidad de la Plata, a la Reserva Kuña Piru y el parque Provincial Salto Encantado, con lo que sería- si no lo talan- un espacio verde protegido para la humanidad de casi 40.000 hectáreas, beneficiando la vida de todos los misioneros.
«Ka’a Kupe no esta sola en esta lucha que lleva 20 años, más de catorce Comunidades lindantes la acompañan, Mbya de las Tekoa Takuapi y Ko’ë Ju están acampando en la zona de corte, decidieron que no saldrá un rollo más, esa selva pertenece a sus nietos y ellos no están dispuestos a ceder», señalaron desde EMIPA.

Piden que Ecología frene los desmontes
La comunidad se moviliza ya que este jueves se encontraron con operarios de la Empresa CARBA S.A cortando árboles nativos en territorio indígena relevado por Ley 26.160. Los trabajadores portaban armas de fuego con los que amenazaron a integrantes de las comunidades que se hicieron presentes para evitar que sigan desmontando poniendo en riesgo la vida de los Mbya y el frágil ecosistema de la zona.
“Vinimos a acompañar a esta comunidad, a Ka´a Kupe, nos avisaron que ellos estaban preocupados por los desmontes, ellos (CARBA S.A) estaban sacando muchos árboles, entonces nosotros vinimos a acompañar, a dar fuerza, porque nosotros somos así, siempre acompañamos entre nosotros”, sostuvo Sergio Franco, de la comunidad de Takuapi.
Por su parte, Francisco Medina -coordinador del Aty Ñechiró, una de las instancias asamblearias de las Comunidades-, llamó a la empresa y a las autoridades provinciales a respetar los derechos territoriales de los pueblos originarios que están contempladas en la Constitución Nacional, el convenio 169 de la OIT y las leyes que fueron conquistándose.
“Nosotros estamos para enfrentar a la empresa pero con la ley, con la Constitución Nacional, artículo 75 inciso 17, pero nunca el Estado ha escuchado al Pueblo Mbya Guaraní. Se siente el dolor porque han robado de territorio, porque el territorio lo estamos perdiendo, llegar y ver el desastre del monte genera dolor, en el cuerpo, en el corazón por eso los chicos reaccionaron», aseveró.
.

Salta: Acceso a la Justicia alerta contra la criminalización de la referente ambiental y campesina Lucía Ruiz

Fecha de Publicación: 29/05/2021
Fuente: Ministerio de Justicia
Provincia/Región: Salta


En el escrito presentado se subraya que “se debe tener en extremo cuidado el tratamiento de causas que signifiquen un riesgo de criminalizar a los defensores del medio ambiente y la lucha por la tierra, el territorio y el medio ambiente sano”.
Ezequiel Álvarez, Coordinador de la Región NOA de la Dirección Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia (DNPFAJ, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación), presentó un escrito ante el juez Anastasio Vázquez Sgardelis, solicitando tenga a consideración el Acuerdo de Escazú y la legislación ambiental vigente en la causa en la que se busca criminalizar a Lucía Ruiz y otros por defender tierras campesinas y de comunidades del Chaco Salteño del desmonte llevado a cabo por un grupo empresario.
Desde 2010 Lucía Ruiz y sus compañeros/as defienden la tierra en la zona conocida como Lote Colonia La Juanita y La Santafesina en el Departamento Rivadavia de la Provincia de Salta. Las y los ambientalistas y campesinas/os alertaron que un grupo de empresarios realiza desmontes y picadas en ese territorio.
“Es imperioso mencionar que desde el 22 de abril se encuentra vigente el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como Acuerdo de Escazú, que obliga al Estado a garantizar la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y la especial protección de los derechos de las y los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales”, aseguró el abogado Ezequiel Álvarez.
El Acuerdo de Escazú es un instrumento internacional de carácter vinculante destinado a promover y mejorar los derechos de todas las personas a acceder a la información ambiental, a la participación pública en las decisiones que los afectan, y a garantizar el acceso a la justicia ambiental, contiene además cláusulas especiales para la protección de personas defensoras de derechos humanos en la defensa de la naturaleza.
La lucha por la defensa de la tierra que Lucía y la comunidad impulsan se enmarca también en la aplicación de la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, Ley 26.331, que establece que los territorios que este grupo de empresarios pretenden apropiarse y desmontar, según su relato y denuncia, pertenecen a la categoría 2 o amarillo según el mapa de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) de la Provincia de Salta. “Es decir, que son sectores de mediano valor de conservación, quedando su uso limitado al aprovechamiento sostenible y recolección de las familias campesinas que allí habitan. Por lo tanto, es obligación del Estado proteger esos territorios del desmonte indiscriminado”, aporta Álvarez.
En el escrito presentado por Ezequiel Álvarez, se subraya que “se debe tener en extremo cuidado el tratamiento de causas que signifiquen un riesgo de criminalizar a los defensores del medio ambiente y la lucha por la tierra, el territorio y el medio ambiente sano”. La referente campesina recibió el apoyo también del premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel y otros referentes de derechos humanos y ambientales.

Fallo del Tribunal de Tartagal
La Dirección Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia manifiesto su rechazo y preocupación a la resolución que acaba de tomar el tribunal de Tartagal en la causa que juzga a Lucia Ruiz y otros referentes campesinos, rechazando los amicus curiae presentados por numerosas personalidades y organizaciones de gran trayectoria en la lucha por la vigencia de los derechos humanos.
"Estamos convencidos que en un Estado de Derecho, y desde el poder judicial, se deben no sólo respetar, sino también promover todas aquellas herramientas que contribuyan al conocimiento, vigencia y efectivización de los derechos humanos, en especial de aquellos más vulnerabilizados y perseguidos. El rechazo de los amicus curiae en el marco de la causa mencionada significa un claro retroceso en el marco del derecho a la defensa en causas ambientales y de derechos humanos. Para terminar entendemos, como dice nuestro Papa Francisco, que asumir el desafío de "cuidar la casa común", nuestro planeta, se ve amenazado por este tipo acciones, procesos y resoluciones que criminalizan a los sectores que protegen el medio ambiente, y niegan participación a las organizaciones que trabajan y conocen el territorio con una gran trayectoria en la lucha por los derechos humanos", manifestaron desde la DNPFAJ.
.

Desmontes y desalojos en Santiago del Estero: más de 9.000 hectáreas arrasadas en lo que va del año

Fecha de Publicación: 16/04/2021
Fuente: Programa Infoambiente - Greenpeace
Provincia/Región: Santiago del Estero


Greenpeace documentó por tierra, por aire y mediante imágenes satelitales la deforestación en la provincia de Santiago del Estero y detectó la pérdida de más de 9.000 hectáreas de bosques en lo que va del año. Comunidades indígenas y campesinas denuncian que continúan los desmontes y el avance sobre sus territorios de empresarios, como Orlando Canido, dueño de las gaseosas Manaos.
 Desmontes y desalojos en Santiago del Estero: más de 9.000 hectáreas arrasadas en lo que va del año “Recorrimos la provincia y tristemente pudimos comprobar que siguen los desmontes y los desalojos. Cuando hablamos de deforestación, no sólo hablamos de pérdida de biodiversidad, sino también de la destrucción del hogar y sustento de los campesinos e indígenas. Es muy grave que la violencia sobre sus territorios continúe. El gobierno de Santiago del Estero no puede seguir siendo cómplice de este crimen” advirtió Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace.
El Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE) alertó que topadoras están desmontando en territorio de la Comunidad Indígena Vilela Tako Sinchi, en la zona de Stayle, cerca de Las Tinajas, departamento Moreno.
También denunciaron que el empresario Orlando Canido, dueño de la empresa de bebidas gaseosas Manaos, intenta desalojar familias campesinas de Árbol Blanco Sur, departamento Alberdi.
Canido fue varias veces denunciado por desmontes y desalojos en Santiago del Estero. En 2016, Greenpeace denunció la deforestación ilegal de sus empresas y las agresiones de sus guardias armadas hacia las familias campesinas.
Según datos oficiales, Santiago del Estero es la provincia con más deforestación de las dos últimas décadas: entre 1998 y 2019 perdió 1.908.057 hectáreas de bosques nativos. La principal causa de los desmontes es el avance de la frontera agropecuaria (ganadería y soja).
Por su parte, el monitoreo de deforestación en el norte de Argentina que realiza Greenpeace mediante la comparación de imágenes satelitales reveló que durante 2020, a pesar de las restricciones por la pandemia de COVID-19, en Santiago del Estero se desmontaron 32.776 hectáreas. (2) Mientras que, entre el 1 de enero y el 31 de marzo de este año, en la provincia se deforestaron 9.126 hectáreas.
“Más deforestación significa más cambio climático, más inundaciones, más desalojos de comunidades campesinas e indígenas, más desaparición de especies en peligro de extinción y más enfermedades. Destruir bosques es un crimen que debe prohibirse y penalizarse. La actual crisis sanitaria, climática y de biodiversidad nos obliga a actuar en consecuencia”, afirmó Cruz.
.

La comunidad Wichi denunció amenazas ante su intento por frenar el desmonte en Tartagal

Fecha de Publicación: 02/04/2021
Fuente: Minuto Uno
Provincia/Región: Salta


La comunidad Territorios Originarios Wichi asegura que a pesar de las medidas judiciales que le dio la razón volvieron las topadoras y camiones para seguir con el desmonte.
La comunidad Territorios Originarios Wichi de Tartagal, Salta, denunció amenazas luego de que denunciaran que empresarios agropecuarios retomaron las tareas de desmonte para ganar tierras para la explotación de soja y la cría de ganado.
Aunque el desmonte en la zona se remonta a fines de la década del '90 de la mano del paulatino proceso de sojización de la zona y emprendimientos forestales y ganaderos, el proceso de desmonte se profundizó a partir de 2017 y la "frontera" de la tala y depredación de monte ya llegó al borde de los límites de la comunidad Wichi.
Desde ese momento, la comunidad dio inicio a un proceso de resistencia, mediante diferentes acciones, tanto jurídicas como comunicacionales, con el acompañamiento de la organización de mujeres indígenas ARETEDE y Radio Comunitaria La Voz Indígena.
Así desde 2019 rige una medida cautelar de no innovar que puso freno al desmonte.
A pesar de ello desdela comunidad Wichi denunciaron que este año "se retomó la tala del monte y el ingreso de camiones que se llevan gran cantidad de especies consideradas invaluables para la comunidad", puesto que los árboles, animales y demás componentes del monte, son parte integrante de sus vidas como comunidad wichi. "Es decir, que no son un ente inanimado, todo lo contrario, son seres con los que comparten la vida y que tienen una existencia más allá de la separación entre naturaleza/cultura", explicaron.
Ante la decisión de frenar una vez más el desmonte que infringe la orden judicial de no innovar, tanto los integrantes de la comunidad como una antropóloga que trabaja con ellos fueron amenazados por diferentes personas cercanas a los emprendimientos madereros y sojeros. Estos hechos ya fueron denunciados también ante la policía.
Las tierras que ocupan les fueron reconocidas como propiedad de la comunidad y hoy están amenazadas ante el avance sojero.
Luego de una larga espera, el 10 de marzo pasado técnicos del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas hicieron entrega de la carpeta técnica territorial, mediante la resolución 2019/58 publicada en el Boletín Oficial, que reconoce 593 hectáreas de posesión comunitaria correspondiente al uso tradicional, actual y público del territorio.
La resolución del INAI, establece que “se reconoce la ubicación actual, tradicional y pública, de la comunidad Territorios Originarios Wichi, perteneciente al pueblo Wichi, ubicada en el departamento San Martín, provincia de Salta, respecto de la superficie georeferenciada”.
.

Comunidades originarias afirman que no hay consenso para proyectos mineros

Fecha de Publicación: 29/03/2021
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Catamarca


El agua y la concepción de la economía sigue siendo el foco contra la actividad.
En esta semana diferentes comunidades originarias dieron a conocer dos comunicados en los que reafirman su posición respecto a su cosmovisión y su sistema económico ante “proyectos extractivistas que son incompatibles con nuestro modo de vida”, según expresaron desde la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita Belén-Catamarca.
En la asamblea mensual que tuvo lugar el fin de semana último, los caciques de las comunidades indígenas de Laguna Blanca, Corral Blanco, Los Morteritos-Las Cuevas, Carachi, Aguas Calientes y Las Vallas expresaron su rechazo a un proyecto de extracción de oro en el Alto El Mulato.
“Ratificamos nuestra más rotunda negativa a cualquier género de actividad minera en nuestro territorio”, manifestaron. El comunicado se generó como respuesta a un acercamiento desde el área de Promoción Social del Ministerio de Minería, en busca de consensos para la actividad minera.
“Tenemos nuestros ganados que pastoreamos y nuestros cultivos, y cosechamos de la tierra la sal, la leña, los yuyos medicinales, y mucho de lo que usamos en lo cotidiano, hilamos y tejemos la lana de llamas y ovejas y la fibra de la vicuña, entiendan que esas son nuestras riquezas, y por ello no vamos a permitir la minería en nuestros territorios comunitarios”, expresa el comunicado de la asamblea que representa a un centenar de familias de ese territorio.
También hicieron énfasis en “el enorme consumo de agua y el mal uso que implica una explotación de ese tipo”.
Una de las mayores resistencias proviene del uso del agua. En este sentido también la Comunidad Indígena Atacameños del Altiplano emitió otro comunicado que advierte sobre la “extracción y uso del bien común más preciado y escaso de toda la Puna Catamarqueña como el agua”.
En el comunicado, denunciaron que después de “más 20 años de explotación de FMC en el Salar del Hombre Muerto, nunca hemos sido informados ni consultados en relación con los proyectos de extracción”.
En este sentido, consideraron que la convocatoria del gobierno y de empresas a informar sobre los nuevos proyectos de litio, “es una oportunidad para conocer al menos algo de lo que vienen haciendo con nuestra tierra todo este tiempo sin nuestra participación ni consentimiento”.
Del mismo modo, exhortaron al ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán, al gobernador de Catamarca, Raúl Jalil y al presidente Alberto Fernández a que “respeten y hagan respetar los presupuestos mínimos del derecho ambiental vigente en nuestro país que exigen la convocatoria a audiencias públicas de forma previa a otorgar autorización a proyectos extractivos sobre nuestro territorio y bienes comunes”, expresa el comunicado.
Por su parte, desde el Ministerio de Minería, indicaron que vienen programando acercamientos a las comunidades y que se está trabajando en controles ambientales participativos con las comunidades y con los centros de control ambiental que existen en la zona.
Del mismo modo señalaron que los proyectos mineros están certificados por las normas IRAM del Instituto Argentino de Normalización y Certificación, que tiene como protocolo el monitoreo ambiental de agua desde las actividades de planificación, muestreo, medición de parámetros in situ, preservación, conservación y envío de muestras a laboratorios externos, control de calidad de datos y generación de informes evaluatorios. La norma rige en la provincia desde 2011 y fue auditada a mediados del año pasado.
.

Organización de abogados del Noa repudia atropellos contra comunidades indígenas de Jujuy

Fecha de Publicación: 02/02/2021
Fuente: Grupo La Provincia
Provincia/Región: Jujuy


La organización de Abogados y Abogadas del Noa en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes) repudió hoy hechos de violencia sufridos durante una asamblea organizada por la comunidad indígena Las Capillas, y, por otro lado, la concreción de un desmonte ilegal en perjuicio de la Comunidad Tusca Pacha, ambas de Jujuy.
“Estos hechos no resultan aislados dentro de la provincia de Jujuy ni del país, sino que se correlatan con una serie de vulneraciones de los derechos humanos más elementales que defienden las comunidades indígenas que resisten: el derecho a sus territorios ancestrales y a una vida digna dentro de los mismos”, indicó Andhes, en un comunicado de prensa.
Del hecho de violencia contra la Comunidad de Las Capillas, del Pueblo Ocloyas, detallaron que ocurrió el pasado 23 de enero, durante una asamblea que convocaron para visibilizar los conflictos territoriales que atraviesan y de la que participaban representantes de pueblos indígenas de Jujuy, Salta y Santiago del Estero; de organismos nacionales; y organizaciones sociales y de derechos humanos, entre ellas Andhes.
“Lamentablemente, mientras se llevaba a cabo dicha Asamblea Comunitaria, la vivienda de un anciano de unos 80 años que participaba de la reunión sufrió un ataque que produjo serios daños materiales y la sustracción de algunos elementos personales”, explicaron desde la organización.
Desde Andhes descartaron que se tratase de un hecho aislado, y argumentaron que la Comunidad viene sufriendo “constantemente diversos atropellos por parte de una empresa que ha mandado empleados a poner alambrados, cerramiento de paso, restricción de circulación de ganado en zonas de pastoreo, entre otros”, en el marco del conflicto territorial existente.
Respecto al desmonte ilegal sufrido por la Comunidad Indígena Tusca Pacha, de la localidad de Palpalá, indicaron que tuvo lugar la mañana del 25 de enero, cuando despertaron en el lugar con árboles caídos, arrancados por una máquina de desmalezar.
“Está ligado a los intereses empresariales vinculados a la inmobiliaria Sucre, por lo que el fatal desenlace es inminente sino se toman las medidas necesarias”, sostuvieron al respecto y señalaron que “el daño causado fue parcialmente detenido por integrantes de la comunidad que se apersonaron a la comisaría local para hacer la denuncia pertinente”.
“Desde Andhes se reitera el apoyo a la Comunidad Indígena Las Capillas y Tusca Pacha, resaltando el papel fundamental que debe tener en estos casos el Estado Argentino a fin de brindar las garantías necesarias para prevenir y castigar a las empresas junto con sus cómplices que quieran despojar a las comunidades indígenas de su territorio comunitario”, concluyeron. (Télam)
.

Pobladores wichí afirman que una zona a desmontar es usada por ellos

Fecha de Publicación: 28/01/2021
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta


Habitan en la Reserva Nacional de Pizarro, en Anta. Aseguran que desde hace 25 años conocen y usan incluso una zona de Orán para la cual se solicitó un desmonte de casi 6 mil hectáreas.
“Un ingeniero anduvo la semana pasada y hemos ido con ellos”. Con esa frase Francisco López, hijo de Simón López, niyat (cacique) de la comunidad wichí Eben Ezer, que vive en la Reserva Nacional Pizarro, dio cuenta de que fueron en calidad de guías de un especialista que fue el primero en decirles que en la zona que se encuentra a unos 16 kilómetros de la reserva, se haría un desmonte.
Por los tiempos que comentó López a Salta/12, al momento del recorrido la audiencia pública para avanzar con el desmonte en la finca El Chaguaral, ubicada en el departamento Orán, en el límite con Anta, estaba por hacerse o ya se había hecho, dado que la audiencia se había convocado para el 12 de enero.
“Nosotros vamos para ese lugar. Todos los años pasamos para esa parte, El Chaguaral, por eso ahora está preocupada la Comunidad” ante la novedad del desmonte, sostuvo el referente originario. Agregó que a mitad de camino hay un habitante criollo que vive en la zona. Sin embargo, en las conclusiones del Estudio de Impacto Ambiental y Social (EIAS) presentado por la empresa para proceder con el desmonte, se indicó que “en el área del proyecto no se visualizan residentes, ni reclamos por uso de suelo y/o conectividad”.
En estas conclusiones se desconoce lo denunciado por el doctor en Ciencias Ambientales, Andrés Leake, y la organización Greenpeace, en una carta al gobernador Gustavo Sáenz y al ministro de Ambiente de la Nación, Juan Canbandié. En el escrito se afirma que el desmonte que se quiere hacer en El Chaguaral "se superpone con el Área de Gestión Territorial Integrada Los Palmares y el Corredor Yaguareté propuesto y zonificado por la Provincia".
Ni los wichí ni el puestero criollo se enteraron del desmonte. Por lo que surge del EIAS, tampoco fueron consultados. Un detalle es que la Reserva Nacional queda a 16 kilómetros del desmonte que se va a realizar. Al ser consultado por esa distancia, López afirmó que llegan en moto hasta el lugar, donde también realizan sus labores de recolección de los frutos del monte. Según se pudo conocer por otras fuentes del lugar, si bien para la audiencia pública los habitantes wichí no fueron convocados, ni consultados en el EIAS, sí les ofrecieron enviarles la madera del desmonte para su aprovechamiento.
Como en otras comunidades, la de la Reserva de Pizarro sabe de los desmontes y sus efectos, pues solo se logró conservar la zona cuando intervino el Gobierno Nacional a cargo de Néstor Kirchner, en 2005, para recomprar tierras que el estado provincial, a cargo del actual senador Juan Carlos Romero, había puesto en venta a privados. El destino de la mayoría de esas tierras fue el desmonte.

Macizo de quebracho y corredor yaguareté
La finca El Chaguaral es de los hermanos estadounidenses Paul y David Gabel. Dentro de la propiedad de 20.227 hectáreas, entre 2018 y 2019 se desmontaron ya 2.800 hectáreas. El proceso de autorización de ese desmonte se realizó en 2014.
Asi surge del análisis del EIAS que realizó Greenpeace. Entre otros puntos se agrega que “la finca se sitúa en la unidad fitogeográfica del Chaco, dentro del corredor Chaco- Yungas. En el área predominan los Quebrachos Colorados y Blancos (Shinopsis lorentzii y Aspidosperma Quebracho Blanco), constituyéndose un importante macizo en buen estado de conservación”. La preocupación es que este macizo sea destruido. En ese territorio también hay "Mistol (Ziziphus mistol), Guayacán (Caesalpinia paraguarensis), Algarrobos (Prosopis sp), como también Acacias, Duraznillos, Atamiski, Sacha poroto, Sacha sandía, Quimil, entre otros”.
Además, se indicó que en la fauna se destaca la zona como parte del Corredor Yaguareté, tanto a nivel provincial como nacional. Hay presencia confirmada de especies en peligro y críticas como el pichiciego chaqueño (Calyptophractus retusus ), el mamífero menos conocido de Argentina; también es el hábitat del anta (Tapirus terrestre), la tortuga terrestre chaqueña (Chelonoidis chilensis) y  eltatú carreta (Priodontes maximus). Se agregó que “muy recientemente, un ejemplar de yaguareté fue registrado fotográficamente en la Reserva Nacional Pizarro”.
Entre las tareas a realizar en el marco de la deforestación prevista por la empresa se prevé la apertura de picadas perimetrales y de desmonte, marcado de cortinas. Volteo de la vegetación por cadeneo (la acción de dos topadoras que con una cadena arrancan el monte), / desbajerado (desmonte selectivo). Aprovechamiento forestal. Acordonado (acumulación de la vegetación desmontada). Limpieza manual (deschampe, destoconado y extracción de raíces). Quema y requema controlada de los restos. Desparramado. Instalación de infraestructura básica: casco, administración y alambrados. Instalación de infraestructura ganadera. Instalación de infraestructura de bebida. Siembra. Manejo de cultivos. Manejo del rodeo. Transporte y comercialización.
.

Los bosques desaparecidos: en los últimos 20 años la deforestación equivale a tres veces la provincia de Tucumán

Fecha de Publicación: 28/12/2020
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional


En las últimas dos décadas, sólo en el Chaco Seco argentino la destrucción fue brutal y pone a ese territorio como el segundo afectado en la cantidad de hectáreas en toda Sudamérica después del Amazonas. Un estudio pone en evidencia la aceleración de un fenómeno que no sólo afecta al ecosistema sino que impacta duramente sobre la vida de las comunidades indígenas y los pequeños productores
La expansión de la frontera agropecuaria está causando un impacto de características catastróficas en el ecosistema y la vida de las comunidades indígenas de la Argentina, particularmente por el proceso de deforestación que, por ejemplo, en la Región del Chaco Seco, en el norte del país, pone a ese territorio como el segundo afectado en cantidad de hectáreas de toda Sudamérica, después del Amazonas.
Este proceso se aceleró de manera ostensible en los últimos años, durante los cuales el porcentaje anual de pérdida de bosque nativo –respecto del total de bosque nativo remanente– aumentó en todo el territorio nacional de un 0,34% anual en 2015 a un 0,42% en 2018, lo que equivale a una superficie desmontadas de 183.368 hectáreas.
Un muy reciente estudio realizado por la Asociación para la Promoción de la Cultura y el Desarrollo (APCD) ubica a la Argentina “entre los diez países con mayor pérdida neta de bosques en el mundo durante el período 2000-2015”. También señala que desde la sanción de la Ley de Bosques Nativos, en 2007, la pérdida de superficie boscosa en el decenio 2008-2018 fue de aproximadamente 2,8 millones de hectáreas.

Más de 100.000 hectáreas en un año
Durante el último año, la situación en la región llegó a un pico aún más alarmante: “Este proceso continuó su deterioro en el año 2019, en el que se registraron 102.023 hectáreas deforestadas, totalizándose la suma de 6.011.867 hectáreas de bosques desmontados en el Chaco Seco para el período 1996 a 2019. Es decir, 60.118,67 kilómetros cuadrados, una superficie equivalente a casi tres veces la provincia de Tucumán”, grafica el estudio de APCD.
La ecorregión del Chaco Seco abarca Chaco, Santiago del Estero, Formosa, norte de Santa Fe, Córdoba y San Luis, oeste de Salta, Tucumán, La Rioja y Catamarca, y el oeste de Corrientes.
En el mismo sentido, el último informe del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible titulado “Causas e impactos de la deforestación de los bosques nativos de Argentina y propuestas de desarrollo alternativas”, señala que “desde el año 2016 la deforestación provocó, además, el desplazamiento de comunidades que desarrollaban su economía y cultura en base al bosque nativo, suponiendo así un proceso de concentración de la tierra y riqueza acompañado por una homogeneización de la producción en base a los monocultivos y la pérdida de generación de servicios ambientales forestales”.

El impacto social
Migraciones forzadas, pérdida de identidad individual y colectiva, desarraigo histórico y espiritual, aumento de la inequidad y de la pobreza son algunos de los efectos que la deforestación desenfrenada provoca en los habitantes de las zonas afectadas, principalmente en las comunidades indígenas.
“La destrucción del ambiente natural que suponen los bosques nativos tiene graves consecuencias para las poblaciones locales, compuestas principalmente por pueblos indígenas, familias campesinas y pequeños productores. Debido a la destrucción de su entorno, estos sectores muchas veces se ven forzados a desplazarse a grandes centros urbanos, aumentando así la concentración inequitativa de la población, los índices de pobreza y la pérdida de saberes culturales que hacen a una sociedad más diversa, justa e inclusiva”, explica a Infobae el veterinario Pablo Chianetta, uno de los autores del estudio.
En el lugar de las poblaciones desplazadas o afectadas por la deforestación y la expansión de la frontera agropecuaria se produce la aparición de nuevos actores económicos y rurales con una concepción totalmente diferente de la tierra y su relación con la vida humana. Se pasa así, de una visión de intercambio mutuamente enriquecedor de los sujetos con el entorno a una visión meramente extractiva, un verdadero saqueo de la riqueza que encierra la tierra.
“Los nuevos actores rurales que surgen luego del proceso de deforestación y reconversión de las tierras para fines de explotación agroganadera traen consigo otros criterios valorativos sobre la región, que se expresan, centralmente, en una visión reducida a lo meramente productivo. De esta manera, el ambiente se convierte solamente en un dispensario de recursos económicos que es preciso explotar con la mayor celeridad posible, sin tener en cuenta otras dimensiones que se juegan en el territorio”, describe el informe.

El caso de Formosa
El feroz avance de la frontera agropecuaria en Formosa no sólo se mide en hectáreas sino también en vidas. “Es un fenómeno que parece imparable y que afecta tanto al ecosistema como a la vida de las comunidades indígenas de todo el Chaco Argentino Paraguayo, ya que han perdido casi totalmente la posibilidad de cazar, melear (recoger miel) y pescar que han sido sus formas de subsistencia durante siglos. Y eso, finalmente, atenta contra los elementos y valores sobre los cuales se sustenta el ser indígena”, dice Chianetta a Infobae.
Si se sobrevolara el territorio formoseño el paisaje se podría describir como una enorme extensión de campos desmontados, de tierras rojizas, limitados por alambrados, entre los que subsisten, aquí y allá unas islas verdosas de bosques.
En algunas de esas islas todavía tratan de sobrevivir según sus costumbres ancestrales, diversas comunidades indígenas de las etnias wichí, qom, pilagá y nivaclé. De acuerdo con su cultura de cazadores y recolectores, durante siglos estas comunidades vivieron desplazándose por sus territorios ancestrales, según el ritmo que imponían las estaciones del año y la existencia de alimentos. Durante el verano, en las épocas de crecidas de los ríos se alejaban de sus márgenes y se asentaban en territorios interiores, mientras que en tiempos de bajantes, en los inviernos, se acercaban de nuevo cerca de las aguas para subsistir fundamentalmente de la pesca.

Pequeños productores y pobreza
Las comunidades indígenas no son el único colectivo afectado por el proceso de deforestación. En las últimas décadas, la expansión de la frontera agropecuaria afectó de manera regresiva a la diversificación productiva y, consecuentemente, a la posibilidad de supervivencia de los pequeños productores agropecuarios que históricamente tenían sus emprendimientos en las zonas deforestadas.
El informe de APCD detallar que “en el período 1988-2002, los pequeños productores agropecuarios vieron caer sus explotaciones en un 26%, porcentaje que asciende al 48% si se considera el período 1988-2018. Esto equivale a decir que casi la mitad de los pequeños productores ha desaparecido en sólo 30 años, llevando a una mayor concentración de la riqueza y aumento de las desigualdades”.
Así, la expansión irracional de la frontera agropecuaria, con la consecuente destrucción de los bosques nativos no sólo usurpa territorios a las comunidades que los habitaban desde hace siglos sino que también mata. A la tierra y a la gente.
.

La Justicia frena desmonte de la empresa Carba SA en tierras indígenas de Tekoa Ka’a Kupe

Fecha de Publicación: 31/10/2020
Fuente: Misiones On Line
Provincia/Región: Misiones

El amparo se conoció este lunes y había sido solicitado por los representantes legales de la comunidad Mbya Guaraní. La Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y de Familia hizo lugar al pedido de amparo y ordenó la suspensión provisional de los efectos de la Resolución Nº411/19, disponer el cese de la ejecución del Plan de Manejo Sostenible aprobado por la misma y con ello tala de bosques en el Lote 7- B, Colonia Seguin, Municipio Campo Grande, hasta tanto se resuelvan los recursos introducidos por la Comunidad Mbya Guaraní Tekoa Kaa Kupe en instancia administrativa
“La comunidad indígena, después de reclamar administrativamente frente al Ministerio de Ecología su decisión de no cortar más árboles de su territorio, lo hizo judicialmente y logró el amparo a su favor. Este pedido de amparo busca proteger el monte, que en el fondo es un bien para toda la provincia y la humanidad”, expresan desde EMIPA (Equipo Misionero de Pastoral Aborigen).
La Comunidad Mbya Tekoa Ka’a Kupe, solicitó el amparo “por la manifiestamente arbitraria e ilegal autorización y/o tolerancia a los inconstitucionales desmontes y talas indiscriminadas de bosques nativos situados el Departamento de Cainguás, Lote 7 B Colonia Seguin, Municipio de Campo Grande, que causan un gravísimo daño que afecta en forma directa e inmediata a los derechos de la Nación Guaraní. En tanto y a pesar de haberse opuesto formal recurso de reconsideración contra la Resolución que autorizó la tala Nº4121/2019 y sin que a la fecha haya sido resuelto el mismo, el desmonte se ha llevado adelante violando la suspensión que la interposición del recurso establece, afectando además los recursos de subsistencia, árboles nativos, plantas medicinales, lugares de caza, pesca y recolección de la comunidad, arroyos y nacientes de agua, sin ningún tipo de control ni prevención de daños.”
Frente a esta circunstancia, pidieron a la Justicia el cese inmediato y definitivo de los desmontes y talas de bosque nativo, la declaración de inconstitucionalidad y nulidad absoluta e insanable de las autorizaciones administrativas otorgadas y que se prohíba a futuro nuevas autorizaciones para tala y desmonte, imponiendo a los demandados el deber de recomponer el ambiente y de resultar ello imposible, se fije una indemnización sustitutiva a favor de las Comunidades Indígenas afectadas, sin perjuicio de terceros.
Asimismo, peticionaron medida cautelar consistente en el cese provisional del desmonte y la tala de bosques nativos, durante el tiempo que dure el litigio. Posteriormente, ampliaron demanda reiterando pedido de medida cautelar.
Los autos caratulados “Expte. Nº40318/2020 Comunidad Mbya Guaraní Tekoa Kaa Kupe c/ Estado de la Provincia de Misiones y Otro/a s/Amparo” elevados por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº7, a fin de resolver el recurso de apelación introducido por la actora (fs. 473/485) contra la sentencia de fs. 469/472vta., recurso concedido a fs. 489 en relación y con efecto suspensivo.
.

Denuncian un desmonte silencioso en territorios en disputa

Fecha de Publicación: 13/10/2020
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta


La denuncia es de la comunidad Honat Le Les, de Embarcación, que disputa tierra con el titular registral en un monte nativo que quedó rodeado de desmontes.
Miembros de la comunidad del Pueblo Wichí Honhat Le Les (Hijos de la Tierra, en wichí) denunciaron que el titular registral del lugar envió personas a colocar postes para empezar a alambrar el territorio donde viven 115 familias.
La afirmación vino de parte de la niyat (cacica) de la comunidad, Julia Gómez, quien indicó a Salta/12 que “los blancos” que ingresan al territorio a sacar madera presentan permisos, con papeles que denotan autorizaciones extendidas por la Agropecuaria Suipacha SA.
La comunidad ya cuenta con su relevamiento enmarcado en la Ley 26.160, de Emergencia Territorial Indígena, en una carpeta técnica que involucra 3.400 hectáreas de territorio comunitario. Por otra parte, la finca está reconocida como “Tres Pozos” en la Dirección de Inmuebles de la Provincia, cuyos titulares registrales son de apellido Ortega Velarde.
Hace unos años, en el programa Salta Produce que se emite por Radio Nacional Salta, Jorge Ortega Velarde afirmó que las tierras son suyas desde 1972, cuando las compró a los anteriores titulares registrales. “Vivo la mitad del año en Embarcación”, sostuvo en aquella oportunidad en que afirmó que había un “atropello al Código Civil y a la propiedad” con el relevamiento de la propiedad ancestral indígena.
“Desde la Estación de Embarcación al este hay 2000 intrusos. Nunca nos metimos con ellos para nada. Y han construido su casa y han ido avanzando”, afirmó además. En sus especulaciones, aseguró que “a mí me dicen ‘esto es droga’”, sin explicar a qué se refería con esa expresión.
La comunidad, en tanto, afirma que vive ancestralmente en esas tierras que, según indicó Leonardo Pantoja, referente de Misión Chaqueña (otra comunidad de Embarcación), es el único monte que queda “en medio de las plantaciones de soja y poroto”. El territorio de Honhat Le Les o Finca Tres Pozos (según quien la nombre), se encuentra a 16 kilómetros de la ciudad de Embarcación, en dirección al río Bermejo.

El uso del monte
“El monte para nosotros es el mercado, el hospital, el corralón y hasta el Ingenio, porque nos da la miel”, dijo Lucio Palavecino, fiscalizador general de la comunidad. Sin embargo, con este tipo de acciones que implican la tala de madera se termina por generar una suerte de desmonte silencioso que va degradando la zona.
Gómez envió fotos exhibiendo la notificación que muestran “los blancos” que sacan los rollos y troncos de madera de la comunidad. “Con la presente, la firma Agropecuaria Suipacha SA autoriza al señor… extraerá quincenalmente trocillo de los predios de la finca tres pozos, pertenecientes a la misma”, se puede leer. En el Boletín Oficial de la República Argentina (BORA) figura que la mencionada empresa está constituida por los Ortega Velarde y tiene domicilio en Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). En las imágenes enviadas por Gómez, en tanto, se muestran camiones que recurrentemente entran a la zona a sacar árboles del monte en disputa.

Con distinta vara
Hace unos meses la Policía secuestró madera, carbón y artesanías hechas en madera a integrantes de la comunidad. Pues desde la Institución se sostenía que no tenían permiso alguno para esa extracción, por lo que dejaron lo secuestrado en las comisarías. “Nosotros sacamos para sobrevivir en carritos chicos”, dijo Gómez a Salta/12. Afirmó que por el contrario, no sucede nada cuando la acción es llevada adelante por quienes son autorizados por Agropecuaria y que extraen madera en cantidad considerable, como se ve en algunas fotografías.
Gómez añadió que quienes fueron a machetear en el territorio, enviados en principio por Ortega Velarde, para plantar los postes y alambrar, fueron acompañados y protegidos por la Policía. Una vez que las autoridades de la comunidad decidieron parar los trabajos, la Policía les indicó que iban a dar intervención a la Fiscalía para que “los notifiquen”.
El reclamo de ésta como de otras comunidades es que se continúe con la etapa que venía después del relevamiento de las tierras que reclaman como territorio comunitario. Esto es, la entrega del territorio. Del otro lado, los titulares registrales reclaman la propiedad de tierras que compraron y asentaron como suyas en los papeles, aunque las hubieran comprado con ocupantes. En medio de la cuarentena, la situación se complica porque pese a que para los originarios ni el desmonte ni los alambrados deberían ocurrir, continúan sin mayores restricciones.
.

Denuncian desmonte en la reserva de la aldea Mbororé

Fecha de Publicación: 28/09/2020
Fuente: El Territorio
Provincia/Región: Misiones


Hace ya varios meses los integrantes de la comunidad mbya Fortín Mbororé de Puerto Iguazú trabajan en conjunto con la Policía ambiental y personal del Ministerio de Ecología de la provincia para frenar el apeo ilegal de especies nativas que se viene registrando dentro del territorio de la comunidad. El desmonte es realizado por los integrantes de otra comunidad mbya, Mirí Marangatú, que tiene su asentamiento dentro del territorio de Fortín Mbororé, y desde ese momento se registraron una serie de situaciones de violencia y problemas entre las dos comunidades.
Los conflictos son de vieja data, incluso la comunidad Mirí Marangatú nació cuando un grupo de paisanos se enojó con el cacique Silvino Moreyra y decidió crear su propio asentamiento, por lo que tomaron un espacio de la tierra de la comunidad y fundaron su comunidad.
En octubre del año pasado el conflicto entre las dos aldeas desató un incendio de grandes magnitudes donde se perdieron varias hectáreas de monte. No obstante, las discusiones no cesaron y cada vez se volvieron más intensas.
En lo que va del año, los encargados de la seguridad del territorio de la aldea denunciaron más de cuatro veces a la comunidad Mirí Marangatú por la tala indiscriminada de árboles e incluso intervino la Policía Ambiental, pero la situación continúa igual.
“Están devastando nuestra reserva, no sabemos bien cuántas hectáreas de monte ya perdimos pero estimamos que al menos el 60 por ciento del monte ya fue cortado. Intentamos hablar y no funcionó, vino la Policía y hubo problemas mayores, ya no sabemos cómo parar”, explicó Eriberto Aquino, uno de los encargados de la aldea Fortín Mbororé.
Aquino contó a El Territorio que nuevamente debieron ingresar ayer al monte con efectivos policiales porque estaban trabajando con las motosierras. “Venden la madera, nos están dejando sin monte. Del monte sacamos la materia prima para nuestras artesanías y es nuestro pulmón, no podemos permitir que siga pasando. Ya hablamos con Ecología pero aún no hay respuestas”, recalcó.
Desde la comunidad Fortín Mbororé entienden que la situación económica es complicada porque también están vendiendo el recurso natural. “Marcan lotes dentro del territorio de la aldea y los venden, eso tampoco se puede hacer. Necesitamos que Asuntos Guaraníes de la provincia y Ecología tomen cartas en el asunto”, remató Aquino.
.

Cabandié anunció obras y entrega de bienes en Salta, Chaco y Santiago del Estero

Fecha de Publicación: 09/09/2020
Fuente: Ministerio de Ambiente
Provincia/Región: Nacional


Fue mediante una videoconferencia de la que participó el gobernador Jorge Capitanich y autoridades santiagueñas y salteñas. Las tres provincias recibirán una inversión total de $ 179 millones, otorgada por el BIRF y ejecutada por el Ministerio de Ambiente, para mejorar las condiciones de vida de numerosas comunidades rurales.
El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié, mediante una comunicación virtual con el gobernador chaqueño, Jorge Capitanich, y funcionarios de Santiago del Estero y Salta, encabezó el acto de firma de contratos para la adjudicación de pozos de agua, techos colectores y cocinas para más de 1500 familias campesinas e indígenas que viven en zonas de bosque nativo de dichas provincias.
La inversión total de las obras y bienes es de $ 179 millones, financiados por el Banco Mundial mediante el crédito BIRF 8493-AR. Este programa había sido subejecutado por la gestión anterior de la cartera de Ambiente, que había devuelto cerca de 40 millones de dólares. Además, la gestión precedente habían ejecutado estos fondos a un ritmo promedio de dos millones de dólares por año, mientras que ahora, por decisión de la actual gestión, ya se avanzaron en acciones por casi seis millones de dólares. Al respecto, el ministro Cabandié sostuvo que comienza a destrabarse “un préstamo que venía retrasado” destinado a la población más vulnerable de los bosques nativos.
Sobre las obras y bienes adjudicados, el titular de Ambiente afirmó: “Hoy dimos un gran paso y saldamos una deuda pendiente con las comunidades que habitan en nuestros bosques nativos”. “Las cocinas para reducir el consumo de leña y los techos recolectores de agua de lluvia son importantes, pero los pozos para el abastecimiento de agua tienen una importancia mayúscula, producto de lo que sucedió el último verano” en Salta. “Estamos saldando una deuda de muchos años, nos hemos propuesto llevar adelante siete pozos que son de mucha urgencia para que las comunidades locales tengan acceso a un derecho esencial, el agua”.
Por su parte, el gobernador Capitanich destacó con respecto a los beneficiarios que “además de pensar en el ambiente, se piensa en las personas que están muy alejadas de las grandes ciudades del país. Son familias humildes que esperan soluciones y medidas del Estado, acciones que les puedan cambiar la vida”.
Las obras de perforación profunda para el abastecimiento de agua con sistemas de bombeo alimentados por energía solar, que incluye el almacenamiento y el tratamiento de clorado para el consumo humano, demandan una inversión total de $ 112 millones y se estima un plazo de entrega por pozo de tres meses, que el ministro nacional pidió a los adjudicatarios sea respetado. Los siete pozos se emplazarán en el municipio de Santa Victoria del Este, del departamento salteño de Rivadavia, y beneficiarán a 500 familias.
Además se adjudicó el contrato a la empresa encargada de la provisión de cocinas para reducir el consumo de leña y mejorar las condiciones de salubridad en los procesos de cocción para más de 600 familias que habitan en el departamento de Rivadavia, Salta; el departamento de Güemes, Chaco; y los departamentos de Alberdi y Copo, Santiago del Estero.
En el acto, también rubricó la adjudicación la empresa que construirá los 17 techos de recolección de agua de lluvia. Se trata de tinglados de 160 m2 de superficie de captación y capacidad de almacenamiento de 40 mil litros de agua para 500 familias salteñas, chaqueñas y santiagueñas.
La iniciativa que cuenta con financiamiento del Banco Mundial es ejecutada a través de la Secretaría de Política Ambiental en Recursos Naturales del Ministerio de Ambiente, en el marco del Proyecto Bosques Nativos y Comunidad que busca fortalecer a comunidades rurales e indígenas que habitan zonas de bosques nativos. Martín Mónaco, director nacional de Bosques, sostuvo que la misma representa “una política para conservar los bosques mediante un aprovechamiento sostenible y con la gente que vive en zonas rurales, que tiene necesidades a cubrir y en eso el Estado tiene un rol central”.
Del acto participó de manera presencial en el Ministerio la titular de la Unidad Gabinete de Asesores, María Soledad Cantero. Desde Chaco acompañó al gobernador la secretaria de Ambiente provincial, Marta Soneira. En representación del Gobierno de Salta participaron el ministro de Producción y Desarrollo Sustentable, Martín de los Ríos, y el secretario de Ambiente, Alejandro Aldazábal. Y por Santiago del Estero, el ministro de Obras y Servicios Públicos, Agua y Medio Ambiente, Argentino Cambrini.
.