Dictamen favorable de comisión de Diputados al proyecto para proteger suelos y bosques

Fecha de Publicación: 28/10/2020
Fuente: Telam
Provincia/Región: Nacional

El despacho de mayoría fue respaldado por 17 diputados del Frente de Todos, los del Interbloque Federal y de Unidad Federal para el Desarrollo, mientras que Juntos por el Cambio presentó un dictamen de minoría.
La Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados emitió este lunes dictamen favorable sobre el proyecto impulsado por Máximo Kirchner para proteger los ecosistemas de los incendios accidentales o intencionales y prohibir la venta de terrenos incendiados en plazos que van de 30 a 60 años, para evitar que se realicen en estos predios emprendimientos inmobiliarios o especulativos.
El despacho de mayoría fue respaldado por 17 diputados del Frente de Todos, los del Interbloque Federal y de Unidad Federal para el Desarrollo, mientras Juntos por el Cambio presentó un dictamen de minoría en rechazo a la iniciativa del titular del bloque oficialista.
El presidente de la comisión, Leonardo Grosso, abogó por la aprobación de la ley porque "hace varios meses hay incendios donde se han quemado 900 mil hectáreas y en el 95% son el resultado de la acción humana"
En este contexto, es "necesaria una respuesta desde el conjunto de las fuerzas políticas, no solo por los incendios sino por los desmontes para proteger nuestro ecosistema", sostuvo.
"Muchas veces los fuegos anteceden a un negocio. No queremos que el fuego sea un negocio en la Argentina. Queremos llegar antes del fuego porque vamos a tener problemas con el agua potable por culpa de los incendios intencionales", afirmó Grosso.
El diputado aludió al dtamen en minoría al considerar que "Juntos por el Cambio se pone otra vez del lado de los negocios y no del lado de la salud de la sociedad y de la protección del planeta".
La iniciativa determina que, por el término de 60 años, no se podrá cambiar el uso de los bosques nativos o implantados, áreas naturales protegidas y humedales, a fin de garantizar las condiciones para la restauración de las superficies incendiadas, e impone una limitación de 30 años en el caso de que la afectación se produzca en una zona agrícola.
De esta manera, no se podrán usar los bosques o territorios para otros emprendimientos inmobiliarios. La sanción de la ley era respaldada desde las redes sociales con el hashtag "Ley de Fuego ya".
La vicepresidenta de la comisión, la radical Brenda Austín, dijo compartir "la intención y la preocupación expresada por muchos diputados del oficialismo de que tenemos que trabajar fuertemente en este tema, pero hay una disociación entre la herramienta que están eligiendo y los objetivos que están buscando".
"Con esta ley no se da mayor protección a los bosques, sino todo lo contrario. Dan menor protección porque modifican un artículo de la ley de Manejo del Fuego, de 2017, que estableció una protección a perpetuidad de esos bosques", agregó al justificar el rechazo al proyecto.
La diputada del Frente de Todos Daniela Vilar aseguró, al explicar los detalles del proyecto, que es necesario aprobarlo para que las tierras incendiadas no tengan "como destino emprendimientos inmobiliarios o especulativos".
"Lo más importante es evitar que esas tierras se puedan utilizar con otro fin. Es importante pensar en el futuro de nuestros pibes y pibas, nosotros estamos legislando con este proyecto también para ellos y ellas", agregó.
El diputado de Unidad Federal para el Desarrollo José Luis Ramón señaló que "hay dos cosas que nos deben quedar en claro: que es un problema ambiental y muy lejos es un problema económico, por lo cual se tienen que tomar medidas fuertes"
La diputada oficialista Gabriela Cerrutti marcó la necesidad de "cambiar las leyes y la cosmovisión. El que siente que esta ley lo está castigando es quien quiere seguir prendiendo fuego los suelos para sus negocios sin sufrir consecuencias", agregó.
La radical Josefina Mendoza señaló que "el proyecto no crea mayor protección ambiental, sino que la disminuye, por ejemplo, en lo relativo a bosques nativos".
"Se prohíbe el uso del suelo por 60 años en caso de incendios en bosques nativos, cuando la ley de bosques nativos lo prohíbe a perpetuidad, con lo cual estaríamos retrocediendo en lo relativo" a esas plantaciones, añadió.

.

Restringen por seis meses la distancia de aplicación de agroquímicos en Tandil

Fecha de Publicación: 23/10/2020
Fuente: Revista Chacra
Provincia/Región: Buenos Aires

La restricción es de 2000 metros para las aplicaciones aéreas y 500 para las terrestres.Es una medida favorable para los vecinos que demandaron a productores agrícolas por prácticas perjudiciales para la salud y el ambiente.
Ayer se dio a conocer el dictamen que el juez el Francisco Augusto Blanc del Juzgado en lo Civil y Comercial 2 de Azul, con asiento en esta ciudad, resolvió este 19 de octubre. Se trata de una medida cautelar que da lugar por seis meses al pedido que ejercieron desde la Junta Vecinal por un Ambiente Saludable en una denuncia asentada en diciembre de 2019.
Allí, realizaron una demanda judicial a productores agrícolas del partido de Tandil, cuyas prácticas perjudicarían la salud de los habitantes y del ambiente.
Luego de desestimar la presentación y que los agrupados ampliaran la denuncia, el magistrado se expidió favorablemente por un lapso de tiempo determinado "teniendo en consideración los resultados aportados por el estudio llevado a cabo por la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (con repercusión mediática en El Eco de Tandil el 18 de junio), así como la trascendencia periodística que han generado algunos de los hechos denunciados encontrándose reunidos los presupuestos de las medidas cautelares, en función de las facultades otorgadas por los artículos 240, 1710 y 1713 del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación y art. 32 Ley 25.675".
Así, como primera medida dispuso recordar que se encuentra prohibida la fumigación aérea con agroquímicos a una distancia menor a 2.000 metros de centros poblados, por lo que "cautelarmente y por el plazo de seis meses y hasta tanto en la etapa pertinente de este proceso de acerque prueba adecuada para resolver en definitiva" resolvió varias cuestiones relacionadas a la aplicación de agroquímicos.
Si bien no es exactamente lo que los vecinos piden, Silvia Gómez, una de las voceras del grupo, la celebró y señaló que es "mucho más protectora de lo que está vigente". La misma precisó que la nueva medida tiene que ver con que cambió la persona que asesora al Juez.

La resolución
En primera instancia, como se mencionó arriba, puso en conocimiento que se encuentra prohibida la fumigación aérea con agroquímicos a una distancia menor a 2.000 metros de centros poblados, lugares habitados, establecimientos escolares, centros de salud, establecimientos elaboradores de productos alimenticios, campo de bombeo o batería de pozos y cursos de agua.
Asimismo, dictó suspender "toda actividad de fumigación terrestre con agroquímicos" en el partido de Tandil a una distancia menor a 500 metros de lugares habitados y todos los enumerados en el párrafo anterior.
Respecto del tránsito de maquinaria de fumigaciones por zona urbana, tanto de vehículos autopropulsados (mosquitos) como de tanques cisternas arrastrados por otros vehículos, quedó atado a lo dispuesto en el artículo 34 decreto 499/91, que indica que los equipos no podrán circular por centros poblados salvo en casos de extrema necesidad, aunque sí conseguirán hacerlo sin carga, limpios y sin picos pulverizadores.
Además, para esto se considera lo expresado en el artículo 5 de la Ordenanza Municipal 12316 que prohíbe el descarte o abandono de envases de cualquier producto químico o biológico, de uso agropecuario y/o forestal y de cualquier otro elemento usado en aplicaciones agrícolas y/o urbanas; así como también se restringe la limpieza de todo equipo utilizado para fumigar y el tránsito de máquinas de aplicación de dichos productos que no se encuentren descargadas, en ausencia de picos pulverizadores y perfectamente limpias.

Conformar una mesa de diálogo
En un último punto, Blanc instó al Municipio a que en el plazo de 60 días corridos conforme una mesa de diálogo intersectorial para la aplicación, manipulación, traslado y disposición racional y responsable de agroquímicos, incluyendo su acopio y puntos de venta, ponderando tanto la protección del medio ambiente y la salud de los habitantes como el desarrollo de la actividad.
Esto, ligado a que el Honorable Concejo Deliberante local proponga "en el plazo máximo de 270 días pautas para la actualización de la Ordenanza Municipal 12.316 o eventualmente, se proyecte el dictado de una nueva normativa en la materia".-
Finalmente, sin perjuicio del llamado abierto que pudiera hacerse, expresó que deberán citarse a dicha mesa "al menos" al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), al Consejo Escolar, a las Facultades de Agronomía, de Ciencias Exactas, de Ciencias de la Salud y de Ciencias Veterinarias de la Unicen, Asociaciones de Productores Rurales, vendedores de insumos, aplicadores terrestres, profesionales y entidades gremiales.
La resolución fue comunicada a distintas instituciones y organismos públicos, entre ellos la Municipalidad de Tandil, para que efectúen el contralor de las medidas adoptadas y dispongan las necesidades que se consideren.
.

Provincia trabaja en su Código Ambiental

Fecha de Publicación: 23/10/2020
Fuente: El Libertador
Provincia/Región: Corrientes

Tendrá aportes de la Unne, de ONGs y de especialistas varios. Comprenderá normativas y reglamentaciones que hoy están sueltas. Apunta a la prevención de incendios, uso responsable del suelo y de recursos hídricos.
La Cámara de Diputados de la Provincia se encuentra estudiando -en la Comisión de Ecología y Medio Ambiente- la confección de un renovado Código Ambiental, de cara a la agilización normativa en momentos de sequía e incendios a  lo largo del territorio correntino.
Los siniestros vinculados al fuego, la utilización del suelo con sustancias dañinas para el medio ambiente, por parte de firmas privadas y la escasez hídrica motivaron la aprobación de la Emergencia Agropecuaria, aunque continúan en el tintero una medida similar para el sector agrícola y los humedales.
"Los Códigos pretenden acumular todas las normas sueltas que hubieren para que podamos ser prácticos. Este Código Ambiental tiene 9 capítulos y hace énfasis en la Educación Ambiental, además de la prevención de incendios. Debemos trabajar en eso porque afecta al ser humano como tal y a todos los seres vivientes en general. De hecho, hasta llegan a haber especies enteras que llegan a desaparecer por el avance de los incendios. Se deben poner límites para saber hasta dónde podemos avanzar en el medio ambiente. Y esto es algo que todos los ciudadanos deben saber y, por ende, involucrarse", expresó en la víspera el diputado de la UCR, Manuel Aguirre, autor de la iniciativa, que está siendo debatida junto a la Universidad Nacional del Nordeste (Unne) y Organizaciones No Gubernamentales.
El proyecto apunta a la responsabilidad ciudadana como elemento base en la cuestión. "Si la persona de a pie cumple su función, al igual que el Estado, esto podría evitarse de gran manera. Por eso pongo como obligación del ciudadano en participar en temas como los incendios, por poner solo un ejemplo".
Acerca del presupuesto que deberá ocupar el Estado, en combinación con el sector privado, el legislador puntualizó: "El Código trae prevenciones para que no sea solamente el Estado el que pague por los daños, sino que también algunas empresas deberán aportar. Pedimos un 1 por ciento de las ganancias de esas empresas para este fondo que irá para los daños y perjuicios provocados por los incendios y otros desastres naturales. Porque lo que pasa es que para todo vamos con el Estado, cuando no siempre tiene todas las respuestas".
La concientización escolar también forma parte de la propuesta parlamentaria. “No nos damos cuenta del daño que a veces provocamos. Si empezamos a concientizar acerca de esto en escuelas sería un paso enorme para el cuidado del medio ambiente. Y esto va a ser obligatorio desde este Código, porque lo que les enseñamos a los chicos siempre repercute en los mayores, que vivimos en nuestro mundo y metidos en nuestras cosas. Muchos de estos proyectos son semillas, que si las plantamos seguramente darán sus frutos”.
Este anteproyecto es  una iniciativa basada en el artículo 124 de la Constitución Nacional que establece que los Recursos Naturales son de propiedad de cada provincia. Es la primera vez que se proyecta una norma general que proteja los recursos naturales, como los bosques, playas, ríos, arroyos, aire, flora y fauna estableciendo la participación ciudadana en su cuidado y protección.
.

Denuncian que en el país se vierten 14 millones de toneladas al año de residuos peligrosos sin tratar

Fecha de Publicación: 22/10/2020
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional

Cada año, en el país se generan más de 17 millones de residuos peligrosos y apenas el 21% recibe tratamiento. El resto, se dispone directamente en basurales, cursos de agua o se entierra, según denunciaron esta tarde las dos cámaras que agrupa a las empresas que se dedican a la industria de tratamiento y transporte de residuos industriales y patogénicos. Esto significa que casi 14 millones de toneladas de desechos peligrosos se desvían al circuito ilegal, sin ningún tipo de tratamiento. El dato no es menor en el contexto de pandemia, ya que los residuos pueden convertirse en un foco de transmisión. En 2019 se generaron en el país 60.000 tonelades de residuos patogénicos hospitalarios y se estima que este año lleguen a 80.000 a causa del impacto del Covid-19.
"Los datos sobre residuos peligrosos parecieran ser el secreto mejor guardado del país. Nadie sabe a ciencia cierta la magnitud del problema y es por ello decidimos comenzar a recopilar y analizar nuestra información para entender mejor la realidad sobre la que operamos. Hoy no está dimensionado el daño. Entonces, es como si no existiera. Lo más visible es el Riachuelo y las enfermedades que sufren quienes viven en la cuenca por la contaminación", Claudia Kalinec, presidenta de la Cámara Argentina Tratadores y Transportistas de Residuos Industriales y Especiales (Catries).
LA NACION consultó a los voceros del Ministro de Ambiente, Juan Cabandié sobre estos números pero, hasta el momento, no obtuvo una respuesta.
 ¿Qué son los residuos peligrosos? Los desechos patogénicos son solo un tipo de ellos. La ley 24.051, sancionada en diciembre del 1991,establece que es todo residuo que pueda causar daño, directa o indirectamente, a seres vivos o contaminar el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general. Proviene de industrias, de la actividad petrolera y minera, de la agroindustria, de los centros de salud y del comercio, entre otras actividades.
"Tomando como base la cantidad de residuos que tratamos las cámaras, estimamos que anualmente se generan más de 17 millones toneladas. Esto equivale a más de 100.000 obeliscos. Y sólo el 21% contrata a operadores certificados. Este número es alarmante. Hay 14 millones de toneladas que quedan fuera del sistema legar. Van a parar a basurales a cielo abierto o terminan en ríos y arroyos. El problema es que la ley es obsoleta, no se aplica y no hay sanciones. La falta de tratamientos de residuos no puede ser una variable de costos", reclama el informe de las cámaras.
Los tratadores y transportistas aseguran que esta es la primera radiografía que se hace del estado de situación. Para llegar a estos números, entrecruzaron datos aportados por las empresas tratadoras del sector.

¿Cómo se llega a ese número?
El 30% de las empresas radicadas en el país son generadoras de residuos industriales, especiales y peligrosos señala el informe. Esto es, unas 182.817 compañías. Sin embargo, las que contratan tratamiento de residuos son apenas 39.232, es decir el 21%. Estas firmas tratan 3.771.000 toneladas de residuos anuales. Haciendo la proyección correspondiente se llega al número de 17.572.639 de toneladas anuales totales. Y de la diferencia, a los 13.801 millones de toneladas sin tratan.
"Son sólo 39.232 empresas generadoras las que entienden que el tratamiento de residuos es parte del costo de producción, no un adicional", dice Gustavo Solari, presidente de la Cámara Argentina de Industrias de Tratamiento para la Protección Ambiental (Caitpa).
El informe señala: "Algunos de los interrogantes que nos dejan estos números es cómo hacen las 143.000 empresas que no tratan sus residuos industriales para disponerlos. ¿Cuál es el costo de la recomposición del daño ambiental generado por 14 millones de tonaladas anuales de residuos industriales que no se tratan? ¿Y el daño para la salud? ¿Es un problema de costos, de mala praxis o ambas?".
"Hay que concientizar sobre la importancia del tratamiento adecuado de los residuos peligrosos. Están tipificados así por un motivo y el daño que producen es una realidad", dice Solari. "Los números son alarmantes y es necesario empezar revertir la situación actual. Es preciso que todos los actores involucrados tomemos conciencia del desafío ambiental y del enorme daño que están generando al no tratar adecuadamente este tipo de residuos", agregó Kalinec.
.

La Provincia quitó las audiencias públicas para tala y desmontes selectivos

Fecha de Publicación: 21/10/2020
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta

La normativa se basa en una interpretación de la Ley Nacional de Protección de Bosques Nativos N° 26.331. Aunque el gobierno afirmó que lo establecido no va en contra de las leyes ambientales, especialistas afirman que sí.
El secretario de Ambiente de Salta, Jorge Aldazábal, emitió una resolución que flexibiliza los controles a los desmontes y obstaculiza la publicidad de actos que degradan del ambiente.
Al hacer una interpretación de la Ley Nacional de Protección de Bosques Nativos N° 26.331, el funcionario enmarcó al manejo silvo pastoril (desmonte selectivo para producir ganadería bajo monte), o el “aprovechamiento forestal” (tala de madera), como de “baja intervención e intensidad sobre el bosque y/o impacto ambiental y social”.
La resolución 333 firmada por Aldazábal se sirve de una interpretación de la Ley Nacional N° 26.331 que sostiene que “la evaluación de impacto ambiental será obligatoria para el desmonte”, pero que ese estudio será pertinente solo para aquel “manejo sostenible” que cause “impactos ambientales significativos”.
Para Aldazábal, “en idéntico sentido a lo expresado en el artículo 22 de la Ley Nº 26.331, el decreto Nº 2.785/09 en sus artículos 12 y 15 define el procedimiento a seguir, según se trate de Planes de Manejo Sostenible de Bosques Nativos y Plan de Aprovechamiento de Cambio de Uso del Suelo, respectivamente. Esto es la exigencia de presentación de un estudio de impacto ambiental y social (EIAS) para los comúnmente llamados desmontes, y para los "aprovechamientos forestales, deberá presentarse una Declaración Jurada de Aptitud ambiental en los términos del artículo 45º de la Ley Provincial Nº 7.070”.
En el cuerpo de la resolución no queda claro a qué se refiere con “Planes de Manejo de Bosques Nativos con modalidad Silvopastoril, y/o cualquier otra modalidad que regule el manejo de bosque nativo”, aunque sí termina por flexibilizar la posibilidad de hacerlos sin audiencia pública ni estudio de impacto ambiental y social, cuando se trata de “planes” de hasta 1500 hectáreas.

La retroactividad conveniente
Según la Ley de Ambiente de la provincia N° 7070, los desmontes de hasta 300 hectáreas no precisan de audiencia pública. Por años se criticó esta disposición dado que en muchos casos los titulares registrales solicitaban permismos sucesivos de desmontes tomando unidades de 300 hectáreas para evitar los estudios y evaluaciones de los impactos ambientales de esas actividades.
Con la nueva resolución, cuando se trate de desmontes incluso sobre superficies de estas dimensiones, se deberá presentar el EIAS e ir a una audiencia pública. Quedan exceptuados de ello quienes ya fueron autorizados a los desmontes antes de la publicación de esta resolución.
Por el contrario, para quienes ya elevaron planes de “manejo de bosque presentados en sus dos modalidades, aprovechamiento forestal y silvopastoril”, se le aplicará la nueva normativa. Para Aldazábal la aplicación de la resolución de manera retroactiva “no encuentra impedimentos”.
Más allá de los vericuetos legales, sucede que en realidad estos proyectos de manejo de bosque y de aprovechamiento forestal debían hasta ahora ser sometidos a audiencias públicas. Pero a partir de la resolución 333, Aldazábal podrá “determinar la necesidad o no” de hacer las audiencias según su criterio. Y se agrega, “para el caso de los Planes de Manejo de Bosques Nativos modalidad Aprovechamiento Forestal y Silvopastoril y que se hubiera presentado EIAS para su tramitación, se tendrá por válido y suficiente, en lo pertinente, dicho documento para su aprobación”.
Aunque la lectura de la resolución permite interpretar una flexibilización de los controles y procesos para desmontar en la segunda provincia que más masa de bosque nativo perdió en la última década, Aldazábal lo negó. Pues en parte de la resolución se indica que “la autoridad de aplicación ambiental provincial (…) tiene la facultad de definir mayores exigencias respecto de los requisitos que deberán observarse al momento de la presentación de los distintos planes de manejo, en el entendimiento de que la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos lo que hace es fijar un marco protectorio mínimo respecto del cual se podrá normar, sin poder ser más permisivo que lo allí establecido”.

El antecedente Urtubey
La interpretación que hacen las actuales autoridades provinciales cuando se trata de ampliar la frontera agropecuaria cuenta con antecedentes. El más claro tiene que ver con dos decretos que en 2011 permitieron que se desmonten zonas categorizadas como rojas o amarillas, o I y II, o de alta o moderada conservación, que no podían ser intervenidas por las topadoras. Estas “recategorizaciones” como se dio en llamar, tenían como excusas el hecho de que el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) se refería a porciones globales de tierras y no al detalle de que, para el gobierno de Juan Manuel Urtubey, tenían algunas zonas que eran pasibles de desmonte.
Como sucede con la resolución de Aldazábal, el gobierno se escudaba en términos legales que luego fueron dados por tierra desde el Ministerio de Ambiente de la Nación durante 2018. Pese a ello, las zonas recategorizadas continúan siendo desmontadas bajo el pretexto de la “seguridad jurídica” de quienes fueron autorizados a hacerlo bajo esta forzada interpretación normativa.
El aprovechamiento forestal (que implica la tala de madera) y el llamado manejo silvopastoril o “bajo monte”, que implica un desmonte selectivo, incluso trae conflictos entre las comunidades que viven en esas zonas y los titulares registrales. Pero a partir de esta resolución, y al no solicitar audiencia, se desconoce cómo se darán a conocer estas actividades.
Pasa que incluso con la realización de las audiencias públicas, en muchas ocasiones las comunidades de pueblos originarios ni siquiera se podían hacer escuchar. Con esta nueva disposición, solo se podrían enterar cuando quienes talan madera o crían ganado aparezcan en el lugar a concretar el desmonte.
.

Promulgan la adhesión de Argentina al Acuerdo de Escazú

Fecha de Publicación: 21/10/2020
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Nacional

La iniciativa establece garantías sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la Justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe.
A través del Decreto 806/2020 publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno promulgó la Ley 27.566 que cristaliza la adhesión de Argentina al Acuerdo de Escazú. La iniciativa establece garantías sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la Justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe.
El tratado, conocido como Acuerdo de Escazú por el distrito costarricense homónimo donde fue firmado en 2018, busca garantizar los derechos de acceso a la información ambiental, la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones ambientales y el acceso a la justicia en materia ambiental.
Además, propone la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible.
Si bien de los 33 países que integran la región, solo 22 firmaron este tratado, hasta no obtener la ratificación por parte de 11 de los estados firmantes, el Acuerdo de Escazú no entrará en plena vigencia.
.

La Justicia suspendió todos los permisos de desmontes en Chaco

Fecha de Publicación: 20/10/2020
Fuente: Diario Chaco
Provincia/Región: Chaco


La Sala Primera de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Chaco suspendió todos los permisos de desmontes y cambios de uso de suelo en la provincia al hacer lugar a una medida cautelar, que fue presentada por la asociación “Conciencia Solidaria al Cuidado del Medio Ambiente, el Equilibrio Ecológico y los Derechos Humanos Asociación Civil”.
El fallo, con fecha de este viernes 16 de octubre de 2020, lleva la firma de las juezas Silvia Geraldine Varas y Natalia Prato. Abarca a las categorías de conservación rojo, amarillo y verde, a excepción de planes y trabajos de conservación que no impliquen la afectación y/o conversión de los bosques.
Así mismo, la Justicia solicitó la entrega de un informe, en el plazo de cinco días, detallado sobre la totalidad de los permisos y/o autorizaciones otorgadas desde el mes de diciembre del año 2010 y su estado de ejecución, con los datos del propietario, datos catastrales del predio, departamento, superficie catastral y superficie de trabajo. Como también notificarlos fehacientemente de la medida ordenada.
Desde la organización Somos Monte celebraron la medida judicial y recordaron: “El Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, pilar fundamental de la Ley de Bosques, se encuentra vencido en Chaco desde el 2014 y las autoridades no fueron capaces de organizar el proceso participativo para actualizarlo, con lo cual todos los permisos se encuentran hoy en un estado de discutida legalidad desde el punto de vista legal”.

LOS PUNTOS RESOLUTIVOS DEL FALLO
I. Hacer lugar a la medida cautelar innovativa peticionada, y ordenar a la Subsecretaría de Desarrollo Forestal, Subsecretaría de Recursos Naturales, del Chaco y al Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco:
1) La inmediata suspensión de todo permiso y/o autorización de aprovechamiento y/o cambios de uso de suelo -desmonte, etc. correspondientes a las categorías de conservación I (rojo) -excepto planes y trabajos de conservación que no impliquen la afectación y/o conversión de los bosques-, II (amarillo) y III (verde III) de la Ley N  1762-R, en cualquier estado de ejecución en que se encuentre, desde el mes de diciembre del año 2014 y hasta el presente;
2) La inmediata suspensión de todo procedimiento, trámite o actividad tendiente a otorgar permisos y/o autorizaciones de aprovechamiento y/o cambios de uso de suelo -desmonte, etc.-, recategorizaciones o actividad alguna, vinculadas a las categorías de conservación I (rojo) -excepto planes y trabajos de conservación que no impliquen la afectación y/o conversión de los bosques-, II (amarillo) y III (verde III) de la Ley N° 1762-R, en cualquier estado de ejecución en que se encuentre;
3) Informe en el plazo de cinco (05) días la totalidad de los permisos y/o autorizaciones de aprovechamiento y/o cambios de uso de suelo -desmonte, etc. correspondientes a las categorías de conservación I (rojo), II (amarillo) y III (verde III) de la Ley N  1762-R, otorgadas desde el mes de diciembre del año 2010 y su estado de ejecución, debiéndose detallar: datos del propietario, datos catastrales del predio, departamento, superficie catastral y superficie de trabajo.
4) Notificar fehacientemente de la medida ordenada a los titulares de la totalidad de los permisos y/o autorizaciones de aprovechamiento y/o cambios de uso de suelo -desmonte, etc. correspondientes a las categorías de conservación I (rojo) -excepto planes y trabajos de conservación que no impliquen la afectación y/o conversión de los bosques-, II (amarillo) y III (verde III) de la Ley N° 1762-R, aprobadas y en estado de ejecución desde el mes de diciembre del año 2014, debiendo acreditar su cumplimiento. Bajo apercibimiento de correr vista al Fiscal en turno por las responsabilidades penales, administrativas, civiles y ambientales que correspondan.
II.- Una vez cumplimentado lo ordenado en el Pto. I, 3), SOLICITAR la colaboración de los Juzgados de Paz y Faltas de las jurisdicciones correspondientes, la inspección y verificación del estado de ejecución de los permisos y/o autorizaciones de aprovechamiento y/o cambios de uso de suelo -desmonte, etc. suspendidos por la presente medida.
III.- Previa caución juratoria que deberá prestar la apoderada de la accionante.
IV.- Regístrese, notificar conforme Anexo a la Resolución N  162/19 del Superior Tribunal de Justicia -Reglamentación de las notificaciones electrónicas-.


El sector forestal de la provincia preocupado por la suspensión de permisos de desmontes

Carpinteros, muebleros, aserraderos, motosierristas, ladrilleros, pymes y empresas productores de carbón y tanino, que conforman el sector forestal chaqueño manifestaron su preocupación por una nueva orden judicial que ordena “la inmediata suspensión del sector forestal en todo el territorio provincial”.
Se trata de una sentencia cautelar dictada por la Sala Primera de la Cámara Contenciosa Administrativa del Poder Judicial que ordena “suspender todos los permisos forestales otorgados desde el año 2014 a la fecha”. También resuelve que la provincia debe interrumpir la evaluación de aquellos que se encuentren en trámite.
Esta sentencia implica que la Dirección de Bosques suspenderá los permisos otorgados y no continuará con la evaluación de permisos en trámites, lo que impedirá a productores de toda la provincia ejecutar trabajos de aprovechamiento, silvopastoril y cambio de uso de suelo, que son necesarios para el desarrollo de la actividad agropecuaria.
A raíz de la misma, los productores manifestaron que se verán "impedidos de solicitar la emisión de guías de productos forestales por lo que no podrán comercializar sus productos y abastecer a las industrias del tanino, del carbón, carpinterias, y del aserrado en general”.
La sentencia, según señalaron desde el sector, “no diferencia entre grandes, pequeños o medianos productores. Todos estamos afectados por la prohibición”. Al mismo tiempo, recordaron que “alrededor de 20 mil chaqueños y sus familias de manera directa se verán afectados por esta medida al no poder circular con su producción primaria o industrial. Se interrumpirán procesos de exportación y de industria vitales para nuestra economía provincial y nacional”.
En esa línea, los integrantes del sector forestal solicitan a las autoridades provinciales, judiciales y legislativas “que intervengan en el caso y se garantice la producción y el trabajo del sector forestal y los sectores afectados indirectos”.
Calificaron, además, a la mencionada decisión judicial de “arbitraria” y aseveraron que “el sector forestal no es desmonte, el sector forestal es trabajo, industria, valor agregado, es el sostén de miles de fuentes de trabajo, especialmente en el interior provincial”.
Piden que se revea la decisión judicial y “no se paralice una actividad tan importante para los chaqueños y chaqueñas”.
.

Elevarán las multas para los que inicien incendios en Jujuy

Fecha de Publicación: 17/10/2020
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Jujuy

El gobernador Morales aseguró que enviará un proyecto para declarar la emergencia en la provincia de Jujuy.
Dos focos de incendios forestales se mantenían activos ayer en el Parque Nacional Calilegua, donde ya arrasaron al menos 948 hectáreas de área protegida, por lo que sumaron brigadistas y dos aviones hidrantes para aplacar las llamas.
Los incendios forestales en las zonas de Zanjón Seco, iniciado el 18 de septiembre, y Finca Peggini/Macagno, iniciado el 10 de este mes, fueron los primeros focos ígneos que con el paso de los días se propagaron hacia el área natural.
"Actualmente, en lo que es el área protegida y su zona de amortiguamiento se están sucediendo dos grandes incendios forestales y el primero que ingresó al área protegida, el pasado 2 de octubre, afectó hasta el momento 842 hectáreas del sitio", precisó a Télam Cecilia Iriarte, intendenta del Parque Nacional Calilegua.
En ese sentido, agregó que durante los días del último fin de semana se conformaron diversos incendios en el tramo de la ruta nacional 34, "a partir de esos focos se conformó otro gran incendio, llamado Arroyo Yuto, que afectó a 106 hectáreas del Parque Nacional", detalló la funcionaria al referirse a la contingencia que suma un total de 948 hectáreas afectadas en la región de las Yungas.
El Parque Nacional Calilegua posee una superficie de 76.306 hectáreas, y en este sitio se protege una muestra representativa de las Yungas y resguarda un alto valor de biodiversidad.
A través del Sistema Nacional de Manejo del Fuego y de la Dirección de Incendios Forestales de la Administración de Parques Nacionales, el Gobierno Nacional desplegó dos aviones hidrantes, vehículos especiales y equipos operativos como complemento a las estructuras jurisdiccionales de lucha contra el fuego.
De esta manera, sumados al personal del Parque Nacional Calilegua, se encuentran trabajando guardaparques y brigadistas de los Parques Nacionales Copo, Impenetrable, Chaco y El Rey, además de más de un centenar de bomberos voluntarios de diversos puntos de la provincia de Jujuy.
También arribaron a la provincia 14 integrantes del Sistema Nacional y se espera para hoy la llegada de 20 combatientes de los Parques Nacionales del sur del país.

En total son 5.600 has afectadas
La superficie afectada por el fuego sería de 5.600 has, de las cuales casi mil pertenecen al Parque Calilegua.
La intendenta del Parque, Cecilia Iriarte manifestó que “actualmente tenemos dos grandes focos que estamos atravesando, uno en Zanjón Seco, al cual lo venimos combatiendo desde el 18 de septiembre, que afecta a 2 mil hectáreas; el otro gran incendio que comenzó el viernes es el de Arroyo Yuto que ya lleva consumiendo 3.600 hectáreas. De todas, 1.000 pertenecen al Parque”, dijo.
Indicó que “hasta el viernes teníamos un solo incendio, un plan de trabajo más o menos controlado, pero el sábado se incendiaron muchísimos focos en el trayecto de la ruta nacional 34 desde Chalicán hasta Yuto, y con los fuertes vientos que tuvimos entre el sábado y el domingo generaron que estos incendios crecieran desmedidamente y se hicieron incontrolables”.
La intendente del Parque también informó que “es mucho el personal que está trabajando, vino gente del Sistema Nacional del Manejo del Fuego, vinieron catorce brigadistas, aparte de los dos aviones hidrantes, que le aporta el sistema nacional a la provincia; tenemos todos los guardaparques de Calilegua junto con el equipo del Icer (Incendio, Comunicaciones y Emergencias)”.
Agregó que “también se sumaron otros guardaparques de otros parques nacionales de la región, y el miércoles (por hoy) están llegando 20 brigadistas de parques nacionales del sur”.
Dijo a modo de anuncio: “también nos va acompañar el director nacional de Lucha contra Incendios Forestales, todo esto lo hacemos de manera conjunta y articulada con la Dirección de Incendios Forestales de la Provincia. Es mucho el equipo y despliegue que tenemos en terreno para enfrentar este gran incendio, son más de 100 personas sin contar a las Asociaciones de Bomberos Voluntarios”.
Iriarte confirmó que el lunes estuvo sobrevolando y recorriendo los lugares de incendio el gobernador Gerardo Morales.
"Es prioritario para nosotros el ataque del incendio del Arroyo Yuto porque es el que mayores dimensiones tiene por lo que se han desplegado todos los recursos para abordar todos los límites de este foco ígneo", sostuvo Iriarte.
Por otra parte los dos incendios forestales de mayores dimensiones, el denominado Zanjón Seco y Arroyo Yuto afectaron a unas 4.488 hectáreas por fuera del Parque Nacional, según estimaron las autoridades.
El gobernador Gerardo Morales, luego de recorrer la zona, adelantó que enviará a la Legislatura provincial un proyecto para declarar la emergencia por incendios forestales. "He tomado la decisión de dictar la Emergencia en Jujuy, que incluye la creación de dos bases y el cambio en la normativa para quienes provoquen incendios, con multas más fuertes", sostuvo el mandatario provincial en sus redes sociales
Morales también expresó su "angustia de ver la zona de las Yungas jujeñas incendiadas. Hay distintos puntos críticos donde el fuego sigue activo. Tenemos como prioridad preservar la vida de la gente y también de resguardar las zonas del área natural protegida", agregó. Desde la Intendencia del Parque Calilegua indicaron que el 95% de los fuegos es producido por intervenciones humanas, y que factores climáticos inciden en su propagación.
.

Media sanción al proyecto de protección ambiental y mitigación contra el cambio climático

Fecha de Publicación: 15/10/2020
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Santa Fe


Entre otros puntos, la normativa busca estrategias y políticas relativas al estudio del impacto, la vulnerabilidad y las actividades de adaptación al cambio climático.
La Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe dio media sanción al proyecto de ley de presupuestos mínimos de protección ambiental y mitigación contra el cambio climático.
"Nuevamente ponemos en agenda esta problemática, con este proyecto de ley establecemos el marco normativo provincial para mitigar los efectos adversos del cambio climático", indicó el diputado Gabriel Real (Partido Demócrata Progresista), autor de la iniciativa parlamentaria.
Real puntualizó que la normativa busca establecer las estrategias, medidas, políticas e instrumentos relativos al estudio del impacto, la vulnerabilidad y las actividades de adaptación al cambio climático que puedan garantizar el desarrollo humano y de los ecosistemas, además de asistir y promover el desarrollo de estrategias de mitigación y reducción de gases de efecto invernadero (GEI).
También apunta a crear el plan provincial de adaptación y mitigación al cambio climático que defina las estrategias provinciales, en complemento a la ley nacional N° 27.520 de presupuestos mínimos de adaptación y mitigación al cambio climático. Finalmente, también persigue entre sus objetivos reducir la vulnerabilidad humana y de los sistemas naturales ante el cambio climático, protegerlos de sus efectos adversos y aprovechar sus beneficios.
"Trabajamos para mejorar y apostar a un futuro en donde podamos atenuar los efectos del cambio climático y poder asegurarles a las generaciones venideras un ambiente que garantice el desarrollo en armonía con la naturaleza y los ecosistemas", indicó Real.
El legislador recordó que desde 2016 su partido plantea "iniciativas para contrarrestar efectos negativos del cambio climático". El diputado puntualizó iniciativas con ingreso parlamentario: adhesión de la provincia de Santa Fe al Acuerdo de París, el beneplácito por la Enmienda de Kigali (Ruanda), la incorporación de la especie no nativa Kiri a la ley provincial del árbol N° 13.836, el programa provincial para la recuperación y conservación de los niveles de fósforo y otros nutrientes en los suelos productivos, los programas provinciales pedagógicos sustentables, el régimen de promoción provincial aplicado al desarrollo de sistemas silvopastoriles, el día de la confraternidad antártica y el pedido de informe al Ministerio de Medio Ambiente sobre la gestión integral de los residuos peligrosos.
.

Quiénes buscan frenar la ley de fuego

Fecha de Publicación: 13/10/2020
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional


Productores rurales, desarrolladores inmobiliarios, la Sociedad Rural y Juntos por el Cambio apuestan a suspender la modificación de la ley del fuego que comenzará a debatirse en Diputados.
Juntos por el Cambio, la Sociedad Rural y los desarrolladores inmobiliarios parecen haber constituido una suerte de unión transitoria de intereses, algo similar a las uniones transitorias de empresas que se arman para avanzar en grandes construcciones vinculadas a la obra pública. Pero en este caso, con el fin de construir el andamiaje político necesario para defender negocios millonarios y frenar el avance de leyes que fomentan la protección del ambiente y el desarrollo sustentable. Bajo esa misma lógica el macrismo logró frenar en 2013 y en 2016 la sanción de una ley de humedales.
Con una mayoría a construir en el Cámara de Diputados, el oficialismo intentará avanzar con una modificación a la ley de fuego para detener el ecocidio que sufre la Argentina año tras año. Hace poco más de una semana, el titular del bloque del Frente de Todos en al Cámara baja, Máximo Kirchner, presentó un proyecto para modificar el articulo 22 de la norma y establecer una prohibición por 60 años para modificar el uso de las superficies afectadas por incendios en “bosques nativos, áreas naturales protegidas y humedales”. Un tiro de gracia para los desarrolladores inmobiliarios que utilizan los incendios como el primer eslabón de su negocio y para los productores agropecuarios que queman los campos para producir el rebrote de los pastos.
La intención del oficialismo es convocar a reunión de la Comisión de Ambiente y emitir dictamen esta semana, probablemente este jueves, para dejar al texto en condiciones de ser tratado en el recinto en la próxima sesión.
El texto impulsado por Kirchner cosechó rápidamente adhesiones de distintas bancadas. La iniciativa, al momento de su presentación, contó con el apoyo de Eduardo Bucca (bloque Justicialista), Graciela Camaño (Consenso Federal) y José Luis Ramón (Unidad y Equidad Federal), entre otros.
Juntos por el Cambio no sólo decidió no acompañar el proyecto. En consonancia con la Sociedad Rural (el presidente de la entidad, Daniel Pelegrina, se manifestó "preocupado por el avance" de las leyes de Humedales y Bosques, lo que mereció el repudio de Greenpeace) y desarrolladores inmobiliarios planteó cuestionamientos basados en “la producción”. En esa línea, la senadora Laura Rodríguez Machado, una de las espadas más filosas del núcleo duro del macrismo, no dudó en minimizar los incendios. "Hay que dejar de lado toda esa historia que queman para urbanizar. En esos lugares no hay nada", sentenció.
Fue Alfredo de Angeli, el dirigente de Federación Agraria devenido en senador, el encargado de defender a los productores y señalar que ellos tampoco son responsables de los incendios. “Los productores agropecuarios no tienen responsabilidad alguna, por el contrario son los más perjudicados”, aseguró. De Angeli, junto al exministro del Interior, Rogelio Frigerio, son los dos hombres señalados por el Frente de Todos como los responsables de cajonear la ley de humedales en 2016. “Frigerio es un empresario inmobiliario del Delta del Paraná. Es socio por lo menos en dos empresas que se dedican a esos negocios y convirtió su campo en Villa Paranacito, que era una humedal, en una barrio privado”, denuncian desde el bloque de diputados del oficialismo.
"Juntos por el Cambio es el único bloque de Diputados que no apoya el proyecto para frenar el fuego y eso tiene una sola explicación, apoyan los negocios que prenden fuego nuestros bosques y nuestros humedales", acusa Leonardo Grosso, diputado del Frente de Todos y presidente de la Comisión de Ambiente. "Se muestran preocupados por el medioambiente, pero cuando hay que decidir entre proteger el ecosistema y los negocios, ellos siempre eligen los negocios", denuncia.
En línea con la idea de que Juntos por el Cambio funciona como la pata política de las corporaciones dentro del Congreso, se verifica que comienza a acomodar su discurso para dar el debate en contra de la modificación de la ley del fuego, como también de la ley de humedales. Fue Mario Negri, el titular del interbloque de Juntos por el Cambio, el que anticipó por las redes sociales que el debate "no será fácil". "Tenemos el país bajo las llamas y un Gobierno que subestima el problema. En las previsiones hechas en el Presupuesto 2021 para la lucha contra el fuego todos los gastos se reducen a la mitad", denunció en su cuenta de Twitter. "Negri sabe que ese dinero está en otro ítem, por eso en la comparación baja. Pero se dedica a chicanear, desviar el debate e inventar argumentos para votar en contra", denuncian desde el FdT.
Lo cierto es que, más allá de intereses sectoriales, la alianza opositora también actúa en defensa propia, como queda claro al repasar la cantidad de dirigentes y productores rurales que compitieron por las distintas boletas que presentó el macrismo desde 2009 en adelante. Y ahora, las investigaciones por los incendios intenciones los empiezan a tener en la mira. Es el caso de la familia Passaglia en San Nicolás. Ismael Passaglia es un dirigente histórico de la ciudad, su hijo Manuel es el actual intendente y, otro de sus hijos, Santiago, es diputado bonaerense. Ambos representan a Juntos por el Cambio. Una de las investigaciones por los incendios en el Delta del Paraná tiene en la mira al diputado provincial de Cambiemos, dueño de 877 hectáreas ubicadas en las Islas de Gualeguay, frente a las costas de San Nicolás, que fueron incendiadas.
Con el fuego azotando catorce provincias como escenario y con estos actores en el plano político, el oficialismo impulsará esta semana el debate para sancionar una modificación a la ley del fuego que permita, de cara al futuro, detener los negocios que crecen de las cenizas.
.

Denuncian un desmonte silencioso en territorios en disputa

Fecha de Publicación: 13/10/2020
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta


La denuncia es de la comunidad Honat Le Les, de Embarcación, que disputa tierra con el titular registral en un monte nativo que quedó rodeado de desmontes.
Miembros de la comunidad del Pueblo Wichí Honhat Le Les (Hijos de la Tierra, en wichí) denunciaron que el titular registral del lugar envió personas a colocar postes para empezar a alambrar el territorio donde viven 115 familias.
La afirmación vino de parte de la niyat (cacica) de la comunidad, Julia Gómez, quien indicó a Salta/12 que “los blancos” que ingresan al territorio a sacar madera presentan permisos, con papeles que denotan autorizaciones extendidas por la Agropecuaria Suipacha SA.
La comunidad ya cuenta con su relevamiento enmarcado en la Ley 26.160, de Emergencia Territorial Indígena, en una carpeta técnica que involucra 3.400 hectáreas de territorio comunitario. Por otra parte, la finca está reconocida como “Tres Pozos” en la Dirección de Inmuebles de la Provincia, cuyos titulares registrales son de apellido Ortega Velarde.
Hace unos años, en el programa Salta Produce que se emite por Radio Nacional Salta, Jorge Ortega Velarde afirmó que las tierras son suyas desde 1972, cuando las compró a los anteriores titulares registrales. “Vivo la mitad del año en Embarcación”, sostuvo en aquella oportunidad en que afirmó que había un “atropello al Código Civil y a la propiedad” con el relevamiento de la propiedad ancestral indígena.
“Desde la Estación de Embarcación al este hay 2000 intrusos. Nunca nos metimos con ellos para nada. Y han construido su casa y han ido avanzando”, afirmó además. En sus especulaciones, aseguró que “a mí me dicen ‘esto es droga’”, sin explicar a qué se refería con esa expresión.
La comunidad, en tanto, afirma que vive ancestralmente en esas tierras que, según indicó Leonardo Pantoja, referente de Misión Chaqueña (otra comunidad de Embarcación), es el único monte que queda “en medio de las plantaciones de soja y poroto”. El territorio de Honhat Le Les o Finca Tres Pozos (según quien la nombre), se encuentra a 16 kilómetros de la ciudad de Embarcación, en dirección al río Bermejo.

El uso del monte
“El monte para nosotros es el mercado, el hospital, el corralón y hasta el Ingenio, porque nos da la miel”, dijo Lucio Palavecino, fiscalizador general de la comunidad. Sin embargo, con este tipo de acciones que implican la tala de madera se termina por generar una suerte de desmonte silencioso que va degradando la zona.
Gómez envió fotos exhibiendo la notificación que muestran “los blancos” que sacan los rollos y troncos de madera de la comunidad. “Con la presente, la firma Agropecuaria Suipacha SA autoriza al señor… extraerá quincenalmente trocillo de los predios de la finca tres pozos, pertenecientes a la misma”, se puede leer. En el Boletín Oficial de la República Argentina (BORA) figura que la mencionada empresa está constituida por los Ortega Velarde y tiene domicilio en Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). En las imágenes enviadas por Gómez, en tanto, se muestran camiones que recurrentemente entran a la zona a sacar árboles del monte en disputa.

Con distinta vara
Hace unos meses la Policía secuestró madera, carbón y artesanías hechas en madera a integrantes de la comunidad. Pues desde la Institución se sostenía que no tenían permiso alguno para esa extracción, por lo que dejaron lo secuestrado en las comisarías. “Nosotros sacamos para sobrevivir en carritos chicos”, dijo Gómez a Salta/12. Afirmó que por el contrario, no sucede nada cuando la acción es llevada adelante por quienes son autorizados por Agropecuaria y que extraen madera en cantidad considerable, como se ve en algunas fotografías.
Gómez añadió que quienes fueron a machetear en el territorio, enviados en principio por Ortega Velarde, para plantar los postes y alambrar, fueron acompañados y protegidos por la Policía. Una vez que las autoridades de la comunidad decidieron parar los trabajos, la Policía les indicó que iban a dar intervención a la Fiscalía para que “los notifiquen”.
El reclamo de ésta como de otras comunidades es que se continúe con la etapa que venía después del relevamiento de las tierras que reclaman como territorio comunitario. Esto es, la entrega del territorio. Del otro lado, los titulares registrales reclaman la propiedad de tierras que compraron y asentaron como suyas en los papeles, aunque las hubieran comprado con ocupantes. En medio de la cuarentena, la situación se complica porque pese a que para los originarios ni el desmonte ni los alambrados deberían ocurrir, continúan sin mayores restricciones.
.

Santa Cruz: ambientalistas reclaman el fin de una ley que prohíbe proteger la naturaleza

Fecha de Publicación: 08/10/2020
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Santa Cruz


Más de 40 organizaciones ambientales exigen que se derogue la Ley 3692, una normativa que prohíbe crear nuevas áreas naturales protegidas, públicas o privadas.
Más de 40 organizaciones ambientales exigen que se derogue la ley 3692 promulgada por la Provincia de Santa Cruz, una normativa que prohíbe crear nuevas áreas naturales protegidas, públicas o privadas.
"Prohibir la protección de la naturaleza es avanzar a contramano del mundo. Los únicos beneficiarios reales de la Ley 3.692 son los capitales extranjeros que pagan grandes sumas a pocos terratenientes para desarrollar actividades extractivistas, obsoletas y cortoplacistas", dijeron.
La forma que eligieron organizaciones no gubernamentales provinciales y nacionales para demandar la urgente derogación de la ley 3.692, fue una carta abierta dirigida a la gobernadora Alicia Kirchner , al director del Consejo Agrario Provincial, Javier de Urquiza, al secretario de Ambiente de Santa Cruz, Mariano Bertinat, al Presidente de la Nación, Alberto Fernández y al Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié.  
La ley 3.692, que fue aprobada en la legislatura santacruceña en noviembre del año pasado y publicada en el Boletín Oficial provincial Nro. 5.418 del 15 de enero de 2020, impide por el lapso de un año, prorrogables por otros doce meses, la creación de nuevas áreas naturales en el territorio de Santa Cruz.
Entre los argumentos que presentan como sustento para reclamar la derogación de la ley las ONGs sostienen: "Esta prohibición no sólo afecta al ambiente sino a la misma producción, a la que vez que evade y profundiza el problema de fondo. Santa Cruz tiene 24.4 millones de hectáreas, de las cuales terratenientes poseen 13.1 millones y sólo 1.8 millones se encuentran protegidas. LA EMERGENCIA DEL SECTOR RURAL NO ESTÁ RELACIONADA CON LA PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA".
"Las áreas protegidas proveen servicios ambientales como la captura de carbono, la polinización, el mantenimiento de la calidad y cantidad de agua, la protección del suelo, la flora y la fauna que favorecen al sector productivo y el bienestar humano. Esta rivalidad binaria naturaleza—producción es una mentira discursiva impuesta mediáticamente", explicaron las organizaciones.
La carta abierta encontró pronta repercusión en medios de la provincia de Santa Cruz y comienza a darse a conocer en redes sociales <http:httpswww.tiemposur.com.arnotasanta-cruz-es-el-primer-gobierno-en-la-historia-en-prohibir-la-proteccion-de-la-naturaleza>
En el trasfondo de la decisión legislativa, con mayoría oficialista, está la acción del Consejo Agrario Provincial y de la Federación de Instituciones Agropecuarias de Santa Cruz (FIAS), que se encargaron de impulsar la ley denominada "Emergencia en materia de posesión y tenencia de tierras rurales" que busca el delineamiento de un "Plan de Desarrollo Estratégico del Sector Agropecuario Provincial". Justamente, quien es autoridad de aplicación de la nueva ley es el Consejo Agrario Provincial.    
La FIASnuclea a los productores y sociedades rurales provinciales, la misma federación que en abril de 2018 se declaró en estado de alerta y movilización por la ampliación del Parque Nacional Patagonia, ubicado al noroeste de Santa Cruz. A partir de esta medida, que comunicado mediante expresaba: "La profunda preocupación por la insistencia en concretar la ampliación del Parque sin estudios nacionales y provinciales fundados que sustenten esa pretensión, salvo la directiva de un filántropo extranjero que desea donar los fondos para comprar las tierras en cuestión", el parque nacional que tiene 52.000 hectáreas se ve impedido así de poder incorporar otras 120.000 hectáreas, adquiridas por la Fundación Flora y Fauna que recolecta aportes de dinero extranjero para la compra de campos y posterior donación.  
La resolución en el artículo 1 declara "la emergencia en materia de posesión y tenencia de tierras rurales en lo referente a la creación de áreas naturales protegidas, reservas, reservas naturales, nacionales, estrictas, silvestres yo educativas, parques, monumentos, y todas aquellas áreas cuyas categorías están definidas en la Ley 3.466, el Sistema Provincial de Áreas Protegidas, y las vigentes referidas a ellas, así como la legislación nacional en la misma materia, en particular del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP)".
Mientras que enel artículo dos prohíbe "por el término de doce (12) meses, prorrogables por doce (12) meses más, la celebración de cualquier tipo de acto administrativo que tenga por objeto la creación de nuevas áreas naturales protegidas, públicas o privadas, hasta tanto no se disponga de un inventario actualizado que releve la totalidad de los establecimientos agropecuarios, no agropecuarios y todos aquellos inmuebles y áreas públicas y privadas de la zona rural de la provincia de Santa Cruz, que permita delinear, en idéntico período, un plan de desarrollo estratégico de unidades productivas que potencien y reactiven de manera integral y sustentable al sector rural provincial".
"Dicha prohibición incluye todas aquellas áreas que habiéndose creado por cualquier instrumento nacional, provincial o municipal, involucren territorio provincial y que no cuenten con la correspondiente cesión de jurisdicción aprobada mediante ley", se explica.
En el tiempo estipulado por la disposición debería estar terminado el "Inventario de Relevamiento de Tierras Rurales" que será la base del  "Plan de Desarrollo Estratégico del Sector Agropecuario Provincial". El inventario, de acuerdo al artículo 4 de la ley, deberá contener al menos la siguiente información: nombre del establecimiento y datos identificatorios; cantidad de hectáreas comprendidas y ubicación, titularidad y estado de registro dominial; datos de la persona humana o jurídica propietaria con detalle de sus propiedades en la provincia de Santa Cruz; tipo de propiedad, usufructo, uso y ocupación; información identificaria de quien utiliza, ocupa yo dispone del predio, así como su responsable legal y fiscal; cargos, obligaciones, contratos yo condicionamientos para su utilización, posesión o disposición; en caso de persona jurídica: integración y composición societaria de la personería, objeto, participación de la misma en otras entidades jurídicas; datos filiatorios de los integrantes de la persona jurídica que integran dichas organizaciones; entidades controlantes si las hubiera; fecha y forma de adquisición; tipo de explotación desarrollada; potencialidad económica y productiva; estado del predio y ocupación; e impactos producidos por los establecimientos inmuebles sin producción agropecuaria en los predios productivos linderos.
En el tiempo estipulado por la ley debería estar terminado el "Inventario de Relevamiento de Tierras Rurales" que será la base del  "Plan de Desarrollo Estratégico del Sector Agropecuario Provincial"
Los ambientalistas sostienen que Santa Cruz es una de las provincias con menor superficie protegida del país (menos del 8%) y que "la legislatura provincial designó en la última década el 70% de la superficie de la provincia de interés especial para actividades mineras"; Y agregan "Santa Cruz sufrió la degradación del 34% de sus hectáreas productivas en los últimos 16 años de acuerdo al Censo Nacional Agropecuario; y el INTA estimó que el 77% del suelo se encuentra en estado de desertificación grave o muy grave".
"Esta situación ambiental es más sensible aún con la gestión de las áreas protegidas de Santa Cruz a cargo del Consejo Agrario Provincial. Irónicamente, el sector privado —al frente de una industria extractivista— está a cargo de cuidar la salud de la vida silvestre y de las tierras públicas de todos los santacruceños. Lejos de ser idóneo para el puesto, su director vela por los intereses de una actividad que ha dejado a la Patagonia simplemente desierta", concluye como panorama de las condiciones climáticas, ecológicas y sanitarias en Santa Cruz.
.

La modificación de Ley de Biocidas, un retroceso en materia de derechos   

Fecha de Publicación: 07/10/2020
Fuente: El Diario de la Región
Provincia/Región: Chaco


La intención de modificar la ley provincial 2026 R generó alerta y objeciones de parte de organizaciones que bregan por el cuidado de la salud y el medioambiente. La Comisión de Recursos Naturales de la Legislatura provincial escuchó los cuestionamientos a la reforma y aseguró que pedirá una audiencia al Ejecutivo provincial para que explique los alcances de las modificaciones que se intenta concretar. Por su parte, la Red de Salud “Ramón Carrillo” fundamentó y detalló porqué lo consideran un retroceso en materia ambiental y fundamentalmente en lo referido al cuidado de la población y expuesta a las fumigaciones.
La Comisión de Recursos Naturales y Ambiente debatió recientemente un proyecto de ley que prevé la modificación de la Ley de Biocidas 2026 R de la provincia del Chaco. Con esta iniciativa, se propone excluir a los fertilizantes del artículo 1 y regular lo referido a ellos en un capítulo nuevo, facultando al Poder Ejecutivo «a reglamentar los actos derivados del expendio, aplicación terrestre, transporte, almacenamiento, fraccionamiento, formulación, fabricación, distribución con cargo o gratuita, exhibición y toda otra operación que implique el manejo de fertilizantes inscriptos y autorizados por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) en las practicas agropecuarias, tanto en el ámbito urbano como rural.»
La Red de Salud Ramón Carrillo, una de las organizaciones ambientales que presentó sus objeciones al proyecto, advierte un cercenamiento de derechos y reclama por una legislación que avance en la protección de derechos, sosteniendo que “el daño que hacemos al ambiente nos lo hacemos a nosotros mismos.” Ahora, la Comisión pedirá una audiencia al Ejecutivo para que explique los alcances de la ley.
El proyecto estaba en el orden del día para tratarse en la última sesión de la Cámara de Diputados de la provincia, pero quedó nuevamente en comisión a partir del reclamo de las organizaciones sociales; la modificación pretendida pone en alerta a las organizaciones que fomentan la preservación del ambiente y la salud, ya que consideran que de aprobarse implicaría un retroceso en materia ambiental y de salud.
Uno de los puntos de conflicto es que se pretende excluir a los fertilizantes del régimen general de la ley y regular lo referido a estos en un capítulo nuevo, facultando al Poder Ejecutivo a reglamentar entre las actividades citadas las de aplicación terrestre de fertilizantes.
Desde la Red de Salud Ramón Carrillo, señalaron como cuestionamiento que la ley de biocidas fue el resultado de un amplio debate y participación, que pese a no responder a lo que demandaban la mayoría de los expositores en las jornadas de la audiencia, debía respetarse el antecedente de participación y toda modificación debe respetar el mismo proceso de información y participación.
Además, cuestionaron “la incongruencia entre la modificación que propone el proyecto y los fundamentos”, que en parte del texto expresa que «con la presente iniciativa se pretende preservar: la salud humana; el ambiente; el patrimonio de terceros; la calidad de los alimentos y otros productos del agro. Ante el cúmulo de denuncias y hechos comprobados que ponen en serio riesgo los bienes mencionados, es ineludible legislar sobre la forma en que se viene aplicando estos productos de alta toxicidad”
En los fundamentos reconocen que “son numerosos los reclamos y denuncias en Chaco referidas a las aplicaciones aéreas y terrestres sobre zonas urbanas, sobre todo como consecuencia del intensivo cultivo de soja. Los productos llamados agroquímicos, sin determinar con esta denominación la gravedad de su toxicidad, y sin importar si son productos autorizados y de uso ilegal, como actitud precautoria, el Estado Provincial debe realizar una seria evaluación de los problemas que están ocasionando en la interface agro-urbana.»

Retrocesos
Además, “la modificación que se pretende no respeta el principio de no regresión y desde la legislatura se pretendía dar tratamiento al proyecto sin respetar el derecho de información y participación ciudadana, considerando los antecedentes de la ley y que las actividades que regula tienen estrecha relación con la protección de la salud y del ambiente”.
Al respecto, se trazó un paralelismo con la Ley de Biocidas, que resultó de un proceso de debate en el que participaron organizaciones, personas afectadas y también representantes de cámaras empresariales vinculadas a la comercialización y aplicación de agroquímicos en audiencias públicas y reuniones. Como resultado se logró que se establezcan las distancias de aplicación (500 metros para las terrestres y 1500 para las áreas, desde centros urbanos, establecimientos educativos y sanitarios, reservas y fuentes o reservorios de agua)para ejercer el control social, aunque se reclamaba la restricción total.

Casos testigos y crïticas al proyecto
Una de las referentes que intervino en la jornada fue Alejandra Gómez, en representación de la Red de Salud “Ramón Carrillo”. En su alocución, detalló como casos testigos las primeras denuncias ante el Ministerio de Ambiente y la Administración Provincial de la APA, organismo que en el caso de las arroceras alegó que les era imposible realizar análisis de residuos de plaguicidas en aguas por falta de elementos. Enumeró los casos de las familias de Pampa del Indio, que debieron denunciar la fumigación cerca de sus campos con evidentes irregularidades en el cumplimiento de la Ley en cuanto a las distancias establecidas y también a los avisos previos de las aplicaciones y los plaguicidas utilizados y los casos en Charata, en las zonas urbanas, cerca de la Escuela Primaria, entre otros.
Además, recordó que las investigaciones realizadas por especialistas de la UBA, Facultad de Ciencias Exactas, revelaron la presencia de glifosato en el 56 por ciento de los sitios muestrados en comunidades Qom de Pampa del Indio.
Recordó que en “Argentina se utilizan aproximadamente 107 principios activos que están prohibidos en otros países ; varios de estos principios activos están prohibidos en los países de origen de los laboratorios que los comercializan en nuestro país”.
Y señaló que “la actividad agrícola es la única en la que se autoriza a liberar al ambiente sustancias que están diseñadas para eliminar o destruir seres vivos (venenos), si bien los fertilizantes químicos no tienen el mismo fin que los plaguicidas son también contaminantes que pueden alterar la calidad de las aguas, afectar la flora y la fauna y la salud humana”.
La intención fue exponer sobre las consecuencias que puede generar la modificación de la ley y la falta de cumplimiento a las normas ambientales y tratados internacionales de derechos humanos que establecen el derecho a la información y a la participación ciudadana en toda decisión que pueda poner en peligro la salud y el goce del derecho a un ambiente sano.

Desde la legislatura
Por su parte, la comisión de Recursos Naturales y Ambiente de la Legislatura, comunicó que se debatió el proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo Provincial. La reunión fue presidida por la diputada Teresa Cubells, con el quórum de los diputados Juan José Bergia, Roy Nikisch y Roberto Acosta quienes acordaron continuar la consulta.
Al finalizar la reunión de comisión, Cubells comentó sobre los planteos: «Escuchamos los planteos, en líneas generales coinciden en que no es conveniente la reforma de la ley de biocidas tal cual está planteada por el Poder ejecutivo , ellos dan a conocer toda la legislación vigente y todo lo que se está trabajando a nivel mundial y nacional en cuanto a los derechos y las obligaciones del estado respecto a escuchar a la ciudadanía en su conjunto, de cuáles son sus posiciones en todo lo que tiene que ver con ambiente ya que a partir de leyes vigentes y de las ultimas firmas de convenios que se hicieron en materia de ambiente, los derechos ambientales son tomados como derechos humanos».
«Por ello entendemos que son reclamos absolutamente atendibles y en consecuencia vamos a solicitar una reunión en conjunto con el poder ejecutivo para que nos explique el alcance de las reformas que propone», informó la legisladora.

El pedido
De la mayoría de quienes hicieron uso de la palabra fue de mantener el texto vigente de la ley actual y en el caso que se pretenda modificarla que se convoque a la participación ciudadana, por otra parte expresaron que esperan “que el Estado Provincial realice la «seria evaluación de los problemas que están ocasionando (los agroquímicos) en la interface agro-urbana», como expresan en el fundamento del proyecto, y que con «actitud precautoria» en principio no se avance con ninguna modificación de la ley que implique reducir el estándar de protección vigente, que, por el contrario, frente a la situación ambiental actual se legisle para garantizar mayor protección a los bienes ambientales y la salud humana, por las generaciones presentes y futuras”, sostuvieron desde la Red de Salud Ramón Carrillo.
.

Se cumplen 10 años de la Ley de glaciares: Qué se implementó y qué proyectos mineros persistieron

Fecha de Publicación: 03/10/2020
Fuente: El Cordillerano
Provincia/Región: Nacional


Actualmente, 44 proyectos mineros sobre glaciares y área periglacial están frenados por los alcances de la norma. Sin embargo, desde Greempeace advirtieronon que "aún está pendiente el cierre definitivo de los proyectos Veladero y Pascua Lama de Barrick Gold".
Desde la organización ecologista, internacional y sin fines de lucro sostuvieron que “La resistencia de las asambleas y organizaciones y la presión de la gente la mantuvo en pie, frente a los intentos de derogarla e impugnarla en la Justicia impulsados por el sector minero”.
Sin embargo, señalaron que “el incumplimiento y la falta de controles hicieron posibles los derrames tóxicos más graves de la historia minera argentina, que todavía hoy tienen como consecuencia ríos contaminados”.
En una comunicación pública, la ONG enfatizó que a 10 años de la sanción de la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Preservación de Glaciares y Ambiente Periglaciar, ambientalistas y poblaciones afectadas por los proyectos mineros siguen reclamando su plena aplicación y destacaron los alcances de la norma, a la que consideran uno d elos grandes logros ambientales de la comunidad junto con la Ley de Bosques.
Además sostuvieron que “el proceso de aprobación y vigencia de esta ley tuvo interrupciones y contramarchas por la presión del sector minero, de creciente poder en el país. Los avances y retrocesos culminaron el año pasado con la ratificación en la Corte Suprema de Justicia de la constitucionalidad y el procesamiento en la justicia de ex funcionarios de primer nivel por el incumplimiento de la ley”.
“La resistencia de las poblaciones afectadas en San Juan y la participación de la gente en todo el país para pedir que se frene la destrucción de los glaciares generaron la presión para que hoy tengamos una Ley de Glaciares”, recordó Diego Salas, director de Desarrollo de Greenpeace en Argentina. “Que hoy todavía esté pendiente el cierre de Veladero y Pascua Lama (del lago argentino), es inadmisible, pero haber detenido el avance de más de 40 emprendimientos sobre glaciares, es un logro que no puede pasar desapercibido”.
La importancia de la Ley de Glaciares reside fundamentalmente en que los preserva como reservas estratégicas de recursos hídricos, de biodiversidad, a la vez que los clasifica como “bienes de carácter público” más aún en el contexto de emergencia climática actual.
“Los intentos de embarrar la cancha en el ámbito de la Justicia, mostraron el interés concreto de empresas, como Barrick Gold, que son conscientes de haberse instalado en áreas prohibidas por la Ley de Glaciares y que están contaminando un bien esencial como el agua” señaló Enrique Viale, abogado ambientalista.
Entre otros episodios, se pueden mencionar el amparo judicial de San Juan para que no se aplique en la provincia en un primer momento, la dilación en la sanción del inventario previsto en la Ley que se aprobó recién 6 años después, y el nombramiento de un ex empleado de Barrick Gold para realizar la auditoría de Glaciares en la provincia cuyana en 2012.
En septiembre de 2015 la falta de aplicación de la Ley de Glaciares hizo posible el derrame de más de 1 millón de litros de solución cianurada que contaminó cinco ríos de San Juan, el peor desastre ambiental provocado por una minera (Barrick Gold) en nuestro país.
Por último, desde la organización internacional recordaron que cinco ex funcionarios nacionales, entre ellos tres ex secretarios de Ambiente de la Nación, irán a juicio oral en Comodoro Py por incumplir la Ley de Glaciares y permitir así este derrame; pero ningún miembro de la empresa está procesado y las aguas de los ríos continúan con altos niveles de mercurio a cinco años del derrame.
.

Medioambiente: presentan en Misiones un Proyecto de Ley de Garantía Financiera Obligatoria

Fecha de Publicación: 30/09/2020
Fuente: Misiones On Line
Provincia/Región: Misiones


La iniciativa llega la firma del diputado Julio “Chun” Barreto y tiene como objetivo obligar a empresas que realicen “actividades riesgosas para el ambiente y los ecosistemas”  contratar seguros por el daño que pudieran producir en la flora y en la fauna.
El diputado provincial del Frente Renovador Julio “Chun” Barreto presentó en la Legislatura el Proyecto de Ley de Garantía Financiera Obligatoria, una iniciativa que apunta a brindar un seguro ecológicos ante posibles daños que pudiera sufrir el medioambiente
Según el texto oficial, el objetivo de la propuesta “es constituir financieramente garantías que respondan por la reparación de un daño ambiental para quienes lo ocasionen”.
El proyecto busca que las empresas que actividades riesgosas para el ambiente y los ecosistemas, deben contratar una garantía financiera obligatoria, o seguro por daño ambiental, para garantizar el financiamiento de la recomposición del perjuicio que pudieren producir.
Asimismo, según el caso y las posibilidades, las compañías podrán integrar un fondo de restauración ambiental que posibilite la instrumentación de acciones de reparación.
En diálogo con Radio Libertad, Barreto indicó que la iniciativa tiene como objetivo cuidar el medioambiente y adelantó que de aprobarse, el control del cumplimiento estará en manos del Ministerio de Ecología y de la recientemente creada Secretaría de Estado de Cambio Climático.
“Lo que quiere la ley es que quien contamine, pague o arregle el daño”, destacó.
El funcionario reconoció que hoy el proyecto no sería aplicable y que por eso las aseguradoras van a tener que adaptarse y brindar un plan que contemple el medioambiente. “La presentación de un proyecto de ley impulsa la discusión y el rearmado de nuestra sociedad”, aclaró.
.

Sastre: la Justicia prohibió fumigar con agroquímicos dentro de los mil metros del límite urbano

Fecha de Publicación: 28/09/2020
Fuente: El Ciudadano
Provincia/Región: Santa Fe


El juez en lo Civil, Comercial y Laboral de Rafaela, Duilio Hail, resolvió hacer lugar al reclamo de los vecinos de la localidad de Sastre (departamento San Martín) y estableció un perímetro de mil metros desde el límite urbano en donde estará prohibida la aplicación de productos agroquímicos.
El fallo judicial responde a una acción de amparo colectiva a instancias de un grupo de vecinos representados por la Defensoría General de Rafaela y se funda en la prueba científica aportada a través de un informe de equipos científicos de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) que llevan adelante los llamados “campamentos sanitarios” desde el año 2010.
Los argumentos del fallo aluden al principio precautorio de la salud y el ambiente y a la tutela judicial efectiva frente a la incertidumbre que en el campo científico aún persiste en materia de daños a la salud ocasionados por los agroquímicos.
En la resolución, el magistrado destaca que “el objeto de este amparo está vinculado a la afectación del medio ambiente, con consecuencias lesivas para la salud y la vida de las personas” y, como tal, “el superior derecho a la salud y a un medio ambiente sano encuentra amplio acogimiento normativo en el plexo constitucional federal, los tratados internacionales y el artículo 19 de la Constitución provincial, que ampara la salud como derecho fundamental”.
El juez Hail aceptó como prueba científica los trabajos elaborados por el docente Damián Verzeñassi, director del Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNR, quien presentó un “riguroso informe con citas de copiosa bibliografía en la materia y elabora conclusiones en base a los llamados ‘campamentos sanitarios’ que fueron trabajos de campo in situ llevados a cabo incluso en la misma localidad de Sastre”.
El juez destacó en su fallo la existencia de enfermedades que solo pueden vincularse a la exposición a agroquímicos, el incremento de enfermedades respiratorias o manifestación de síntomas de Alzheimer o Parkinson a más corta edad.
También remarcó el aumento significativo de pérdidas de embarazos y señaló que el mayor porcentaje se corresponde con el primer trimestre de embarazo, el “período más susceptible a los impactos de agentes externos como los químicos”.
Uno de los puntos más importantes de la resolución tiene que ver con la determinación acerca de las fumigaciones como posibles causas de enfermedades o pérdidas de los embarazos. El informe presentado por el Dr. Verzeñassi remarca la “complejidad” para definir un nexo de causalidad único entre una sustancia y una determinada patología: “La acción combinada de varias sustancias químicas tiene la potencialidad de producir un efecto total más grande que el efecto de cada sustancia química por separado”.
“Incluso –sigue el documento– cuando se conocen los efectos resultantes de la combinación de dos contaminantes, la adición de una tercera variable hace que los efectos finales sean inciertos”. Allí radica la dificultad para demostrar si los productos son nocivos para la salud y el ambiente “ya que no existen trabajos científicos publicados que puedan probar esa supuesta inocuidad en contextos sinérgicos, en la vida real, por fuera de condiciones controladas de laboratorio”.

¿Y la nueva ley?
Mientras algunos distritos avanzan con políticas de restricción a los agroquímicos apoyadas en fallos judiciales, el debate legislativo por la nueva ley de fitosanitarios sigue estancado y no hay señales de que vaya a activarse en el corto plazo.
La Legislatura provincial ha estudiado en diversas ocasiones reformas a la actual ley de agroquímicos, sancionada en 1995 –un año antes de la autorización de la soja transgénica–, con el objetivo de establecer mayores límites a las fumigaciones. En tres ocasiones la Cámara de Diputados aprobó reformas en ese sentido y las tres veces terminaron cajoneadas en el Senado.
La última media sanción data de noviembre de 2019. La iniciativa de los diputados Santiago Mascheroni (UCR) y Gabriel Real (PDP) fue votada por todos los bloques políticos excepto Cambiemos. Luego fue girada al Senado, donde por falta de voluntad política nunca se llegó siquiera a estudiar en las comisiones internas.
El proyecto con media sanción establece nuevos límites a las fumigaciones terrestres y aéreas pero además divide el territorio provincial en tres zonas: rural (afectada a la producción agropecuaria en cualquiera de sus formas), suburbana (donde coexisten poblaciones en baja o regular densidad y actividades agropecuarias) y urbana (definida catastralmente como tal y en las que la densidad poblacional es alta o se encuentra en expansión).
En el capítulo que determina las sanciones se señala que habrá un plazo máximo de tres años a partir de la sanción definitiva de la ley para establecer la zonificación de la provincia y la prohibición definitiva de la aeroaplicación de agroquímicos en distancias inferiores a los 3000 metros en las zonas suburbanas y de 5000 metros en las zonas urbanas.
Durante aquel debate legislativo, el diputado del Frente Social y Popular Carlos Del Frade expuso cifras que dan cuenta del avance del negocio de los agroquímicos: “La producción sojera avanzó un 60% en superficie en el país, sin embargo el negocio del veneno ha crecido un 1000% de acuerdo a las cifras oficiales del INTA. Queda claro que el veneno es lo que más avanza para poder garantizar más rápidamente la producción, pero sin interesar los costos de ese adelantamiento. Costos que se ven en el empobrecimiento de la salud humana y del medio ambiente”.
.