Mostrando entradas con la etiqueta legislación y derecho ambiental. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta legislación y derecho ambiental. Mostrar todas las entradas
Ratifican que los pedidos de cambios en la 7722 no se tratarán
00:00 | 
Publicado por
Eco Sitio |
Cambios en la 7.722: pese al reclamo minero, no se tratarán este año
Fecha de Publicación: 17/04/2019
Fuente: Diario San Rafael
Provincia/Región: Mendoza
Los proyectos de modificación de la Ley 7.722, que buscan flexibilizar los límites de la minería en Mendoza, no se tratarán este año debido a las elecciones, a pesar del reclamo del sector minero realizado esta semana, según indicaron en la Legislatura.
El pedido, realizado por la Unión Industrial de Mendoza (UIM), el Clúster Energético Mendoza y el Consejo Empresario Mendocino (CEM), busca que los cambios a la ley “antiminera” se voten este año, para poder “ampliar y diversificar” la matriz productiva de la provincia, una de las consignas que más se repiten entre los pre candidatos a la gobernación.
“La actividad minera se encuentra limitada y la minería metalífera, directamente prohibida por una serie de normas e impedimentos legales, que demoran o impiden las inversiones necesarias”, aseguraron en un comunicado. Sin embargo, tanto desde el oficialismo como en la oposición explicaron que los proyectos no llegarán al recinto sino hasta después de octubre.
“No queremos que se haga sin licencia social y que tampoco se haga uso político, por eso ya aclaramos que no se tratarán hasta después de las elecciones”, advirtió Diego Costarelli, presidente del Bloque UCR en el Senado. “Se hace tanto ruido para todos lados que no queremos hacerlo sin consenso. Ya lo habíamos señalado anteriormente, incluso lo dijo el gobernador”, agregó.
Respecto a la ampliación de la matriz productiva, Costarelli criticó los planteos del peronismo. “Todos mencionan lo mismo, pero nadie dice cómo. A la hora de votar los proyectos para esto, no quieren hacerlo”, sostuvo.
Los proyectos que se estudian pertenecen a los senadores peronistas Alejandro Abraham y Juan Agulles. En ellos, se plantea ampliar los recursos químicos permitidos para utilizar en la provincia y así reactivar el sector, junto con la creación de “Parques Industriales Mineros Controlados” en las zonas o regiones con potencial a explotar. Por lo tanto, sólo quedarían prohibidos el cianuro, el mercurio y el ácido sulfúrico.
Abraham también indicó que a pesar del pedido por un tratamiento inmediato, el clima presenta varias complejidades. “Esto hay que tratarlo sí o sí, ya tiene despacho. Lo más probable es que ocurra después de octubre, pero Mendoza necesita otras actividades urgente”, mencionó el senador.
Mientras, en la agenda legislativa hay otros asuntos que se están analizando para llevar a las comisiones, como un refuerzo a la Dirección de Minería, según adelantó Abraham, ya que permitiría un mejor manejo de la actividad por parte del Estado si la modificación prospera.
Desde el Clúster Energético Minero, Laureano Manso explicó que hay mucha variedad entre los legisladores, pero criticó el motivo por el que se demora el debate. “Se sigue con la vieja mirada de ‘primero lo político, después lo económico y el empleo’; no nos queda otra más que esperar. Entendemos que esa sea su postura como legisladores, pero para nosotros es preferible antes porque mientras tanto estamos buscando mantener las puertas abiertas del negocio”.
.
Fecha de Publicación: 17/04/2019
Fuente: Diario San Rafael
Provincia/Región: Mendoza
Los proyectos de modificación de la Ley 7.722, que buscan flexibilizar los límites de la minería en Mendoza, no se tratarán este año debido a las elecciones, a pesar del reclamo del sector minero realizado esta semana, según indicaron en la Legislatura.
El pedido, realizado por la Unión Industrial de Mendoza (UIM), el Clúster Energético Mendoza y el Consejo Empresario Mendocino (CEM), busca que los cambios a la ley “antiminera” se voten este año, para poder “ampliar y diversificar” la matriz productiva de la provincia, una de las consignas que más se repiten entre los pre candidatos a la gobernación.
“La actividad minera se encuentra limitada y la minería metalífera, directamente prohibida por una serie de normas e impedimentos legales, que demoran o impiden las inversiones necesarias”, aseguraron en un comunicado. Sin embargo, tanto desde el oficialismo como en la oposición explicaron que los proyectos no llegarán al recinto sino hasta después de octubre.
“No queremos que se haga sin licencia social y que tampoco se haga uso político, por eso ya aclaramos que no se tratarán hasta después de las elecciones”, advirtió Diego Costarelli, presidente del Bloque UCR en el Senado. “Se hace tanto ruido para todos lados que no queremos hacerlo sin consenso. Ya lo habíamos señalado anteriormente, incluso lo dijo el gobernador”, agregó.
Respecto a la ampliación de la matriz productiva, Costarelli criticó los planteos del peronismo. “Todos mencionan lo mismo, pero nadie dice cómo. A la hora de votar los proyectos para esto, no quieren hacerlo”, sostuvo.
Los proyectos que se estudian pertenecen a los senadores peronistas Alejandro Abraham y Juan Agulles. En ellos, se plantea ampliar los recursos químicos permitidos para utilizar en la provincia y así reactivar el sector, junto con la creación de “Parques Industriales Mineros Controlados” en las zonas o regiones con potencial a explotar. Por lo tanto, sólo quedarían prohibidos el cianuro, el mercurio y el ácido sulfúrico.
Abraham también indicó que a pesar del pedido por un tratamiento inmediato, el clima presenta varias complejidades. “Esto hay que tratarlo sí o sí, ya tiene despacho. Lo más probable es que ocurra después de octubre, pero Mendoza necesita otras actividades urgente”, mencionó el senador.
Mientras, en la agenda legislativa hay otros asuntos que se están analizando para llevar a las comisiones, como un refuerzo a la Dirección de Minería, según adelantó Abraham, ya que permitiría un mejor manejo de la actividad por parte del Estado si la modificación prospera.
Desde el Clúster Energético Minero, Laureano Manso explicó que hay mucha variedad entre los legisladores, pero criticó el motivo por el que se demora el debate. “Se sigue con la vieja mirada de ‘primero lo político, después lo económico y el empleo’; no nos queda otra más que esperar. Entendemos que esa sea su postura como legisladores, pero para nosotros es preferible antes porque mientras tanto estamos buscando mantener las puertas abiertas del negocio”.
.
Etiquetas:
Curtiembre clausurada en Lanús y es reincidente
Clausuraron una curtiembre de Lanús por volcar efluentes contaminantes al Riachuelo
Fecha de Publicación: 17/04/2019
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Riachuelo
La Patrulla Ambiental de ACUMAR detectó que el establecimiento Gaita se encontraba en infracción, tras haber violado una clausura preexistente, y continuaba volcando deshechos al río. Deberá pagar una multa superior a los 2 millones de pesos.
El mal olor detectado este viernes en la Ciudad de Buenos Aires llevó a la Patrulla Ambiental de ACUMAR en conjunto con el Municipio de Lanús y equipos de Defensa Civil de la Provincia de Buenos Aires a rastrillar la zona de Valentín Alsina, en Lanús, y de Fiorito, en Lomas de Zamora, con el objetivo a las posibles fábricas en infracción.
En primera instancia, todo indicaba que una grasera que había experimentado un problema de producción había sido la causante pero al ser fiscalizada, se descartó como origen del problema.
Finalmente, luego de varias inspecciones, cerca del mediodía se detectó que la curtiembre Gaita, en Lanús era la responsable de estar vertiendo efluentes contaminantes al Riachuelo.
La empresa, además, se encontraba en doble infracción, porque sobre ella pesaba una clausura preexistente y siguió funcionando, tras romper la faja de clausura, emitiendo efluentes fuera de los parámetros permitidos.
Gaita se encarga de realizar el proceso de transformar las pieles en cuero, pero no cuenta con planta de tratamiento y los efluentes contaminantes van directo al Riachuelo. Utilizan cromo y álcido sulfúrico que podría generar olores fuertes.
La Patrulla Ambiental volvió a clausurar la planta, colocar los precintos, realizar un acta y tomar muestras de los líquidos para ser analizados en laboratorio. Gaita está catalogada como agente contaminante, y fue intimada para readecuar sus procesos productivos.
La multa que se aplicará sobre la empresa, una vez que se ratifique todo lo marcado por los inspectores, superará los 2 millones de pesos.
.
Fecha de Publicación: 17/04/2019
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Riachuelo
La Patrulla Ambiental de ACUMAR detectó que el establecimiento Gaita se encontraba en infracción, tras haber violado una clausura preexistente, y continuaba volcando deshechos al río. Deberá pagar una multa superior a los 2 millones de pesos.
El mal olor detectado este viernes en la Ciudad de Buenos Aires llevó a la Patrulla Ambiental de ACUMAR en conjunto con el Municipio de Lanús y equipos de Defensa Civil de la Provincia de Buenos Aires a rastrillar la zona de Valentín Alsina, en Lanús, y de Fiorito, en Lomas de Zamora, con el objetivo a las posibles fábricas en infracción.
En primera instancia, todo indicaba que una grasera que había experimentado un problema de producción había sido la causante pero al ser fiscalizada, se descartó como origen del problema.
Finalmente, luego de varias inspecciones, cerca del mediodía se detectó que la curtiembre Gaita, en Lanús era la responsable de estar vertiendo efluentes contaminantes al Riachuelo.
La empresa, además, se encontraba en doble infracción, porque sobre ella pesaba una clausura preexistente y siguió funcionando, tras romper la faja de clausura, emitiendo efluentes fuera de los parámetros permitidos.
Gaita se encarga de realizar el proceso de transformar las pieles en cuero, pero no cuenta con planta de tratamiento y los efluentes contaminantes van directo al Riachuelo. Utilizan cromo y álcido sulfúrico que podría generar olores fuertes.
La Patrulla Ambiental volvió a clausurar la planta, colocar los precintos, realizar un acta y tomar muestras de los líquidos para ser analizados en laboratorio. Gaita está catalogada como agente contaminante, y fue intimada para readecuar sus procesos productivos.
La multa que se aplicará sobre la empresa, una vez que se ratifique todo lo marcado por los inspectores, superará los 2 millones de pesos.
.
Ley 7.722 : industriales juntan avales para modificaciones
Juntan avales para modificar la ley 7.722 que restringe la minería
Fecha de Publicación: 15/04/2019
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Mendoza
A través de una petición, la UIM, entidad que agrupa al sector industrial y productivo de Mendoza, busca adhesiones para que la Casa de las Leyes trate los proyectos de cambios en la llamada ley antiminera.
La Unión Industrial de Mendoza, junto al Clúster Energético Mendoza y al Consejo Empresario Mendocino (CEM), está recolectando adhesiones para que la Legislatura provincial trate este año los proyecto de modificación a la ley provincial 7.722, también conocida como ley “antiminera”. Ya hay más de 175 entidades solicitando la modificación.
La intención de la entidad que agrupa a los sectores productivo e industrial de la provincia, es que la Casa de las Leyes le dé tratamiento a las iniciativas presentadas que buscan cambiar la norma que hoy prohíbe el desarrollo de la minería metalífera en todo el territorio mendocino.
La adhesión no sólo está dirigida a empresarios, sino también a colegios profesionales, organismos técnicos, instituciones educativas, centros de capacitación, profesionales independientes, entre otros actores de la economía provincial.
“Queremos invitarlo a que nos acompañe en una petición a nuestras autoridades, clara y contundente, a través de la instrumentación de herramientas concretas que nos permitan ampliar y diversificar nuestra matriz productiva”, detalla la iniciativa, y agrega: “La actividad (minera) se encuentra limitada y la minería metalífera, directamente prohibida por una serie de normas e impedimentos legales, que demoran o impiden las inversiones necesarias”.
En ese sentido, la petición deja en claro lo que ha ocurrido en provincias vecinas que “gozan de los beneficios del desarrollo de este sector, sin que a la fecha se comprueben los nefastos efectos anunciados. Hoy vemos cómo pymes de San Juan o Neuquén tienen crecimiento sostenido como proveedores del sector, no sólo generando trabajo sino también invirtiendo, innovando en tecnología o agrupándose entre ellas para asumir desafíos más importantes, en otros lugares del país o del mundo”.
Respecto a las inquietudes sobre el cuidado del medio ambiente que podrían tener algunos sectores de la sociedad, la petición afirma: “Estamos convencidos de que tanto desde el punto de vista legal como desde el control social está más que garantizada la posibilidad de llevar adelante, en forma compatible con un ambiente saludable, una actividad como la minera, más controlada y observada que ninguna otra en nuestra región, en el país y en el mundo”.
Asimismo, se detallan ejemplos de cómo la ley 7.722 ha prohibido sin contemplaciones una actividad que podría convertirse en la clave del desarrollo de Mendoza. También se hace referencia a cómo es imprescindible de una vez por todas ampliar la matriz productiva de la provincia, ya que los sectores tradicionales vienen mostrando signos de fatiga desde hace largo tiempo.
“Solicitamos a los legisladores de la Provincia el urgente tratamiento de los proyectos de modificación de la ley 7.722, que se encuentran actualmente en la Cámara de Senadores, a fin de lograr la reactivación en el menor tiempo posible de los demorados proyectos mineros que sin duda alguna potenciarán la actividad productiva de la Provincia e impactarán más que positivamente en la creación de empleos de alta calidad”.
El texto de la petición
Autoridades de la Legislatura Provincial,
Jefes de Bloques partidarios integrantes de la Legislatura,
Legisladores Provinciales
Presente
De nuestra mayor consideración:
En diciembre del 2018 se constituyó en la UIM el Clúster Energético de Mendoza, espacio integrado por el sector privado, organismos y reparticiones públicas, universidades y otras instituciones del sector académico y organismos de la sociedad civil, preocupados por la incesante reducción de la actividad productiva de Mendoza e interesados en su desarrollo económico y social.
La misión principal de este Clúster apunta a lograr el desarrollo de la inversión y actividad de exploración y explotación de los recursos petroleros, gasíferos, mineros y energéticos de la Provincia, convencidos de que ello beneficiará al entramado de pymes y trabajadores mendocinos que puedan consolidarse como proveedores directos o indirectos de dicho complejo industrial. Nos referimos a rubros diversos como equipamiento, construcción, transporte, insumos, servicios técnicos, recursos humanos, productos textiles, gastronomía, entre otros, ya que se tratan de actividades muy dinamizadoras que impactan en una gran parte de nuestro sistema productivo.
La actividad minera se encuentra limitada y, en particular la metalífera está prohibida por una serie de normas e impedimentos legales, que demoran o impiden las inversiones necesarias. Un ejemplo claro de esto lo constituye la Ley 7722: doce años después de su sanción ha podido confirmarse que no fue dirigida a delimitar el campo de acción del desarrollo minero en Mendoza sino directamente a prohibirlo, ya que en este lapso no ha sido aprobado ningún proyecto minero metalífero.
En el mismo período, las provincias vecinas han gozado y gozan de los beneficios del desarrollo de este sector, sin que a la fecha se comprueben los nefastos efectos anunciados. Hoy vemos como pymes de San Juan o Neuquén tienen crecimiento sostenido como proveedores del sector, no solo generando trabajo sino también invirtiendo, innovando en tecnología o agrupándose entre ellas para asumir desafíos más importantes, en otros lugares del país o del mundo.
Jamás pusimos ni pondremos en duda la absoluta preminencia de la protección al ambiente, del cuidado de los recursos hídricos y de la salud de las personas. En su gran mayoría somos pequeñas y medianas empresas familiares, con varias generaciones viviendo en el territorio provincial y con el deseo de permanecer en Mendoza. Estamos convencidos de que tanto desde el punto de vista legal como del control social está más que garantizada la posibilidad de llevar adelante, en forma compatible con un ambiente saludable, una actividad como la minera, más controlada y observada que ninguna otra en nuestra región, en el país y en el mundo.
Pero consideramos imposible el desarrollo de la la minería metalífera ya que se encuentra literalmente prohibida en base a los excesos de la legislación vigente, de la que resaltamos solo dos puntos como ejemplo:
- La Ley 7722 prohíbe el uso sustancias químicas que las define explícitamente, porque pueden contaminar el recurso hídrico o amenazar la salud pública, aún en lugares donde fácticamente sería imposible, y también extiende la prohibición a un colectivo indeterminado (“otras sustancias similares”), provocando en los hechos que no pueda usarse ningún tipo de sustancia o producto químico. Lo paradójico, es que las sustancias enumeradas, son utilizadas en otras actividades industriales o procesos productivos que se rigen por normativas vigentes en relación al cuidado de la salud o el medio ambiente.
- La misma Ley 7722 exige que, luego de cumplir con la rígida normativa ambiental, obtener una Declaración de Impacto Ambiental positiva aprobada por el Poder Ejecutivo y realizar las correspondientes audiencias públicas, los proyectos metalíferos deban pasar nuevamente por la Legislatura Provincial para su ratificación. Consideramos que resulta necesario sacar del ámbito legislativo el tratamiento de la DIA: así como el Poder Ejecutivo no puede invadir con su accionar la esfera propia y exclusiva del Legislador, éste tampoco puede invadir la esfera propia y exclusiva del Poder Ejecutivo.
Mientras tanto, las principales actividades que motorizan a la economía provincial se reducen paulatinamente afectando su capacidad de empleo y de generación de ingresos a Mendoza:
- El sector agropecuario reduce año a año su nivel de actividad y empleo, lo que impacta en la baja calidad de vida rural y profundiza la migración desde el campo a las ciudades.
- Las principales ramas industriales de Mendoza muestran una alarmante caída de todos los indicadores, salvo el de la capacidad ociosa que sube año a año.
- Solamente el turismo y algunas actividades nacientes, como las industrias creativas, pueden mostrar números positivos pero que de ninguna manera compensan la pérdida de los principales sectores ni, menos aún, generan empleos para los aproximadamente 8.000 mendocinos que, en promedio, cada año se incorporan al mercado laboral.
Sin duda alguna, el desarrollo sustentable de la actividad minera y petrolera podría haber generado en los últimos años:
- Mayor actividad económica para la provincia de Mendoza, principalmente de pymes que proveen al sector, multiplicado los empleos calificados y bien remunerados que todo este entramado productivo implica.
- El posicionamiento de la Provincia de Mendoza como un centro de investigación, desarrollo e innovación en materia de producción e industrialización de minerales, de sistemas de control y prevención, de especialización de pequeñas y medianas empresas que salieran luego al mundo a vender sus tecnologías, productos y servicios.
- El aumento de los ingresos fiscales, que hubiera fortalecido la infraestructura social de los mendocinos y mejorado las condiciones en que se desenvuelve el resto de los sectores productivos. Mendoza contaría a esta altura con una infraestructura hídrica más completa y eficiente, que hubiera acrecentado ampliamente la frontera agrícola, de haber obtenido recursos provenientes de las regalías mineras.
Somos partidarios del apoyo público a la reconversión y/o adaptación del resto de los sectores productivos de Mendoza a las nuevas realidades que nos impone una economía cada vez más globalizada. Pensamos que más que un cambio en la matriz productiva de la Provincia lo que debemos lograr entre todos es su ampliación, reforzando los motores tradicionales de la actividad económica y posibilitando la consolidación de otros nuevos.
Nuestro vecino país, Chile, es un ejemplo de cómo es posible desarrollar la minería y al mismo tiempo el sector agrícola, potenciando la economía y fortaleciendo los recursos fiscales. La minería representa el 12% del PBI, significa el 52% de las exportaciones chilenas al mundo y cuenta con 44.900 empresas mineras a los que se suman 61.837 empresas proveedoras. En el caso de Australia, la minería representa el 8,7% del PBI y el 48% de las exportaciones totales, empleando en forma directa a 173.000 trabajadores.
Por todo lo expuesto es que les solicitamos el urgente tratamiento de los proyectos de modificación de la Ley 7722, a fin de lograr la reactivación en el menor tiempo posible de los demorados proyectos mineros que sin duda alguna potenciarán la actividad productiva de la Provincia e impactarán positivamente en la creación de empleos de alta calidad.
Sin otro particular, y a la espera de una respuesta favorable, los saludamos atte.
Mauricio Badaloni: Presidente Unión Industrial de Mendoza
Javier Allub: Presidente Consejo Empresario Mendocino
.
Fecha de Publicación: 15/04/2019
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Mendoza
A través de una petición, la UIM, entidad que agrupa al sector industrial y productivo de Mendoza, busca adhesiones para que la Casa de las Leyes trate los proyectos de cambios en la llamada ley antiminera.
La Unión Industrial de Mendoza, junto al Clúster Energético Mendoza y al Consejo Empresario Mendocino (CEM), está recolectando adhesiones para que la Legislatura provincial trate este año los proyecto de modificación a la ley provincial 7.722, también conocida como ley “antiminera”. Ya hay más de 175 entidades solicitando la modificación.
La intención de la entidad que agrupa a los sectores productivo e industrial de la provincia, es que la Casa de las Leyes le dé tratamiento a las iniciativas presentadas que buscan cambiar la norma que hoy prohíbe el desarrollo de la minería metalífera en todo el territorio mendocino.
La adhesión no sólo está dirigida a empresarios, sino también a colegios profesionales, organismos técnicos, instituciones educativas, centros de capacitación, profesionales independientes, entre otros actores de la economía provincial.
“Queremos invitarlo a que nos acompañe en una petición a nuestras autoridades, clara y contundente, a través de la instrumentación de herramientas concretas que nos permitan ampliar y diversificar nuestra matriz productiva”, detalla la iniciativa, y agrega: “La actividad (minera) se encuentra limitada y la minería metalífera, directamente prohibida por una serie de normas e impedimentos legales, que demoran o impiden las inversiones necesarias”.
En ese sentido, la petición deja en claro lo que ha ocurrido en provincias vecinas que “gozan de los beneficios del desarrollo de este sector, sin que a la fecha se comprueben los nefastos efectos anunciados. Hoy vemos cómo pymes de San Juan o Neuquén tienen crecimiento sostenido como proveedores del sector, no sólo generando trabajo sino también invirtiendo, innovando en tecnología o agrupándose entre ellas para asumir desafíos más importantes, en otros lugares del país o del mundo”.
Respecto a las inquietudes sobre el cuidado del medio ambiente que podrían tener algunos sectores de la sociedad, la petición afirma: “Estamos convencidos de que tanto desde el punto de vista legal como desde el control social está más que garantizada la posibilidad de llevar adelante, en forma compatible con un ambiente saludable, una actividad como la minera, más controlada y observada que ninguna otra en nuestra región, en el país y en el mundo”.
Asimismo, se detallan ejemplos de cómo la ley 7.722 ha prohibido sin contemplaciones una actividad que podría convertirse en la clave del desarrollo de Mendoza. También se hace referencia a cómo es imprescindible de una vez por todas ampliar la matriz productiva de la provincia, ya que los sectores tradicionales vienen mostrando signos de fatiga desde hace largo tiempo.
“Solicitamos a los legisladores de la Provincia el urgente tratamiento de los proyectos de modificación de la ley 7.722, que se encuentran actualmente en la Cámara de Senadores, a fin de lograr la reactivación en el menor tiempo posible de los demorados proyectos mineros que sin duda alguna potenciarán la actividad productiva de la Provincia e impactarán más que positivamente en la creación de empleos de alta calidad”.
El texto de la petición
Autoridades de la Legislatura Provincial,
Jefes de Bloques partidarios integrantes de la Legislatura,
Legisladores Provinciales
Presente
De nuestra mayor consideración:
En diciembre del 2018 se constituyó en la UIM el Clúster Energético de Mendoza, espacio integrado por el sector privado, organismos y reparticiones públicas, universidades y otras instituciones del sector académico y organismos de la sociedad civil, preocupados por la incesante reducción de la actividad productiva de Mendoza e interesados en su desarrollo económico y social.
La misión principal de este Clúster apunta a lograr el desarrollo de la inversión y actividad de exploración y explotación de los recursos petroleros, gasíferos, mineros y energéticos de la Provincia, convencidos de que ello beneficiará al entramado de pymes y trabajadores mendocinos que puedan consolidarse como proveedores directos o indirectos de dicho complejo industrial. Nos referimos a rubros diversos como equipamiento, construcción, transporte, insumos, servicios técnicos, recursos humanos, productos textiles, gastronomía, entre otros, ya que se tratan de actividades muy dinamizadoras que impactan en una gran parte de nuestro sistema productivo.
La actividad minera se encuentra limitada y, en particular la metalífera está prohibida por una serie de normas e impedimentos legales, que demoran o impiden las inversiones necesarias. Un ejemplo claro de esto lo constituye la Ley 7722: doce años después de su sanción ha podido confirmarse que no fue dirigida a delimitar el campo de acción del desarrollo minero en Mendoza sino directamente a prohibirlo, ya que en este lapso no ha sido aprobado ningún proyecto minero metalífero.
En el mismo período, las provincias vecinas han gozado y gozan de los beneficios del desarrollo de este sector, sin que a la fecha se comprueben los nefastos efectos anunciados. Hoy vemos como pymes de San Juan o Neuquén tienen crecimiento sostenido como proveedores del sector, no solo generando trabajo sino también invirtiendo, innovando en tecnología o agrupándose entre ellas para asumir desafíos más importantes, en otros lugares del país o del mundo.
Jamás pusimos ni pondremos en duda la absoluta preminencia de la protección al ambiente, del cuidado de los recursos hídricos y de la salud de las personas. En su gran mayoría somos pequeñas y medianas empresas familiares, con varias generaciones viviendo en el territorio provincial y con el deseo de permanecer en Mendoza. Estamos convencidos de que tanto desde el punto de vista legal como del control social está más que garantizada la posibilidad de llevar adelante, en forma compatible con un ambiente saludable, una actividad como la minera, más controlada y observada que ninguna otra en nuestra región, en el país y en el mundo.
Pero consideramos imposible el desarrollo de la la minería metalífera ya que se encuentra literalmente prohibida en base a los excesos de la legislación vigente, de la que resaltamos solo dos puntos como ejemplo:
- La Ley 7722 prohíbe el uso sustancias químicas que las define explícitamente, porque pueden contaminar el recurso hídrico o amenazar la salud pública, aún en lugares donde fácticamente sería imposible, y también extiende la prohibición a un colectivo indeterminado (“otras sustancias similares”), provocando en los hechos que no pueda usarse ningún tipo de sustancia o producto químico. Lo paradójico, es que las sustancias enumeradas, son utilizadas en otras actividades industriales o procesos productivos que se rigen por normativas vigentes en relación al cuidado de la salud o el medio ambiente.
- La misma Ley 7722 exige que, luego de cumplir con la rígida normativa ambiental, obtener una Declaración de Impacto Ambiental positiva aprobada por el Poder Ejecutivo y realizar las correspondientes audiencias públicas, los proyectos metalíferos deban pasar nuevamente por la Legislatura Provincial para su ratificación. Consideramos que resulta necesario sacar del ámbito legislativo el tratamiento de la DIA: así como el Poder Ejecutivo no puede invadir con su accionar la esfera propia y exclusiva del Legislador, éste tampoco puede invadir la esfera propia y exclusiva del Poder Ejecutivo.
Mientras tanto, las principales actividades que motorizan a la economía provincial se reducen paulatinamente afectando su capacidad de empleo y de generación de ingresos a Mendoza:
- El sector agropecuario reduce año a año su nivel de actividad y empleo, lo que impacta en la baja calidad de vida rural y profundiza la migración desde el campo a las ciudades.
- Las principales ramas industriales de Mendoza muestran una alarmante caída de todos los indicadores, salvo el de la capacidad ociosa que sube año a año.
- Solamente el turismo y algunas actividades nacientes, como las industrias creativas, pueden mostrar números positivos pero que de ninguna manera compensan la pérdida de los principales sectores ni, menos aún, generan empleos para los aproximadamente 8.000 mendocinos que, en promedio, cada año se incorporan al mercado laboral.
Sin duda alguna, el desarrollo sustentable de la actividad minera y petrolera podría haber generado en los últimos años:
- Mayor actividad económica para la provincia de Mendoza, principalmente de pymes que proveen al sector, multiplicado los empleos calificados y bien remunerados que todo este entramado productivo implica.
- El posicionamiento de la Provincia de Mendoza como un centro de investigación, desarrollo e innovación en materia de producción e industrialización de minerales, de sistemas de control y prevención, de especialización de pequeñas y medianas empresas que salieran luego al mundo a vender sus tecnologías, productos y servicios.
- El aumento de los ingresos fiscales, que hubiera fortalecido la infraestructura social de los mendocinos y mejorado las condiciones en que se desenvuelve el resto de los sectores productivos. Mendoza contaría a esta altura con una infraestructura hídrica más completa y eficiente, que hubiera acrecentado ampliamente la frontera agrícola, de haber obtenido recursos provenientes de las regalías mineras.
Somos partidarios del apoyo público a la reconversión y/o adaptación del resto de los sectores productivos de Mendoza a las nuevas realidades que nos impone una economía cada vez más globalizada. Pensamos que más que un cambio en la matriz productiva de la Provincia lo que debemos lograr entre todos es su ampliación, reforzando los motores tradicionales de la actividad económica y posibilitando la consolidación de otros nuevos.
Nuestro vecino país, Chile, es un ejemplo de cómo es posible desarrollar la minería y al mismo tiempo el sector agrícola, potenciando la economía y fortaleciendo los recursos fiscales. La minería representa el 12% del PBI, significa el 52% de las exportaciones chilenas al mundo y cuenta con 44.900 empresas mineras a los que se suman 61.837 empresas proveedoras. En el caso de Australia, la minería representa el 8,7% del PBI y el 48% de las exportaciones totales, empleando en forma directa a 173.000 trabajadores.
Por todo lo expuesto es que les solicitamos el urgente tratamiento de los proyectos de modificación de la Ley 7722, a fin de lograr la reactivación en el menor tiempo posible de los demorados proyectos mineros que sin duda alguna potenciarán la actividad productiva de la Provincia e impactarán positivamente en la creación de empleos de alta calidad.
Sin otro particular, y a la espera de una respuesta favorable, los saludamos atte.
Mauricio Badaloni: Presidente Unión Industrial de Mendoza
Javier Allub: Presidente Consejo Empresario Mendocino
.
Agroquímicos en el agua de Pergamino
Contaminación del agua y graves problemas de salud: ordenaron suspender la fumigación con agroquímicos en Pergamino
Fecha de Publicación: 13/04/2019
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Buenos Aires
Un fallo del juez federal Carlos Villafuerte Ruzo frenó el uso de plaguicidas en tres barrios de esa ciudad bonaerense. Además, instó al Municipio a suspender la autorización para futuras fumigaciones. Historias del drama
Una semana después de que el presidente Mauricio Macri considerara durante su visita a Entre Ríos como "irresponsable" un fallo de la Justicia que frenaba la fumigación con agroquímicos a 100 metros de las escuelas en esa provincia, el juez federal Carlos Villafuerte Ruzo dio otro paso en el mismo sentido. El titular del Juzgado Federal Nº 2 de San Nicolás ordenó la suspensión urgente de la aplicación de estos plaguicidas tóxicos en campos que rodean tres barrios de Pergamino donde hay cientos de casos de adultos y niños con problemas de salud y enfermedades sin diagnóstico.
Villafuerte Ruzo además exhortó al Municipio de Pergamino, ubicado en lo que se llama el "núcleo sojero" de la pampa húmeda, a 245 kilómetros de la Capital Federal, a que de manera inmediata garantice en los barrios Villa Alicia, Luar Kayard y La Guarida la provisión de agua potable.
Es que en la investigación, surgida a partir de la denuncia de una vecina del barrio Villa Alicia, varios informes técnicos comprobaron que el nivel de agroquímicos en las napas de donde se abastecen los vecinos es superior al tolerado por el organismo humano.
"Se dispondrá la inmediata suspensión provisional de las aplicaciones de fumigaciones con plaguicidas, herbicidas, insecticidas, y cualquier otro paquete de agroquímicos, sea mediante fumigaciones terrestres que contenga glifosato como principio activo o sales derivadas del mismo", remarcó el magistrado en su fallo.
Villafuerte Ruzo detalló los productos químicos prohibidos a partir de su firma. Se trata de Atrazina, Triticonazol, Metolaclor, Acetoclor, Clorpirifos, Glifosato, Imidacroplid, Desetil, 2.4D y "de los siguientes formulados: Roundup Full II, Roundup Max II, Roundup Ultramax".
Lo hizo específicamente sobre cuatro establecimientos rurales que lindan con las poblaciones urbanas de estos barrios. Y las medidas incluyen la suspensión provisional al Municipio para autorizar "futuras fumigaciones, tanto aéreas como terrestres".
Además, el magistrado indicó al intendente Javier Martínez (Cambiemos) que para las zonas adyacentes a los barrios involucrados, y fuera de los campos donde se restringió la fumigación, se establezca una zona de aplicación a no menos de 600 metros de distancia del ejido urbano.
Martínez, en tanto, encomendó a la UBA un estudio para determinar la calidad del agua en Pergamino, ya que los análisis previos dieron resultados dispares.
Especialistas de Conicet y del Inta-Balcarce y el especialista de la Universidad Nacional de La Plata, Damián Marino, encontraron altos niveles de agroquímicos en el agua de la zona, pero un estudio de la Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires (ASA) contradijo esos informes.
Por eso el juez Villafuerte Ruzo encomendó un nuevo análisis al equipo de Toxicología de la Corte Suprema de la Nación que, según se indica en el fallo, comunicó que sus tareas están en desarrollo y todavía no hay resultados.
Sabrina Ortiz perdió un embarazo en 2011, el mismo día que prácticamente por arriba de su casa, en el barrio Villa Alicia, frente a los campos de soja, pasó un avión fumigador. Ya tenía problemas en la piel. Y también su hija, que en ese momento tenía 10 años, y su marido.
Ella fue la que denunció las fumigaciones sobre las poblaciones urbanas y que desencadenó en este fallo de la Justicia federal. "Me constituí como querellante y expuse mi identidad. Denuncié la manipulación de residuos peligrosos y así se comprobó que existe responsabilidad de los dueños de los campos de alrededor", cuenta a Infobae la mujer, que considera el fallo como "muy positivo".
"En 2011 pierdo un embarazo intoxicada. Ese día fumigaron y empecé a brotarme, a tener dificultad respiratoria, mareos, contracciones, y a la noche terminé perdiendo el embarazo. El médico me dijo que fue por los agrotóxicos y se me vino a la cabeza la historia de Fabián Tomasi; ahí me prometí no parar jamás", revela.
"Hasta ese momento solo tenía problemas dermatológicos y respiratorios. Mi nena (tenía 10), mi esposo, mis padres, que vivían al lado de mi casa, y muchos vecinos sufrían y sufren lo mismo. Pero esta es la ciudad del núcleo sojero. Acá hablar de eso implica que te traten de loca, así me dijo quien era secretario de Salud cuando llevé los análisis de toda mi familia", dice Ortiz, con indignación.
Ella junto a otras vecinas conformaron la agrupación Madres de Barrios Fumigados de Pergamino, que empezó a activar denuncias y protestas en la ciudad y el 21 de marzo pasado reclamaron ante el Municipio y la Justicia que se declare la emergencia sanitaria. Menos de 15 días después, Villafuerte Ruzo firmó el fallo.
El drama familiar de Ortiz se replica en otros vecinos de Pergamino, uno de los distritos donde más se usan agroquímicos en toda la Provincia. Según cuenta la mujer, sus hijos tienen diez veces más de glifosato en sangre que lo que tolera el organismo humano. "El tolerado es 0,01. Y mi hija tiene 9,20 y mi hijo 10,20. Es una enormidad tremenda. Ese indice no baja, es poco lo que el cuerpo puede metabolizar", asegura, con bronca.
La hija, que hoy tiene 18 años, ya pasó por cuatro operaciones para sacarle quistes de los huesos. Su hijo hace linfoproliferación. "Tiene los ganglios agrandados en los intestinos, en el cuello, eso hace que sus sistema inmune esté activo y cuando se enferma lo debilita. Le hacen quimioterapia, tiene sangrado en orina, hace síntomas de enfermedades que no tiene", enumera Sabrina.
Las madres de los barrios fumigados de Pergamino celebran el fallo del juez, pero aseguran que viven en una comunidad que evita el tema o que incluso lo tapa. Nadie habla, cuentan, de los 48 casos de cáncer en un solo barrio.
Isaías tiene tres años y cada vez que se fumiga el campo lindero a su casa, se brota. "La medica de la sala le dijo a la mamá que fue el fiambre. La vez pasada hicieron una reunión los médicos de la sala para informar a los vecinos que nada tiene que ver sus afecciones con los agroquímicos, que se debe a otros factores como la higiene. Formaron un discurso proteccionista de los agronegocios en la salud pública municipal", protestan en su página de Facebook.
Ortiz denuncia que su lucha contra los agroquímicos trajo consecuencias oscuras, que van más allá de su salud física. "Me balearon el perro, me tiraron bidones vacíos de glifosato en la puerta de casa, me tiraron chauchas de soja en el auto. Es una cadena de mafia y complicidades. Pero lamentablemente no me voy a detener", advierte.
Además de sus problemas de piel, la mujer sufrió dos ACV isquémicos. Pero no tiene ni problemas en la sangre ni cardíacos. "Aparentemente es por una toxina del glifosato", cuenta que le dijo su médico.
Para la mujer, el Estado está ausente porque "los que lo sufrimos somos todos gente pobre, hay personas del barrio que no tienen obra social, no tienen ni para comer, por eso reclamamos que el Municipio incorpore toxicólogos especialistas".
Su situación es un reflejo de un problema de salud que afecta a toda una comunidad. A ella, el médico le recomendó una decisión drástica. "Me dijo que me mude. Y me mudé. Pero no todos pueden hacer lo mismo. Nos están matando", asegura, conmovida.
.
107 plaguicidas prohibidos en otros países se usan acá
En Argentina se utilizan 107 plaguicidas prohibidos en otros países
Fecha de Publicación: 12/04/2019
Fuente: Primera Edición
Provincia/Región: Nacional
El ingeniero agrónomo Javier Souza Casadinho realizó un análisis de los agroquímicos empleados en distintos cultivos e incluyó a Misiones. Señaló que un 36% de estos productos “son altamente peligrosos”.
Un informe reveló que en la Argentina se encuentran autorizados 107 plaguicidas que son prohibidos o no autorizados en otros países, de los cuales un 36% son altamente peligrosos, según los criterios establecidos por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Esta lista aumenta a un 73% si se tienen en cuenta los criterios adicionales propuestos por la Red de Acción en Plaguicidas (PAN) internacional.
Esta cifra fue revelada por el ingeniero agrónomo Javier Souza Casadinho, quien realizó un análisis de los agroquímicos utilizados en el país.
Detalló, además, que los principales cultivos que hacen uso de estos químicos altamente peligrosos son los de soja, maíz, trigo, cebada, girasol, arroz, hortalizas, tabaco, caña de azúcar, árboles exóticos (pinos y eucaliptos), algodón, frutales de carozos (peras y manzanas) y frutales cítricos.
Mientras que otros usos que se le dan a estos pesticidas tienen que ver con “el tratamiento de pulgas y garrapatas en perros y gatos, en el control de hierbas e insectos en parques y jardines, el control de moscas y mosquitos posibles vectores de enfermedades”.
Esto es posible, señaló el autor, debido a políticas públicas llevadas a cabo en los últimos 30 años “en las cuales prevalece la idea de incrementar la producción de los cultivos con el fin de generar saldos exportables”.
En la publicación también señaló que “la legislación relativa al registro, comercialización y aplicación de plaguicidas es incompleta, permisiva y obsoleta”.
Es que, si bien el Registro Nacional depende del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), a través de la Dirección Nacional de Agroquímicos, Productos Veterinarios y Alimentos, “existen serias deficiencias” ya que no hay participación “ni de la Secretaría de Salud ni de la de Ambiente en la aprobación de los plaguicidas de uso agrícola”.
Asimismo, apunta que “la Argentina carece de una legislación integral que regule el ciclo completo de registro, comercialización y utilización de plaguicidas, por ello su regularización se realiza a través de decretos y disposiciones legales”.
En Misiones
El informe da cuenta además que “muchos de estos plaguicidas altamente peligrosos” se utilizan en cultivos como “tabaco, hortalizas y en el sector forestal”, actividades que forman parte de las economías regionales en Misiones.
Ante esta situación, el investigador expone una serie de propuestas de grupos de la sociedad civil y universidad, alternativas al uso de estos plaguicidas altamente peligrosos y basadas en los principios de la agroecología. Ésta consiste en la aplicación de agroecosistemas sustentables que permiten obtener productividad y estabilidad.
Es un enfoque económicamente viable enfatizando la agricultura en armonía con los ciclos y procesos naturales y con el enfoque político de la soberanía alimentaria y, de esta manera, promover la salud del suelo, la biodiversidad y la función del ecosistema natural.
En este sentido, se destaca la experiencia de productores de Montecarlo y Caraguatay donde, por distintos factores (como económicos, familiares, por valores o por un aumento en la demanda), han integrado cultivos incluyendo especies arbóreas con la cría de animales de distintos tipos.
Conclusiones y recomendaciones
El trabajo indica que “la situación en Argentina derivada del uso y efecto socioambiental de los plaguicidas categorizados como altamente peligrosos “es grave”, no sólo por su utilización en la mayoría de las producciones agrarias sino porque además “se manipulan las campañas sanitarias y para el tratamiento de mascotas”.
También advierte que “se carece de un marco jurídico eficaz y de la capacidad institucional para afrontar los problemas que platean los plaguicidas durante todo el ciclo de vida”.
Por todo esto, se recomienda “prohibir los plaguicidas altamente peligrosos prohibidos y/o de usos restringidos en otros países, ya que en la mayoría de los casos tal iniciativa se basa en investigaciones científicas y/o monitoreos epidemiológicos que se corresponden con criterios de preservar la salud socioambiental”.
.
Fecha de Publicación: 12/04/2019
Fuente: Primera Edición
Provincia/Región: Nacional
El ingeniero agrónomo Javier Souza Casadinho realizó un análisis de los agroquímicos empleados en distintos cultivos e incluyó a Misiones. Señaló que un 36% de estos productos “son altamente peligrosos”.
Un informe reveló que en la Argentina se encuentran autorizados 107 plaguicidas que son prohibidos o no autorizados en otros países, de los cuales un 36% son altamente peligrosos, según los criterios establecidos por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Esta lista aumenta a un 73% si se tienen en cuenta los criterios adicionales propuestos por la Red de Acción en Plaguicidas (PAN) internacional.
Esta cifra fue revelada por el ingeniero agrónomo Javier Souza Casadinho, quien realizó un análisis de los agroquímicos utilizados en el país.
Detalló, además, que los principales cultivos que hacen uso de estos químicos altamente peligrosos son los de soja, maíz, trigo, cebada, girasol, arroz, hortalizas, tabaco, caña de azúcar, árboles exóticos (pinos y eucaliptos), algodón, frutales de carozos (peras y manzanas) y frutales cítricos.
Mientras que otros usos que se le dan a estos pesticidas tienen que ver con “el tratamiento de pulgas y garrapatas en perros y gatos, en el control de hierbas e insectos en parques y jardines, el control de moscas y mosquitos posibles vectores de enfermedades”.
Esto es posible, señaló el autor, debido a políticas públicas llevadas a cabo en los últimos 30 años “en las cuales prevalece la idea de incrementar la producción de los cultivos con el fin de generar saldos exportables”.
En la publicación también señaló que “la legislación relativa al registro, comercialización y aplicación de plaguicidas es incompleta, permisiva y obsoleta”.
Es que, si bien el Registro Nacional depende del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), a través de la Dirección Nacional de Agroquímicos, Productos Veterinarios y Alimentos, “existen serias deficiencias” ya que no hay participación “ni de la Secretaría de Salud ni de la de Ambiente en la aprobación de los plaguicidas de uso agrícola”.
Asimismo, apunta que “la Argentina carece de una legislación integral que regule el ciclo completo de registro, comercialización y utilización de plaguicidas, por ello su regularización se realiza a través de decretos y disposiciones legales”.
En Misiones
El informe da cuenta además que “muchos de estos plaguicidas altamente peligrosos” se utilizan en cultivos como “tabaco, hortalizas y en el sector forestal”, actividades que forman parte de las economías regionales en Misiones.
Ante esta situación, el investigador expone una serie de propuestas de grupos de la sociedad civil y universidad, alternativas al uso de estos plaguicidas altamente peligrosos y basadas en los principios de la agroecología. Ésta consiste en la aplicación de agroecosistemas sustentables que permiten obtener productividad y estabilidad.
Es un enfoque económicamente viable enfatizando la agricultura en armonía con los ciclos y procesos naturales y con el enfoque político de la soberanía alimentaria y, de esta manera, promover la salud del suelo, la biodiversidad y la función del ecosistema natural.
En este sentido, se destaca la experiencia de productores de Montecarlo y Caraguatay donde, por distintos factores (como económicos, familiares, por valores o por un aumento en la demanda), han integrado cultivos incluyendo especies arbóreas con la cría de animales de distintos tipos.
Conclusiones y recomendaciones
El trabajo indica que “la situación en Argentina derivada del uso y efecto socioambiental de los plaguicidas categorizados como altamente peligrosos “es grave”, no sólo por su utilización en la mayoría de las producciones agrarias sino porque además “se manipulan las campañas sanitarias y para el tratamiento de mascotas”.
También advierte que “se carece de un marco jurídico eficaz y de la capacidad institucional para afrontar los problemas que platean los plaguicidas durante todo el ciclo de vida”.
Por todo esto, se recomienda “prohibir los plaguicidas altamente peligrosos prohibidos y/o de usos restringidos en otros países, ya que en la mayoría de los casos tal iniciativa se basa en investigaciones científicas y/o monitoreos epidemiológicos que se corresponden con criterios de preservar la salud socioambiental”.
.
El fracking mendocino llegó a la Corte
El conflicto por el fracking en Mendoza llega a la Corte Suprema
Fecha de Publicación: 08/04/2019
Fuente: MendoVoz
Provincia/Región: Mendoza
Ante la decisión del juez provincial Dalmiro Garay de legitimar el Decreto Nº248, por el cual habilitan el fracking en Mendoza, organizaciones ambientales y la ONG Oikos Red Ambiental presentaron un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
"Dado el escenario de la grave crisis hídrica y la sequía que atraviesa su noveno año consecutivo, en la peor escasez de agua de los últimos 100 años en la provincia, es altamente irresponsable introducir la técnica del fracking que requiere una utilización intensiva de agua y produce una contaminación irreversible del recurso hídrico.
"Cada perforación utiliza un promedio de 14 a 25 millones de litros de agua mezclada con arena silícea y un cocktail de entre 700 y 900 productos químicos altamente tóxicos y contaminantes: benceno, tolueno, xileno, etilbenceno, butanol, acetaldehído, bencilocloruro, glicolde etileno, óxido de etileno, formaldehído, metanol, óxido depropileno, entre otros", indica la presentación.
Denuncia incontundente
Según la denuncia de Oikos y las distintas organizaciones y asambleas en defensa del agua, el Honorable Tribunal Administrativo de Irrigación estableció que era una técnica peligrosa y que no debía autorizarse, mientras los técnicos del Departamento de General Alvear afirmaron que el fracking consumía excesiva cantidad de agua y que los estudios realizados eran deficientes.
No obstante, la solución adoptada por las autoridades fue declarar "inconducentes" todas las críticas y observaciones realizadas.
Contra el Decreto 248 y la Resolución 249, han planteado diversas acciones constitucionales y amparos, principalmente sustentados en la Ley del Ambiente de Mendoza y la Ley del Ambiente de la Nación, que garantizan a la población de Mendoza que toda autorización para una explotación petrolera debe sujetarse a una audiencia pública, permitiendo que los mendocinos estén en condiciones de controlar la cantidad de agua utilizada y la contaminación que pueda afectar a las futuras generaciones. La solución de los gobernantes fue suprimir la audiencia pública y comenzar las concesiones para la explotación del fracking.
Garay decidió archivar la única acción en la que acompañaba una medida cautelar que hubiera suspendido el fracking por precaución y prevención. En esta cautelar el Gobierno reconoce que se usan trazadores radioactivos lo que acrecienta la necesidad de determinar el peligro de la técnica. A continuación, el magistrado denegó la solicitud para recurrir ante la Corte Suprema de la Nación, con el fin de evitar que se revise el expediente.
Por este motivo, Oikos acudió ante el Máximo Tribunal de la Nación en forma directa, en queja para lograr que revisen esta sentencia por arbitrariedad. "No puede excluirse al pueblo cuando tiene derecho a saber de que se trata, como ya lo expresó la Corte Suprema de Justicia en el caso de las tarifas. No puede destruirse el ambiente por partes tratando de disimularlo hasta que los impactos sucesivos se acumulen y sea tarde. No puede sacarse agua del Salado que es afluente del Atuel para hidrofractura, afectando el humedal de Llancanelo, que es un sitio RAMSAR orgullo de los mendocinos, sin respetar la orden de la Corte Suprema de la Nación", indicaron desde la ONG.
La presentación fue realizada por Oikos Red Ambiental, junto a referentes sociales y ambientales y acompañada por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, Xumek, las Asambleas del Agua, la Federación Argentina de Espeleología, FARN Fundación Argentina de Recursos Naturales, Justicia Climática y la Organización de Identidad Territorial Malalweche, entre otros.
Reclaman por el estado de Derecho Ambiental garantizado por el artículo 41 de la Constitución Nacional, y en defensa del artículo 1º de la Constitución de Mendoza que nos hace responsables ante las futuras generaciones.
.
Propondrán una normativa para el cierre de minas en San Juan
El Gobierno sanjuanino propondrá un proyecto de ley para el cierre de minas
Fecha de Publicación: 08/04/2019
Fuente: Diario La Provincia
Provincia/Región: San Juan
El gobernador Sergio Uñac señaló que 'es una deuda pendiente en gestión minera'. Hizo un balance de la inversión en la actividad.
El gobernador Sergio Uñac anunció en su discurso anual para abrir sesiones ordinarias en la Cámara de Diputados que se enviará a los legisladores el proyecto de ley de cierre de minas.
"Finalmente, este año vamos a saldar una deuda pendiente en gestión minera. Enviaremos a la Legislatura la Ley de Cierre de Minas, que garantizará a costo de las empresas la mitigación o restauración de cualquier impacto sobre el ambiente", señaló en un pasaje de su discurso, en medio de un balance de cómo trabaja el área minera.
"Reafirmamos que el desarrollo de la minería sostenible en San Juan es una política de Estado y que en nuestra provincia hacemos minería cumpliendo con los máximos estándares internacionales de calidad, generando efectos multiplicadores que benefician el desarrollo económico y social de la Provincia", señaló.
"En el año 2018, la industria minera siguió siendo el eje del desarrollo productivo provincial. La minería metalífera exportó más de 37.000 millones de pesos; mientras que la minería no metalífera superó los 2.665 millones de pesos. Asimismo, la industria no metalífera vinculada a las Calizas y Dolomitas creció un 22 % con respecto al año anterior. Para el bienio 2018-2019 se anunciaron nuevas inversiones por 150 millones de dólares en minas en explotación y 60 millones de dólares en exploración minera", destacó.
"En 2019 continuaremos impulsando la exploración minera y la atracción de inversiones en los proyectos mineros, en especial de cobre. Proyectamos seguir invirtiendo en infraestructura con fondos mineros. Iniciaremos la construcción de una línea eléctrica de alta tensión en Jáchal y las obras del nuevo hospital de Rodeo con una inversión de 630 millones de pesos", expresó.
También anunció la apertura de la Escuela de Joyería. "De esta manera, aspiramos a formar recursos humanos capacitados y a limitar el desarraigo de jóvenes de su lugar de origen, permitiéndoles accesibilidad gratuita a carreras de formación", agregó.
.
Fecha de Publicación: 08/04/2019
Fuente: Diario La Provincia
Provincia/Región: San Juan
El gobernador Sergio Uñac señaló que 'es una deuda pendiente en gestión minera'. Hizo un balance de la inversión en la actividad.
El gobernador Sergio Uñac anunció en su discurso anual para abrir sesiones ordinarias en la Cámara de Diputados que se enviará a los legisladores el proyecto de ley de cierre de minas.
"Finalmente, este año vamos a saldar una deuda pendiente en gestión minera. Enviaremos a la Legislatura la Ley de Cierre de Minas, que garantizará a costo de las empresas la mitigación o restauración de cualquier impacto sobre el ambiente", señaló en un pasaje de su discurso, en medio de un balance de cómo trabaja el área minera.
"Reafirmamos que el desarrollo de la minería sostenible en San Juan es una política de Estado y que en nuestra provincia hacemos minería cumpliendo con los máximos estándares internacionales de calidad, generando efectos multiplicadores que benefician el desarrollo económico y social de la Provincia", señaló.
"En el año 2018, la industria minera siguió siendo el eje del desarrollo productivo provincial. La minería metalífera exportó más de 37.000 millones de pesos; mientras que la minería no metalífera superó los 2.665 millones de pesos. Asimismo, la industria no metalífera vinculada a las Calizas y Dolomitas creció un 22 % con respecto al año anterior. Para el bienio 2018-2019 se anunciaron nuevas inversiones por 150 millones de dólares en minas en explotación y 60 millones de dólares en exploración minera", destacó.
"En 2019 continuaremos impulsando la exploración minera y la atracción de inversiones en los proyectos mineros, en especial de cobre. Proyectamos seguir invirtiendo en infraestructura con fondos mineros. Iniciaremos la construcción de una línea eléctrica de alta tensión en Jáchal y las obras del nuevo hospital de Rodeo con una inversión de 630 millones de pesos", expresó.
También anunció la apertura de la Escuela de Joyería. "De esta manera, aspiramos a formar recursos humanos capacitados y a limitar el desarraigo de jóvenes de su lugar de origen, permitiéndoles accesibilidad gratuita a carreras de formación", agregó.
.
Avances en la causa contra la empresa Treater
Investigan contaminación de subsuelo por los desechos del fracking en Añelo
Fecha de Publicación: 08/04/2019
Fuente: El Patagónico
Provincia/Región: Neuquén
El viernes la fiscalía allanó nuevamente la empresa Treater y realizó un estudio "tricapa". Se trata de establecer su hubo derrames al subsuelo desde las piletas donde se depositan los desechos del fracking.
La fiscalía de Delitos Ambientales y Leyes Especiales autorizó a peritos de un laboratorio para que tomen muestras de suelo en la sede de una empresa de servicio petroleros Treater S.A de Añelo que fue denunciada por supuesta contaminación.
El estudio consiste en un estudio “tricapa” que toma estratos de subsuelo a diferentes profundidades para determinar si hubo filtraciones de las piletas donde las empresas depositan los desechos que se producen en la extracción hidrocarburífera de Vaca Muerta.
La medida se realizó el viernes pasado. Por parte de la fiscalía participó el asistente letrado Luciano Vidal, junto a los integrantes de la fiscalía y los peritos del Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial y de un laboratorio que fue contratado para analizar las muestras. Ingresaron el viernes a las 10 de la mañana al predio de la empresa ubicado en la localidad de Añelo, a tres kilómetros de los barrios de la meseta, y durante el procedimiento estuvieron presentes representantes legales de la firma.
Este operativo se realizó mediante un allanamiento impulsado desde la fiscalía especializada, el cual fue autorizado por la jueza de Garantías Ana Malvido. Se extendió hasta horas de la tarde. Desde el Ministerio Público Fiscal detallaron que en las próximas semanas, el laboratorio entregará los resultados de los análisis y allí se definirán los próximos pasos a seguir.
La investigación del caso está a cargo del fiscal jefe Maximiliano Breide Obeid, junto a los integrantes de la fiscalía de Delitos Especiales.
.
Fecha de Publicación: 08/04/2019
Fuente: El Patagónico
Provincia/Región: Neuquén
El viernes la fiscalía allanó nuevamente la empresa Treater y realizó un estudio "tricapa". Se trata de establecer su hubo derrames al subsuelo desde las piletas donde se depositan los desechos del fracking.
La fiscalía de Delitos Ambientales y Leyes Especiales autorizó a peritos de un laboratorio para que tomen muestras de suelo en la sede de una empresa de servicio petroleros Treater S.A de Añelo que fue denunciada por supuesta contaminación.
El estudio consiste en un estudio “tricapa” que toma estratos de subsuelo a diferentes profundidades para determinar si hubo filtraciones de las piletas donde las empresas depositan los desechos que se producen en la extracción hidrocarburífera de Vaca Muerta.
La medida se realizó el viernes pasado. Por parte de la fiscalía participó el asistente letrado Luciano Vidal, junto a los integrantes de la fiscalía y los peritos del Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial y de un laboratorio que fue contratado para analizar las muestras. Ingresaron el viernes a las 10 de la mañana al predio de la empresa ubicado en la localidad de Añelo, a tres kilómetros de los barrios de la meseta, y durante el procedimiento estuvieron presentes representantes legales de la firma.
Este operativo se realizó mediante un allanamiento impulsado desde la fiscalía especializada, el cual fue autorizado por la jueza de Garantías Ana Malvido. Se extendió hasta horas de la tarde. Desde el Ministerio Público Fiscal detallaron que en las próximas semanas, el laboratorio entregará los resultados de los análisis y allí se definirán los próximos pasos a seguir.
La investigación del caso está a cargo del fiscal jefe Maximiliano Breide Obeid, junto a los integrantes de la fiscalía de Delitos Especiales.
.
Apoyo de Macri al uso de agroquímicos cerca de escuelas
Macri defendió el uso de agrotóxicos sin control
Fecha de Publicación: 06/04/2019
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional - Entre Ríos
El Presidente aprovechó su paso por Entre Ríos para atacar un amparo judicial que estableció la prohibición de fumigar con agrotóxicos a menos de mil metros de las escuelas.
Mauricio Macri tuvo tiempo para defender en Entre Ríos el uso de agrotóxicos, aún cerca de las escuelas, algo que fue limitado allí por un amparo. A su paso por la provincia, el mandatario defendió su trayectoria en defensa del medio ambiente y aseguró que la norma vigente “pone en peligro el trabajo de muchos entrerrianos”.
El presidente se refirió así a la medida favorable a grupos ambientalistas, que lograron que la Justicia frenara un decreto del gobernador Gustavo Bordet, por el cual se autorizaba la fumigación a apenas cien metros de las escuelas. El amparo logró que no se fumigue en horario escolar y estableció mil metros de distancia por tierra y tres mil por aire.
“Me lo plantearon los productores y pone en riesgo más del 20 por ciento de la capacidad agroindustrial productiva de la provincia”, señaló Macri en su crítica a “un fallo irresponsable”. Argumentó que "si hay un gobierno que se ha ocupado del medio ambiente en las últimas décadas es el de Cambiemos”, para así justificar su defensa de las fumigaciones. “Es un tema central”, dijo a la prensa en Gualeguaychú.
En octubre pasado, la legislatura entrerriana había rechazado una ley favorable al modelo de agrotóxicos. La Ley de Fitosanitarios prácticamente eliminaba las distancias para fumigar. Bordet respondió, tras el fracaso legislativo, con el decreto que terminó judicializado. El amparo, según Macri, “pone en peligro el trabajo de muchos entrerrianos”.
Con las fumigaciones a mansalva, las escuelas evacuadas pasaron a formar parte del paisaje diario de los entrerrianos. Incluso se llegó a llevar a juicio a los aviadores responsables, como sucedió en Santa Anita. Una niña de Gualeguaychú, Antonella González, murió a los 9 años en 2017, por leucemia y hay casos similares en otras zonas fumigadas. Por ejemplo, el Hospital Italiano de Buenos Aires detectó jóvenes con cáncer en la localidad de Villa Elisa. En ese marco, se presentó la ley favorable a los agrotóxicos que pasó el Senado provincial y naufragó en la Cámara Baja entrerriana.
La semana pasada, horas después de que la Justicia volteara el decreto provincial, el docente y ambientalista Elio Kohan fue golpeado en la localidad de Avigdor. Sin embargo, para Macri, no hay “rigor científico” que justifique los límites a las fumigaciones y defendió el modelo de agronegocios contra el que se alzó buena parte de la sociedad entrerriana.
.
Catamarca también sufre la lluvia de agroquímicos
Catamarca: “Están fumigando sobre las escuelas”
Fecha de Publicación: 04/04/2019
Fuente: Canal Abierto
Provincia/Región: Catamarca
La provincia tiene una ley, que no se respeta, que impide fumigar cerca de zonas pobladas y crecen los casos de enfermedades asociadas a los agrotóxicos. La asamblea vecinal que logró frenar los desmontes en Santa Rosa filmó las avionetas fumigando sobre el pueblo.
Desde hace 15 años en el departamento de Santa Rosa, Catamarca, con el avance de los cultivos de soja y trigo en la zona avanzó también el desmonte. Y con él las inundaciones, y las fumigaciones.
Desde el Ministerio de Producción provincial anunciaron controles y convenios, pero nada pasó. Hartos de la situación, los vecinos se organizaron y filmaron las avionetas fumigando sobre los pueblos, que rondan los 10 mil habitantes.
“Las fumigaciones constantes sobre las viviendas y las escuelas en forma aérea y también en forma terrestre, a 5 o 6 metros de las escuelas y las casas, han generado que mucha gente se vea a afectada con problemas como la tiroides, cáncer en la piel y una serie de flagelos que están muy relacionados a los agroquímicos”, explica Federico Mercado, miembro de la Asamblea Vecinal por el Medio Ambiente y la Vida, en diálogo con Canal Abierto.
La ley que existe en la provincia data de 1989, pero hasta el momento no ha tenido aplicación efectiva. En ella se establece que no se puede fumigar a una distancia menor de 1500 metros de las zonas pobladas y de los cursos de agua.
“Nosotros lo venimos denunciando. Como asamblea, nos hemos constituido recién a mediados del año pasado, hemos logrado frenar el desmonte y lo que hasta el momento no podemos lograr es que desde el gobierno provincial se haga cumplir la ley de agroquímicos existente en nuestra provincia”, agrega Mercado.
El órgano responsable de hacerla cumplir es el Ministerio de Producción a través de la Secretaría de Agricultura, a donde los vecinos llevaron los reclamos en forma de notas. Como respuesta, el Estado provincial firmó un convenio con los municipios de la zona. “Nosotros nos llegamos a los municipios y ellos nos dicen que los técnicos de la provincia han venido pero no han realizado ningún tipo de inscripción. Así que seguimos en la misma, las fumigaciones continúan y en el día de ayer subimos un video de lo que sucedió, cuando está fumigando arriba de las escuelas”, resume el vecino.
Santa Rosa está en el límite entre Catamarca, Santiago del Estero y Tucumán, y como allí no hay pistas de aterrizaje, mayormente las empresas de fumigación despegan desde territorio tucumano. Pero el problema es más grande, porque las empresas agrícolas instaladas de la zona son de Córdoba, de Buenos Aires, y en muchos casos están arrendadas a las multinacionales Dow y Monsanto.
.
Entre Ríos: la justicia protege las escuelas de los agroquímicos
A clase sin agroquímicos
Fecha de Publicación: 02/04/2019
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Entre Ríos
La justicia declaró inconstitucional un decreto que permitía fumigar a cien metros de las escuelas rurales de Entre Ríos, y que el gobernador provincial, Gustavo Bordet, había firmado luego de que otra sentencia prohibiera aplicar agroquímicos a menos de mil metros de esos establecimientos. En un fallo de tono severo que concede el pedido de amparo presentado por el Foro Ecologista de Paraná, la Salla III de la Cámara Civil y Comercial indicó que es preciso que el Estado realice “los estudios ambientales correspondientes para determinar hasta qué punto resulta pausible extender esta práctica agrícola sin afectar la salud humana de las personas protegidas” por el fallo anterior, y advirtió que, al desconocer la decisión judicial anterior, el gobierno provincial incurre en “violación de la cosa juzgada”. El juez indicó que el Estado debería, tal vez, “comenzar a planificar un cambio de cultura productiva, porque lo que constituye el método de producción de un sector social no puede ser la causa de perjuicio del resto de los ciudadanos”.
“El Estado lo que no puede hacer en este tema es hacer mal las cosas, o hacerlas a medias, o dar mensajes contradictorios, porque en definitiva podrían acabar perjudicando no sólo a las personas que puedan verse afectadas en su salud, sino incluso a los productores agropecuarios que por esta misma situación terminan o sabiendo dónde están parados”, señaló la resolución del vocal Andrés Manuel Marfil. El fallo fue firmado y comunicado a última hora del jueves, y “el Gobierno tiene un solo día para apelar, por lo que sería hoy, creemos que van a hacerlo”, señaló en diálogo con este diario la abogada Aldana Sassia, una de las representantes del Foro Ecologista de Paraná, que interpuso el pedido de amparo.
“No dudamos de que van a apelar porque en esta causa se presentaron entidades con mucho poder, como la Sociedad Rural, la Bolsa de Cereales, el Colegio de Ingenieros Agrónomos, entidades que tienen una mirada sesgada y solamente piensan en el rinde económico de la producción, entonces piensan que este amparo es contra ellos. Hay mucha presión por parte de las entidades y el gobierno claramente representa a ese sector, por eso los invitó a participar en la causa y los animó a que se presenten”, añadió la abogada Sasia.
El juez Marfil indicó que, en la conciliación del derecho a la salud de niñas y niños y el personal de las escuelas rurales, y el de los productores agropecuarios a llevar adelante sus tareas productivas, el Estado debe procurar una solución que “no es sencilla” y “además los recursos suelen ser insuficientes muchas veces para poder dar una respuesta pronta”. Los orígenes del conflicto, evaluó, “deben buscarse en prácticas productivas que en algún momento –o tal vez siempre—dejaron de contar con el consenso social”.
El fallo restituye la situación a antes de que el gobernador Gustavo Bordet firmara el Decreto Nº 4407/2018, que fue publicado en el Boletín Oficial provincial el 2 de enero de este año y por el cual se estableció que las “aplicaciones terrestres de fitosanitarios” podían realizarse a una distancia de cien metros de las escuelas, y las aplicaciones aéreas, a quinientos metros. Ese decreto fue firmado luego de que la Sala II en lo Civil y Comercial de Paraná primero, y la Sala de Procedimientos Constitucionales y Amparos del Superior Tribunal de Justicia provincial después, establecieran la prohibición de fumigar a menos de mil y tres mil metros, de manera terrestre y aérea respectivamente, de las escuelas rurales.
“La sentencia básicamente dice que hay cosa juzgada y que la justicia ya había ordenado una situación en la que se reconocían derechos adquiridos, de las niñas y los niños, a que no se cause daño a su salud ni a su vida. El Estado, para modificar ese derecho adquirido que había sido reconocido por cosa juzgada, debía demostrar que disminuyendo las distancias de fumigación no se causaría perjuicio a la salud, pero para ello debía contar con estudios”, detalló la abogada Sasia.
El fallo señala explícitamente, sin embargo, que el Estado modifica las distancias mínimas para permitir la fumigación más cerca de las escuelas pero no presentó información ni estudios que justificaran esa decisión. “Tal vez de este entuerto se pueda salir tomando el problema por partes, viendo de todas las escuelas cuáles son aquellas que se encuentran efectivamente en zonas agrícolas que recurren a la utilización de agroquímicos –que no son todas en la provincia, reitero— e ir por zonas geográficas realizando los estudios ambientales correspondientes para determinar hasta qué punto resulta pausible extender esta práctica agrícola sin afectar la salud humana de las personas protegidas por la sentencia judicial, o tal vez pase por comenzar a planificar un cambio de cultura productiva, porque lo que constituye el método de producción de un sector social no puede ser la causa de perjuicio del resto de los ciudadanos”, advirtió el fallo de Marfil.
.
Fecha de Publicación: 02/04/2019
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Entre Ríos
La justicia declaró inconstitucional un decreto que permitía fumigar a cien metros de las escuelas rurales de Entre Ríos, y que el gobernador provincial, Gustavo Bordet, había firmado luego de que otra sentencia prohibiera aplicar agroquímicos a menos de mil metros de esos establecimientos. En un fallo de tono severo que concede el pedido de amparo presentado por el Foro Ecologista de Paraná, la Salla III de la Cámara Civil y Comercial indicó que es preciso que el Estado realice “los estudios ambientales correspondientes para determinar hasta qué punto resulta pausible extender esta práctica agrícola sin afectar la salud humana de las personas protegidas” por el fallo anterior, y advirtió que, al desconocer la decisión judicial anterior, el gobierno provincial incurre en “violación de la cosa juzgada”. El juez indicó que el Estado debería, tal vez, “comenzar a planificar un cambio de cultura productiva, porque lo que constituye el método de producción de un sector social no puede ser la causa de perjuicio del resto de los ciudadanos”.
“El Estado lo que no puede hacer en este tema es hacer mal las cosas, o hacerlas a medias, o dar mensajes contradictorios, porque en definitiva podrían acabar perjudicando no sólo a las personas que puedan verse afectadas en su salud, sino incluso a los productores agropecuarios que por esta misma situación terminan o sabiendo dónde están parados”, señaló la resolución del vocal Andrés Manuel Marfil. El fallo fue firmado y comunicado a última hora del jueves, y “el Gobierno tiene un solo día para apelar, por lo que sería hoy, creemos que van a hacerlo”, señaló en diálogo con este diario la abogada Aldana Sassia, una de las representantes del Foro Ecologista de Paraná, que interpuso el pedido de amparo.
“No dudamos de que van a apelar porque en esta causa se presentaron entidades con mucho poder, como la Sociedad Rural, la Bolsa de Cereales, el Colegio de Ingenieros Agrónomos, entidades que tienen una mirada sesgada y solamente piensan en el rinde económico de la producción, entonces piensan que este amparo es contra ellos. Hay mucha presión por parte de las entidades y el gobierno claramente representa a ese sector, por eso los invitó a participar en la causa y los animó a que se presenten”, añadió la abogada Sasia.
El juez Marfil indicó que, en la conciliación del derecho a la salud de niñas y niños y el personal de las escuelas rurales, y el de los productores agropecuarios a llevar adelante sus tareas productivas, el Estado debe procurar una solución que “no es sencilla” y “además los recursos suelen ser insuficientes muchas veces para poder dar una respuesta pronta”. Los orígenes del conflicto, evaluó, “deben buscarse en prácticas productivas que en algún momento –o tal vez siempre—dejaron de contar con el consenso social”.
El fallo restituye la situación a antes de que el gobernador Gustavo Bordet firmara el Decreto Nº 4407/2018, que fue publicado en el Boletín Oficial provincial el 2 de enero de este año y por el cual se estableció que las “aplicaciones terrestres de fitosanitarios” podían realizarse a una distancia de cien metros de las escuelas, y las aplicaciones aéreas, a quinientos metros. Ese decreto fue firmado luego de que la Sala II en lo Civil y Comercial de Paraná primero, y la Sala de Procedimientos Constitucionales y Amparos del Superior Tribunal de Justicia provincial después, establecieran la prohibición de fumigar a menos de mil y tres mil metros, de manera terrestre y aérea respectivamente, de las escuelas rurales.
“La sentencia básicamente dice que hay cosa juzgada y que la justicia ya había ordenado una situación en la que se reconocían derechos adquiridos, de las niñas y los niños, a que no se cause daño a su salud ni a su vida. El Estado, para modificar ese derecho adquirido que había sido reconocido por cosa juzgada, debía demostrar que disminuyendo las distancias de fumigación no se causaría perjuicio a la salud, pero para ello debía contar con estudios”, detalló la abogada Sasia.
El fallo señala explícitamente, sin embargo, que el Estado modifica las distancias mínimas para permitir la fumigación más cerca de las escuelas pero no presentó información ni estudios que justificaran esa decisión. “Tal vez de este entuerto se pueda salir tomando el problema por partes, viendo de todas las escuelas cuáles son aquellas que se encuentran efectivamente en zonas agrícolas que recurren a la utilización de agroquímicos –que no son todas en la provincia, reitero— e ir por zonas geográficas realizando los estudios ambientales correspondientes para determinar hasta qué punto resulta pausible extender esta práctica agrícola sin afectar la salud humana de las personas protegidas por la sentencia judicial, o tal vez pase por comenzar a planificar un cambio de cultura productiva, porque lo que constituye el método de producción de un sector social no puede ser la causa de perjuicio del resto de los ciudadanos”, advirtió el fallo de Marfil.
.
Buenos Aires: alientan a denunciar tráfico ilegal de la fauna
Alientan a denunciar tráfico ilegal de la fauna silvestre en el territorio bonaerense
Fecha de Publicación: 01/04/2019
Fuente: InfoCielo
Provincia/Región: Buenos Aires
Con la intención de generar conciencia sobre las consecuencias de la tenencia de fauna y, a la vez, poner en valor los recursos naturales, el Ministerio de Agroindustria de la Provincia de Buenos Aires recomienda evitar la captura y trasporte de animales silvestres.
Según informaron, esto puede conducir la extinción irremediable de la especie ocasionando así un grave daño a los ecosistemas naturales, además de causar posibles heridas o la muerte tanto a las personas como a los propios animales.
Las especies silvestres viven libres en la naturaleza de manera independiente del hombre para su reproducción o su alimentación, que abarca las poblaciones libres o cautivas (por ejemplo un león o un tigre); a diferencia de las especies domésticas que surgen porque el hombre los domesticó a partir de alguna especie silvestre. Este proceso de domesticación dura cientos de años y atraviesa muchas generaciones. Algunos de estos animales domésticos son dóciles y han sido criados para compañía y para convivir con personas como el perro, el gato, el canario y el cobayo.
En los últimos días, inclusive, un caso registrado en La Plata volvió a alertar sobre este tema. Un mono carayá que es tratado como una mascota por una familia de Ringuelet, lleva meses suelto metiéndose en las casas, en los negocios. Hasta se lo vio dentro de la Escuela Primaria N° 60 jugando con maestras.
El comportamiento responsable es evitar la compra de animales silvestres como mascotas, teniendo en cuenta que algunos animales silvestres son transmisores de enfermedades como tuberculosis, psitacosis, toxoplasmosis, herpes y filariasis. Además, la conducta de los animales silvestres es impredecible y cualquier situación desconocida para ellos podría generar un comportamiento agresivo que produzca daños y en muchos casos es motivo de abandono del animal.
El desconocimiento sobre su alimentación u otros requerimientos que permitan su bienestar hacen que estos animales sufran enfermedades, padezcan sufrimiento por aislamiento social con otros de su misma especie y también pueden provocar su muerte.
La Estación de Cría de Animales Silvestres (ECAS), dependiente del Ministerio de Agroindustria bonaerense, es un centro de cría y exhibición de especies de la fauna autóctona y exótica en semi-libertad y en recintos ambientados, las cuales son provenientes del mascotismo y el tráfico ilegal de fauna.
En el marco de denuncias de tráfico ilegal en las que la Dirección de Flora y Fauna viene trabajando, el ECAS recibió 300 ejemplares vivos de loros habladores de 600 que fueron secuestrados por Gendarmería en San Nicolás en un operativo de tráfico ilegal. La mortandad fue del 50%.
Estos loros habladores, que viven en el norte de Argentina, son extraídos de sus nidos, aun pichones, sin capacidad de alimentarse por sí mismos, para soportar un largo viaje con temperaturas altas, sufriendo la deshidratación e inanición. Durante los trayectos la mayoría de estas especies termina muriendo, convirtiéndose en víctima de la venta ilegal como mascotas.
Para denunciar la venta de especies prohibidas de animales silvestres, puede concurrir a la Dirección de Flora y Fauna ubicada en Calle 12 esq. 51, Torre I, 5° Piso (La Plata), o puede comunicarse al (0221)429-5206/36 o enviar un email a florayfauna@maa.gba.gov.ar.
.
Fecha de Publicación: 01/04/2019
Fuente: InfoCielo
Provincia/Región: Buenos Aires
Con la intención de generar conciencia sobre las consecuencias de la tenencia de fauna y, a la vez, poner en valor los recursos naturales, el Ministerio de Agroindustria de la Provincia de Buenos Aires recomienda evitar la captura y trasporte de animales silvestres.
Según informaron, esto puede conducir la extinción irremediable de la especie ocasionando así un grave daño a los ecosistemas naturales, además de causar posibles heridas o la muerte tanto a las personas como a los propios animales.
Las especies silvestres viven libres en la naturaleza de manera independiente del hombre para su reproducción o su alimentación, que abarca las poblaciones libres o cautivas (por ejemplo un león o un tigre); a diferencia de las especies domésticas que surgen porque el hombre los domesticó a partir de alguna especie silvestre. Este proceso de domesticación dura cientos de años y atraviesa muchas generaciones. Algunos de estos animales domésticos son dóciles y han sido criados para compañía y para convivir con personas como el perro, el gato, el canario y el cobayo.
En los últimos días, inclusive, un caso registrado en La Plata volvió a alertar sobre este tema. Un mono carayá que es tratado como una mascota por una familia de Ringuelet, lleva meses suelto metiéndose en las casas, en los negocios. Hasta se lo vio dentro de la Escuela Primaria N° 60 jugando con maestras.
El comportamiento responsable es evitar la compra de animales silvestres como mascotas, teniendo en cuenta que algunos animales silvestres son transmisores de enfermedades como tuberculosis, psitacosis, toxoplasmosis, herpes y filariasis. Además, la conducta de los animales silvestres es impredecible y cualquier situación desconocida para ellos podría generar un comportamiento agresivo que produzca daños y en muchos casos es motivo de abandono del animal.
El desconocimiento sobre su alimentación u otros requerimientos que permitan su bienestar hacen que estos animales sufran enfermedades, padezcan sufrimiento por aislamiento social con otros de su misma especie y también pueden provocar su muerte.
La Estación de Cría de Animales Silvestres (ECAS), dependiente del Ministerio de Agroindustria bonaerense, es un centro de cría y exhibición de especies de la fauna autóctona y exótica en semi-libertad y en recintos ambientados, las cuales son provenientes del mascotismo y el tráfico ilegal de fauna.
En el marco de denuncias de tráfico ilegal en las que la Dirección de Flora y Fauna viene trabajando, el ECAS recibió 300 ejemplares vivos de loros habladores de 600 que fueron secuestrados por Gendarmería en San Nicolás en un operativo de tráfico ilegal. La mortandad fue del 50%.
Estos loros habladores, que viven en el norte de Argentina, son extraídos de sus nidos, aun pichones, sin capacidad de alimentarse por sí mismos, para soportar un largo viaje con temperaturas altas, sufriendo la deshidratación e inanición. Durante los trayectos la mayoría de estas especies termina muriendo, convirtiéndose en víctima de la venta ilegal como mascotas.
Para denunciar la venta de especies prohibidas de animales silvestres, puede concurrir a la Dirección de Flora y Fauna ubicada en Calle 12 esq. 51, Torre I, 5° Piso (La Plata), o puede comunicarse al (0221)429-5206/36 o enviar un email a florayfauna@maa.gba.gov.ar.
.
Reforma del Código Penal y los delitos ambientales
Los delitos contra el medio ambiente que contempla la reforma del Código Penal
Fecha de Publicación: 29/03/2019
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Nacional
La modificación incluida en el proyecto es esencial ya que considera al ambiente como un bien jurídico protegido y, por lo tanto, tipifica como delito la contaminación y el daño contra los recursos naturales.
La reforma del Código Penal que ingresó al Senado prevé la incorporación de delitos de contaminación y otros daños al ambiente, penados con multa e inhabilitación cuando la contaminación torne no apta para la ocupación humana un área urbana o rural; impida el uso público de ríos; provoque el desplazamiento de los habitantes de las áreas afectadas; cause daños directos graves para la salud de la población; o se efectúe sobre un área natural protegida.
En ese sentido, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que encabeza Sergio Bergman, celebra la incorporación de un capítulo dedicado a delitos contra el ambiente. El Código Penal, sancionado en 1921, fue modificado por más de 900 leyes sin tener en cuenta la sistematicidad de la totalidad de los institutos, de las reglas generales y de los delitos contemplados.
También ha ido incorporando todas las leyes penales especiales. De esta manera, perdió su coherencia interna y la proporcionalidad que le son esenciales, y se apartó del criterio de codificación unificada en materia penal, circunstancia que en muchas oportunidades condujo a la incertidumbre respecto de qué está permitido o prohibido en nuestro país.
Por ello, en marzo de 2017, se conformó una Comisión Redactora integrada por juristas, magistrados, abogados y representantes de los ministerios de Justicia y Derechos Humanos, Seguridad y Desarrollo Social, para elaborar un cuerpo normativo moderno que asegure la igualdad de los todos los habitantes. Delitos contra el ambiente.
La reforma del Código Penal prevé la incorporación de delitos de contaminación y otros daños al ambiente, penados con multa e inhabilitación cuando la contaminación torne no apta para la ocupación humana un área urbana o rural; impida el uso público de ríos; provoque el desplazamiento de los habitantes de las áreas afectadas; cause daños directos graves para la salud de la población; o se efectúe sobre un área natural protegida.
En ese sentido se establece pena de prisión si como consecuencia de estas acciones resulta la muerte de alguna persona, y también se tipifica la contaminación ambiental imprudente. Asimismo, están contemplados los delitos de maltrato y crueldad contra los animales, con penas de prisión y multa. Y se establecen delitos contra la biodiversidad.
A su vez, se prevé pena de prisión para quien ilegalmente introduzca en el ambiente organismos o microorganismos genéticamente modificados, y se sanciona la conducta de quien provoque incendios en bosques.
Además, se incorporan los delitos contra la fauna silvestre u otros animales, con penas de prisión y multa y se tipifica la conducta de quien cace o pesque animales de la fauna silvestre en período de veda, de especies protegidas, en peligro de extinción o migratorias, en lugares prohibidos o protegidos o utilizando medios prohibidos.
También se agregan los delitos contra los bosques nativos y protectores con pena de prisión y multa para quien ilegalmente desmonte bosques nativos o protectores, extraiga o tale árboles o ejemplares de flora de una especie protegida o en peligro de extinción, o contra especies protegidas de la flora silvestre. Para finalizar, se incluyen los delitos contra el patrimonio genético nacional, con pena de prisión y multa para quien ilegalmente extraiga o comercialice recursos genéticos.
.
Vuelven a inspeccionar ingenios azucareros tucumanos
Inspeccionan ingenios azucareros de Tucumán para evitar contaminación en la cuenca Salí-Dulce
Fecha de Publicación: 27/03/2019
Fuente: Grupo La Provincia
Provincia/Región: Tucumán
Técnicos de la Defensoría del Pueblo de Santiago del Estero iniciaron hoy tareas de inspección en diez ingenios azucareros de Tucumán para controlar los afluentes industriales que suelen contaminar la cuenca de los ríos Salí y Dulce, informaron fuentes oficiales.
Se trata de una tarea conjunta del Ministerio del Agua y Ambiente, la Secretaría de Ambiente de Tucumán y la Secretaría de Ambiente de la Nación, en cumplimiento de un acuerdo rubricado entre los gobiernos de Santiago del Estero, Tucumán y la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como garante.
Tras las inspecciones que demandarán dos días, se redactará un informe trimestral sobre el grado de adecuación de metas y objetivos en la ejecución de obras y control de efluentes industriales y subproductos de los ingenios con destilería para no alterar ni contaminar el agua de la cuenca Salí (Tucumán) y Dulce (Santiago del Estero).
"Las inspecciones tienen por objetivo verificar el cumplimiento de obras y control de efluentes y desechos industriales, en especial la vinaza, que tanto daño produjo en su momento con la mortandad de peces en el río Dulce y el embalse de Río Hondo, hoy recuperados", dijo el Defensor del Pueblo santiagueño, Leonel Suárez.
Tiempo atrás, el fiscal de Estado de Santiago del Estero, Raúl Abate, denunció la aparición de nuevos focos de contaminación en la cuenca Salí-Dulce que desemboca en el lago de Las Termas de Río Hondo, 78 kilómetros al norte de la capital santiagueña, al parecer por residuos arrojados por ingenios tucumanos.
El año pasado, distintas organizaciones ambientalistas volvieron a reclamar por nuevas contaminaciones con desechos industriales de Tucumán, en el lago de Las Termas de Río Hondo, que provocaron la mortandad de miles de peces, entre especies de sábalos, dorados y bagres.
.
Fecha de Publicación: 27/03/2019
Fuente: Grupo La Provincia
Provincia/Región: Tucumán
Técnicos de la Defensoría del Pueblo de Santiago del Estero iniciaron hoy tareas de inspección en diez ingenios azucareros de Tucumán para controlar los afluentes industriales que suelen contaminar la cuenca de los ríos Salí y Dulce, informaron fuentes oficiales.
Se trata de una tarea conjunta del Ministerio del Agua y Ambiente, la Secretaría de Ambiente de Tucumán y la Secretaría de Ambiente de la Nación, en cumplimiento de un acuerdo rubricado entre los gobiernos de Santiago del Estero, Tucumán y la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como garante.
Tras las inspecciones que demandarán dos días, se redactará un informe trimestral sobre el grado de adecuación de metas y objetivos en la ejecución de obras y control de efluentes industriales y subproductos de los ingenios con destilería para no alterar ni contaminar el agua de la cuenca Salí (Tucumán) y Dulce (Santiago del Estero).
"Las inspecciones tienen por objetivo verificar el cumplimiento de obras y control de efluentes y desechos industriales, en especial la vinaza, que tanto daño produjo en su momento con la mortandad de peces en el río Dulce y el embalse de Río Hondo, hoy recuperados", dijo el Defensor del Pueblo santiagueño, Leonel Suárez.
Tiempo atrás, el fiscal de Estado de Santiago del Estero, Raúl Abate, denunció la aparición de nuevos focos de contaminación en la cuenca Salí-Dulce que desemboca en el lago de Las Termas de Río Hondo, 78 kilómetros al norte de la capital santiagueña, al parecer por residuos arrojados por ingenios tucumanos.
El año pasado, distintas organizaciones ambientalistas volvieron a reclamar por nuevas contaminaciones con desechos industriales de Tucumán, en el lago de Las Termas de Río Hondo, que provocaron la mortandad de miles de peces, entre especies de sábalos, dorados y bagres.
.
Mendoza: la ley 7.722, a salvo por ahora por las elecciones
Por las elecciones, no se tratarán los cambios a la ley antiminera
Fecha de Publicación: 26/03/2019
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
Los dos proyectos que pretenden flexibilizar la 7722 quedarán frizados. Oficialismo y oposición reconocen que el contexto electoral no ayuda
Las modificaciones a la ley 7.722, conocida como “antiminera”, no se tratarán en el Senado este año, al menos hasta que pasen las elecciones. Legisladores admiten que no están las condiciones dadas teniendo en cuenta que la minería es un tema de “alto impacto” y genera condicionamientos políticos en pleno posicionamiento electoral. Pero desde el oficialismo aprovecharon estas dilaciones para acusar a la oposición de no querer discutir la ampliación de la matriz productiva.
Son dos los proyectos que pretenden felixibilizar la ley para permitir la minería en la provincia. Provienen de legisladores del peronismo (Juan Agulles y Alejandro Abraham), fueron presentados en setiembre del año pasado en el Senado y no han tenido avances.
Apenas se presentaron fueron debatido de manera amplia en comisiones, con aportes de las asambleas del agua, cámaras empresariales, profesionales de la materia, sindicatos y los propios funcionarios de Gobierno.
Sin embargo, si bien los senadores recibieron toda la información para aunar posturas o debatir algunas modificaciones, al no obtener el consenso necesario no llegaron al recinto a fines de 2018 y en este año electoral, ambos proyectos quedarán frizados.
Diego Costarelli, jefe de bloque de la UCR en el Senado, sostuvo a Los Andes que todavía “no se obtienen los consensos necesarios” y destacó que el Gobierno expresó que no solamente necesita licencia social sino también política. “No es un proyecto cualquiera, tiene que ver con la economía directa de la provincia, con la ampliación de nuestra matriz productiva y entendemos que tiene que tener un gran consenso”. Por eso, mientras eso no suceda “no se someterá al tratamiento”
Respecto a las complicaciones que puede traer debatir un tema como éste en año electoral, Costarelli destacó que el frente Cambia Mendoza hizo “todos los esfuerzos para que esto surgiera, pero no vemos voluntad en la oposición”.
De hecho, puso como ejemplo al departamento de Lavalle, que el lunes se declaró mediante un decreto municipal “libre” de fracking. “Ellos dictaron una ordenanza en contra del fracking, pero no tienen petróleo. Esto deja a las claras que la oposición y el PJ no tienen ganas de discutir la ampliación productiva de Mendoza”, acotó.
Por último, destacó que en el oficialismo trabajan “para que Mendoza crezca, avance y tenga una ampliación de la matriz productiva en la cual puedan convivir el turismo, la vitivinicultura y una minería controlada, que resguarde el recurso hídrico de Mendoza”.
En el caso de la oposición, Alejandro Abraham, impulsor a los cambios en la ley 7722, sostuvo que el arco político “tiene la voluntad de acompañar pero luego del proceso electoral, puede ser en setiembre u octubre”.
“Tiene que tener consenso social y lo cierto es que hay opiniones divididas. En el PJ las cosas están complejas, algunos están a favor y otros en contra. Pero en todos los partidos se teme a las especulaciones políticas por los votos ambientalistas. Creemos que los que están en duda hoy podrían acompañar en unos meses”, especuló.
Y minimizó la demora que esto ocasiona en el debate porque “se ha esperado tantos años para desarrollar la minería sustentable, que un par de meses se puede esperar. No es lo ideal, pero es lo posible”.
.
Fecha de Publicación: 26/03/2019
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
Los dos proyectos que pretenden flexibilizar la 7722 quedarán frizados. Oficialismo y oposición reconocen que el contexto electoral no ayuda
Las modificaciones a la ley 7.722, conocida como “antiminera”, no se tratarán en el Senado este año, al menos hasta que pasen las elecciones. Legisladores admiten que no están las condiciones dadas teniendo en cuenta que la minería es un tema de “alto impacto” y genera condicionamientos políticos en pleno posicionamiento electoral. Pero desde el oficialismo aprovecharon estas dilaciones para acusar a la oposición de no querer discutir la ampliación de la matriz productiva.
Son dos los proyectos que pretenden felixibilizar la ley para permitir la minería en la provincia. Provienen de legisladores del peronismo (Juan Agulles y Alejandro Abraham), fueron presentados en setiembre del año pasado en el Senado y no han tenido avances.
Apenas se presentaron fueron debatido de manera amplia en comisiones, con aportes de las asambleas del agua, cámaras empresariales, profesionales de la materia, sindicatos y los propios funcionarios de Gobierno.
Sin embargo, si bien los senadores recibieron toda la información para aunar posturas o debatir algunas modificaciones, al no obtener el consenso necesario no llegaron al recinto a fines de 2018 y en este año electoral, ambos proyectos quedarán frizados.
Diego Costarelli, jefe de bloque de la UCR en el Senado, sostuvo a Los Andes que todavía “no se obtienen los consensos necesarios” y destacó que el Gobierno expresó que no solamente necesita licencia social sino también política. “No es un proyecto cualquiera, tiene que ver con la economía directa de la provincia, con la ampliación de nuestra matriz productiva y entendemos que tiene que tener un gran consenso”. Por eso, mientras eso no suceda “no se someterá al tratamiento”
Respecto a las complicaciones que puede traer debatir un tema como éste en año electoral, Costarelli destacó que el frente Cambia Mendoza hizo “todos los esfuerzos para que esto surgiera, pero no vemos voluntad en la oposición”.
De hecho, puso como ejemplo al departamento de Lavalle, que el lunes se declaró mediante un decreto municipal “libre” de fracking. “Ellos dictaron una ordenanza en contra del fracking, pero no tienen petróleo. Esto deja a las claras que la oposición y el PJ no tienen ganas de discutir la ampliación productiva de Mendoza”, acotó.
Por último, destacó que en el oficialismo trabajan “para que Mendoza crezca, avance y tenga una ampliación de la matriz productiva en la cual puedan convivir el turismo, la vitivinicultura y una minería controlada, que resguarde el recurso hídrico de Mendoza”.
En el caso de la oposición, Alejandro Abraham, impulsor a los cambios en la ley 7722, sostuvo que el arco político “tiene la voluntad de acompañar pero luego del proceso electoral, puede ser en setiembre u octubre”.
“Tiene que tener consenso social y lo cierto es que hay opiniones divididas. En el PJ las cosas están complejas, algunos están a favor y otros en contra. Pero en todos los partidos se teme a las especulaciones políticas por los votos ambientalistas. Creemos que los que están en duda hoy podrían acompañar en unos meses”, especuló.
Y minimizó la demora que esto ocasiona en el debate porque “se ha esperado tantos años para desarrollar la minería sustentable, que un par de meses se puede esperar. No es lo ideal, pero es lo posible”.
.
Santa Fe: se podrá denunciar por internet fumigaciones ilegales
Se podrán denunciar por internet las aplicaciones ilegales de agroquímicos
Fecha de Publicación: 25/03/2019
Fuente: La Capital (Santa Fe)
Provincia/Región: Santa Fe
A partir de este viernes 22 de marzo, el Ministerio de la Producción de Santa Fe pondrá en vigencia una página para denunciar malas prácticas agrícolas. El canal servirá, sobre todo, para informar sobre aplicaciones incorrectas de agroquímicos, es decir, por ejemplo cuando no se respete la distancia respecto de los límites urbanos, se fumigue cerca de escuela rurales, o se ejecute un mal manejo de los envases que contienen los plaguicidas, fungicidas o herbicidas.
Dentro de la página de trámites en línea de la provincia, desde este viernes habrá un link específico para realizar la denuncia. El interesado deberá llenar un formulario en el que podrá, incluso, adjuntar fotografías sobre las irregularidades e información adicional que las certifiquen. Una vez completado, se podrá visualizar cómo quedó registrado, y hacer modificaciones. Al finalizar, el sistema devolverá un número de expediente y con él se podrán seguir las acciones públicas que se realizan.
El trámite de la denuncia será gratuito y, con el mismo, aseguran desde el gobierno provincial se iniciarán actuaciones administrativas con inspección en el lugar de los hechos y entrevistas a los involucrados. Si fuera necesario, agregan, se procederá directamente con intimaciones ante elementos suficientes para actuar de oficio.
.
Fecha de Publicación: 25/03/2019
Fuente: La Capital (Santa Fe)
Provincia/Región: Santa Fe
A partir de este viernes 22 de marzo, el Ministerio de la Producción de Santa Fe pondrá en vigencia una página para denunciar malas prácticas agrícolas. El canal servirá, sobre todo, para informar sobre aplicaciones incorrectas de agroquímicos, es decir, por ejemplo cuando no se respete la distancia respecto de los límites urbanos, se fumigue cerca de escuela rurales, o se ejecute un mal manejo de los envases que contienen los plaguicidas, fungicidas o herbicidas.
Dentro de la página de trámites en línea de la provincia, desde este viernes habrá un link específico para realizar la denuncia. El interesado deberá llenar un formulario en el que podrá, incluso, adjuntar fotografías sobre las irregularidades e información adicional que las certifiquen. Una vez completado, se podrá visualizar cómo quedó registrado, y hacer modificaciones. Al finalizar, el sistema devolverá un número de expediente y con él se podrán seguir las acciones públicas que se realizan.
El trámite de la denuncia será gratuito y, con el mismo, aseguran desde el gobierno provincial se iniciarán actuaciones administrativas con inspección en el lugar de los hechos y entrevistas a los involucrados. Si fuera necesario, agregan, se procederá directamente con intimaciones ante elementos suficientes para actuar de oficio.
.
Agroquímicos en Entre Ríos sigue generando disputas legales
Agroquímicos: sigue una disputa en Entre Ríos y el campo pide rechazar un amparo
Fecha de Publicación: 23/03/2019
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Entre Ríos
La Mesa de Enlace de Entre Ríos, la Bolsa de Cereales de esa provincia y el centro de acopiadores que agrupa a los actores de este sector se presentaron ante los tribunales de Paraná y pidieron que se desestime un amparo que habían impulsado un grupo de ambientalistas y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) contra un decreto reglamentario sobre las aplicaciones de agroquímicos.
El año pasado, tras un reclamo de esos grupos, un fallo judicial prohibió las aplicaciones a menos de 1000 y 3000 metros, terrestres y aéreas, de escuelas rurales. En octubre último la Sala de Procedimientos Constitucionales del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos, en voto dividido, confirmó una sentencia de la Cámara Civil, Sala Segunda, que había prohibido aplicar fitosanitarios alrededor de todas las escuelas rurales de la provincia.
Enseguida, los productores argumentaron que así saldrían de la producción unas 300.000 hectáreas, algo equivalente a todo lo que allí se siembra de trigo. Los productores pidieron la intervención del gobernador Gustavo Bordet, que vía un decreto estableció las distancias en 100 y 500 metros, respectivamente.
Antes, la provincia había recurrido a un recurso extraordinario federal (REF) en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, argumentando que la medida inicial afectaba derechos de los productores y que unos 45.000 de ellos no habían sido parte del proceso.
El 4 de febrero último, nuevamente ambientalistas y docentes presentaron un amparo para que se declare la nulidad del decreto de Bordet.
Según fuentes de la Mesa de Enlace de Entre Ríos, como ayer se vencían los plazos judiciales los ruralistas decidieron pedir ante la Justicia provincial que se desestime el amparo, según informó a LA NACION Walter Feldkamp, director de la Sociedad Rural Argentina (SRA) en Entre Ríos.
.
Fecha de Publicación: 23/03/2019
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Entre Ríos
La Mesa de Enlace de Entre Ríos, la Bolsa de Cereales de esa provincia y el centro de acopiadores que agrupa a los actores de este sector se presentaron ante los tribunales de Paraná y pidieron que se desestime un amparo que habían impulsado un grupo de ambientalistas y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) contra un decreto reglamentario sobre las aplicaciones de agroquímicos.
El año pasado, tras un reclamo de esos grupos, un fallo judicial prohibió las aplicaciones a menos de 1000 y 3000 metros, terrestres y aéreas, de escuelas rurales. En octubre último la Sala de Procedimientos Constitucionales del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos, en voto dividido, confirmó una sentencia de la Cámara Civil, Sala Segunda, que había prohibido aplicar fitosanitarios alrededor de todas las escuelas rurales de la provincia.
Enseguida, los productores argumentaron que así saldrían de la producción unas 300.000 hectáreas, algo equivalente a todo lo que allí se siembra de trigo. Los productores pidieron la intervención del gobernador Gustavo Bordet, que vía un decreto estableció las distancias en 100 y 500 metros, respectivamente.
Antes, la provincia había recurrido a un recurso extraordinario federal (REF) en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, argumentando que la medida inicial afectaba derechos de los productores y que unos 45.000 de ellos no habían sido parte del proceso.
El 4 de febrero último, nuevamente ambientalistas y docentes presentaron un amparo para que se declare la nulidad del decreto de Bordet.
Según fuentes de la Mesa de Enlace de Entre Ríos, como ayer se vencían los plazos judiciales los ruralistas decidieron pedir ante la Justicia provincial que se desestime el amparo, según informó a LA NACION Walter Feldkamp, director de la Sociedad Rural Argentina (SRA) en Entre Ríos.
.
Mendoza: una ordenanza antifracking que preocupa al poder
Lavalle blinda su ordenanza antifracking y temen efecto contagio
Fecha de Publicación: 21/03/2019
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Mendoza
El municipio comandado por Roberto Righi promulgó una ordenanza que declara al departamento "libre de la técnica denominada fractura hidráulica", en un territorio sin petróleo. Igualmente, temen que esto le abra la puerta a un camino restrictivo que podría replicarse en otros municipios con respecto a ésta y otras prácticas.
El departamento de Lavalle no se caracteriza por su actividad petrolera. Simplemente no la tiene. Sin embargo, el municipio que conduce el peronista Roberto Righi ha logrado preocupar al sector con una ordenanza que prohíbe la realización de fractura hidráulica en el territorio departamental. Si bien la decisión no mueve la aguja, el temor es que otros municipios sanciones normativas similares. Tanto es así que Fiscalía de Estado pidió a la Corte que se declare la inconstitucionalidad de la ordenanza a lo que el municipio retrucó sacando una nueva.
Desde el Gobierno equipararon la decisión de Lavalle con "prohibir la caza de ballenas en las Lagunas del Rosario" y aseguraron que se trata de "una medida de carácter puramente demagógico". Sin embargo, siguen de cerca la evolución de la causa judicial por temor a que la Corte le de luz verde a otros municipios a sacar ordenanzas similares.
El 14 de marzo, el intendente Righi firmó la promulgación de la ordenanza 1071. Se trata de una versión mejorada de la ordenanza 1065 y con el mismo objetivo: prohibir el fracking en el departamento. A raíz de la acción de inconstitucionalidad interpuesta por Fiscalía de Estado, la respuesta de Lavalle fue sacar una nueva ordenanza que entienden está blindada jurídicamente.
La normativa 1065 prohibía el uso del bien común "agua" en todo tipo de actividad que pueda generar daños ambientales. "Particularmente se encuentra comprendido en el concepto precedente la llamada Fractura Hidráulica (Fracking), como así también cualquier futura técnica que asuma dichas características", argumentaba el artículo 2 de la ordenanza.
Para Fiscalía de Estado, ese párrafo "atribuye, sin justificación expresa en los considerandos, al Municipio, la potestad de prohibir actividades relacionadas con el Agua que resulten dañosas en relación con la técnica de Fractura en su jurisdicción". En este sentido, asegura que vulnera lo dispuesto en la ley de hidrocarburos, avanza sobre el régimen jurídico de preservación ambiental vigente y se arroga competencias sobre los recursos hídricos que no le competen.
"La Ordenanza Nº 1065/18 que se impugna dispone diversos aspectos que resultan inconstitucionales por violentar los principios de supremacía constitucional y federal, de competencia, de propiedad, de desarrollo sustentable, de igualdad, de libertad y de razonabilidad", sostienen desde el órgano de control. Específicamente, alegan que las regulaciones municipales no pueden, en este sentido, contradecir las normas constitucionales y aquellas legales que se dicten por la Legislatura.
A raíz de este planteo, la nueva ordenanza 1071 modifica el articulado de la ordenanza anterior, a la cual deroga. En concreto, enmarca la decisión en el ordenamiento territorial del municipio. "A los fines de ejercer la competencia territorial otorgada por la Ley N° 8051/09, prohíbase en el territorio del departamento Lavalle el uso industrial denominado 'extracción de hidrocarburos no convencionales' e incorpórese al plan de ordenamiento territorial municipal que la actividad de extracción de hidrocarburos no convencionales a través de la técnica de fractura hidráulica es incompatible con la vocación territorial de los suelos del departamento de Lavalle, a cuyo fin deberá especificarse a través de la sanción de Ordenanzas o Decretos del Departamento Ejecutivo específicos al ordenamiento legal municipal relativo a las habilitaciones comerciales y el ordenamiento territorial, en congruencia con la legislación provincial y nacional vigente", establece el artículo 4 de la nueva norma.
De esta manera, pretenden ponerle un freno a los planteos de Fiscalía de Estado y el Departamento General de Irrigación, además de evitar nuevos pedidos de inconstitucionalidad.
Quien salió a celebrar lo ocurrido fue el senador provincial de Protectora, Marcelo Romano. Ferviente defensor del medio ambiente, Romano publicó un video en las redes sociales en el que subraya que la nueva ordenanza de Lavalle contó con el asesoramiento legal de prestigiosos juristas que la blindaron legalmente.
Más allá de que Lavalle no tiene petróleo, el único departamento que podría prohibir el fracking y generar consecuencias prácticas es Malargüe, territorio donde se requiere de la fractura hidráulica para extraer petróleo no convencional (sólo allí llega la reserva de Vaca Muerta). El temor -arguyen- es que las eventuales restricciones municipales abarquen no sólo esta práctica, sino eventualmente otro tipo de explotaciones más frecuentes en la provincia.
.
Fecha de Publicación: 21/03/2019
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Mendoza
El municipio comandado por Roberto Righi promulgó una ordenanza que declara al departamento "libre de la técnica denominada fractura hidráulica", en un territorio sin petróleo. Igualmente, temen que esto le abra la puerta a un camino restrictivo que podría replicarse en otros municipios con respecto a ésta y otras prácticas.
El departamento de Lavalle no se caracteriza por su actividad petrolera. Simplemente no la tiene. Sin embargo, el municipio que conduce el peronista Roberto Righi ha logrado preocupar al sector con una ordenanza que prohíbe la realización de fractura hidráulica en el territorio departamental. Si bien la decisión no mueve la aguja, el temor es que otros municipios sanciones normativas similares. Tanto es así que Fiscalía de Estado pidió a la Corte que se declare la inconstitucionalidad de la ordenanza a lo que el municipio retrucó sacando una nueva.
Desde el Gobierno equipararon la decisión de Lavalle con "prohibir la caza de ballenas en las Lagunas del Rosario" y aseguraron que se trata de "una medida de carácter puramente demagógico". Sin embargo, siguen de cerca la evolución de la causa judicial por temor a que la Corte le de luz verde a otros municipios a sacar ordenanzas similares.
El 14 de marzo, el intendente Righi firmó la promulgación de la ordenanza 1071. Se trata de una versión mejorada de la ordenanza 1065 y con el mismo objetivo: prohibir el fracking en el departamento. A raíz de la acción de inconstitucionalidad interpuesta por Fiscalía de Estado, la respuesta de Lavalle fue sacar una nueva ordenanza que entienden está blindada jurídicamente.
La normativa 1065 prohibía el uso del bien común "agua" en todo tipo de actividad que pueda generar daños ambientales. "Particularmente se encuentra comprendido en el concepto precedente la llamada Fractura Hidráulica (Fracking), como así también cualquier futura técnica que asuma dichas características", argumentaba el artículo 2 de la ordenanza.
Para Fiscalía de Estado, ese párrafo "atribuye, sin justificación expresa en los considerandos, al Municipio, la potestad de prohibir actividades relacionadas con el Agua que resulten dañosas en relación con la técnica de Fractura en su jurisdicción". En este sentido, asegura que vulnera lo dispuesto en la ley de hidrocarburos, avanza sobre el régimen jurídico de preservación ambiental vigente y se arroga competencias sobre los recursos hídricos que no le competen.
"La Ordenanza Nº 1065/18 que se impugna dispone diversos aspectos que resultan inconstitucionales por violentar los principios de supremacía constitucional y federal, de competencia, de propiedad, de desarrollo sustentable, de igualdad, de libertad y de razonabilidad", sostienen desde el órgano de control. Específicamente, alegan que las regulaciones municipales no pueden, en este sentido, contradecir las normas constitucionales y aquellas legales que se dicten por la Legislatura.
A raíz de este planteo, la nueva ordenanza 1071 modifica el articulado de la ordenanza anterior, a la cual deroga. En concreto, enmarca la decisión en el ordenamiento territorial del municipio. "A los fines de ejercer la competencia territorial otorgada por la Ley N° 8051/09, prohíbase en el territorio del departamento Lavalle el uso industrial denominado 'extracción de hidrocarburos no convencionales' e incorpórese al plan de ordenamiento territorial municipal que la actividad de extracción de hidrocarburos no convencionales a través de la técnica de fractura hidráulica es incompatible con la vocación territorial de los suelos del departamento de Lavalle, a cuyo fin deberá especificarse a través de la sanción de Ordenanzas o Decretos del Departamento Ejecutivo específicos al ordenamiento legal municipal relativo a las habilitaciones comerciales y el ordenamiento territorial, en congruencia con la legislación provincial y nacional vigente", establece el artículo 4 de la nueva norma.
De esta manera, pretenden ponerle un freno a los planteos de Fiscalía de Estado y el Departamento General de Irrigación, además de evitar nuevos pedidos de inconstitucionalidad.
Quien salió a celebrar lo ocurrido fue el senador provincial de Protectora, Marcelo Romano. Ferviente defensor del medio ambiente, Romano publicó un video en las redes sociales en el que subraya que la nueva ordenanza de Lavalle contó con el asesoramiento legal de prestigiosos juristas que la blindaron legalmente.
Más allá de que Lavalle no tiene petróleo, el único departamento que podría prohibir el fracking y generar consecuencias prácticas es Malargüe, territorio donde se requiere de la fractura hidráulica para extraer petróleo no convencional (sólo allí llega la reserva de Vaca Muerta). El temor -arguyen- es que las eventuales restricciones municipales abarquen no sólo esta práctica, sino eventualmente otro tipo de explotaciones más frecuentes en la provincia.
.
Minería: se acordaron de regular los efluentes
El Gobierno presentará una regulación de los efluentes de la industria minera
Fecha de Publicación: 19/03/2019
Fuente: El Diario de Madryn
Provincia/Región: Nacional
El Gobierno nacional trabaja con el Instituto Canadiense de Recursos Internacionales y Desarrollo en una legislación que establecerá buenas prácticas mineras y regulará los cierres de minas. Así lo anunció la secretaria de Política Minera, Carolina Sánchez, quien anticipó que planean hacer público el borrador el próximo mes. “Este es un tema que no está debidamente legislado en la Argentina”, dijo Sánchez en una entrevista al margen de la conferencia minera PDAC
en Toronto. “Esto no es una cosa que pasó ahora por Vale, sino que es algo en lo que ya veníamos trabajando con una preocupación importante”.
El accidente ocurrido en enero en la represa de Brumadinho, propiedad de Vale, que dejó al menos a 169 personas muertas, reavivó los pedidos mundiales de una regulación más estricta de los relaves: el lodo de la roca molida y los efluentes que resultan de la mayoría de los metales. Tales desastres no son raros, con al menos 50 fallas de represas en la última década, según un conteo. Con algunas excepciones, la industria se ha estado vigilando a sí misma, aunque Brasil endureció sus reglas en febrero.
Cierre y remediación
El proyecto de ley del gobierno argentino establecerá normas técnicas para el cierre de minas y ofrecerá soluciones financieras para las compañías que necesitan cerrar sus operaciones, dijo Sánchez. La legislación se ha elaborado en consulta con los gobiernos provinciales y deberá ser aprobada por el Congreso y el Senado federales. En este momento, las represas de relaves en la Argentina están siendo monitoreadas por Orsep, una agencia gubernamental también responsable de la seguridad en las represas hidroeléctricas. “Las provincias argentinas informaron al gobierno federal sobre los mecanismos de monitoreo existentes para las presas de relaves, como parte del proceso para redactar la legislación”, dijo Sánchez.
Sostenibilidad ambiental
La mayoría de las organizaciones identifican en sus informes la importancia de los problemas ambientales y sociales, pero en general esta información no es lo suficientemente clara en términos de problemas concretos, objetivos y riesgos principales. Un informe revela que las compañías informan sobre temas como el uso del agua, la contaminación, el desperdicio y en menor medida la biodiversidad, pero solo algunas revelan ciertos aspectos clave para comprender su impacto real.
.
Fecha de Publicación: 19/03/2019
Fuente: El Diario de Madryn
Provincia/Región: Nacional
El Gobierno nacional trabaja con el Instituto Canadiense de Recursos Internacionales y Desarrollo en una legislación que establecerá buenas prácticas mineras y regulará los cierres de minas. Así lo anunció la secretaria de Política Minera, Carolina Sánchez, quien anticipó que planean hacer público el borrador el próximo mes. “Este es un tema que no está debidamente legislado en la Argentina”, dijo Sánchez en una entrevista al margen de la conferencia minera PDAC
en Toronto. “Esto no es una cosa que pasó ahora por Vale, sino que es algo en lo que ya veníamos trabajando con una preocupación importante”.
El accidente ocurrido en enero en la represa de Brumadinho, propiedad de Vale, que dejó al menos a 169 personas muertas, reavivó los pedidos mundiales de una regulación más estricta de los relaves: el lodo de la roca molida y los efluentes que resultan de la mayoría de los metales. Tales desastres no son raros, con al menos 50 fallas de represas en la última década, según un conteo. Con algunas excepciones, la industria se ha estado vigilando a sí misma, aunque Brasil endureció sus reglas en febrero.
Cierre y remediación
El proyecto de ley del gobierno argentino establecerá normas técnicas para el cierre de minas y ofrecerá soluciones financieras para las compañías que necesitan cerrar sus operaciones, dijo Sánchez. La legislación se ha elaborado en consulta con los gobiernos provinciales y deberá ser aprobada por el Congreso y el Senado federales. En este momento, las represas de relaves en la Argentina están siendo monitoreadas por Orsep, una agencia gubernamental también responsable de la seguridad en las represas hidroeléctricas. “Las provincias argentinas informaron al gobierno federal sobre los mecanismos de monitoreo existentes para las presas de relaves, como parte del proceso para redactar la legislación”, dijo Sánchez.
Sostenibilidad ambiental
La mayoría de las organizaciones identifican en sus informes la importancia de los problemas ambientales y sociales, pero en general esta información no es lo suficientemente clara en términos de problemas concretos, objetivos y riesgos principales. Un informe revela que las compañías informan sobre temas como el uso del agua, la contaminación, el desperdicio y en menor medida la biodiversidad, pero solo algunas revelan ciertos aspectos clave para comprender su impacto real.
.
La jueza ambiental casada con un empresario minero
La nueva jueza ambiental está casada con un empresario minero
Fecha de Publicación: 18/03/2019
Fuente: Jujuy al Momento
Provincia/Región: Jujuy
María Laura Flores asumió como jueza en primera instancia del juzgado ambiental; tras la jura, abogados del foro local hicieron notar su vínculo con Fernando Eleit, vocal de la Cámara Minera y socio en un estudio jurídico que asesora a empresas del rubro.
El jueves 7 de marzo asumió como jueza de primera instancia del juzgado ambiental María Laura Flores, una abogada que había concursado por ese cargo en junio de 2017 y obtuvo la mejor calificación.
Respetando el orden de mérito de la evaluación, el gobernador envió los pliegos a la Legislatura para su aprobación, como indica el mecanismo de selección vigente.
Sin embargo, tras el acto de asunción quedó expuesto un detalle particular: la flamante jueza está casada con un abogado vinculado al sector de la minería.
Se trata de Fernando Eleit, vocal de la Cámara Minera de Jujuy – institución que agrupa a las empresas del rubro en la provincia – y socio en un estudio jurídico, cuya plataforma web destaca que se especializa en el “asesoramiento legal y estratégico para el desarrollo de proyectos mineros en el norte argentino”.
En el acta constitutiva de este emprendimiento, se resalta que “la sociedad tiene por objeto la participación en general de los proyectos de estas actividades”, entre otro fines.
Atentos a esta particularidad, hubo letrados que señalaron la existencia de un notorio conflicto de intereses.
“Cuando se suscite un litigio entre las empresas del rubro, la flamante jueza se vería obligada a apartarse debido al vínculo que sostiene con una de las partes”, explicaron letrados a Jujuy al momento.
“¿De qué sirve una jueza ambiental que no puede intervenir en las causas de la minería?”, añadió otra de las fuentes consultadas.
El comunicado que distribuyó el Poder Judicial tras la asunción de Flores destaca que el juzgado a su cargo se ocupará de los amparos ambientales, los juicios ordinarios por reparación y/o remediación de daños ambientales, incluida la faz resarcitoria privada, los procesos cautelares ambientales y todos los demás procesos judiciales de naturaleza ambiental y/o regidos por legislación específica vinculada al ambiente.
.
Fecha de Publicación: 18/03/2019
Fuente: Jujuy al Momento
Provincia/Región: Jujuy
María Laura Flores asumió como jueza en primera instancia del juzgado ambiental; tras la jura, abogados del foro local hicieron notar su vínculo con Fernando Eleit, vocal de la Cámara Minera y socio en un estudio jurídico que asesora a empresas del rubro.
El jueves 7 de marzo asumió como jueza de primera instancia del juzgado ambiental María Laura Flores, una abogada que había concursado por ese cargo en junio de 2017 y obtuvo la mejor calificación.
Respetando el orden de mérito de la evaluación, el gobernador envió los pliegos a la Legislatura para su aprobación, como indica el mecanismo de selección vigente.
Sin embargo, tras el acto de asunción quedó expuesto un detalle particular: la flamante jueza está casada con un abogado vinculado al sector de la minería.
Se trata de Fernando Eleit, vocal de la Cámara Minera de Jujuy – institución que agrupa a las empresas del rubro en la provincia – y socio en un estudio jurídico, cuya plataforma web destaca que se especializa en el “asesoramiento legal y estratégico para el desarrollo de proyectos mineros en el norte argentino”.
En el acta constitutiva de este emprendimiento, se resalta que “la sociedad tiene por objeto la participación en general de los proyectos de estas actividades”, entre otro fines.
Atentos a esta particularidad, hubo letrados que señalaron la existencia de un notorio conflicto de intereses.
“Cuando se suscite un litigio entre las empresas del rubro, la flamante jueza se vería obligada a apartarse debido al vínculo que sostiene con una de las partes”, explicaron letrados a Jujuy al momento.
“¿De qué sirve una jueza ambiental que no puede intervenir en las causas de la minería?”, añadió otra de las fuentes consultadas.
El comunicado que distribuyó el Poder Judicial tras la asunción de Flores destaca que el juzgado a su cargo se ocupará de los amparos ambientales, los juicios ordinarios por reparación y/o remediación de daños ambientales, incluida la faz resarcitoria privada, los procesos cautelares ambientales y todos los demás procesos judiciales de naturaleza ambiental y/o regidos por legislación específica vinculada al ambiente.
.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
Suscribirse
Entradas
Comentarios