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El Cofema sigue pidiendo fondos para los bosques
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El Cofema solicitó que se integre la totalidad de los fondos de bosques en el presupuesto 2020 de la nación
Fecha de Publicación: 02/08/2019
Fuente: Más Producción TV
Provincia/Región: Nacional
El día jueves 25 del corriente se realizó en Buenos Aires la Asamblea Extraordinaria N°39 de Bosques Nativos del Consejo Federal de Medioambiente en la que participó la Provincia de Misiones en la persona del Ministro de Ecología y R.N.R, Dr. Juan Manuel Díaz, y que dejó importantes definiciones en materia de gestión de los bosques nativos.
En primer lugar se procedió a la distribución, de acuerdo a la fórmula polinómica, de los Fondos 2019 del FOBOSQUE, por un total de $570.500.000, monto que se mantiene idéntico hace 3 años. Esta asignación implica para la provincia de Misiones la cantidad de pesos $18.787.120, los cuales corresponden 70% a los propietarios de bosques Nativos contra la presentación de proyectos de conservación o uso sustentable, y 30% para fortalecimiento institucional de la autoridad de aplicación local.
No obstante ello, estos fondos no fueron depositados aún por el Ministerio de Hacienda de la Nacion en el Fideicomiso de Bosques y aún no están disponibles.
Asimismo se emitió una Resolución para apoyar las gestiones de la Secretaría de Ambiente de Nación, para que el Gobierno Nacional integre la totalidad del fondo nacional para requerimiento y conservación de los bosques nativos en el presupuesto 2020, conforme lo prevé el Art. 30 y 31 de la Ley 26.331, con un mínimo del 0,3% del presupuesto nacional, más el 2% de las retenciones de los productos agropecuarios.
Idéntico llamamiento se realizó para que el Congreso de la Nación, al momento de la discusión de la Ley de Presupuesto 2020, integre la totalidad de dichas partidas.
Finamente se autorizó a la Secretaría de Ambiente de la Nación para que realice la distribución de los fondos que capitalice por intereses del Fondo de Bosques.
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Fecha de Publicación: 02/08/2019
Fuente: Más Producción TV
Provincia/Región: Nacional
El día jueves 25 del corriente se realizó en Buenos Aires la Asamblea Extraordinaria N°39 de Bosques Nativos del Consejo Federal de Medioambiente en la que participó la Provincia de Misiones en la persona del Ministro de Ecología y R.N.R, Dr. Juan Manuel Díaz, y que dejó importantes definiciones en materia de gestión de los bosques nativos.
En primer lugar se procedió a la distribución, de acuerdo a la fórmula polinómica, de los Fondos 2019 del FOBOSQUE, por un total de $570.500.000, monto que se mantiene idéntico hace 3 años. Esta asignación implica para la provincia de Misiones la cantidad de pesos $18.787.120, los cuales corresponden 70% a los propietarios de bosques Nativos contra la presentación de proyectos de conservación o uso sustentable, y 30% para fortalecimiento institucional de la autoridad de aplicación local.
No obstante ello, estos fondos no fueron depositados aún por el Ministerio de Hacienda de la Nacion en el Fideicomiso de Bosques y aún no están disponibles.
Asimismo se emitió una Resolución para apoyar las gestiones de la Secretaría de Ambiente de Nación, para que el Gobierno Nacional integre la totalidad del fondo nacional para requerimiento y conservación de los bosques nativos en el presupuesto 2020, conforme lo prevé el Art. 30 y 31 de la Ley 26.331, con un mínimo del 0,3% del presupuesto nacional, más el 2% de las retenciones de los productos agropecuarios.
Idéntico llamamiento se realizó para que el Congreso de la Nación, al momento de la discusión de la Ley de Presupuesto 2020, integre la totalidad de dichas partidas.
Finamente se autorizó a la Secretaría de Ambiente de la Nación para que realice la distribución de los fondos que capitalice por intereses del Fondo de Bosques.
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Aguas Bonaerense quiere seguir dando agua con arsénico
En Monte, el agua potable viene con arsénico
Fecha de Publicación: 01/08/2019
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Buenos Aires
En San Miguel del Monte la empresa Aguas Bonaerense SA suministra agua con hasta diez veces más contenido de arsénico que el permitido. En la localidad, de 21 mil habitantes, hay 196 casos oncológicos por año.
En San Miguel del Monte, la empresa ABSA (Aguas Bonaerense Sociedad Anónima) suministra agua “potable” con hasta diez veces más contenido de arsénico que el permitido. Un amparo judicial obliga a que la empresa entregue bidones a los amparistas y la jueza analiza extenderlo a toda la ciudad. En 2014, la Corte Suprema había definido el agua como un derecho humano y ordenó proveer del líquido en la localidad bonaerense de 9 de Julio. La empresa no analiza si el agua contiene agrotóxicos.
El arsénico es un elemento químico que se encuentra en el ambiente de forma natural y es cancerígeno. Está reglamentado su máximo en el agua de consumo humano (10 microgramos por litro --0,01 miligramos--). Por el aumento de enfermedades (entre ellas el cáncer), nació la organización “Todas/os por el Agua San Miguel del Monte”, a 100 kilómetros de Buenos Aires. Realizaron estudios y confirmaron lo temido: los valores del químico superan lo permitido (entre 80 a 100 microgramos) y hasta se evidenció en la orina de niños que consumen el agua de red.
En 2016, datos epidemiológicos de los centros de salud dieron cuenta de 196 casos oncológicos por año, en una localidad con 21 mil habitante. Supera en cuatro veces a la media nacional, que establece 217 casos por cada 100 mil habitantes. A mediados de 2018, el Concejo Deliberante declaró la “emergencia sanitaria” mediante la ordenanza 4182.
En diciembre de 2018, la ONG Naturaleza de Derechos asumió la representación jurídica de los vecinos. Realizaron estudios en el agua de las escuelas y confirmaron el alto contenido de arsénico. Reclamaron al Municipio (intendenta, Sandra Mayol) y también al gobierno de María Eugenia Vidal, pero no obtuvieron respuesta. Presentaron un amparo judicial y lograron un fallo favorable.
La jueza Sandra Grahl, del Juzgado Civil y Comercial 17 de La Plata, determinó en abril pasado que la empresa debe entregar bidones de agua potable (libre de arsénico y agrotóxicos) a las familias de los 43 amparistas, escuelas, clubes deportivos y centros de salud. ABSA también debe informar mensualmente a la población sobre los residuos de arsénico en agua. El Ministerio de Salud de Buenos Aires debe implementar el “Plan de Vigilancia Epidemiológica sobre el Hidroarsenicismo Crónico Regional Endémico” (Hacre).
“Más de 50 años recibiendo en nuestras casas agua con arsénico. Si querés tener más detalles y agua potable, suma tu compromiso; por vos, por tus hijos, por la salud y la dignidad de todos los montenses”, invitaba una de las primeras convocatorias de los vecinos. Violeta Rodrigo, de “Todos/as por el Agua”,explicó que ABSA propone construir piletones para mezclar agua de distintos pozos, y así equilibrar los niveles de arsénico. “No aceptamos eso. Exigimos la planta de ósmosis inversa (sistema físico-químico que permite purificar el agua)”, aclaró Rodrigo.
La jueza ordenó a la Autoridad del Agua (ADA --espacio gubernamental que debe regular el sector--) que informe si busca agrotóxicos de uso actual y solicitó presente en un plazo de 20 días un estudio de las aguas subterráneas de San Miguel del Monte. ADA reconoció que no busca los agrotóxicos más utilizados (glifosato, atrazina, 2-4D, entre otros).
ABSA, que no respondió la consulta de este diario, apeló la entrega de bidones en los domicilios de las 43 familias amparistas y cuestionó la exigencia de que no se superen en arsénico los 10 microgramos por litro (considera que resulta permisible un residuo de arsénico de 50 microgramos, en base a la derogada ley provincial 11.820). La empresa reconoció que no busca los agrotóxicos que se utilizan en la actualidad.
“El agua potable es un derecho humano inalienable. Sentimos que es el deber de los habitantes de todas las comunidades exigir al Estado el cumplimiento irrestricto de nuestros derechos”, explicaron en un comunicado desde la organización Todas/s por el agua de San Miguel del Monte.
En los fundamentos, la jueza resaltó: “Los especiales derechos que están en juego en el presente litigio, esto es, el derecho humano de acceso al agua potable, la salud y la vida de una gran número de vecinos de la localidad de San Miguel del Monte, entre ellos niños”. Detalló que “el agua provista por la empresa prestataria del servicio contiene niveles de arsénico superiores a los permitidos por la legislación vigente”. Y explicó que el reclamo es también contra el gobierno de Buenos Aires porque ejerce el dominio sobre el acuífero del cual se sirve ABSA para proveer agua de red. La jueza Sandra Grahl aún no definió si ABSA debe entregar agua a toda la comunidad.
El fallo establece que la empresa debe adecuar la calidad y potabilidad del agua de uso domiciliario, según los parámetros establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en coincidencia con la norma del artículo 982 del Código Alimentario Argentino (10 microgramos por litro de arsénico y sin agrotóxicos).
Aguas Bonaerense SA (ABSA) tiene el monopolio del agua en 79 localidades de la provincia, 786 mil usuarios, unas 2,5 millones de personas. La empresa publicita que tiene como objetivo “afianzarse como una empresa de servicios públicos esenciales, reconocida por su gestión eficiente y su profundo compromiso social con la comunidad”.
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Fecha de Publicación: 01/08/2019
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Buenos Aires
En San Miguel del Monte la empresa Aguas Bonaerense SA suministra agua con hasta diez veces más contenido de arsénico que el permitido. En la localidad, de 21 mil habitantes, hay 196 casos oncológicos por año.
En San Miguel del Monte, la empresa ABSA (Aguas Bonaerense Sociedad Anónima) suministra agua “potable” con hasta diez veces más contenido de arsénico que el permitido. Un amparo judicial obliga a que la empresa entregue bidones a los amparistas y la jueza analiza extenderlo a toda la ciudad. En 2014, la Corte Suprema había definido el agua como un derecho humano y ordenó proveer del líquido en la localidad bonaerense de 9 de Julio. La empresa no analiza si el agua contiene agrotóxicos.
El arsénico es un elemento químico que se encuentra en el ambiente de forma natural y es cancerígeno. Está reglamentado su máximo en el agua de consumo humano (10 microgramos por litro --0,01 miligramos--). Por el aumento de enfermedades (entre ellas el cáncer), nació la organización “Todas/os por el Agua San Miguel del Monte”, a 100 kilómetros de Buenos Aires. Realizaron estudios y confirmaron lo temido: los valores del químico superan lo permitido (entre 80 a 100 microgramos) y hasta se evidenció en la orina de niños que consumen el agua de red.
En 2016, datos epidemiológicos de los centros de salud dieron cuenta de 196 casos oncológicos por año, en una localidad con 21 mil habitante. Supera en cuatro veces a la media nacional, que establece 217 casos por cada 100 mil habitantes. A mediados de 2018, el Concejo Deliberante declaró la “emergencia sanitaria” mediante la ordenanza 4182.
En diciembre de 2018, la ONG Naturaleza de Derechos asumió la representación jurídica de los vecinos. Realizaron estudios en el agua de las escuelas y confirmaron el alto contenido de arsénico. Reclamaron al Municipio (intendenta, Sandra Mayol) y también al gobierno de María Eugenia Vidal, pero no obtuvieron respuesta. Presentaron un amparo judicial y lograron un fallo favorable.
La jueza Sandra Grahl, del Juzgado Civil y Comercial 17 de La Plata, determinó en abril pasado que la empresa debe entregar bidones de agua potable (libre de arsénico y agrotóxicos) a las familias de los 43 amparistas, escuelas, clubes deportivos y centros de salud. ABSA también debe informar mensualmente a la población sobre los residuos de arsénico en agua. El Ministerio de Salud de Buenos Aires debe implementar el “Plan de Vigilancia Epidemiológica sobre el Hidroarsenicismo Crónico Regional Endémico” (Hacre).
“Más de 50 años recibiendo en nuestras casas agua con arsénico. Si querés tener más detalles y agua potable, suma tu compromiso; por vos, por tus hijos, por la salud y la dignidad de todos los montenses”, invitaba una de las primeras convocatorias de los vecinos. Violeta Rodrigo, de “Todos/as por el Agua”,explicó que ABSA propone construir piletones para mezclar agua de distintos pozos, y así equilibrar los niveles de arsénico. “No aceptamos eso. Exigimos la planta de ósmosis inversa (sistema físico-químico que permite purificar el agua)”, aclaró Rodrigo.
La jueza ordenó a la Autoridad del Agua (ADA --espacio gubernamental que debe regular el sector--) que informe si busca agrotóxicos de uso actual y solicitó presente en un plazo de 20 días un estudio de las aguas subterráneas de San Miguel del Monte. ADA reconoció que no busca los agrotóxicos más utilizados (glifosato, atrazina, 2-4D, entre otros).
ABSA, que no respondió la consulta de este diario, apeló la entrega de bidones en los domicilios de las 43 familias amparistas y cuestionó la exigencia de que no se superen en arsénico los 10 microgramos por litro (considera que resulta permisible un residuo de arsénico de 50 microgramos, en base a la derogada ley provincial 11.820). La empresa reconoció que no busca los agrotóxicos que se utilizan en la actualidad.
“El agua potable es un derecho humano inalienable. Sentimos que es el deber de los habitantes de todas las comunidades exigir al Estado el cumplimiento irrestricto de nuestros derechos”, explicaron en un comunicado desde la organización Todas/s por el agua de San Miguel del Monte.
En los fundamentos, la jueza resaltó: “Los especiales derechos que están en juego en el presente litigio, esto es, el derecho humano de acceso al agua potable, la salud y la vida de una gran número de vecinos de la localidad de San Miguel del Monte, entre ellos niños”. Detalló que “el agua provista por la empresa prestataria del servicio contiene niveles de arsénico superiores a los permitidos por la legislación vigente”. Y explicó que el reclamo es también contra el gobierno de Buenos Aires porque ejerce el dominio sobre el acuífero del cual se sirve ABSA para proveer agua de red. La jueza Sandra Grahl aún no definió si ABSA debe entregar agua a toda la comunidad.
El fallo establece que la empresa debe adecuar la calidad y potabilidad del agua de uso domiciliario, según los parámetros establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en coincidencia con la norma del artículo 982 del Código Alimentario Argentino (10 microgramos por litro de arsénico y sin agrotóxicos).
Aguas Bonaerense SA (ABSA) tiene el monopolio del agua en 79 localidades de la provincia, 786 mil usuarios, unas 2,5 millones de personas. La empresa publicita que tiene como objetivo “afianzarse como una empresa de servicios públicos esenciales, reconocida por su gestión eficiente y su profundo compromiso social con la comunidad”.
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Variantes del 2,4D prohibidas
El Senasa prohíbe la comercialización y el uso del 2,4D
Fecha de Publicación: 31/07/2019
Fuente: Agrofy
Provincia/Región: Nacional
El Senasa considera que el ácido 2,4-Diclorofenoxiácetico (2,4-D) en formulaciones de ésteres butílicos e isobutílicos, contiene sustancias activas respecto de las cuales corresponde extremar las medidas para evitar su comercialización y uso.
El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) prohibió la importación, elaboración, fraccionamiento, comercialización y uso del ácido 2,4-Diclorofenoxiácetico (2,4-D) en formulaciones de ésteres butílicos e isobutílicos.
¿A partir de cuándo se prohíbe el 2,4D?
La Resolución 466/2019, publicada hoy en el Boletín Oficial, prohíbe a partir de los 120 días corridos la importación de productos formulados con ésteres butílicos e isobutílicos de la sustancia activa 2,4-D. En tanto, para la elaboración y el fraccionamiento la entrada en vigencia será dentro de 365 días corridos, mientras que para la comercialización y el uso el plazo es de 730 días.
El Sensa considera que existen sustancias activas respecto de las cuales corresponde extremar las medidas para evitar su comercialización y uso, concretando regulaciones y acciones preventivas.
"La aplicación y el uso de formulaciones de ésteres butílicos e isobutílicos de la sustancia activa ácido 2,4-Diclorofenoxiacético (2,4-D) podrían ocasionar daños en cultivos agrícolas, forestales u otros, debido a su alta volatilidad en las distintas regiones del país", indica la Resolución publicada hoy.
"Los daños así provocados a cultivos no blancos se traducen en bajo rendimiento de estos, generando pérdidas considerables en los diversos cultivos, como así también daños a las personas y al medio ambiente", agrega.
Las Provincias de Buenos Aires, de Córdoba, de Tucumán, de La Pampa, del Chaco, de Santiago del Estero y de Entre Ríos ya han prohibido y/o restringido el uso de los ésteres de 2,4-D.
Según aclararon, las empresas que tengan inscriptos en el Registro Nacional de Terapéutica Vegetal productos formulados contemplados en las prohibiciones previstas en la presente norma, pueden solicitar voluntariamente la baja de las inscripciones con anterioridad al plazo establecido.
En tanto, las firmas que posean productos formulados inscriptos en el Registro Nacional de Terapéutica Vegetal y que se encuentren alcanzados por la presente prohibición, deben declarar sus existencias dentro de los 30 días corridos de la entrada en vigencia de la presente, detallando cantidad de envases, capacidad, lote y fecha de vencimiento.
Por otro lado, las firmas titulares de los productos alcanzados que a la fecha de prohibición de uso establecida cuenten con un remanente de las existencias oportunamente declaradas, deben informar tal situación dentro 15 días corridos contados a partir de la fecha de la prohibición.
Sanciones
En caso de incumplimiento, el Senasa establece el decomiso, suspensión o cualquier otra medida que resulte aconsejable de acuerdo a las circunstancias de riesgo para la salud pública o el medio ambiente.
Cabe señalar que los productos fitosanitarios que se usan y comercializan en todo el Territorio Nacional deben encontrarse inscriptos en el Registro Nacional de Terapéutica Vegetal, en los términos del Manual de Procedimientos, Criterios y Alcances para el registro de Productos Fitosanitarios.
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Fecha de Publicación: 31/07/2019
Fuente: Agrofy
Provincia/Región: Nacional
El Senasa considera que el ácido 2,4-Diclorofenoxiácetico (2,4-D) en formulaciones de ésteres butílicos e isobutílicos, contiene sustancias activas respecto de las cuales corresponde extremar las medidas para evitar su comercialización y uso.
El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) prohibió la importación, elaboración, fraccionamiento, comercialización y uso del ácido 2,4-Diclorofenoxiácetico (2,4-D) en formulaciones de ésteres butílicos e isobutílicos.
¿A partir de cuándo se prohíbe el 2,4D?
La Resolución 466/2019, publicada hoy en el Boletín Oficial, prohíbe a partir de los 120 días corridos la importación de productos formulados con ésteres butílicos e isobutílicos de la sustancia activa 2,4-D. En tanto, para la elaboración y el fraccionamiento la entrada en vigencia será dentro de 365 días corridos, mientras que para la comercialización y el uso el plazo es de 730 días.
El Sensa considera que existen sustancias activas respecto de las cuales corresponde extremar las medidas para evitar su comercialización y uso, concretando regulaciones y acciones preventivas.
"La aplicación y el uso de formulaciones de ésteres butílicos e isobutílicos de la sustancia activa ácido 2,4-Diclorofenoxiacético (2,4-D) podrían ocasionar daños en cultivos agrícolas, forestales u otros, debido a su alta volatilidad en las distintas regiones del país", indica la Resolución publicada hoy.
"Los daños así provocados a cultivos no blancos se traducen en bajo rendimiento de estos, generando pérdidas considerables en los diversos cultivos, como así también daños a las personas y al medio ambiente", agrega.
Las Provincias de Buenos Aires, de Córdoba, de Tucumán, de La Pampa, del Chaco, de Santiago del Estero y de Entre Ríos ya han prohibido y/o restringido el uso de los ésteres de 2,4-D.
Según aclararon, las empresas que tengan inscriptos en el Registro Nacional de Terapéutica Vegetal productos formulados contemplados en las prohibiciones previstas en la presente norma, pueden solicitar voluntariamente la baja de las inscripciones con anterioridad al plazo establecido.
En tanto, las firmas que posean productos formulados inscriptos en el Registro Nacional de Terapéutica Vegetal y que se encuentren alcanzados por la presente prohibición, deben declarar sus existencias dentro de los 30 días corridos de la entrada en vigencia de la presente, detallando cantidad de envases, capacidad, lote y fecha de vencimiento.
Por otro lado, las firmas titulares de los productos alcanzados que a la fecha de prohibición de uso establecida cuenten con un remanente de las existencias oportunamente declaradas, deben informar tal situación dentro 15 días corridos contados a partir de la fecha de la prohibición.
Sanciones
En caso de incumplimiento, el Senasa establece el decomiso, suspensión o cualquier otra medida que resulte aconsejable de acuerdo a las circunstancias de riesgo para la salud pública o el medio ambiente.
Cabe señalar que los productos fitosanitarios que se usan y comercializan en todo el Territorio Nacional deben encontrarse inscriptos en el Registro Nacional de Terapéutica Vegetal, en los términos del Manual de Procedimientos, Criterios y Alcances para el registro de Productos Fitosanitarios.
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La falta de licencia social de Vaca Muerta
Vaca Muerta: entre la licencia ambiental y la licencia social
Fecha de Publicación: 30/07/2019
Fuente: TN
Provincia/Región: Patagonia
Una de las cuestiones implícitas en una marca es su imagen y, en base a la carga negativa o positiva de una imagen de marca, ésta tiene mayores o menores chances de ser exitosa. Según los informes producidos por varios grupos de trabajo que redactan los documentos preparatorios a cada encuentro cumbre como los del G20 o Davos, los inversores manifiestan que hay más chances de que un cisne negro pueda surgir desde el sector del medio ambiente, que desde las hipótesis de conflicto de otrora.
Una organización ambientalista tiene más chances de afectar la realización de un proyecto y la imagen de las “marcas” intervinientes que un planteo gremial, por ejemplo. Algo de esto vivió el entonces gobernador de La Rioja, Luis Beder Herrera, cuando estalló el conflicto entre los pobladores de Famatina y la empresa extractiva de oro que estaba a punto de comenzar la explotación en esa localidad riojana. En esa tarde, donde los móviles de los más importantes medios de comunicación cubrían y “nacionalizaban” dicho conflicto, el mandatario provincial debió romper el silencio y afirmar que “Famatina no se llevará a cabo sin licencia social”.
Días después, se creó la Organización Federal de Estados Mineros, en cuya Acta Constitutiva, en su apartado XI se expresa la “necesidad de que todo proyecto minero a realizarse en la Argentina cuente con Licencia Social”. Eso ocurrió en 2013 y, hasta aquí, no se avanzó en el diseño de protocolos que enmarquen este paradigma que ya tiene respaldo legal. ¿Qué es la Licencia Social? ¿Sólo puede aplicarse a la actividad minera o su cumplimiento es reclamado también desde otras actividades de potencialidad contaminante? ¿Es lo mismo Licencia Social que Licencia Ambiental? Despejar cada interrogante, es imprescindible, para cubrir algunos vacíos de información y desinstalar ciertas confusiones que atentan contra el derecho a la información de los ciudadanos y la seguridad jurídica de los inversores.
La Licencia Social (LS) proviene de las entrañas de la minería y se va extendiendo a otras actividades extractivas, como el fracking. Para Boutilier y Thomson, “la Licencia Social está enraizada en las creencias, percepciones y opiniones de la población local y otros grupos de interés acerca de un proyecto en particular”.
Por ello, la Licencia Social es un consenso social mientras que la Licencia Ambiental es un permiso de operación, concedido por los gobiernos locales. Puede entonces que un emprendimiento tenga Licencia Ambiental y no cuente explícitamente con Licencia Social. Tampoco debe creerse que una Audiencia Pública otorgue Licencia Social a determinada iniciativa, como pasó en San Carlos de Bariloche en 2018, donde una Audiencia Pública no aprobó la propuesta de un nuevo concesionario, lo que indujo a varios legisladores locales a afirmar que la nueva concesión no tenía Licencia Social.
En el caso de Vaca Muerta, desde lo más encumbrado de las autoridades involucradas hasta el común de los ciudadanos que recibe información de todo tipo sobre el complejo proceso que se desarrolla a miles de metros bajo sus pies, saben que semejante explotación cuenta con Licencia Ambiental, pero a su vez no existe un consenso de ciudadanía que manifieste explícitamente y a través de organizaciones representativas, bajo qué condiciones dicho mega proyecto cuenta con el aval de la gente.
Hay, por tanto, una licencia social implícita sin consagrarse en ningún documento ni texto que sea fruto de un consenso social. El desarrollo de las sociedades enseña que estas no dan cheques en blanco y la confianza y tranquilidad que hoy se disfrutan, pueden modificarse ante el primer cisne negro que aparezca.
Por eso la Licencia Social es dinámica e intangible (no hay una norma legal que la reglamente). Lo que hoy es aceptado por una comunidad puede que mañana no cuente con el mismo sustento en la opinión pública. Estas características interpelan a gobiernos y empresas a trabajar articuladamente con las comunidades, sabiendo que es vital mantener canales de comunicación ágiles y exentos de “traductores” y “teléfonos descompuestos”. Tampoco puede el Estado desentenderse de esta cuestión, que hace a su esencia como superestructura que vela por el bien común de los ciudadanos. Tal vez, sea el tiempo de empoderar sobre este tema a las Defensorías del Pueblo, que son el espacio natural donde la gente pueda llevar sus inquietudes a través de un canal orgánico y legal.
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Fecha de Publicación: 30/07/2019
Fuente: TN
Provincia/Región: Patagonia
Una de las cuestiones implícitas en una marca es su imagen y, en base a la carga negativa o positiva de una imagen de marca, ésta tiene mayores o menores chances de ser exitosa. Según los informes producidos por varios grupos de trabajo que redactan los documentos preparatorios a cada encuentro cumbre como los del G20 o Davos, los inversores manifiestan que hay más chances de que un cisne negro pueda surgir desde el sector del medio ambiente, que desde las hipótesis de conflicto de otrora.
Una organización ambientalista tiene más chances de afectar la realización de un proyecto y la imagen de las “marcas” intervinientes que un planteo gremial, por ejemplo. Algo de esto vivió el entonces gobernador de La Rioja, Luis Beder Herrera, cuando estalló el conflicto entre los pobladores de Famatina y la empresa extractiva de oro que estaba a punto de comenzar la explotación en esa localidad riojana. En esa tarde, donde los móviles de los más importantes medios de comunicación cubrían y “nacionalizaban” dicho conflicto, el mandatario provincial debió romper el silencio y afirmar que “Famatina no se llevará a cabo sin licencia social”.
Días después, se creó la Organización Federal de Estados Mineros, en cuya Acta Constitutiva, en su apartado XI se expresa la “necesidad de que todo proyecto minero a realizarse en la Argentina cuente con Licencia Social”. Eso ocurrió en 2013 y, hasta aquí, no se avanzó en el diseño de protocolos que enmarquen este paradigma que ya tiene respaldo legal. ¿Qué es la Licencia Social? ¿Sólo puede aplicarse a la actividad minera o su cumplimiento es reclamado también desde otras actividades de potencialidad contaminante? ¿Es lo mismo Licencia Social que Licencia Ambiental? Despejar cada interrogante, es imprescindible, para cubrir algunos vacíos de información y desinstalar ciertas confusiones que atentan contra el derecho a la información de los ciudadanos y la seguridad jurídica de los inversores.
La Licencia Social (LS) proviene de las entrañas de la minería y se va extendiendo a otras actividades extractivas, como el fracking. Para Boutilier y Thomson, “la Licencia Social está enraizada en las creencias, percepciones y opiniones de la población local y otros grupos de interés acerca de un proyecto en particular”.
Por ello, la Licencia Social es un consenso social mientras que la Licencia Ambiental es un permiso de operación, concedido por los gobiernos locales. Puede entonces que un emprendimiento tenga Licencia Ambiental y no cuente explícitamente con Licencia Social. Tampoco debe creerse que una Audiencia Pública otorgue Licencia Social a determinada iniciativa, como pasó en San Carlos de Bariloche en 2018, donde una Audiencia Pública no aprobó la propuesta de un nuevo concesionario, lo que indujo a varios legisladores locales a afirmar que la nueva concesión no tenía Licencia Social.
En el caso de Vaca Muerta, desde lo más encumbrado de las autoridades involucradas hasta el común de los ciudadanos que recibe información de todo tipo sobre el complejo proceso que se desarrolla a miles de metros bajo sus pies, saben que semejante explotación cuenta con Licencia Ambiental, pero a su vez no existe un consenso de ciudadanía que manifieste explícitamente y a través de organizaciones representativas, bajo qué condiciones dicho mega proyecto cuenta con el aval de la gente.
Hay, por tanto, una licencia social implícita sin consagrarse en ningún documento ni texto que sea fruto de un consenso social. El desarrollo de las sociedades enseña que estas no dan cheques en blanco y la confianza y tranquilidad que hoy se disfrutan, pueden modificarse ante el primer cisne negro que aparezca.
Por eso la Licencia Social es dinámica e intangible (no hay una norma legal que la reglamente). Lo que hoy es aceptado por una comunidad puede que mañana no cuente con el mismo sustento en la opinión pública. Estas características interpelan a gobiernos y empresas a trabajar articuladamente con las comunidades, sabiendo que es vital mantener canales de comunicación ágiles y exentos de “traductores” y “teléfonos descompuestos”. Tampoco puede el Estado desentenderse de esta cuestión, que hace a su esencia como superestructura que vela por el bien común de los ciudadanos. Tal vez, sea el tiempo de empoderar sobre este tema a las Defensorías del Pueblo, que son el espacio natural donde la gente pueda llevar sus inquietudes a través de un canal orgánico y legal.
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Entre Ríos inicia el programa Producción Más Limpia
La Provincia lanzó un plan para disminuir el impacto ambiental de industrias
Fecha de Publicación: 30/07/2019
Fuente: AIM
Provincia/Región: Entre Ríos
El gobierno entrerrianos presentó este martes el programa Producción Más Limpia, destinado en una primera etapa a las industrias radicadas en el Parque Industrial de Paraná. La herramienta apunta a hacer más eficiente el proceso industrial con el menor impacto sobre el ambiente.
El programa Producción Más Limpia es implementado de manera regional en las provincias de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, en el marco de la Región Centro y con el apoyo del Consejo Federal de Inversiones (CFI).
Entre Ríos, a través de la Secretaría de Ambiente y la Subsecretaría de Industria, decidió comenzar a trabajar el programa en la provincia con una prueba piloto con 10 empresas radicadas en el Parque Industrial de Paraná que contarán con asistencia técnica y asesoramiento por parte de la Secretaría de Ambiente de la provincia, cuyo personal se formó en la materia a través de la Diplomatura en Producción Más Limpia que se dictó en San Justo, provincia de Santa Fe.
En una segunda etapa se avanzará con las industrias y empresas radicadas en otras ciudades de la provincia.
Este martes se realizó en la capital provincial el lanzamiento del programa con la presencia del secretario de Ambiente, Martín Barbieri; su par de Santa Fe, César Mackler; y el representante de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Córdoba, Daniel Molina. También estuvieron presentes los subsecretarios de Industria, Pablo Romero; y de Ambiente, Lucio Amavet; y el representante de la Asociación de Empresas del Parque Industrial (Asempi), Esteban Dorbesan.
En la oportunidad, Barbieri dijo que el lanzamiento de este programa en Entre Ríos “es el resultado de un trabajo articulado entre las tres provincias que integramos la Región Centro y con el sector privado, con componentes productivos y ambientales porque hacia donde tenemos que mirar es hacia un desarrollo sostenible”.
“El camino es ir hacia allí con una mirada abarcativa y amplia con un trabajo conjunto y con el eje en la sostenibilidad”, afirmó el secretario de Ambiente.
Además consideró que el hecho de que el Estado “se ponga al lado de las empresas y las acompañe en los procesos hacia la rentabilidad energética y cuidando el impacto sobre el ambiente”.
El secretario de Ambiente de Santa Fe, César Mackler, comentó que la provincia viene implementando el programa en forma continua desde 2008 y “el éxito del mismo se ha basado en mantener una continuidad en la política de producción más limpia en estos ocho años”. Y precisó que en ese tiempo han asistido a 400 empresas “con resultados diversos pero muy importantes en lo que refiere al tratamiento de efluentes, de emisiones gasesosas y residuos sólidos generados”.
“La producción más limpia surge de la idea de que los residuos sólidos generados por las industrias, las emisiones gaseosas, los efluentes líquidos y el sobre consumo de agua y energía son una materia prima mal utilizada. Si nosotros hacemos más eficiente el proceso industrial, es decir, trabajamos mejor esa materia prima, vamos a contribuir a las políticas ambientales y además vamos a mejorar los costos de la producción”, afirmó Mackler.
Finalmente, el funcionario santafecino sostuvo: “Vemos este evento como un puntapié inicial para que esta provincia hermana y desde la Región Centro también Córdoba, se institucionalice este programa y que la producción más limpia se transforme en una política y herramienta de gestión ambiental y que el desarrollo sustentable se convierta en una política de Estado”.
Por su parte, el representante de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, Daniel Molina, sostuvo que el programa “es una herramienta poderosa sobre todo para las pequeñas industrias y empresas. Si lo llevamos adelante con la seriedad que lo ha hecho Santa Fe obtendremos excelentes resultados”.
Tambiés asistieron representantes de la Unión Industrial de Entre Ríos, de los municipios de Paraná y Crespo y de industrias radicadas en el Parque Industrial de Paraná.
Detalles
A partir del trabajo que lleva adelante la Comisión de Producción Más Limpia del Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema), que se propone avanzar en la conformación de unidades provinciales a través de las regiones, sumado a que este ha sido un tema indicado como prioritario en la Comisión de Ambiente de la Región Centro, es que resulta conveniente llevar adelante el primer proyecto regional con este destino en la Región Centro.
El Convenio Regional firmado entre los Secretarios de Ambiente de las Provincias de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba con la asistencia técnica y financiera del Consejo Federal de Inversiones (CFI), tiene como propósito el fortalecimiento técnico e institucional de la Producción Más Limpia (PML) de las provincias de la Región Centro, centrada en las áreas de ambiente provinciales, a partir de propiciar la creación de Unidades Provinciales de Producción Más Limpia.
La Producción Más Limpia se fundamenta en el uso del sentido común para obtener todo el beneficio posible con el menor uso de recursos y el menor desperdicio posible. Eso resulta de un análisis y corrección permanentes de lo que se hace, cómo se hace, con qué se hace y para qué se hace.
Un proceso eficiente utiliza menos recursos y genera menos desechos. El empresario obtiene más productos con el mismo costo, lo cual se traduce en más rentabilidad y competitividad; y el consumidor ve satisfecha su demanda a menor precio y con menos contaminación a sobrellevar. Los trabajadores realizan solo tareas útiles, en un entorno mucho más seguro y saludable. Todos ganan, inclusive el ecosistema donde estamos inmersos.
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Fecha de Publicación: 30/07/2019
Fuente: AIM
Provincia/Región: Entre Ríos
El gobierno entrerrianos presentó este martes el programa Producción Más Limpia, destinado en una primera etapa a las industrias radicadas en el Parque Industrial de Paraná. La herramienta apunta a hacer más eficiente el proceso industrial con el menor impacto sobre el ambiente.
El programa Producción Más Limpia es implementado de manera regional en las provincias de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, en el marco de la Región Centro y con el apoyo del Consejo Federal de Inversiones (CFI).
Entre Ríos, a través de la Secretaría de Ambiente y la Subsecretaría de Industria, decidió comenzar a trabajar el programa en la provincia con una prueba piloto con 10 empresas radicadas en el Parque Industrial de Paraná que contarán con asistencia técnica y asesoramiento por parte de la Secretaría de Ambiente de la provincia, cuyo personal se formó en la materia a través de la Diplomatura en Producción Más Limpia que se dictó en San Justo, provincia de Santa Fe.
En una segunda etapa se avanzará con las industrias y empresas radicadas en otras ciudades de la provincia.
Este martes se realizó en la capital provincial el lanzamiento del programa con la presencia del secretario de Ambiente, Martín Barbieri; su par de Santa Fe, César Mackler; y el representante de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Córdoba, Daniel Molina. También estuvieron presentes los subsecretarios de Industria, Pablo Romero; y de Ambiente, Lucio Amavet; y el representante de la Asociación de Empresas del Parque Industrial (Asempi), Esteban Dorbesan.
En la oportunidad, Barbieri dijo que el lanzamiento de este programa en Entre Ríos “es el resultado de un trabajo articulado entre las tres provincias que integramos la Región Centro y con el sector privado, con componentes productivos y ambientales porque hacia donde tenemos que mirar es hacia un desarrollo sostenible”.
“El camino es ir hacia allí con una mirada abarcativa y amplia con un trabajo conjunto y con el eje en la sostenibilidad”, afirmó el secretario de Ambiente.
Además consideró que el hecho de que el Estado “se ponga al lado de las empresas y las acompañe en los procesos hacia la rentabilidad energética y cuidando el impacto sobre el ambiente”.
El secretario de Ambiente de Santa Fe, César Mackler, comentó que la provincia viene implementando el programa en forma continua desde 2008 y “el éxito del mismo se ha basado en mantener una continuidad en la política de producción más limpia en estos ocho años”. Y precisó que en ese tiempo han asistido a 400 empresas “con resultados diversos pero muy importantes en lo que refiere al tratamiento de efluentes, de emisiones gasesosas y residuos sólidos generados”.
“La producción más limpia surge de la idea de que los residuos sólidos generados por las industrias, las emisiones gaseosas, los efluentes líquidos y el sobre consumo de agua y energía son una materia prima mal utilizada. Si nosotros hacemos más eficiente el proceso industrial, es decir, trabajamos mejor esa materia prima, vamos a contribuir a las políticas ambientales y además vamos a mejorar los costos de la producción”, afirmó Mackler.
Finalmente, el funcionario santafecino sostuvo: “Vemos este evento como un puntapié inicial para que esta provincia hermana y desde la Región Centro también Córdoba, se institucionalice este programa y que la producción más limpia se transforme en una política y herramienta de gestión ambiental y que el desarrollo sustentable se convierta en una política de Estado”.
Por su parte, el representante de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, Daniel Molina, sostuvo que el programa “es una herramienta poderosa sobre todo para las pequeñas industrias y empresas. Si lo llevamos adelante con la seriedad que lo ha hecho Santa Fe obtendremos excelentes resultados”.
Tambiés asistieron representantes de la Unión Industrial de Entre Ríos, de los municipios de Paraná y Crespo y de industrias radicadas en el Parque Industrial de Paraná.
Detalles
A partir del trabajo que lleva adelante la Comisión de Producción Más Limpia del Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema), que se propone avanzar en la conformación de unidades provinciales a través de las regiones, sumado a que este ha sido un tema indicado como prioritario en la Comisión de Ambiente de la Región Centro, es que resulta conveniente llevar adelante el primer proyecto regional con este destino en la Región Centro.
El Convenio Regional firmado entre los Secretarios de Ambiente de las Provincias de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba con la asistencia técnica y financiera del Consejo Federal de Inversiones (CFI), tiene como propósito el fortalecimiento técnico e institucional de la Producción Más Limpia (PML) de las provincias de la Región Centro, centrada en las áreas de ambiente provinciales, a partir de propiciar la creación de Unidades Provinciales de Producción Más Limpia.
La Producción Más Limpia se fundamenta en el uso del sentido común para obtener todo el beneficio posible con el menor uso de recursos y el menor desperdicio posible. Eso resulta de un análisis y corrección permanentes de lo que se hace, cómo se hace, con qué se hace y para qué se hace.
Un proceso eficiente utiliza menos recursos y genera menos desechos. El empresario obtiene más productos con el mismo costo, lo cual se traduce en más rentabilidad y competitividad; y el consumidor ve satisfecha su demanda a menor precio y con menos contaminación a sobrellevar. Los trabajadores realizan solo tareas útiles, en un entorno mucho más seguro y saludable. Todos ganan, inclusive el ecosistema donde estamos inmersos.
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Salí-Dulce: fiscal objeta “probation” de contaminadores
Fiscal objeta “probation” en una causa por contaminación en la cuenca Salí-Dulce
Fecha de Publicación: 29/07/2019
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Tucumán
El Tribunal Oral Federal de Tucumán (TOF) hizo lugar a la suspensión del juicio a prueba a dos exdirectivos de un ingenio azucarero, acusados de contaminar la cuenca Salí - Dulce.
La resolución beneficia con una “probation” a dos empresarios, exdirectivos de la firma Azucarera Argentina SA, a cargo del ingenio La Corona.
El tribunal compuesto por Gabriel Casas (presidente), Carlos Jiménez Montilla y Abelardo Basbús, hizo lugar al pedido de la defensa de Silvio José Peluffo y Enrique Fausto González, quienes por el término de 3 años deberán realizar tareas comunitarias 8 horas mensuales, en la Municipalidad de San Miguel de Tucumán.
Ambos tendrán que comprar elementos sanitarios para el Hospital de Niños de San Miguel de Tucumán, por la suma de $150.000 cada uno.
Esta decisión fue objetada por el fiscal federal general de Tucumán, Gustavo Gómez; y la querella -representada por la ex concejal de Las Termas de Río Hondo, Anita Loto-, quienes se opusieron y exigieron que se haga el juicio oral y público. Así lo indicó a EL LIBERAL el fiscal Gustavo Gómez, quien consideró que no se tuvo en cuenta la dimensión del daño causado al medio ambiente.
El tribunal consideró que la suspensión del juicio a prueba “es una solución alternativa a la pena, menos gravosa y conducente a poner fin al conflicto”.
En los considerandos del fallo, se indica que la audiencia se llevó a cabo el día 27 de julio de 2019, en la oportunidad “el Tribunal entiende que debe quedar claro que la norma constitucional, que dispone la protección del medio ambiente, no implica que toda actividad que genere riesgo de ese tipo, deba ser objeto de protección penal, sino que la fijación del ámbito de protección de esa norma específica está a cargo del Congreso de la Nación”.
También afirma que “este mismo tribunal en esta causa había rechazado al pedido (de la defensa), por carecer de ofrecimiento concreto de los imputados. Al haberlo efectuado, y que consiste en $150.000 por cada uno, reunido por crédito bancario, acreditado en la audiencia, ya que uno de ellos es empleado bajo relación de dependencia con una remuneración estándar y el otro es jubilado, también con un ingreso equivalente, se ha cumplido con la norma que señala “en la medida de lo posible”.
La resolución agrega que “se suma a ello que se los imputó como directores de la empresa, con lo que es a esta ultima a la que se le podría haber exigido una reparación monetaria integral, ello sin perjuicio que tal persona jurídica ya no existe en el medio azucarero, por lo menos”.
Durante la instrucción de la causa que comenzó en 2008, la Justicia Federal de primera instancia, había señalado que estaba “probado que la fábrica arroja residuos tóxicos que desembocan al Río Gastona, y luego a la Cuenca del Río Salí-Dulce”.
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Buenos Aires: Corte ratifica limitación a fumigaciones
Un fallo de la Corte bonaerense a favor de la agroecología
Fecha de Publicación: 27/07/2019
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Buenos Aires
La Suprema Corte de Buenos Aires ratificó la decisión de prohibir las fumigaciones con agrotóxicos a menos de 1000 metros de los núcleos poblacionales. Lo hizo al dejar vigente la cautelar impulsada por la Asamblea Paren de Fumigar Mar del Plata, que solicitó que se aplicara una norma aprobada hace 11 años. Al mismo tiempo ordenó abrir una nueva instancia de diálogo entre los vecinos y la Municipalidad de General Pueyrredón, instancia de la cual debería surgir un plan de desarrollo agrícola sustentable.
El reclamo de los vecinos de General Pueyrredón comenzó hace 18 años, cuando la organización ambientalista BIOS impulsó una campaña para que el municipio promocionara tierras libres de agrotóxicos, cuyo primer hito fue la ordenanza 18.740, votada en 2008 por unanimidad en el Concejo Deliberante local. La norma impuso el límite de 1000 metros para la aplicación de herbicidas, además de establecer una barrera vegetal, estableciendo una zona de resguardo ambiental, social y sanitario.
La norma, sin embargo, nunca se aplicó, y en 2013 el propio municipio intentó reemplazarla por otra que permitía fumigar a solo 100 metros de escuelas, centros asistenciales y centros de salud, iniciativa que provocó la cautelar de la Asamblea, que la Suprema Corte provincial acaba de ratificar.
"Con este nuevo fallo, la Corte provincial vuelve a confiar en quienes impulsamos la cautelar e indica a la contraparte que no aportó elementos que permitan demostrar que no hay riesgos de afectación en la salud", sintetizó el abogado la Red Nacional de Abogados de Pueblos Fumigados e integrante de la Asamblea marplantense, Lucas Landivar.
El máximo tribunal de la provincia de Buenos Aires volvió a rechazar los argumentos de la municipalidad que, en consonancia con los intereses de las grandes corporaciones agroindustriales, había invocado los "intereses públicos y privados" que se verían afectados en caso de que se aplicara la norma de 2008.
"Este es el resultado de la acumulación del conocimiento y la experiencia de la comunidad", celebró Landivar, quien recordó informes previos de la Defensoría del Pueblo de la Nación, la FAO, el Banco Mundial y la ONU.
Precisamente, la ONU, en 2017, advirtió que los plaguicidas son responsables de 200 mil muertes por intoxicación aguda cada año, y el 99 por ciento de los casos ocurren en países donde las normas de salud, seguridad y ambiente son menos estrictas.
Un horizonte agroecológico
"Estamos ante una oportunidad que puede ser realmente transformadora, un reordenamiento de la producción en una de las zonas hortícolas más grandes del país", destacó Landivar tras la audiencia del 4 de julio pasado, convocada por la Suprema Corte, en la que instó a los representantes municipales procurar todos los recursos para cumplir con la franja de seguridad de 1000 metros.
En la audiencia, los funcionarios municipales intentaron sostener la necesidad de eliminar el límite de 1000 metros establecido por la norma de 2008, en base a la evolución de los plaguicidas en uso, pero no pudo demostrar el cumplimiento de la cautelar. La resolución de la Suprema Corte no se pronuncia sobre la cuestión de fondo pero insta a las partes a mantener la negociación en curso.
"La Corte está esperando que la municipalidad reconozca que va a tener que ceder y hacer algo en otra dirección, dejar de combatir la cautelar y resolver el problema en el territorio", analizó Kanki Alonso, integrante de la misma Asamblea, quien advirtió que "tienen que cumplir con los mil metros y gestionar la conversión a la agroecología".
Por su parte, Landivar fue más allá y se esperanzó con que "el próximo gobernador de la provincia pueda elaborar convenios con universidades públicas, la Defensoría del Pueblo y las organizaciones del sector para identificar los daños causados por la agroindustria y establecer un resarcimiento, la recomposición ambiental y la promoción de la educación en agroecología".
"El concepto de agroecología no está, lo estamos armando. En dos años bajamos el 60 por ciento de los gastos directos. Si gastábamos 100, ahora gastamos 40 y es la misma proporción de pastos, no tirando todo ese complejo químico", cita la cautelar de los vecinos al recordar el testimonio de un productor agroecológico del municipio vecino de Ayacucho.
"Subestimación de la toxicidad"
"Hay una subestimación de la toxicidad de los productos utilizados, porque están en todos lados", advirtió uno de los vecinos afectados en la audiencia de principios de mes convocado por la Corte bonaerense. La organización BIOS, que fue rechazada como amicus curae, publicó, en 2015, un estudio en el que el 90 por ciento de los habitantes analizados de General Pueyrredón, de áreas urbanas y rurales, tenían glifosato o metabolito en la orina.
"Hay un subregistro de casos y una conflictividad por cuestiones de intereses entre la salud y la producción, en la que la salud parece ser subalterna a la producción, cuando debería ser al revés", denunció la médica generalista e integrante del equipo del Programa Salud y Agroquímicos, Silvina Fabregas.
El programa, creado por impulso de un equipo interdisciplinario de médicos y trabajadores sociales de los centros de salud que conviven con más de una docena de localidades de General Pueyrredón directamente afectadas por el uso de agrotóxicos, cuenta con un registro de 200 casos, que surgen de una evaluación de los síntomas presentados y la situación social y laboral de quienes están expuestos a los plaguicidas.
El programa, que trabaja con fichas de control de la población expuesta, depende de la Secretaría de Salud municipal, por lo que el municipio cuenta con la información oficial respecto de la problemática sanitaria. Información que también fue aportada en la audiencia de la Corte provincial. Sin embargo, Fabregas advirtió que aún existe desconocimiento en la población e incluso en los profesionales de la salud sobre la problemática.
"Los problemas más comunes son respiratorios, desde tos a broncoespasmo; exacerbaciones de cuadros asmáticos; alteraciones en la piel u oftalmológicas que no responden a tratamientos habituales, quemaduras, cefaleas, problemas gastrointestinales, aparición de forúnculos en zonas expuestas a los plaguicidas", describió la médica generalista. Y destacó un aumento de los abortos espontáneos en el barrio Félix Camet.
Casos testigo
La cautelar ratificada por la Corte bonaerense cuenta no solo con informes de organismos nacionales e internacionales respecto de los peligros para la salud que representa la aplicación de los agrotóxicos sino también un recuento de causas abiertas por el incumplimiento de la franja de seguridad de 1000 metros establecida en la ordenanza de 2008.
* Setecientos niños, niñas y adolescentes y personal docente concurren a la Escuela Rural Inicial Nº 923, Primaria Nº 51, y Secundaria Nº 39 del Paraje San Francisco. Allí, los estudiantes toman agua envasada, provista por el Estado, porque los niveles de nitratos —asociados a los fertilizantes químico— no son aptos para el consumo humano. El caso tramita en una causa federal aparte en la que se están cursando pruebas ecotoxicológicos sobre el agua del lugar. La comunidad educativa denunció reiteradas veces la fumigación con agrotóxicos en el campo lindero a la escuela .
*En la Laguna de los Padres, ubicada al oeste del partido de General Pueyrredón, los vecinos denunciaron la alarmante mortandad de peces por lo que abrieron una denuncia penal. En el proceso de investigación, un informe de Obras Sanitarias Sociedad de Estado (OSSE) no descartó que la mortandad se deba al uso de agroquímicos.
*El vertido de agroquímicos sobre el arroyo "La Bomba", fumigaciones sobre la población en el barrio Félix Camet, con pedidos de intervención a la Defensoría del Pueblo y el respaldo de los servicios de salud locales, son otros de los casos que se suman al cuerpo de la cautelar.
Paren de fumigar
"Impacta la maquinaria, la cantidad del producto pulverizado y la cercanía. Lo sentís en el paladar, es un sabor difícil de explicar... amargo", describe Alonso sobre las fumigaciones que le tocó presenciar, alambrado de por medio, en su casa de Playa Los Lobos. "Cada vez que se fumiga es un trauma. Una vecina te llama, cerrás las ventanas y sacás a los chicos por la parte de atrás de la casa", continúa.
Alonso, que se sumó a la asamblea en 2009, es uno de los afectados directos que pudo abrir una causa penal en la Justicia Federal por la contaminación del Arroyo Lobería, que desemboca en el mar. Tras una de las fumigaciones, prohibidas por la cautelar de la Corte, a sus hijos se les diagnosticaron lesiones dérmicas por la exposición a los agroquímicos.
"Cuando suceden las fumigaciones uno siente la total desprotección de parte del Estado y la sociedad, porque en nuestro caso teníamos una cautelar a nuestro favor y no podemos hacerle cumplir. Pero cuando suceden fallos judiciales como el la Suprema Corte, te empezás a sentir un sujeto de derecho", destaca Kanki sobre la larga pelea de la asamblea.
La ratificación de la cautelar por parte de la Corte bonaerense no es un caso aislado en el país. En mayo, la supremo tribunal de Entre Ríos tuvo un fallo de similares características al bonaerense, pero con aplicación sobre toda la provincia. Además, existen otros fallos contra el uso de agrotóxicos en Formosa, Chaco, Córdoba , Salta y Santa Fe y, en esa línea, se cuentan más de cien estudios de científicos de universidades nacionales .
La sordera provincial
A pesar de la evidencia existente, la cautelar vigente de la Corte provincial y otra serie de fallos similares de otras localidades bonaerenses, en enero de este año el ministro de Agroindustria bonaerense y ex gerente de Monsanto, Leonardo Sarquís, emitió un decreto que permitía la fumigación con agrotóxicos hasta las 7.59 de la mañana, un minuto antes del inicio de las clases en las localidades rurales.
En febrero, el gobierno de María Eugenia Vidal se vio forzado a dar marcha atrás con el decreto, lo que no modificó que se registraran nuevas denuncias sobre fumigaciones sobre las escuelas rurales .
"Sarkis emitió el comunicado, de manera unilateral y sin audiencia pública, sin considerar que el Poder Judicial se había expedido al respecto, analizado causas, prueba científica y casos de vecinos afectados", advirtió Landivar y señaló que el mismo día en que ocurría la audiencia en la Corte, el ministro de Agroindustria mantuvo una reunión con la Unión del Comercio, la Industria y la Producción (UCIP), que representan al sector agroindustrial.
"Cualquier funcionario, de cualquier esfera del Estado cae en una práctica de encubrimiento si continúa autorizando la aplicación de agrotóxicos que la Organización Mundial de la Salud señala como posibles cancerígenos", sentenció el representante de la Red de Abogados de Pueblos Fumigados.
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Fecha de Publicación: 27/07/2019
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Buenos Aires
La Suprema Corte de Buenos Aires ratificó la decisión de prohibir las fumigaciones con agrotóxicos a menos de 1000 metros de los núcleos poblacionales. Lo hizo al dejar vigente la cautelar impulsada por la Asamblea Paren de Fumigar Mar del Plata, que solicitó que se aplicara una norma aprobada hace 11 años. Al mismo tiempo ordenó abrir una nueva instancia de diálogo entre los vecinos y la Municipalidad de General Pueyrredón, instancia de la cual debería surgir un plan de desarrollo agrícola sustentable.
El reclamo de los vecinos de General Pueyrredón comenzó hace 18 años, cuando la organización ambientalista BIOS impulsó una campaña para que el municipio promocionara tierras libres de agrotóxicos, cuyo primer hito fue la ordenanza 18.740, votada en 2008 por unanimidad en el Concejo Deliberante local. La norma impuso el límite de 1000 metros para la aplicación de herbicidas, además de establecer una barrera vegetal, estableciendo una zona de resguardo ambiental, social y sanitario.
La norma, sin embargo, nunca se aplicó, y en 2013 el propio municipio intentó reemplazarla por otra que permitía fumigar a solo 100 metros de escuelas, centros asistenciales y centros de salud, iniciativa que provocó la cautelar de la Asamblea, que la Suprema Corte provincial acaba de ratificar.
"Con este nuevo fallo, la Corte provincial vuelve a confiar en quienes impulsamos la cautelar e indica a la contraparte que no aportó elementos que permitan demostrar que no hay riesgos de afectación en la salud", sintetizó el abogado la Red Nacional de Abogados de Pueblos Fumigados e integrante de la Asamblea marplantense, Lucas Landivar.
El máximo tribunal de la provincia de Buenos Aires volvió a rechazar los argumentos de la municipalidad que, en consonancia con los intereses de las grandes corporaciones agroindustriales, había invocado los "intereses públicos y privados" que se verían afectados en caso de que se aplicara la norma de 2008.
"Este es el resultado de la acumulación del conocimiento y la experiencia de la comunidad", celebró Landivar, quien recordó informes previos de la Defensoría del Pueblo de la Nación, la FAO, el Banco Mundial y la ONU.
Precisamente, la ONU, en 2017, advirtió que los plaguicidas son responsables de 200 mil muertes por intoxicación aguda cada año, y el 99 por ciento de los casos ocurren en países donde las normas de salud, seguridad y ambiente son menos estrictas.
Un horizonte agroecológico
"Estamos ante una oportunidad que puede ser realmente transformadora, un reordenamiento de la producción en una de las zonas hortícolas más grandes del país", destacó Landivar tras la audiencia del 4 de julio pasado, convocada por la Suprema Corte, en la que instó a los representantes municipales procurar todos los recursos para cumplir con la franja de seguridad de 1000 metros.
En la audiencia, los funcionarios municipales intentaron sostener la necesidad de eliminar el límite de 1000 metros establecido por la norma de 2008, en base a la evolución de los plaguicidas en uso, pero no pudo demostrar el cumplimiento de la cautelar. La resolución de la Suprema Corte no se pronuncia sobre la cuestión de fondo pero insta a las partes a mantener la negociación en curso.
"La Corte está esperando que la municipalidad reconozca que va a tener que ceder y hacer algo en otra dirección, dejar de combatir la cautelar y resolver el problema en el territorio", analizó Kanki Alonso, integrante de la misma Asamblea, quien advirtió que "tienen que cumplir con los mil metros y gestionar la conversión a la agroecología".
Por su parte, Landivar fue más allá y se esperanzó con que "el próximo gobernador de la provincia pueda elaborar convenios con universidades públicas, la Defensoría del Pueblo y las organizaciones del sector para identificar los daños causados por la agroindustria y establecer un resarcimiento, la recomposición ambiental y la promoción de la educación en agroecología".
"El concepto de agroecología no está, lo estamos armando. En dos años bajamos el 60 por ciento de los gastos directos. Si gastábamos 100, ahora gastamos 40 y es la misma proporción de pastos, no tirando todo ese complejo químico", cita la cautelar de los vecinos al recordar el testimonio de un productor agroecológico del municipio vecino de Ayacucho.
"Subestimación de la toxicidad"
"Hay una subestimación de la toxicidad de los productos utilizados, porque están en todos lados", advirtió uno de los vecinos afectados en la audiencia de principios de mes convocado por la Corte bonaerense. La organización BIOS, que fue rechazada como amicus curae, publicó, en 2015, un estudio en el que el 90 por ciento de los habitantes analizados de General Pueyrredón, de áreas urbanas y rurales, tenían glifosato o metabolito en la orina.
"Hay un subregistro de casos y una conflictividad por cuestiones de intereses entre la salud y la producción, en la que la salud parece ser subalterna a la producción, cuando debería ser al revés", denunció la médica generalista e integrante del equipo del Programa Salud y Agroquímicos, Silvina Fabregas.
El programa, creado por impulso de un equipo interdisciplinario de médicos y trabajadores sociales de los centros de salud que conviven con más de una docena de localidades de General Pueyrredón directamente afectadas por el uso de agrotóxicos, cuenta con un registro de 200 casos, que surgen de una evaluación de los síntomas presentados y la situación social y laboral de quienes están expuestos a los plaguicidas.
El programa, que trabaja con fichas de control de la población expuesta, depende de la Secretaría de Salud municipal, por lo que el municipio cuenta con la información oficial respecto de la problemática sanitaria. Información que también fue aportada en la audiencia de la Corte provincial. Sin embargo, Fabregas advirtió que aún existe desconocimiento en la población e incluso en los profesionales de la salud sobre la problemática.
"Los problemas más comunes son respiratorios, desde tos a broncoespasmo; exacerbaciones de cuadros asmáticos; alteraciones en la piel u oftalmológicas que no responden a tratamientos habituales, quemaduras, cefaleas, problemas gastrointestinales, aparición de forúnculos en zonas expuestas a los plaguicidas", describió la médica generalista. Y destacó un aumento de los abortos espontáneos en el barrio Félix Camet.
Casos testigo
La cautelar ratificada por la Corte bonaerense cuenta no solo con informes de organismos nacionales e internacionales respecto de los peligros para la salud que representa la aplicación de los agrotóxicos sino también un recuento de causas abiertas por el incumplimiento de la franja de seguridad de 1000 metros establecida en la ordenanza de 2008.
* Setecientos niños, niñas y adolescentes y personal docente concurren a la Escuela Rural Inicial Nº 923, Primaria Nº 51, y Secundaria Nº 39 del Paraje San Francisco. Allí, los estudiantes toman agua envasada, provista por el Estado, porque los niveles de nitratos —asociados a los fertilizantes químico— no son aptos para el consumo humano. El caso tramita en una causa federal aparte en la que se están cursando pruebas ecotoxicológicos sobre el agua del lugar. La comunidad educativa denunció reiteradas veces la fumigación con agrotóxicos en el campo lindero a la escuela .
*En la Laguna de los Padres, ubicada al oeste del partido de General Pueyrredón, los vecinos denunciaron la alarmante mortandad de peces por lo que abrieron una denuncia penal. En el proceso de investigación, un informe de Obras Sanitarias Sociedad de Estado (OSSE) no descartó que la mortandad se deba al uso de agroquímicos.
*El vertido de agroquímicos sobre el arroyo "La Bomba", fumigaciones sobre la población en el barrio Félix Camet, con pedidos de intervención a la Defensoría del Pueblo y el respaldo de los servicios de salud locales, son otros de los casos que se suman al cuerpo de la cautelar.
Paren de fumigar
"Impacta la maquinaria, la cantidad del producto pulverizado y la cercanía. Lo sentís en el paladar, es un sabor difícil de explicar... amargo", describe Alonso sobre las fumigaciones que le tocó presenciar, alambrado de por medio, en su casa de Playa Los Lobos. "Cada vez que se fumiga es un trauma. Una vecina te llama, cerrás las ventanas y sacás a los chicos por la parte de atrás de la casa", continúa.
Alonso, que se sumó a la asamblea en 2009, es uno de los afectados directos que pudo abrir una causa penal en la Justicia Federal por la contaminación del Arroyo Lobería, que desemboca en el mar. Tras una de las fumigaciones, prohibidas por la cautelar de la Corte, a sus hijos se les diagnosticaron lesiones dérmicas por la exposición a los agroquímicos.
"Cuando suceden las fumigaciones uno siente la total desprotección de parte del Estado y la sociedad, porque en nuestro caso teníamos una cautelar a nuestro favor y no podemos hacerle cumplir. Pero cuando suceden fallos judiciales como el la Suprema Corte, te empezás a sentir un sujeto de derecho", destaca Kanki sobre la larga pelea de la asamblea.
La ratificación de la cautelar por parte de la Corte bonaerense no es un caso aislado en el país. En mayo, la supremo tribunal de Entre Ríos tuvo un fallo de similares características al bonaerense, pero con aplicación sobre toda la provincia. Además, existen otros fallos contra el uso de agrotóxicos en Formosa, Chaco, Córdoba , Salta y Santa Fe y, en esa línea, se cuentan más de cien estudios de científicos de universidades nacionales .
La sordera provincial
A pesar de la evidencia existente, la cautelar vigente de la Corte provincial y otra serie de fallos similares de otras localidades bonaerenses, en enero de este año el ministro de Agroindustria bonaerense y ex gerente de Monsanto, Leonardo Sarquís, emitió un decreto que permitía la fumigación con agrotóxicos hasta las 7.59 de la mañana, un minuto antes del inicio de las clases en las localidades rurales.
En febrero, el gobierno de María Eugenia Vidal se vio forzado a dar marcha atrás con el decreto, lo que no modificó que se registraran nuevas denuncias sobre fumigaciones sobre las escuelas rurales .
"Sarkis emitió el comunicado, de manera unilateral y sin audiencia pública, sin considerar que el Poder Judicial se había expedido al respecto, analizado causas, prueba científica y casos de vecinos afectados", advirtió Landivar y señaló que el mismo día en que ocurría la audiencia en la Corte, el ministro de Agroindustria mantuvo una reunión con la Unión del Comercio, la Industria y la Producción (UCIP), que representan al sector agroindustrial.
"Cualquier funcionario, de cualquier esfera del Estado cae en una práctica de encubrimiento si continúa autorizando la aplicación de agrotóxicos que la Organización Mundial de la Salud señala como posibles cancerígenos", sentenció el representante de la Red de Abogados de Pueblos Fumigados.
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Alertan por el nuevo Código Penal en cuestiones ambientales
"El nuevo Código Penal consagra la impunidad ambiental"
Fecha de Publicación: 26/07/2019
Fuente: Tiempo Argentino - Rebelión
Provincia/Región: Nacional
Organizaciones y expertos alertan por la derogación de la Ley de Residuos Peligrosos. El proyecto de reforma pretende reemplazarla por una norma que obligue a probar la relación causal entre las empresas extractivistas que contaminan y las víctimas de ese delito.
Impunidad ambiental. Esa es la amenaza latente que, según alertan organizaciones y expertos, activaría la reforma del Código Penal que impulsa el gobierno. Lo dijo con total claridad y contundencia el fiscal federal Gustavo Gómez, con jurisdicción en Catamarca y Tucumán, durante la reunión de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Senado, el 27 de junio pasado: "Una cosa es 'poner en peligro la salud del ambiente' y otra es probar que se causaron 'daños graves' al ambiente. Hasta hoy, el delito de contaminación ambiental tipificado en la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos es de peligro abstracto. Eso quiere decir que el sólo hecho de volcar mercurio a un río es suficiente. No tengo que salir a buscar a un chico que haya tomado agua de ese río. El nuevo Código elimina este artículo y propone otro que obliga a probar la relación causal entre el contaminador y la víctima, lo que se llama "delito de resultado". Esta diferencia es lo más grave. Es como pedirme que alguien muera de sobredosis para ir a secuestrar un kilo de cocaína".
El artículo 444 del proyecto de Reforma del Código Penal cambia diametralmente el enfoque de la tipificación del delito, penando a quien, infringiendo leyes o reglamentos nacionales o provinciales que protegen el ambiente, "provoque o realice emisiones, vertidos, vibraciones, extracciones o excavaciones, aterramientos, inyecciones o depósitos, en la atmósfera, el suelo, el subsuelo o las aguas, así como las captaciones de aguas que, por sí mismos o conjuntamente con otros, cause daños graves al aire, el suelo o las aguas, o la flora o fauna".
La alarma ya se encendió entre las organizaciones que protegen el ambiente. Denuncian que el proyecto apunta a consolidar una herramienta jurídica que garantice la impunidad del extractivismo.
"Actualmente, la Ley de Residuos Peligrosos es bastante progresiva respecto a la protección del ambiente, porque alcanza con que se genere el peligro de un daño a la salud. No necesita muertos para que se conforme el delito. Basta con la posibilidad de que alguien pueda ser afectado en su salud. El gobierno quiere eliminar esto y propone una nueva ley en la que haya que probar el daño. En cuestiones ambientales no se puede aplicar el mismo criterio que en el Derecho Penal, donde hay una bala que mata a alguien. En medio ambiente son muchas las balas: la fábrica que arroja residuos, las antenas de celular, la contaminación del agua, del aire. ¿Cómo probás cuál fue la 'bala' que contaminó? Es una ley para que las fábricas, los fumigadores, las mineras queden eximidas de culpa", explica Medardo Ávila Vázquez, coordinador de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados.
La presente normativa sobre residuos peligrosos entró en vigencia en 1992, durante la gestión de María Julia Alsogaray en la Secretaría de Ambiente, en un contexto de presiones internacionales que, luego de la Cumbre de la Tierra realizada ese año en Río de Janeiro, impulsaba a alcanzar acuerdos básicos sobre protección ambiental. Dicha ley establece en su artículo 55 penas para quien, utilizando ese tipo de residuos, "envenenare, adulterare o contaminare de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general".
La Comisión que diseñó el proyecto de reforma, presidida por Mariano Borinsky, juez de la Cámara Federal de Casación Penal, argumentó que la normativa existente tutela dos bienes jurídicos distintos: el ambiente y la salud pública. Y adujo que, con la reforma, se pasa a proteger "al ambiente en sí mismo", con eventuales agravantes si el hecho conllevara potencialmente una afectación a la salud humana.
Para Ávila Vázquez, de aprobarse la derogación de esa norma en el nuevo Código, se violaría "no sólo el principio de prevención en el Derecho Ambiental, sino también el principio de la no regresión ambiental, que establece que las legislaciones siempre tienen que ir por más protección y nunca retroceder en lo que ya se había establecido, nunca desandar el camino avanzado en la protección del ambiente y las poblaciones".
"¿Qué pasa cuando una ley del Congreso deroga artículos de delitos? –se preguntó Gómez– ¿Qué pasa con todas las causas penales en donde incluso se obtuvo condena? Se archivan. Estamos hablando de más de 120 expedientes que pasarían directamente al archivo".
A medida de las empresas
Otra preocupación que genera la propuesta oficial entre los ambientalistas apunta a la redacción del nuevo artículo, más precisamente, cuando habla de infringir "leyes o reglamentos nacionales o provinciales especiales protectores del ambiente".
"Esta ley –remarcó Gómez– le da competencia a las provincias para absolver a aquellos a quienes se les inicia una causa penal por contaminación. Todos sabemos las presiones a las que son sometidos los jueces y fiscales provinciales cuando de inversiones económicas se trata. Cualquier provincia va a poder elevar los niveles autorizados de contaminación y eso va a resultar en prueba imposible a la hora de imputar a los que contaminan".
En ese sentido, el fiscal recordó el caso de la minera La Alumbrera, en Catamarca. El Juzgado Federal N° 2 de Tucumán procesó a Julián Patricio Rooney, ex CEO de la firma, como "partícipe primario" en la contaminación ambiental con metales pesados, y le trabó un embargo de 500 mil pesos (ver recuadro). La ley por la que se lo condena sería derogada. "Si se aprueba esta reforma, el que puede infringir la ley es un peón de campo, hasta un gerente, pero nunca el responsable va a ser el dueño o el CEO de una empresa", remarcó Gómez.
La actual normativa ha permitido, además, el inicio de causas judiciales y hasta condenas contra fumigadores en las provincias de Córdoba, Entre Ríos y Buenos Aires.
"La derogación de la ley actual es una petición de las compañías extractivistas, tan vinculadas al gobierno, y en especial, las del agronegocio, como Monsanto, enmarcadas dentro de estos delitos. Aplican agroquímicos, pero en la planta sólo queda el 20%, y el 80% restante va al ambiente –advierte Ávila–. Con el nuevo Código, las grandes empresas podrán contaminar impunemente".
El ex CEO de La Alumbrera, el primer procesado
Julián Patricio Rooney es prácticamente un desconocido. Sin embargo, fue un hombre muy poderoso y quizás lo siga siendo: fue CEO de la minera La Alumbrera y miembro del comité ejecutivo de la empresa durante 17 años, entre 1996 y 2013. Precisamente por su gestión en ese proyecto, pionero en la megaminería a cielo abierto en la Argentina, está procesado por la justicia federal de Tucumán, que le trabó un embargo de medio millón de pesos por daños ambientales. El fallo del Juzgado Federal N° 2 de esa provincia se convirtió en el primero del país en avanzar en contra de un alto ejecutivo de una empresa, en consonancia con la aplicación de la Ley de Residuos Peligrosos sancionada en 1991. Si se aprueba la modificación del Código Penal tal como está dispuesta, Rooney podría eludir su responsabilidad.
La resolución judicial se conoció a principios de mayo y fue apelada por la defensa de Rooney, a cargo de la abogada Roxana Piña. Ahora, el caso es analizado en la Cámara Federal. La causa lleva unos 20 años de instrucción y entró en un barro judicial que al día de hoy no tiene sentencia firme. Vale aclarar que en 2016 el Ejecutivo había sido sobreseído, pero tras la apelación del grupo ecologista Pro Eco, el expediente fue revisado y se solicitaron más medidas de prueba.
La investigación comenzó en 1999, buscando determinar si los residuos extraídos de las mina en Catamarca y tratados en una planta que la empresa tiene en Tucumán, podía generar contaminación de los cursos de agua y daños a la salud de las personas y al ambiente. La justicia estableció que el exCEO no podía desconocer esos peligros. De acuerdo a la Ley de Residuos Peligrosos, se consideró que estos delitos son de acción permanente, a pesar de que no se hubieran registrado daños concretos.
Según el fallo, Rooney tendría que "haber priorizado y puesto todo el empeño posible en adoptar las medidas necesarias para evitar la contaminación ambiental, que no hace más que afectar la salud, muchas veces con carácter irreversible".
Rooney también fue vicepresidente de Glencore Xstrata y hoy es socio de una consultora de pomposo nombre: Minería es Desarrollo.
El yaguareté fue a la Corte Suprema
Por primera vez, una especie (y no un ejemplar determinado) demanda por sus derechos. A través de una acción impulsada por Greenpeace y patrocinada por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, el yaguareté, habitante de la ecorregión del Gran Chaco argentino, "presentó" este viernes un amparo judicial ante la Corte Suprema de Justicia, y contra cuatro provincias (Chaco, Salta, Formosa y Santiago del Estero), la Administración de Parques Nacionales y el Estado Nacional, por no cumplir la Ley de Protección de Bosques Nativos, y para que se "permita que dicha especie pueda seguir existiendo, gozar de sus ecosistemas, manteniendo sus planes de vida, salud, bienestar, alimentación, libertad, reproducción y seguridad de los últimos menos de 20 sujetos vulnerables". La medida reclama una política de "deforestación cero" en el hábitat del yaguareté.
En efecto, quedan como mucho 20 yaguaretés en la región chaqueña, además de unos 230 que habitan las yungas y la selva paranaense. "A pesar de haber sido declarado Monumento Nacional, no se está protegiendo su territorio y esto pone en serio peligro su subsistencia", dice Natalia Machain, directora ejecutiva de Greenpeace Andino.
"Se estima que en la Argentina, en los últimos dos siglos, el territorio en el que vive quedó reducido a un 5% de la superficie original", explica Enrique Viale, titular de la entidad que nuclea a los abogados ambientalistas. "Se reconocen derechos a las empresas, que son entes abstractos, pero hasta ahora no se los reconocen a la Naturaleza y sus especies, que son reales, vivos y tangibles".
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Hostigaron, atropellaron y mataron un guanaco
Iniciaron acciones legales y multarán a los jóvenes que se filmaron atropellando un guanaco
Fecha de Publicación: 26/07/2019
Fuente: Tiempo Sur
Provincia/Región: Santa Cruz
La Dirección General de Fauna intervino en el caso teniendo presente la Ley de Fauna, Ley de Áreas Protegidas y Ley de Maltrato Animal.
El Gobierno de Santa Cruz a través de la Dirección General de Fauna, comunicó, que ante los hechos de público conocimiento sobre el hostigamiento, atropellamiento y muerte con perros de ejemplares de guanaco publicado en redes sociales por los propios autores, de la localidad de Puerto San Julián, las denuncias pueden efectuarse en las delegaciones locales del CAP.
Además, desde el Consejo Agrario Provincial se informó que esos procederes se encuadran en infracciones a la Ley de Fauna, Ley de Áreas Protegidas y Ley de Maltrato Animal, motivo por el cual se han iniciado las acciones legales que corresponde y se tramitan las multas con los valores actuales concernientes a cada infracción.
Las denuncias de este tenor se reciben en la siguiente dirección de email: faunacap@gmail.com y también pueden hacerse efectivas en las delegaciones del Consejo Agrario Provincial ubicadas en todas las localidades de la provincia de Santa Cruz.
Se filmaron atropellando un guanaco y luego lo devoran dos perros
Ocurrió en San Julián, cuando jóvenes a bordo de un buggy cross persiguen al animal y lo atropellan. Luego, en otro video, se ve a dos canes atacando un guanaco. Subieron los videos a las redes y se produjo indignación.
Indignación en las redes sociales luego de que comience a circular un video en el cual un grupo de jóvenes se filmaron atropellando un guanaco en la costa de San Julián.
En la filmación, compartida por uno de los sujetos a través de Instagram, graban mientras persiguen de atrás al ya malherido guanaco y, entre risas, comienzan a cantar “este pasito se baila como tú quieres”, para luego uno incentivar al conductor a chocarlo.
Seguidamente, se ve al animal tirado en el piso, sin poder levantarse al tiempo que le llegue el agua del mar. “Camarón que se duerme se lo lleva la corriente”, se oye que uno de ellos canta.
Pero eso no fue todo, ya que en otro video que subió el mismo usuario, se ve a dos perros atacando salvajemente a un guanaco.
Viralizada la filmación, desde los grupos proteccionistas repudiaron el actuar de los jóvenes y piden que se aplique la Ley 14.346, donde se establecen penas para las personas que maltraten o hagan víctimas de actos de crueldad a los animales.
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Fecha de Publicación: 26/07/2019
Fuente: Tiempo Sur
Provincia/Región: Santa Cruz
La Dirección General de Fauna intervino en el caso teniendo presente la Ley de Fauna, Ley de Áreas Protegidas y Ley de Maltrato Animal.
El Gobierno de Santa Cruz a través de la Dirección General de Fauna, comunicó, que ante los hechos de público conocimiento sobre el hostigamiento, atropellamiento y muerte con perros de ejemplares de guanaco publicado en redes sociales por los propios autores, de la localidad de Puerto San Julián, las denuncias pueden efectuarse en las delegaciones locales del CAP.
Además, desde el Consejo Agrario Provincial se informó que esos procederes se encuadran en infracciones a la Ley de Fauna, Ley de Áreas Protegidas y Ley de Maltrato Animal, motivo por el cual se han iniciado las acciones legales que corresponde y se tramitan las multas con los valores actuales concernientes a cada infracción.
Las denuncias de este tenor se reciben en la siguiente dirección de email: faunacap@gmail.com y también pueden hacerse efectivas en las delegaciones del Consejo Agrario Provincial ubicadas en todas las localidades de la provincia de Santa Cruz.
Se filmaron atropellando un guanaco y luego lo devoran dos perros
Ocurrió en San Julián, cuando jóvenes a bordo de un buggy cross persiguen al animal y lo atropellan. Luego, en otro video, se ve a dos canes atacando un guanaco. Subieron los videos a las redes y se produjo indignación.
Indignación en las redes sociales luego de que comience a circular un video en el cual un grupo de jóvenes se filmaron atropellando un guanaco en la costa de San Julián.
En la filmación, compartida por uno de los sujetos a través de Instagram, graban mientras persiguen de atrás al ya malherido guanaco y, entre risas, comienzan a cantar “este pasito se baila como tú quieres”, para luego uno incentivar al conductor a chocarlo.
Seguidamente, se ve al animal tirado en el piso, sin poder levantarse al tiempo que le llegue el agua del mar. “Camarón que se duerme se lo lleva la corriente”, se oye que uno de ellos canta.
Pero eso no fue todo, ya que en otro video que subió el mismo usuario, se ve a dos perros atacando salvajemente a un guanaco.
Viralizada la filmación, desde los grupos proteccionistas repudiaron el actuar de los jóvenes y piden que se aplique la Ley 14.346, donde se establecen penas para las personas que maltraten o hagan víctimas de actos de crueldad a los animales.
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Cierre de minas: oficialismo busca cerrar un proyecto de ley
El macrismo busca avanzar en un proyecto de ley para el cierre de minas
Fecha de Publicación: 25/07/2019
Fuente: Diario Perfil
Provincia/Región: Nacional
El primer objetivo es alcanzar consensos con los referentes del sector. Ademán, el Gobierno viene recibiendo aportes técnicos de entidades internacionales.
En Casa Rosada confían en lograr, de aquí a los próximos meses, alcanzar los consensos para presentar un proyecto de ley de cierre de minas. Para tal objetivo, vienen trabajando con referentes del sector y trabajando en lograr los instrumentos financieros para fondear los emprendimientos.
Es por ello que en estos días, se avanzó en las discusiones acerca de las garantías financieras que se incorporarán al anteproyecto de ley. Este mismo está en fase de revisión y consultas.
Sánchez señaló también que la finalidad es: "Aportar una regulación que ofrezca variedad de instrumentos financieros que contemplen toda escala de proyectos, que promueva las mejores prácticas de gestión de cierres progresivos, y que no impacte con fondos comprometidos tempranamente para que al cabo de una operación haya que remediar daños no gestionados
oportunamente".
Además, la funcionaria agregó: "Las mejores prácticas implican el fondeo progresivo de los esfuerzos de gestión para prevenir daños acumulados al ambiente y para que el proyecto internalice la inversión social y ambiental que el cierre implica”.
Desde hace tiempo Sánchez participa de distintos encuentros acerca del tema y, de hecho, suele subir a sus redes sociales resúmenes de los mismos. El 10 de septiembre del año pasado se había referido a la importancia de esta actividad, incluso en materia económica: "El cierre de minas es una etapa mas en el ciclo de vida de los proyectos mineros. Otra oportunidad de generar empleo y tecnología al servicio del monitoreo y control post operaciones".
El desarrollo del borrador de esta se está nutriendo con la consulta de numerosas guías internacionales (ICMM, APEC, Banco Mundial, Gobierno de Western Australia, Gobierno de Queensland, Servicio Nacional de Geología y Minería de Chile), además del apoyo técnico del Instituto Canadiense Internacional de Recursos y Desarrollo (CIRDI, por sus siglas en inglés).
Por otra parte, desde la Secretaría de Política Minera avanzan también en la publicación de la “Guía de Recursos de Buenas Prácticas para el Cierre de Minas”.
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Fecha de Publicación: 25/07/2019
Fuente: Diario Perfil
Provincia/Región: Nacional
El primer objetivo es alcanzar consensos con los referentes del sector. Ademán, el Gobierno viene recibiendo aportes técnicos de entidades internacionales.
En Casa Rosada confían en lograr, de aquí a los próximos meses, alcanzar los consensos para presentar un proyecto de ley de cierre de minas. Para tal objetivo, vienen trabajando con referentes del sector y trabajando en lograr los instrumentos financieros para fondear los emprendimientos.
Es por ello que en estos días, se avanzó en las discusiones acerca de las garantías financieras que se incorporarán al anteproyecto de ley. Este mismo está en fase de revisión y consultas.
Sánchez señaló también que la finalidad es: "Aportar una regulación que ofrezca variedad de instrumentos financieros que contemplen toda escala de proyectos, que promueva las mejores prácticas de gestión de cierres progresivos, y que no impacte con fondos comprometidos tempranamente para que al cabo de una operación haya que remediar daños no gestionados
oportunamente".
Además, la funcionaria agregó: "Las mejores prácticas implican el fondeo progresivo de los esfuerzos de gestión para prevenir daños acumulados al ambiente y para que el proyecto internalice la inversión social y ambiental que el cierre implica”.
Desde hace tiempo Sánchez participa de distintos encuentros acerca del tema y, de hecho, suele subir a sus redes sociales resúmenes de los mismos. El 10 de septiembre del año pasado se había referido a la importancia de esta actividad, incluso en materia económica: "El cierre de minas es una etapa mas en el ciclo de vida de los proyectos mineros. Otra oportunidad de generar empleo y tecnología al servicio del monitoreo y control post operaciones".
El desarrollo del borrador de esta se está nutriendo con la consulta de numerosas guías internacionales (ICMM, APEC, Banco Mundial, Gobierno de Western Australia, Gobierno de Queensland, Servicio Nacional de Geología y Minería de Chile), además del apoyo técnico del Instituto Canadiense Internacional de Recursos y Desarrollo (CIRDI, por sus siglas en inglés).
Por otra parte, desde la Secretaría de Política Minera avanzan también en la publicación de la “Guía de Recursos de Buenas Prácticas para el Cierre de Minas”.
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Riachuelo: extenderían la emergencia por cinco años
Buscan extender por cinco años la emergencia de la Cuenca Matanza-Riachuelo
Fecha de Publicación: 25/07/2019
Fuente: Grupo La Provincia
Provincia/Región: Riachuelo
La comisión de Ambiente de la Legislatura porteña emitió hoy un dictamen del proyecto para prorrogar por cinco años la vigencia de la ley local que declaró la emergencia social, urbanística, ambiental y sanitaria de la Cuenca Matanza-Riachuelo para “asegurar un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano” en esa zona del sur capitalino.
La comisión de Ambiente de la Legislatura porteña emitió hoy un dictamen del proyecto para prorrogar por cinco años la vigencia de la ley local que declaró la emergencia social, urbanística, ambiental y sanitaria de la Cuenca Matanza-Riachuelo para "asegurar un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano" en esa zona del sur capitalino.
La iniciativa fue elaborada por la legisladora de Vamos Juntos Mercedes De las Casas y promueve la extensión de la ley 3.947, del 2011, que fijó las acciones que debía llevar adelante la Ciudad tendiente a asegurar el cumplimiento de las metas contempladas en el Plan Integral de Saneamiento Ambiental, acordado en el ámbito de la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar).
En su aprobación inicial, preveía cinco años de vigencia de la emergencia, en tanto que en 2016 se aprobó en la Legislatura una prórroga por tres años más, lo que caducará en septiembre próximo, por lo cual se planteó una nueva extensión hasta 2024.
En declaraciones a la prensa, De las Casas indicó que "el espíritu de la ley apunta a aprobar una segunda prórroga a la emergencia sanitaria del Riachuelo y establecer las herramientas para que el Ejecutivo pueda dar mayor calidad de vida a los ciudadanos".
"Si uno mira para atrás hay una evolución es enorme en el Riachuelo", evaluó la diputada que preside la comisión de Ambiente; no obstante admitió que "falta muchísimo para hacer, pero la voluntad política de cambio está".
En tanto, el bloque de Evolución, que recientemente anunció su integración al oficialismo, también redactó un proyecto para extender la vigencia de la emergencia, que plantea que solo sea por tres años, que está en debate en la comisión.
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Fecha de Publicación: 25/07/2019
Fuente: Grupo La Provincia
Provincia/Región: Riachuelo
La comisión de Ambiente de la Legislatura porteña emitió hoy un dictamen del proyecto para prorrogar por cinco años la vigencia de la ley local que declaró la emergencia social, urbanística, ambiental y sanitaria de la Cuenca Matanza-Riachuelo para “asegurar un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano” en esa zona del sur capitalino.
La comisión de Ambiente de la Legislatura porteña emitió hoy un dictamen del proyecto para prorrogar por cinco años la vigencia de la ley local que declaró la emergencia social, urbanística, ambiental y sanitaria de la Cuenca Matanza-Riachuelo para "asegurar un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano" en esa zona del sur capitalino.
La iniciativa fue elaborada por la legisladora de Vamos Juntos Mercedes De las Casas y promueve la extensión de la ley 3.947, del 2011, que fijó las acciones que debía llevar adelante la Ciudad tendiente a asegurar el cumplimiento de las metas contempladas en el Plan Integral de Saneamiento Ambiental, acordado en el ámbito de la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar).
En su aprobación inicial, preveía cinco años de vigencia de la emergencia, en tanto que en 2016 se aprobó en la Legislatura una prórroga por tres años más, lo que caducará en septiembre próximo, por lo cual se planteó una nueva extensión hasta 2024.
En declaraciones a la prensa, De las Casas indicó que "el espíritu de la ley apunta a aprobar una segunda prórroga a la emergencia sanitaria del Riachuelo y establecer las herramientas para que el Ejecutivo pueda dar mayor calidad de vida a los ciudadanos".
"Si uno mira para atrás hay una evolución es enorme en el Riachuelo", evaluó la diputada que preside la comisión de Ambiente; no obstante admitió que "falta muchísimo para hacer, pero la voluntad política de cambio está".
En tanto, el bloque de Evolución, que recientemente anunció su integración al oficialismo, también redactó un proyecto para extender la vigencia de la emergencia, que plantea que solo sea por tres años, que está en debate en la comisión.
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Demanda colectiva contra el glifosato
Denuncia: el paso a paso de la investigación contra el glifosato
Fecha de Publicación: 23/07/2019
Fuente: Revista Noticias
Provincia/Región: Nacional
La demanda colectiva caratulada “Giménez Alicia Fanny y otros contra Estado Nacional, Monsanto y otros” data del 2012 y representa a la totalidad del pueblo argentino por ser una causa de “acción de clase”.
“Por el daño que produjo el glifosato queremos una reparación del medio ambiente y una compensación económica para atender la salud de los afectados”. El que habla es Daniel Salaberry, el abogado que presentó junto a Santiago Kaplun, Graciela Gómez Vizcay, Jorge Iturraspe, Horacio Belossi y Miguel Alaya la demanda colectiva caratulada “Giménez Alicia Fanny y otros contra Estado Nacional, Monsanto y otros” en 2012, y que representa a la totalidad del pueblo argentino por ser una causa de “acción de clase”.
Salaberry detalla que “la causa fue presentada en la Corte Suprema porque abarca distintas jurisdicciones”. Pero el máximo organismo la rechazó porque debían respetarse las vías ordinarias. Entonces, llegó al Juzgado Federal de Primera Instancia N° 3, a cargo de Claudia Rodríguez Vidal.
Pero eso no sucedería hasta 2014, cuando la jueza aceptara la acción de clase pero rechazara la medida cautelar para frenar el uso de agroquímicos hasta que se resolviera el juicio. Esa medida fue apelada por los demandantes y la causa se separó en dos expedientes.
Por un lado, la cautelar se elevó en 2017 hasta la Corte Suprema, que ya pasó por todos sus miembros y desde mayo se encuentra en manos del Presidente, Carlos Rosenkratz, según el sistema de consultas de causas del Poder Judicial. El equipo de investigación de Editorial Perfil se comunicó con Rosenkratz, pero el funcionario se negó a dar declaraciones.
“Nosotros le pedimos varias veces a la Corte que resuelva”, dice Salaberry sobre la demora, mientras muestra una decena de documentaciones presentadas para solicitar “pronto despacho”.
Por otro lado, el resto del juicio estaba en la Cámara de Apelaciones porque los directores de las empresas se negaban a formar parte de este juicio que aún no tiene fecha.
Sin embargo, la última novedad es que los jueces Jorge Argento, Carlos Grecco y Sergio Fernández rechazaron el pedido de las compañías Pioneer Argentina SRL y Du Pont Argentina SRL. Por eso, fuentes de Tribunales confirmaron que dentro del próximo mes la causa volvería al Juzgado N° 3, que ahora está a cargo del juez Santiago Carrillo.
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Fecha de Publicación: 23/07/2019
Fuente: Revista Noticias
Provincia/Región: Nacional
La demanda colectiva caratulada “Giménez Alicia Fanny y otros contra Estado Nacional, Monsanto y otros” data del 2012 y representa a la totalidad del pueblo argentino por ser una causa de “acción de clase”.
“Por el daño que produjo el glifosato queremos una reparación del medio ambiente y una compensación económica para atender la salud de los afectados”. El que habla es Daniel Salaberry, el abogado que presentó junto a Santiago Kaplun, Graciela Gómez Vizcay, Jorge Iturraspe, Horacio Belossi y Miguel Alaya la demanda colectiva caratulada “Giménez Alicia Fanny y otros contra Estado Nacional, Monsanto y otros” en 2012, y que representa a la totalidad del pueblo argentino por ser una causa de “acción de clase”.
Salaberry detalla que “la causa fue presentada en la Corte Suprema porque abarca distintas jurisdicciones”. Pero el máximo organismo la rechazó porque debían respetarse las vías ordinarias. Entonces, llegó al Juzgado Federal de Primera Instancia N° 3, a cargo de Claudia Rodríguez Vidal.
Pero eso no sucedería hasta 2014, cuando la jueza aceptara la acción de clase pero rechazara la medida cautelar para frenar el uso de agroquímicos hasta que se resolviera el juicio. Esa medida fue apelada por los demandantes y la causa se separó en dos expedientes.
Por un lado, la cautelar se elevó en 2017 hasta la Corte Suprema, que ya pasó por todos sus miembros y desde mayo se encuentra en manos del Presidente, Carlos Rosenkratz, según el sistema de consultas de causas del Poder Judicial. El equipo de investigación de Editorial Perfil se comunicó con Rosenkratz, pero el funcionario se negó a dar declaraciones.
“Nosotros le pedimos varias veces a la Corte que resuelva”, dice Salaberry sobre la demora, mientras muestra una decena de documentaciones presentadas para solicitar “pronto despacho”.
Por otro lado, el resto del juicio estaba en la Cámara de Apelaciones porque los directores de las empresas se negaban a formar parte de este juicio que aún no tiene fecha.
Sin embargo, la última novedad es que los jueces Jorge Argento, Carlos Grecco y Sergio Fernández rechazaron el pedido de las compañías Pioneer Argentina SRL y Du Pont Argentina SRL. Por eso, fuentes de Tribunales confirmaron que dentro del próximo mes la causa volvería al Juzgado N° 3, que ahora está a cargo del juez Santiago Carrillo.
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Chaco: ONG se suma a la lucha judicial por los desmontes
Somos Monte se mete de lleno en la lucha judicial por los bosques nativos
Fecha de Publicación: 20/07/2019
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Chaco
La organización se presentó como “Amigos del tribunal” en la causa que busca frenar los desmontes en zonas amarillas.
A través de un escrito presentado en el Juzgado Civil N° 21, a cargo de Julián Flores, la organización Somos Monte solicita participar como ‘Amigos del Tribunal‘ en la causa impulsada por el defensor del Pueblo de la Provincia del Chaco, Gustavo Corregido, para frenar los desmontes en zonas amarillas.
La presentación solicita que se haga lugar a la acción de amparo del Defensor del Pueblo y se disponga la ‘prohibición absoluta‘ de autorización de cambio de uso de suelo, recategorización, desmonte en cualquiera de las tres categorías del Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo (OTBN), sancionado por la Ley 1762-R; que en etapa de ejecución de sentencia se proceda a realizar el inventario del bosque nativo de la provincia; y que se proceda a organizar el proceso de actualización del OTBN ‘con control judicial y de los intervinientes en el presente proceso‘.
Pero además, Somos Monte pidió que ‘en función de la naturaleza de los derechos en juego, oportunamente, se convoque audiencia pública‘. Para la organización ambientalista, están dadas las condiciones para que se ‘declare la nulidad‘ de los permisos otorgados hasta la fecha para desmontes en zona amarilla -Categoría II- a escala predial vigentes por ‘no cumplir con las prescripciones de la ley 26.331‘.
En este sentido expuso que la Provincia del Chaco es una de las jurisdicciones que ‘más bosque nativo ha perdido‘, unas 72.536 hectáreas, de las cuales 40.756 fueron en zonas protegidas, tal como figura en el informe de la organización Greneenpeace llamado ‘Desmontes S.A Informe Final Chaco 2018‘ que da cuenta de que ‘entre enero y octubre de 2018 en la provincia de Chaco se desmontaron 31.372 hectáreas, de las cuales 13.571 eran de bosques protegidos‘.
‘Nos interesa poner de relieve que el desmonte del bosque nativo en la Provincia del Chaco es claramente un proceso: proceso social, económico, político, cultural que se agudiza a partir de los finales de la década del 90 del siglo pasado con la aprobación, introducción y consolidación del denominado modelo sojero‘, plantea el escrito presentado por Somos Monte.
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Fecha de Publicación: 20/07/2019
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Chaco
La organización se presentó como “Amigos del tribunal” en la causa que busca frenar los desmontes en zonas amarillas.
A través de un escrito presentado en el Juzgado Civil N° 21, a cargo de Julián Flores, la organización Somos Monte solicita participar como ‘Amigos del Tribunal‘ en la causa impulsada por el defensor del Pueblo de la Provincia del Chaco, Gustavo Corregido, para frenar los desmontes en zonas amarillas.
La presentación solicita que se haga lugar a la acción de amparo del Defensor del Pueblo y se disponga la ‘prohibición absoluta‘ de autorización de cambio de uso de suelo, recategorización, desmonte en cualquiera de las tres categorías del Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo (OTBN), sancionado por la Ley 1762-R; que en etapa de ejecución de sentencia se proceda a realizar el inventario del bosque nativo de la provincia; y que se proceda a organizar el proceso de actualización del OTBN ‘con control judicial y de los intervinientes en el presente proceso‘.
Pero además, Somos Monte pidió que ‘en función de la naturaleza de los derechos en juego, oportunamente, se convoque audiencia pública‘. Para la organización ambientalista, están dadas las condiciones para que se ‘declare la nulidad‘ de los permisos otorgados hasta la fecha para desmontes en zona amarilla -Categoría II- a escala predial vigentes por ‘no cumplir con las prescripciones de la ley 26.331‘.
En este sentido expuso que la Provincia del Chaco es una de las jurisdicciones que ‘más bosque nativo ha perdido‘, unas 72.536 hectáreas, de las cuales 40.756 fueron en zonas protegidas, tal como figura en el informe de la organización Greneenpeace llamado ‘Desmontes S.A Informe Final Chaco 2018‘ que da cuenta de que ‘entre enero y octubre de 2018 en la provincia de Chaco se desmontaron 31.372 hectáreas, de las cuales 13.571 eran de bosques protegidos‘.
‘Nos interesa poner de relieve que el desmonte del bosque nativo en la Provincia del Chaco es claramente un proceso: proceso social, económico, político, cultural que se agudiza a partir de los finales de la década del 90 del siglo pasado con la aprobación, introducción y consolidación del denominado modelo sojero‘, plantea el escrito presentado por Somos Monte.
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Etiquetas:
bosques nativos,
Chaco,
Desmontes,
ecosistemas,
legislación y derecho ambiental
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Media sanción para la “Emergencia climática” en la Argentina
El Senado le dio media sanción a un proyecto que declara la “Emergencia climática” en la Argentina
Fecha de Publicación: 19/07/2019
Fuente: Clarin
Provincia/Región: Nacional
También aprobó un proyecto que fija “obligaciones concretas” para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
El Senado aprobó esta tarde y giró a la cámara de Diputados un proyecto de ley de lucha contra el cambio climático, al tiempo que declaró la "Emergencia climática y ecológica" en el territorio argentino.
El proyecto "establece herramientas para que la Argentina se adapte al cambio climático y fija obligaciones concretas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero", precisó el senador Fernando "Pino" Solanas, impulsor de la iniciativa.
Por su parte, la declaración de "Emergencia climática y ecológica" en la Argentina fue propuesta por la agrupación "Jóvenes por el clima" y tras ser impulsada por Solanas, recibió el aval de la Cámara alta.
“La consecuencias del cambio climático sobre la naturaleza y las condiciones climáticas son brutales. Hay una suerte de resistencia que no acepta que el cambio climático es la mayor amenaza que tiene hoy la humanidad. Si seguimos a este ritmo las aguas seguirán subiendo, desparecerán las islas y las ciudades ribereñas estarán amenazadas, dijo el legislador.
El aval del Senado se da luego de distintas movilizaciones de jóvenes para exigirle a los gobernantes "medidas concretas" de lucha contra el cambio climático. La más importante se dio en marzo, frente al Congreso: por primera vez de modo organizado, chicos y chicas de entre 13 y 25 años se movilizaron para reclamar medidas urgentes que eviten la destrucción del ambiente.
El proyecto aprobado por el Senado, en esa línea, busca establecer estrategias y medidas relativas al estudio del impacto, la vulnerabilidad y las actividades de adaptación al cambio climático que puedan garantizar el comportamiento humano y de los ecosistemas.
"Somos el 17° país en declarar la Emergencia Climática y Ecológica y el primero en Latinoamérica. Estoy muy emocionado porque hoy pudimos sacar estos dos proyectos con los cuales trabajamos muy intensamente", agregó Solanas.
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Denuncia en justicia para que no se usen ríos para el fracking
Piden no uso de ríos para el fracking
Fecha de Publicación: 19/07/2019
Fuente: La Arena
Provincia/Región: Patagonia
Un ciudadano de Patagones presentó una denuncia en el Juzgado Federal de Viedma por el uso del agua de los ríos Limay, Neuquén, Negro y Colorado para realizar el proceso de fractura hidráulica. La acción es por la posible comisión del delito de contaminación de las cuencas.
Según informó el portal Agencia Digital de Noticias, el 13 de junio la Fiscalía Federal de Viedma recibió la denuncia de Elvio Mendioroz para investigar y llegar a una conclusión que podría ser, entre otras, una medida cautelar contra las empresas que trabajan en Río Negro y Neuquén, especialmente en Vaca Muerta.
«No estamos planteando frenar el fracking sino evitar que se haga con agua, con el agua de las cuencas de nuestros ríos», planteó Mendioroz en diálogo con la radio de FM El Rayo, de la ciudad de Viedma. «Agua por petróleo, no», sentenció el vecino, quien reflexionó que «el agua en esencia y prioridad es fuente de vida y para la vida, no más».
Mendioroz planteó que el uso del agua de ríos para fractura hidráulica afecta el principio de «incongruencia» que invoca el artículo 41 de la Constitución Nacional.
El derrame de agua de producción ocurrido a fines de junio en el yacimiento mendocino de Cerro Mollar alcanzó los 4.000 litros, según confirmó el Departamento General de Irrigación de Mendoza. El líquido llegó hasta el arroyo El Alamo, que es un cauce que no está conectado con el río Atuel, como se informó en primer término.
Jorge Fernández, jefe de Zona de Riego de Irrigación en Malargüe, fue quien brindó detalles sobre el incidente e informó que se aplicará una multa a la empresa Phoenix, operadora del yacimiento.
Fernández explicó que «cuando se extrae el petróleo, viene con cierta cantidad de agua, entonces a través de un proceso se separa esa agua, que es un resto que queda, se vuelve a inyectar al estrato del cual ha sido extraído, a través de unos pozos inyectores». El agua llega a los pozos inyectores a través de unas conducciones y en una de esas hubo una pinchadura que produjo un derrame estimado en aproximadamente 4 mil litros».
El líquido derramado llegó al arroyo El Manzano, que es afluente de El Alamo. «Para la actividad petrolera es un incidente de carácter medio por el volumen derramado, pero para nosotros, si bien no se puede determinar con exactitud cuánto de esos 4 mil litros llegaron hasta el arroyo, es una situación grave», indicó el inspector. Para despejar dudas, Fernández contestó que «el arroyo El Alamo no tiene nada que ver con el río Atuel, por eso la actuación sobre el incidente pertenece a la cuenca del río Malargüe».
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Fecha de Publicación: 19/07/2019
Fuente: La Arena
Provincia/Región: Patagonia
Un ciudadano de Patagones presentó una denuncia en el Juzgado Federal de Viedma por el uso del agua de los ríos Limay, Neuquén, Negro y Colorado para realizar el proceso de fractura hidráulica. La acción es por la posible comisión del delito de contaminación de las cuencas.
Según informó el portal Agencia Digital de Noticias, el 13 de junio la Fiscalía Federal de Viedma recibió la denuncia de Elvio Mendioroz para investigar y llegar a una conclusión que podría ser, entre otras, una medida cautelar contra las empresas que trabajan en Río Negro y Neuquén, especialmente en Vaca Muerta.
«No estamos planteando frenar el fracking sino evitar que se haga con agua, con el agua de las cuencas de nuestros ríos», planteó Mendioroz en diálogo con la radio de FM El Rayo, de la ciudad de Viedma. «Agua por petróleo, no», sentenció el vecino, quien reflexionó que «el agua en esencia y prioridad es fuente de vida y para la vida, no más».
Mendioroz planteó que el uso del agua de ríos para fractura hidráulica afecta el principio de «incongruencia» que invoca el artículo 41 de la Constitución Nacional.
El derrame de agua de producción ocurrido a fines de junio en el yacimiento mendocino de Cerro Mollar alcanzó los 4.000 litros, según confirmó el Departamento General de Irrigación de Mendoza. El líquido llegó hasta el arroyo El Alamo, que es un cauce que no está conectado con el río Atuel, como se informó en primer término.
Jorge Fernández, jefe de Zona de Riego de Irrigación en Malargüe, fue quien brindó detalles sobre el incidente e informó que se aplicará una multa a la empresa Phoenix, operadora del yacimiento.
Fernández explicó que «cuando se extrae el petróleo, viene con cierta cantidad de agua, entonces a través de un proceso se separa esa agua, que es un resto que queda, se vuelve a inyectar al estrato del cual ha sido extraído, a través de unos pozos inyectores». El agua llega a los pozos inyectores a través de unas conducciones y en una de esas hubo una pinchadura que produjo un derrame estimado en aproximadamente 4 mil litros».
El líquido derramado llegó al arroyo El Manzano, que es afluente de El Alamo. «Para la actividad petrolera es un incidente de carácter medio por el volumen derramado, pero para nosotros, si bien no se puede determinar con exactitud cuánto de esos 4 mil litros llegaron hasta el arroyo, es una situación grave», indicó el inspector. Para despejar dudas, Fernández contestó que «el arroyo El Alamo no tiene nada que ver con el río Atuel, por eso la actuación sobre el incidente pertenece a la cuenca del río Malargüe».
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Agroquímicos: alerta en Entre Ríos por modificación de norma
Bordet firmaría esta semana la nueva reglamentación para aplicar agrotóxicos
Fecha de Publicación: 18/07/2019
Fuente: Analisis Digital
Provincia/Región: Entre Ríos
El nuevo decreto que modificaría las distancias permitidas para la aplicación de agroquímicos alrededor de escuelas rurales, está listo para ser firmado por el gobernador Gustavo Bordet. Así lo adelantó la ministra de Gobierno, Rosario Romero, en una visita a Gualeguaychú. “Estamos a la espera de la firma del gobernador”, dijo a R2820.
Cabe recordar que el miércoles pasado, productores convocados por la Mesa de Enlace de Entre Ríos se movilizaron hasta el ingreso Túnel Subfluvial para reclamar "una medida superadora" por parte del Ejecutivo.
"En el nuevo decreto ha trabajado mucho el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, y también el ministerio de Economía a través del área de Producción. El secretario Álvaro Gabás fue quién estuvo trabajando en la letra de la nueva reglamentación y ha buscado apoyatura de las universidades, organismos tecnológicos y formados científicamente en el tema como INTA", sumó.
Al respecto, Rodríguez Signes informó: "El proyecto del nuevo decreto fue elaborado por mi persona, sobre la base de muchos informes que pedimos, de información recabada con datos científicos y entrevistas con profesionales del tema. Hicimos lo mejor que pudimos y, como todo decreto, llevará la firma del Gobernador y del ministro del área, en este caso, es el ministro de Economía Hugo Ballay porque la Secretaría de Producción depende de esa cartera".
También el fiscal de Estado ratificó que "esta semana el gobernador tendrá el decreto en su despacho seguro", aunque reconoció: "No sé si lo firmará inmediatamente". Luego agregó que las distancias son un "tema sensible y prefiero que el mandatario tenga primero la información como corresponde".
Rodríguez Signes confió que el criterio general del decreto "radica en intensificar los controles en el uso de los plaguicidas. Para establecer las distancias se tuvieron en cuenta todos los trabajos del INTA sobre las derivas y las distancias propuestas exceden las que están contenidas en las buenas prácticas agrícolas".
En paralelo, Romero recalcó que lo fundamental pasa por las medidas de control sobre las aplicaciones, el registro de las máquinas y empresas aplicadoras, los productos usados y sobre todo la emisión de las recetas agronómicas. "Los controles de parte del Estado provincial deben ser eficientes", expuso.
La ministra adelantó que "creo que el gobernador Gustavo Bordet estará firmando el decreto esta semana. Yo estuve la semana pasada interesada en la cuestión y me dijeron que estaba terminándose. Se esperaba un informe del Ministerio de Salud y la ministra Sonia Velázquez me dijo que ya estaba cumplimentado".
Cabe destacar que continúa vigente el fallo que prohíbe las fumigaciones con agroquímicos a menos de mil metros de distancia de las escuelas rurales, para las terrestres, y a menos de tres mil metros para las aéreas. Así lo confirmó el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER) -en base al fallo del camarista Oscar Benedetto- declarando la nulidad del decreto 4407 previamente emitido por la Gobernación.
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Córdoba: empresas no quieren cumplir con normativa ambiental
El G-6 pide reabrir la discusión sobre la licencia ambiental
Fecha de Publicación: 18/07/2019
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
“El que se quema con leche ve una vaca y llora”, asegura un viejo y corroborado dicho popular.
Después de la frustrada radicación de una semillera en Malvinas Argentinas y de otros planteos vinculados con el impacto ambiental de actividades, tanto privadas como públicas, los empresarios cordobeses no quieren correr el riesgo de nuevas frustraciones.
Toda la actividad económica –con escasas excepciones– quedó supeditada al cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley provincial 10.208 y de los decretos reglamentarios que regulan la política ambiental en el territorio. Pero el alto estándar de exigencias del conjunto de la normativa genera preocupación por el freno que puede implicar a nuevos proyectos de inversión o, incluso, a algunos ya concretados que, tal como están las cosas, deberían desinvertir.
En el fragor de la crisis de Monsanto, el llamado Grupo de los Seis (G-6), que reúne a las principales organizaciones gremial-empresariales de la industria, el comercio, la construcción y los servicios, alertó sobre el desincentivo para las empresas que implicaba dar marcha atrás con la radicación de la semillera, como finalmente ocurrió.
Ahora, con esa experiencia y con nuevos casos, como el de la planta de Porta Hermanos o la habilitación de loteos, la entidad apunta a tratar de compatibilizar con el sector público un esquema más flexible de aplicación de las regulaciones.
Para ello, el lunes está prevista una reunión de dirigentes del G-6 (dos por entidad miembro) con el ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, Fabián López, y su equipo de colaboradores en la temática.
El G-6 acuerda en que la ley sancionada en 2014 cumple estándares internacionales. El punto es la necesidad de compatibilizar los propósitos enunciados en la normativa “con la realidad productiva del país”, comentó una fuente con conocimiento del análisis que se efectúa a nivel empresarial.
Un dirigente industrial consultado por La Voz consideró que la aplicación de la normativa es en extremo “delicada” para las fábricas. “No es sencillo cumplimentar cada uno de los requisitos, menos sencillo es atravesar una audiencia pública y finalmente, si el tema se politiza, se convierte en un problema con resultado incierto”, comentó ayer. Los plazos de los llamados “sistemas de gestión ambiental” y las audiencias públicas son dos de los ítems más calientes. En apenas tres a seis meses, el interesado en conseguir licencia para un proyecto debe entregar toda la documentación con los estudios correspondientes para que no caduque el trámite.
En el G-6 existe la convicción de que el cumplimiento de la norma “genera una pérdida de oportunidades para la provincia”, comentaron interlocutores consultados ayer. “Tenemos casos en los que se habla de dejar de invertir para no tener que atravesar por una audiencia pública”, dijo otra fuente. “Es otro costo Córdoba que no está a la vista”, agregó.
Si bien en una primera lectura puede entenderse que los casos más comprometidos son aquellos vinculados con la actividad química, petroquímica, minería, desarrollos forestales o las relacionadas con el uso de acuíferos, otras ramas se encuentran también entre la espada y la pared.
Por caso, los emprendimientos inmobiliarios que se desarrollen sobre superficies mayores a las tres hectáreas deben cumplimentar la norma y atravesar por audiencias públicas.
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Fecha de Publicación: 18/07/2019
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
“El que se quema con leche ve una vaca y llora”, asegura un viejo y corroborado dicho popular.
Después de la frustrada radicación de una semillera en Malvinas Argentinas y de otros planteos vinculados con el impacto ambiental de actividades, tanto privadas como públicas, los empresarios cordobeses no quieren correr el riesgo de nuevas frustraciones.
Toda la actividad económica –con escasas excepciones– quedó supeditada al cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley provincial 10.208 y de los decretos reglamentarios que regulan la política ambiental en el territorio. Pero el alto estándar de exigencias del conjunto de la normativa genera preocupación por el freno que puede implicar a nuevos proyectos de inversión o, incluso, a algunos ya concretados que, tal como están las cosas, deberían desinvertir.
En el fragor de la crisis de Monsanto, el llamado Grupo de los Seis (G-6), que reúne a las principales organizaciones gremial-empresariales de la industria, el comercio, la construcción y los servicios, alertó sobre el desincentivo para las empresas que implicaba dar marcha atrás con la radicación de la semillera, como finalmente ocurrió.
Ahora, con esa experiencia y con nuevos casos, como el de la planta de Porta Hermanos o la habilitación de loteos, la entidad apunta a tratar de compatibilizar con el sector público un esquema más flexible de aplicación de las regulaciones.
Para ello, el lunes está prevista una reunión de dirigentes del G-6 (dos por entidad miembro) con el ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, Fabián López, y su equipo de colaboradores en la temática.
El G-6 acuerda en que la ley sancionada en 2014 cumple estándares internacionales. El punto es la necesidad de compatibilizar los propósitos enunciados en la normativa “con la realidad productiva del país”, comentó una fuente con conocimiento del análisis que se efectúa a nivel empresarial.
Un dirigente industrial consultado por La Voz consideró que la aplicación de la normativa es en extremo “delicada” para las fábricas. “No es sencillo cumplimentar cada uno de los requisitos, menos sencillo es atravesar una audiencia pública y finalmente, si el tema se politiza, se convierte en un problema con resultado incierto”, comentó ayer. Los plazos de los llamados “sistemas de gestión ambiental” y las audiencias públicas son dos de los ítems más calientes. En apenas tres a seis meses, el interesado en conseguir licencia para un proyecto debe entregar toda la documentación con los estudios correspondientes para que no caduque el trámite.
En el G-6 existe la convicción de que el cumplimiento de la norma “genera una pérdida de oportunidades para la provincia”, comentaron interlocutores consultados ayer. “Tenemos casos en los que se habla de dejar de invertir para no tener que atravesar por una audiencia pública”, dijo otra fuente. “Es otro costo Córdoba que no está a la vista”, agregó.
Si bien en una primera lectura puede entenderse que los casos más comprometidos son aquellos vinculados con la actividad química, petroquímica, minería, desarrollos forestales o las relacionadas con el uso de acuíferos, otras ramas se encuentran también entre la espada y la pared.
Por caso, los emprendimientos inmobiliarios que se desarrollen sobre superficies mayores a las tres hectáreas deben cumplimentar la norma y atravesar por audiencias públicas.
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Audiencia por el Riachuelo: más de lo mismo y enojo de vecinos
Reunión por el Riachuelo: entre la indignación de los vecinos y las explicaciones de los funcionarios
Fecha de Publicación: 17/07/2019
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Riachuelo
"Estoy indignada. Me voy. Esta audiencia es una mentira. En once años, no mejoró en nada la calidad de vida de la gente que vive en el Riachuelo. Es más, diría que empeoró, porque la contaminación industrial se incrementó y no se controla". Quien sale de la quinta audiencia pública por el saneamiento de la cuenca Matanza Riachuelo con esa estrepitosa declaración es Beatriz Mendoza, la vecina que hace 11 años le dio el nombre al fallo de la Corte Suprema de Justicia que ordenó a los gobiernos nacional, provincial y de la Ciudad llevar adelante obras para sanear el Riachuelo.
El fallo Mendoza se convirtió en un hito en el derecho ambiental: por primera vez la Justicia apuntaba a los responsables no de la contaminación sino de las pésimas condiciones de vida de los habitantes de la cuenca y mandaba a los gobiernos a tomar acciones concretas para cambiar esa realidad. Pero, a once años de ese fallo histórico los cambios no llegaron, según denuncian Mendoza y muchos de los vecinos que esta mañana participaron de la audiencia pública.
El contrapunto era evidente entre los funcionarios que presentaban obras y avances como hitos en la historia del sanitarismo argentino y los vecinos y representantes de las organizaciones sociales que hablaban desde el hartazgo para decir que los cambios no se veían. Incluso hubo un vecino que se quebró y terminó su presentación entre lágrimas.
"Ayer llovió y el agua está al borde de nuestra casa. Nos seguimos inundando porque las obras en el arroyo Santa Catalina no se hacen. Los basurales, dicen que los sacaron pero cuando venía para acá veía basura cada 50 metros. Basta de mandarnos chapas y colchones cuando nos inundamos. Necesitamos que no nos abandonen", dijo Ramón Acosta, un vecino que forma parte del foro hídrico de Lomas de Zamora. "Hace poco vinieron a mi casa a hacer un censo con vecinos, pero las preguntas eran muy básicas. No se interesaron en la salud. No preguntaron cuántos casos de cáncer hubo en las familias, son muchos", apuntó Natalia Noga, su esposa.
La voz de las autoridades
"El fallo Mendoza lleva 11 años y cuando se plantea así, la gente internaliza que no se hizo nada. Y no es cierto. Eso es una prueba de que esta es una política de Estado y que los proyectos son a largo plazo", argumenta Lucas Figueras, presidente de la Acumar, el ente tripartito que integran Nación, provincia y ciudad de Buenos Aires y que está mandado por la Corte a sanear el Riachuelo.
Figueras asumió hace cuatro meses, después de la renuncia de la directora anterior, que recibió fuertes cuestionamientos por los pocos avances que hace dos años fueron estimados por el cuerpo colegiado de organizaciones que creó la Corte para monitorear las obras. Sólo se avanzó en el 20% del plan, se dijo entonces. El año pasado, las críticas fueron a que los informes presentados por Acumar eran inconsistentes y no les permitían evaluar los avances, que a juzgar por la opinión de los vecinos no les estaban cambiando la calidad de vida a la gente.
"No podemos hablar de plazos. Todas las políticas públicas que se hicieron hasta ahora con el Riachuelo fracasaron. Esta es la primera vez que se está trabajando en serio. La obra del colector del margen izquierdo y la construcción del emisario van a permitir para 2021 o 2022 reducir un 50% el problema de contaminación de la cuenca. Y esa obra tiene un 50% de avance", asegura Figueras. Es decir, que hasta ahora, el avance rondaría el 25%, número que no es enunciado oficialmente por los funcionarios.
"Sólo el 5 % de la contaminación del Riachuelo y su cuenca proviene de las industrias. Y en ese sentido se están haciendo obras que serán de gran importancia, como la planta de tratamiento de efluentes conjunta en Lanús y otras", dice Figueras. "El 95% de la contaminación del río tiene que ver con vertidos cloacales y a eso hay que sumarle el problema de los residuos sólidos urbanos", apunta el director de Acumar.
Cuando distintos funcionarios planearon números similares en la audiencia pública, hubo indignación entre los vecinos presentes. Uno de los funcionarios contó que se habían cerrado los dos macrobasurales que quedaban en la cuenca: los de Marcos Paz y el de Cañuelas. Pero, en algunos casos, todavía subsisten los microbasurales en las márgenes, dijo y mostró fotos de cómo se habían hecho limpieza de los terrenos en la zona y a los tres días estaba otra vez lleno de montañas de basura.
"Siempre se responsabiliza al vecino, pero yo me pregunto qué haría cualquier vecino si saca la basura y no se la pasan a recolectar. ¿Dónde la lleva? En mi barrio, el camión recolector pasa tres veces por semana, cuando en el centro pasa todos los días. Lo mismo se dice de las cloacas. Se están haciendo obras de plantas de tratamientos. Pero la conexión domiciliaria va a quedar a cargo de los vecinos. Prometen créditos y subsidios, pero piensen qué muchos somos vecinos que no podemos pagar una tarifa social, si van a esperar solucionar la contaminación cloacal con obras que paguen los vecinos, estamos hechos", dice Sergio González, vecino de Lanús que participó como orador.
"Nosotros vamos a tener en cuenta las posibilidades de cada vecino, y se prevén subsidios para quienes no puedan pagar. En dos años ya se conectaron más de mil hogares con subsidios del 100% a la red", apunta Figueras. Un número que contrasta contra los casi 2,2 millones de habitantes de la cuenca que no tienen cloacas.
Un funcionario proyectó los números y los plazos de conexión a las 15 plantas de tratamiento de desechos cloacales: once están en servicio, dos proyectadas, una en obra y una planificada. Un vecino le contestó que era una utopía. Una de las plantas en funcionamiento, la de Lanús, conectará a las cloacas a unos 90.000 vecinos. Hoy, sólo 7000 vecinos están conectados. "Y 4000 de ellos son vecinos porteños, no del partido", denunció González.
"Estamos cansados de escuchar siempre los mismos argumentos. En cada audiencia se habla de lo mismo. Se habla de obras, como si el objetivo del saneamiento del Riachuelo fuera descontaminar un río. Lo que el fallo de la Corte ordenó es un abordaje integral. El problema no es un río, no es el agua, es la sociedad que vive en un territorio", apunta Horacio Corti, defensor general del Ministerio Público de la Ciudad.
"Siguen haciendo diagnósticos técnicos sin entender el verdadero problema. A otras audiencias veníamos preocupados, ahora venimos angustiados. Porque vemos que no hay una decisión política de sanear el Riachuelo. La gestión de Acumar oscila entre subejecución y desfinanciamiento. En este informe que nos presentan no tenemos datos, no se puede realizar un control. No sabemos si se tira más plomo o benceno. La Corte produjo un diseño institucional de cómo sanear el Riachuelo. Hoy ese diseño no existe. Para controlar que se cumpla el fallo se creó un cuerpo colegiado, formado por organizaciones ambientales y vecinales y presidida por la Defensoría del Pueblo de la Nación. Pero como no tenemos un defensor, no hay quién lidere esa defensa. Y la Corte no hace nada. Sólo manda una vez al año un pedido al Congreso para que se designe un defensor", advirtió Fernando Fimognare, de la Defensoría del Pueblo porteña.
La Fundación Ambiente y Recursos Naturales es una de las cinco organizaciones que conforman el cuerpo colegiado, junto a Greenpeace, el Cels, la Comisión de Vecinos de La Boca y la Asociación Civil de Derechos Humanos que son responsables de monitorear el Plan Integral de Saneamiento Ambiental (Pisa) que surgió a partir del fallo de la Corte. "No entiendo para qué es esta audiencia. ¿Para qué venimos? ¿Para escucharlos actualizar el estado del Pisa? Nosotros venimos a repetir lo mismo que en las audiencias anteriores. Porque muy poco ha cambiado, no se está avanzando", aseguró Santiago Cane, de Farn. "Acumar coordina la política pública de limpieza del Riachuelo. ¿Quién la define? Los gobiernos, que son los condenados en el fallo de la Corte, a mejorar la calidad de vida de los habitantes. Esa política no se ve", aseguró el representante de Farn.
"Usted va a terminar procesado por inacción, porque no hace nada por la contaminación del aire y del agua", terminó su presentación, indignado, Raul Estrada Oyuela, de la Asociación de Vecinos de La Boca, parte del cuerpo colegiado, apuntando al director de Acumar.
"Le pusieron mi nombre a uno de los caños de la obra del margen izquierdo del Riachuelo. Soy el emisario Beatriz Mendoza, cosa que me indignó. Soy el nombre de un fallo histórico. Pero sabés qué es lo triste. Que eso no le cambió la vida a nadie. Cuando la Corte se pronunció, me llené de esperanzas. Pero ahora veo que la gente vive igual o peor. Y la Corte no hace nada. No exige el cumplimiento del fallo. La Acumar y todos los funcionarios juegan a la obsolescencia, a decir que están haciendo mucho pero que no se ve. El problema es que la contaminación es un ente abstracto. Y sus consecuencias no se ven, hasta que llega una inundación como la de La Plata y se cobra muchas vidas. Es lamentable", asegura Mendoza, mientras sale del Centro Metropolitano de Diseño donde se realizó la audiencia.
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Fecha de Publicación: 17/07/2019
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Riachuelo
"Estoy indignada. Me voy. Esta audiencia es una mentira. En once años, no mejoró en nada la calidad de vida de la gente que vive en el Riachuelo. Es más, diría que empeoró, porque la contaminación industrial se incrementó y no se controla". Quien sale de la quinta audiencia pública por el saneamiento de la cuenca Matanza Riachuelo con esa estrepitosa declaración es Beatriz Mendoza, la vecina que hace 11 años le dio el nombre al fallo de la Corte Suprema de Justicia que ordenó a los gobiernos nacional, provincial y de la Ciudad llevar adelante obras para sanear el Riachuelo.
El fallo Mendoza se convirtió en un hito en el derecho ambiental: por primera vez la Justicia apuntaba a los responsables no de la contaminación sino de las pésimas condiciones de vida de los habitantes de la cuenca y mandaba a los gobiernos a tomar acciones concretas para cambiar esa realidad. Pero, a once años de ese fallo histórico los cambios no llegaron, según denuncian Mendoza y muchos de los vecinos que esta mañana participaron de la audiencia pública.
El contrapunto era evidente entre los funcionarios que presentaban obras y avances como hitos en la historia del sanitarismo argentino y los vecinos y representantes de las organizaciones sociales que hablaban desde el hartazgo para decir que los cambios no se veían. Incluso hubo un vecino que se quebró y terminó su presentación entre lágrimas.
"Ayer llovió y el agua está al borde de nuestra casa. Nos seguimos inundando porque las obras en el arroyo Santa Catalina no se hacen. Los basurales, dicen que los sacaron pero cuando venía para acá veía basura cada 50 metros. Basta de mandarnos chapas y colchones cuando nos inundamos. Necesitamos que no nos abandonen", dijo Ramón Acosta, un vecino que forma parte del foro hídrico de Lomas de Zamora. "Hace poco vinieron a mi casa a hacer un censo con vecinos, pero las preguntas eran muy básicas. No se interesaron en la salud. No preguntaron cuántos casos de cáncer hubo en las familias, son muchos", apuntó Natalia Noga, su esposa.
La voz de las autoridades
"El fallo Mendoza lleva 11 años y cuando se plantea así, la gente internaliza que no se hizo nada. Y no es cierto. Eso es una prueba de que esta es una política de Estado y que los proyectos son a largo plazo", argumenta Lucas Figueras, presidente de la Acumar, el ente tripartito que integran Nación, provincia y ciudad de Buenos Aires y que está mandado por la Corte a sanear el Riachuelo.
Figueras asumió hace cuatro meses, después de la renuncia de la directora anterior, que recibió fuertes cuestionamientos por los pocos avances que hace dos años fueron estimados por el cuerpo colegiado de organizaciones que creó la Corte para monitorear las obras. Sólo se avanzó en el 20% del plan, se dijo entonces. El año pasado, las críticas fueron a que los informes presentados por Acumar eran inconsistentes y no les permitían evaluar los avances, que a juzgar por la opinión de los vecinos no les estaban cambiando la calidad de vida a la gente.
"No podemos hablar de plazos. Todas las políticas públicas que se hicieron hasta ahora con el Riachuelo fracasaron. Esta es la primera vez que se está trabajando en serio. La obra del colector del margen izquierdo y la construcción del emisario van a permitir para 2021 o 2022 reducir un 50% el problema de contaminación de la cuenca. Y esa obra tiene un 50% de avance", asegura Figueras. Es decir, que hasta ahora, el avance rondaría el 25%, número que no es enunciado oficialmente por los funcionarios.
"Sólo el 5 % de la contaminación del Riachuelo y su cuenca proviene de las industrias. Y en ese sentido se están haciendo obras que serán de gran importancia, como la planta de tratamiento de efluentes conjunta en Lanús y otras", dice Figueras. "El 95% de la contaminación del río tiene que ver con vertidos cloacales y a eso hay que sumarle el problema de los residuos sólidos urbanos", apunta el director de Acumar.
Cuando distintos funcionarios planearon números similares en la audiencia pública, hubo indignación entre los vecinos presentes. Uno de los funcionarios contó que se habían cerrado los dos macrobasurales que quedaban en la cuenca: los de Marcos Paz y el de Cañuelas. Pero, en algunos casos, todavía subsisten los microbasurales en las márgenes, dijo y mostró fotos de cómo se habían hecho limpieza de los terrenos en la zona y a los tres días estaba otra vez lleno de montañas de basura.
"Siempre se responsabiliza al vecino, pero yo me pregunto qué haría cualquier vecino si saca la basura y no se la pasan a recolectar. ¿Dónde la lleva? En mi barrio, el camión recolector pasa tres veces por semana, cuando en el centro pasa todos los días. Lo mismo se dice de las cloacas. Se están haciendo obras de plantas de tratamientos. Pero la conexión domiciliaria va a quedar a cargo de los vecinos. Prometen créditos y subsidios, pero piensen qué muchos somos vecinos que no podemos pagar una tarifa social, si van a esperar solucionar la contaminación cloacal con obras que paguen los vecinos, estamos hechos", dice Sergio González, vecino de Lanús que participó como orador.
"Nosotros vamos a tener en cuenta las posibilidades de cada vecino, y se prevén subsidios para quienes no puedan pagar. En dos años ya se conectaron más de mil hogares con subsidios del 100% a la red", apunta Figueras. Un número que contrasta contra los casi 2,2 millones de habitantes de la cuenca que no tienen cloacas.
Un funcionario proyectó los números y los plazos de conexión a las 15 plantas de tratamiento de desechos cloacales: once están en servicio, dos proyectadas, una en obra y una planificada. Un vecino le contestó que era una utopía. Una de las plantas en funcionamiento, la de Lanús, conectará a las cloacas a unos 90.000 vecinos. Hoy, sólo 7000 vecinos están conectados. "Y 4000 de ellos son vecinos porteños, no del partido", denunció González.
"Estamos cansados de escuchar siempre los mismos argumentos. En cada audiencia se habla de lo mismo. Se habla de obras, como si el objetivo del saneamiento del Riachuelo fuera descontaminar un río. Lo que el fallo de la Corte ordenó es un abordaje integral. El problema no es un río, no es el agua, es la sociedad que vive en un territorio", apunta Horacio Corti, defensor general del Ministerio Público de la Ciudad.
"Siguen haciendo diagnósticos técnicos sin entender el verdadero problema. A otras audiencias veníamos preocupados, ahora venimos angustiados. Porque vemos que no hay una decisión política de sanear el Riachuelo. La gestión de Acumar oscila entre subejecución y desfinanciamiento. En este informe que nos presentan no tenemos datos, no se puede realizar un control. No sabemos si se tira más plomo o benceno. La Corte produjo un diseño institucional de cómo sanear el Riachuelo. Hoy ese diseño no existe. Para controlar que se cumpla el fallo se creó un cuerpo colegiado, formado por organizaciones ambientales y vecinales y presidida por la Defensoría del Pueblo de la Nación. Pero como no tenemos un defensor, no hay quién lidere esa defensa. Y la Corte no hace nada. Sólo manda una vez al año un pedido al Congreso para que se designe un defensor", advirtió Fernando Fimognare, de la Defensoría del Pueblo porteña.
La Fundación Ambiente y Recursos Naturales es una de las cinco organizaciones que conforman el cuerpo colegiado, junto a Greenpeace, el Cels, la Comisión de Vecinos de La Boca y la Asociación Civil de Derechos Humanos que son responsables de monitorear el Plan Integral de Saneamiento Ambiental (Pisa) que surgió a partir del fallo de la Corte. "No entiendo para qué es esta audiencia. ¿Para qué venimos? ¿Para escucharlos actualizar el estado del Pisa? Nosotros venimos a repetir lo mismo que en las audiencias anteriores. Porque muy poco ha cambiado, no se está avanzando", aseguró Santiago Cane, de Farn. "Acumar coordina la política pública de limpieza del Riachuelo. ¿Quién la define? Los gobiernos, que son los condenados en el fallo de la Corte, a mejorar la calidad de vida de los habitantes. Esa política no se ve", aseguró el representante de Farn.
"Usted va a terminar procesado por inacción, porque no hace nada por la contaminación del aire y del agua", terminó su presentación, indignado, Raul Estrada Oyuela, de la Asociación de Vecinos de La Boca, parte del cuerpo colegiado, apuntando al director de Acumar.
"Le pusieron mi nombre a uno de los caños de la obra del margen izquierdo del Riachuelo. Soy el emisario Beatriz Mendoza, cosa que me indignó. Soy el nombre de un fallo histórico. Pero sabés qué es lo triste. Que eso no le cambió la vida a nadie. Cuando la Corte se pronunció, me llené de esperanzas. Pero ahora veo que la gente vive igual o peor. Y la Corte no hace nada. No exige el cumplimiento del fallo. La Acumar y todos los funcionarios juegan a la obsolescencia, a decir que están haciendo mucho pero que no se ve. El problema es que la contaminación es un ente abstracto. Y sus consecuencias no se ven, hasta que llega una inundación como la de La Plata y se cobra muchas vidas. Es lamentable", asegura Mendoza, mientras sale del Centro Metropolitano de Diseño donde se realizó la audiencia.
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