El mercurio del alumbrado sigue siendo una amenaza
Sigue la amenaza de contaminación con mercurio del alumbrado público: Hurlingham donó lámparas viejas a dos municipios
Fecha de Publicación: 19/03/2019
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Buenos Aires
Hay leyes provinciales, nacionales e incluso supranacionales que establecen específicamente qué tienen que hacer las autoridades con los denominados "residuos peligrosos", aquellos materiales que una vez que dejan de ser útiles, deben ser tratados de manera especial por el riesgo que representan para la salud pública. En ese grupo están incluidas las viejas lámparas de alumbrado público, compuestas en muchos casos por elementos como el mercurio o el sodio. No son reutilizables y deben ser destruidas por empresas y profesionales capacitados.
Con el avance tecnológico, la sustitución de las luminarias antiguas por lámparas más modernas se volvió una necesidad impostergable, básicamente por tres motivos: dañan el medio ambiente, consumen mucha energía y afectan a la población. Fue así que en 2011 comenzó un plan de recambio en toda la Argentina y para fin de este año toda la iluminación debe ser completamente nueva.
Sin embargo, en cientos de lugares estas normativas no se cumplen, o por lo menos hay una fuerte sospecha. Según una investigación de la Asociación Inquietudes Ciudadanas (una ONG con experiencia en temas ambientales) reflejada por Infobae, hay al menos 30 municipios bonaerenses en los que hay una potencial contaminación por mercurio con el alumbrado público que fue reemplazado.
Según una investigación de la Asociación Inquietudes Ciudadanas, una ONG con experiencia en temas ambientales, hay al menos 30 municipios bonaerenses en los que hay una potencial contaminación por mercurio con el alumbrado público que fue reemplazado
La ONG notó que son muchos los lugares que informaron acerca de planes para reemplazar la iluminación pública, adjudicaron contratos a través de licitaciones, cambiaron las bombitas pero en ningún caso dieron cuenta de cómo destruyeron el material antiguo o si es que lo hicieron.
Inicialmente, se enfocaron en la provincia de Buenos Aires y comenzaron a pedir informes a cada gobierno local para saber si cumplieron con la ley. Hasta ahora, las repuestas han sido nulas y en caso de no ser satisfactorias, pedirán intervención de la justicia.
Los casos son muchos pero en las últimas semanas, la organización que lidera esta investigación recibió la información de hay más infracciones, en las que se viola la ley casi de manera flagrante. Es por esto que se vio obligada a solicitar nuevos informes. En este caso es un pedido a tres localidades bonaerenses que entre ellas hicieron acuerdos que rompen de lleno con la normativa.
Se trata de donaciones de luminarias usadas que hizo el municipio de Hurlingham a las localidades de Moreno y Paso de los Libres. En el primer caso, el intendente Juan Zabaleta hizo la entrega en octubre pasado de 5 mil lámparas viejas a su par Walter Festa. El acuerdo fue anunciado con bombos y platillos por ambos jefes municipales.
"Decidimos donar al Municipio de Moreno 5.000 artefactos para que puedan mejorar la iluminación del distrito. En estos momentos difíciles, seguimos soñando y continuamos creyendo en que podemos luchar y ampliar los derechos de todos y de todas", dijo por entonces el intendente de Hurlingham.
Festa, en tanto, agradeció la donación y desde el municipio informaron que "serán instaladas en aquellos sectores donde aún no llegó el actual plan de luminarias".
Hasta acá se trataría de una buena noticia. Pero directamente se está incumpliendo con la normativa vigente. La Ley Nacional 24.051 de Residuos Peligrosos establece entre varias cosas que este tipo de elementos no pueden ser comercializados ni mucho menos reutilizados. Infobae dialogó con Mario Caparelli, titular de la ONG y quien lidera la investigación para saber qué paso con las miles de luminarias desechadas en todo el país, dijo que ya pidieron informe sobre las irregularidades que cometieron con la donación.
La Ley Nacional 24.051 de Residuos Peligrosos establece entre varias cosas que este tipo de elementos no pueden ser comercializados ni mucho menos reutilizados
"No es secreto para nadie porque los tres municipios lo publicaron en sus páginas oficiales como un logro de la gestión de los intendentes. Pero no es un logro. Es hacerse cómplice de una situación que es delictiva. Cuando algo se convierte en residuo porque la ley lo dice o porque es tóxico, tiene que ser depuesto o mandado a disposición final por empresas que estén habilitadas para eso y hay unas cuantas en el país", dijo Caparelli.
En el caso de Paso de los Libres, el intendente Martín Ascúa le agradeció en diciembre a través de su cuenta de Facebook al propio Zabaleta por la donación de 500 lámparas usadas. "Nos van a ayudar en la tarea de dejar más linda a nuestra querida ciudad. ¡Muchas gracias compañero!", dijo el jefe municipal.
"Acá lo dispusieron por ordenanza, entonces no se complica sólo el intendente, sino también los concejales que votaron eso y mandan algo que es un residuo tóxico a un municipio y a su vez lo instalan como algo para el aplauso. Para que digan 'mirá lo bueno que es'. Esas luminarias están destinadas a ser destruidas y encima en las páginas oficiales se ve el camión que las transporta", añadió el titular de la ONG.
Para Caparelli, "la irresponsabilidad de parte de los funcionarios es enorme". De acuerdo con el abogado, dijo que no han recibido respuesta alguna y que no entiende por qué tardan. "Uno de los argumentos de las leyes donde dice que hay un plazo para sustituir todas las luminarias es, primero, la contaminación. Segundo el mayor costo y tercero el peligro para la salud humana. Es decir que todo eso lo están llevando de un lugar a otro. Lo están llevando a barrios que no se saben cuáles son, donde están instalando esas luminarias, por lo cual ahí la luz va a ser más cara, más contaminante y va a haber peligro para la salud. Es un delirio", añadió.
Están por vencerse los plazos para que les den una respuesta. Y cuando suceda, la ONG analizará qué actitud tomar. "Porque si están esperando al último momento para contestar, es un reconocimiento tácito de que eso es cierto. Porque si no es así, deberían contestar a los pocos días diciéndolo. Los plazos vencen en estas próximas semanas. En este caso no sé por qué se tomaron tanto tiempo para responder", agregó.
La nueva presentación que hizo la Asociación también incluyó al Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), ya que es la autoridad bonaerense que debe controlar que se cumpla con la ley. "Tiene que saber lo que se hace con los residuos de su jurisdicción, que es la Provincia, y no nos respondieron. No sabemos si el OPDS ha tomado alguna decisión. Vencidos todos los plazos, veremos qué acción tomar. Optamos por la acción civil porque es más acorde con la realidad en el sentido de que es más claro el conocimiento que se pueda tener de la responsabilidad patrimonial. Si bien el tema es delictual porque incurre en el incumplimiento de una ley, eso será materia que corresponda a lo que diga algún fiscal", señaló.
El OPDS dijo a Infobae que "acompañan a los municipios en la gestión correcta de sus residuos con asistencia técnica y control" y que los municipios "cuentan con un año para el almacenamiento de los mismos, bajo las condiciones establecidas por ley hasta ser enviados a un Operador habilitado para su tratamiento y disposición final".
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Fecha de Publicación: 19/03/2019
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Buenos Aires
Hay leyes provinciales, nacionales e incluso supranacionales que establecen específicamente qué tienen que hacer las autoridades con los denominados "residuos peligrosos", aquellos materiales que una vez que dejan de ser útiles, deben ser tratados de manera especial por el riesgo que representan para la salud pública. En ese grupo están incluidas las viejas lámparas de alumbrado público, compuestas en muchos casos por elementos como el mercurio o el sodio. No son reutilizables y deben ser destruidas por empresas y profesionales capacitados.
Con el avance tecnológico, la sustitución de las luminarias antiguas por lámparas más modernas se volvió una necesidad impostergable, básicamente por tres motivos: dañan el medio ambiente, consumen mucha energía y afectan a la población. Fue así que en 2011 comenzó un plan de recambio en toda la Argentina y para fin de este año toda la iluminación debe ser completamente nueva.
Sin embargo, en cientos de lugares estas normativas no se cumplen, o por lo menos hay una fuerte sospecha. Según una investigación de la Asociación Inquietudes Ciudadanas (una ONG con experiencia en temas ambientales) reflejada por Infobae, hay al menos 30 municipios bonaerenses en los que hay una potencial contaminación por mercurio con el alumbrado público que fue reemplazado.
Según una investigación de la Asociación Inquietudes Ciudadanas, una ONG con experiencia en temas ambientales, hay al menos 30 municipios bonaerenses en los que hay una potencial contaminación por mercurio con el alumbrado público que fue reemplazado
La ONG notó que son muchos los lugares que informaron acerca de planes para reemplazar la iluminación pública, adjudicaron contratos a través de licitaciones, cambiaron las bombitas pero en ningún caso dieron cuenta de cómo destruyeron el material antiguo o si es que lo hicieron.
Inicialmente, se enfocaron en la provincia de Buenos Aires y comenzaron a pedir informes a cada gobierno local para saber si cumplieron con la ley. Hasta ahora, las repuestas han sido nulas y en caso de no ser satisfactorias, pedirán intervención de la justicia.
Los casos son muchos pero en las últimas semanas, la organización que lidera esta investigación recibió la información de hay más infracciones, en las que se viola la ley casi de manera flagrante. Es por esto que se vio obligada a solicitar nuevos informes. En este caso es un pedido a tres localidades bonaerenses que entre ellas hicieron acuerdos que rompen de lleno con la normativa.
Se trata de donaciones de luminarias usadas que hizo el municipio de Hurlingham a las localidades de Moreno y Paso de los Libres. En el primer caso, el intendente Juan Zabaleta hizo la entrega en octubre pasado de 5 mil lámparas viejas a su par Walter Festa. El acuerdo fue anunciado con bombos y platillos por ambos jefes municipales.
"Decidimos donar al Municipio de Moreno 5.000 artefactos para que puedan mejorar la iluminación del distrito. En estos momentos difíciles, seguimos soñando y continuamos creyendo en que podemos luchar y ampliar los derechos de todos y de todas", dijo por entonces el intendente de Hurlingham.
Festa, en tanto, agradeció la donación y desde el municipio informaron que "serán instaladas en aquellos sectores donde aún no llegó el actual plan de luminarias".
Hasta acá se trataría de una buena noticia. Pero directamente se está incumpliendo con la normativa vigente. La Ley Nacional 24.051 de Residuos Peligrosos establece entre varias cosas que este tipo de elementos no pueden ser comercializados ni mucho menos reutilizados. Infobae dialogó con Mario Caparelli, titular de la ONG y quien lidera la investigación para saber qué paso con las miles de luminarias desechadas en todo el país, dijo que ya pidieron informe sobre las irregularidades que cometieron con la donación.
La Ley Nacional 24.051 de Residuos Peligrosos establece entre varias cosas que este tipo de elementos no pueden ser comercializados ni mucho menos reutilizados
"No es secreto para nadie porque los tres municipios lo publicaron en sus páginas oficiales como un logro de la gestión de los intendentes. Pero no es un logro. Es hacerse cómplice de una situación que es delictiva. Cuando algo se convierte en residuo porque la ley lo dice o porque es tóxico, tiene que ser depuesto o mandado a disposición final por empresas que estén habilitadas para eso y hay unas cuantas en el país", dijo Caparelli.
En el caso de Paso de los Libres, el intendente Martín Ascúa le agradeció en diciembre a través de su cuenta de Facebook al propio Zabaleta por la donación de 500 lámparas usadas. "Nos van a ayudar en la tarea de dejar más linda a nuestra querida ciudad. ¡Muchas gracias compañero!", dijo el jefe municipal.
"Acá lo dispusieron por ordenanza, entonces no se complica sólo el intendente, sino también los concejales que votaron eso y mandan algo que es un residuo tóxico a un municipio y a su vez lo instalan como algo para el aplauso. Para que digan 'mirá lo bueno que es'. Esas luminarias están destinadas a ser destruidas y encima en las páginas oficiales se ve el camión que las transporta", añadió el titular de la ONG.
Para Caparelli, "la irresponsabilidad de parte de los funcionarios es enorme". De acuerdo con el abogado, dijo que no han recibido respuesta alguna y que no entiende por qué tardan. "Uno de los argumentos de las leyes donde dice que hay un plazo para sustituir todas las luminarias es, primero, la contaminación. Segundo el mayor costo y tercero el peligro para la salud humana. Es decir que todo eso lo están llevando de un lugar a otro. Lo están llevando a barrios que no se saben cuáles son, donde están instalando esas luminarias, por lo cual ahí la luz va a ser más cara, más contaminante y va a haber peligro para la salud. Es un delirio", añadió.
Están por vencerse los plazos para que les den una respuesta. Y cuando suceda, la ONG analizará qué actitud tomar. "Porque si están esperando al último momento para contestar, es un reconocimiento tácito de que eso es cierto. Porque si no es así, deberían contestar a los pocos días diciéndolo. Los plazos vencen en estas próximas semanas. En este caso no sé por qué se tomaron tanto tiempo para responder", agregó.
La nueva presentación que hizo la Asociación también incluyó al Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), ya que es la autoridad bonaerense que debe controlar que se cumpla con la ley. "Tiene que saber lo que se hace con los residuos de su jurisdicción, que es la Provincia, y no nos respondieron. No sabemos si el OPDS ha tomado alguna decisión. Vencidos todos los plazos, veremos qué acción tomar. Optamos por la acción civil porque es más acorde con la realidad en el sentido de que es más claro el conocimiento que se pueda tener de la responsabilidad patrimonial. Si bien el tema es delictual porque incurre en el incumplimiento de una ley, eso será materia que corresponda a lo que diga algún fiscal", señaló.
El OPDS dijo a Infobae que "acompañan a los municipios en la gestión correcta de sus residuos con asistencia técnica y control" y que los municipios "cuentan con un año para el almacenamiento de los mismos, bajo las condiciones establecidas por ley hasta ser enviados a un Operador habilitado para su tratamiento y disposición final".
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