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La Alumbrera: revocan sobreseimiento a ex directivo
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Eco Sitio |
Procesan nuevamente a un exCEO de Minera La Alumbrera
Fecha de Publicación: 19/04/2019
Fuente: El Tucumano
Provincia/Región: Tucumán
El Juzgado Federal Nº2 de Tucumán revocó el sobreseimiento de Julian Patricio Rooney luego de hace lugar a una apelación presentada por un grupo ecologista.
El Juzgado Federal Número 2 de Tucumán revocó el sobreseimiento del exCEO de Minera La Alumbrera Julian Rooney, luego de hacer lugar a una apelación presentada por una organización ecologista tucumana, PRO ECO Grupo Ecologista.
El exjefe corporativo volvió a ser procesado por el delito contaminación en la provincia, y junto a Raúl Pedro Mentz se suma a los directivos señalados en la causa que inició en 1999 por el tratamiento de residuos extraídos en Catamarca, pero que eran tratados en plantas que la compañía tenía en Tucumán.
Rooney había sido procesado en 2006 y sobreseído en 2016, lo que provocó que la organización ecologista, que actúa como querellante en la causa apeló esa medida, luego la cámara requirió nuevamente su procesamiento y el juzgado Nro. 2 solicitó además otros informes adicionales al Comité de Cuencas Salí Dulce, al Instituto Miguel Lillo y la Dirección de Minería de Tucumán, lo que profundizó el procesamiento de Rooney.
“Lo importante de este fallo, que justamente ya son dos los procesados por el delito de contaminación ambiental y que están en infracción al artículo 55, de la ley nacional 24051, que es una ley de residuos peligrosos que es la que controla a nivel nacional todos los efluentes industriales y de metales pesados”, explicó Freddy Carbonel, integrante de PRO ECO Grupo Ecologista.
Acerca de los puntos sobresalientes del fallo, Carbonel destaca que “allí se anuncia que si bien Roomey no era un partícipe directo, pero fue un partícipe primario, como lo llama la justicia. El estaba encargado de las finanzas, pero no tenía que dejar de lado los aspectos ambientales de esa explotación en Catamarca y en Tucumán”.
“Ellos dicen que no contaminan porque se ampara en una legislación provincial de Tucumán. Esta ley está hecha su medida, porque permite el volcado de efluentes de la minería y de otras industrias pesadas de Tucumán. Esas leyes son inconstitucionales bajo el amparo de la ley nacional. Esto lo venimos denunciando y justamente este fallo a nivel federal nos marca que la ley 24.051 es la que se debe aplicar y por la cual se procesa a estos ex gerentes corporativos de La Alumbrera”, agregó el ecologista al sitio Canal Abierto.
Y cerró: “otra cosa fundamental que hizo el juez es marcar claramente que este es un delito de peligro y no un delito concreto. Es un delito que puede afectar a la salud y al ambiente. Y es un delito continuado y eso queda claro en el fallo, dado que la explotación se realizó entre 1997 y 2018”.
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Fecha de Publicación: 19/04/2019
Fuente: El Tucumano
Provincia/Región: Tucumán
El Juzgado Federal Nº2 de Tucumán revocó el sobreseimiento de Julian Patricio Rooney luego de hace lugar a una apelación presentada por un grupo ecologista.
El Juzgado Federal Número 2 de Tucumán revocó el sobreseimiento del exCEO de Minera La Alumbrera Julian Rooney, luego de hacer lugar a una apelación presentada por una organización ecologista tucumana, PRO ECO Grupo Ecologista.
El exjefe corporativo volvió a ser procesado por el delito contaminación en la provincia, y junto a Raúl Pedro Mentz se suma a los directivos señalados en la causa que inició en 1999 por el tratamiento de residuos extraídos en Catamarca, pero que eran tratados en plantas que la compañía tenía en Tucumán.
Rooney había sido procesado en 2006 y sobreseído en 2016, lo que provocó que la organización ecologista, que actúa como querellante en la causa apeló esa medida, luego la cámara requirió nuevamente su procesamiento y el juzgado Nro. 2 solicitó además otros informes adicionales al Comité de Cuencas Salí Dulce, al Instituto Miguel Lillo y la Dirección de Minería de Tucumán, lo que profundizó el procesamiento de Rooney.
“Lo importante de este fallo, que justamente ya son dos los procesados por el delito de contaminación ambiental y que están en infracción al artículo 55, de la ley nacional 24051, que es una ley de residuos peligrosos que es la que controla a nivel nacional todos los efluentes industriales y de metales pesados”, explicó Freddy Carbonel, integrante de PRO ECO Grupo Ecologista.
Acerca de los puntos sobresalientes del fallo, Carbonel destaca que “allí se anuncia que si bien Roomey no era un partícipe directo, pero fue un partícipe primario, como lo llama la justicia. El estaba encargado de las finanzas, pero no tenía que dejar de lado los aspectos ambientales de esa explotación en Catamarca y en Tucumán”.
“Ellos dicen que no contaminan porque se ampara en una legislación provincial de Tucumán. Esta ley está hecha su medida, porque permite el volcado de efluentes de la minería y de otras industrias pesadas de Tucumán. Esas leyes son inconstitucionales bajo el amparo de la ley nacional. Esto lo venimos denunciando y justamente este fallo a nivel federal nos marca que la ley 24.051 es la que se debe aplicar y por la cual se procesa a estos ex gerentes corporativos de La Alumbrera”, agregó el ecologista al sitio Canal Abierto.
Y cerró: “otra cosa fundamental que hizo el juez es marcar claramente que este es un delito de peligro y no un delito concreto. Es un delito que puede afectar a la salud y al ambiente. Y es un delito continuado y eso queda claro en el fallo, dado que la explotación se realizó entre 1997 y 2018”.
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Alumbrera,
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Tucumán
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Megabasural salteño inspeccionado por la justicia
Vertedero San Javier: la inspección verificó las denuncias hechas por contaminación
Fecha de Publicación: 19/04/2019
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Salta
En el marco de un amparo ambiental contra la empresa Agrotécnica Fueguina, el juez a cargo, Marcelo Domínguez, realizó una inspección ocular en el Vertedero San Javier, de la zona sur de Salta.
En 2016 la empresa Agrotécnica Fueguina extendió su contrato con la Municipalidad de Salta y se comprometió a construir el módulo San Javier N° 4 y ejecutar un plan de contingencia y saneamiento del módulo N°1. El incumplimiento de estos ítems derivó en la investigación que se lleva a la empresa.
Jorgelina Franco, ex concejal del Partido Obrero y vecina del barrio Solidaridad, denunció a la empresa por violar su contrato y contaminar al medio ambiente.
Al finalizar la inspección el Juez informó el proceso de investigación es "complejo" ya que requiere de pruebas que no se han producido porque no son fáciles de obtener, debido "a la falta de especialistas".
En representación de vecinos afectados, Jorgelina contó que esperan tener un resultado objetivo ya que la visita no hizo más que comprobar las denuncias hechas contra la empresa: “Todo lo que se planteó en el juicio continúa igual que en un principio. No se avanzó en nada”, afirmó.
Por su parte Cristina Foffani, concejal del Partido Obrero, aseguró a LA GACETA que presentarán un informe escrito para dar el paso legal, solicitando al Intendente que inicie el funcionamiento de la cuarta trinchera en 30 días.
La funcionaria apuntó directamente contra la empresa por ser responsable de un desastre ambiental.
Además, hizo hincapié en la cantidad de dinero que Agrotecnica recibe para cumplir con el contrato: “Les pagan dos millones a diario y no quieren gastar en inversiones, mientras que esto significa un aumento de las enfermedades. Es un contrato, la empresa está cobrando por eso”, dijo.
Agrotecnica Fueguina, por su parte, se limito a emitir palabras al respecto, exponiendo que se recibió al juez y se respondió a todos sus requerimientos.
El vertedero barrial
Mal olor, plásticos que llegan con el viento, animales muertos, ratas y niños con enfermedades dérmicas son algunas de los problemas que poseen las familias que viven alrededor del Vertedero.
Barrios que están a dos cuadras del San Javier parecieran ser, en sí mismos, un basural.
Cansada de ver cómo la gente tira basura a metros de su casa, Beatriz Vásquez, contó a LA GACETA que el barrio Solidaridad nunca cambió en los 15 años que lleva allí.
“Cuando llueve fuerte no se puede aguantar el olor ni sentado afuera”, contó apuntando al basural que está frente a su casa. Además, se mostró asustada porque frecuentemente encuentra ratas y víboras de gran tamaño.
Beatriz tiene nietos y recordó una frase que su hijo le dijo después de haberse acercado a las puertas del Vertedero: “He salido casi llorando, es mi hija la que he visto ahí, mamá. Toda sucia y embarrada. Los chiquitos están ahí metidos”, le dijo luego de observar a una niña juntando basura con su mamá.
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Fecha de Publicación: 19/04/2019
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Salta
En el marco de un amparo ambiental contra la empresa Agrotécnica Fueguina, el juez a cargo, Marcelo Domínguez, realizó una inspección ocular en el Vertedero San Javier, de la zona sur de Salta.
En 2016 la empresa Agrotécnica Fueguina extendió su contrato con la Municipalidad de Salta y se comprometió a construir el módulo San Javier N° 4 y ejecutar un plan de contingencia y saneamiento del módulo N°1. El incumplimiento de estos ítems derivó en la investigación que se lleva a la empresa.
Jorgelina Franco, ex concejal del Partido Obrero y vecina del barrio Solidaridad, denunció a la empresa por violar su contrato y contaminar al medio ambiente.
Al finalizar la inspección el Juez informó el proceso de investigación es "complejo" ya que requiere de pruebas que no se han producido porque no son fáciles de obtener, debido "a la falta de especialistas".
En representación de vecinos afectados, Jorgelina contó que esperan tener un resultado objetivo ya que la visita no hizo más que comprobar las denuncias hechas contra la empresa: “Todo lo que se planteó en el juicio continúa igual que en un principio. No se avanzó en nada”, afirmó.
Por su parte Cristina Foffani, concejal del Partido Obrero, aseguró a LA GACETA que presentarán un informe escrito para dar el paso legal, solicitando al Intendente que inicie el funcionamiento de la cuarta trinchera en 30 días.
La funcionaria apuntó directamente contra la empresa por ser responsable de un desastre ambiental.
Además, hizo hincapié en la cantidad de dinero que Agrotecnica recibe para cumplir con el contrato: “Les pagan dos millones a diario y no quieren gastar en inversiones, mientras que esto significa un aumento de las enfermedades. Es un contrato, la empresa está cobrando por eso”, dijo.
Agrotecnica Fueguina, por su parte, se limito a emitir palabras al respecto, exponiendo que se recibió al juez y se respondió a todos sus requerimientos.
El vertedero barrial
Mal olor, plásticos que llegan con el viento, animales muertos, ratas y niños con enfermedades dérmicas son algunas de los problemas que poseen las familias que viven alrededor del Vertedero.
Barrios que están a dos cuadras del San Javier parecieran ser, en sí mismos, un basural.
Cansada de ver cómo la gente tira basura a metros de su casa, Beatriz Vásquez, contó a LA GACETA que el barrio Solidaridad nunca cambió en los 15 años que lleva allí.
“Cuando llueve fuerte no se puede aguantar el olor ni sentado afuera”, contó apuntando al basural que está frente a su casa. Además, se mostró asustada porque frecuentemente encuentra ratas y víboras de gran tamaño.
Beatriz tiene nietos y recordó una frase que su hijo le dijo después de haberse acercado a las puertas del Vertedero: “He salido casi llorando, es mi hija la que he visto ahí, mamá. Toda sucia y embarrada. Los chiquitos están ahí metidos”, le dijo luego de observar a una niña juntando basura con su mamá.
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Curtiembre clausurada en Lanús y es reincidente
Clausuraron una curtiembre de Lanús por volcar efluentes contaminantes al Riachuelo
Fecha de Publicación: 17/04/2019
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Riachuelo
La Patrulla Ambiental de ACUMAR detectó que el establecimiento Gaita se encontraba en infracción, tras haber violado una clausura preexistente, y continuaba volcando deshechos al río. Deberá pagar una multa superior a los 2 millones de pesos.
El mal olor detectado este viernes en la Ciudad de Buenos Aires llevó a la Patrulla Ambiental de ACUMAR en conjunto con el Municipio de Lanús y equipos de Defensa Civil de la Provincia de Buenos Aires a rastrillar la zona de Valentín Alsina, en Lanús, y de Fiorito, en Lomas de Zamora, con el objetivo a las posibles fábricas en infracción.
En primera instancia, todo indicaba que una grasera que había experimentado un problema de producción había sido la causante pero al ser fiscalizada, se descartó como origen del problema.
Finalmente, luego de varias inspecciones, cerca del mediodía se detectó que la curtiembre Gaita, en Lanús era la responsable de estar vertiendo efluentes contaminantes al Riachuelo.
La empresa, además, se encontraba en doble infracción, porque sobre ella pesaba una clausura preexistente y siguió funcionando, tras romper la faja de clausura, emitiendo efluentes fuera de los parámetros permitidos.
Gaita se encarga de realizar el proceso de transformar las pieles en cuero, pero no cuenta con planta de tratamiento y los efluentes contaminantes van directo al Riachuelo. Utilizan cromo y álcido sulfúrico que podría generar olores fuertes.
La Patrulla Ambiental volvió a clausurar la planta, colocar los precintos, realizar un acta y tomar muestras de los líquidos para ser analizados en laboratorio. Gaita está catalogada como agente contaminante, y fue intimada para readecuar sus procesos productivos.
La multa que se aplicará sobre la empresa, una vez que se ratifique todo lo marcado por los inspectores, superará los 2 millones de pesos.
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Fecha de Publicación: 17/04/2019
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Riachuelo
La Patrulla Ambiental de ACUMAR detectó que el establecimiento Gaita se encontraba en infracción, tras haber violado una clausura preexistente, y continuaba volcando deshechos al río. Deberá pagar una multa superior a los 2 millones de pesos.
El mal olor detectado este viernes en la Ciudad de Buenos Aires llevó a la Patrulla Ambiental de ACUMAR en conjunto con el Municipio de Lanús y equipos de Defensa Civil de la Provincia de Buenos Aires a rastrillar la zona de Valentín Alsina, en Lanús, y de Fiorito, en Lomas de Zamora, con el objetivo a las posibles fábricas en infracción.
En primera instancia, todo indicaba que una grasera que había experimentado un problema de producción había sido la causante pero al ser fiscalizada, se descartó como origen del problema.
Finalmente, luego de varias inspecciones, cerca del mediodía se detectó que la curtiembre Gaita, en Lanús era la responsable de estar vertiendo efluentes contaminantes al Riachuelo.
La empresa, además, se encontraba en doble infracción, porque sobre ella pesaba una clausura preexistente y siguió funcionando, tras romper la faja de clausura, emitiendo efluentes fuera de los parámetros permitidos.
Gaita se encarga de realizar el proceso de transformar las pieles en cuero, pero no cuenta con planta de tratamiento y los efluentes contaminantes van directo al Riachuelo. Utilizan cromo y álcido sulfúrico que podría generar olores fuertes.
La Patrulla Ambiental volvió a clausurar la planta, colocar los precintos, realizar un acta y tomar muestras de los líquidos para ser analizados en laboratorio. Gaita está catalogada como agente contaminante, y fue intimada para readecuar sus procesos productivos.
La multa que se aplicará sobre la empresa, una vez que se ratifique todo lo marcado por los inspectores, superará los 2 millones de pesos.
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Hidrocarburos contaminan el Limay
Detectan contaminación de hidrocarburos en el Limay
Fecha de Publicación: 15/04/2019
Fuente: ADN
Provincia/Región: Río Negro
La Intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi informó que se ha detectado presencia de hidrocarburos sobre la costa del Río Limay. De esta manera, la Intendencia del organismo nacional inició el procedimiento administrativo para investigar el hecho y plantear un plan de remediación.
La información refiere a que corresponden a desperfectos en un equipo de bombeo de agua de la empresa que realiza trabajos en la ruta provincial Nº 23.
Guardaparques y personal del Departamento de Conservación y Educación Ambiental del área protegida de Parques Nacionales, se dirigieron al lugar y se se labró un acta de infracción.
También acudieron al lugar personal de la Delegación del Departamento Provincial de Aguas y de la Secretaría de Ambiente de Río Negro.
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Fecha de Publicación: 15/04/2019
Fuente: ADN
Provincia/Región: Río Negro
La Intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi informó que se ha detectado presencia de hidrocarburos sobre la costa del Río Limay. De esta manera, la Intendencia del organismo nacional inició el procedimiento administrativo para investigar el hecho y plantear un plan de remediación.
La información refiere a que corresponden a desperfectos en un equipo de bombeo de agua de la empresa que realiza trabajos en la ruta provincial Nº 23.
Guardaparques y personal del Departamento de Conservación y Educación Ambiental del área protegida de Parques Nacionales, se dirigieron al lugar y se se labró un acta de infracción.
También acudieron al lugar personal de la Delegación del Departamento Provincial de Aguas y de la Secretaría de Ambiente de Río Negro.
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Agroquímicos en el agua de Pergamino
Contaminación del agua y graves problemas de salud: ordenaron suspender la fumigación con agroquímicos en Pergamino
Fecha de Publicación: 13/04/2019
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Buenos Aires
Un fallo del juez federal Carlos Villafuerte Ruzo frenó el uso de plaguicidas en tres barrios de esa ciudad bonaerense. Además, instó al Municipio a suspender la autorización para futuras fumigaciones. Historias del drama
Una semana después de que el presidente Mauricio Macri considerara durante su visita a Entre Ríos como "irresponsable" un fallo de la Justicia que frenaba la fumigación con agroquímicos a 100 metros de las escuelas en esa provincia, el juez federal Carlos Villafuerte Ruzo dio otro paso en el mismo sentido. El titular del Juzgado Federal Nº 2 de San Nicolás ordenó la suspensión urgente de la aplicación de estos plaguicidas tóxicos en campos que rodean tres barrios de Pergamino donde hay cientos de casos de adultos y niños con problemas de salud y enfermedades sin diagnóstico.
Villafuerte Ruzo además exhortó al Municipio de Pergamino, ubicado en lo que se llama el "núcleo sojero" de la pampa húmeda, a 245 kilómetros de la Capital Federal, a que de manera inmediata garantice en los barrios Villa Alicia, Luar Kayard y La Guarida la provisión de agua potable.
Es que en la investigación, surgida a partir de la denuncia de una vecina del barrio Villa Alicia, varios informes técnicos comprobaron que el nivel de agroquímicos en las napas de donde se abastecen los vecinos es superior al tolerado por el organismo humano.
"Se dispondrá la inmediata suspensión provisional de las aplicaciones de fumigaciones con plaguicidas, herbicidas, insecticidas, y cualquier otro paquete de agroquímicos, sea mediante fumigaciones terrestres que contenga glifosato como principio activo o sales derivadas del mismo", remarcó el magistrado en su fallo.
Villafuerte Ruzo detalló los productos químicos prohibidos a partir de su firma. Se trata de Atrazina, Triticonazol, Metolaclor, Acetoclor, Clorpirifos, Glifosato, Imidacroplid, Desetil, 2.4D y "de los siguientes formulados: Roundup Full II, Roundup Max II, Roundup Ultramax".
Lo hizo específicamente sobre cuatro establecimientos rurales que lindan con las poblaciones urbanas de estos barrios. Y las medidas incluyen la suspensión provisional al Municipio para autorizar "futuras fumigaciones, tanto aéreas como terrestres".
Además, el magistrado indicó al intendente Javier Martínez (Cambiemos) que para las zonas adyacentes a los barrios involucrados, y fuera de los campos donde se restringió la fumigación, se establezca una zona de aplicación a no menos de 600 metros de distancia del ejido urbano.
Martínez, en tanto, encomendó a la UBA un estudio para determinar la calidad del agua en Pergamino, ya que los análisis previos dieron resultados dispares.
Especialistas de Conicet y del Inta-Balcarce y el especialista de la Universidad Nacional de La Plata, Damián Marino, encontraron altos niveles de agroquímicos en el agua de la zona, pero un estudio de la Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires (ASA) contradijo esos informes.
Por eso el juez Villafuerte Ruzo encomendó un nuevo análisis al equipo de Toxicología de la Corte Suprema de la Nación que, según se indica en el fallo, comunicó que sus tareas están en desarrollo y todavía no hay resultados.
Sabrina Ortiz perdió un embarazo en 2011, el mismo día que prácticamente por arriba de su casa, en el barrio Villa Alicia, frente a los campos de soja, pasó un avión fumigador. Ya tenía problemas en la piel. Y también su hija, que en ese momento tenía 10 años, y su marido.
Ella fue la que denunció las fumigaciones sobre las poblaciones urbanas y que desencadenó en este fallo de la Justicia federal. "Me constituí como querellante y expuse mi identidad. Denuncié la manipulación de residuos peligrosos y así se comprobó que existe responsabilidad de los dueños de los campos de alrededor", cuenta a Infobae la mujer, que considera el fallo como "muy positivo".
"En 2011 pierdo un embarazo intoxicada. Ese día fumigaron y empecé a brotarme, a tener dificultad respiratoria, mareos, contracciones, y a la noche terminé perdiendo el embarazo. El médico me dijo que fue por los agrotóxicos y se me vino a la cabeza la historia de Fabián Tomasi; ahí me prometí no parar jamás", revela.
"Hasta ese momento solo tenía problemas dermatológicos y respiratorios. Mi nena (tenía 10), mi esposo, mis padres, que vivían al lado de mi casa, y muchos vecinos sufrían y sufren lo mismo. Pero esta es la ciudad del núcleo sojero. Acá hablar de eso implica que te traten de loca, así me dijo quien era secretario de Salud cuando llevé los análisis de toda mi familia", dice Ortiz, con indignación.
Ella junto a otras vecinas conformaron la agrupación Madres de Barrios Fumigados de Pergamino, que empezó a activar denuncias y protestas en la ciudad y el 21 de marzo pasado reclamaron ante el Municipio y la Justicia que se declare la emergencia sanitaria. Menos de 15 días después, Villafuerte Ruzo firmó el fallo.
El drama familiar de Ortiz se replica en otros vecinos de Pergamino, uno de los distritos donde más se usan agroquímicos en toda la Provincia. Según cuenta la mujer, sus hijos tienen diez veces más de glifosato en sangre que lo que tolera el organismo humano. "El tolerado es 0,01. Y mi hija tiene 9,20 y mi hijo 10,20. Es una enormidad tremenda. Ese indice no baja, es poco lo que el cuerpo puede metabolizar", asegura, con bronca.
La hija, que hoy tiene 18 años, ya pasó por cuatro operaciones para sacarle quistes de los huesos. Su hijo hace linfoproliferación. "Tiene los ganglios agrandados en los intestinos, en el cuello, eso hace que sus sistema inmune esté activo y cuando se enferma lo debilita. Le hacen quimioterapia, tiene sangrado en orina, hace síntomas de enfermedades que no tiene", enumera Sabrina.
Las madres de los barrios fumigados de Pergamino celebran el fallo del juez, pero aseguran que viven en una comunidad que evita el tema o que incluso lo tapa. Nadie habla, cuentan, de los 48 casos de cáncer en un solo barrio.
Isaías tiene tres años y cada vez que se fumiga el campo lindero a su casa, se brota. "La medica de la sala le dijo a la mamá que fue el fiambre. La vez pasada hicieron una reunión los médicos de la sala para informar a los vecinos que nada tiene que ver sus afecciones con los agroquímicos, que se debe a otros factores como la higiene. Formaron un discurso proteccionista de los agronegocios en la salud pública municipal", protestan en su página de Facebook.
Ortiz denuncia que su lucha contra los agroquímicos trajo consecuencias oscuras, que van más allá de su salud física. "Me balearon el perro, me tiraron bidones vacíos de glifosato en la puerta de casa, me tiraron chauchas de soja en el auto. Es una cadena de mafia y complicidades. Pero lamentablemente no me voy a detener", advierte.
Además de sus problemas de piel, la mujer sufrió dos ACV isquémicos. Pero no tiene ni problemas en la sangre ni cardíacos. "Aparentemente es por una toxina del glifosato", cuenta que le dijo su médico.
Para la mujer, el Estado está ausente porque "los que lo sufrimos somos todos gente pobre, hay personas del barrio que no tienen obra social, no tienen ni para comer, por eso reclamamos que el Municipio incorpore toxicólogos especialistas".
Su situación es un reflejo de un problema de salud que afecta a toda una comunidad. A ella, el médico le recomendó una decisión drástica. "Me dijo que me mude. Y me mudé. Pero no todos pueden hacer lo mismo. Nos están matando", asegura, conmovida.
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107 plaguicidas prohibidos en otros países se usan acá
En Argentina se utilizan 107 plaguicidas prohibidos en otros países
Fecha de Publicación: 12/04/2019
Fuente: Primera Edición
Provincia/Región: Nacional
El ingeniero agrónomo Javier Souza Casadinho realizó un análisis de los agroquímicos empleados en distintos cultivos e incluyó a Misiones. Señaló que un 36% de estos productos “son altamente peligrosos”.
Un informe reveló que en la Argentina se encuentran autorizados 107 plaguicidas que son prohibidos o no autorizados en otros países, de los cuales un 36% son altamente peligrosos, según los criterios establecidos por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Esta lista aumenta a un 73% si se tienen en cuenta los criterios adicionales propuestos por la Red de Acción en Plaguicidas (PAN) internacional.
Esta cifra fue revelada por el ingeniero agrónomo Javier Souza Casadinho, quien realizó un análisis de los agroquímicos utilizados en el país.
Detalló, además, que los principales cultivos que hacen uso de estos químicos altamente peligrosos son los de soja, maíz, trigo, cebada, girasol, arroz, hortalizas, tabaco, caña de azúcar, árboles exóticos (pinos y eucaliptos), algodón, frutales de carozos (peras y manzanas) y frutales cítricos.
Mientras que otros usos que se le dan a estos pesticidas tienen que ver con “el tratamiento de pulgas y garrapatas en perros y gatos, en el control de hierbas e insectos en parques y jardines, el control de moscas y mosquitos posibles vectores de enfermedades”.
Esto es posible, señaló el autor, debido a políticas públicas llevadas a cabo en los últimos 30 años “en las cuales prevalece la idea de incrementar la producción de los cultivos con el fin de generar saldos exportables”.
En la publicación también señaló que “la legislación relativa al registro, comercialización y aplicación de plaguicidas es incompleta, permisiva y obsoleta”.
Es que, si bien el Registro Nacional depende del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), a través de la Dirección Nacional de Agroquímicos, Productos Veterinarios y Alimentos, “existen serias deficiencias” ya que no hay participación “ni de la Secretaría de Salud ni de la de Ambiente en la aprobación de los plaguicidas de uso agrícola”.
Asimismo, apunta que “la Argentina carece de una legislación integral que regule el ciclo completo de registro, comercialización y utilización de plaguicidas, por ello su regularización se realiza a través de decretos y disposiciones legales”.
En Misiones
El informe da cuenta además que “muchos de estos plaguicidas altamente peligrosos” se utilizan en cultivos como “tabaco, hortalizas y en el sector forestal”, actividades que forman parte de las economías regionales en Misiones.
Ante esta situación, el investigador expone una serie de propuestas de grupos de la sociedad civil y universidad, alternativas al uso de estos plaguicidas altamente peligrosos y basadas en los principios de la agroecología. Ésta consiste en la aplicación de agroecosistemas sustentables que permiten obtener productividad y estabilidad.
Es un enfoque económicamente viable enfatizando la agricultura en armonía con los ciclos y procesos naturales y con el enfoque político de la soberanía alimentaria y, de esta manera, promover la salud del suelo, la biodiversidad y la función del ecosistema natural.
En este sentido, se destaca la experiencia de productores de Montecarlo y Caraguatay donde, por distintos factores (como económicos, familiares, por valores o por un aumento en la demanda), han integrado cultivos incluyendo especies arbóreas con la cría de animales de distintos tipos.
Conclusiones y recomendaciones
El trabajo indica que “la situación en Argentina derivada del uso y efecto socioambiental de los plaguicidas categorizados como altamente peligrosos “es grave”, no sólo por su utilización en la mayoría de las producciones agrarias sino porque además “se manipulan las campañas sanitarias y para el tratamiento de mascotas”.
También advierte que “se carece de un marco jurídico eficaz y de la capacidad institucional para afrontar los problemas que platean los plaguicidas durante todo el ciclo de vida”.
Por todo esto, se recomienda “prohibir los plaguicidas altamente peligrosos prohibidos y/o de usos restringidos en otros países, ya que en la mayoría de los casos tal iniciativa se basa en investigaciones científicas y/o monitoreos epidemiológicos que se corresponden con criterios de preservar la salud socioambiental”.
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Fecha de Publicación: 12/04/2019
Fuente: Primera Edición
Provincia/Región: Nacional
El ingeniero agrónomo Javier Souza Casadinho realizó un análisis de los agroquímicos empleados en distintos cultivos e incluyó a Misiones. Señaló que un 36% de estos productos “son altamente peligrosos”.
Un informe reveló que en la Argentina se encuentran autorizados 107 plaguicidas que son prohibidos o no autorizados en otros países, de los cuales un 36% son altamente peligrosos, según los criterios establecidos por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Esta lista aumenta a un 73% si se tienen en cuenta los criterios adicionales propuestos por la Red de Acción en Plaguicidas (PAN) internacional.
Esta cifra fue revelada por el ingeniero agrónomo Javier Souza Casadinho, quien realizó un análisis de los agroquímicos utilizados en el país.
Detalló, además, que los principales cultivos que hacen uso de estos químicos altamente peligrosos son los de soja, maíz, trigo, cebada, girasol, arroz, hortalizas, tabaco, caña de azúcar, árboles exóticos (pinos y eucaliptos), algodón, frutales de carozos (peras y manzanas) y frutales cítricos.
Mientras que otros usos que se le dan a estos pesticidas tienen que ver con “el tratamiento de pulgas y garrapatas en perros y gatos, en el control de hierbas e insectos en parques y jardines, el control de moscas y mosquitos posibles vectores de enfermedades”.
Esto es posible, señaló el autor, debido a políticas públicas llevadas a cabo en los últimos 30 años “en las cuales prevalece la idea de incrementar la producción de los cultivos con el fin de generar saldos exportables”.
En la publicación también señaló que “la legislación relativa al registro, comercialización y aplicación de plaguicidas es incompleta, permisiva y obsoleta”.
Es que, si bien el Registro Nacional depende del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), a través de la Dirección Nacional de Agroquímicos, Productos Veterinarios y Alimentos, “existen serias deficiencias” ya que no hay participación “ni de la Secretaría de Salud ni de la de Ambiente en la aprobación de los plaguicidas de uso agrícola”.
Asimismo, apunta que “la Argentina carece de una legislación integral que regule el ciclo completo de registro, comercialización y utilización de plaguicidas, por ello su regularización se realiza a través de decretos y disposiciones legales”.
En Misiones
El informe da cuenta además que “muchos de estos plaguicidas altamente peligrosos” se utilizan en cultivos como “tabaco, hortalizas y en el sector forestal”, actividades que forman parte de las economías regionales en Misiones.
Ante esta situación, el investigador expone una serie de propuestas de grupos de la sociedad civil y universidad, alternativas al uso de estos plaguicidas altamente peligrosos y basadas en los principios de la agroecología. Ésta consiste en la aplicación de agroecosistemas sustentables que permiten obtener productividad y estabilidad.
Es un enfoque económicamente viable enfatizando la agricultura en armonía con los ciclos y procesos naturales y con el enfoque político de la soberanía alimentaria y, de esta manera, promover la salud del suelo, la biodiversidad y la función del ecosistema natural.
En este sentido, se destaca la experiencia de productores de Montecarlo y Caraguatay donde, por distintos factores (como económicos, familiares, por valores o por un aumento en la demanda), han integrado cultivos incluyendo especies arbóreas con la cría de animales de distintos tipos.
Conclusiones y recomendaciones
El trabajo indica que “la situación en Argentina derivada del uso y efecto socioambiental de los plaguicidas categorizados como altamente peligrosos “es grave”, no sólo por su utilización en la mayoría de las producciones agrarias sino porque además “se manipulan las campañas sanitarias y para el tratamiento de mascotas”.
También advierte que “se carece de un marco jurídico eficaz y de la capacidad institucional para afrontar los problemas que platean los plaguicidas durante todo el ciclo de vida”.
Por todo esto, se recomienda “prohibir los plaguicidas altamente peligrosos prohibidos y/o de usos restringidos en otros países, ya que en la mayoría de los casos tal iniciativa se basa en investigaciones científicas y/o monitoreos epidemiológicos que se corresponden con criterios de preservar la salud socioambiental”.
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Pescado podrido sin solución en Río Negro
Pescado podrido, no respetan los acuerdos por el basurero de langostinos
Fecha de Publicación: 12/04/2019
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro
El predio al que se llevan los residuos de los crustáceos, en San Antonio Oeste, está en pésimo estado. La justicia intervino hace meses para distribuir roles entre las pesqueras, la fábrica de harina de pescado y las autoridades pero no se respeta.
Olores nauseabundos. Montañas de desechos acumulados al borde de las fosas dispuestas para su disposición final. Lo que sólo deberían ser cuerpos de crustáceos secos son restos de pescado y líquidos mezclados. Ése es el panorama actual en el campo ubicado a 18 km de San Antonio Oeste, por Ruta 2, al que se traslada el descarte de langostinos.
Allí, hasta septiembre del año pasado, el panorama era ordenando. Pero actualmente, la realidad es otra. No se cumple el acuerdo que se selló entre las empresas pesqueras, la fábrica de harina de pescado y las autoridades provinciales y municipales. Y, a lo largo de estos meses, se evidencia que nadie controló que ese procedimiento se llevara adelante de acuerdo a lo previsto.
La principal falla parece provenir de la fábrica de harina, que es la encargada de enviar camiones para retirar de las pesqueras los restos de crustáceos. Desde allí, debe trasladarlos a sus instalaciones y secarlos en sus hornos para que se deshidraten. Luego, llevarlos al predio citado y disponerlos en las fosas que cada empresa debe construir para su uso exclusivo. Pero eso no pasa.
“Como empresa, estamos fundidos. Nos llegan boletas de gas de hasta $600.000. Es imposible el secado del langostino que pretenden. Hay que tirar las cáscaras para que se sequen solas y después enterrarlas. De hecho, los camiones no las están volcando en las cavas sino afuera porque esos fosos están mal hechos y hubo derrumbes. Se optó porque los vehículos no se acerquen para evitar que se encajen”, manifestó Mario Domenez, uno de los titulares de la fábrica de harina.
De esta manera, el empresario reconoció que no cumple con el proceso pactado para manejar los desechos, pese a que por el traslado, secado y transporte de los restos hasta al lugar, les cobra una suma de dinero las firmas pesqueras.
“Intimamos a la firma (fábrica de harina) a cumplir con el procedimiento pactado en un acta rubricada el 17 de abril del 2018, por una nota que entregamos el jueves. La inspección dio cuenta del estado en el que se encuentra el lugar la semana pasada. Allí vimos que no se respetan los pasos pactados”, manifestó el director de medio ambiente municipal Sergio Pérez, que asumió a fines de febrero, tras una larga acefalía de esa cartera.
El acuerdo al que alude Pérez se llevó adelante para regular el manejo de los residuos de langostinos, una especie de alto valor comercial que comenzó a capturarse en el Golfo San Matías en 2015. Esa regulación fue ordenada por la Justicia, tras la presentación de un recurso de amparo (Ver Recuadro).
Lo que se definió fue que los restos de crustáceos deben arrojarse, previo secado, en las cavas que para tal fin se abrieron en un campo ubicado a 18 kilómetros. En ellas no deben tirarse desechos líquidos, para que el proceso de degradación se realice de manera adecuada. Los fosos tienen tres metros de profundidad, 4 de ancho y 100 metros de largo. Las primeras zanjas las construyó la Provincia y ahora cada empresa pesquera debe abrir las suyas a medida que se completen y cierren. Luego, se les coloca tubos para el venteo de los gases.
Estamos fundidos. Nos llegan boletas de gas de hasta 600.000 pesos. Es imposible el secado del langostino que pretenden”.
Mario Domenez, uno de los titulares de la fábrica de harina.
Las zanjas las efectúa Carlos “Ajo” Gómez, conocido militante radical, que asegura que ganó un concurso de precios de la Provincia. Cada empresa pagaba $250.000 y ahora abona cerca de $300.000 para su construcción. Hasta septiembre de 2018, se aseguraba que su acondicionamiento estaba supervisado por el área de ambiente de provincia. Ahora, se desconoce si se controla.
Intervención de la Justicia y las cosas que no mejoraron
La polémica por el manejo inadecuado de los restos de crustáceos comenzó en 2017, cuando un grupo de vecinos, alertados por los olores nauseabundos, descubrieron que detrás del cerro Banderita existía un basural a cielo abierto de desechos de langostinos.
Eso motivó la presentación de un recurso de amparo ambiental en el Juzgado Civil, Comercial, de Minería, Sucesiones y Familia N° 9 de San Antonio Oeste a cargo de la jueza Vanessa Kozaczuk.
La jueza, en su momento, citó a las empresas pesqueras, la fábrica de harina de pescado, las autoridades provinciales y municipales para convenir una serie de medidas. Entre ellas, el saneamiento del Cerro, la elección de un nuevo sitio para llevar los restos y ordenó que se arbitre un método adecuado de descarte.
En octubre de 2018, se homologó el acuerdo alcanzado y se fijaron los roles que los distintos organismos estatales y empresas privadas deberían cumplir para el cuidado del medio ambiente.
En su sentencia, la magistrada definió que la autoridad máxima de aplicación de todos estos resguardos fuese “la Subsecretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia, bajo apercibimiento de ley”. También habilitó la posibilidad de que participe a modo de contralor “la Defensoría del Pueblo Municipal”.
Hoy, a 7 meses de la homologación, el estado del predio da cuenta que esos pasos convenidos no se cumplen.
El campo, en la mira. Propiedad de Urcera
El acuerdo para la utilización del campo al que actualmente son destinados los desechos para su disposición final vence en noviembre, y hasta ahora, sólo existe una prórroga posible hasta enero de 2020.
Ese espacio de 5 hectáreas, a 18 km de San Antonio por Ruta 2, es propiedad de la familia Urcera y fue cedido en comodato al municipio.
Sin embargo, el acuerdo para su utilización (que consta de 9 cláusulas) fue rubricado bajo la firma TCB del empresario y padre del corredor de TC “Manu” Urcera.
Sobre la posible extensión del comodato, o su eventual caída, Sergio Pérez, director de medio ambiente municipal dijo que “hasta ahora desconozco si los Urcera querrán renovar el acuerdo. Supongo que el intendente Luis Ojeda (FPV) se volverá a contactar en breve para resolver. De no efectuarse se complicaría conseguir otro espacio” reconoció Pérez.
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Fecha de Publicación: 12/04/2019
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro
El predio al que se llevan los residuos de los crustáceos, en San Antonio Oeste, está en pésimo estado. La justicia intervino hace meses para distribuir roles entre las pesqueras, la fábrica de harina de pescado y las autoridades pero no se respeta.
Olores nauseabundos. Montañas de desechos acumulados al borde de las fosas dispuestas para su disposición final. Lo que sólo deberían ser cuerpos de crustáceos secos son restos de pescado y líquidos mezclados. Ése es el panorama actual en el campo ubicado a 18 km de San Antonio Oeste, por Ruta 2, al que se traslada el descarte de langostinos.
Allí, hasta septiembre del año pasado, el panorama era ordenando. Pero actualmente, la realidad es otra. No se cumple el acuerdo que se selló entre las empresas pesqueras, la fábrica de harina de pescado y las autoridades provinciales y municipales. Y, a lo largo de estos meses, se evidencia que nadie controló que ese procedimiento se llevara adelante de acuerdo a lo previsto.
La principal falla parece provenir de la fábrica de harina, que es la encargada de enviar camiones para retirar de las pesqueras los restos de crustáceos. Desde allí, debe trasladarlos a sus instalaciones y secarlos en sus hornos para que se deshidraten. Luego, llevarlos al predio citado y disponerlos en las fosas que cada empresa debe construir para su uso exclusivo. Pero eso no pasa.
“Como empresa, estamos fundidos. Nos llegan boletas de gas de hasta $600.000. Es imposible el secado del langostino que pretenden. Hay que tirar las cáscaras para que se sequen solas y después enterrarlas. De hecho, los camiones no las están volcando en las cavas sino afuera porque esos fosos están mal hechos y hubo derrumbes. Se optó porque los vehículos no se acerquen para evitar que se encajen”, manifestó Mario Domenez, uno de los titulares de la fábrica de harina.
De esta manera, el empresario reconoció que no cumple con el proceso pactado para manejar los desechos, pese a que por el traslado, secado y transporte de los restos hasta al lugar, les cobra una suma de dinero las firmas pesqueras.
“Intimamos a la firma (fábrica de harina) a cumplir con el procedimiento pactado en un acta rubricada el 17 de abril del 2018, por una nota que entregamos el jueves. La inspección dio cuenta del estado en el que se encuentra el lugar la semana pasada. Allí vimos que no se respetan los pasos pactados”, manifestó el director de medio ambiente municipal Sergio Pérez, que asumió a fines de febrero, tras una larga acefalía de esa cartera.
El acuerdo al que alude Pérez se llevó adelante para regular el manejo de los residuos de langostinos, una especie de alto valor comercial que comenzó a capturarse en el Golfo San Matías en 2015. Esa regulación fue ordenada por la Justicia, tras la presentación de un recurso de amparo (Ver Recuadro).
Lo que se definió fue que los restos de crustáceos deben arrojarse, previo secado, en las cavas que para tal fin se abrieron en un campo ubicado a 18 kilómetros. En ellas no deben tirarse desechos líquidos, para que el proceso de degradación se realice de manera adecuada. Los fosos tienen tres metros de profundidad, 4 de ancho y 100 metros de largo. Las primeras zanjas las construyó la Provincia y ahora cada empresa pesquera debe abrir las suyas a medida que se completen y cierren. Luego, se les coloca tubos para el venteo de los gases.
Estamos fundidos. Nos llegan boletas de gas de hasta 600.000 pesos. Es imposible el secado del langostino que pretenden”.
Mario Domenez, uno de los titulares de la fábrica de harina.
Las zanjas las efectúa Carlos “Ajo” Gómez, conocido militante radical, que asegura que ganó un concurso de precios de la Provincia. Cada empresa pagaba $250.000 y ahora abona cerca de $300.000 para su construcción. Hasta septiembre de 2018, se aseguraba que su acondicionamiento estaba supervisado por el área de ambiente de provincia. Ahora, se desconoce si se controla.
Intervención de la Justicia y las cosas que no mejoraron
La polémica por el manejo inadecuado de los restos de crustáceos comenzó en 2017, cuando un grupo de vecinos, alertados por los olores nauseabundos, descubrieron que detrás del cerro Banderita existía un basural a cielo abierto de desechos de langostinos.
Eso motivó la presentación de un recurso de amparo ambiental en el Juzgado Civil, Comercial, de Minería, Sucesiones y Familia N° 9 de San Antonio Oeste a cargo de la jueza Vanessa Kozaczuk.
La jueza, en su momento, citó a las empresas pesqueras, la fábrica de harina de pescado, las autoridades provinciales y municipales para convenir una serie de medidas. Entre ellas, el saneamiento del Cerro, la elección de un nuevo sitio para llevar los restos y ordenó que se arbitre un método adecuado de descarte.
En octubre de 2018, se homologó el acuerdo alcanzado y se fijaron los roles que los distintos organismos estatales y empresas privadas deberían cumplir para el cuidado del medio ambiente.
En su sentencia, la magistrada definió que la autoridad máxima de aplicación de todos estos resguardos fuese “la Subsecretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia, bajo apercibimiento de ley”. También habilitó la posibilidad de que participe a modo de contralor “la Defensoría del Pueblo Municipal”.
Hoy, a 7 meses de la homologación, el estado del predio da cuenta que esos pasos convenidos no se cumplen.
El campo, en la mira. Propiedad de Urcera
El acuerdo para la utilización del campo al que actualmente son destinados los desechos para su disposición final vence en noviembre, y hasta ahora, sólo existe una prórroga posible hasta enero de 2020.
Ese espacio de 5 hectáreas, a 18 km de San Antonio por Ruta 2, es propiedad de la familia Urcera y fue cedido en comodato al municipio.
Sin embargo, el acuerdo para su utilización (que consta de 9 cláusulas) fue rubricado bajo la firma TCB del empresario y padre del corredor de TC “Manu” Urcera.
Sobre la posible extensión del comodato, o su eventual caída, Sergio Pérez, director de medio ambiente municipal dijo que “hasta ahora desconozco si los Urcera querrán renovar el acuerdo. Supongo que el intendente Luis Ojeda (FPV) se volverá a contactar en breve para resolver. De no efectuarse se complicaría conseguir otro espacio” reconoció Pérez.
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Avances en la causa contra la empresa Treater
Investigan contaminación de subsuelo por los desechos del fracking en Añelo
Fecha de Publicación: 08/04/2019
Fuente: El Patagónico
Provincia/Región: Neuquén
El viernes la fiscalía allanó nuevamente la empresa Treater y realizó un estudio "tricapa". Se trata de establecer su hubo derrames al subsuelo desde las piletas donde se depositan los desechos del fracking.
La fiscalía de Delitos Ambientales y Leyes Especiales autorizó a peritos de un laboratorio para que tomen muestras de suelo en la sede de una empresa de servicio petroleros Treater S.A de Añelo que fue denunciada por supuesta contaminación.
El estudio consiste en un estudio “tricapa” que toma estratos de subsuelo a diferentes profundidades para determinar si hubo filtraciones de las piletas donde las empresas depositan los desechos que se producen en la extracción hidrocarburífera de Vaca Muerta.
La medida se realizó el viernes pasado. Por parte de la fiscalía participó el asistente letrado Luciano Vidal, junto a los integrantes de la fiscalía y los peritos del Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial y de un laboratorio que fue contratado para analizar las muestras. Ingresaron el viernes a las 10 de la mañana al predio de la empresa ubicado en la localidad de Añelo, a tres kilómetros de los barrios de la meseta, y durante el procedimiento estuvieron presentes representantes legales de la firma.
Este operativo se realizó mediante un allanamiento impulsado desde la fiscalía especializada, el cual fue autorizado por la jueza de Garantías Ana Malvido. Se extendió hasta horas de la tarde. Desde el Ministerio Público Fiscal detallaron que en las próximas semanas, el laboratorio entregará los resultados de los análisis y allí se definirán los próximos pasos a seguir.
La investigación del caso está a cargo del fiscal jefe Maximiliano Breide Obeid, junto a los integrantes de la fiscalía de Delitos Especiales.
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Fecha de Publicación: 08/04/2019
Fuente: El Patagónico
Provincia/Región: Neuquén
El viernes la fiscalía allanó nuevamente la empresa Treater y realizó un estudio "tricapa". Se trata de establecer su hubo derrames al subsuelo desde las piletas donde se depositan los desechos del fracking.
La fiscalía de Delitos Ambientales y Leyes Especiales autorizó a peritos de un laboratorio para que tomen muestras de suelo en la sede de una empresa de servicio petroleros Treater S.A de Añelo que fue denunciada por supuesta contaminación.
El estudio consiste en un estudio “tricapa” que toma estratos de subsuelo a diferentes profundidades para determinar si hubo filtraciones de las piletas donde las empresas depositan los desechos que se producen en la extracción hidrocarburífera de Vaca Muerta.
La medida se realizó el viernes pasado. Por parte de la fiscalía participó el asistente letrado Luciano Vidal, junto a los integrantes de la fiscalía y los peritos del Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial y de un laboratorio que fue contratado para analizar las muestras. Ingresaron el viernes a las 10 de la mañana al predio de la empresa ubicado en la localidad de Añelo, a tres kilómetros de los barrios de la meseta, y durante el procedimiento estuvieron presentes representantes legales de la firma.
Este operativo se realizó mediante un allanamiento impulsado desde la fiscalía especializada, el cual fue autorizado por la jueza de Garantías Ana Malvido. Se extendió hasta horas de la tarde. Desde el Ministerio Público Fiscal detallaron que en las próximas semanas, el laboratorio entregará los resultados de los análisis y allí se definirán los próximos pasos a seguir.
La investigación del caso está a cargo del fiscal jefe Maximiliano Breide Obeid, junto a los integrantes de la fiscalía de Delitos Especiales.
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Río Grande: toman muestras para analizar la contaminación
Contaminación en el río Grande: “El Municipio contrató al mejor laboratorio de Argentina para que tome muestras y las analice”
Fecha de Publicación: 04/04/2019
Fuente: Sur 54
Provincia/Región: Tierra del Fuego
El Municipio de Río Grande a través de la Secretaria Obras y Servicios Públicos en un trabajo mancomunado con personal de la Prefectura Naval con asiento en la ciudad realizaron tomas de muestras del mar y del rio para ser analizadas y descartar las versiones de contaminación en agua.
En este sentido, la titular de la mencionada cartera, Gabriela Castillo explicó los motivos de los trabajos: “La Provincia a través de la Secretaria de Medio ambiente realizó un sumario administrativo al Municipio de Río Grande porque entiende que el vuelco de los efluentes estaría pasado de parámetros y esto es una relación directa con que habría contaminación supuestamente del mar y del río”.
La secretaria de Obras Públicas además agregó que “por otro lado hay denuncias que ha hecho en la justicia la DPOSS donde señalan que el Municipio estaría infringiendo las normas ambientales a causa de esta situación que mencioné anteriormente”.
Por todo lo expuesto, la secretaria Castillo indicó que: “el Municipio entiende técnicamente que no hay que analizar el vuelco, sino que hay que analizar y saber cuál es la incidencia en la masa de agua, es decir en ese volumen de agua y en el sedimento”, explicó.
“Esto que estamos planteando acá es la misma lógica que usa la DPOSS para analizar los vuelcos en la ciudad de Ushuaia”, reveló la secretaria, y criticó que “solo que para Río Grande ponen énfasis en la salida, y no en la masa de agua”.
En relación a los análisis de la calidad del agua, la secretaria subrayó que “si bien se nos planteó que debíamos pedir autorización a Recursos Hídricos para hacer estos estudios, y donde ellos afirman que es una responsabilidad de ellos el control de la calidad del agua, nosotros luego de pedir autorización, vamos a analizar al agua y demostrar que no estamos dañando el medio ambiente”.
“Para eso, el Municipio ha contratado al mejor laboratorio de la Argentina para que venga, realice las muestras, haga el análisis, y determine si hay impacto o no en el medio ambiente”, disparó Castillo.
Al respecto, Castillo destacó el trabajo que se realizó con los efectivos de la Prefectura, hemos estado trabajando desde día martes, hemos estado embarcados en lanchas de la Prefectura y agradecemos por su colaboración.
En relación a los lugares donde se han tomado muestras, Castillo detalló que “se han tomado muestras en distintos puntos, que son la salida de los caños de efluentes ubicados en las colectoras máxima norte y planta de tratamientos de la Margen Sur, más puntos ciegos, uno cerca de cabo Peñas, otro en el Río cerca del puente, y otros puntos más de la costa de la ciudad”.
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Fecha de Publicación: 04/04/2019
Fuente: Sur 54
Provincia/Región: Tierra del Fuego
El Municipio de Río Grande a través de la Secretaria Obras y Servicios Públicos en un trabajo mancomunado con personal de la Prefectura Naval con asiento en la ciudad realizaron tomas de muestras del mar y del rio para ser analizadas y descartar las versiones de contaminación en agua.
En este sentido, la titular de la mencionada cartera, Gabriela Castillo explicó los motivos de los trabajos: “La Provincia a través de la Secretaria de Medio ambiente realizó un sumario administrativo al Municipio de Río Grande porque entiende que el vuelco de los efluentes estaría pasado de parámetros y esto es una relación directa con que habría contaminación supuestamente del mar y del río”.
La secretaria de Obras Públicas además agregó que “por otro lado hay denuncias que ha hecho en la justicia la DPOSS donde señalan que el Municipio estaría infringiendo las normas ambientales a causa de esta situación que mencioné anteriormente”.
Por todo lo expuesto, la secretaria Castillo indicó que: “el Municipio entiende técnicamente que no hay que analizar el vuelco, sino que hay que analizar y saber cuál es la incidencia en la masa de agua, es decir en ese volumen de agua y en el sedimento”, explicó.
“Esto que estamos planteando acá es la misma lógica que usa la DPOSS para analizar los vuelcos en la ciudad de Ushuaia”, reveló la secretaria, y criticó que “solo que para Río Grande ponen énfasis en la salida, y no en la masa de agua”.
En relación a los análisis de la calidad del agua, la secretaria subrayó que “si bien se nos planteó que debíamos pedir autorización a Recursos Hídricos para hacer estos estudios, y donde ellos afirman que es una responsabilidad de ellos el control de la calidad del agua, nosotros luego de pedir autorización, vamos a analizar al agua y demostrar que no estamos dañando el medio ambiente”.
“Para eso, el Municipio ha contratado al mejor laboratorio de la Argentina para que venga, realice las muestras, haga el análisis, y determine si hay impacto o no en el medio ambiente”, disparó Castillo.
Al respecto, Castillo destacó el trabajo que se realizó con los efectivos de la Prefectura, hemos estado trabajando desde día martes, hemos estado embarcados en lanchas de la Prefectura y agradecemos por su colaboración.
En relación a los lugares donde se han tomado muestras, Castillo detalló que “se han tomado muestras en distintos puntos, que son la salida de los caños de efluentes ubicados en las colectoras máxima norte y planta de tratamientos de la Margen Sur, más puntos ciegos, uno cerca de cabo Peñas, otro en el Río cerca del puente, y otros puntos más de la costa de la ciudad”.
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Catamarca también sufre la lluvia de agroquímicos
Catamarca: “Están fumigando sobre las escuelas”
Fecha de Publicación: 04/04/2019
Fuente: Canal Abierto
Provincia/Región: Catamarca
La provincia tiene una ley, que no se respeta, que impide fumigar cerca de zonas pobladas y crecen los casos de enfermedades asociadas a los agrotóxicos. La asamblea vecinal que logró frenar los desmontes en Santa Rosa filmó las avionetas fumigando sobre el pueblo.
Desde hace 15 años en el departamento de Santa Rosa, Catamarca, con el avance de los cultivos de soja y trigo en la zona avanzó también el desmonte. Y con él las inundaciones, y las fumigaciones.
Desde el Ministerio de Producción provincial anunciaron controles y convenios, pero nada pasó. Hartos de la situación, los vecinos se organizaron y filmaron las avionetas fumigando sobre los pueblos, que rondan los 10 mil habitantes.
“Las fumigaciones constantes sobre las viviendas y las escuelas en forma aérea y también en forma terrestre, a 5 o 6 metros de las escuelas y las casas, han generado que mucha gente se vea a afectada con problemas como la tiroides, cáncer en la piel y una serie de flagelos que están muy relacionados a los agroquímicos”, explica Federico Mercado, miembro de la Asamblea Vecinal por el Medio Ambiente y la Vida, en diálogo con Canal Abierto.
La ley que existe en la provincia data de 1989, pero hasta el momento no ha tenido aplicación efectiva. En ella se establece que no se puede fumigar a una distancia menor de 1500 metros de las zonas pobladas y de los cursos de agua.
“Nosotros lo venimos denunciando. Como asamblea, nos hemos constituido recién a mediados del año pasado, hemos logrado frenar el desmonte y lo que hasta el momento no podemos lograr es que desde el gobierno provincial se haga cumplir la ley de agroquímicos existente en nuestra provincia”, agrega Mercado.
El órgano responsable de hacerla cumplir es el Ministerio de Producción a través de la Secretaría de Agricultura, a donde los vecinos llevaron los reclamos en forma de notas. Como respuesta, el Estado provincial firmó un convenio con los municipios de la zona. “Nosotros nos llegamos a los municipios y ellos nos dicen que los técnicos de la provincia han venido pero no han realizado ningún tipo de inscripción. Así que seguimos en la misma, las fumigaciones continúan y en el día de ayer subimos un video de lo que sucedió, cuando está fumigando arriba de las escuelas”, resume el vecino.
Santa Rosa está en el límite entre Catamarca, Santiago del Estero y Tucumán, y como allí no hay pistas de aterrizaje, mayormente las empresas de fumigación despegan desde territorio tucumano. Pero el problema es más grande, porque las empresas agrícolas instaladas de la zona son de Córdoba, de Buenos Aires, y en muchos casos están arrendadas a las multinacionales Dow y Monsanto.
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San Juan tiene equipamiento para medir la calidad del aire
Una máquina para medir la calidad del aire
Fecha de Publicación: 01/04/2019
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: San Juan
Ayer la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable recibió la primera Estación de Monitoreo de Calidad de Aire de la Argentina, y la segunda en Sudamérica. Está equipada para medir algunos parámetros de calidad de aire como monóxido de carbono, óxidos nitrógenos, ozono, parámetros meteorológicos como dirección del viento, humedad y radiación solar entre otros.
Como se trata de una estación compacta transportable tendrá la capacidad para realizar monitoreos en distintos puntos de la provincia y poder elaborar una base de datos.
Esta estación se encuentra equipada con un modem celular, con un chip, y una vez instalada en un lugar, debe ser calibrada y automáticamente, a través de un software comienza a arrojar resultados de los parámetros que serán analizados en instalaciones del Observatorio Ambiental San Juan.
Desde ayer, un grupo de trabajadores de la Secretaría de Ambiente comenzó a capacitarse sobre el manejo de este nuevo equipo.
Con la creación y puesta en funcionamiento del Observatorio Ambiental San Juan, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable busca tomar conocimiento del estado de todos los aspectos ambientales de la provincia, para su correcta gestión y desarrollo de líneas de análisis e investigación que permitan implementar planes de mejora en distintos campos. El mismo estará conformado por un Centro de Monitoreo en el que habrá un área interinstitucional y se trabajará con un proyecto técnico y científico con equipamiento de telemetría, construcción de estadísticas e indicadores sobre contaminación del suelo, el aire, el agua y la biodiversidad.
Durante este año, los avances en el Observatorio Ambiental fueron notables, finalizó la construcción del mismo y se comenzó a trabajar en el equipamiento de la Sala de Monitoreo. La Sala contará con 15 estaciones de trabajo, totalmente equipadas, a través de las que se podrá acceder a una red para obtener o ingresar información, además contará con dos videowall.
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Fecha de Publicación: 01/04/2019
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: San Juan
Ayer la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable recibió la primera Estación de Monitoreo de Calidad de Aire de la Argentina, y la segunda en Sudamérica. Está equipada para medir algunos parámetros de calidad de aire como monóxido de carbono, óxidos nitrógenos, ozono, parámetros meteorológicos como dirección del viento, humedad y radiación solar entre otros.
Como se trata de una estación compacta transportable tendrá la capacidad para realizar monitoreos en distintos puntos de la provincia y poder elaborar una base de datos.
Esta estación se encuentra equipada con un modem celular, con un chip, y una vez instalada en un lugar, debe ser calibrada y automáticamente, a través de un software comienza a arrojar resultados de los parámetros que serán analizados en instalaciones del Observatorio Ambiental San Juan.
Desde ayer, un grupo de trabajadores de la Secretaría de Ambiente comenzó a capacitarse sobre el manejo de este nuevo equipo.
Con la creación y puesta en funcionamiento del Observatorio Ambiental San Juan, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable busca tomar conocimiento del estado de todos los aspectos ambientales de la provincia, para su correcta gestión y desarrollo de líneas de análisis e investigación que permitan implementar planes de mejora en distintos campos. El mismo estará conformado por un Centro de Monitoreo en el que habrá un área interinstitucional y se trabajará con un proyecto técnico y científico con equipamiento de telemetría, construcción de estadísticas e indicadores sobre contaminación del suelo, el aire, el agua y la biodiversidad.
Durante este año, los avances en el Observatorio Ambiental fueron notables, finalizó la construcción del mismo y se comenzó a trabajar en el equipamiento de la Sala de Monitoreo. La Sala contará con 15 estaciones de trabajo, totalmente equipadas, a través de las que se podrá acceder a una red para obtener o ingresar información, además contará con dos videowall.
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Chubut: desmanejo de agroquímicos genera acciones
Animales muertos: Municipio intensifica controles en chacras y comercios por el uso de agroquímicos
Fecha de Publicación: 30/03/2019
Fuente: El Chubut
Provincia/Región: Chubut
La Municipalidad de Trelew intensificará desde hoy los controles en comercios y chacras para supervisar el uso y fraccionamiento de agroquímicos.
Cobra cada vez más fuerza la hipótesis de que el mal uso de estos elementos pudo haber provocado las muertes de los peces y nutrias hallados en el canal de drenaje en las chacras. Entre mañana y el miércoles se sabrán los resultados de los estudios de las muestras de agua recabadas en el lugar.
En el Municipio no descartan que algún chacarero pueda haber tenido la mala costumbre de lavar equipos con agroquímicos en los canales. Más allá de los resultados que arrojen los análisis, sospechan que hay productores que podrían estar incurriendo en estas prácticas ilegales.
A partir de hoy, inspectores municipales visitarán las chacras y los comercios locales que se dedican a la venta de estos productos. Las observaciones apuntarán a la metodología que emplean para trabajar y las certificaciones de profesionales que avalan el uso de estos pesticidas.
Los agroquímicos sólo pueden ser utilizados bajo la estricta supervisión de profesionales, según las disposiciones vigentes. Tampoco los comerciantes pueden fraccionar estos productos por su cuenta, sino que deben hacerlo los ingenieros agrónomos.
En el Municipio asumen que es muy difícil identificar a los responsables del mal uso de agroquímicos. La única forma de aplicar sanciones es que los inspectores descubran in fraganti a los culpables. Tampoco descartan que el flujo contaminante pueda haber llegado desde Gaiman. La forma de revertir este problema es con una campaña de concientización, dijeron desde el Municipio.
Desde que el viernes el chacarero Dante Morley alertó sobre los animales muertos en el canal de drenaje, a pocos metros de la Planta Potabilizadora, autoridades provinciales y de la compañía de riego tejieron otras hipótesis al margen del mal uso de los agroquímicos.
Para Morley, quien descubrió el fenómeno, no caben muchas dudas de que este fenómeno nunca antes visto es consecuencia de la presencia de agroquímicos. Reparó en que hay productores que «lavan las mochilas en el canal de riego» luego de fumigar, una práctica que está prohibida.
El ministro de Ambiente, Eduardo Arzani, fue más precavido y, aunque no descartó que pueda haber agroquímicos, recordó que ya hubo fenómenos similares causados por la excesiva presencia de algas que hicieron que faltara oxígeno, lo que provocó la muerte de algunas especies.
Por último, el gerente de la compañía de riego, Adrián Contreras, indicó que no hay que pasar por alto que estos animales muertos aparecieron luego de las intensas lluvias, que pudieron haber modificado la salinidad del agua causando las muertes.
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Fecha de Publicación: 30/03/2019
Fuente: El Chubut
Provincia/Región: Chubut
La Municipalidad de Trelew intensificará desde hoy los controles en comercios y chacras para supervisar el uso y fraccionamiento de agroquímicos.
Cobra cada vez más fuerza la hipótesis de que el mal uso de estos elementos pudo haber provocado las muertes de los peces y nutrias hallados en el canal de drenaje en las chacras. Entre mañana y el miércoles se sabrán los resultados de los estudios de las muestras de agua recabadas en el lugar.
En el Municipio no descartan que algún chacarero pueda haber tenido la mala costumbre de lavar equipos con agroquímicos en los canales. Más allá de los resultados que arrojen los análisis, sospechan que hay productores que podrían estar incurriendo en estas prácticas ilegales.
A partir de hoy, inspectores municipales visitarán las chacras y los comercios locales que se dedican a la venta de estos productos. Las observaciones apuntarán a la metodología que emplean para trabajar y las certificaciones de profesionales que avalan el uso de estos pesticidas.
Los agroquímicos sólo pueden ser utilizados bajo la estricta supervisión de profesionales, según las disposiciones vigentes. Tampoco los comerciantes pueden fraccionar estos productos por su cuenta, sino que deben hacerlo los ingenieros agrónomos.
En el Municipio asumen que es muy difícil identificar a los responsables del mal uso de agroquímicos. La única forma de aplicar sanciones es que los inspectores descubran in fraganti a los culpables. Tampoco descartan que el flujo contaminante pueda haber llegado desde Gaiman. La forma de revertir este problema es con una campaña de concientización, dijeron desde el Municipio.
Desde que el viernes el chacarero Dante Morley alertó sobre los animales muertos en el canal de drenaje, a pocos metros de la Planta Potabilizadora, autoridades provinciales y de la compañía de riego tejieron otras hipótesis al margen del mal uso de los agroquímicos.
Para Morley, quien descubrió el fenómeno, no caben muchas dudas de que este fenómeno nunca antes visto es consecuencia de la presencia de agroquímicos. Reparó en que hay productores que «lavan las mochilas en el canal de riego» luego de fumigar, una práctica que está prohibida.
El ministro de Ambiente, Eduardo Arzani, fue más precavido y, aunque no descartó que pueda haber agroquímicos, recordó que ya hubo fenómenos similares causados por la excesiva presencia de algas que hicieron que faltara oxígeno, lo que provocó la muerte de algunas especies.
Por último, el gerente de la compañía de riego, Adrián Contreras, indicó que no hay que pasar por alto que estos animales muertos aparecieron luego de las intensas lluvias, que pudieron haber modificado la salinidad del agua causando las muertes.
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Vuelven a inspeccionar ingenios azucareros tucumanos
Inspeccionan ingenios azucareros de Tucumán para evitar contaminación en la cuenca Salí-Dulce
Fecha de Publicación: 27/03/2019
Fuente: Grupo La Provincia
Provincia/Región: Tucumán
Técnicos de la Defensoría del Pueblo de Santiago del Estero iniciaron hoy tareas de inspección en diez ingenios azucareros de Tucumán para controlar los afluentes industriales que suelen contaminar la cuenca de los ríos Salí y Dulce, informaron fuentes oficiales.
Se trata de una tarea conjunta del Ministerio del Agua y Ambiente, la Secretaría de Ambiente de Tucumán y la Secretaría de Ambiente de la Nación, en cumplimiento de un acuerdo rubricado entre los gobiernos de Santiago del Estero, Tucumán y la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como garante.
Tras las inspecciones que demandarán dos días, se redactará un informe trimestral sobre el grado de adecuación de metas y objetivos en la ejecución de obras y control de efluentes industriales y subproductos de los ingenios con destilería para no alterar ni contaminar el agua de la cuenca Salí (Tucumán) y Dulce (Santiago del Estero).
"Las inspecciones tienen por objetivo verificar el cumplimiento de obras y control de efluentes y desechos industriales, en especial la vinaza, que tanto daño produjo en su momento con la mortandad de peces en el río Dulce y el embalse de Río Hondo, hoy recuperados", dijo el Defensor del Pueblo santiagueño, Leonel Suárez.
Tiempo atrás, el fiscal de Estado de Santiago del Estero, Raúl Abate, denunció la aparición de nuevos focos de contaminación en la cuenca Salí-Dulce que desemboca en el lago de Las Termas de Río Hondo, 78 kilómetros al norte de la capital santiagueña, al parecer por residuos arrojados por ingenios tucumanos.
El año pasado, distintas organizaciones ambientalistas volvieron a reclamar por nuevas contaminaciones con desechos industriales de Tucumán, en el lago de Las Termas de Río Hondo, que provocaron la mortandad de miles de peces, entre especies de sábalos, dorados y bagres.
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Fecha de Publicación: 27/03/2019
Fuente: Grupo La Provincia
Provincia/Región: Tucumán
Técnicos de la Defensoría del Pueblo de Santiago del Estero iniciaron hoy tareas de inspección en diez ingenios azucareros de Tucumán para controlar los afluentes industriales que suelen contaminar la cuenca de los ríos Salí y Dulce, informaron fuentes oficiales.
Se trata de una tarea conjunta del Ministerio del Agua y Ambiente, la Secretaría de Ambiente de Tucumán y la Secretaría de Ambiente de la Nación, en cumplimiento de un acuerdo rubricado entre los gobiernos de Santiago del Estero, Tucumán y la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como garante.
Tras las inspecciones que demandarán dos días, se redactará un informe trimestral sobre el grado de adecuación de metas y objetivos en la ejecución de obras y control de efluentes industriales y subproductos de los ingenios con destilería para no alterar ni contaminar el agua de la cuenca Salí (Tucumán) y Dulce (Santiago del Estero).
"Las inspecciones tienen por objetivo verificar el cumplimiento de obras y control de efluentes y desechos industriales, en especial la vinaza, que tanto daño produjo en su momento con la mortandad de peces en el río Dulce y el embalse de Río Hondo, hoy recuperados", dijo el Defensor del Pueblo santiagueño, Leonel Suárez.
Tiempo atrás, el fiscal de Estado de Santiago del Estero, Raúl Abate, denunció la aparición de nuevos focos de contaminación en la cuenca Salí-Dulce que desemboca en el lago de Las Termas de Río Hondo, 78 kilómetros al norte de la capital santiagueña, al parecer por residuos arrojados por ingenios tucumanos.
El año pasado, distintas organizaciones ambientalistas volvieron a reclamar por nuevas contaminaciones con desechos industriales de Tucumán, en el lago de Las Termas de Río Hondo, que provocaron la mortandad de miles de peces, entre especies de sábalos, dorados y bagres.
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Capital Federal es la octava ciudad más ruidosa del mundo
La ciudad de la furia
Fecha de Publicación: 26/03/2019
Fuente: Página/12
Provincia/Región: CABA
La consultora ambiental CitiQuiet, de Nueva York, la ubicó entre las diez metrópolis con mayor nivel de ruido. Gran parte de la ciudad tiene casi 80 decibeles durante el día.
Buenos Aires es la octava ciudad más ruidosa del mundo. El dato se desprende de un estudio reciente de la consultora ambiental CitiQuiet, con sede en Nueva York. Además, es la única ciudad de América Latina que integra el ranking de las diez ciudades más ruidosas y que completan Bombay, Calcuta, El Cairo, Nueva Delhi, Tokio, Madrid, Nueva York, Shanghai y Karachi.
El caos vehicular, las permanentes obras en construcción, los cortes de calles y el ruido de bares y boliches convierten a Buenos Aires en la verdadera ciudad de la furia. Para la Organización Mundial de la Salud (OMS), los sonidos que superan los 70 decibeles son considerados molestos mientras que aquellos que están por encima de los 90 decibeles son dañinos, sobre todo si se trata de una exposición a largo plazo como ocurre, por ejemplo, entre aquellos que viven en las zonas cercanas a autopistas o los trabajadores del subte. Además, esa organización establece como “deseable” los 50 decibeles y recomienda no estar expuesto a más de 55 decibeles durante la noche ya que puede dañar la salud.
“La contaminación sonora impacta en la capacidad auditiva, pero también tiene consecuencias sobre la salud en otros niveles como el aumento del estrés, aumento de la presión arterial, fatiga crónica, trastornos del sueño y alteraciones respiratorias, entre otros”, dijo Eduardo Hocsman, médico otólogo de la Fundación Favaloro y jefe del sector de otología del Hospital de Clínicas José de San Martín. Además, subrayó que “aunque los pacientes suelen decir que sí, el oído nunca se acostumbra al ruido”.
En la Ciudad de Buenos Aires, la presión sonora está regulada por la Ley 1540 de Control de la Contaminación Acústica, que clasifica a las distintas áreas de la ciudad según su sensibilidad acústica y establece rangos de entre 60 y 80 decibeles para el horario diurno y de entre 50 y 75, para el nocturno. Sin embargo, el Mapa del Ruido elaborado por el gobierno porteño muestra que gran parte de la ciudad se mantiene cerca de los 80 decibeles durante el día y que las diferencias entre los valores del día y la noche, mayoritariamente, no superan los 5 decibeles. Consultados por PáginaI12, desde la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad reconocieron “la superación de los límites máximos permisibles en un importante porcentaje de la ciudad” pero señalan que “en el momento en el que la ley fue reglamentada no existía un diagnóstico sobre la situación sonora de la ciudad, razón por la que los límites fueron establecidos de manera arbitraria”. Como es de esperar, las zonas con mayor caudal de tránsito son las más ruidosas y es por esto que desde dicho organismo aseguran que no se puede identificar barrios o comunas particularmente ruidosas sino “ejes viales con importantes emisiones sonoras”, como la avenida Corrientes o la General Paz.
Por su parte, según un estudio realizado por la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Palermo junto con el Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires, entre los puntos más ruidosos de la ciudad se destacan las intersecciones de la avenida 9 de Julio y Corrientes (76,18 db), Rivadavia y Callao (71,55 db), y Cabildo y Juramento (72,54 db). Estos resultados superan incluso las mediciones realizadas en las cercanías del Aeroparque Metropolitano, donde los resultados fueron de 69,45 db. El panorama es realmente ensordecedor.
“Si a todo ese ruido cotidiano, le sumamos el ruido de los boliches –que suelen estar entre 90 y 100 decibeles– y el permanente uso de auriculares, estamos viendo cada vez más jóvenes con oídos de viejos. Hoy vemos pacientes de 25 años con la audición de uno de 70”, contó Hocsman.
“Buenos Aires es una ciudad superruidosa. Toda la ciudad es una conjunción de situaciones de ruido permanente y esto tiene que ver con una combinación de factores: parques automotores que emiten mucho ruido y no están en condiciones, calles que no mejoran el tránsito, edificios que no están preparados para absorber el impacto sonoro, sistemas constructivos que no exigen eso ni prestan atención sobre lo que significa la insonorización, entre otros”, aseguró Andrés Napoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
Desde el gobierno porteño aseguraron que “se han implementado medidas globales”, como la peatonalización del microcentro y la implementación del metrobús sobre avenidas principales, así como también medidas de intervención acústica y repavimentación en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de reducir la contaminación sonora. Sin embargo, los especialistas no son tan optimistas. Napoli vinculó la problemática con la falta de espacios verdes, dato no menor si se tiene en cuenta que Buenos Aires cuenta con seis metros cuadrados de espacio verde por habitante, menos de lo que recomienda Naciones Unidas, y que se perdieron 300 hectáreas de espacio verde desde el desembarco del PRO en la jefatura de gobierno de la Ciudad. “Los espacios verdes absorben los impactos ambientales en general, tanto contaminación atmosférica como la sonora. Y el sonido es vibración, entonces, a medida que se le agrega cada vez más cemento y se venden espacios verdes, lo que se produce es que haya cada vez más reverberancia. Si seguimos en este camino, vamos a tener una ciudad cada vez más ruidosa”, manifestó el especialista en Derecho Ambiental.
En esa misma línea, señaló la falta de control estatal y las escasas políticas públicas para mejorar la situación. Además, subrayó que “cuando se realizan acciones judiciales por esta problemática, es muy difícil conseguir medidas de protección” y recordó la demanda iniciada por Pedro Barragán —”un quijote de la lucha contra la contaminación sonora”— por el ruido en la autopista 25 de Mayo. “Él logró una sentencia que obliga a AUSA y al gobierno porteño a llevar adelante las acciones necesarias para disminuir el ruido en la autopista 25 de Mayo. Ese fallo está incumplido y tenemos una justicia que entiende realmente muy poco del tema y tampoco se esfuerza mucho por entender. Entonces, no se avanza en estos procesos e incumplir la norma no parece tener ningún tipo de costo”, sostuvo.
En ese sentido, el abogado señaló la necesidad de encontrar una “normativa adecuada” y aumentar el control del Estado. “La norma vigente no es adecuada ni para el control ni para las sanciones. Es necesario encontrar mecanismos en los que sea más grave incumplir las normas y eso tiene que ver con la falta de control. En la medida en que no exista control, va a ser difícil que esto se resuelva”, aseguró.
“Hay una idea generalizada de que como uno vive en una gran ciudad, hay que aguantarse el ruido. Es la misma explicación que uno puede recibir de alguien que vive en la vera del Riachuelo, que te dice siempre estuvo contaminado y lo naturaliza. Pero eso no es así y no tiene por qué ser así. La contaminación sonora es superinvisible, pero hay que tomar conciencia de que la situación existe y es grave”, concluyó Napoli.
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Nuevo derrame de petróleo en Comodoro Rivadavia
Derrame de petróleo en Bella Vista Norte llegó al arroyo Belgrano
Fecha de Publicación: 22/03/2019
Fuente: Tiempo Sur
Provincia/Región: Chubut
El subsecretario de Ambiente del Municipio de Comodoro Rivadavia, Daniel González, confirmó este lunes a la mañana a que durante la jornada del domingo hubo un derrame de petróleo por la rotura de un colector en Bella Vista Norte, área operada por YPF, por lo que se trabaja en el lugar para remediar el impacto y cuantificar su magnitud, para posteriormente, aplicar las sanciones correspondientes.
El hidrocarburo llegó al arroyo Belgrano, pero pudo ser contenido por un sistema de retenciones, para evitar la llegada hacia el mar, según precisó el funcionario.
“Hay cuadrillas trabajando en este momento y estamos relevando la zona para cuantificar el volumen derramado, que se estima en alrededor de 50 metros cúbicos”, explicó el funcionario municipal a su arribo al lugar.
“Esto comenzó ayer alrededor de las 6:30”, precisó. También indicó que al llegar al agua es más difícil cuantificar el producto derramado, pero indicó que el sistema de barreras existente en el arroyo Belgrano funcionó para contener la marcha y evitar que ésta corriera aguas abajo, hasta su desembocadura en el mar.
Por último, detalló que la ordenanza municipal de hidrocarburos, que establece el sistema de sanciones para las empresas tiene una tabla con agravantes, que considera la cantidad del hidrocarburo derramado, si afecta cuerpos de agua, etc, por lo que una vez establecidos esos parámetros se eleva al juez de Falta para determine el monto de la multa. Según los casos, ésta puede llegar hasta los 10 millones de pesos.(ADN Sur)
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Fecha de Publicación: 22/03/2019
Fuente: Tiempo Sur
Provincia/Región: Chubut
El subsecretario de Ambiente del Municipio de Comodoro Rivadavia, Daniel González, confirmó este lunes a la mañana a que durante la jornada del domingo hubo un derrame de petróleo por la rotura de un colector en Bella Vista Norte, área operada por YPF, por lo que se trabaja en el lugar para remediar el impacto y cuantificar su magnitud, para posteriormente, aplicar las sanciones correspondientes.
El hidrocarburo llegó al arroyo Belgrano, pero pudo ser contenido por un sistema de retenciones, para evitar la llegada hacia el mar, según precisó el funcionario.
“Hay cuadrillas trabajando en este momento y estamos relevando la zona para cuantificar el volumen derramado, que se estima en alrededor de 50 metros cúbicos”, explicó el funcionario municipal a su arribo al lugar.
“Esto comenzó ayer alrededor de las 6:30”, precisó. También indicó que al llegar al agua es más difícil cuantificar el producto derramado, pero indicó que el sistema de barreras existente en el arroyo Belgrano funcionó para contener la marcha y evitar que ésta corriera aguas abajo, hasta su desembocadura en el mar.
Por último, detalló que la ordenanza municipal de hidrocarburos, que establece el sistema de sanciones para las empresas tiene una tabla con agravantes, que considera la cantidad del hidrocarburo derramado, si afecta cuerpos de agua, etc, por lo que una vez establecidos esos parámetros se eleva al juez de Falta para determine el monto de la multa. Según los casos, ésta puede llegar hasta los 10 millones de pesos.(ADN Sur)
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Cosecharás abortos, malformaciones y cáncer
Cosecharás enfermedades
Fecha de Publicación: 20/03/2019
Fuente: Agencia Nex (UBA)
Provincia/Región: Córdoba
Un equipo de investigadores realizó dos estudios en un pueblo agrícola de Córdoba severamente contaminado con glifosato y otros pesticidas y detectó altas frecuencias de cáncer, abortos espontáneos y anormalidades congénitas que superan ampliamente el promedio nacional. Si bien el trabajo, por sus características, no permite realizar asociaciones directas, sí sugiere la aplicación de medidas preventivas para proteger a la población de esta exposición ambiental.
En Argentina las semillas transgénicas comenzaron a utilizarse en 1996. Básicamente, esta modificación genética le otorga a la planta la capacidad de sobrevivir en un ambiente saturado de glifosato, un herbicida que se aplica para erradicar malezas. A partir de allí, el uso de estas semillas ha crecido, año tras año, debido al aumento en los rindes y la simpleza del cultivo. Actualmente, se utilizan en unas 25 millones de hectáreas donde viven alrededor de 12 millones de personas. Este fenómeno trae aparejado un constante aumento en el uso de glifosato como consecuencia de la resistencia creciente que desarrollan las plantas a este herbicida, lo que genera la necesidad de mayores dosis por hectárea y su uso combinado con otros agrotóxicos. Hoy en día se aplican en el país unas 240 mil toneladas de glifosato por año.
Monte Maíz es una pequeña ciudad agrícola, de unos 8 mil habitantes, ubicada a 300 km al sudeste de Córdoba capital. Alrededor de 650 tn de glifosato por año se concentran, manipulan y movilizan por el pueblo, desde donde salen diariamente para ser aplicados, por medio de maquinarias terrestres o aviones fumigadores, en los campos cultivados con soja y maíz transgénico que comienzan en el límite inmediato de las viviendas.
Con el correr de los años, médicos, vecinos y autoridades locales comenzaron a percibir un incremento en el número de personas que enfermaban de cáncer. Por esta razón solicitaron una evaluación de estado sanitario a profesionales de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba.
Se conformó entonces un equipo de trabajo interdisciplinario de más de 70 personas encabezado por el médico Medardo Ávila Vázquez, docente de la Cátedra de Clínica Pediátrica del Hospital de Clínicas de la UNC. Los especialistas llevaron a cabo un un estudio ecológico exploratorio sobre cáncer y contaminación ambiental que incluyó, por un lado, un estudio epidemiológico sustentado en un relevamiento poblacional con una encuesta dirigida a los habitantes del pueblo. Y, por otro, un análisis ambiental que apuntó a la detección de fuentes de contaminación como basureros, torres de antenas de telefonía móvil, transformadores de energía eléctrica, plantas industriales, acopios de granos, depósitos de pesticidas y de máquinas fumigadoras. También se tomaron muestras de agua, suelo y polvo de granos que fueron analizadas por el Centro de Investigaciones Ambientales de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata.
“Ellos nos vinieron a ver porque intuían que estaban frente a una situación muy grave”, recuerda Ávila Vázquez. Y agrega: “En Monte Maíz pudimos hacer un trabajo profundo porque el intendente, que es médico, y un grupo muy movilizado de vecinos nos abrieron las puertas del pueblo. En otros lugares esto no suele ocurrir”.
Los resultados de la investigación fueron publicados en el International Journal of Clinical Medicine en febrero de 2017. Se trata del primer trabajo de estas características realizado en Argentina que es publicado por una revista científica internacional con referato. Además de Ávila Vázquez, también son autores del artículo Flavia Difilippo, Bryan Mac Lean, Eduardo Maturano y Agustina Etchegoyen.
Mucho glifosato
El análisis ambiental realizado por los investigadores permitió determinar que el desarrollo de este modelo agrícola produjo, con el correr de los años, una relocalización de los productores que se trasladaron del área rural al interior del pueblo, llevando a sus familias, equipos de trabajo, e insumos. Así, los depósitos se multiplicaron en la villa hasta alcanzar los veintidós sitios de almacenamiento de máquinas de fumigar y de pesticidas. Además, se observaron enormes silos de cereales y granos de los que se desprende polvillo de soja y de maíz.
De acuerdo con la información reunida por los científicos, para cultivar semillas de soja y de maíz genéticamente modificadas, se utilizan 10 kg de glifosato por hectárea, por año. Esto significa que 650 tn de ese herbicida son aerolizadas en la zona, lo que implica una carga general de exposición ambiental al glifosato de 79 kg por persona por año.
Los análisis realizados fueron contundentes: se encontró glifosato (y su metabolito AMPA) en todas las muestras de suelo y polvo de granos tomadas en el pueblo. La concentración hallada fue 10 veces más alta que la de otros pesticidas, lo que demuestra que, entre todos los pesticidas que contaminan el ambiente, glifosato es el más relevante.
“Ese cascarilla del grano que sale de los silos se aspira. Es material particulado que vuela y se va depositando sobre los autos, en la ropa que pone la gente a secar en la soga. El viento lo va acumulando contra el cordón de las veredas, de ahí tomamos las muestras. Es impresionante”, dice el investigador con preocupación.
Sorprendentemente, las concentraciones detectadas en el interior del pueblo fueron varias veces más elevadas que las encontradas en los suelos de los campos cultivados. Así, por ejemplo, las muestras obtenidas junto a una plaza de juegos infantiles presentan una concentración de 2297 ppb, unas 68 veces mayor que la obtenida de una muestra de tierra de un campo de maíz resistente a glifosato (41 ppb). La concentraciones más elevadas provienen de las muestras recogidas en la vereda peatonal lindante con un depósito de pesticida (3868 ppb).
“El agroquímico se concentra en los pueblos, porque los pueblos se han convertido en centros de operaciones. Los productores van a los campos y aplican los agrotóxicos cada quince o veinte días dependiendo del momento del año y de la situación del cultivo, pero en la ciudad la máquina va y viene todos los días con los agroquímicos para fumigar distintos lotes. La circulación de los agroquímicos adentro del pueblo, son un elemento de enfermedad”, asegura Ávila Vázquez. Y agrega: “En estos pueblos no se trata solamente de la nube de agrotóxicos fumigados por un avión que el viento lleva sobre el pueblo, sino que aquí tenés el depósito de agrotóxicos al lado de tu casa y al tractor fumigador pasando por tu puerta”.
Por otro lado, tanto el manejo de la basura sólida urbana (que es recogida por un servicio municipal que la deposita en un basural), como el sistema de cloacas (que alcanza a todos los hogares), y la buena calidad del agua que beben, libre de arsénico desde hace 16 años, no constituyen factores de contaminación que puedan influir en las patologías estudiadas. El informe subraya que el glifosato y, en menor medida, otros pesticidas, son el elemento principal de contaminación ambiental de Monte Maíz.
Mucho cáncer
El análisis epidemiológico se basó en información recolectada sobre 4859 personas, lo que representa un 62% del total de la población de Monte Maíz. Los resultados son, a todas luces, alarmantes.
La tasa de incidencia de cáncer fue de 706 casos cada 100 mil habitantes, es decir, un 276% más alta que la de Ciudad de Córdoba (259,4/100.00) y un 317% mayor que la estimada para la Argentina (217/100.000). Asimismo, de acuerdo con el Registro Provincial de Tumores, en Córdoba se presentan unos 9 mil casos nuevos de cáncer por año, lo que implica que en Monte Maíz deberían agregarse 13,9 pacientes cada año, sin embargo, en Monte Maíz, en 2014, se registraron 35 nuevos casos de cáncer.
“Entre los casi 5 mil habitantes que pudimos investigar, había 900 personas que formaban parte de 170 familias vinculadas directamente al campo. Son las familias del operario de la máquina de fumigar, de los peones rurales, de los agrónomos y de los productores. Son las personas que manipulan directamente los agroquímicos y su entorno. Este grupo tiene 3 veces más cáncer que el resto de los vecinos”, detalla Ávila Vázquez.
En cuanto a la estructura de edad de los casos reportados, el trabajo señala que del total de los enfermos de cáncer en Monte Maíz surgidos entre 2010 y 2014, un 22% tenían menos de 44 años. Mientras que en Córdoba, ese valor (entre 2002 y 2009) sólo alcanzó al 11%. “Estos hallazgos son consistentes con las observaciones hechas por los médicos locales en dos caminos: un aumento absoluto de los casos de cáncer y una mayor presencia de pacientes oncológicos más jóvenes que lo habitual”, consigna el informe.
Otro dato inquietante que revela la investigación es que la tasa de mortalidad por cáncer en Monte Maíz es un 299% más elevada que en Ciudad de Córdoba. En efecto, 383/100.000 habitantes para el pueblo agrícola, contra 128/100.000 para la capital de la provincia. Por otro lado, mientras que a nivel nacional el 20% de los decesos se producen por cáncer -igual porcentaje que en Córdoba-, en Monte Maíz las muertes por esa enfermedad alcanzaron un 39% del total en 2013 y un 34% en 2014. Asimismo, el área urbana que contaba con los depósitos de pesticidas más importantes, mostraba una mayor tasa de prevalencia de la enfermedad comparada con las otras áreas del pueblo.
El trabajo concluye que el “vínculo entre glifosato ambiental y cáncer parece consistente con respecto a incidencia, prevalencia y mortalidad. La fuerza de la asociación aparece como importante y más destacada por el hecho que las familias con actividad agrícola tienen un mayor riesgo de cáncer con respecto a las familias no agrícolas del mismo pueblo, probablemente debido a una mayor exposición directa a glifosato”. Aunque también señala con prudencia que la investigación se basa “en un diseño exploratorio y observacional incapaz de hacer afirmaciones causales directas. Investigaciones adicionales son necesarias para revelar la exacta relación entre cáncer y glifosato”.
Muchos abortos, muchas malformaciones congénitas
Posteriormente, el mismo equipo de trabajo se abocó a averiguar el impacto sobre la salud reproductiva que generaba la alta exposición ambiental a los agrotóxicos, en especial el glifosato, en una ciudad agrícola como Monte Maíz. El estudio fue publicado el año pasado en el Journal of Environmental Protection con revisión de pares y rankeado internacionalmente.
En el marco del mismo escenario ambiental y con un estudio epidemiológico sobre la base de una metodología similar al trabajo anterior, los científicos alcanzaron resultados realmente preocupantes.
En concreto, de 981 mujeres encuestadas en edad reproductiva 79 sufrieron abortos espontáneos. Ahora bien, 62 de ellas tuvieron una sola pérdida, 15 tuvieron dos y 2 tuvieron tres episodios, lo que implica que, en total, a lo largo de 5 años, se produjeron 98 abortos espontáneos, sobre 981 nacimientos ocurridos durante el mismo período.
Estos número indican que la tasa de abortos espontáneos en Monte Maíz llega al 10% y es más de 3 veces superior al promedio nacional (3%) informado por el Ministerio de Salud de la Nación.
También es más alta que la que surge de un relevamiento llevado a cabo en un barrio de Córdoba en 2016 donde la prevalencia de abortos espontáneos fue del 3,7% en 5 años.
El trabajo asegura que “ni la edad materna, ni los hábitos tóxicos ni la pobreza pueden explicar la alta tasa de abortos espontáneos en Monte Maíz”. Y desliza: “Parece haber un vínculo claro entre la exposición a pesticidas, incluido el glifosato, y la pérdida del embarazo”.
Por otro lado, entre la población estudiada, hubo 853 nacimientos a lo largo de 10 años. De ese total, 25 fueron los niños que presentaron anomalías congénitas importantes y estaban vivos en el momento de la investigación. Si se incluyen a aquellos que murieron durante ese período habría que sumar, se calcula, unos 12 casos más. Es decir que la tasa de bebés nacidos con anormalidades congénitas en Monte Maíz es de un 3% (si se contabilizan sólo a los niños vivos), mientras que llega al 4,3% si se incluyen los fallecidos.
En todo el país el Registro Nacional de Anomalías Congénitas de Argentina (RENAC) informó que, en 2014, entre los 281.249 niños nacidos se registró un total de 4.120 anormalidades congénitas estructurales mayores, con una prevalencia del 1,4%. Esto significa que en Monte Maíz la tasa de bebés nacidos con anormalidades congénitas es entre 2 y 3 veces mayor que la nacional.
“Yo hace 30 años que soy neonatólogo y todavía trabajo en una terapia intensiva. He visto por mi propia experiencia como, año tras año, el número de chicos con malformaciones fue aumentando, sobre todo en niños provenientes de familias agrícolas”, relata Ávila Vázquez, y completa: “Es realmente muy impactante cómo los agrotóxicos afectan los mecanismos genéticos. El mismo mecanismo por el cual provocan las mutaciones que van a producir cáncer, cuando afectan a un espermatozoide o un óvulo terminan produciendo malformaciones o abortos”.
Para finalizar, este trabajo vuelve a señalar que “dado que este estudio es exploratorio y el diseño es observacional no puede hacer aseveraciones causales directas. Sin embargo, desde el punto de vista de la salud colectiva, este vínculo requiere recomendar la aplicación preventiva de medidas para proteger a la población de esta exposición ambiental”.
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El mercurio del alumbrado sigue siendo una amenaza
Sigue la amenaza de contaminación con mercurio del alumbrado público: Hurlingham donó lámparas viejas a dos municipios
Fecha de Publicación: 19/03/2019
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Buenos Aires
Hay leyes provinciales, nacionales e incluso supranacionales que establecen específicamente qué tienen que hacer las autoridades con los denominados "residuos peligrosos", aquellos materiales que una vez que dejan de ser útiles, deben ser tratados de manera especial por el riesgo que representan para la salud pública. En ese grupo están incluidas las viejas lámparas de alumbrado público, compuestas en muchos casos por elementos como el mercurio o el sodio. No son reutilizables y deben ser destruidas por empresas y profesionales capacitados.
Con el avance tecnológico, la sustitución de las luminarias antiguas por lámparas más modernas se volvió una necesidad impostergable, básicamente por tres motivos: dañan el medio ambiente, consumen mucha energía y afectan a la población. Fue así que en 2011 comenzó un plan de recambio en toda la Argentina y para fin de este año toda la iluminación debe ser completamente nueva.
Sin embargo, en cientos de lugares estas normativas no se cumplen, o por lo menos hay una fuerte sospecha. Según una investigación de la Asociación Inquietudes Ciudadanas (una ONG con experiencia en temas ambientales) reflejada por Infobae, hay al menos 30 municipios bonaerenses en los que hay una potencial contaminación por mercurio con el alumbrado público que fue reemplazado.
Según una investigación de la Asociación Inquietudes Ciudadanas, una ONG con experiencia en temas ambientales, hay al menos 30 municipios bonaerenses en los que hay una potencial contaminación por mercurio con el alumbrado público que fue reemplazado
La ONG notó que son muchos los lugares que informaron acerca de planes para reemplazar la iluminación pública, adjudicaron contratos a través de licitaciones, cambiaron las bombitas pero en ningún caso dieron cuenta de cómo destruyeron el material antiguo o si es que lo hicieron.
Inicialmente, se enfocaron en la provincia de Buenos Aires y comenzaron a pedir informes a cada gobierno local para saber si cumplieron con la ley. Hasta ahora, las repuestas han sido nulas y en caso de no ser satisfactorias, pedirán intervención de la justicia.
Los casos son muchos pero en las últimas semanas, la organización que lidera esta investigación recibió la información de hay más infracciones, en las que se viola la ley casi de manera flagrante. Es por esto que se vio obligada a solicitar nuevos informes. En este caso es un pedido a tres localidades bonaerenses que entre ellas hicieron acuerdos que rompen de lleno con la normativa.
Se trata de donaciones de luminarias usadas que hizo el municipio de Hurlingham a las localidades de Moreno y Paso de los Libres. En el primer caso, el intendente Juan Zabaleta hizo la entrega en octubre pasado de 5 mil lámparas viejas a su par Walter Festa. El acuerdo fue anunciado con bombos y platillos por ambos jefes municipales.
"Decidimos donar al Municipio de Moreno 5.000 artefactos para que puedan mejorar la iluminación del distrito. En estos momentos difíciles, seguimos soñando y continuamos creyendo en que podemos luchar y ampliar los derechos de todos y de todas", dijo por entonces el intendente de Hurlingham.
Festa, en tanto, agradeció la donación y desde el municipio informaron que "serán instaladas en aquellos sectores donde aún no llegó el actual plan de luminarias".
Hasta acá se trataría de una buena noticia. Pero directamente se está incumpliendo con la normativa vigente. La Ley Nacional 24.051 de Residuos Peligrosos establece entre varias cosas que este tipo de elementos no pueden ser comercializados ni mucho menos reutilizados. Infobae dialogó con Mario Caparelli, titular de la ONG y quien lidera la investigación para saber qué paso con las miles de luminarias desechadas en todo el país, dijo que ya pidieron informe sobre las irregularidades que cometieron con la donación.
La Ley Nacional 24.051 de Residuos Peligrosos establece entre varias cosas que este tipo de elementos no pueden ser comercializados ni mucho menos reutilizados
"No es secreto para nadie porque los tres municipios lo publicaron en sus páginas oficiales como un logro de la gestión de los intendentes. Pero no es un logro. Es hacerse cómplice de una situación que es delictiva. Cuando algo se convierte en residuo porque la ley lo dice o porque es tóxico, tiene que ser depuesto o mandado a disposición final por empresas que estén habilitadas para eso y hay unas cuantas en el país", dijo Caparelli.
En el caso de Paso de los Libres, el intendente Martín Ascúa le agradeció en diciembre a través de su cuenta de Facebook al propio Zabaleta por la donación de 500 lámparas usadas. "Nos van a ayudar en la tarea de dejar más linda a nuestra querida ciudad. ¡Muchas gracias compañero!", dijo el jefe municipal.
"Acá lo dispusieron por ordenanza, entonces no se complica sólo el intendente, sino también los concejales que votaron eso y mandan algo que es un residuo tóxico a un municipio y a su vez lo instalan como algo para el aplauso. Para que digan 'mirá lo bueno que es'. Esas luminarias están destinadas a ser destruidas y encima en las páginas oficiales se ve el camión que las transporta", añadió el titular de la ONG.
Para Caparelli, "la irresponsabilidad de parte de los funcionarios es enorme". De acuerdo con el abogado, dijo que no han recibido respuesta alguna y que no entiende por qué tardan. "Uno de los argumentos de las leyes donde dice que hay un plazo para sustituir todas las luminarias es, primero, la contaminación. Segundo el mayor costo y tercero el peligro para la salud humana. Es decir que todo eso lo están llevando de un lugar a otro. Lo están llevando a barrios que no se saben cuáles son, donde están instalando esas luminarias, por lo cual ahí la luz va a ser más cara, más contaminante y va a haber peligro para la salud. Es un delirio", añadió.
Están por vencerse los plazos para que les den una respuesta. Y cuando suceda, la ONG analizará qué actitud tomar. "Porque si están esperando al último momento para contestar, es un reconocimiento tácito de que eso es cierto. Porque si no es así, deberían contestar a los pocos días diciéndolo. Los plazos vencen en estas próximas semanas. En este caso no sé por qué se tomaron tanto tiempo para responder", agregó.
La nueva presentación que hizo la Asociación también incluyó al Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), ya que es la autoridad bonaerense que debe controlar que se cumpla con la ley. "Tiene que saber lo que se hace con los residuos de su jurisdicción, que es la Provincia, y no nos respondieron. No sabemos si el OPDS ha tomado alguna decisión. Vencidos todos los plazos, veremos qué acción tomar. Optamos por la acción civil porque es más acorde con la realidad en el sentido de que es más claro el conocimiento que se pueda tener de la responsabilidad patrimonial. Si bien el tema es delictual porque incurre en el incumplimiento de una ley, eso será materia que corresponda a lo que diga algún fiscal", señaló.
El OPDS dijo a Infobae que "acompañan a los municipios en la gestión correcta de sus residuos con asistencia técnica y control" y que los municipios "cuentan con un año para el almacenamiento de los mismos, bajo las condiciones establecidas por ley hasta ser enviados a un Operador habilitado para su tratamiento y disposición final".
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Fecha de Publicación: 19/03/2019
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Buenos Aires
Hay leyes provinciales, nacionales e incluso supranacionales que establecen específicamente qué tienen que hacer las autoridades con los denominados "residuos peligrosos", aquellos materiales que una vez que dejan de ser útiles, deben ser tratados de manera especial por el riesgo que representan para la salud pública. En ese grupo están incluidas las viejas lámparas de alumbrado público, compuestas en muchos casos por elementos como el mercurio o el sodio. No son reutilizables y deben ser destruidas por empresas y profesionales capacitados.
Con el avance tecnológico, la sustitución de las luminarias antiguas por lámparas más modernas se volvió una necesidad impostergable, básicamente por tres motivos: dañan el medio ambiente, consumen mucha energía y afectan a la población. Fue así que en 2011 comenzó un plan de recambio en toda la Argentina y para fin de este año toda la iluminación debe ser completamente nueva.
Sin embargo, en cientos de lugares estas normativas no se cumplen, o por lo menos hay una fuerte sospecha. Según una investigación de la Asociación Inquietudes Ciudadanas (una ONG con experiencia en temas ambientales) reflejada por Infobae, hay al menos 30 municipios bonaerenses en los que hay una potencial contaminación por mercurio con el alumbrado público que fue reemplazado.
Según una investigación de la Asociación Inquietudes Ciudadanas, una ONG con experiencia en temas ambientales, hay al menos 30 municipios bonaerenses en los que hay una potencial contaminación por mercurio con el alumbrado público que fue reemplazado
La ONG notó que son muchos los lugares que informaron acerca de planes para reemplazar la iluminación pública, adjudicaron contratos a través de licitaciones, cambiaron las bombitas pero en ningún caso dieron cuenta de cómo destruyeron el material antiguo o si es que lo hicieron.
Inicialmente, se enfocaron en la provincia de Buenos Aires y comenzaron a pedir informes a cada gobierno local para saber si cumplieron con la ley. Hasta ahora, las repuestas han sido nulas y en caso de no ser satisfactorias, pedirán intervención de la justicia.
Los casos son muchos pero en las últimas semanas, la organización que lidera esta investigación recibió la información de hay más infracciones, en las que se viola la ley casi de manera flagrante. Es por esto que se vio obligada a solicitar nuevos informes. En este caso es un pedido a tres localidades bonaerenses que entre ellas hicieron acuerdos que rompen de lleno con la normativa.
Se trata de donaciones de luminarias usadas que hizo el municipio de Hurlingham a las localidades de Moreno y Paso de los Libres. En el primer caso, el intendente Juan Zabaleta hizo la entrega en octubre pasado de 5 mil lámparas viejas a su par Walter Festa. El acuerdo fue anunciado con bombos y platillos por ambos jefes municipales.
"Decidimos donar al Municipio de Moreno 5.000 artefactos para que puedan mejorar la iluminación del distrito. En estos momentos difíciles, seguimos soñando y continuamos creyendo en que podemos luchar y ampliar los derechos de todos y de todas", dijo por entonces el intendente de Hurlingham.
Festa, en tanto, agradeció la donación y desde el municipio informaron que "serán instaladas en aquellos sectores donde aún no llegó el actual plan de luminarias".
Hasta acá se trataría de una buena noticia. Pero directamente se está incumpliendo con la normativa vigente. La Ley Nacional 24.051 de Residuos Peligrosos establece entre varias cosas que este tipo de elementos no pueden ser comercializados ni mucho menos reutilizados. Infobae dialogó con Mario Caparelli, titular de la ONG y quien lidera la investigación para saber qué paso con las miles de luminarias desechadas en todo el país, dijo que ya pidieron informe sobre las irregularidades que cometieron con la donación.
La Ley Nacional 24.051 de Residuos Peligrosos establece entre varias cosas que este tipo de elementos no pueden ser comercializados ni mucho menos reutilizados
"No es secreto para nadie porque los tres municipios lo publicaron en sus páginas oficiales como un logro de la gestión de los intendentes. Pero no es un logro. Es hacerse cómplice de una situación que es delictiva. Cuando algo se convierte en residuo porque la ley lo dice o porque es tóxico, tiene que ser depuesto o mandado a disposición final por empresas que estén habilitadas para eso y hay unas cuantas en el país", dijo Caparelli.
En el caso de Paso de los Libres, el intendente Martín Ascúa le agradeció en diciembre a través de su cuenta de Facebook al propio Zabaleta por la donación de 500 lámparas usadas. "Nos van a ayudar en la tarea de dejar más linda a nuestra querida ciudad. ¡Muchas gracias compañero!", dijo el jefe municipal.
"Acá lo dispusieron por ordenanza, entonces no se complica sólo el intendente, sino también los concejales que votaron eso y mandan algo que es un residuo tóxico a un municipio y a su vez lo instalan como algo para el aplauso. Para que digan 'mirá lo bueno que es'. Esas luminarias están destinadas a ser destruidas y encima en las páginas oficiales se ve el camión que las transporta", añadió el titular de la ONG.
Para Caparelli, "la irresponsabilidad de parte de los funcionarios es enorme". De acuerdo con el abogado, dijo que no han recibido respuesta alguna y que no entiende por qué tardan. "Uno de los argumentos de las leyes donde dice que hay un plazo para sustituir todas las luminarias es, primero, la contaminación. Segundo el mayor costo y tercero el peligro para la salud humana. Es decir que todo eso lo están llevando de un lugar a otro. Lo están llevando a barrios que no se saben cuáles son, donde están instalando esas luminarias, por lo cual ahí la luz va a ser más cara, más contaminante y va a haber peligro para la salud. Es un delirio", añadió.
Están por vencerse los plazos para que les den una respuesta. Y cuando suceda, la ONG analizará qué actitud tomar. "Porque si están esperando al último momento para contestar, es un reconocimiento tácito de que eso es cierto. Porque si no es así, deberían contestar a los pocos días diciéndolo. Los plazos vencen en estas próximas semanas. En este caso no sé por qué se tomaron tanto tiempo para responder", agregó.
La nueva presentación que hizo la Asociación también incluyó al Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), ya que es la autoridad bonaerense que debe controlar que se cumpla con la ley. "Tiene que saber lo que se hace con los residuos de su jurisdicción, que es la Provincia, y no nos respondieron. No sabemos si el OPDS ha tomado alguna decisión. Vencidos todos los plazos, veremos qué acción tomar. Optamos por la acción civil porque es más acorde con la realidad en el sentido de que es más claro el conocimiento que se pueda tener de la responsabilidad patrimonial. Si bien el tema es delictual porque incurre en el incumplimiento de una ley, eso será materia que corresponda a lo que diga algún fiscal", señaló.
El OPDS dijo a Infobae que "acompañan a los municipios en la gestión correcta de sus residuos con asistencia técnica y control" y que los municipios "cuentan con un año para el almacenamiento de los mismos, bajo las condiciones establecidas por ley hasta ser enviados a un Operador habilitado para su tratamiento y disposición final".
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Riachuelo: UBA propone bioremediación con humedales
Testean humedales artificiales como mitigadores de la contaminación del Riachuelo
Fecha de Publicación: 16/03/2019
Fuente: Grupo La Provincia
Provincia/Región: Riachuelo
Una serie de humedales artificiales basados en especies vegetales nativas fueron diseñados y puestos a prueba en las cuencas alta y media del río Matanza-Riachuelo por un equipo de investigadores de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (Fauba), que busca reducir el impacto de los contaminantes agroindustriales y agropecuarios.
El servicio de divulgación "Sobre La Tierra" de la Fauba publicó un informe en el que sostiene que por medio de un sistema de plantas acuáticas nativas, un estudio de la Facultad de Agronomía de la UBA logró reducir la concentración de diversos contaminantes típicos de los efluentes agroindustriales y agropecuarios que se vierten en la cuenca.
Los investigadores diseñaron y pusieron a prueba humedales artificiales basados en especies vegetales nativas simulando vertidos a partir de excremento animal y, con esta técnica, disminuyeron la concentración de los principales contaminantes hasta los valores que establece la normativa vigente.
"En las cuencas alta y media del Río Matanza-Riachuelo hay fuentes puntuales de contaminación agropecuaria y agroindustrial, como mataderos y feedlots, que no suelen tratar sus efluentes de manera adecuada. Cuando estos vertidos llegan al río reducen notablemente la calidad de las aguas. Por eso, pensamos en los humedales artificiales como alternativa para disminuir la carga contaminante de esos residuos líquidos", explicó Roberto Serafini, docente de la cátedra de Química Inorgánica y Analítica de la Fauba.
"Entre los principales contaminantes de estos efluentes se destacan el fósforo (P) y el nitrógeno (N), que provienen de las excretas animales, y la materia orgánica. Si bien estos elementos son fundamentales para el desarrollo de las plantas, provocan múltiples problemas ecológicos cuando se vierten en exceso. Por ejemplo, se acelera la eutrofización, se promueve el crecimiento de bacterias productoras de toxinas y se pierde biodiversidad acuática", contó Nicolás Arakaki, docente en la misma cátedra que Serafini.
La eutrofización es un proceso natural que se caracteriza por el aumento de la concentración de nutrientes, en especial nitrógeno y fósforo, en ecosistemas acuáticos. Tal incremento promueve el crecimiento masivo de algas y genera condiciones de escasez de oxígeno en aguas y sedimentos de ríos, lagos y arroyos.
La eutrofización antrópica ocurre a velocidades mayores al arrojarse desechos líquidos, ricos en nutrientes y materia orgánica, a los cuerpos de agua.
Serafini contó que, tras verificar la capacidad de la técnica para disminuir las concentraciones de estos contaminantes en condiciones controladas, quieren probarla a mayores escalas y profundizar en el estudio de su funcionamiento.
Al respecto, agregó: "Los humedales artificiales pueden ser una alternativa interesante para los establecimientos agropecuarios y agroindustriales que generan estos tipos de efluentes".
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