Mostrando entradas con la etiqueta legislación y derecho ambiental. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta legislación y derecho ambiental. Mostrar todas las entradas
Importante procedimiento en Mendoza por tráfico de fauna
00:00 | 
Publicado por
Eco Sitio |
Rescataron animales exóticos vivos y embalsamados para la venta ilegal en Guaymallén
Fecha de Publicación: 07/02/2020
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
El Departamento de Fauna secuestró diferentes ejemplares que estaban ya preparados para ser comercializados de manera ilegal.
Animales que estaban preparados para ser comercializados de manera ilegal y muestras embalsamadas fueron rescatadas hoy en la ciudad de Guaymallén gracias a un trabajo realizado por el Departamento de Fauna a pedido de la Unidad de Investigaciones del Ministerio de Seguridad de esa provincia.
En ese sentido, la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial informó que a través del Departamento de Fauna de la Dirección de Recursos Naturales Renovables participó en un operativo conjunto con la cartera de Seguridad, en el que se logró rescatar aves silvestres y decomisar productos y subproductos de la fauna silvestre protegida.
Mediante una pesquisa llevada a cabo por personal de Investigaciones, en el lugar donde buscaban a un hombre que tiene pedido de captura -y con el que no pudieron aún dar ni trascendió su identidad- se determinó la existencia de irregularidades en materia de fauna, y luego de allanar un domicilio particular en Dorrego, Guaymallén, se determinó la existencia de aves silvestres en cautiverio sin la documentación que acreditara su origen legal.
Dentro del decomiso realizado, se secuestraron un ave pecho amarillo chico (Pseudoleistes virescens) taxidermisada; un cráneo de puma (Puma concolor); un cráneo de zorro (Lycalopex griseus); medio cuerpo de ñandú (Rhea americana) taxidermisado; un ejemplar de águila mora (Geranoaetus melanoleucus) taxidermisado y once plumeros de pluma de choique (Rhea pennata).
También un gato del pajonal (Leopardus colocolo) taxidermisado; un cuero de puma (Puma concolor), una taxidermia de carpintero real (Colaptes murinus); dos cueros de lampalagua (Boa constrictor occidentalis); un cuero de curiyú (Eunectes notaeus); dos maxilares interiores de guanaco (Lama guanicoe); dos zorzales colorados (turdus rufiventris); tres siete cuchillos (saltator aurantiirostris) y un cimarrón (Sicalis flaveola).
Además, los investigadores encontraron tres tramperos utilizados para captura de aves; 17 vizcachas (Lagostomus maximus) evisceradas congeladas; dos liebres maras (Dolichotis patagonum) evisceradas congeladas; tres liebres europeas (Lepus europaeus) evisceradas congeladas; un peludo (Chaetophractus villosus) eviscerado; un piche (Zaedyus pichiy) eviscerado y una caparazón de piche (Zaedyus pichiy), entre otros.
También se constató la existencia de armas de fuego y municiones.
.
Fecha de Publicación: 07/02/2020
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
El Departamento de Fauna secuestró diferentes ejemplares que estaban ya preparados para ser comercializados de manera ilegal.
Animales que estaban preparados para ser comercializados de manera ilegal y muestras embalsamadas fueron rescatadas hoy en la ciudad de Guaymallén gracias a un trabajo realizado por el Departamento de Fauna a pedido de la Unidad de Investigaciones del Ministerio de Seguridad de esa provincia.
En ese sentido, la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial informó que a través del Departamento de Fauna de la Dirección de Recursos Naturales Renovables participó en un operativo conjunto con la cartera de Seguridad, en el que se logró rescatar aves silvestres y decomisar productos y subproductos de la fauna silvestre protegida.
Mediante una pesquisa llevada a cabo por personal de Investigaciones, en el lugar donde buscaban a un hombre que tiene pedido de captura -y con el que no pudieron aún dar ni trascendió su identidad- se determinó la existencia de irregularidades en materia de fauna, y luego de allanar un domicilio particular en Dorrego, Guaymallén, se determinó la existencia de aves silvestres en cautiverio sin la documentación que acreditara su origen legal.
Dentro del decomiso realizado, se secuestraron un ave pecho amarillo chico (Pseudoleistes virescens) taxidermisada; un cráneo de puma (Puma concolor); un cráneo de zorro (Lycalopex griseus); medio cuerpo de ñandú (Rhea americana) taxidermisado; un ejemplar de águila mora (Geranoaetus melanoleucus) taxidermisado y once plumeros de pluma de choique (Rhea pennata).
También un gato del pajonal (Leopardus colocolo) taxidermisado; un cuero de puma (Puma concolor), una taxidermia de carpintero real (Colaptes murinus); dos cueros de lampalagua (Boa constrictor occidentalis); un cuero de curiyú (Eunectes notaeus); dos maxilares interiores de guanaco (Lama guanicoe); dos zorzales colorados (turdus rufiventris); tres siete cuchillos (saltator aurantiirostris) y un cimarrón (Sicalis flaveola).
Además, los investigadores encontraron tres tramperos utilizados para captura de aves; 17 vizcachas (Lagostomus maximus) evisceradas congeladas; dos liebres maras (Dolichotis patagonum) evisceradas congeladas; tres liebres europeas (Lepus europaeus) evisceradas congeladas; un peludo (Chaetophractus villosus) eviscerado; un piche (Zaedyus pichiy) eviscerado y una caparazón de piche (Zaedyus pichiy), entre otros.
También se constató la existencia de armas de fuego y municiones.
.
Etiquetas:
Alertan sobre nueva normariva de la CARU
Las nuevas normas de la CARU permiten que se pueda contaminar más que nunca en la historia
Fecha de Publicación: 06/02/2020
Fuente: El Argentino
Provincia/Región: Nacional
Hoy se celebra en todo el planeta el Día Mundial de los Humedales, porque se recuerda la firma del Convenio sobre los Humedales en la ciudad de Ramsar, Irán, realizado el 2 de febrero de 1971. Se trata del primer convenio a escala planetaria relativo a la conservación y el uso racional de los humedales.
La importancia de los humedales reside en que son ecosistemas con gran diversidad biológica, reguladores del ciclo del agua y del clima, generadores de recursos hídricos para abastecimiento de agua dulce, entre otras bondades indispensables para el milagro de la vida.
Lamentablemente, en un día como hoy, EL ARGENTINO publica una de las mayores entregas ambientales que se hicieron en la historia de la región y que fue protagonizada por el gobierno nacional de Mauricio Macri y especialmente por la delegación argentina ante la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) a cargo de Héctor Mauro Vazón.
La delegación argentina ante la CARU, presidida por Héctor Mauro Vazón (Cambiemos), junto a sus pares uruguayos aprobaron el 5 de diciembre del año pasado (a tan sólo cinco días de dejar la gestión) sensibles modificaciones al Digesto sobre el uso y aprovechamiento del río Uruguay, que regula, entre otros aspectos técnicos, los estándares permitidos en los volcados de efluentes industriales.
El ingeniero Hernán Darío Orduna (ex presidente de la delegación argentina ante la CARU), realizó un trabajo comparativo entre las exigencias que había antes de estas modificaciones y los irresponsables parámetros que dejó la administración de Cambiemos, que torna al río en tierra arrasada.
Algunos ejemplos
Tomando como base el informe elaborado por Orduna, claramente se observan cómo se ha deteriorado los estándares en la calidad de las aguas y en materia ambiental vinculada al río Uruguay.
* Fósforo total: se pasó de 0,025 mg/L a los actuales 5 mg/L. Es decir, se permite 200 veces más.
* Temperatura: Parámetro anterior, se debía respetar la media anual de las aguas del río Uruguay que promedian los 19,9° C. Con el nuevo cambio se admiten 45° C; es decir, se amplía como mínimo 2,26 veces.
* Cromo total: antes era de 10 µg/L = 0,010 mg/L. El nuevo estándar es de 1 mg/L. Es decir, cien veces más.
* Mercurio: antes era de 0,2 µg/L = 0,0002 mg/L. El nuevo parámetro es de 0,005 mg/L; es decir, 25 veces.
* Plomo: antes era de 7 µg/L = 0,007 mg/L. El nuevo parámetro es de 0,3 mg/L. Es decir, 42,85 veces.
* Las SAAM (Sustancias Activas al Azul de Metileno) las (equivale a detergentes): antes el máximo era de 1 mg/L. Ahora es de 4 mg /L. Se tolera un vertido de cuatro veces más.
* Nitrato + nitrito: se pasó de un máximo de 5 mg N/L a 20 mg N/L: Es decir, ahora se tolera un vertido cuatro veces más que antes.
UPM Botnia sin control ni monitoreo
Con respecto al plan específico de monitoreo de la planta de UPM (ex Botnia), el trabajo comparativo elaborado por Orduna, refleja claramente que la administración de Mauricio Macri entregó la lucha ambiental a los mejores intereses de la pastera; además de generar una anarquía que torna imposible controlar el funcionamiento de esa planta.
Orduna recordó que este Plan Específico de Monitoreo fue acordado entre Argentina y Uruguay el 14 de noviembre de 2010 en cumplimiento de la sentencia de la Corte
Internacional de Justicia del 20 de abril de 2010 en el caso de las plantas de celulosa en el río Uruguay, Argentina contra Uruguay, que ordenó el Monitoreo continuo de la planta de UPM (ex Botnia) por parte de la CARU. Además, obligó a las intervenciones de los presidentes de entonces Cristina Fernández de Kirchner y José Mujica, en Anchorena (ROU) el 2 de junio de 2010 donde acordaron un plan para la planta de UPM (ex Botnia) conforme a lo establecido en dicha sentencia, y, nuevamente, en Olivos el 28 de julio de 2010. Luego de lo cual se establecieron las directivas en el Acuerdo por Canje de Notas del 30 de agosto de 2010, que incluyeron -entre otros-, el Plan de Monitoreo de la Planta de UPM (ex Botnia); y el Acuerdo del 14 de noviembre de 2010, por el que el Comité Científico de la CARU adoptó el Plan Específico continuo de la Planta Orión (UPM ex Botnia), lo cual fue rubricado por los cancilleres de ambos países en la reunión que mantuvieron en dicha fecha en Montevideo.
Dentro de la planta de UPM, se debía hacer lo siguiente:
1) Seguimiento dentro de la planta de condiciones de efluentes para todos los parámetros CARU, normativa ROU y los que el Comité Científico sugiera a ser incorporados. A partir de los cambios del 5 de diciembre, la normativa CARU 28/19 no los incluye.
2) Mediciones continuas: temperatura, pH, turbidez, Conductividad, fenoles, DQO, DBO. Los cambios impulsados por Vazón ahora no los incluye.
3) Seguimiento de los caudales de efluente que se evacuan al río Uruguay. Medición continua del caudal antes del vuelco y en canaleta Parshall. Ahora no los incluye.
4) Seguimiento dentro del predio de la Planta de las condiciones de calidad de aire que habiliten interpretar aportes de emisiones gaseosas al medio acuático del río Uruguay. Datos de emisión continua en chimenea: MP, NOx, S02, CO, TRS, caudal, temperatura y otros datos disponibles con menor frecuencia (por ejemplo, VOCs, dioxinas y furanos), accesibles a través de DINAMA. Medición “in situ” (mediante cromatógrafo portátil como actividad experimental complementaria): H2S, VOCs, mercaptanos. La nueva normativa CARU 28/19 impulsada por Vazón cinco días antes de dejar la gestión, no las incluye.
También la gestión de Cambiemos en la CARU cinco días antes de asumir el nuevo gobierno nacional, de manera irresponsable dejó de incluir el monitoreo en el río Uruguay y en la zona de influencia de la Planta Orion (UPM-ex Botnia).
Así, la resolución 28/19 de la CARU no incluye más el seguimiento del nivel de calidad de aguas del río Uruguay para parámetros establecidos en el Digesto CARU.
Del mismo modo, tampoco incluye los muestreos mensuales de aguas y trimestrales de sedimentos, bentos (bivalvos) y peces en 35 estaciones en base al Digesto y el PROCON.
Tampoco incluye la determinación de la diversidad-abundancia de plancton, biomarcadores de efecto y exposición y persistentes-huella química como actividad experimental complementaria.
La resolución 28/19 de la CARU tampoco incluye (como era antes) el seguimiento de las condiciones hidrodinámicas existentes en el río Uruguay. Midiendo corrientes con perfiladores acústicos Doppler.
Dejó también de realizar el seguimiento de otras matrices ambientales además de aguas no cubiertas de momento por normativa CARU. Ni la instalación como actividad experimental de 12 boyas integradoras con almejas acumuladoras activas o centinelas (exposición/efecto) y trampas de sedimento (flujo vertical). Tampoco incluye el muestreo mensual, ni el seguimiento fuera del predio de la pastera de las condiciones de calidad de aire para interpretar los aportes gaseosos al río Uruguay.
Otra mirada, misma conclusión
El abogado Jorge Daneri, especialista en Derecho Ambiental, publicó en el portal Era Verde, una extensa reflexión sobre cómo se avanzó ilegal e inconstitucionalmente con la modificación del Digesto del río Uruguay.
A continuación, sus aportes más específicos.
“La nueva norma no solo modifica el Digesto, sino que avanza trastocando el contenido jurídico técnico originario, es decir, el Tratado del Río Uruguay y su Estatuto. Este abuso de derecho se advierte en la modificación del principio de preservación del río y la calidad de sus aguas. Avanza sobre definiciones renovadas y retrógradas, algo que en el derecho ambiental nacional e internacional no se puede hacer. Se agravia impunemente el principio de no regresión, como también los de sustentabilidad y progresividad en la aplicación y cumplimiento gradual de normas más rigurosas. La nueva norma expone precisamente todo lo contrario, un retroceso adaptativo a un delicado escenario contaminado del río en su conjunto, conforme recientes informes científicos de monitoreo de la propia CARU”, resaltó Daneri.
“Los hechos aquí narrados suceden, en parte, porque se ha negado la intervención previa y competente, como política, de la provincia de Entre Ríos en su Secretaría de Ambiente, como muy probablemente del área de política ambiental nacional. Podemos afirmar que se modifica un norma jurídica regional entre dos naciones, con efectos sociales y ambientales incalculables en sus impactos concretos y acumulativos, sin el desarrollo del proceso de estudios de impacto ambiental y sus evaluaciones por los dos países, de ninguna naturaleza, sin audiencias públicas, sin acceso a información pública previa, violando las competencias y atribuciones constitucionales de la Provincia más afectada y del propio Estado Nacional que no participa integrado al proceso de debate y modificación a través del área relevante por sus competencias, es decir, el área ambiental, sin dejar de expresar que las provincias de Corrientes y Misiones deberían también expresarse de manera previa a semejante modificaciones”, reflexiona Daneri.
Vulnerados
La siguiente es una nómina de las normas jurídicas internacionales y nacionales que observó Daneri como las más relevantes, negadas y vulneradas:
* Se ignoran párrafos relevantes del fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya en el caso de las plantas de celulosa sobre la cuenca del río Uruguay.
* Se violan los principios de no regresión, progresividad y gradualismo y de sustentabilidad determinado en una enorme diversidad de normas ambientales nacionales, provinciales e internacionales no solo ambientales.
* Se vulnera la Ley General del Ambiente por falta de evaluación de impacto ambiental y violación de los principios antes expuestos.
* Se viola el Artículo 85° de la Constitución de Entre Ríos que convoca a la protección especial del sistema de humedales y sus ecosistemas asociados.
* De igual manera, se viola la denominada Ley de Libertad de los Ríos que en su Artículo 4º establece la obligatoriedad de la aprobación de los estudios, investigaciones, etcétera, sobre el bien natural de nuestros ríos y sus selvas en galería y montes, por la Legislatura de la Provincia.
* Se va a contramano del Fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, en el caso denominado “Amarras”, en donde se pone en pleno valor y aplicación a la Ley de Área Natural Protegida de los humedales del Centro Sur del río Uruguay y su confluencia con el Paraná en Entre Ríos.
* Se viola la reciente Ley de Áreas Naturales Protegidas Nº 10.735, Parque del Río Uruguay, en las islas del Departamento Colón.
* Se viola la Convención de Diversidad Biológica que expresamente regula el principio de no regresión.
* También se pone en crisis con estas normas permisivas de mayor contaminación el área natural protegida – Sitio RAMSAR de protección de humedales existente en parte del patrimonio ecológico del país hermano: Parque Nacional Esteros de Farrapos e Islas del río Uruguay.
Necesidad urgente
El abogado Jorge Daneri recomienda que las organizaciones socio ambientales, ecologistas, defensoras de los derechos humanos, entre otras, deberían solicitar la inmediata intervención de la Auditoría General de la Nación y la Institución del Defensor del Pueblo como de la Oficina Anticorrupción, a los efectos de que tomen el presente en sus agendas urgentes, pues las consecuencias sobre los bienes naturales y las comunidades en toda la cuenca no solo inferior del río, pueden ser demasiado graves para que no se determinen responsabilidades.
Del mismo modo la Legislatura de Entre Ríos debería alzar su voz ante este visible atropello en su territorio.
El río Uruguay requiere hoy más que nunca de una mayor protección, por la gigantesca irresponsabilidad de la gestión de Cambiemos que ha dejado a esta región en total indefensión para acceder a una mejor calidad de vida.
El trabajo comparativo que realizó Orduna y al que accedió EL ARGENTINO es extenso, científico y no deja ninguna duda: la gestión de Cambiemos en la CARU ha sido una de las peores de la historia en la cuenca del río Uruguay en materia ambiental; renuncia a controles establecidos en su momento por el Digesto y amplía las condiciones para que empresas como UPM-Botnia hagan del río un basurero a cielo abierto.
.
Fecha de Publicación: 06/02/2020
Fuente: El Argentino
Provincia/Región: Nacional
Hoy se celebra en todo el planeta el Día Mundial de los Humedales, porque se recuerda la firma del Convenio sobre los Humedales en la ciudad de Ramsar, Irán, realizado el 2 de febrero de 1971. Se trata del primer convenio a escala planetaria relativo a la conservación y el uso racional de los humedales.
La importancia de los humedales reside en que son ecosistemas con gran diversidad biológica, reguladores del ciclo del agua y del clima, generadores de recursos hídricos para abastecimiento de agua dulce, entre otras bondades indispensables para el milagro de la vida.
Lamentablemente, en un día como hoy, EL ARGENTINO publica una de las mayores entregas ambientales que se hicieron en la historia de la región y que fue protagonizada por el gobierno nacional de Mauricio Macri y especialmente por la delegación argentina ante la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) a cargo de Héctor Mauro Vazón.
La delegación argentina ante la CARU, presidida por Héctor Mauro Vazón (Cambiemos), junto a sus pares uruguayos aprobaron el 5 de diciembre del año pasado (a tan sólo cinco días de dejar la gestión) sensibles modificaciones al Digesto sobre el uso y aprovechamiento del río Uruguay, que regula, entre otros aspectos técnicos, los estándares permitidos en los volcados de efluentes industriales.
El ingeniero Hernán Darío Orduna (ex presidente de la delegación argentina ante la CARU), realizó un trabajo comparativo entre las exigencias que había antes de estas modificaciones y los irresponsables parámetros que dejó la administración de Cambiemos, que torna al río en tierra arrasada.
Algunos ejemplos
Tomando como base el informe elaborado por Orduna, claramente se observan cómo se ha deteriorado los estándares en la calidad de las aguas y en materia ambiental vinculada al río Uruguay.
* Fósforo total: se pasó de 0,025 mg/L a los actuales 5 mg/L. Es decir, se permite 200 veces más.
* Temperatura: Parámetro anterior, se debía respetar la media anual de las aguas del río Uruguay que promedian los 19,9° C. Con el nuevo cambio se admiten 45° C; es decir, se amplía como mínimo 2,26 veces.
* Cromo total: antes era de 10 µg/L = 0,010 mg/L. El nuevo estándar es de 1 mg/L. Es decir, cien veces más.
* Mercurio: antes era de 0,2 µg/L = 0,0002 mg/L. El nuevo parámetro es de 0,005 mg/L; es decir, 25 veces.
* Plomo: antes era de 7 µg/L = 0,007 mg/L. El nuevo parámetro es de 0,3 mg/L. Es decir, 42,85 veces.
* Las SAAM (Sustancias Activas al Azul de Metileno) las (equivale a detergentes): antes el máximo era de 1 mg/L. Ahora es de 4 mg /L. Se tolera un vertido de cuatro veces más.
* Nitrato + nitrito: se pasó de un máximo de 5 mg N/L a 20 mg N/L: Es decir, ahora se tolera un vertido cuatro veces más que antes.
UPM Botnia sin control ni monitoreo
Con respecto al plan específico de monitoreo de la planta de UPM (ex Botnia), el trabajo comparativo elaborado por Orduna, refleja claramente que la administración de Mauricio Macri entregó la lucha ambiental a los mejores intereses de la pastera; además de generar una anarquía que torna imposible controlar el funcionamiento de esa planta.
Orduna recordó que este Plan Específico de Monitoreo fue acordado entre Argentina y Uruguay el 14 de noviembre de 2010 en cumplimiento de la sentencia de la Corte
Internacional de Justicia del 20 de abril de 2010 en el caso de las plantas de celulosa en el río Uruguay, Argentina contra Uruguay, que ordenó el Monitoreo continuo de la planta de UPM (ex Botnia) por parte de la CARU. Además, obligó a las intervenciones de los presidentes de entonces Cristina Fernández de Kirchner y José Mujica, en Anchorena (ROU) el 2 de junio de 2010 donde acordaron un plan para la planta de UPM (ex Botnia) conforme a lo establecido en dicha sentencia, y, nuevamente, en Olivos el 28 de julio de 2010. Luego de lo cual se establecieron las directivas en el Acuerdo por Canje de Notas del 30 de agosto de 2010, que incluyeron -entre otros-, el Plan de Monitoreo de la Planta de UPM (ex Botnia); y el Acuerdo del 14 de noviembre de 2010, por el que el Comité Científico de la CARU adoptó el Plan Específico continuo de la Planta Orión (UPM ex Botnia), lo cual fue rubricado por los cancilleres de ambos países en la reunión que mantuvieron en dicha fecha en Montevideo.
Dentro de la planta de UPM, se debía hacer lo siguiente:
1) Seguimiento dentro de la planta de condiciones de efluentes para todos los parámetros CARU, normativa ROU y los que el Comité Científico sugiera a ser incorporados. A partir de los cambios del 5 de diciembre, la normativa CARU 28/19 no los incluye.
2) Mediciones continuas: temperatura, pH, turbidez, Conductividad, fenoles, DQO, DBO. Los cambios impulsados por Vazón ahora no los incluye.
3) Seguimiento de los caudales de efluente que se evacuan al río Uruguay. Medición continua del caudal antes del vuelco y en canaleta Parshall. Ahora no los incluye.
4) Seguimiento dentro del predio de la Planta de las condiciones de calidad de aire que habiliten interpretar aportes de emisiones gaseosas al medio acuático del río Uruguay. Datos de emisión continua en chimenea: MP, NOx, S02, CO, TRS, caudal, temperatura y otros datos disponibles con menor frecuencia (por ejemplo, VOCs, dioxinas y furanos), accesibles a través de DINAMA. Medición “in situ” (mediante cromatógrafo portátil como actividad experimental complementaria): H2S, VOCs, mercaptanos. La nueva normativa CARU 28/19 impulsada por Vazón cinco días antes de dejar la gestión, no las incluye.
También la gestión de Cambiemos en la CARU cinco días antes de asumir el nuevo gobierno nacional, de manera irresponsable dejó de incluir el monitoreo en el río Uruguay y en la zona de influencia de la Planta Orion (UPM-ex Botnia).
Así, la resolución 28/19 de la CARU no incluye más el seguimiento del nivel de calidad de aguas del río Uruguay para parámetros establecidos en el Digesto CARU.
Del mismo modo, tampoco incluye los muestreos mensuales de aguas y trimestrales de sedimentos, bentos (bivalvos) y peces en 35 estaciones en base al Digesto y el PROCON.
Tampoco incluye la determinación de la diversidad-abundancia de plancton, biomarcadores de efecto y exposición y persistentes-huella química como actividad experimental complementaria.
La resolución 28/19 de la CARU tampoco incluye (como era antes) el seguimiento de las condiciones hidrodinámicas existentes en el río Uruguay. Midiendo corrientes con perfiladores acústicos Doppler.
Dejó también de realizar el seguimiento de otras matrices ambientales además de aguas no cubiertas de momento por normativa CARU. Ni la instalación como actividad experimental de 12 boyas integradoras con almejas acumuladoras activas o centinelas (exposición/efecto) y trampas de sedimento (flujo vertical). Tampoco incluye el muestreo mensual, ni el seguimiento fuera del predio de la pastera de las condiciones de calidad de aire para interpretar los aportes gaseosos al río Uruguay.
Otra mirada, misma conclusión
El abogado Jorge Daneri, especialista en Derecho Ambiental, publicó en el portal Era Verde, una extensa reflexión sobre cómo se avanzó ilegal e inconstitucionalmente con la modificación del Digesto del río Uruguay.
A continuación, sus aportes más específicos.
“La nueva norma no solo modifica el Digesto, sino que avanza trastocando el contenido jurídico técnico originario, es decir, el Tratado del Río Uruguay y su Estatuto. Este abuso de derecho se advierte en la modificación del principio de preservación del río y la calidad de sus aguas. Avanza sobre definiciones renovadas y retrógradas, algo que en el derecho ambiental nacional e internacional no se puede hacer. Se agravia impunemente el principio de no regresión, como también los de sustentabilidad y progresividad en la aplicación y cumplimiento gradual de normas más rigurosas. La nueva norma expone precisamente todo lo contrario, un retroceso adaptativo a un delicado escenario contaminado del río en su conjunto, conforme recientes informes científicos de monitoreo de la propia CARU”, resaltó Daneri.
“Los hechos aquí narrados suceden, en parte, porque se ha negado la intervención previa y competente, como política, de la provincia de Entre Ríos en su Secretaría de Ambiente, como muy probablemente del área de política ambiental nacional. Podemos afirmar que se modifica un norma jurídica regional entre dos naciones, con efectos sociales y ambientales incalculables en sus impactos concretos y acumulativos, sin el desarrollo del proceso de estudios de impacto ambiental y sus evaluaciones por los dos países, de ninguna naturaleza, sin audiencias públicas, sin acceso a información pública previa, violando las competencias y atribuciones constitucionales de la Provincia más afectada y del propio Estado Nacional que no participa integrado al proceso de debate y modificación a través del área relevante por sus competencias, es decir, el área ambiental, sin dejar de expresar que las provincias de Corrientes y Misiones deberían también expresarse de manera previa a semejante modificaciones”, reflexiona Daneri.
Vulnerados
La siguiente es una nómina de las normas jurídicas internacionales y nacionales que observó Daneri como las más relevantes, negadas y vulneradas:
* Se ignoran párrafos relevantes del fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya en el caso de las plantas de celulosa sobre la cuenca del río Uruguay.
* Se violan los principios de no regresión, progresividad y gradualismo y de sustentabilidad determinado en una enorme diversidad de normas ambientales nacionales, provinciales e internacionales no solo ambientales.
* Se vulnera la Ley General del Ambiente por falta de evaluación de impacto ambiental y violación de los principios antes expuestos.
* Se viola el Artículo 85° de la Constitución de Entre Ríos que convoca a la protección especial del sistema de humedales y sus ecosistemas asociados.
* De igual manera, se viola la denominada Ley de Libertad de los Ríos que en su Artículo 4º establece la obligatoriedad de la aprobación de los estudios, investigaciones, etcétera, sobre el bien natural de nuestros ríos y sus selvas en galería y montes, por la Legislatura de la Provincia.
* Se va a contramano del Fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, en el caso denominado “Amarras”, en donde se pone en pleno valor y aplicación a la Ley de Área Natural Protegida de los humedales del Centro Sur del río Uruguay y su confluencia con el Paraná en Entre Ríos.
* Se viola la reciente Ley de Áreas Naturales Protegidas Nº 10.735, Parque del Río Uruguay, en las islas del Departamento Colón.
* Se viola la Convención de Diversidad Biológica que expresamente regula el principio de no regresión.
* También se pone en crisis con estas normas permisivas de mayor contaminación el área natural protegida – Sitio RAMSAR de protección de humedales existente en parte del patrimonio ecológico del país hermano: Parque Nacional Esteros de Farrapos e Islas del río Uruguay.
Necesidad urgente
El abogado Jorge Daneri recomienda que las organizaciones socio ambientales, ecologistas, defensoras de los derechos humanos, entre otras, deberían solicitar la inmediata intervención de la Auditoría General de la Nación y la Institución del Defensor del Pueblo como de la Oficina Anticorrupción, a los efectos de que tomen el presente en sus agendas urgentes, pues las consecuencias sobre los bienes naturales y las comunidades en toda la cuenca no solo inferior del río, pueden ser demasiado graves para que no se determinen responsabilidades.
Del mismo modo la Legislatura de Entre Ríos debería alzar su voz ante este visible atropello en su territorio.
El río Uruguay requiere hoy más que nunca de una mayor protección, por la gigantesca irresponsabilidad de la gestión de Cambiemos que ha dejado a esta región en total indefensión para acceder a una mejor calidad de vida.
El trabajo comparativo que realizó Orduna y al que accedió EL ARGENTINO es extenso, científico y no deja ninguna duda: la gestión de Cambiemos en la CARU ha sido una de las peores de la historia en la cuenca del río Uruguay en materia ambiental; renuncia a controles establecidos en su momento por el Digesto y amplía las condiciones para que empresas como UPM-Botnia hagan del río un basurero a cielo abierto.
.
Denuncian nuevos desmontes en el Chaco
Greenpeace denuncia nuevos desmontes en El Impenetrable Chaqueño
Fecha de Publicación: 05/02/2020
Fuente: Chaco On Line
Provincia/Región: Chaco
Greenpeace denuncia el desmonte en 6 fincas por parte de 7 topadoras, en un sobrevuelo por El Impenetrable Chaqueño. Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de la organización ambientalista, sostiene que es muy preocupante que pese al cambio de gobierno, en Chaco continúan los desmontes.
La organización ecologista recorrió por aire El Impenetrable chaqueño y detectó 7 topadoras desmontando en 6 fincas. Greenpeace advirtió que la deforestación acelera el cambio climático y aumenta el riesgo de inundaciones.
Tres de los desmontes se están realizando a pocos kilómetros del Parque Nacional Copo, del Parque Provincial Loro Hablador y de la Reserva Provincial La Pirámide. Los otros tres desmontes se encuentran aproximadamente a 50, 70 y 100 kilómetros de Juan José Castelli, respectivamente.
“Es muy preocupante que, a pesar del cambio de gobierno, en Chaco continúa la epidemia de desmontes. La deforestación acelera el cambio climático y nos vuelve más vulnerables al aumento e intensidad de las precipitaciones, lo que provoca cada vez más inundaciones, como las que sufrió la provincia de Chaco el año pasado. Una hectárea con pasturas para ganadería intensiva absorbe tres veces menos lluvia que una hectárea con bosque chaqueño”, advirtió Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.
Chaco es la provincia con más deforestación de los últimos cuatro años (130.177 hectáreas) y ya perdió cerca de 2 millones de hectáreas de bosques de su territorio.
La conservación de bosques juega un rol clave en la mitigación del cambio climático. Los sectores Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Otros Usos de la Tierra representan el 39% de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero del país.
"El gobernador de la provincia de Chaco, Jorge Capitanich, presentó la semana pasada el Plan Ganadero 2020-2030, el cual tiene como objetivo aumentar considerablemente el actual stock, pasando de 2,6 millones a 3,2 millones las cabezas de ganado, desarrollar frigoríficos exportadores, y alcanzar las 500 mil hectáreas de pasturas", plantea Greenpeace.
“El Plan Ganadero de Chaco va a contramano de la actual crisis climática y de biodiversidad, ya que promoverá un aumento de la deforestación y la fragmentación de sus bosques. El año pasado el pueblo chaqueño se movilizó masivamente en defensa del monte. El gobierno debe escuchar a la gente. No podemos perder ni una hectárea más”, sentenció Giardini.
.
Fecha de Publicación: 05/02/2020
Fuente: Chaco On Line
Provincia/Región: Chaco
Greenpeace denuncia el desmonte en 6 fincas por parte de 7 topadoras, en un sobrevuelo por El Impenetrable Chaqueño. Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de la organización ambientalista, sostiene que es muy preocupante que pese al cambio de gobierno, en Chaco continúan los desmontes.
La organización ecologista recorrió por aire El Impenetrable chaqueño y detectó 7 topadoras desmontando en 6 fincas. Greenpeace advirtió que la deforestación acelera el cambio climático y aumenta el riesgo de inundaciones.
Tres de los desmontes se están realizando a pocos kilómetros del Parque Nacional Copo, del Parque Provincial Loro Hablador y de la Reserva Provincial La Pirámide. Los otros tres desmontes se encuentran aproximadamente a 50, 70 y 100 kilómetros de Juan José Castelli, respectivamente.
“Es muy preocupante que, a pesar del cambio de gobierno, en Chaco continúa la epidemia de desmontes. La deforestación acelera el cambio climático y nos vuelve más vulnerables al aumento e intensidad de las precipitaciones, lo que provoca cada vez más inundaciones, como las que sufrió la provincia de Chaco el año pasado. Una hectárea con pasturas para ganadería intensiva absorbe tres veces menos lluvia que una hectárea con bosque chaqueño”, advirtió Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.
Chaco es la provincia con más deforestación de los últimos cuatro años (130.177 hectáreas) y ya perdió cerca de 2 millones de hectáreas de bosques de su territorio.
La conservación de bosques juega un rol clave en la mitigación del cambio climático. Los sectores Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Otros Usos de la Tierra representan el 39% de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero del país.
"El gobernador de la provincia de Chaco, Jorge Capitanich, presentó la semana pasada el Plan Ganadero 2020-2030, el cual tiene como objetivo aumentar considerablemente el actual stock, pasando de 2,6 millones a 3,2 millones las cabezas de ganado, desarrollar frigoríficos exportadores, y alcanzar las 500 mil hectáreas de pasturas", plantea Greenpeace.
“El Plan Ganadero de Chaco va a contramano de la actual crisis climática y de biodiversidad, ya que promoverá un aumento de la deforestación y la fragmentación de sus bosques. El año pasado el pueblo chaqueño se movilizó masivamente en defensa del monte. El gobierno debe escuchar a la gente. No podemos perder ni una hectárea más”, sentenció Giardini.
.
Represa Portezuelo suma provincias en contra de Mendoza
La Pampa apura en la Justicia y suma aliados contra Portezuelo
Fecha de Publicación: 03/02/2020
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza- La Pampa
El gobernador Ziliotto (PJ) amplió la demanda contra la represa argumentando que el caudal del río Colorado ha caído.
En 48 horas, La Pampa generó dos movimientos para resistir la construcción del dique Portezuelo del Viento. Por un lado, la ampliación de la demanda contra Mendoza y la Nación, por el otro sumó una aliada contra la represa: la gobernadora de Río Negro Arabela Carreras.
La histórica pelea por las aguas del río Atuel sumó otra. Es que la presa Portezuelo del Viento se asentará sobre las aguas del río Grande, en Malargüe, afluente del Colorado.
Conocido el depósito de U$S 13.915.837 millones ocurrido el martes pasado, La Pampa se fue a la Corte Suprema de la Nación. La vecina provincia ya tiene una demanda contra Portezuelo del Viento, en la que pide no iniciar las obras hasta tanto se realicen los estudios de impacto ambiental aguas abajo de la presa. Ahora el gobernador Sergio Ziliotto presentó un escrito en el que alerta sobre la baja en el caudal del río Colorado.
Según el gobierno pampeano, entre el año 2010 al año 2019 se registró una merma en el caudal del río del orden del 30%, que se agrava en 2020, ya que el curso fluvial tendrá casi la mitad de su caudal histórico de la cuenca. Además advierten que este año se agotarán las reservas del embalse Casa de Piedra y que el caudal es muy bajo para poder mantener las dotaciones de riego de los últimos años.
La demanda se inició en julio del año pasado, cuando La Pampa reclamó que no se iniciaran las obras hasta no realizar una evaluación de impacto ambiental sobre toda la cuenca del río Colorado, y que ese estudio sea aprobado por el Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (Coirco), del que participan las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Mendoza, Neuquén y Río Negro.
Otros tiempos
En el seno del mismo Coirco se discutió antes la construcción de la obra. El comité no pudo definir porque se requiere unanimidad. La única provincia que se opuso fue La Pampa. Entonces Macri emitió su “laudo” favorable a la obra y el entonces gobernador pampeano Carlos Verna, fue a la Corte y el máximo tribunal validó la decisión de Macri.
Eso fue hace dos años. Mendoza y Provincia de Buenos Aires eran gobernadas por aliados políticos de Cambiemos, Alfredo Cornejo y María Eugenia Vidal respectivamente. El Gobierno nacional era encabezado por Macri. En Río Negro gobernaba Alberto Weretilnek, un peronista que solía tener gestos hacia la Casa Rosada; en Neuquén sigue Omar Gutiérrez, quien también mantenía buen diálogo con Macri y ahora lo tiene con Alberto Fernández.
No importa quién gobierne en La Pampa, todos apuntan los cañones a Mendoza por el río Atuel y ahora también por Portezuelo. El actual gobernador es el peronista Ziliotto y mantiene la tradición de enfrentamiento con Mendoza.
En Río Negro está Arabela Carreras. Fue funcionaria de Weretilnek, y ahora está en sintonía con el presidente Fernández. El miércoles, Carreras se reunió con el pampeano Ziliotto en la rivera del Río Colorado, cauce que separa a ambas provincias (en el ya mencionado dique Casa de Piedra).
Allí ambos comunicaron que quieren que se haga una evaluación de impacto ambiental aguas abajo de la represa, para conocer los efectos de la obra en La Pampa, Río Negro, Neuquén y Buenos Aires. El compromiso es el mismo que pide Ziliotto a la Corte.
A través de su cuenta de Twitter, el ex gobernador Carlos Verna -quien inició la demanda el año pasado- dijo que “esa fue siempre la posición de La Pampa: Bienvenida Río Negro a esta posición”.
En declaraciones a la prensa local, Ziliotto aseveró que la obra es “técnica e hidráulicamente inviable”, y cuestionó que en Mendoza “están vendiendo que pueden generar 250 megas de potencia, algo imposible en base a la realidad del río, y hay que mirar su comportamiento en los últimos 100 años para entenderlo”.
¿Ziliotto logrará sumar a su cruzada contra Portezuelo a Neuquén y a Buenos Aires? Es una pregunta pertinente, teniendo en cuenta que las correlaciones de fuerzas son distintas. Hoy Buenos Aires lo gobierna Axel Kicillof. Neuquén no se peleará con la Rosada.
Obra nacida del acuerdo Cobos y Kirchner
El martes el Gobierno nacional depositó casi 14 millones de dólares de la segunda cuota de un plan de pago que concluye en 2024, cuando se completen 1.123 millones de dólares para la obra. El monto y el destino nace de un acuerdo firmado por la Nación con Mendoza en 2005, cuando Julio Cobos y Néstor Kirchner cerraron la disputa por el resarcimiento a nuestra provincia por los efectos de la promoción industrial. En ese acuerdo, se indicaba que el dinero era para construir Portezuelo. Ese espíritu se mantuvo en el compromiso firmado por Macri con Cornejo.
¿Se puede echar atrás ese acuerdo? ¿Se puede cambiar el destino de los fondos? Mendoza quiere Portezuelo. La Pampa no porque asegura que pasará con el Colorado lo que ya pasó con el Atuel.
Claves
La obra es financiada por la Nación, a través de la emisión de Letras del Tesoro, según resolución 57/2019 de las secretarías de Hacienda y Finanzas durante la gestión de Mauricio Macri.
En octubre de 2019 Mendoza recibió U$S 6,9 millones; en 2020 serán U$S 78,6 millones (los primeros U$S14 millones del año llegaron el martes pasado); en el 2021, U$S 232,8 millones; en 2022, U$S 210,9 millones; en el 2023 serán U$S 447,9 millones; y en el 2024 serán U$S 45,2 millones.
La obra incluye la represa sobre el río Grande, la relocalización de Las Loicas (el pueblo malargüino que quedará sumergido en el lago), la nueva traza de las rutas 145 (al Paso Pehuenche) y 226 y la conexión que transporte la electricidad generada al sistema interconectado nacional.
.
Fecha de Publicación: 03/02/2020
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza- La Pampa
El gobernador Ziliotto (PJ) amplió la demanda contra la represa argumentando que el caudal del río Colorado ha caído.
En 48 horas, La Pampa generó dos movimientos para resistir la construcción del dique Portezuelo del Viento. Por un lado, la ampliación de la demanda contra Mendoza y la Nación, por el otro sumó una aliada contra la represa: la gobernadora de Río Negro Arabela Carreras.
La histórica pelea por las aguas del río Atuel sumó otra. Es que la presa Portezuelo del Viento se asentará sobre las aguas del río Grande, en Malargüe, afluente del Colorado.
Conocido el depósito de U$S 13.915.837 millones ocurrido el martes pasado, La Pampa se fue a la Corte Suprema de la Nación. La vecina provincia ya tiene una demanda contra Portezuelo del Viento, en la que pide no iniciar las obras hasta tanto se realicen los estudios de impacto ambiental aguas abajo de la presa. Ahora el gobernador Sergio Ziliotto presentó un escrito en el que alerta sobre la baja en el caudal del río Colorado.
Según el gobierno pampeano, entre el año 2010 al año 2019 se registró una merma en el caudal del río del orden del 30%, que se agrava en 2020, ya que el curso fluvial tendrá casi la mitad de su caudal histórico de la cuenca. Además advierten que este año se agotarán las reservas del embalse Casa de Piedra y que el caudal es muy bajo para poder mantener las dotaciones de riego de los últimos años.
La demanda se inició en julio del año pasado, cuando La Pampa reclamó que no se iniciaran las obras hasta no realizar una evaluación de impacto ambiental sobre toda la cuenca del río Colorado, y que ese estudio sea aprobado por el Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (Coirco), del que participan las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Mendoza, Neuquén y Río Negro.
Otros tiempos
En el seno del mismo Coirco se discutió antes la construcción de la obra. El comité no pudo definir porque se requiere unanimidad. La única provincia que se opuso fue La Pampa. Entonces Macri emitió su “laudo” favorable a la obra y el entonces gobernador pampeano Carlos Verna, fue a la Corte y el máximo tribunal validó la decisión de Macri.
Eso fue hace dos años. Mendoza y Provincia de Buenos Aires eran gobernadas por aliados políticos de Cambiemos, Alfredo Cornejo y María Eugenia Vidal respectivamente. El Gobierno nacional era encabezado por Macri. En Río Negro gobernaba Alberto Weretilnek, un peronista que solía tener gestos hacia la Casa Rosada; en Neuquén sigue Omar Gutiérrez, quien también mantenía buen diálogo con Macri y ahora lo tiene con Alberto Fernández.
No importa quién gobierne en La Pampa, todos apuntan los cañones a Mendoza por el río Atuel y ahora también por Portezuelo. El actual gobernador es el peronista Ziliotto y mantiene la tradición de enfrentamiento con Mendoza.
En Río Negro está Arabela Carreras. Fue funcionaria de Weretilnek, y ahora está en sintonía con el presidente Fernández. El miércoles, Carreras se reunió con el pampeano Ziliotto en la rivera del Río Colorado, cauce que separa a ambas provincias (en el ya mencionado dique Casa de Piedra).
Allí ambos comunicaron que quieren que se haga una evaluación de impacto ambiental aguas abajo de la represa, para conocer los efectos de la obra en La Pampa, Río Negro, Neuquén y Buenos Aires. El compromiso es el mismo que pide Ziliotto a la Corte.
A través de su cuenta de Twitter, el ex gobernador Carlos Verna -quien inició la demanda el año pasado- dijo que “esa fue siempre la posición de La Pampa: Bienvenida Río Negro a esta posición”.
En declaraciones a la prensa local, Ziliotto aseveró que la obra es “técnica e hidráulicamente inviable”, y cuestionó que en Mendoza “están vendiendo que pueden generar 250 megas de potencia, algo imposible en base a la realidad del río, y hay que mirar su comportamiento en los últimos 100 años para entenderlo”.
¿Ziliotto logrará sumar a su cruzada contra Portezuelo a Neuquén y a Buenos Aires? Es una pregunta pertinente, teniendo en cuenta que las correlaciones de fuerzas son distintas. Hoy Buenos Aires lo gobierna Axel Kicillof. Neuquén no se peleará con la Rosada.
Obra nacida del acuerdo Cobos y Kirchner
El martes el Gobierno nacional depositó casi 14 millones de dólares de la segunda cuota de un plan de pago que concluye en 2024, cuando se completen 1.123 millones de dólares para la obra. El monto y el destino nace de un acuerdo firmado por la Nación con Mendoza en 2005, cuando Julio Cobos y Néstor Kirchner cerraron la disputa por el resarcimiento a nuestra provincia por los efectos de la promoción industrial. En ese acuerdo, se indicaba que el dinero era para construir Portezuelo. Ese espíritu se mantuvo en el compromiso firmado por Macri con Cornejo.
¿Se puede echar atrás ese acuerdo? ¿Se puede cambiar el destino de los fondos? Mendoza quiere Portezuelo. La Pampa no porque asegura que pasará con el Colorado lo que ya pasó con el Atuel.
Claves
La obra es financiada por la Nación, a través de la emisión de Letras del Tesoro, según resolución 57/2019 de las secretarías de Hacienda y Finanzas durante la gestión de Mauricio Macri.
En octubre de 2019 Mendoza recibió U$S 6,9 millones; en 2020 serán U$S 78,6 millones (los primeros U$S14 millones del año llegaron el martes pasado); en el 2021, U$S 232,8 millones; en 2022, U$S 210,9 millones; en el 2023 serán U$S 447,9 millones; y en el 2024 serán U$S 45,2 millones.
La obra incluye la represa sobre el río Grande, la relocalización de Las Loicas (el pueblo malargüino que quedará sumergido en el lago), la nueva traza de las rutas 145 (al Paso Pehuenche) y 226 y la conexión que transporte la electricidad generada al sistema interconectado nacional.
.
Ordenan a Metrovías descontaminar de asbesto
Metrovías y la CABA deben descontaminar los subtes de asbesto
Fecha de Publicación: 03/02/2020
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: CABA
En el marco de un amparo ambiental, la Justicia falló a favor de los trabajadores del subterráneo porteño y le ordenó a la empresa Metrovías y al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires descontaminar de asbesto a formaciones y espacios del transporte público.
La sentencia fue dictada por la magistrada a cargo del Juzgado de Feria Número 2, Elena Liberatori, quien hizo lugar íntegramente a lo peticionado por los metrodelegados.
También dispuso la prohibición de la manipulación o contacto con piezas, materiales, componentes o lugares con aquel material, altamente cancerígeno y extendió la toma de muestras a “los sectores de instalaciones fijas también sospechados de contener elementos con asbesto”, tales como escaleras mecánicas, cables de alta tensión y señales que corren en paralelo a las vías.
Además, pidió que se garantice el derecho al trabajo de todas aquellas personas que deban ser reubicadas con motivo de la determinación de alguna afectación derivada de la contaminación.
Paralelamente, le solicitó a Metrovías y Subterráneos de Buenos Aires (Sbase) que en 10 días hábiles administrativos le informen al tribunal el listado de empleados que se desempeñaron en el área en el período de 40 años previos a la promoción de la demanda.
La jueza recordó que la resolución 823/01 del Ministerio de Salud de la Nación prohíbe el uso de fibra de asbesto.
La demanda por el derecho a la salud contra el gobierno porteño, Sbase y Metrovías fue iniciada hace dos meses por Roberto Pianelli y Néstor Segovia, secretarios general y adjunto, respectivamente, de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro . El amparo fue también firmado por personal y usuarios del servicio.
.
Fecha de Publicación: 03/02/2020
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: CABA
En el marco de un amparo ambiental, la Justicia falló a favor de los trabajadores del subterráneo porteño y le ordenó a la empresa Metrovías y al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires descontaminar de asbesto a formaciones y espacios del transporte público.
La sentencia fue dictada por la magistrada a cargo del Juzgado de Feria Número 2, Elena Liberatori, quien hizo lugar íntegramente a lo peticionado por los metrodelegados.
También dispuso la prohibición de la manipulación o contacto con piezas, materiales, componentes o lugares con aquel material, altamente cancerígeno y extendió la toma de muestras a “los sectores de instalaciones fijas también sospechados de contener elementos con asbesto”, tales como escaleras mecánicas, cables de alta tensión y señales que corren en paralelo a las vías.
Además, pidió que se garantice el derecho al trabajo de todas aquellas personas que deban ser reubicadas con motivo de la determinación de alguna afectación derivada de la contaminación.
Paralelamente, le solicitó a Metrovías y Subterráneos de Buenos Aires (Sbase) que en 10 días hábiles administrativos le informen al tribunal el listado de empleados que se desempeñaron en el área en el período de 40 años previos a la promoción de la demanda.
La jueza recordó que la resolución 823/01 del Ministerio de Salud de la Nación prohíbe el uso de fibra de asbesto.
La demanda por el derecho a la salud contra el gobierno porteño, Sbase y Metrovías fue iniciada hace dos meses por Roberto Pianelli y Néstor Segovia, secretarios general y adjunto, respectivamente, de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro . El amparo fue también firmado por personal y usuarios del servicio.
.
¿Porque se prohibió los agroquímicos en La Pampa?
Prohibieron la venta de agroquímicos en La Pampa y Cabandié apoyó la medida
Fecha de Publicación: 01/02/2020
Fuente: InfoCampo
Provincia/Región: Nacional
El ministro de Ambiente respaldó la decisión del gobierno y aseguró que "al macrismo nunca le interesó cumplir la Ley 27.279". Los nuevos plazos para Campo Limpio.
Finalmente, este martes el gobierno de La Pampa decidió prohibir la comercialización de agroquímicos ante la falta de avances en el modelo de gestión de envases vacíos de la Fundación Campo Limpio, que debía estar en funcionamiento antes del 28 de enero.
La prohibición continuará “hasta que estén dadas las condiciones que garanticen los estándares de seguridad que exige la Ley 27.279“, explicaron las autoridades en relación a la construcción de los Centros de Acopios Transitorio (CAT) de los envases y al sistema de trazabilidad de los bidones que exige la normativa.
La medida se implementó a través de una disposición de la Subsecretaría de Ambiente de la provincia, dado que su titular, Fabián Titarelli, rechazó el pedido de prórroga que formuló la Fundación Campo Limpio para cumplir con los requerimientos.
En ese sentido, el gobierno provincial intimó a Campo Limpio a poner en funcionamiento el Sistema de recolección itinerante a través de empresas operadoras y/o de transporte habilitadas para la operación y transporte interjurisdiccional de residuos peligrosos en el plazo de veinte días corridos, y señaló que deberá presentar su propuesta en el plazo de diez días corridos.
De todos modos, desde la fundación aseguran que ya está todo listo para poner en marcha el sistema en la provincia, y remarcan que solamente falta la habilitación de Ambiente.
Apoyo de Cabandié
En ese marco, y luego de que las empresas distribuidoras de agroinsumos expresaran su preocupación, el ministro de Ambiente de la Nación, Juan Cabandié, expresó su apoyo a la decisión.
“Respaldamos la respuesta del gobierno de La Pampa en función de hacer cumplir la ley sobre presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión de los envases vacíos de agroquímicos. Nuestro compromiso es fortalecer las capacidades del Estado nacional, debilitadas por el macrismo, al que nunca le interesó hacer cumplir esta ley, que fue aprobada en 2016”, expresó.
.
Fecha de Publicación: 01/02/2020
Fuente: InfoCampo
Provincia/Región: Nacional
El ministro de Ambiente respaldó la decisión del gobierno y aseguró que "al macrismo nunca le interesó cumplir la Ley 27.279". Los nuevos plazos para Campo Limpio.
Finalmente, este martes el gobierno de La Pampa decidió prohibir la comercialización de agroquímicos ante la falta de avances en el modelo de gestión de envases vacíos de la Fundación Campo Limpio, que debía estar en funcionamiento antes del 28 de enero.
La prohibición continuará “hasta que estén dadas las condiciones que garanticen los estándares de seguridad que exige la Ley 27.279“, explicaron las autoridades en relación a la construcción de los Centros de Acopios Transitorio (CAT) de los envases y al sistema de trazabilidad de los bidones que exige la normativa.
La medida se implementó a través de una disposición de la Subsecretaría de Ambiente de la provincia, dado que su titular, Fabián Titarelli, rechazó el pedido de prórroga que formuló la Fundación Campo Limpio para cumplir con los requerimientos.
En ese sentido, el gobierno provincial intimó a Campo Limpio a poner en funcionamiento el Sistema de recolección itinerante a través de empresas operadoras y/o de transporte habilitadas para la operación y transporte interjurisdiccional de residuos peligrosos en el plazo de veinte días corridos, y señaló que deberá presentar su propuesta en el plazo de diez días corridos.
De todos modos, desde la fundación aseguran que ya está todo listo para poner en marcha el sistema en la provincia, y remarcan que solamente falta la habilitación de Ambiente.
Apoyo de Cabandié
En ese marco, y luego de que las empresas distribuidoras de agroinsumos expresaran su preocupación, el ministro de Ambiente de la Nación, Juan Cabandié, expresó su apoyo a la decisión.
“Respaldamos la respuesta del gobierno de La Pampa en función de hacer cumplir la ley sobre presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión de los envases vacíos de agroquímicos. Nuestro compromiso es fortalecer las capacidades del Estado nacional, debilitadas por el macrismo, al que nunca le interesó hacer cumplir esta ley, que fue aprobada en 2016”, expresó.
.
Cuestionan el Plan Ganadero chaqueño
Greenpeace cuestiona el Plan Ganadero Provincial: "Promoverá más deforestación e inundaciones", sostiene
Fecha de Publicación: 31/01/2020
Fuente: Chaco On Line
Provincia/Región: Chaco
Greenpeace sostiene que el Plan Ganadero anunciado por el Gobernador Capitanich “promoverá más deforestación e inundaciones”. Afirma que Chaco va a contramano de la actual crisis climática y de biodiversidad, y pone en riesgo a El Impenetrable.
El gobernador de la provincia de Chaco, Jorge Capitanich, presentó ayer el Plan Ganadero 2.020-2.030, el cual tiene como objetivo aumentar considerablemente el actual stock, pasando de 2,6 millones a 3,2 millones las cabezas de ganado, desarrollar frigoríficos exportadores, y alcanzar las 500 mil hectáreas de pasturas.
Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace, advirtió: “El ambicioso plan de expansión de la ganadería intensiva del gobierno de Chaco va a contramano de la actual crisis climática y de biodiversidad, y pone en riesgo a El Impenetrable, ya que promoverá un aumento de la deforestación y la fragmentación de sus bosques”.
"La conservación de bosques juega un rol clave en la mitigación del cambio climático. Los sectores Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Otros Usos de la Tierra representan el 39 por ciento de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero del país", explican en la organización ambientalista.
“La deforestación acelera el cambio climático y nos vuelve más vulnerables al aumento e intensidad de las precipitaciones, lo que provoca cada vez más inundaciones, como las que sufrió la provincia de Chaco el año pasado. Una hectárea con pasturas para ganadería intensiva absorbe tres veces menos lluvia que una hectárea con bosque chaqueño”, apuntó Giardini.
"Chaco es la provincia con más deforestación de los últimos cuatro años (130.177 hectáreas). Y ya lleva desmontadas cerca de 2 millones de hectáreas de su territorio", subrayó Greenpeace.
“El año pasado el pueblo chaqueño se movilizó masivamente en defensa del monte. El actual gobierno debe escuchar a la gente e implementar políticas más fuertes en defensa de los bosques”, sentenció Giardini.
.
Fecha de Publicación: 31/01/2020
Fuente: Chaco On Line
Provincia/Región: Chaco
Greenpeace sostiene que el Plan Ganadero anunciado por el Gobernador Capitanich “promoverá más deforestación e inundaciones”. Afirma que Chaco va a contramano de la actual crisis climática y de biodiversidad, y pone en riesgo a El Impenetrable.
El gobernador de la provincia de Chaco, Jorge Capitanich, presentó ayer el Plan Ganadero 2.020-2.030, el cual tiene como objetivo aumentar considerablemente el actual stock, pasando de 2,6 millones a 3,2 millones las cabezas de ganado, desarrollar frigoríficos exportadores, y alcanzar las 500 mil hectáreas de pasturas.
Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace, advirtió: “El ambicioso plan de expansión de la ganadería intensiva del gobierno de Chaco va a contramano de la actual crisis climática y de biodiversidad, y pone en riesgo a El Impenetrable, ya que promoverá un aumento de la deforestación y la fragmentación de sus bosques”.
"La conservación de bosques juega un rol clave en la mitigación del cambio climático. Los sectores Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Otros Usos de la Tierra representan el 39 por ciento de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero del país", explican en la organización ambientalista.
“La deforestación acelera el cambio climático y nos vuelve más vulnerables al aumento e intensidad de las precipitaciones, lo que provoca cada vez más inundaciones, como las que sufrió la provincia de Chaco el año pasado. Una hectárea con pasturas para ganadería intensiva absorbe tres veces menos lluvia que una hectárea con bosque chaqueño”, apuntó Giardini.
"Chaco es la provincia con más deforestación de los últimos cuatro años (130.177 hectáreas). Y ya lleva desmontadas cerca de 2 millones de hectáreas de su territorio", subrayó Greenpeace.
“El año pasado el pueblo chaqueño se movilizó masivamente en defensa del monte. El actual gobierno debe escuchar a la gente e implementar políticas más fuertes en defensa de los bosques”, sentenció Giardini.
.
Aprietes del agronegocio salteño en Las Lajitas
Las Lajitas: empresario del agronegocio denunciado por amenazas
Fecha de Publicación: 28/01/2020
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta
"Si esto sigue así, te van a terminar matando", sería la amenaza esgrimida por el finquero Daniel Wirsch al joven Eric Zamora, quien reclama la regulación de las fumigaciones.
El vecino Eric Zamora, que viene luchando por la regulación de los agrotóxicos en el pueblo de Río del Valle, perteneciente al municipio de Las Lajitas, denunció penalmente al empresario del agronegocio Daniel Wirsch por amenazas.
La demanda se radicó en la delegación de la fiscalía penal de Las Lajitas, cuya encargada de investigar es la auxiliar Laura Moyano.
"Si esto sigue así te van a terminar matando", es lo que denunció Zamora que le dijo el Wirsch en relación a la lucha para que se regulen las fumigaciones que han iniciado en la zona. El joven indicó a Salta/12 que esto ocurrió el jueves 9 de enero, cuando el finquero fue a su casa, le pidió dialogar y permaneció allí 4 horas, tratando de convencerlo de que abandone sus reclamos. Detalló que durante la conversación le hizo ofrecimientos de dinero e incluso del cargo de secretario de medio ambiente en el gobierno provincial.
Zamora planteó que "no tenía dudas" de que pudieran atacar su integridad física "por la injerencia política y judicial" que tiene el empresariado en la zona y que el mismo Wirsch le explicitó. El vecino interpretó lo dicho por el finquero como amenaza de muerte aunque se haya retractado después: "no es lo que quise decir".
Wirsch es propietario de la finca "Los Colorados" que se encuentra entre los pueblos de Río del Valle y Piquete Cabado. Se dedica al cultivo de soja, maíz, y legumbres secas (garbanzo, lenteja, poroto). Se presentó ante Zamora como enviado y representante de los empresarios del agro de la zona. En esa línea, le propuso, con el fin de arribar a un "consenso", que podría armarle una reunión con terratenientes, dirigentes agricultores y hasta con el propio intendente del municipio de Las Lajitas, Fernando Alabi.
Zamora contó que Wirsch le manifestó que los empresarios del sector "estaban predispuestos a dar soluciones" respecto a las problemáticas denunciadas por las fumigaciones con agroquímicos. Sin embargo, desmereció ese reclamo: "esta lucha es una boludez, esto se va a acabar en el momento en que te dé un millón de pesos", relató que le dijo el empresario.
El vecino detalló que el finquero le ofreció inclusive "tres abogados" para que inicie juicio al propietario de campos de soja que colindan con su vivienda en Río del Valle y efectúa fumigaciones con agrotóxicos, de apellido Ferrari.
Desde 2016 hasta 2019 Zamora ha denunciado varias veces a Ferrari, quien esgrime que fumiga "con el permiso por escrito de la Dirección de Medio Ambiente de la Municipalidad de las Lajitas, utilizando productos banda verde, que no afectan de ninguna manera la salud humana". Zamora demandó también al propietario de la empresa de fumigación, de apellido Rivarosa, quien lava y guarda las máquinas con residuos de veneno en un galpón ubicado en zona urbana del pueblo.
El vecino manifestó que, pese a las denuncias previas, "nunca recibió respuestas de la justicia" para evitar que sigan fumigando a su familia y al resto de la población. Dijo que rechazó los ofrecimientos de Wirsch porque su lucha no persigue un interés económico "sino social y colectivo para resguardar el medio ambiente y la salud" de la población.
En el texto de la denuncia, Zamora planteó que Wirsch llegó a decirle que los productores agropecuarios de la zona "tienen poder sobre el personal policial".
El empresario habría dicho que "presionó al personal policial para realizar una investigación sobre un robo de agroquímicos, que él era parte del cuerpo de investigacion y ordenaron un allanamiento". El referente del agro habría mencionado que "Olmedo presionó a jueces y fiscales para que le asignen una cierta cantidad de efectivos policiales para llevar a cabo una investigación", según consta en la denuncia. Zamora indicó que Wirsch no le aclaró a cuál de los Olmedo se refería, si al político o a su padre, ambos sojeros.
Zamora pidió en su denuncia que se tomen las medidas legales del caso y manifestó que "siente temor" por su integridad física, la de su familia, y de las personas que se están organizando en contra del uso de agrotóxicos.
El médico de Córdoba Medardo Ávila Vásquez, quien investiga el efecto de los agroquímicos en la salud, se solidarizó con la lucha de vecinos de la localidad de Las Lajitas. El especialista sostuvo que es necesario que las personas estén alejadas de las fumigaciones, que no estén expuestas a los agrotóxicos porque "los que se utilizan para los cultivos de soja y de maíz son muy dañinos, generan efectos sobre el desarrollo intelectual de los niños, alteraciones sobre la estructura genética de las células lo que produce que se desarrollen células cancerígenas. Esto lleva a que en los pueblos fumigados la principal causa de muerte sea por cáncer".
Las Lajitas se encuentra al suroeste de la provincia de Salta, es una de las cinco localidades del departamento de Anta, cuya principal actividad económica es la agropecuaria y allí se instalaron las principales empresas del agronegocio. Vecinos y vecinas comenzaron a manifestarse contra el uso de agrotóxicos porque creen que están asociados a las problemáticas de salud que presenta la población, entre las que hay un incremento de cáncer, problemas de piel y respiratorios.
Otro de los cuestionamientos que viene teniendo el agronegocio en el departamento se asocia a los desmontes. Cada año se producen inundaciones en la zona que vecinos y vecinas empezaron a vincular a la deforestación en base sobre todo a un estudio del INTA, de Nicolás Bertram y Sebastián Chiacchiera, que se ha difundido e indica que el "monte nativo absorbe 300 milímetros de agua por hora. Los pastos para forrajería y pastoreo, unos 100 milímetros. Un campo de soja, nada más que 30 milímetros por hora".
.
Fecha de Publicación: 28/01/2020
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta
"Si esto sigue así, te van a terminar matando", sería la amenaza esgrimida por el finquero Daniel Wirsch al joven Eric Zamora, quien reclama la regulación de las fumigaciones.
El vecino Eric Zamora, que viene luchando por la regulación de los agrotóxicos en el pueblo de Río del Valle, perteneciente al municipio de Las Lajitas, denunció penalmente al empresario del agronegocio Daniel Wirsch por amenazas.
La demanda se radicó en la delegación de la fiscalía penal de Las Lajitas, cuya encargada de investigar es la auxiliar Laura Moyano.
"Si esto sigue así te van a terminar matando", es lo que denunció Zamora que le dijo el Wirsch en relación a la lucha para que se regulen las fumigaciones que han iniciado en la zona. El joven indicó a Salta/12 que esto ocurrió el jueves 9 de enero, cuando el finquero fue a su casa, le pidió dialogar y permaneció allí 4 horas, tratando de convencerlo de que abandone sus reclamos. Detalló que durante la conversación le hizo ofrecimientos de dinero e incluso del cargo de secretario de medio ambiente en el gobierno provincial.
Zamora planteó que "no tenía dudas" de que pudieran atacar su integridad física "por la injerencia política y judicial" que tiene el empresariado en la zona y que el mismo Wirsch le explicitó. El vecino interpretó lo dicho por el finquero como amenaza de muerte aunque se haya retractado después: "no es lo que quise decir".
Wirsch es propietario de la finca "Los Colorados" que se encuentra entre los pueblos de Río del Valle y Piquete Cabado. Se dedica al cultivo de soja, maíz, y legumbres secas (garbanzo, lenteja, poroto). Se presentó ante Zamora como enviado y representante de los empresarios del agro de la zona. En esa línea, le propuso, con el fin de arribar a un "consenso", que podría armarle una reunión con terratenientes, dirigentes agricultores y hasta con el propio intendente del municipio de Las Lajitas, Fernando Alabi.
Zamora contó que Wirsch le manifestó que los empresarios del sector "estaban predispuestos a dar soluciones" respecto a las problemáticas denunciadas por las fumigaciones con agroquímicos. Sin embargo, desmereció ese reclamo: "esta lucha es una boludez, esto se va a acabar en el momento en que te dé un millón de pesos", relató que le dijo el empresario.
El vecino detalló que el finquero le ofreció inclusive "tres abogados" para que inicie juicio al propietario de campos de soja que colindan con su vivienda en Río del Valle y efectúa fumigaciones con agrotóxicos, de apellido Ferrari.
Desde 2016 hasta 2019 Zamora ha denunciado varias veces a Ferrari, quien esgrime que fumiga "con el permiso por escrito de la Dirección de Medio Ambiente de la Municipalidad de las Lajitas, utilizando productos banda verde, que no afectan de ninguna manera la salud humana". Zamora demandó también al propietario de la empresa de fumigación, de apellido Rivarosa, quien lava y guarda las máquinas con residuos de veneno en un galpón ubicado en zona urbana del pueblo.
El vecino manifestó que, pese a las denuncias previas, "nunca recibió respuestas de la justicia" para evitar que sigan fumigando a su familia y al resto de la población. Dijo que rechazó los ofrecimientos de Wirsch porque su lucha no persigue un interés económico "sino social y colectivo para resguardar el medio ambiente y la salud" de la población.
En el texto de la denuncia, Zamora planteó que Wirsch llegó a decirle que los productores agropecuarios de la zona "tienen poder sobre el personal policial".
El empresario habría dicho que "presionó al personal policial para realizar una investigación sobre un robo de agroquímicos, que él era parte del cuerpo de investigacion y ordenaron un allanamiento". El referente del agro habría mencionado que "Olmedo presionó a jueces y fiscales para que le asignen una cierta cantidad de efectivos policiales para llevar a cabo una investigación", según consta en la denuncia. Zamora indicó que Wirsch no le aclaró a cuál de los Olmedo se refería, si al político o a su padre, ambos sojeros.
Zamora pidió en su denuncia que se tomen las medidas legales del caso y manifestó que "siente temor" por su integridad física, la de su familia, y de las personas que se están organizando en contra del uso de agrotóxicos.
El médico de Córdoba Medardo Ávila Vásquez, quien investiga el efecto de los agroquímicos en la salud, se solidarizó con la lucha de vecinos de la localidad de Las Lajitas. El especialista sostuvo que es necesario que las personas estén alejadas de las fumigaciones, que no estén expuestas a los agrotóxicos porque "los que se utilizan para los cultivos de soja y de maíz son muy dañinos, generan efectos sobre el desarrollo intelectual de los niños, alteraciones sobre la estructura genética de las células lo que produce que se desarrollen células cancerígenas. Esto lleva a que en los pueblos fumigados la principal causa de muerte sea por cáncer".
Las Lajitas se encuentra al suroeste de la provincia de Salta, es una de las cinco localidades del departamento de Anta, cuya principal actividad económica es la agropecuaria y allí se instalaron las principales empresas del agronegocio. Vecinos y vecinas comenzaron a manifestarse contra el uso de agrotóxicos porque creen que están asociados a las problemáticas de salud que presenta la población, entre las que hay un incremento de cáncer, problemas de piel y respiratorios.
Otro de los cuestionamientos que viene teniendo el agronegocio en el departamento se asocia a los desmontes. Cada año se producen inundaciones en la zona que vecinos y vecinas empezaron a vincular a la deforestación en base sobre todo a un estudio del INTA, de Nicolás Bertram y Sebastián Chiacchiera, que se ha difundido e indica que el "monte nativo absorbe 300 milímetros de agua por hora. Los pastos para forrajería y pastoreo, unos 100 milímetros. Un campo de soja, nada más que 30 milímetros por hora".
.
Travesía en 4x4 a la justicia por daño ambiental
Tierra del Fuego: imputan por daño ambiental a turistas que hacían una travesía en 4x4
Fecha de Publicación: 28/01/2020
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Tierra del Fuego
Una travesía turística está a punto de convertirse en un verdadero dolor de cabeza, luego que la justicia de Tierra del Fuego imputara penalmente por presunto daño ambiental a los pasajeros de las nueve camionetas doble tracción que recorren por estas horas la Península Mitre. Los investigan por daño agravado al haber atravesado por lugares sin camino, generando daños irreparables en su ecosistema formado en gran parte por turberas.
La imputación la dictaminó hoy el fiscal de instrucción Fernando Ballester Bidau luego de analizar la denuncia presentada por la Asociación Manekenk, la Asociación Civil Conservación de Península Mitre y la Asociación de Profesionales en Turismo de Tierra del Fuego, que al conocer que esta excursión iba a la zona de las turberas con vehículos de gran envergadura pusieron en aviso a las autoridades ambientales de la provincia.
La Península Mitre se ubica en el extremo sudoriental de la isla Grande de Tierra del Fuego y, además de su ecosistema único, que es hogar de colonias de aves y fauna marina, habitan especies únicas y en riesgo de extinción como el carancho austral, en tanto que posee un patrimonio cultural de valor incalculable. Pero además, un reciente estudio identificó al sector, como el punto de captura de carbono más importante de la Argentina, gracias a las turberas que funcionan como una "aspiradora" de carbono. Esta porción de la isla almacena el equivalente a más de tres años de emisiones de dióxido de carbono de la Argentina.
Estas turberas son las que ahora están en riesgo y algunas ya fueron dañadas por el peso de las nueve camionetas 4x4 tipo jeep que el 11 de enero pasado iniciaron una expedición en el área fiscal, partiendo desde la estancia María Luisa con destino a Cabo San Diego. "Pusimos en aviso a la autoridades del Gobierno y las áreas de Ambiente porque consideramos que el paso de los vehículos podrían generar daño sobre el terreno", explicó Adolfo Imvert a LA NACION, que integra la Asociación Civil Conservación de Península Mitre y hace 20 años que recorre el sitio.
La modalidad de la excursión es nueva en la isla según explicaron expertos del sector y confirmaron que no contrataron a ninguna agencia de la provincia. En principio se trataría de expedicionarios que realizan la aventura por su cuenta. La posibilidad que se repitan travesías como estas en suelos tan delicados es que puso en alarma a las ONG ambientalistas.
Según pudo confirmar LA NACION con fuentes de la gobernación fueguina, desde el área ambiental de la provincia notificaron a los expedicionarios en Río Grande a poco del inicio de la travesía y les habrían advertido que no se podría circular por fuera de las pocas vías habilitadas en la península. Sin embargo pocos días después y antes de que termine la expedición los denunciantes obtuvieron pruebas del daño a las turberas ocasionados por el paso de los vehículos de gran porte.
"Hemos recibido fotografías y videos que fueron realizados en el lugar por habitantes de esta provincia. En las imágenes se observa un grave daño sobre el turbal, la vegetación y el delicado suelo del área, en donde las huellas que se ven son compatibles con rodados de gran porte como los citados", detallan las ONG en la denuncia. Y alertan: "Sabemos que estas personas continúan en la región y que planean regresar en los próximos días, incrementando aún más el impacto que provocaron, al utilizar estos vehículos durante el trayecto de vuelta".
Para el fiscal la prueba presentada en la denuncia a "prima facie" podrían configurar delitos de "daños agravado" en despoblado y en banda por dañar bienes (turberas) de uso público, lo cual está tipificado en el Código Penal. El fiscal pidió que que se identifiquen a los 15 imputados denunciados y que se ordene una inspección ocular con profesionales especializados que informen los daños causados en las turberas y si los perjuicios ocasionados han sido más o menos perdurables.
En la denuncia presentada en la fiscalía, que ahora deberá atender el juez de instrucción 3 de Ushuaia, Federico Vidal, que actúa durante la feria de verano, se menciona que el daño ambiental ocasionado al patrimonio de la comunidad es grave e irreparable, dado que la zona no posee caminos habilitados para el tránsito de vehículos, razón por la cual necesariamente la circulación se hace por la turba.
"Este ambiente, caracterizado como humedal, presenta una alta fragilidad y se halla delimitado como zona A-2 según el régimen de protección de turberas (Resolución N° 401/11 S.D.S. y A.), en la cual se prohíben las actividades que involucren la destrucción y/o degradación irreversible de las mismas. Además, la Ley Nacional N° 2 3919 que ratifica la Convención de Ramsar, dispone en su artículo 4to. que 'cada parte contratante fomentará la conservación de los humedales(..) y tomará las medidas adecuadas para su custodia'", detalla la denuncia.
¿Qué son las turberas?
Las turberas son un tipo único de humedal que cubre el 3% de la superficie terrestre y almacena el 30% del carbono captado en el suelo y el 75% del carbono atmosférico. El doble que todos los bosques del mundo. Aparte de este formidable almacenaje de carbono, no apreciable en otros ecosistemas terrestres, también albergan el 10% del agua dulce del planeta y previenen inundaciones. El 95% de las turberas de la Argentina se encuentra en la provincia de Tierra del Fuego. En Península Mitre se encuentra la principal concentración de turberas del país: 2400 km2 de turba.
"Esto no es tierra abandonada, hay jurisdicción provincial, y el Estado debe cuantificar los daños de lo ocurrido. Para evitar situaciones como estas es que estamos junto a otras organizaciones pidiendo que se cree el Área Protegida en Península Mitre, porque eso permitirá contar con un plan de uso y de manejo del área", detalló Imvert a LA NACION.
Desde la década del 80 que existen en Tierra del Fuego distintas acciones para proteger el extremo sudoriental de la Isla Grande de Tierra del Fuego que se considera un ecosistema único tanto por su diversidad biológica, como por sus valores arqueológicos y geológico. En el año 2002, el Poder Ejecutivo, con la participación de las distintas organizaciones públicas y privadas de la isla presentaron ante la Legislatura el primer proyecto de ley para declarar a Península Mitre como Área Natural protegida.
Sin embargo, hasta la fecha y pese a la presentación de proyectos posteriores y modificaciones, aún no se declaró área protegida a Península Mitre. Actualmente hay un proyecto de ley en la Legislatura y pese al inicial compromiso de la entonces gobernadora Rosana Bertone para la creación del área, las voluntades se fueron diluyendo con el tiempo y las internas dentro del bloque mayoritario del FPV impidieron que la ley sea tratada en el recinto.
Las expectativas están puestas ahora en la nueva Legislatura y en la presión social que realizan las ONG locales. En esa misma línea se sumaron en los últimos años la organización ecologista Fundación Rewilding Argentina (ex CLT).
.
Fecha de Publicación: 28/01/2020
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Tierra del Fuego
Una travesía turística está a punto de convertirse en un verdadero dolor de cabeza, luego que la justicia de Tierra del Fuego imputara penalmente por presunto daño ambiental a los pasajeros de las nueve camionetas doble tracción que recorren por estas horas la Península Mitre. Los investigan por daño agravado al haber atravesado por lugares sin camino, generando daños irreparables en su ecosistema formado en gran parte por turberas.
La imputación la dictaminó hoy el fiscal de instrucción Fernando Ballester Bidau luego de analizar la denuncia presentada por la Asociación Manekenk, la Asociación Civil Conservación de Península Mitre y la Asociación de Profesionales en Turismo de Tierra del Fuego, que al conocer que esta excursión iba a la zona de las turberas con vehículos de gran envergadura pusieron en aviso a las autoridades ambientales de la provincia.
La Península Mitre se ubica en el extremo sudoriental de la isla Grande de Tierra del Fuego y, además de su ecosistema único, que es hogar de colonias de aves y fauna marina, habitan especies únicas y en riesgo de extinción como el carancho austral, en tanto que posee un patrimonio cultural de valor incalculable. Pero además, un reciente estudio identificó al sector, como el punto de captura de carbono más importante de la Argentina, gracias a las turberas que funcionan como una "aspiradora" de carbono. Esta porción de la isla almacena el equivalente a más de tres años de emisiones de dióxido de carbono de la Argentina.
Estas turberas son las que ahora están en riesgo y algunas ya fueron dañadas por el peso de las nueve camionetas 4x4 tipo jeep que el 11 de enero pasado iniciaron una expedición en el área fiscal, partiendo desde la estancia María Luisa con destino a Cabo San Diego. "Pusimos en aviso a la autoridades del Gobierno y las áreas de Ambiente porque consideramos que el paso de los vehículos podrían generar daño sobre el terreno", explicó Adolfo Imvert a LA NACION, que integra la Asociación Civil Conservación de Península Mitre y hace 20 años que recorre el sitio.
La modalidad de la excursión es nueva en la isla según explicaron expertos del sector y confirmaron que no contrataron a ninguna agencia de la provincia. En principio se trataría de expedicionarios que realizan la aventura por su cuenta. La posibilidad que se repitan travesías como estas en suelos tan delicados es que puso en alarma a las ONG ambientalistas.
Según pudo confirmar LA NACION con fuentes de la gobernación fueguina, desde el área ambiental de la provincia notificaron a los expedicionarios en Río Grande a poco del inicio de la travesía y les habrían advertido que no se podría circular por fuera de las pocas vías habilitadas en la península. Sin embargo pocos días después y antes de que termine la expedición los denunciantes obtuvieron pruebas del daño a las turberas ocasionados por el paso de los vehículos de gran porte.
"Hemos recibido fotografías y videos que fueron realizados en el lugar por habitantes de esta provincia. En las imágenes se observa un grave daño sobre el turbal, la vegetación y el delicado suelo del área, en donde las huellas que se ven son compatibles con rodados de gran porte como los citados", detallan las ONG en la denuncia. Y alertan: "Sabemos que estas personas continúan en la región y que planean regresar en los próximos días, incrementando aún más el impacto que provocaron, al utilizar estos vehículos durante el trayecto de vuelta".
Para el fiscal la prueba presentada en la denuncia a "prima facie" podrían configurar delitos de "daños agravado" en despoblado y en banda por dañar bienes (turberas) de uso público, lo cual está tipificado en el Código Penal. El fiscal pidió que que se identifiquen a los 15 imputados denunciados y que se ordene una inspección ocular con profesionales especializados que informen los daños causados en las turberas y si los perjuicios ocasionados han sido más o menos perdurables.
En la denuncia presentada en la fiscalía, que ahora deberá atender el juez de instrucción 3 de Ushuaia, Federico Vidal, que actúa durante la feria de verano, se menciona que el daño ambiental ocasionado al patrimonio de la comunidad es grave e irreparable, dado que la zona no posee caminos habilitados para el tránsito de vehículos, razón por la cual necesariamente la circulación se hace por la turba.
"Este ambiente, caracterizado como humedal, presenta una alta fragilidad y se halla delimitado como zona A-2 según el régimen de protección de turberas (Resolución N° 401/11 S.D.S. y A.), en la cual se prohíben las actividades que involucren la destrucción y/o degradación irreversible de las mismas. Además, la Ley Nacional N° 2 3919 que ratifica la Convención de Ramsar, dispone en su artículo 4to. que 'cada parte contratante fomentará la conservación de los humedales(..) y tomará las medidas adecuadas para su custodia'", detalla la denuncia.
¿Qué son las turberas?
Las turberas son un tipo único de humedal que cubre el 3% de la superficie terrestre y almacena el 30% del carbono captado en el suelo y el 75% del carbono atmosférico. El doble que todos los bosques del mundo. Aparte de este formidable almacenaje de carbono, no apreciable en otros ecosistemas terrestres, también albergan el 10% del agua dulce del planeta y previenen inundaciones. El 95% de las turberas de la Argentina se encuentra en la provincia de Tierra del Fuego. En Península Mitre se encuentra la principal concentración de turberas del país: 2400 km2 de turba.
"Esto no es tierra abandonada, hay jurisdicción provincial, y el Estado debe cuantificar los daños de lo ocurrido. Para evitar situaciones como estas es que estamos junto a otras organizaciones pidiendo que se cree el Área Protegida en Península Mitre, porque eso permitirá contar con un plan de uso y de manejo del área", detalló Imvert a LA NACION.
Desde la década del 80 que existen en Tierra del Fuego distintas acciones para proteger el extremo sudoriental de la Isla Grande de Tierra del Fuego que se considera un ecosistema único tanto por su diversidad biológica, como por sus valores arqueológicos y geológico. En el año 2002, el Poder Ejecutivo, con la participación de las distintas organizaciones públicas y privadas de la isla presentaron ante la Legislatura el primer proyecto de ley para declarar a Península Mitre como Área Natural protegida.
Sin embargo, hasta la fecha y pese a la presentación de proyectos posteriores y modificaciones, aún no se declaró área protegida a Península Mitre. Actualmente hay un proyecto de ley en la Legislatura y pese al inicial compromiso de la entonces gobernadora Rosana Bertone para la creación del área, las voluntades se fueron diluyendo con el tiempo y las internas dentro del bloque mayoritario del FPV impidieron que la ley sea tratada en el recinto.
Las expectativas están puestas ahora en la nueva Legislatura y en la presión social que realizan las ONG locales. En esa misma línea se sumaron en los últimos años la organización ecologista Fundación Rewilding Argentina (ex CLT).
.
La Pampa prohibiría temporalmente la venta de pesticidas
La Pampa a días de suspender la comercialización de agroquímicos
Fecha de Publicación: 25/01/2020
Fuente: La Arena
Provincia/Región: La Pampa
La comercialización de agroquímicos en la provincia de La Pampa podría prohibirse hasta nuevo aviso a partir del lunes próximo, 28 de enero. La medida podría adoptarla el gobierno de la provincia, a través de la Subsecretaría de Ambiente, la autoridad de aplicación de la Ley 27279 (de Presupuestos mínimos de Protección Ambiental para la Gestión de los Envases Vacíos de Fitosanitarios), a menos que todo lo que no se hizo en 270 días se realice en cinco, una misión imposible.
El tema está generando mucha preocupación entre las empresas pampeanas que se dedican a la comercialización de fitosanitarios, tales como las agronomías y las cooperativas agropecuarias, mayormente ubicadas en el norte de la provincia, pero también, aunque en menor medida, en el centro y centro este provincial.
Laboratorios en falta
Las fuentes consultadas ayer por este diario, tanto gubernamentales como ligadas a la venta de fitosanitarios, explicaron que la ley impone a los «registrantes», es decir, a los laboratorios que producen los fitosanitarios, tanto nacionales como trasnacionales, como los responsables de construir Centros de Acopio Transitorio (CAT) de envases vacíos y de darle trazabilidad a los bidones en los que se despacha el producto, de modo de conocer qué cantidad compró un productor agropecuario y cuántos devolvió vacíos.
Para cumplir con esas obligaciones, la cámara que nuclea a los laboratorios internacionales, tales como Dow, Monsanto, Bayer, Basf o Singenta, Casafe, y la que agrupa a los nacionales, como Nova y ACA, denominada Ciafa, crearon la Fundación Campo Limpio. La única finalidad de la ONG era gestionar cada uno de los aspectos a cumplimentar de acuerdo a lo exigido en la Ley 27279.
Campo Limpio
Por ese motivo, en mayo del año pasado, Campo Limpio, a través de una carta documento de 15 páginas, presentó ante la Subsecretaría de Ambiente de La Pampa, una propuesta de gestión de los envases vacíos. De acuerdo a la Ley de Envases Vacíos, una vez recibida la propuesta, la autoridad de aplicación tiene un plazo para aprobarlo o rechazarlo. En este caso, Ambiente lo aprobó ese mismo mes.
Desde esa fecha, 2 ó 3 de mayo, comenzó a correr el plazo de 270 días -que vence el 28 de enero- que establece el artículo 10 de la ley nacional para que se ponga en funcionamiento el sistema propuesto por Campo Limpio en nuestra provincia. Esa propuesta consistía en la construcción de tres centros de acopio transitorio, pero las obras no avanzaron y en la última inspección que se realizó desde Ambiente, el lunes último, esto fue constatado.
Por lo tanto, la ley dice que, ante el incumplimiento, lo que debe hacer la autoridad de aplicación es prohibir la comercialización de fitosanitarios hasta que los «registrantes» (laboratorios) pongan el sistema en vigencia.
Cuello de botella
Si bien la construcción de los CAT no es compleja, pues consisten en tinglados de 10 metros de ancho por 15 de largo, con un piso de cemento alisado con cierto declive y un cierre perimetral realizado con un tejido romboidal, Campo Limpio ni siquiera ha presentado los estudios de impacto ambiental necesario para que los sitios elegidos para levantarlos sean autorizados. Este proceso incluso podría incluir una convocatoria a audiencia pública, algo que alargaría los plazos y, por ende, la prohibición de comercializar.
Pero esto no es todo, en la Provincia aseguran que el requerimiento de trazabilidad para los bidones también está «verde», lo cual suma otro problema más. En lo que va de esta semana, las reuniones por el tema fueron varias y junto con especialistas en ambiente y fitosanitarios los que tuvieron un rol protagónico fueron los abogados, buscando algún resquicio que permita superar el cuello de botella. Por ahora, las partes siguen trabajando para evitar la prohibición. Mientras tanto, Ambiente realizará el 27 de enero una nueva inspección en los sitios donde iban a construirse los CAT.
.
Fecha de Publicación: 25/01/2020
Fuente: La Arena
Provincia/Región: La Pampa
La comercialización de agroquímicos en la provincia de La Pampa podría prohibirse hasta nuevo aviso a partir del lunes próximo, 28 de enero. La medida podría adoptarla el gobierno de la provincia, a través de la Subsecretaría de Ambiente, la autoridad de aplicación de la Ley 27279 (de Presupuestos mínimos de Protección Ambiental para la Gestión de los Envases Vacíos de Fitosanitarios), a menos que todo lo que no se hizo en 270 días se realice en cinco, una misión imposible.
El tema está generando mucha preocupación entre las empresas pampeanas que se dedican a la comercialización de fitosanitarios, tales como las agronomías y las cooperativas agropecuarias, mayormente ubicadas en el norte de la provincia, pero también, aunque en menor medida, en el centro y centro este provincial.
Laboratorios en falta
Las fuentes consultadas ayer por este diario, tanto gubernamentales como ligadas a la venta de fitosanitarios, explicaron que la ley impone a los «registrantes», es decir, a los laboratorios que producen los fitosanitarios, tanto nacionales como trasnacionales, como los responsables de construir Centros de Acopio Transitorio (CAT) de envases vacíos y de darle trazabilidad a los bidones en los que se despacha el producto, de modo de conocer qué cantidad compró un productor agropecuario y cuántos devolvió vacíos.
Para cumplir con esas obligaciones, la cámara que nuclea a los laboratorios internacionales, tales como Dow, Monsanto, Bayer, Basf o Singenta, Casafe, y la que agrupa a los nacionales, como Nova y ACA, denominada Ciafa, crearon la Fundación Campo Limpio. La única finalidad de la ONG era gestionar cada uno de los aspectos a cumplimentar de acuerdo a lo exigido en la Ley 27279.
Campo Limpio
Por ese motivo, en mayo del año pasado, Campo Limpio, a través de una carta documento de 15 páginas, presentó ante la Subsecretaría de Ambiente de La Pampa, una propuesta de gestión de los envases vacíos. De acuerdo a la Ley de Envases Vacíos, una vez recibida la propuesta, la autoridad de aplicación tiene un plazo para aprobarlo o rechazarlo. En este caso, Ambiente lo aprobó ese mismo mes.
Desde esa fecha, 2 ó 3 de mayo, comenzó a correr el plazo de 270 días -que vence el 28 de enero- que establece el artículo 10 de la ley nacional para que se ponga en funcionamiento el sistema propuesto por Campo Limpio en nuestra provincia. Esa propuesta consistía en la construcción de tres centros de acopio transitorio, pero las obras no avanzaron y en la última inspección que se realizó desde Ambiente, el lunes último, esto fue constatado.
Por lo tanto, la ley dice que, ante el incumplimiento, lo que debe hacer la autoridad de aplicación es prohibir la comercialización de fitosanitarios hasta que los «registrantes» (laboratorios) pongan el sistema en vigencia.
Cuello de botella
Si bien la construcción de los CAT no es compleja, pues consisten en tinglados de 10 metros de ancho por 15 de largo, con un piso de cemento alisado con cierto declive y un cierre perimetral realizado con un tejido romboidal, Campo Limpio ni siquiera ha presentado los estudios de impacto ambiental necesario para que los sitios elegidos para levantarlos sean autorizados. Este proceso incluso podría incluir una convocatoria a audiencia pública, algo que alargaría los plazos y, por ende, la prohibición de comercializar.
Pero esto no es todo, en la Provincia aseguran que el requerimiento de trazabilidad para los bidones también está «verde», lo cual suma otro problema más. En lo que va de esta semana, las reuniones por el tema fueron varias y junto con especialistas en ambiente y fitosanitarios los que tuvieron un rol protagónico fueron los abogados, buscando algún resquicio que permita superar el cuello de botella. Por ahora, las partes siguen trabajando para evitar la prohibición. Mientras tanto, Ambiente realizará el 27 de enero una nueva inspección en los sitios donde iban a construirse los CAT.
.
Mendoza sube las multas por provocar incendios
Aumenta el valor de las multas por provocar incendios y llega hasta $ 2,3 millones
Fecha de Publicación: 25/01/2020
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
La Secretaría de Ambiente informó que se incrementó el valor de la sanción con el fin de prevenir siniestros en zonas rurales de Mendoza.
La sequía que azota a Mendoza se ha vuelto un peligro para la zona rural de Mendoza no solo por la escasez de agua sino también por el alto riesgo de incendios.
Con el fin de prevenir y controlar los siniestros, la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial anunció el incremento de las sanciones establecidas para quienes provoquen incendios forestales, dependiendo de los daños y perjuicios podrán recibir multas, por un valor de hasta $2.380.000.
La Dirección de Recursos Naturales Renovables, de quien depende el Plan Provincial de Manejo del Fuego, modificó el art. 17 de la Ley Provincial 6099 de prevención y lucha contra incendios en zonas rurales para elevar el valor de la multa.
Las sanciones que se apliquen tendrán una gradualidad y se tendrá en cuenta la gravedad de la infracción, las consecuencias que haya causado a la propiedad de terceros o al medio ambiente así como también los daños y peligros potenciales a la seguridad física de otras personas, los antecedentes de infracciones ya cometidas y toda otra circunstancia relevante para la aplicación.
Así se busca controlar los incendios rurales que se generan, principalmente, por el uso ilegal de fuego para limpieza de acequias, canales y lotes. El organismo aclaró que el uso de fuego como herramienta de limpieza está prohibido por la Ley provincial 6099. "La Dirección de Recursos Naturales Renovables informa que está prohibida la quema controlada de campos sin la autorización y supervisión del personal del Plan Provincial de Manejo del Fuego", afirma el comunicado.
También hicieron un llamado a la población para ser responsable y piden abstenerse de prender fuego, sin importar las razones, si no se está preparado para extinguirlo. "También se exige a los productores tener debidamente las picadas cortafuego regularizadas en los campos de los cuales son propietarios, ya que de lo contrario serán pasibles de multa o quita de subsidio por no cumplir esta normativa", aseguraron.
El Código de Contravenciones establece multas entre $7.600 y $47.500 o arresto de 8 a 50 días "para aquellos que, sin causar un incendio, encendieran fuego en zona urbana o rural en los caminos y en zonas de esparcimiento (públicas o privadas), en calles, acequias, puentes, banquinas o basurales, sea quemando hojas, ramas, madera, basura o cualquier otro material susceptible de ser incinerado, sin observar las precauciones necesarias para evitar su propagación. El Código Penal prevé entre 3 y 20 años de prisión dependiendo de los daños ocasionados por incendios".
Acciones prohibidas y multadas
Está totalmente prohibido el uso de fuego para la quema de pastizales, de basura acumulada, la limpieza de lotes, la quema de fincas abandonadas, la preparación de suelos para cultivos, la limpieza de banquinas, acequias y canales, las quemas clandestinas de campos incultos y quema de remanentes de siembra.
Para denunciar estos siniestros, se puede ingresar al sitio de la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial: www.ambiente.mendoza.gov.ar, a la Dirección de Recursos Naturales Renovables a los teléfonos 4252090 y 4257065, de lunes a viernes, de 8 a 13 o llamando al 911.
.
Fecha de Publicación: 25/01/2020
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
La Secretaría de Ambiente informó que se incrementó el valor de la sanción con el fin de prevenir siniestros en zonas rurales de Mendoza.
La sequía que azota a Mendoza se ha vuelto un peligro para la zona rural de Mendoza no solo por la escasez de agua sino también por el alto riesgo de incendios.
Con el fin de prevenir y controlar los siniestros, la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial anunció el incremento de las sanciones establecidas para quienes provoquen incendios forestales, dependiendo de los daños y perjuicios podrán recibir multas, por un valor de hasta $2.380.000.
La Dirección de Recursos Naturales Renovables, de quien depende el Plan Provincial de Manejo del Fuego, modificó el art. 17 de la Ley Provincial 6099 de prevención y lucha contra incendios en zonas rurales para elevar el valor de la multa.
Las sanciones que se apliquen tendrán una gradualidad y se tendrá en cuenta la gravedad de la infracción, las consecuencias que haya causado a la propiedad de terceros o al medio ambiente así como también los daños y peligros potenciales a la seguridad física de otras personas, los antecedentes de infracciones ya cometidas y toda otra circunstancia relevante para la aplicación.
Así se busca controlar los incendios rurales que se generan, principalmente, por el uso ilegal de fuego para limpieza de acequias, canales y lotes. El organismo aclaró que el uso de fuego como herramienta de limpieza está prohibido por la Ley provincial 6099. "La Dirección de Recursos Naturales Renovables informa que está prohibida la quema controlada de campos sin la autorización y supervisión del personal del Plan Provincial de Manejo del Fuego", afirma el comunicado.
También hicieron un llamado a la población para ser responsable y piden abstenerse de prender fuego, sin importar las razones, si no se está preparado para extinguirlo. "También se exige a los productores tener debidamente las picadas cortafuego regularizadas en los campos de los cuales son propietarios, ya que de lo contrario serán pasibles de multa o quita de subsidio por no cumplir esta normativa", aseguraron.
El Código de Contravenciones establece multas entre $7.600 y $47.500 o arresto de 8 a 50 días "para aquellos que, sin causar un incendio, encendieran fuego en zona urbana o rural en los caminos y en zonas de esparcimiento (públicas o privadas), en calles, acequias, puentes, banquinas o basurales, sea quemando hojas, ramas, madera, basura o cualquier otro material susceptible de ser incinerado, sin observar las precauciones necesarias para evitar su propagación. El Código Penal prevé entre 3 y 20 años de prisión dependiendo de los daños ocasionados por incendios".
Acciones prohibidas y multadas
Está totalmente prohibido el uso de fuego para la quema de pastizales, de basura acumulada, la limpieza de lotes, la quema de fincas abandonadas, la preparación de suelos para cultivos, la limpieza de banquinas, acequias y canales, las quemas clandestinas de campos incultos y quema de remanentes de siembra.
Para denunciar estos siniestros, se puede ingresar al sitio de la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial: www.ambiente.mendoza.gov.ar, a la Dirección de Recursos Naturales Renovables a los teléfonos 4252090 y 4257065, de lunes a viernes, de 8 a 13 o llamando al 911.
.
Demandan a turistas que alzaron pingüinos
Santa Cruz demandó a turistas que alzaron pingüinos
Fecha de Publicación: 23/01/2020
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Santa Cruz
El Gobierno de Santa Cruz inició acciones legales en contra de las dos turistas que se sacaron fotos sosteniendo cada una a un ejemplar de pingüino de Magallanes y luego publicaron las imágenes en sus redes sociales.
El hecho ocurrió en la Reserva Cabo Vírgenes, a unos 130 kilómetros al sudeste de Río Gallegos. En el lugar se encuentra una de las pingüineras más importantes de la costa atlántica.
El demandante resaltó que el comportamiento fue irresponsable y que al estar prohibido por la legislación local merece sanciones
El Consejo Agrario Provincial (CAP), a través de la Dirección General de Fauna, emitió un comunicado en el que señaló que la normativa protege a los animales que habitan en áreas protegidas y destacó que en el lugar hay carteles que aclaran que no se los puede tocar ni molestar.
El hecho ocurrió en la Reserva Cabo Vírgenes, a unos 130 kilómetros al sudeste de Río Gallegos. En el lugar se encuentra una de las pingüineras más importantes de la costa atlántica.
.
Fecha de Publicación: 23/01/2020
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Santa Cruz
El Gobierno de Santa Cruz inició acciones legales en contra de las dos turistas que se sacaron fotos sosteniendo cada una a un ejemplar de pingüino de Magallanes y luego publicaron las imágenes en sus redes sociales.
El hecho ocurrió en la Reserva Cabo Vírgenes, a unos 130 kilómetros al sudeste de Río Gallegos. En el lugar se encuentra una de las pingüineras más importantes de la costa atlántica.
El demandante resaltó que el comportamiento fue irresponsable y que al estar prohibido por la legislación local merece sanciones
El Consejo Agrario Provincial (CAP), a través de la Dirección General de Fauna, emitió un comunicado en el que señaló que la normativa protege a los animales que habitan en áreas protegidas y destacó que en el lugar hay carteles que aclaran que no se los puede tocar ni molestar.
El hecho ocurrió en la Reserva Cabo Vírgenes, a unos 130 kilómetros al sudeste de Río Gallegos. En el lugar se encuentra una de las pingüineras más importantes de la costa atlántica.
.
Kicillof seguiría con la normativa que limita fumigaciones
Agrotóxicos bonaerenses: Kicillof extenderá la suspensión a la norma de Vidal que habilita fumigaciones irrestrictas
Fecha de Publicación: 18/01/2020
Fuente: iProfesional
Provincia/Región: Buenos Aires
A través de la cartera de Desarrollo Agrario, el gobierno que encabeza Axel Kicillof volverá a suspender la norma 246 que, promovida en tiempos de María Eugenia Vidal al frente de la Provincia, habilita las pulverizaciones con agrotóxicos junto a poblaciones y escuelas rurales en toda la geografía de la provincia de Buenos Aires.
El marco en cuestión, de no congelarse otra vez, también avalaría el uso de plaguicidas pegado a cursos de agua, sitios de bombeo, reservas naturales y áreas de esparcimiento. La 246 entró en vigencia el 1° de enero de 2019, pero tras el rechazo generalizado resultó suspendida por un año.
Con fecha de activación fijada para el próximo 18 de febrero, iProfesional tomó contacto con fuentes de la Gobernación para conocer qué decisión tomará la administración Kicillof al cumplirse el plazo. Ante la consulta de este medio, desde el oficialismo la respuesta fue una sola: "La norma se volverá a suspender. Por ahora, no está definido si se hará por un año o más."
Las voces interpeladas omitieron cualquier referencia a la eventual derogación de la 246. El lapso pautado para la renovada suspensión que se viene quedará definido antes de que comience febrero.
La resolución 246 estimula el uso irrestricto de glifosato, clorpirifos, atrazina, 2,4-D, dicamba, glufosinato de amonio, cletodim, picloram y otros venenos. Fue promovida por Leonardo Sarquís, ex ministro de agroindustria bonaerense con pasado en el área de ventas de uno de los actores clave de la producción de plaguicidas y transgénicos a nivel planetario: la estadounidense Monsanto, hoy bajo control accionario de la alemana Bayer.
En concreto, el marco -que ahora se volverá a aplazar, por ende no entrará en vigencia- legaliza la aplicación de agrotóxicos sin especificar distancias mínimas de centros urbanos o escuelas rurales. Y tampoco fija límites de protección de ríos, arroyos, lagos y lagunas bonaerenses.
Para los establecimientos educativos ubicados fuera de los ejidos urbanos el único criterio pro alumnos que contempla es el veto a las fumigaciones en horario escolar. Quienes utilizan plaguicidas, de acuerdo al marco, pueden aplicarlos junto a las escuelas hasta un minuto antes del inicio de clases. Y, por supuesto, 60 segundos después de vaciadas las aulas.
Semejante decisión va a contramano de toda la bibliografía científica independiente generada tanto en Argentina –sobre todo por la Universidad de La Plata, con el doctor Damián Marino a la cabeza– como en el resto del mundo.
Un amplio volumen de trabajos técnicos demuestra el alto grado de persistencia en el ambiente que ostentan estos compuestos así como su capacidad para desplazarse –la deriva, una de sus formas– por varios kilómetros vía aspectos atmosféricos y climáticos como el viento, la lluvia, humedad del suelo y la misma temperatura, por citar algunos factores.
.
Fecha de Publicación: 18/01/2020
Fuente: iProfesional
Provincia/Región: Buenos Aires
A través de la cartera de Desarrollo Agrario, el gobierno que encabeza Axel Kicillof volverá a suspender la norma 246 que, promovida en tiempos de María Eugenia Vidal al frente de la Provincia, habilita las pulverizaciones con agrotóxicos junto a poblaciones y escuelas rurales en toda la geografía de la provincia de Buenos Aires.
El marco en cuestión, de no congelarse otra vez, también avalaría el uso de plaguicidas pegado a cursos de agua, sitios de bombeo, reservas naturales y áreas de esparcimiento. La 246 entró en vigencia el 1° de enero de 2019, pero tras el rechazo generalizado resultó suspendida por un año.
Con fecha de activación fijada para el próximo 18 de febrero, iProfesional tomó contacto con fuentes de la Gobernación para conocer qué decisión tomará la administración Kicillof al cumplirse el plazo. Ante la consulta de este medio, desde el oficialismo la respuesta fue una sola: "La norma se volverá a suspender. Por ahora, no está definido si se hará por un año o más."
Las voces interpeladas omitieron cualquier referencia a la eventual derogación de la 246. El lapso pautado para la renovada suspensión que se viene quedará definido antes de que comience febrero.
La resolución 246 estimula el uso irrestricto de glifosato, clorpirifos, atrazina, 2,4-D, dicamba, glufosinato de amonio, cletodim, picloram y otros venenos. Fue promovida por Leonardo Sarquís, ex ministro de agroindustria bonaerense con pasado en el área de ventas de uno de los actores clave de la producción de plaguicidas y transgénicos a nivel planetario: la estadounidense Monsanto, hoy bajo control accionario de la alemana Bayer.
En concreto, el marco -que ahora se volverá a aplazar, por ende no entrará en vigencia- legaliza la aplicación de agrotóxicos sin especificar distancias mínimas de centros urbanos o escuelas rurales. Y tampoco fija límites de protección de ríos, arroyos, lagos y lagunas bonaerenses.
Para los establecimientos educativos ubicados fuera de los ejidos urbanos el único criterio pro alumnos que contempla es el veto a las fumigaciones en horario escolar. Quienes utilizan plaguicidas, de acuerdo al marco, pueden aplicarlos junto a las escuelas hasta un minuto antes del inicio de clases. Y, por supuesto, 60 segundos después de vaciadas las aulas.
Semejante decisión va a contramano de toda la bibliografía científica independiente generada tanto en Argentina –sobre todo por la Universidad de La Plata, con el doctor Damián Marino a la cabeza– como en el resto del mundo.
Un amplio volumen de trabajos técnicos demuestra el alto grado de persistencia en el ambiente que ostentan estos compuestos así como su capacidad para desplazarse –la deriva, una de sus formas– por varios kilómetros vía aspectos atmosféricos y climáticos como el viento, la lluvia, humedad del suelo y la misma temperatura, por citar algunos factores.
.
Conflicto por fumigaciones entre Tucumán y Santiago
Aviones tucumanos fumigan con agrotóxicos localidades del noroeste santiagueño
Fecha de Publicación: 17/01/2020
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Tucumán - Santiago del Estero
La población de Pozo Hondo se encuentra en alerta por enfermedades y culpan al agrotóxico de las fumigaciones. El padre Sergio Raffaelli encabeza la lucha a favor de los pobladores afectados.
Pobladores de Pozo Hondo y lugares aledaños del departamento Jiménez no la están pasando nada bien. Afirman que ésta es la peor época del año y en la que se exacerban los “síntomas del envenenamiento: problemas respiratorios, manchas en la piel, partos espontáneos, chiquitos con malformaciones”. Todo ello, afirman, a causa de la actividad sojera de la zona, puntualmente de la fumigación de los campos con sustancias agrotóxicas.
Como si la salud de la población no fuera suficientemente alarmante ya, relatan que también se mueren sus animales y sus sembradíos se secan enseguida. Por ello, se encuentran en alerta y abiertamente en lucha contra la desmedida aplicación de las peligrosas sustancias tóxicas en campos muy cercanos a viviendas, escuelas y pobladores en general, que están seguros que aspiran involuntariamente esos venenos, especialmente en época estival, cuando arrecian las fumigaciones.
El cura del pueblo, padre Sergio Marcelo Raffaelli, es una de las personas que se encuentra al frente de reuniones que se vienen desarrollando con el objetivo de ponerle fin a esta situación que provocó enormes inconvenientes de salud en varias personas de la zona desde hace varios años.
“En el pueblo estamos preocupados, en la zona suele llover desde noviembre hasta abril, y se siembra soja, los productores fumigan con las avionetas y largan un tóxico que genera enfermedades de distintos tipos en los pobladores. Se produce una contaminación en la gente, es un tema grave, la gente tiene los recipientes donde juntan agua al aire libre para beber, los animales toman agua en la represa contaminada, y esos animales después se lo comen, los utensilios están en una mesa bajo el árbol, lo poco que siembran se les quema enseguida, entonces se ve afectado el modelo de vida de producción de las familias de la zona. Lo más preocupante es el problema de salud de esas familias”, expresó con tono preocupado el padre.
Raffaelli es párroco de la parroquia La Merced; su trabajo pastoral llega a todos los parajes del departamento. “Con los vecinos hemos logrado armar una mesa de tierra en la parroquia donde nos reunimos mensualmente con las comunidades campesinas, el Inta, el comité de Emergencia. En la última reunión nos acompañó la fiscal federal, Dra. Indiana Garzón, el fiscal de la jurisdicción Río Hondo Jiménez, Dr. Ignacio Guzmán, y el Dr. Santucho de la Defensoría del Pueblo, el defensor adjunto de Niñez y Adolescencia por el tema de las escuelas y el derecho a la salud de los niños. Es una mesa ampliada. Tenemos pensado para el mes de febrero tener una reunión con la Secretaría de Agricultura de la Provincia que es el órgano de control y aplicación y cuenta con las normativas para regular el uso de las herramientas que deben utilizar para la fumigación”, amplió.
“Me cuesta creer que esta gente sea empresaria, la gente de bien da trabajo y persigue una función social, estos son especuladores financieros que poco tienen que ver con un trabajo empresarial. La Dra. Garzón les tomó la denuncia de los vecinos afectados, quienes dieron nombres de las fincas, empresarios. Los campos están ubicados en el límite de los departamentos Jiménez y Río Hondo y la provincia de Tucumán. Las fincas grandes abarcan las dos provincias. La mayoría de las avionetas son de Tucumán, despegan desde la vecina provincia. La fiscal Garzón nos manifestó que la Justicia Federal puede intervenir en este tipo de situaciones. Levantó todos elementos que le sirven como materia de denuncia para realizar allanamientos, investigar y pedir informes”, explicó el sacerdote.
Por último, el padre Raffaelli concluyó: “Estamos esperanzados de que esto tiene que parar, tenemos familias preocupadas por el deterioro de la salud, los agentes sanitarios de la zona pudieron registrar casos de niños que nacen con malformaciones, problemas respiratorios, enfermedad de la piel, la muerte de los animales. Sabemos que estamos luchando contra empresas grandes, pero seguiremos dando batalla”.
.
Fecha de Publicación: 17/01/2020
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Tucumán - Santiago del Estero
La población de Pozo Hondo se encuentra en alerta por enfermedades y culpan al agrotóxico de las fumigaciones. El padre Sergio Raffaelli encabeza la lucha a favor de los pobladores afectados.
Pobladores de Pozo Hondo y lugares aledaños del departamento Jiménez no la están pasando nada bien. Afirman que ésta es la peor época del año y en la que se exacerban los “síntomas del envenenamiento: problemas respiratorios, manchas en la piel, partos espontáneos, chiquitos con malformaciones”. Todo ello, afirman, a causa de la actividad sojera de la zona, puntualmente de la fumigación de los campos con sustancias agrotóxicas.
Como si la salud de la población no fuera suficientemente alarmante ya, relatan que también se mueren sus animales y sus sembradíos se secan enseguida. Por ello, se encuentran en alerta y abiertamente en lucha contra la desmedida aplicación de las peligrosas sustancias tóxicas en campos muy cercanos a viviendas, escuelas y pobladores en general, que están seguros que aspiran involuntariamente esos venenos, especialmente en época estival, cuando arrecian las fumigaciones.
El cura del pueblo, padre Sergio Marcelo Raffaelli, es una de las personas que se encuentra al frente de reuniones que se vienen desarrollando con el objetivo de ponerle fin a esta situación que provocó enormes inconvenientes de salud en varias personas de la zona desde hace varios años.
“En el pueblo estamos preocupados, en la zona suele llover desde noviembre hasta abril, y se siembra soja, los productores fumigan con las avionetas y largan un tóxico que genera enfermedades de distintos tipos en los pobladores. Se produce una contaminación en la gente, es un tema grave, la gente tiene los recipientes donde juntan agua al aire libre para beber, los animales toman agua en la represa contaminada, y esos animales después se lo comen, los utensilios están en una mesa bajo el árbol, lo poco que siembran se les quema enseguida, entonces se ve afectado el modelo de vida de producción de las familias de la zona. Lo más preocupante es el problema de salud de esas familias”, expresó con tono preocupado el padre.
Raffaelli es párroco de la parroquia La Merced; su trabajo pastoral llega a todos los parajes del departamento. “Con los vecinos hemos logrado armar una mesa de tierra en la parroquia donde nos reunimos mensualmente con las comunidades campesinas, el Inta, el comité de Emergencia. En la última reunión nos acompañó la fiscal federal, Dra. Indiana Garzón, el fiscal de la jurisdicción Río Hondo Jiménez, Dr. Ignacio Guzmán, y el Dr. Santucho de la Defensoría del Pueblo, el defensor adjunto de Niñez y Adolescencia por el tema de las escuelas y el derecho a la salud de los niños. Es una mesa ampliada. Tenemos pensado para el mes de febrero tener una reunión con la Secretaría de Agricultura de la Provincia que es el órgano de control y aplicación y cuenta con las normativas para regular el uso de las herramientas que deben utilizar para la fumigación”, amplió.
“Me cuesta creer que esta gente sea empresaria, la gente de bien da trabajo y persigue una función social, estos son especuladores financieros que poco tienen que ver con un trabajo empresarial. La Dra. Garzón les tomó la denuncia de los vecinos afectados, quienes dieron nombres de las fincas, empresarios. Los campos están ubicados en el límite de los departamentos Jiménez y Río Hondo y la provincia de Tucumán. Las fincas grandes abarcan las dos provincias. La mayoría de las avionetas son de Tucumán, despegan desde la vecina provincia. La fiscal Garzón nos manifestó que la Justicia Federal puede intervenir en este tipo de situaciones. Levantó todos elementos que le sirven como materia de denuncia para realizar allanamientos, investigar y pedir informes”, explicó el sacerdote.
Por último, el padre Raffaelli concluyó: “Estamos esperanzados de que esto tiene que parar, tenemos familias preocupadas por el deterioro de la salud, los agentes sanitarios de la zona pudieron registrar casos de niños que nacen con malformaciones, problemas respiratorios, enfermedad de la piel, la muerte de los animales. Sabemos que estamos luchando contra empresas grandes, pero seguiremos dando batalla”.
.
Chubut: Se aleja la modificación de la ley minera
El gobernador Arcioni cada vez más aislado al querer impulsar la minería
Fecha de Publicación: 15/01/2020
Fuente: El Agora
Provincia/Región: Chubut
Mariano Arcioni quiere incentivar la minería en Chubut pero además del rechazo popular, existe una intensa oposición política encabezada por el vicegobernador Ricardo Sastre, de la que participan cada vez más sectores del peronismo.
El plan minero de Arcioni no deja de sumar rechazos aunque todavía no haya una medida o proyecto concreto. No obstante, los dichos del Secretario de Gobierno, Carlos Reilly, quien manifestó días atrás que buscan modificar la ley 5.001 que prohibe la minería desde 2003 en Chubut.
“La minería es la columna vertebral de un plan estratégico de crecimiento económico y desarrollo social” manifestó Reilly y rápidamente Arcioni tuvo que bajarle el tono a los dichos de su funcionario, que comenzaron a enardecer la oposición.
Los legisladores nacionales del Frente de Todos que representan a Chubut también se oponen a la minería en la provincia patagónica, de igual modo que un sector oficialista de la Legislatura provincial, y el intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, hermano del vicegobernador.
Arcioni desmintió que su gobierno pretende modificar la ley 5.001 pero adelantó que piensa habilitar la minería en la zona de la meseta: “Hay que dejar en claro que no queremos una minería que contamine, no queremos minería en la Cordillera, no queremos con cianuro, eso que quede claro”.
Por su parte, el mismo vicegobernador Sastre remarcó: “El PUEBLO de Chubut se ha expresado en contra del desarrollo minero y comprendo que #NoEsNo. En la clase dirigencial debe haber una fuerte autocrítica. Chubut tiene otras alternativas de desarrollo que pueden llevarse adelante con responsabilidad y eficiencia, sin poner en riesgo el agua, y nuestro medio ambiente!”.
A nadie escapa que Sastre posee una gran influencia en la Legislatura, el ámbito donde debería aprobarse una modificación de la Ley 5001.
Como si fuera poco, el kirchnerismo también se opone según los planteos de la senadora Nancy González y del diputado Santiago Igón, de La Cámpora. Ambos se mostraron con carteles contra la minería.
.
Fecha de Publicación: 15/01/2020
Fuente: El Agora
Provincia/Región: Chubut
Mariano Arcioni quiere incentivar la minería en Chubut pero además del rechazo popular, existe una intensa oposición política encabezada por el vicegobernador Ricardo Sastre, de la que participan cada vez más sectores del peronismo.
El plan minero de Arcioni no deja de sumar rechazos aunque todavía no haya una medida o proyecto concreto. No obstante, los dichos del Secretario de Gobierno, Carlos Reilly, quien manifestó días atrás que buscan modificar la ley 5.001 que prohibe la minería desde 2003 en Chubut.
“La minería es la columna vertebral de un plan estratégico de crecimiento económico y desarrollo social” manifestó Reilly y rápidamente Arcioni tuvo que bajarle el tono a los dichos de su funcionario, que comenzaron a enardecer la oposición.
Los legisladores nacionales del Frente de Todos que representan a Chubut también se oponen a la minería en la provincia patagónica, de igual modo que un sector oficialista de la Legislatura provincial, y el intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, hermano del vicegobernador.
Arcioni desmintió que su gobierno pretende modificar la ley 5.001 pero adelantó que piensa habilitar la minería en la zona de la meseta: “Hay que dejar en claro que no queremos una minería que contamine, no queremos minería en la Cordillera, no queremos con cianuro, eso que quede claro”.
Por su parte, el mismo vicegobernador Sastre remarcó: “El PUEBLO de Chubut se ha expresado en contra del desarrollo minero y comprendo que #NoEsNo. En la clase dirigencial debe haber una fuerte autocrítica. Chubut tiene otras alternativas de desarrollo que pueden llevarse adelante con responsabilidad y eficiencia, sin poner en riesgo el agua, y nuestro medio ambiente!”.
A nadie escapa que Sastre posee una gran influencia en la Legislatura, el ámbito donde debería aprobarse una modificación de la Ley 5001.
Como si fuera poco, el kirchnerismo también se opone según los planteos de la senadora Nancy González y del diputado Santiago Igón, de La Cámpora. Ambos se mostraron con carteles contra la minería.
.
Procesamiento a Ex funcionario de Mercado de Liniers
Ex presidente del Mercado de Liniers procesado por tirar efluentes al Riachuelo
Fecha de Publicación: 08/01/2020
Fuente: InfoCampo
Provincia/Región: Buenos Aires
La Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento de Roberto Arancedo, y tanto él como el Mercado de Liniers deberán pagar 2,5 millones de pesos por violar la ley 24.051 de Protección Ambiental.
La Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento del ex presidente del Mercado de Hacienda de Liniers, Roberto Arancedo, por supuesta contaminación del arroyo Cildañez y también ratificó embargos en la investigación, según informó Télam.
Los jueces del Tribunal de Apelaciones redujeron de cinco millones a dos millones y medio los embargos ordenados por el magistrado del caso, Sebastián Casanello, al imputado y al Mercado de Liniers SA.
La investigación se abrió por denuncia de la Unidad Fiscal de Investigaciones en Materia Ambiental por presunta violación a la ley 24.051 de Protección Ambiental, a raíz del volcado de efluentes líquidos de los corrales de ganado y lavado de camiones a las aguas del Cildañez, un afluente de la cuenca Matanza Riachuelo, señala el cable.
La agencia oficial además indica que revocaron la prohibición de salida del país que se le había impuesto al ex directivo, y que en una inspección el 12 de marzo de 2018 se clausuraron las cámaras de toma de muestras de distintos sectores
“No existe debate en punto al hallazgo producido y que acredita que en el curso de la actividad llevada a cabo por el Mercado de Liniers SA -específicamente en el sector de los corrales- se volcaron efluentes en violación a la normativa ambiental”, concluyó la Cámara.
.
Fecha de Publicación: 08/01/2020
Fuente: InfoCampo
Provincia/Región: Buenos Aires
La Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento de Roberto Arancedo, y tanto él como el Mercado de Liniers deberán pagar 2,5 millones de pesos por violar la ley 24.051 de Protección Ambiental.
La Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento del ex presidente del Mercado de Hacienda de Liniers, Roberto Arancedo, por supuesta contaminación del arroyo Cildañez y también ratificó embargos en la investigación, según informó Télam.
Los jueces del Tribunal de Apelaciones redujeron de cinco millones a dos millones y medio los embargos ordenados por el magistrado del caso, Sebastián Casanello, al imputado y al Mercado de Liniers SA.
La investigación se abrió por denuncia de la Unidad Fiscal de Investigaciones en Materia Ambiental por presunta violación a la ley 24.051 de Protección Ambiental, a raíz del volcado de efluentes líquidos de los corrales de ganado y lavado de camiones a las aguas del Cildañez, un afluente de la cuenca Matanza Riachuelo, señala el cable.
La agencia oficial además indica que revocaron la prohibición de salida del país que se le había impuesto al ex directivo, y que en una inspección el 12 de marzo de 2018 se clausuraron las cámaras de toma de muestras de distintos sectores
“No existe debate en punto al hallazgo producido y que acredita que en el curso de la actividad llevada a cabo por el Mercado de Liniers SA -específicamente en el sector de los corrales- se volcaron efluentes en violación a la normativa ambiental”, concluyó la Cámara.
.
Ley de envases: normativa pendiente en nuestro país
Ley de envases, una deuda pendiente para lidiar con los residuos plásticos
Fecha de Publicación: 07/01/2020
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
En la Argentina se producen aproximadamente 927.000 toneladas de envases plásticos al año. De ese total el 26% se recicla y el resto va a los rellenos sanitarios o basurales del país. Esto genera contaminación y, además, hace que la industria del reciclado funcione solo al 50%, cuando podría representar una fuente de trabajo para miles de personas.
En Europa esta problemática se solucionó con una Ley de Responsabilidad Extendida al productor, que en el plano local intentaron promulgarla bajo el nombre de Ley de Envases. Esta reglamentación hace que los fabricantes de productos que usan envases plásticos se hagan cargo de la gestión de esos residuos, algo que en la Argentina aún está lejos de suceder ya que los distintos proyectos de ley quedaron truncos. Como el Estado se hace cargo de los residuos, para las empresas es más económico volver a producirlos que armar un circuito de reciclado.
"Existen varios motivos vinculados a la demora de más de 25 años por parte de funcionarios del Poder Ejecutivo para impulsar la Ley de Envases. Uno de ellos es la falta de sensibilidad de quienes ocupan los altos cargos por los distintos problemas ambientales. Es habitual que las políticas nacionales en esta materia la toman funcionarios con sede en la ciudad de Buenos Aires, que poco conocen de la grave situación en las provincias, donde hay basurales a cielo abierto en cada una de ellas, y menos aún conocen lo que sucede en los municipios. Hay un abandono generalizado en esta materia y esto involucra a todos los partidos políticos", dijo Sergio Hilbrecht, gerente de la Cámara Argentina de la Industria Plástica.
Hilbrecht también apunta a la "permeabilidad" de los funcionarios estatales a presiones por parte del sector envasador: "El poder de lobby de este sector es enorme, constante y persistente en el tiempo. Con distintas excusas recorren los pasillos del Poder Ejecutivo alertando que una ley de esta naturaleza amenaza las finanzas de sus compañías y que la economía informal quedará fuera de la obligación de cumplir con el pago de la suma monetaria que determine la ley. Todos estos son argumentos falsos y que nada tienen que ver con la protección del medio ambiente".
Otro aspecto que señala el funcionario es la falta de formación profesional o antecedentes en la materia de quienes asumen en las cartera de medio ambiente, aduce que, por lo general, son cargos que se asignan políticamente como prenda de cambio de las distintas coaliciones de gobierno de turno.
En España, por ejemplo, la sanción de una Ley de Envases dio lugar a Ecoembes, la entidad que asume los costos asociados a la recolección y selección de los residuos de envases domiciliarios. Las cifras muestran el colosal negocio y oportunidad para el mercado laboral que representa un organismo de estas características. En 2018 Ecoembes facturó 494 millones de euros, reciclaron el 80% de los envases de cartón y papel y el 75.8% de los envases de plástico y se generaron 42.600 trabajos formales relacionados la actividad del reciclado.
En la Argentina, por la falta de una ley, las empresas que colocan este tipo de envases en el mercado no se hacen cargo de ellos, como si sucede en los países donde están ubicadas sus casas matrices. "Saben que en otros países deben aportar para gestionar los residuos y colaborar con los municipios, que son los responsables de la basura. De hecho la ONU ya informó quienes son las empresas que más contaminan en el mundo. Digo contaminan porque en el contexto de una Ley de Envases (o Ley de Responsabilidad Extendida del Productor), se ha establecido que ´quien contamina paga´. Esta frase grafica claramente quien es el responsable de financiar y pagar por recuperar del medio ambiente todos los envases de todos los materiales una vez que el público consumió su contenido", dijo Hilbrecht.
"En países de Europa la solución fue el principio de responsabilidad extendida al productor, vigente desde hace más de 20 años, determina que las compañías envasadoras que distribuyen los envases en el mercado deben hacerse cargo de los costos y de la gestión de esos residuos. De esta forma, se ven, por un lado, estimulados a producir menos cantidades de envases y, por el otro, obligados a implementar sistemas de gestión de envases para su reutilización", explicó Verónica Ramos, Directora Ejecutiva de Ecoplas, una entidad técnica que impulsa el desarrollo sustentable de la industria plástica a través de la promoción del uso correcto y responsable de sus productos.
"Nuestro país tiene, sin dudas, una oportunidad única para implementar políticas y a la vez fomentar su desarrollo. En este marco, la posibilidad de una Ley de Responsabilidad Extendida del Productor, debería aplicarse e interpretarse, entendiendo el deber de cada uno de los envasadores de responsabilizarse objetivamente por la gestión la integral y/o su financiamiento, respecto de los envases puestos por ellos en el mercado local y sus respectivos residuos", agregó Ramos.
Uno de las empresas estatales que lidia con la enorme cantidad de residuos plásticos que terminan en el Río de la Plata o el Paraná, es Agua y Saneamientos Argentinos (Aysa). Según Pablo Fernández, director de agua de Aysa, los residuos plásticos que llegan a las rejas por las que fluye el agua que luego es potabilizada, son difíciles de introducir en el circuito de reciclado ya que se encuentran muy sucios y mezclados con otros materiales. "Los residuos son llevados por CEAMSE para su acondicionamiento y disposición final. Es por eso que es muy importante tomar conciencia de que el plástico que no se introduce inmediatamente en el circuito de reciclado, luego es muy difícil o costoso de recuperar cuando alcanza los ríos" expresó.
Según Mariana Carriquiriborde, directora de sustentabilidad de AySA, la cantidad de residuos que retienen las rejas ubicadas en el interior de las plantas es de aproximadamente 15 toneladas mensuales. De esa cantidad, se estima que una proporción del 20% está formada por componentes plásticos
.
Fecha de Publicación: 07/01/2020
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
En la Argentina se producen aproximadamente 927.000 toneladas de envases plásticos al año. De ese total el 26% se recicla y el resto va a los rellenos sanitarios o basurales del país. Esto genera contaminación y, además, hace que la industria del reciclado funcione solo al 50%, cuando podría representar una fuente de trabajo para miles de personas.
En Europa esta problemática se solucionó con una Ley de Responsabilidad Extendida al productor, que en el plano local intentaron promulgarla bajo el nombre de Ley de Envases. Esta reglamentación hace que los fabricantes de productos que usan envases plásticos se hagan cargo de la gestión de esos residuos, algo que en la Argentina aún está lejos de suceder ya que los distintos proyectos de ley quedaron truncos. Como el Estado se hace cargo de los residuos, para las empresas es más económico volver a producirlos que armar un circuito de reciclado.
"Existen varios motivos vinculados a la demora de más de 25 años por parte de funcionarios del Poder Ejecutivo para impulsar la Ley de Envases. Uno de ellos es la falta de sensibilidad de quienes ocupan los altos cargos por los distintos problemas ambientales. Es habitual que las políticas nacionales en esta materia la toman funcionarios con sede en la ciudad de Buenos Aires, que poco conocen de la grave situación en las provincias, donde hay basurales a cielo abierto en cada una de ellas, y menos aún conocen lo que sucede en los municipios. Hay un abandono generalizado en esta materia y esto involucra a todos los partidos políticos", dijo Sergio Hilbrecht, gerente de la Cámara Argentina de la Industria Plástica.
Hilbrecht también apunta a la "permeabilidad" de los funcionarios estatales a presiones por parte del sector envasador: "El poder de lobby de este sector es enorme, constante y persistente en el tiempo. Con distintas excusas recorren los pasillos del Poder Ejecutivo alertando que una ley de esta naturaleza amenaza las finanzas de sus compañías y que la economía informal quedará fuera de la obligación de cumplir con el pago de la suma monetaria que determine la ley. Todos estos son argumentos falsos y que nada tienen que ver con la protección del medio ambiente".
Otro aspecto que señala el funcionario es la falta de formación profesional o antecedentes en la materia de quienes asumen en las cartera de medio ambiente, aduce que, por lo general, son cargos que se asignan políticamente como prenda de cambio de las distintas coaliciones de gobierno de turno.
En España, por ejemplo, la sanción de una Ley de Envases dio lugar a Ecoembes, la entidad que asume los costos asociados a la recolección y selección de los residuos de envases domiciliarios. Las cifras muestran el colosal negocio y oportunidad para el mercado laboral que representa un organismo de estas características. En 2018 Ecoembes facturó 494 millones de euros, reciclaron el 80% de los envases de cartón y papel y el 75.8% de los envases de plástico y se generaron 42.600 trabajos formales relacionados la actividad del reciclado.
En la Argentina, por la falta de una ley, las empresas que colocan este tipo de envases en el mercado no se hacen cargo de ellos, como si sucede en los países donde están ubicadas sus casas matrices. "Saben que en otros países deben aportar para gestionar los residuos y colaborar con los municipios, que son los responsables de la basura. De hecho la ONU ya informó quienes son las empresas que más contaminan en el mundo. Digo contaminan porque en el contexto de una Ley de Envases (o Ley de Responsabilidad Extendida del Productor), se ha establecido que ´quien contamina paga´. Esta frase grafica claramente quien es el responsable de financiar y pagar por recuperar del medio ambiente todos los envases de todos los materiales una vez que el público consumió su contenido", dijo Hilbrecht.
"En países de Europa la solución fue el principio de responsabilidad extendida al productor, vigente desde hace más de 20 años, determina que las compañías envasadoras que distribuyen los envases en el mercado deben hacerse cargo de los costos y de la gestión de esos residuos. De esta forma, se ven, por un lado, estimulados a producir menos cantidades de envases y, por el otro, obligados a implementar sistemas de gestión de envases para su reutilización", explicó Verónica Ramos, Directora Ejecutiva de Ecoplas, una entidad técnica que impulsa el desarrollo sustentable de la industria plástica a través de la promoción del uso correcto y responsable de sus productos.
"Nuestro país tiene, sin dudas, una oportunidad única para implementar políticas y a la vez fomentar su desarrollo. En este marco, la posibilidad de una Ley de Responsabilidad Extendida del Productor, debería aplicarse e interpretarse, entendiendo el deber de cada uno de los envasadores de responsabilizarse objetivamente por la gestión la integral y/o su financiamiento, respecto de los envases puestos por ellos en el mercado local y sus respectivos residuos", agregó Ramos.
Uno de las empresas estatales que lidia con la enorme cantidad de residuos plásticos que terminan en el Río de la Plata o el Paraná, es Agua y Saneamientos Argentinos (Aysa). Según Pablo Fernández, director de agua de Aysa, los residuos plásticos que llegan a las rejas por las que fluye el agua que luego es potabilizada, son difíciles de introducir en el circuito de reciclado ya que se encuentran muy sucios y mezclados con otros materiales. "Los residuos son llevados por CEAMSE para su acondicionamiento y disposición final. Es por eso que es muy importante tomar conciencia de que el plástico que no se introduce inmediatamente en el circuito de reciclado, luego es muy difícil o costoso de recuperar cuando alcanza los ríos" expresó.
Según Mariana Carriquiriborde, directora de sustentabilidad de AySA, la cantidad de residuos que retienen las rejas ubicadas en el interior de las plantas es de aproximadamente 15 toneladas mensuales. De esa cantidad, se estima que una proporción del 20% está formada por componentes plásticos
.
Rechazo de la Justicia a Bayer por patentes de gen
La justicia rechazó un reclamo de Bayer de patentar un gen que le da a la soja mas tolerancia al glifosato
Fecha de Publicación: 04/01/2020
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Nacional
El Juzgado Federal Civil y Comercial N°8 porteño no dio lugar a la demanda presentada por el gigante alemán contra el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial. Organizaciones ambientales celebraron el fallo. "Se priorizó el bien común de toda la sociedad civil por sobre la pretensión apropiadora de la empresa sobre las semillas".
El Juzgado Federal Civil y Comercial N° 8 porteño rechazó la demanda presentada por Bayer en la que reclamaba derechos de patentes por una invención de secuencia genética que les permite a las plantas modificadas con el transgen (el gen extraño que lleva inserta la secuencia genética) tolerar niveles de hasta 4 kg/ha de glifosato. La organización Naturaleza de Derechos, que monitoreó la causa desde su origen en 2012, celebró “el rechazo a la pretensión apropiadora de Bayer sobre las semillas, priorizando el bien común de toda la sociedad civil de Argentina”.
Se trata de la causa "Bayer Crospience SA c/ Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual" que estuvo frenada hasta noviembre de 2015, cuando la Cámara Federal Civil y Comercial de la Ciudad de Buenos Aires rechazó la pretensión de la empresa (hoy Bayer - Monsanto) que perseguía un objetivo mucho más amplio: patentar la totalidad de las plantas transgénicas. En aquella oportunidad, el tribunal sostuvo que “la molécula de ADN recombinante, las células vegetales transformadas por ella y las plantas generadas a partir de estas últimas incluidas en la solicitud de Bayer, es materia no patentable”.
Además, consideró que “cualquier aporte técnico que se realice en el campo de la biotecnología y que tenga aplicación industrial no necesariamente es patentable, ya que la mera innovación no es equiparable a la inventiva, pues se nos presenta solo una modificación de la materia ya existente en la naturaleza que no constituye creación humana alguna, requisito esencial para la procedencia del patentamiento previsto en la legislación”.
Frente al revés judicial, Bayer reactivó su reclamo, ya no por una molécula de ADN recombinante y las células vegetales insertas, sino por el reconocimiento de los derechos de patentes de secuencias genéticas, bajo la consideración de que las mismas son construcciones que se realizan artificialmente en los laboratorios, es decir, según el gigante alemán, no formarían parte de la planta, y por ello, serían patentables.
“El transgen con la secuencia genética, que sería como un código de barras, se insertan en la planta y hace que tolere el glifosato. El primer transgen, de mediados de los 90, hacía que la planta tolerara 0.8 kilos/litros de glifosato por hectárea. El que reclamaba Bayer toleraba 4 kilos/ litros y apunta, sobre todo, a la soja y al maíz. Los nuevos códigos, por ejemplo los de 2019, toleran más de 10 litros”, explica Fernando Cabaleiro, abogado e integrante de Naturaleza de Derechos, la ONG que expuso sobre la pretensión de Bayer en el panel inicial de la Asamblea de los Pueblos, en el marco del Tribunal Monsanto de octubre de 2016 en La Haya.
Ahora, el fallo del juez Marcelo Gota consideró, en base a las conclusiones de peritos, que “la accionante (Bayer) no ha logrado demostrar la ilegitimidad de la conducta del instituto emplazado (Instituto Nacional de la Propiedad Industrial). Ante ello, es oportuno reiterar la regla que predica que quien demanda tiene a su cargo la prueba, quien aduce una situación de hecho tiene la carga de aportar evidencia suficiente, punto elemental para fundar su pretensión, porque no es posible dictar una sentencia condenatoria sobre la base de meras conjeturas, máxima en asuntos de ribetes técnico científicos como el presente”.
.
Fecha de Publicación: 04/01/2020
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Nacional
El Juzgado Federal Civil y Comercial N°8 porteño no dio lugar a la demanda presentada por el gigante alemán contra el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial. Organizaciones ambientales celebraron el fallo. "Se priorizó el bien común de toda la sociedad civil por sobre la pretensión apropiadora de la empresa sobre las semillas".
El Juzgado Federal Civil y Comercial N° 8 porteño rechazó la demanda presentada por Bayer en la que reclamaba derechos de patentes por una invención de secuencia genética que les permite a las plantas modificadas con el transgen (el gen extraño que lleva inserta la secuencia genética) tolerar niveles de hasta 4 kg/ha de glifosato. La organización Naturaleza de Derechos, que monitoreó la causa desde su origen en 2012, celebró “el rechazo a la pretensión apropiadora de Bayer sobre las semillas, priorizando el bien común de toda la sociedad civil de Argentina”.
Se trata de la causa "Bayer Crospience SA c/ Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual" que estuvo frenada hasta noviembre de 2015, cuando la Cámara Federal Civil y Comercial de la Ciudad de Buenos Aires rechazó la pretensión de la empresa (hoy Bayer - Monsanto) que perseguía un objetivo mucho más amplio: patentar la totalidad de las plantas transgénicas. En aquella oportunidad, el tribunal sostuvo que “la molécula de ADN recombinante, las células vegetales transformadas por ella y las plantas generadas a partir de estas últimas incluidas en la solicitud de Bayer, es materia no patentable”.
Además, consideró que “cualquier aporte técnico que se realice en el campo de la biotecnología y que tenga aplicación industrial no necesariamente es patentable, ya que la mera innovación no es equiparable a la inventiva, pues se nos presenta solo una modificación de la materia ya existente en la naturaleza que no constituye creación humana alguna, requisito esencial para la procedencia del patentamiento previsto en la legislación”.
Frente al revés judicial, Bayer reactivó su reclamo, ya no por una molécula de ADN recombinante y las células vegetales insertas, sino por el reconocimiento de los derechos de patentes de secuencias genéticas, bajo la consideración de que las mismas son construcciones que se realizan artificialmente en los laboratorios, es decir, según el gigante alemán, no formarían parte de la planta, y por ello, serían patentables.
“El transgen con la secuencia genética, que sería como un código de barras, se insertan en la planta y hace que tolere el glifosato. El primer transgen, de mediados de los 90, hacía que la planta tolerara 0.8 kilos/litros de glifosato por hectárea. El que reclamaba Bayer toleraba 4 kilos/ litros y apunta, sobre todo, a la soja y al maíz. Los nuevos códigos, por ejemplo los de 2019, toleran más de 10 litros”, explica Fernando Cabaleiro, abogado e integrante de Naturaleza de Derechos, la ONG que expuso sobre la pretensión de Bayer en el panel inicial de la Asamblea de los Pueblos, en el marco del Tribunal Monsanto de octubre de 2016 en La Haya.
Ahora, el fallo del juez Marcelo Gota consideró, en base a las conclusiones de peritos, que “la accionante (Bayer) no ha logrado demostrar la ilegitimidad de la conducta del instituto emplazado (Instituto Nacional de la Propiedad Industrial). Ante ello, es oportuno reiterar la regla que predica que quien demanda tiene a su cargo la prueba, quien aduce una situación de hecho tiene la carga de aportar evidencia suficiente, punto elemental para fundar su pretensión, porque no es posible dictar una sentencia condenatoria sobre la base de meras conjeturas, máxima en asuntos de ribetes técnico científicos como el presente”.
.
Neuquén y el ordenamiento territorial de sus bosques nativos
El ordenamiento territorial de los bosques nativos en Neuquén
Fecha de Publicación: 04/01/2020
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Neuquén
En el marco de la ley nacional Nº 26331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, la Provincia del Neuquén promulgó en 2011 la ley provincial Nº 2780 de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos (OTBN). De acuerdo a la normativa nacional mencionada, el OTBN de cada provincia debe actualizarse obligatoriamente cada 5 años. Para ello existe una metodología que se debe respetar, aprobada por el Consejo Federal de Medio Ambiente, un órgano de concertación de las políticas ambientales en el que participan las provincias y el Ejecutivo nacional. En Neuquén, la metodología planteada fue aplicada en su totalidad, garantizando la participación en cada una de las instancias propuestas por la ley nacional.
Un Ordenamiento Territorial es una herramienta de planificación que contempla políticas económicas, sociales, culturales y ambientales. Esto requiere la integración, de manera sustentable, de las actividades económicas, la preservación ambiental y la diversidad cultural. Los ordenamientos territoriales contribuyen a dar respuestas a las problemáticas de los habitantes de ese territorio, orientando el accionar tanto de privados como de organismos públicos. En el caso de los bosques nativos, resulta imprescindible para la priorización de áreas de conservación, restauración y manejo de esos bosques.
En este contexto el ex Ministerio de Producción y Turismo, actual Ministerio de Producción e Industria, inició el proceso de actualización en el 2016, que terminó recién en octubre de 2019.
La normativa nacional considera estas actualizaciones como procesos de revisión integral, incluyendo tanto los aspectos normativos como la zonificación de los bosques a escala provincial.
Esta zonificación es el resultado del análisis del territorio y la aplicación de los 10 Criterios de Sustentabilidad Ambiental establecidos en la ley nacional, en connivencia con talleres participativos y abiertos a las comunidades que se asientan en los sistemas de bosques nativos provinciales, y también con relevamientos a campo para corroboración y ajuste de la información elaborada. Estos resultados se van volcando y analizando sobre un sistema de información geográfica.
El proceso de OTBN que ha finalizado en nuestra provincia ha dado como resultado el aumento de la superficie de bosques nativos en casi 50.000 hectáreas y un aumento considerable de la categoría de máxima conservación (roja).
Ello no se debe a que entre 2011 y 2019 se extendieron los sistemas de bosques, sino a que se trabajó sostenidamente en mejorar la metodología para su análisis, teniendo en cuenta no solo las coberturas existentes de los sistemas de información geográfica, sino que se integraron y analizaron los aportes de los actores sociales presentes en los talleres abiertos (instituciones locales, provinciales y nacionales, organizaciones no gubernamentales, comunidades originarias) que se fueron realizando en las distintas localidades de la provincia, al igual que en las instancias de reunión particulares con comunidades originarias inmersas en el bosque y, por supuesto, las contribuciones de técnicos institucionales y privados, con experiencia en la materia.
Asimismo, y como parte del proceso, se trabajó conjuntamente con las áreas competentes de los municipios que tienen bosques nativos dentro de sus ejidos, con el fin de compatibilizar su planificación territorial –en pos de su autonomía y visión sobre el desarrollo de su comunidad– con la normativa nacional y provincial, objeto de esta actualización.
Si bien la metodología de análisis ha sido perfeccionada, tanto por la existencia de nuevas tecnologías a nivel de sistemas de información geográfica e imágenes satelitales, el estudio de los criterios de sustentabilidad y los talleres realizados, existen ciertas limitaciones de la normativa actual que, en algunos casos, se contraponen con las actividades económicas, sociales, culturales y ancestrales existentes en nuestra provincia, aun décadas antes de que se pensara una ley de presupuestos mínimos para los bosques nativos a nivel nacional.
Esta ley de OTBN permite planificar y ordenar el territorio con presencia de bosques. No tiene competencia en el análisis y aprobación de desarrollos inmobiliarios.
Es por ello que, para respetar las actividades preexistentes a la ley y no cerciorar derechos individuales ni colectivos, en el anteproyecto de ley elevado a la Legislatura provincial se proponen modificaciones a la ley 2780, para poder compatibilizarlas. El caso más representativo es el de los crianceros trashumantes cuyas veranadas se encuentran dentro de las áreas de mayor conservación de los bosques nativos.
Y es por ello que en la categoría roja se incluyó especialmente la consideración de sus actividades, que también se sustentan en la ley provincial N° 3016 de trashumancia, promulgada en 2017.
Asimismo, cabe aclarar que si bien esta ley de OTBN permite planificar y ordenar el territorio con presencia de bosques, no tiene competencia en el análisis y aprobación de desarrollos inmobiliarios, ya sea preexistentes a la sanción de la ley en la provincia, o posteriores.
.
Fecha de Publicación: 04/01/2020
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Neuquén
En el marco de la ley nacional Nº 26331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, la Provincia del Neuquén promulgó en 2011 la ley provincial Nº 2780 de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos (OTBN). De acuerdo a la normativa nacional mencionada, el OTBN de cada provincia debe actualizarse obligatoriamente cada 5 años. Para ello existe una metodología que se debe respetar, aprobada por el Consejo Federal de Medio Ambiente, un órgano de concertación de las políticas ambientales en el que participan las provincias y el Ejecutivo nacional. En Neuquén, la metodología planteada fue aplicada en su totalidad, garantizando la participación en cada una de las instancias propuestas por la ley nacional.
Un Ordenamiento Territorial es una herramienta de planificación que contempla políticas económicas, sociales, culturales y ambientales. Esto requiere la integración, de manera sustentable, de las actividades económicas, la preservación ambiental y la diversidad cultural. Los ordenamientos territoriales contribuyen a dar respuestas a las problemáticas de los habitantes de ese territorio, orientando el accionar tanto de privados como de organismos públicos. En el caso de los bosques nativos, resulta imprescindible para la priorización de áreas de conservación, restauración y manejo de esos bosques.
En este contexto el ex Ministerio de Producción y Turismo, actual Ministerio de Producción e Industria, inició el proceso de actualización en el 2016, que terminó recién en octubre de 2019.
La normativa nacional considera estas actualizaciones como procesos de revisión integral, incluyendo tanto los aspectos normativos como la zonificación de los bosques a escala provincial.
Esta zonificación es el resultado del análisis del territorio y la aplicación de los 10 Criterios de Sustentabilidad Ambiental establecidos en la ley nacional, en connivencia con talleres participativos y abiertos a las comunidades que se asientan en los sistemas de bosques nativos provinciales, y también con relevamientos a campo para corroboración y ajuste de la información elaborada. Estos resultados se van volcando y analizando sobre un sistema de información geográfica.
El proceso de OTBN que ha finalizado en nuestra provincia ha dado como resultado el aumento de la superficie de bosques nativos en casi 50.000 hectáreas y un aumento considerable de la categoría de máxima conservación (roja).
Ello no se debe a que entre 2011 y 2019 se extendieron los sistemas de bosques, sino a que se trabajó sostenidamente en mejorar la metodología para su análisis, teniendo en cuenta no solo las coberturas existentes de los sistemas de información geográfica, sino que se integraron y analizaron los aportes de los actores sociales presentes en los talleres abiertos (instituciones locales, provinciales y nacionales, organizaciones no gubernamentales, comunidades originarias) que se fueron realizando en las distintas localidades de la provincia, al igual que en las instancias de reunión particulares con comunidades originarias inmersas en el bosque y, por supuesto, las contribuciones de técnicos institucionales y privados, con experiencia en la materia.
Asimismo, y como parte del proceso, se trabajó conjuntamente con las áreas competentes de los municipios que tienen bosques nativos dentro de sus ejidos, con el fin de compatibilizar su planificación territorial –en pos de su autonomía y visión sobre el desarrollo de su comunidad– con la normativa nacional y provincial, objeto de esta actualización.
Si bien la metodología de análisis ha sido perfeccionada, tanto por la existencia de nuevas tecnologías a nivel de sistemas de información geográfica e imágenes satelitales, el estudio de los criterios de sustentabilidad y los talleres realizados, existen ciertas limitaciones de la normativa actual que, en algunos casos, se contraponen con las actividades económicas, sociales, culturales y ancestrales existentes en nuestra provincia, aun décadas antes de que se pensara una ley de presupuestos mínimos para los bosques nativos a nivel nacional.
Esta ley de OTBN permite planificar y ordenar el territorio con presencia de bosques. No tiene competencia en el análisis y aprobación de desarrollos inmobiliarios.
Es por ello que, para respetar las actividades preexistentes a la ley y no cerciorar derechos individuales ni colectivos, en el anteproyecto de ley elevado a la Legislatura provincial se proponen modificaciones a la ley 2780, para poder compatibilizarlas. El caso más representativo es el de los crianceros trashumantes cuyas veranadas se encuentran dentro de las áreas de mayor conservación de los bosques nativos.
Y es por ello que en la categoría roja se incluyó especialmente la consideración de sus actividades, que también se sustentan en la ley provincial N° 3016 de trashumancia, promulgada en 2017.
Asimismo, cabe aclarar que si bien esta ley de OTBN permite planificar y ordenar el territorio con presencia de bosques, no tiene competencia en el análisis y aprobación de desarrollos inmobiliarios, ya sea preexistentes a la sanción de la ley en la provincia, o posteriores.
.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
Suscribirse
Entradas
Comentarios