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Justicia nuevamente protege las escuelas entrerrianas
01:00 | 
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Otro freno a las fumigaciones cerca de las escuelas rurales
Fecha de Publicación: 08/10/2019
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Entre Ríos
La Cámara dejó sin efecto el decreto del gobernador Gustavo Bordet, que beneficiaba a los empresarios del agro transgénico.
Un nuevo fallo judicial protege a las escuelas rurales de Entre Ríos y frena las fumigaciones con agrotóxicos. Se trata de la decisión de la Cámara Civil y Comercial Sala III de Paraná, que deja sin efecto el decreto del gobernador Gustavo Bordet -que beneficiaba a los empresarios del agro transgénico- y establece la vigencia de 1000 metros de protección ante las fumigaciones terrestres (y 3000 metros para las aéreas).
Desde hace más de un año en Entre Ríos se libra una disputa judicial entre quienes exigen proteger la salud de los alumnos y docentes, y quienes reclaman poder fumigar en cercanías de las escuelas. En un hecho inédito, el juez cuestionó la forma incompleta de evaluar la toxicidad de los agrotóxicos, porque no se miden efectos crónicos en la salud.
"No todos los derechos involucrados tienen el mismo peso a la hora de su tutela. Ello debe llevarnos a reflexionar sobre la importancia de estos principios (ambiente y derechos de niños, niñas y adolescentes) en las generaciones futuras", afirmó el juez Virgilio Galanti para recordar que la salud de la población (y aún más de les niñes) está antes que la producción agropecuaria. Es uno de los argumentos para dejar sin efecto el decreto 2239/19 del gobernador Gustavo Bordet, que había desoído dos fallos anteriores y redujo a solo 100 metros las distancias para fumigar escuelas rurales.
La Coordinadora Basta es Basta, que nuclea a medio centenar de organizaciones que reclaman no ser fumigadas, dio la bienvenida a la nueva sentencia, pero en un comunicado explicó que ya no quiere sentencias judiciales.
"Señor Gobernador, ya no nos alcanza con festejar fallos judiciales mientras todas las semanas recibimos nuevos nombres de jóvenes que han muerto en nuestra provincia. Queremos festejar poder proyectar salud, futuro y prosperidad para todos los entrerrianos. Reiteramos la urgente necesidad de avanzar en una transformación productiva que lleve a abandonar el uso masivo de venenos en el agro", señaló la entidad.
El juez Virgilio Galanti cuestionó que el gobierno provincial no haya cumplido el fallo judicial inicial, de 2018, que ordenaba realizar estudios. "No se han realizado evaluaciones epidemiológicas de quienes asisten a todas las escuelas rurales de la provincia de Entre Ríos", alertó el juez en el fallo del 26 de septiembre.
Galanti abordó un tema silenciado por el agronegocio: la forma en que el Estado argentino, a través del Senasa --Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agropecuaria--, categoriza la peligrosidad de los agrotóxicos. "La clasificación del Senasa es realizada bajo el método de Dosis Letal (DL) 50, cuyo objetivo es discernir exclusivamente la toxicidad aguda de un producto, con la que muere el 50 por ciento de una población de animales de laboratorio. Utilizar ese criterio de clasificación es insuficiente para establecer distancias y garantizar la seguridad", afirmó el juez.
Javier Souza Casadinho es docente de la Facultad de Agronomía y coordinador de la Red de Acción en Plaguicidas de América Latina (Rapal). "La 'Dosis Letal 50' nada nos dice sobre las intoxicaciones crónicas, por ejemplo cuando las personas de una comunidad están expuestos a dosis pequeñas por largos periodos o sometidas a distintos tipos de plaguicidas que se van sumando en el tiempo", explicó.
Es un histórico reclamo de los pueblos afectados por las fumigaciones: que se incluyan estudios de toxicidad crónica. Souza Casadinho resaltó que el Senasa no tiene en cuenta, por ejemplo, las efectos endocrinos (alteración del equilibrio hormonal) ni enfermedades epigenéticas (expresiones incorrectas del ADN). Y recordó que tampoco se tiene en cuenta la afectación y acumulación de los agroquímicos en agua, suelos ni el conocido efecto "saltamonte" (cuando pasa a estado gaseoso y se traslada largas distancias).
El Foro Ecologista de Paraná y el sindicato docente Agmer (Asociación Gremial del Magisterio) presentaron en agosto de 2018 un amparo ambiental para proteger de agrotóxicos a los niños y trabajadores de las escuelas rurales. El juez Oscar Daniel Benedetto, de la Cámara II de la Sala II se expidió el 1 de octubre: prohibió fumigar con agrotóxicos a menos de 1000 metros de las escuelas de Entre Ríos. Y la distancia de protección se extendió a 3000 metros en el caso de aplicaciones aéreas. La protección abarcó a las 1023 escuelas rurales de la provincia.
El amparo que protege las escuelas fue apelado por el gobierno de Gustavo Bordet. En segunda instancia la Justicia volvió a proteger la salud de los alumnos y docentes. La respuesta del gobernador Bordet fue emitir un decreto (el 2 de enero de 2019) que desoyó los fallos judiciales y redujo a sólo 100 metros las fumigaciones.
En mayo, el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, máximo tribunal provincial, declaró la inconstitucionalidad del decreto del Gobernador. Mantuvo vigente el amparo que aleja las fumigaciones terrestres a 1000 metros de las escuelas. El 1 de agosto, el Gobernador ignoró el fallo del Superior Tribunal y emitió un nuevo decreto (2239/19), que habilitó las fumigaciones a 100 metros de las escuelas.
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Fecha de Publicación: 08/10/2019
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Entre Ríos
La Cámara dejó sin efecto el decreto del gobernador Gustavo Bordet, que beneficiaba a los empresarios del agro transgénico.
Un nuevo fallo judicial protege a las escuelas rurales de Entre Ríos y frena las fumigaciones con agrotóxicos. Se trata de la decisión de la Cámara Civil y Comercial Sala III de Paraná, que deja sin efecto el decreto del gobernador Gustavo Bordet -que beneficiaba a los empresarios del agro transgénico- y establece la vigencia de 1000 metros de protección ante las fumigaciones terrestres (y 3000 metros para las aéreas).
Desde hace más de un año en Entre Ríos se libra una disputa judicial entre quienes exigen proteger la salud de los alumnos y docentes, y quienes reclaman poder fumigar en cercanías de las escuelas. En un hecho inédito, el juez cuestionó la forma incompleta de evaluar la toxicidad de los agrotóxicos, porque no se miden efectos crónicos en la salud.
"No todos los derechos involucrados tienen el mismo peso a la hora de su tutela. Ello debe llevarnos a reflexionar sobre la importancia de estos principios (ambiente y derechos de niños, niñas y adolescentes) en las generaciones futuras", afirmó el juez Virgilio Galanti para recordar que la salud de la población (y aún más de les niñes) está antes que la producción agropecuaria. Es uno de los argumentos para dejar sin efecto el decreto 2239/19 del gobernador Gustavo Bordet, que había desoído dos fallos anteriores y redujo a solo 100 metros las distancias para fumigar escuelas rurales.
La Coordinadora Basta es Basta, que nuclea a medio centenar de organizaciones que reclaman no ser fumigadas, dio la bienvenida a la nueva sentencia, pero en un comunicado explicó que ya no quiere sentencias judiciales.
"Señor Gobernador, ya no nos alcanza con festejar fallos judiciales mientras todas las semanas recibimos nuevos nombres de jóvenes que han muerto en nuestra provincia. Queremos festejar poder proyectar salud, futuro y prosperidad para todos los entrerrianos. Reiteramos la urgente necesidad de avanzar en una transformación productiva que lleve a abandonar el uso masivo de venenos en el agro", señaló la entidad.
El juez Virgilio Galanti cuestionó que el gobierno provincial no haya cumplido el fallo judicial inicial, de 2018, que ordenaba realizar estudios. "No se han realizado evaluaciones epidemiológicas de quienes asisten a todas las escuelas rurales de la provincia de Entre Ríos", alertó el juez en el fallo del 26 de septiembre.
Galanti abordó un tema silenciado por el agronegocio: la forma en que el Estado argentino, a través del Senasa --Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agropecuaria--, categoriza la peligrosidad de los agrotóxicos. "La clasificación del Senasa es realizada bajo el método de Dosis Letal (DL) 50, cuyo objetivo es discernir exclusivamente la toxicidad aguda de un producto, con la que muere el 50 por ciento de una población de animales de laboratorio. Utilizar ese criterio de clasificación es insuficiente para establecer distancias y garantizar la seguridad", afirmó el juez.
Javier Souza Casadinho es docente de la Facultad de Agronomía y coordinador de la Red de Acción en Plaguicidas de América Latina (Rapal). "La 'Dosis Letal 50' nada nos dice sobre las intoxicaciones crónicas, por ejemplo cuando las personas de una comunidad están expuestos a dosis pequeñas por largos periodos o sometidas a distintos tipos de plaguicidas que se van sumando en el tiempo", explicó.
Es un histórico reclamo de los pueblos afectados por las fumigaciones: que se incluyan estudios de toxicidad crónica. Souza Casadinho resaltó que el Senasa no tiene en cuenta, por ejemplo, las efectos endocrinos (alteración del equilibrio hormonal) ni enfermedades epigenéticas (expresiones incorrectas del ADN). Y recordó que tampoco se tiene en cuenta la afectación y acumulación de los agroquímicos en agua, suelos ni el conocido efecto "saltamonte" (cuando pasa a estado gaseoso y se traslada largas distancias).
El Foro Ecologista de Paraná y el sindicato docente Agmer (Asociación Gremial del Magisterio) presentaron en agosto de 2018 un amparo ambiental para proteger de agrotóxicos a los niños y trabajadores de las escuelas rurales. El juez Oscar Daniel Benedetto, de la Cámara II de la Sala II se expidió el 1 de octubre: prohibió fumigar con agrotóxicos a menos de 1000 metros de las escuelas de Entre Ríos. Y la distancia de protección se extendió a 3000 metros en el caso de aplicaciones aéreas. La protección abarcó a las 1023 escuelas rurales de la provincia.
El amparo que protege las escuelas fue apelado por el gobierno de Gustavo Bordet. En segunda instancia la Justicia volvió a proteger la salud de los alumnos y docentes. La respuesta del gobernador Bordet fue emitir un decreto (el 2 de enero de 2019) que desoyó los fallos judiciales y redujo a sólo 100 metros las fumigaciones.
En mayo, el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, máximo tribunal provincial, declaró la inconstitucionalidad del decreto del Gobernador. Mantuvo vigente el amparo que aleja las fumigaciones terrestres a 1000 metros de las escuelas. El 1 de agosto, el Gobernador ignoró el fallo del Superior Tribunal y emitió un nuevo decreto (2239/19), que habilitó las fumigaciones a 100 metros de las escuelas.
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Desastre ambiental por explosión de fábrica de agrotóxicos
Desastre ambiental en la provincia de Vidal: “Es un accidente a nivel Chernobyl”
Fecha de Publicación: 07/10/2019
Fuente: InfoNews
Provincia/Región: Buenos Aires
Explotó una fábrica de agrotóxicos en Mercedes. Nadie del gobierno se acercó a la zona de desastre. Provocó la muerte de una persona y una debacle ambiental que pone en riesgo la salud de los habitantes del lugar.
Ocurrió el viernes 27 de septiembre, pero el cerco mediático que existe sobre los agrovenenos en Argentina, hizo que demorara su difusión. Explotó una fábrica de agrotóxicos en el partido bonaerense de Mercedes, que provocó la muerte de una persona y un desastre ambiental que pone en riesgo la salud de los habitantes del lugar.
Según publicó Radio Gráfica, Martin Barros, productor de semillas orgánicas de la zona afectada, expresó: “Toneladas de agrotóxicos concentrados ardieron, se gasificaron y diseminaron por el aire, es un accidente a nivel Chernobyl”.
El productor relató que, en la madrugada de ese viernes, en un hecho absolutamente tapado por los medios de comunicación, alrededor de las 4.30 de la madrugada, “temblaron las paredes y piso de mi casa. Apenas amaneció se podía ver la estela inmensa de humo negro y un olor muy intenso a agrotóxico”.
La mayor preocupación gira en torno a la contaminación que podrían sufrir las napas de agua: “No sabemos ni cuándo, cuánto ni cómo se afectarán, pero va a tener repercusiones graves en la comunidad, fauna silvestre, vegetación, etc.”, sostuvo.
“Desconozco por qué de ésto se está diciendo tan poco, estamos hablando de millones de agroquímicos de altísima toxicidad en el aire”, señaló Barros.
La planta incendiada está ubicada en la ruta 42, pertenece a la firma Sigma Agro SA, de capitales desconocidos, que controla el 40% del mercado argentino de Paraquat, un herbicida altamente tóxico.
La seguridad y habilitación de empresas de este tipo, están a cargo del gobierno provincial, de María Eugenia Vidal, que hasta el momento no ha actuado en el desastre: “Es un tema que excede al Municipio, incluso creo que le queda grande a la Provincia. Luego de esta tragedia, la remediación, requiere de un esfuerzo muy grande, creo que debería intervenir directamente Nación”, expresó el productor.
“Luego de esta tragedia, la remediación, requiere de un esfuerzo muy grande, creo que debería intervenir directamente Nación”, aseguró.
Barros además informó que este jueves, tras una semana de internación, y producto de las severas quemaduras sufridas durante la explosión, murió Rubén Ponce, de 42 años: “Oficiaba de sereno, pero en realidad era un contratista de máquinas viales, intento salvar una de sus máquinas del galpón que explotó y no sobrevivió”.
Si bien desde la intendencia a cargo de Juan Ignacio Ustarroz, se está trabajando en la recuperación y prevención del medioambiente, no hubo un correcto plan de evacuación, que debió haberse implementado el mismo día del accidente, aunque sea, de manera preventiva.
La zona del incendio está ubicada a 5 km del casco urbano de Mercedes y a 3,5 km de distancia Gowdlan y Altamira, poblaciones periurbanas que podrían estar en riesgo.
La magnitud del accidente implica que se tomen medidas de urgencia para prevenir a la comunidad: “El tiempo es acuciante, cada minuto que pasa el problema se acrecienta. Ya pasaron más de 20 camiones atmosféricos especiales para residuos peligrosos, y están removiendo barro, con retroexcavadoras y camiones, para trasladar los residuos a Campana, sin embargo, nada de eso alcanza”, señaló Barros.
Para finalizar, el productor informó que se están desarrollando reuniones seguidas con el intendente y sus secretarios municipales para informar y delinear las medidas a seguir, y que la actual prioridad es establecer un “monitoreo muy riguroso de la salud de las personas que vivimos cerca de este desastre”.
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UNNE demuestra daño genético por exposición a agroquímicos
Confirman indicios de daño genético por exposición a agroquímicos
Fecha de Publicación: 02/10/2019
Fuente: Primera Edición
Provincia/Región: Nacional
Un estudio realizado por científicos del área de Biología Molecular del Instituto de Medicina Regional de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), presentado en el Congreso Nacional Bioquímico realizado en Resistencia (Chaco), reveló que se encontraron indicios de "daño genético" por exposición a agroquímicos.
El trabajo científico demostró una estimación del daño genético en personas expuestas a productos químicos y agentes “genotóxicos”, es decir aquellas sustancias que pueden unirse directamente al ADN causando mutaciones que pueden derivar o no en enfermedades oncológicas.
El estudio fue revelado por el doctor Horacio Lucero del área de Biología Molecular del Instituto de Medicina Regional de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE).
La investigación se realizó con diez pacientes, de los cuales cinco están regularmente expuestos a los agroquímicos en zonas productivas del Chaco y los restantes cinco son habitantes de la ciudad de Resistencia.
“Se hallaron rastros de Glifosato y AMPA en todas las muestras de orina incluso en las personas del grupo control que vivieron siempre en Resistencia”, dice el informe difundido por la UNNE.
Según el equipo de investigadores esto abre la hipótesis de que la vía de ingreso de estos agroquímicos sería a través de los alimentos contaminados.
Los tres pacientes que presentaron algún agrotóxico en sangre (piretroides e insecticidas organofosforados) son los que demostraron mayores porcentajes de “aberraciones cromosómicas (AC)” o “micronúcleos (MN)”.
El estudio sobre agrotóxicos en sangre hace una aclaración: los compuestos organoclorados y organofosforados se miden en sangre porque son altamente persistentes y de difícil degradación, por lo tanto pueden indicar exposiciones no recientes, mientras que Glifosato de metabolismo más rápido se debe medir en orina y puede indicar exposiciones más inmediatas.
El número de pacientes estudiados es escaso para una interpretación estadística robusta, pero dado lo laborioso de contar 1.100 células por paciente y el costo de la medición de plaguicidas en laboratorio especializado, es un trabajo muy valioso por la combinación de datos de biomarcadores de daño junto con medición de plaguicidas en muestras biológicas.
Además de Lucero, el equipo de investigadores que participó del trabajo está conformado por Bettina Brusés; Laura Formichelli; José Espíndola; Mariana Cancian; Alejandra Gómez; María Seveso; Ana Black y Raúl Montenegro.
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Fecha de Publicación: 02/10/2019
Fuente: Primera Edición
Provincia/Región: Nacional
Un estudio realizado por científicos del área de Biología Molecular del Instituto de Medicina Regional de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), presentado en el Congreso Nacional Bioquímico realizado en Resistencia (Chaco), reveló que se encontraron indicios de "daño genético" por exposición a agroquímicos.
El trabajo científico demostró una estimación del daño genético en personas expuestas a productos químicos y agentes “genotóxicos”, es decir aquellas sustancias que pueden unirse directamente al ADN causando mutaciones que pueden derivar o no en enfermedades oncológicas.
El estudio fue revelado por el doctor Horacio Lucero del área de Biología Molecular del Instituto de Medicina Regional de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE).
La investigación se realizó con diez pacientes, de los cuales cinco están regularmente expuestos a los agroquímicos en zonas productivas del Chaco y los restantes cinco son habitantes de la ciudad de Resistencia.
“Se hallaron rastros de Glifosato y AMPA en todas las muestras de orina incluso en las personas del grupo control que vivieron siempre en Resistencia”, dice el informe difundido por la UNNE.
Según el equipo de investigadores esto abre la hipótesis de que la vía de ingreso de estos agroquímicos sería a través de los alimentos contaminados.
Los tres pacientes que presentaron algún agrotóxico en sangre (piretroides e insecticidas organofosforados) son los que demostraron mayores porcentajes de “aberraciones cromosómicas (AC)” o “micronúcleos (MN)”.
El estudio sobre agrotóxicos en sangre hace una aclaración: los compuestos organoclorados y organofosforados se miden en sangre porque son altamente persistentes y de difícil degradación, por lo tanto pueden indicar exposiciones no recientes, mientras que Glifosato de metabolismo más rápido se debe medir en orina y puede indicar exposiciones más inmediatas.
El número de pacientes estudiados es escaso para una interpretación estadística robusta, pero dado lo laborioso de contar 1.100 células por paciente y el costo de la medición de plaguicidas en laboratorio especializado, es un trabajo muy valioso por la combinación de datos de biomarcadores de daño junto con medición de plaguicidas en muestras biológicas.
Además de Lucero, el equipo de investigadores que participó del trabajo está conformado por Bettina Brusés; Laura Formichelli; José Espíndola; Mariana Cancian; Alejandra Gómez; María Seveso; Ana Black y Raúl Montenegro.
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Santa Fe busca identificar patologías asociadas a pesticidas
Agroquímicos: proponen crear un registro provincial de patologías asociadas a la contaminación ambiental
Fecha de Publicación: 17/09/2019
Fuente: Aire Digital
Provincia/Región: Santa Fe
En la iniciativa se detalla que el objetivo es “reunir datos precisos sobre la incidencia de estas agresiones contra el medio ambiente y la salud que producen las prácticas productivas que hoy se imponen en todo el territorio provincial”.
Muchos actores sociales alertan sobre los efectos negativos en la salud y en el ambiente del modelo agroindustrial argentino, que depende en buena parte de la utilización intensiva de agroquímicos utilizados para “limpiar” los campos de malezas o plagas de diferente tipo. Hasta ahora, la provincia de Santa Fe no cuenta con un registro específico de patologías derivadas de ese tipo de contaminación ambiental, y eso es lo que intenta subsanar el proyecto de ley presentado por el diputado Carlos Del Frade (Frente Social y Popular) que busca dotar a las autoridades y a la población de una herramienta de conocimiento que sirva para poder luego elaborar políticas productivas y de salud que atiendan al bienestar general.
Un comité que nunca funcionó
El proyecto de ley presentado por Del Frade está anclado en un Comité Interministerial de Salud Ambiental creado hace ya nueve años con la intención de seguir de cerca las problemáticas generadas por las posibles consecuencias sobre el ambiente y la salud de las personas en relación con actividades productivas, con el ojo puesto especialmente en el uso de agroquímicos.
El decreto que creó ese Comité lo explicaba así: “La producción agropecuaria demanda el uso de biocidas y es necesario intervenir para determinar el grado en que estos productos constituyen una fuente potencial de riesgo para la salud de la población y el ambiente”.
Una de las funciones de ese Comité era registrar las denuncias vinculadas a los efectos de las fumigaciones sobre la salud de la población: “Nueve años después, sin embargo, aquel decreto no tiene existencia real en las prácticas políticas públicas de la provincia”, detalló el legislador.
Urgencias socioambientales
“Urge un informe provincial permanente y que se mantenga a través del tiempo para despejar dudas sobre la verdadera incidencia del modelo productivo en la salud y el medio ambiente santafesinos” detalló Del Frade en su propuesta, para agregar que “las permanentes fumigaciones, el siempre postergado debate sobre una nueva ley de fitosanitarios y el imperio de los intereses económicos por encima del bienestar de la naturaleza y las personas santafesinas exigen una herramienta práctica y contundente que despeje cualquier tipo de dudas sobre la consecuencia de la democratización del veneno como condición indispensable para la renta derivada del monocultivo”.
Información, insumo clave
La idea es que este registro sirva para recopilar información de pacientes con patologías derivadas de la contaminación ambiental para poder luego elaborar estadísticas al respecto. En la iniciativa se detalla que el objetivo es “reunir datos precisos sobre la incidencia de estas agresiones contra el medio ambiente y la salud que producen las prácticas productivas que hoy se imponen en todo el territorio provincial”.
Para reunir esta información se invita a gobiernos, universidades e institutos de salud que traten patologías derivadas de la contaminación ambiental “a proporcionar al registro datos precisos, investigaciones científicas y estudios especializados al respecto”.
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Fecha de Publicación: 17/09/2019
Fuente: Aire Digital
Provincia/Región: Santa Fe
En la iniciativa se detalla que el objetivo es “reunir datos precisos sobre la incidencia de estas agresiones contra el medio ambiente y la salud que producen las prácticas productivas que hoy se imponen en todo el territorio provincial”.
Muchos actores sociales alertan sobre los efectos negativos en la salud y en el ambiente del modelo agroindustrial argentino, que depende en buena parte de la utilización intensiva de agroquímicos utilizados para “limpiar” los campos de malezas o plagas de diferente tipo. Hasta ahora, la provincia de Santa Fe no cuenta con un registro específico de patologías derivadas de ese tipo de contaminación ambiental, y eso es lo que intenta subsanar el proyecto de ley presentado por el diputado Carlos Del Frade (Frente Social y Popular) que busca dotar a las autoridades y a la población de una herramienta de conocimiento que sirva para poder luego elaborar políticas productivas y de salud que atiendan al bienestar general.
Un comité que nunca funcionó
El proyecto de ley presentado por Del Frade está anclado en un Comité Interministerial de Salud Ambiental creado hace ya nueve años con la intención de seguir de cerca las problemáticas generadas por las posibles consecuencias sobre el ambiente y la salud de las personas en relación con actividades productivas, con el ojo puesto especialmente en el uso de agroquímicos.
El decreto que creó ese Comité lo explicaba así: “La producción agropecuaria demanda el uso de biocidas y es necesario intervenir para determinar el grado en que estos productos constituyen una fuente potencial de riesgo para la salud de la población y el ambiente”.
Una de las funciones de ese Comité era registrar las denuncias vinculadas a los efectos de las fumigaciones sobre la salud de la población: “Nueve años después, sin embargo, aquel decreto no tiene existencia real en las prácticas políticas públicas de la provincia”, detalló el legislador.
Urgencias socioambientales
“Urge un informe provincial permanente y que se mantenga a través del tiempo para despejar dudas sobre la verdadera incidencia del modelo productivo en la salud y el medio ambiente santafesinos” detalló Del Frade en su propuesta, para agregar que “las permanentes fumigaciones, el siempre postergado debate sobre una nueva ley de fitosanitarios y el imperio de los intereses económicos por encima del bienestar de la naturaleza y las personas santafesinas exigen una herramienta práctica y contundente que despeje cualquier tipo de dudas sobre la consecuencia de la democratización del veneno como condición indispensable para la renta derivada del monocultivo”.
Información, insumo clave
La idea es que este registro sirva para recopilar información de pacientes con patologías derivadas de la contaminación ambiental para poder luego elaborar estadísticas al respecto. En la iniciativa se detalla que el objetivo es “reunir datos precisos sobre la incidencia de estas agresiones contra el medio ambiente y la salud que producen las prácticas productivas que hoy se imponen en todo el territorio provincial”.
Para reunir esta información se invita a gobiernos, universidades e institutos de salud que traten patologías derivadas de la contaminación ambiental “a proporcionar al registro datos precisos, investigaciones científicas y estudios especializados al respecto”.
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Caso Pergamino: Casafe sigue insistiendo con la BPA
Casafe “confía” en que se apele y revierta el fallo sobre agroquímicos en Pergamino
Fecha de Publicación: 14/09/2019
Fuente: Clarin
Provincia/Región: Buenos Aires
La entidad aseguró que los herbicidas y plaguicidas son seguros si se los usa correctamente y advirtió sobre el riesgo de establecer áreas de exclusión de esta escala.
En un comunicado, la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes fijó posición sobre la decisión de la Justicia Federal de San Nicolás que en un fallo estableció distintas de 1.095 metros de las zonas urbanas de Pergamino para pulverizaciones terrestres de agroquímicos y de 3.000 metros para las aplicaciones aéreas
“Desde Casafe respetamos las decisiones judiciales y confiamos que al apelar esta medida se revierta, fundada en el análisis integral de la información adicional, dada la gran cantidad de estudios disponibles sobre la seguridad de los agroquímicos, y del sistema regulatorio”, planteó la entidad.
Los agroquímicos son productos regulados y aprobados por el Senasa -recordó la entidad-, que realiza una evaluación de riesgo en base a los informes toxicológicos (incluida la genotoxicidad) y ecotoxicológicos, llevados adelante por laboratorios nacionales e internacionales bajo la certificación de calidad “Buenas Prácticas de Laboratorio”, en base a protocolos validados de la Ocde (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos). “La seguridad de los agroquímicos es categórica, siempre que se manipulen responsablemente, bajo estándares de buenas prácticas agrícolas”, insistieron desde Casafe.
La entidad argumentó que esta medida de amplia restricción, genera toda una zona liberada para la formación de plagas, que no solo afectan la productividad de las áreas vecinas, sino que también pueden ser perjudiciales para la salud de toda la comunidad de Pergamino. “Por esta razón, es importante que no existan zonas de exclusión, sino de amortiguamiento, en donde se aplican productos con determinadas condiciones climáticas y bajo la supervisión de un profesional”, se explica en el comunicado.
Más de 35 jornadas de aplicación de fitosanitarios realizadas por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación demuestran que siguiendo las buenas prácticas agropecuarias, se minimiza el alcance de los agroquímicos por fuera del cultivo a menos de 10 metros de distancia para el caso terrestre y a 44 metros en la aérea.
“Está disponible, además, el documento de recomendación del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación a la cual adhieren muchas instituciones, en el que se sugiere contemplar 100 metros de distancias para la aplicación terrestre y 200 metros para el caso aéreo”, recordó Casafe.
Respecto a la posible presencia de agroquímicos en el agua, la última información pública del municipio de Pergamino, en base a un informe realizado por la Autoridad del Agua, es que el agua es potable con límites permitidos considerados seguros por los organismos internacionales, incluidos el Senasa.
Además, el comunicado de Casafe recuerda que un reciente estudio realizado en la localidad de Pergamino por la Facultad de Agronomía de Buenos Aires (Fauba) llevado a cabo por toxicólogos, en donde se evaluó el nivel de exposición humana a agroquímicos en individuos que viven en zonas rurales o que trabajan en cultivos transgénicos, encontró niveles de exposición mucho más bajos de los permitidos legalmente.
“La clave está en la concientización del uso responsable de agroquímicos, las buenas prácticas agrícolas y la implementación de un estricto control para que esto se cumpla”, concluyó la entidad.
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Fecha de Publicación: 14/09/2019
Fuente: Clarin
Provincia/Región: Buenos Aires
La entidad aseguró que los herbicidas y plaguicidas son seguros si se los usa correctamente y advirtió sobre el riesgo de establecer áreas de exclusión de esta escala.
En un comunicado, la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes fijó posición sobre la decisión de la Justicia Federal de San Nicolás que en un fallo estableció distintas de 1.095 metros de las zonas urbanas de Pergamino para pulverizaciones terrestres de agroquímicos y de 3.000 metros para las aplicaciones aéreas
“Desde Casafe respetamos las decisiones judiciales y confiamos que al apelar esta medida se revierta, fundada en el análisis integral de la información adicional, dada la gran cantidad de estudios disponibles sobre la seguridad de los agroquímicos, y del sistema regulatorio”, planteó la entidad.
Los agroquímicos son productos regulados y aprobados por el Senasa -recordó la entidad-, que realiza una evaluación de riesgo en base a los informes toxicológicos (incluida la genotoxicidad) y ecotoxicológicos, llevados adelante por laboratorios nacionales e internacionales bajo la certificación de calidad “Buenas Prácticas de Laboratorio”, en base a protocolos validados de la Ocde (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos). “La seguridad de los agroquímicos es categórica, siempre que se manipulen responsablemente, bajo estándares de buenas prácticas agrícolas”, insistieron desde Casafe.
La entidad argumentó que esta medida de amplia restricción, genera toda una zona liberada para la formación de plagas, que no solo afectan la productividad de las áreas vecinas, sino que también pueden ser perjudiciales para la salud de toda la comunidad de Pergamino. “Por esta razón, es importante que no existan zonas de exclusión, sino de amortiguamiento, en donde se aplican productos con determinadas condiciones climáticas y bajo la supervisión de un profesional”, se explica en el comunicado.
Más de 35 jornadas de aplicación de fitosanitarios realizadas por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación demuestran que siguiendo las buenas prácticas agropecuarias, se minimiza el alcance de los agroquímicos por fuera del cultivo a menos de 10 metros de distancia para el caso terrestre y a 44 metros en la aérea.
“Está disponible, además, el documento de recomendación del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación a la cual adhieren muchas instituciones, en el que se sugiere contemplar 100 metros de distancias para la aplicación terrestre y 200 metros para el caso aéreo”, recordó Casafe.
Respecto a la posible presencia de agroquímicos en el agua, la última información pública del municipio de Pergamino, en base a un informe realizado por la Autoridad del Agua, es que el agua es potable con límites permitidos considerados seguros por los organismos internacionales, incluidos el Senasa.
Además, el comunicado de Casafe recuerda que un reciente estudio realizado en la localidad de Pergamino por la Facultad de Agronomía de Buenos Aires (Fauba) llevado a cabo por toxicólogos, en donde se evaluó el nivel de exposición humana a agroquímicos en individuos que viven en zonas rurales o que trabajan en cultivos transgénicos, encontró niveles de exposición mucho más bajos de los permitidos legalmente.
“La clave está en la concientización del uso responsable de agroquímicos, las buenas prácticas agrícolas y la implementación de un estricto control para que esto se cumpla”, concluyó la entidad.
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Justicia protege a vecinos de Pergamino de fumigaciones
Fallo histórico: la Justicia Federal prohibió las fumigaciones a 3 mil metros en Pergamino
Fecha de Publicación: 05/09/2019
Fuente: InfoCielo
Provincia/Región: Buenos Aires
Después de numerosos estudios que mostraron la contaminación del agua y la presencia de grandes dosis de diferentes agroquímicos, el Juzgado Federal de San Nicolás estableció que no se podrá fumigar a menos de mil metros en forma terrestre y a menos de tres mil, de forma aérea, respecto a la planta urbana. El dato clave fue la confirmación de que los fitosanitarios en sangre producen “daños genéticos”.
En Pergamino, el drama por el agua contaminada está llegando a una resolución histórica. El Juzgado Federal Nº 2 de San Nicolás a cargo del juez Carlos Villafuerte Ruzzo dictó una resolución que prohíbe las fumigaciones terrestres a más de mil metros y las áreas, a más de tres mil.
El único precedente hasta ahora a nivel nacional había sido en Entre Ríos, luego de que el Supremo Tribunal de Justicia así lo estableciera para esa provincia. En tanto, se convierte en el primer caso emitido en territorio bonaerense.
La medida es extensiva de lo ya ordenado por el juez en abril de este año, cuando había pedido suspender provisoriamente las fumigaciones, mientras se determinaba el impacto que los distintos agroquímicos en las poblaciones cercanas.
En efecto, meses después, dos informes distintos concluyeron en que la cantidad de cáncer y enfermedades respiratorias y de piel tenía que ver con la presencia de 18 tipos distintos de agroquímicos en el agua analizada en los barrios afectados.
El nuevo fallo –que tendrá un impacto a nivel provincial y nacional- le pide además al intendente Javier Martínez (de Juntos por el Cambio) que le informe sobre la cantidad de parajes y pueblos rurales que existen dentro del Partido de Pergamino, para que también se fijen una distancia considerable para las fumigaciones en esas zonas.
Uno de los argumentos que llevaron a convencer al juez para ordenar las fumigaciones a más de mil metro se basa en el último informe del equipo de investigación de Genotoxicidad de la Universidad Nacional de Río Cuarto a cargo de la Doctora en Biología, Delia Aiassa. Ese estudio demostró que los agroquímicos en sangre pueden producir “daños genéticos” y así se convalidó a base de las diferentes enfermedades que sufre toda una familia de Pergamino.
De hecho, en el propio informe a cargo de la doctora Aiassa, se sugería que la distancia para las fumigaciones debía ser a más de mil metros, propio de la experiencia ya recogida respecto a casos similares ocurridos en Córdoba.
En la reflexión del propio magistrado, se evidencia que el Estado “no tiene la capacidad de restituir del daño” que ya generó la contaminación del agua y que por eso, las medidas ahora ordenadas apuntan más que nada a prevenir casos futuros. El fallo pone en aprietos al gobierno de la Provincia y también del municipio a cargo del intendente Javier Martínez, quien hasta entonces había negado la contaminación del agua. “El tema del agua es algo complejo, está manoseado políticamente y siempre surge en épocas electorales. (…) Se encontró una partícula de glifosato en miles y miles de litros porque nuestro suelo se aplica esa sustancia hace mucho tiempo, pero lo que tiene no es dañino”, había dicho hace poco.
Por su parte, el fiscal de la causa Matías Di Lello se mostró a favor del fallo y destacó que según los numerosos estudios ya realizados, ya no se discute que el agua de Pergamino esté contaminada. Para el fiscal, los nuevos informes deberían apuntar a esclarecer qué niveles de toxicidad marcan.
Sobre esto, es importante recordar que la propia Autoridad del Agua a cargo de Provincia confirmó que las napas de agua de Pergamino obtienen niveles altos –no permitidos- de arsénico, y que según lo aportado por los profesionales que actuaron en la causa, este material tiene un efecto aún más dañino cuando se mescla con las partículas de agroquímicos que se hallan en el agua.
Resumen de la Causa
El primer estudio que les dio la razón a los vecinos, fue realizado por especialistas del Conicet y del Inta- Balcarce, así como por el especialista de la Universidad Nacional de La Plata, Damián Marino. Allí se arrojó niveles altos de agroquímicos en el agua. Sin embargo, posteriormente el municipio encomendó un estudio paralelo realizado por la Autoridad del Agua de la provincia (ASA), que contradijo lo anteriormente dicho.
A pesar de lo que había arrojado los análisis previos de dos laboratorios, el municipio ordenó una muestra que llevó a cabo Bromatología y la Autoridad del Agua de la Provincia, quienes posteriormente publicaron sus resultados y descartaron que el agua esté contaminada.
Para destrabar el conflicto, el juez Villafuerte Ruzo dispuso que por ahora se suspenda cualquier tipo de fumigación y ordenó que se realice un nuevo análisis al equipo de Toxicología de la Corte Suprema de la Nación. El cual, coincidió en que el agua de los pergaminenses estaba contaminada.
La última novedad fue que la propia Autoridad del Agua aseguró que el agua de la ciudad contiene niveles altísimos de arsénico. Pese a que el mismo se trata de un material natural -no producto de una contaminación externa-, potencia la peligrosidad para la salud humana en contacto con los agroquímicos.
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Santa Fe sigue debatiendo una nueva ley de agroquímico
La Legislatura santafesina deberá debatir una nueva ley de agroquímico
Fecha de Publicación: 05/09/2019
Fuente: Sin Mordaza
Provincia/Región: Santa Fe
Hay tres proyectos en análisis pero no hay ninguna certeza de que se traten este año.
La utilización intensiva de agroquímicos que demanda el modelo agroindustrial argentino hace tiempo que es tema de debate social. Esto por sus consecuencias negativas sobre la salud del ambiente y de las personas. Sin embargo, y en el medio de fuertes intereses cruzados, el debate político viene a la rastra. Y todavía no ha podido consensuar una nueva legislación para lo que es hoy la principal problemática socioambiental de la zona agrícola nacional.
Legislatura santafesina
En Santa Fe actualmente hay tres proyectos de ley en la Legislatura que buscan ordenar el uso de esos insumos. A través de la modificación de la ley 11.273, que data de 1995 cuando aún ni siquiera se había autorizado el uso de semillas modificadas en el país. El debate, que está en la comisión de Asuntos Constitucionales y que -en los papeles- debería llegar al recinto en un par de semanas, está tensionado por las diferentes posiciones que existen. Esto en relación a las distancias a las cuáles se puede fumigar de cascos urbanos tanto de manera terrestre como aérea. Así como a la presencia de depósitos de agroquímicos dentro de núcleos habitados.
Con inciertas chances de avanzar de manera concreta en el tema en lo que resta del año. Y en medio de la eterna transición política provincial, Entre Ríos (donde hay una guerra virtual entre docentes, el poder judicial, el Ejecutivo y la Mesa de Enlace por las distancias a las fumigaciones) ofrece un espejo donde Santa Fe puede mirarse. Y ver qué pasa cuando la inacción política no resuelve una demanda que ya lleva años.
Tres proyectos en pugna
Hoy hay tres proyectos en discusión. Uno fue presentado en febrero pasado por el diputado Carlos del Frade y Mercedes Meier (Frente Social y Popular). Es apoyado por varios diputados más entre los cuáles se encuentran Rubén Giustiniani y Silvia Augsburger (Igualdad y Participación), Silvia Simoncini y Patricia Chialvo (peronismo), Palo Oliver (radicalismo) y Verónica Benas (Pares).
Retoma la propuesta histórica de la multisectorial Paren de Fumigarnos. Presentada por primera vez por José Tessa. Busca prohibir tanto las aspersiones aéreas como la presencia de depósitos de estos insumos químicos en zonas habitadas. Y propone una distancia de 1.500 metros para las aplicaciones terrestres.
Un segundo proyecto es el que impulsa el radical Santiago Mascheroni, presidente de la Comisión de Medioambiente. También pone de manera gradual límites más estrictos a las fumigaciones pero no avanza sobre el tema de los depósitos. Además, prohíbe las aspersiones aéreas a menos de 3.000 metros de las zonas habitadas.
El tercer proyecto es el que suele denominarse “Ley Bertero” (fue presentado originalmente, hace años, por la socialista Inés Bertero). Y es el más resistido por las organizaciones socioambientales, que consideran que es regresivo en cuanto a las distancias que plantea para la aplicación de estos productos al plantear varias excepciones posibles a la norma.
Paren de Fumigarnos
Desde la Multisectorial Paren de Fumigarnos expresaron su preocupación por lo que pueda pasar en la Legislatura. “La solución es el cambio de este modelo químico dependiente por uno agroecológico. Pero en ‘defensa propia’ y para poner a resguardo a los vecinos más expuestos hemos propuesto modificaciones a la ley actual”, expresaron desde esa agrupación. Estos cambios buscan incorporar zonas de resguardo de 1.500 metros como tiene San Luis. Y la prohibición de las aspersiones aéreas.
Para los ambientalistas, el proyecto de Mascheroni “es aceptable”. Ya que contempla una zona de resguardo para las fumigaciones terrestres a la que se llegaría de forma progresiva en dos años.
Todos los cañones de la Multisectorial apuntan contra el tercer proyecto. Que según puntualizaron “lleva estas zonas sin químicos de 200 a 300 metros según haya o no barrera forestal. Y permite las fumigaciones aéreas a 800 metros de las viviendas si es necesario”. “Es un proyecto de ley regresivo y anticonstitucional. Solo pensado para la renta de algunos pocos y el perjuicio de las verdaderas mayorías”, expresaron los ambientalistas.
Continuidades y rupturas políticas
A pesar de la creciente presión social sobre el tema, no hay certezas de que salga una nueva ley de la Legislatura antes de fin de año. En opinión de Del Frade “ni Lifschitz ni Perotti quieren que se trate y eso es un problema”.
Un diagnóstico parecido trazó Rafael Colombo, del colectivo ambientalista Capibara. Para quien “en la legislatura hay actitudes no homogéneas del oficialismo y de la oposición con muchas vacilaciones. Que no auguran un buen final en este año parlamentario para una reforma de la ley”,
El abogado explicó que desde Capibara apoyan el proyecto histórico de “Paren de Fumigarnos” y que hace falta una “reforma integral” del corpus normativo sobre agroquímicos que incluya, además de límites y prohibiciones, una Ley de Silos y otra de promoción de la agroecología junto a la creación “de un Observatorio de Agrotóxicos”.
Colombo avanzó en el análisis de lo que consideró “las contradicciones del oficialismo” entre las cuáles, en su opinión, “la más flagrante es la de Lifschitz”.
“En la Tercera Cumbre Climática hizo una crítica directa al sistema agroindustrial actua. Planteando límites a su rentabilidad y una mayor conciencia sobre la contaminación con agroquímicos. Mientras su ministra de la Producción (Alicia Ciciliani) apuntala el discurso de las denominadas Buenas Prácticas Agrícolas que son un eufemismo del capitalismo agroindustrial para no revisarse a sí mismo”, dijo el referente de Capibara.
En relación a lo que esperan del nuevo gobierno provincial, explicó que (tal como hicieron con el gobernador saliente) le presentarán a Perotti una propuesta ambiental desde Capibara así como los proyectos que trabajan desde la Multisectorial. “Es una persona ligada a los intereses económicos productivos de la provincia pero eso no quiere decir que no pueda ser receptivo. Han pasado los años y el escenario social ha cambiado mucho”, puntualizó.
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Fecha de Publicación: 05/09/2019
Fuente: Sin Mordaza
Provincia/Región: Santa Fe
Hay tres proyectos en análisis pero no hay ninguna certeza de que se traten este año.
La utilización intensiva de agroquímicos que demanda el modelo agroindustrial argentino hace tiempo que es tema de debate social. Esto por sus consecuencias negativas sobre la salud del ambiente y de las personas. Sin embargo, y en el medio de fuertes intereses cruzados, el debate político viene a la rastra. Y todavía no ha podido consensuar una nueva legislación para lo que es hoy la principal problemática socioambiental de la zona agrícola nacional.
Legislatura santafesina
En Santa Fe actualmente hay tres proyectos de ley en la Legislatura que buscan ordenar el uso de esos insumos. A través de la modificación de la ley 11.273, que data de 1995 cuando aún ni siquiera se había autorizado el uso de semillas modificadas en el país. El debate, que está en la comisión de Asuntos Constitucionales y que -en los papeles- debería llegar al recinto en un par de semanas, está tensionado por las diferentes posiciones que existen. Esto en relación a las distancias a las cuáles se puede fumigar de cascos urbanos tanto de manera terrestre como aérea. Así como a la presencia de depósitos de agroquímicos dentro de núcleos habitados.
Con inciertas chances de avanzar de manera concreta en el tema en lo que resta del año. Y en medio de la eterna transición política provincial, Entre Ríos (donde hay una guerra virtual entre docentes, el poder judicial, el Ejecutivo y la Mesa de Enlace por las distancias a las fumigaciones) ofrece un espejo donde Santa Fe puede mirarse. Y ver qué pasa cuando la inacción política no resuelve una demanda que ya lleva años.
Tres proyectos en pugna
Hoy hay tres proyectos en discusión. Uno fue presentado en febrero pasado por el diputado Carlos del Frade y Mercedes Meier (Frente Social y Popular). Es apoyado por varios diputados más entre los cuáles se encuentran Rubén Giustiniani y Silvia Augsburger (Igualdad y Participación), Silvia Simoncini y Patricia Chialvo (peronismo), Palo Oliver (radicalismo) y Verónica Benas (Pares).
Retoma la propuesta histórica de la multisectorial Paren de Fumigarnos. Presentada por primera vez por José Tessa. Busca prohibir tanto las aspersiones aéreas como la presencia de depósitos de estos insumos químicos en zonas habitadas. Y propone una distancia de 1.500 metros para las aplicaciones terrestres.
Un segundo proyecto es el que impulsa el radical Santiago Mascheroni, presidente de la Comisión de Medioambiente. También pone de manera gradual límites más estrictos a las fumigaciones pero no avanza sobre el tema de los depósitos. Además, prohíbe las aspersiones aéreas a menos de 3.000 metros de las zonas habitadas.
El tercer proyecto es el que suele denominarse “Ley Bertero” (fue presentado originalmente, hace años, por la socialista Inés Bertero). Y es el más resistido por las organizaciones socioambientales, que consideran que es regresivo en cuanto a las distancias que plantea para la aplicación de estos productos al plantear varias excepciones posibles a la norma.
Paren de Fumigarnos
Desde la Multisectorial Paren de Fumigarnos expresaron su preocupación por lo que pueda pasar en la Legislatura. “La solución es el cambio de este modelo químico dependiente por uno agroecológico. Pero en ‘defensa propia’ y para poner a resguardo a los vecinos más expuestos hemos propuesto modificaciones a la ley actual”, expresaron desde esa agrupación. Estos cambios buscan incorporar zonas de resguardo de 1.500 metros como tiene San Luis. Y la prohibición de las aspersiones aéreas.
Para los ambientalistas, el proyecto de Mascheroni “es aceptable”. Ya que contempla una zona de resguardo para las fumigaciones terrestres a la que se llegaría de forma progresiva en dos años.
Todos los cañones de la Multisectorial apuntan contra el tercer proyecto. Que según puntualizaron “lleva estas zonas sin químicos de 200 a 300 metros según haya o no barrera forestal. Y permite las fumigaciones aéreas a 800 metros de las viviendas si es necesario”. “Es un proyecto de ley regresivo y anticonstitucional. Solo pensado para la renta de algunos pocos y el perjuicio de las verdaderas mayorías”, expresaron los ambientalistas.
Continuidades y rupturas políticas
A pesar de la creciente presión social sobre el tema, no hay certezas de que salga una nueva ley de la Legislatura antes de fin de año. En opinión de Del Frade “ni Lifschitz ni Perotti quieren que se trate y eso es un problema”.
Un diagnóstico parecido trazó Rafael Colombo, del colectivo ambientalista Capibara. Para quien “en la legislatura hay actitudes no homogéneas del oficialismo y de la oposición con muchas vacilaciones. Que no auguran un buen final en este año parlamentario para una reforma de la ley”,
El abogado explicó que desde Capibara apoyan el proyecto histórico de “Paren de Fumigarnos” y que hace falta una “reforma integral” del corpus normativo sobre agroquímicos que incluya, además de límites y prohibiciones, una Ley de Silos y otra de promoción de la agroecología junto a la creación “de un Observatorio de Agrotóxicos”.
Colombo avanzó en el análisis de lo que consideró “las contradicciones del oficialismo” entre las cuáles, en su opinión, “la más flagrante es la de Lifschitz”.
“En la Tercera Cumbre Climática hizo una crítica directa al sistema agroindustrial actua. Planteando límites a su rentabilidad y una mayor conciencia sobre la contaminación con agroquímicos. Mientras su ministra de la Producción (Alicia Ciciliani) apuntala el discurso de las denominadas Buenas Prácticas Agrícolas que son un eufemismo del capitalismo agroindustrial para no revisarse a sí mismo”, dijo el referente de Capibara.
En relación a lo que esperan del nuevo gobierno provincial, explicó que (tal como hicieron con el gobernador saliente) le presentarán a Perotti una propuesta ambiental desde Capibara así como los proyectos que trabajan desde la Multisectorial. “Es una persona ligada a los intereses económicos productivos de la provincia pero eso no quiere decir que no pueda ser receptivo. Han pasado los años y el escenario social ha cambiado mucho”, puntualizó.
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Ríos contaminados con agroquímicos en la pampa húmeda
El río pampeano más contaminado con plaguicidas está en Córdoba
Fecha de Publicación: 28/08/2019
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
La presencia de plaguicidas actuales, como la cipermetrina y también otros ya prohibidos por su alta toxicidad, como el endosulfán, hace del río Suquía la cuenca hídrica más contaminada con pesticidas de la pampa argentina.
El dato surge de una revisión realizada por investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet). La conclusión es que el río que atraviesa la ciudad de Córdoba representa un riesgo muy alto para la vida acuática.
El trabajo recopiló estudios científicos que analizaron la presencia de insecticidas y de herbicidas en 66 puntos de ríos de las provincias de Córdoba, de Buenos Aires, de Santa Fe y de Entre Ríos en los últimos 12 años.
Con estos datos se calculó un coeficiente de riesgo; esto es, una relación entre la concentración de plaguicidas medida en los sitios y la concentración que se sabe que es tóxica para la vida acuática.
El cálculo se hizo tanto para plaguicidas de uso actual como para plaguicidas totales, es decir, incluyendo sustancias que ya están prohibidas.
De los 66 puntos, 13 presentaron un muy alto riesgo para la vida acuática si se tienen en cuenta sólo los plaguicidas actuales. La cifra sube a 22, si en la cuenta también se incluyen los productos que ya están prohibidos.
Las mediciones en el río Suquía fueron las más altas si se consideran concentraciones de plaguicidas totales. En tanto, para el río Ctalamochita, el riesgo fue medio.
Fernando Iturburu, investigador del Conicet en Mar del Plata, fue el primer autor del trabajo. Explica que los datos para el Suquía también son muy altos si sólo se tienen en cuenta los plaguicidas actuales, aunque son parecidos a los encontrados en el río Paraná y en el norte de la provincia de Buenos Aires.
Valeria Ame, investigadora de Conicet y de la Universidad Nacional de Córdoba, codirigió el trabajo de Iturburu. Asegura que los niveles detectados en el Suquía pueden ser consecuencia de la historia de uso de plaguicidas en la cuenca y que todavía están presentes compuestos de alta toxicidad ya prohibidos.
“Es esperable que con el tiempo los agroquímicos ya prohibidos vayan decayendo y por lo tanto baje el riesgo. Los nuevos plaguicidas que se incorporen, por lo general, son más amigables con el ambiente porque son más biodegradables y menos tóxicos”, explica.
Iturburu aclara que este estudio no habla de riesgo para las personas. “Si bien los seres humanos estamos en contacto con el agua y la consumimos, no somos organismos acuáticos”, detalla.
De todas formas, asegura que los datos de este estudio son una señal para profundizar las mediciones y eventualmente tomar decisiones de protección de la cuenca.
El estudio fue publicado hace algunas semanas en la revista científica Science of the Total Environment.
Las sustancias
Entre los pesticidas de uso actual evaluados, están la cipermetrina, el glifosato, la atrazina y el clorpirifós. También se tuvo en cuenta el endosulfán, un insecticida prohibido en 2013, pero que persiste por mucho tiempo en el ambiente.
La cipermetrina es el insecticida que más aporta al riesgo para la vida acuática en el Suquía. Ame explica que, si bien se usa en agricultura y en el cinturón verde, también es de uso doméstico en plazas, en patios y en jardines.
“Las concentraciones de cipermetrina son muy similares en La Calera, antes de que el río ingrese a la ciudad de Córdoba, y aguas abajo de Bajo Grande hasta La Para”, explica.
Para la investigadora sería necesario promover el buen uso en prácticas agropecuarias tanto en los campos como en el cinturón verde y mejorar los controles del estado, pero también brindar información a la población en general que también utiliza los plaguicidas en su casa.
Para Iturburu, sería importante que el Estado generara programas de monitoreo para mejorar la gestión de aquellas cuencas en las que se necesite tomar medidas.
“En otros países existen agencias estatales que tienen programas de monitoreo permanentes, o bien generan información acerca de la toxicidad de estos compuestos, y esos datos están disponibles”, explica.
Con más información, se puede hacer una evaluación de riesgo más precisa y representativa de lo que pasa en los ambientes y tomar mejores decisiones, asegura el investigador.
Contaminación cloacal
Pero el Suquía no sólo recibe agroquímicos. La falta de cloacas en la zona de las Sierras pega fuerte en la salud del lago San Roque. Y también recibe el equivalente a un río Suquía de efluentes cloacales mal tratados en la salida de la planta de Bajo Grande, aguas abajo de la ciudad de Córdoba. Por esta causa, ya hace cinco años que se declaró al río en emergencia ambiental.
Las buenas prácticas agropecuarias, el comienzo
“En la actualidad existen formas de reducir el uso de agroquímicos. Las buenas prácticas agropecuarias (BPA) que impulsa la Provincia son el comienzo”, dice Juan Pablo Ioele, jefe de la agencia de extensión rural del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) en Corral de Bustos.
Para Ioele, el modelo de producción con alta dependencia en los agroquímicos está en extinción.
“Los países más desarrollados demandan alimentos producidos de manera sustentable. China es la que sostiene la agricultura con agroquímicos”, dice.
El especialista también asegura que hay un cambio generacional en las familias de productores. “El hijo del propietario tiene otra conciencia”, asegura.
Las BPA que promueve el Gobierno de Córdoba apuntan directa o indirectamente a reducir el uso de agroquímicos. Si el productor se suma al programa, recibe beneficios fiscales, entre otros.
Una de las BPA es cumplir con la ley de agroquímicos. “Esto implica utilizar receta fitosanitaria y no fumigar sin controles. También restringe muchísimo el espectro de lo que se puede usar”, dice Ioele.
Otras BPA que reducen el uso de plaguicidas, según el técnico, son impulsar la ganadería (“donde hay vacas, hay menos fitosanitarios”, dice) e incorporar cultivos de cobertura, para no tener que hacer barbecho químico.
Pero Ioele asegura que, para lograr un modelo de producción sin agroquímicos, también se tiene que educar al consumidor sobre su importancia ambiental.
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Entre los pesticidas de uso actual evaluados, están la cipermetrina, el glifosato, la atrazina y el clorpirifós. También se tuvo en cuenta el endosulfán, un insecticida prohibido en 2013, pero que persiste por mucho tiempo en el ambiente.
La cipermetrina es el insecticida que más aporta al riesgo para la vida acuática en el Suquía. Ame explica que, si bien se usa en agricultura y en el cinturón verde, también es de uso doméstico en plazas, en patios y en jardines.
“Las concentraciones de cipermetrina son muy similares en La Calera, antes de que el río ingrese a la ciudad de Córdoba, y aguas abajo de Bajo Grande hasta La Para”, explica.
Para la investigadora sería necesario promover el buen uso en prácticas agropecuarias tanto en los campos como en el cinturón verde y mejorar los controles del estado, pero también brindar información a la población en general que también utiliza los plaguicidas en su casa.
Para Iturburu, sería importante que el Estado generara programas de monitoreo para mejorar la gestión de aquellas cuencas en las que se necesite tomar medidas.
“En otros países existen agencias estatales que tienen programas de monitoreo permanentes, o bien generan información acerca de la toxicidad de estos compuestos, y esos datos están disponibles”, explica.
Con más información, se puede hacer una evaluación de riesgo más precisa y representativa de lo que pasa en los ambientes y tomar mejores decisiones, asegura el investigador.
Contaminación cloacal
Pero el Suquía no sólo recibe agroquímicos. La falta de cloacas en la zona de las Sierras pega fuerte en la salud del lago San Roque. Y también recibe el equivalente a un río Suquía de efluentes cloacales mal tratados en la salida de la planta de Bajo Grande, aguas abajo de la ciudad de Córdoba. Por esta causa, ya hace cinco años que se declaró al río en emergencia ambiental.
Las buenas prácticas agropecuarias, el comienzo
“En la actualidad existen formas de reducir el uso de agroquímicos. Las buenas prácticas agropecuarias (BPA) que impulsa la Provincia son el comienzo”, dice Juan Pablo Ioele, jefe de la agencia de extensión rural del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) en Corral de Bustos.
Para Ioele, el modelo de producción con alta dependencia en los agroquímicos está en extinción.
“Los países más desarrollados demandan alimentos producidos de manera sustentable. China es la que sostiene la agricultura con agroquímicos”, dice.
El especialista también asegura que hay un cambio generacional en las familias de productores. “El hijo del propietario tiene otra conciencia”, asegura.
Las BPA que promueve el Gobierno de Córdoba apuntan directa o indirectamente a reducir el uso de agroquímicos. Si el productor se suma al programa, recibe beneficios fiscales, entre otros.
Una de las BPA es cumplir con la ley de agroquímicos. “Esto implica utilizar receta fitosanitaria y no fumigar sin controles. También restringe muchísimo el espectro de lo que se puede usar”, dice Ioele.
Otras BPA que reducen el uso de plaguicidas, según el técnico, son impulsar la ganadería (“donde hay vacas, hay menos fitosanitarios”, dice) e incorporar cultivos de cobertura, para no tener que hacer barbecho químico.
Pero Ioele asegura que, para lograr un modelo de producción sin agroquímicos, también se tiene que educar al consumidor sobre su importancia ambiental.
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Agroindustria sigue preocupado por el nuevo Código Penal
Analizaron el capítulo ambiental del proyecto de reforma del Código Penal
Fecha de Publicación: 27/08/2019
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
El Consejo Profesional de Ingeniería Agronómica (CPIA), en conjunto con la Fundación Expoterra, organizó ayer el "Taller Proyecto de Reforma de Código Penal: Delitos contra el Ambiente".
El encuentro fue para presentar en el marco del proyecto de reforma del Código Penal los contenidos del Capítulo Ambiental y sus implicancias en el sector agropecuario y agroindustrial, según informó el CPIA.
"Los productores y los ingenieros agrónomos debemos cuidar los recursos naturales y lograr sistemas sustentables", indicó Fernando Vilella, presidente del CPIA.
Según se informó en marzo pasado, cuando se presentó la iniciativa, la reforma del Código Penal prevé la incorporación de delitos de contaminación y otros daños al ambiente, penados con multa e inhabilitación cuando la contaminación torne no apta para la ocupación humana un área urbana o rural; impida el uso público de ríos; provoque el desplazamiento de los habitantes de las áreas afectadas; cause daños directos graves para la salud de la población; o se efectúe sobre un área natural protegida. La modificación considera al ambiente como un bien jurídico protegido.
Además, se establece pena de prisión si como consecuencia de estas acciones resulta la muerte de alguna persona y también se tipifica la contaminación ambiental imprudente.
Asimismo, están contemplados los delitos de maltrato y crueldad contra los animales, con penas de prisión y multa.
"Todos los códigos penales modernos tienen su capítulo ambiental", dijo Patricia Llerena, camarista Penal de la Nación. "No hay delito sin ley penal previa", agregó.
Por su parte, Carlos Alberto Luisoni, auxiliar Letrado del Juzgado de Garantías N° 3 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, remarcó que "si no hay afectación, no hay delito". Añadió: "Existen riesgos permitidos aceptados por la sociedad en función de la utilidad a la misma".
En tanto, José Alberto Esain, docente de Posgrado en Derecho Ambiental de la Universidad de Buenos Aires, señaló que "en la Argentina no existe el derecho penal ambiental, a diferencia de otros países donde aparece el mandato en su Constitución".
"Con el nuevo proyecto de Código Penal, el ambiente es un bien jurídico colectivo y autónomo. Se tienen que cumplir distintas condiciones para que sea delito, el derecho penal es última ratio", precisó.
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Fecha de Publicación: 27/08/2019
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
El Consejo Profesional de Ingeniería Agronómica (CPIA), en conjunto con la Fundación Expoterra, organizó ayer el "Taller Proyecto de Reforma de Código Penal: Delitos contra el Ambiente".
El encuentro fue para presentar en el marco del proyecto de reforma del Código Penal los contenidos del Capítulo Ambiental y sus implicancias en el sector agropecuario y agroindustrial, según informó el CPIA.
"Los productores y los ingenieros agrónomos debemos cuidar los recursos naturales y lograr sistemas sustentables", indicó Fernando Vilella, presidente del CPIA.
Según se informó en marzo pasado, cuando se presentó la iniciativa, la reforma del Código Penal prevé la incorporación de delitos de contaminación y otros daños al ambiente, penados con multa e inhabilitación cuando la contaminación torne no apta para la ocupación humana un área urbana o rural; impida el uso público de ríos; provoque el desplazamiento de los habitantes de las áreas afectadas; cause daños directos graves para la salud de la población; o se efectúe sobre un área natural protegida. La modificación considera al ambiente como un bien jurídico protegido.
Además, se establece pena de prisión si como consecuencia de estas acciones resulta la muerte de alguna persona y también se tipifica la contaminación ambiental imprudente.
Asimismo, están contemplados los delitos de maltrato y crueldad contra los animales, con penas de prisión y multa.
"Todos los códigos penales modernos tienen su capítulo ambiental", dijo Patricia Llerena, camarista Penal de la Nación. "No hay delito sin ley penal previa", agregó.
Por su parte, Carlos Alberto Luisoni, auxiliar Letrado del Juzgado de Garantías N° 3 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, remarcó que "si no hay afectación, no hay delito". Añadió: "Existen riesgos permitidos aceptados por la sociedad en función de la utilidad a la misma".
En tanto, José Alberto Esain, docente de Posgrado en Derecho Ambiental de la Universidad de Buenos Aires, señaló que "en la Argentina no existe el derecho penal ambiental, a diferencia de otros países donde aparece el mandato en su Constitución".
"Con el nuevo proyecto de Código Penal, el ambiente es un bien jurídico colectivo y autónomo. Se tienen que cumplir distintas condiciones para que sea delito, el derecho penal es última ratio", precisó.
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Gualeguaychú: monitoreo de agua de lluvia por agroquímicos
Estudian contaminación atmosférica en la lluvia por agroquímicos
Fecha de Publicación: 27/08/2019
Fuente: La Capital (Santa Fe)
Provincia/Región: Entre Ríos
La Municipalidad de la ciudad entrerriana de Gualeguaychú comenzó con un nuevo monitoreo de agua de lluvia, que permitirá determinar el nivel de contaminación atmosférica producida por la presencia de agroquímicos.
La Municipalidad de la ciudad entrerriana de Gualeguaychú comenzó con un nuevo monitoreo de agua de lluvia, que permitirá determinar el nivel de contaminación atmosférica producida por la presencia de agroquímicos.
El equipo técnico de la dirección de Ambiente comenzó con la instalación de recolectores de agua de lluvia en diferentes puntos estratégicos de la ciudad, con el fin de poder evidenciar la presencia de glifosato y atrazina, plaguicidas que dominan el mercado argentino.
De acuerdo a lo que se informó, se investigará la presencia en la atmósfera de estos agroquímicos a través de la lluvia como principal fenómeno climático.
Los datos obtenidos permitirán conocer el grado de exposición a través de la lluvia de éstos herbicidas en suelos, cuerpos de agua superficiales y diferentes zonas urbanas de la ciudad.
Los primeros muestreadores de agua fueron colocados en el predio de Obras Sanitarias y en la reserva natural municipal Las Piedras.
Se detalló que la semana próxima serán colocados otros recolectores de muestras más.
Cabe destacar que la localidad, que es emblema de la lucha ambiental, pregona la necesidad de aportar a la calidad ambiental mediante buenas prácticas agroecológicas, que no utilicen estos productos.
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Fecha de Publicación: 27/08/2019
Fuente: La Capital (Santa Fe)
Provincia/Región: Entre Ríos
La Municipalidad de la ciudad entrerriana de Gualeguaychú comenzó con un nuevo monitoreo de agua de lluvia, que permitirá determinar el nivel de contaminación atmosférica producida por la presencia de agroquímicos.
La Municipalidad de la ciudad entrerriana de Gualeguaychú comenzó con un nuevo monitoreo de agua de lluvia, que permitirá determinar el nivel de contaminación atmosférica producida por la presencia de agroquímicos.
El equipo técnico de la dirección de Ambiente comenzó con la instalación de recolectores de agua de lluvia en diferentes puntos estratégicos de la ciudad, con el fin de poder evidenciar la presencia de glifosato y atrazina, plaguicidas que dominan el mercado argentino.
De acuerdo a lo que se informó, se investigará la presencia en la atmósfera de estos agroquímicos a través de la lluvia como principal fenómeno climático.
Los datos obtenidos permitirán conocer el grado de exposición a través de la lluvia de éstos herbicidas en suelos, cuerpos de agua superficiales y diferentes zonas urbanas de la ciudad.
Los primeros muestreadores de agua fueron colocados en el predio de Obras Sanitarias y en la reserva natural municipal Las Piedras.
Se detalló que la semana próxima serán colocados otros recolectores de muestras más.
Cabe destacar que la localidad, que es emblema de la lucha ambiental, pregona la necesidad de aportar a la calidad ambiental mediante buenas prácticas agroecológicas, que no utilicen estos productos.
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Entre Ríos: presentación judicial por decreto de fumigaciones
Activistas y docentes piden la nulidad del decreto que reglamenta la aplicación de agroquímicos
Fecha de Publicación: 23/08/2019
Fuente: AIM Digital
Provincia/Región: Entre Ríos
El Foro Ecologista de Paraná y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) presentaron en la sala III de la Cámara Civil y Comercial de Paraná un amparo colectivo ambiental, por el que se solicita la declaración de nulidad o inconstitucionalidad y la revocación del Decreto que reglamenta la aplicación de fitosanitarios, confirmó a AIM la abogada de la organización ambientalista, Aldana Sacia.
Las organizaciones demandaron a la justicia que declare “la nulidad del Decreto 2239 o su inconstitucionalidad”, indicó la abogada a esta Agencia, quien precisó que también tiene una medida cautelar por la que pide la suspensión de la aplicación del edicto “hasta tanto se expida un comité interdisciplinario compuesto por expertos idóneos en la materia, con conocimientos en el tema, quienes puedan aseverar que la reducción no causa perjuicio a la comunidad educativa de las escuelas rurales”.
Según interpretan las entidades, el nuevo decreto “es más irresponsable que el anterior por parte del Ejecutivo provincial, ya que dictó una norma sin sustento científico alguno y, lo que es más grave aún, no posee dictámenes del Ministerio de Salud y de las la secretarías de Medio Ambiente y de Producción”, indicó Sacia.
Por otro lado, la abogada indicó que concomitantemente a la puesta en vigencia del Decreto se aprobó con fuerza de Ley de la reforma a los Procedimientos Constitucionales. En ese sentido, lamentó que el proyecto a disposición del Ejecutivo para su promulgación fue tratado rápidamente en el hemiciclo de la Cámara Alta: “El gobierno aprobó un texto que es a medida de las mal llamadas entidades del campo, ya que se incorpora mayor burocracia a los procedimientos y generan obstáculos en los amparos”. Al respecto, precisó que “se habilita otra instancia, para que los amparos sean tratados por el pleno del Superior Tribunal de Justicia (STJ) y no por las salas como venía siendo antes”. En ese sentido, consideró que fue “muy lamentable” la actitud de la Legislatura, pero agregó que las organizaciones que presentaron el amparo saben que hay otras instancias como la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Corte Interamericana de Justicia, por lo que “el paso por la justicia entrerriana es una instancia primigenia que puede ser resuelta en instancias superiores”.
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Fecha de Publicación: 23/08/2019
Fuente: AIM Digital
Provincia/Región: Entre Ríos
El Foro Ecologista de Paraná y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) presentaron en la sala III de la Cámara Civil y Comercial de Paraná un amparo colectivo ambiental, por el que se solicita la declaración de nulidad o inconstitucionalidad y la revocación del Decreto que reglamenta la aplicación de fitosanitarios, confirmó a AIM la abogada de la organización ambientalista, Aldana Sacia.
Las organizaciones demandaron a la justicia que declare “la nulidad del Decreto 2239 o su inconstitucionalidad”, indicó la abogada a esta Agencia, quien precisó que también tiene una medida cautelar por la que pide la suspensión de la aplicación del edicto “hasta tanto se expida un comité interdisciplinario compuesto por expertos idóneos en la materia, con conocimientos en el tema, quienes puedan aseverar que la reducción no causa perjuicio a la comunidad educativa de las escuelas rurales”.
Según interpretan las entidades, el nuevo decreto “es más irresponsable que el anterior por parte del Ejecutivo provincial, ya que dictó una norma sin sustento científico alguno y, lo que es más grave aún, no posee dictámenes del Ministerio de Salud y de las la secretarías de Medio Ambiente y de Producción”, indicó Sacia.
Por otro lado, la abogada indicó que concomitantemente a la puesta en vigencia del Decreto se aprobó con fuerza de Ley de la reforma a los Procedimientos Constitucionales. En ese sentido, lamentó que el proyecto a disposición del Ejecutivo para su promulgación fue tratado rápidamente en el hemiciclo de la Cámara Alta: “El gobierno aprobó un texto que es a medida de las mal llamadas entidades del campo, ya que se incorpora mayor burocracia a los procedimientos y generan obstáculos en los amparos”. Al respecto, precisó que “se habilita otra instancia, para que los amparos sean tratados por el pleno del Superior Tribunal de Justicia (STJ) y no por las salas como venía siendo antes”. En ese sentido, consideró que fue “muy lamentable” la actitud de la Legislatura, pero agregó que las organizaciones que presentaron el amparo saben que hay otras instancias como la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Corte Interamericana de Justicia, por lo que “el paso por la justicia entrerriana es una instancia primigenia que puede ser resuelta en instancias superiores”.
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Demuestran presencia de agroquímicos en el aire
Peligro, glifosato: hallan agroquímicos en el aire en áreas urbanas de Entre Ríos
Fecha de Publicación: 19/08/2019
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Entre Ríos
Un estudio de la FAUBA y del INTA midió la presencia de glifosato en las partículas que desde la atmósfera se depositan en el suelo del Municipio de Oro Verde. Lo detectó en varios momentos del año, tanto en el área rural como en la ciudad. Además, se registró cómo la población percibe esta problemática
En varias localidades de la Argentina, el límite entre el espacio rural y el urbano es cada vez más difuso, ya sea por el crecimiento de las ciudades como por el avance de la actividad agrícola.
Estos procesos originaron debates sobre la producción primaria y sus impactos ambientales; entre éstos, la aplicación de agroquímicos ocupó un lugar preponderante. En este contexto, investigadores del INTA Paraná y de la Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA) analizaron la presencia del herbicida glifosato en las partículas de la atmósfera que se depositan en la superficie del municipio de Oro Verde, Entre Ríos.
Lo detectaron en el campo y en el casco urbano, incluso en períodos en los que se considera poco probable que se lo aplique en campos agrícolas de la zona.
"Como en muchas localidades del país, hace algunos años, el municipio de Oro Verde comenzó a crecer y la frontera entre el área rural y la urbana se volvió difusa. Esta situación aumentó la preocupación social por los impactos de la producción agrícola. Puntualmente, los habitantes se enfocaron en los posibles efectos negativos de los agroquímicos sobre la salud y el ambiente", explicó Mariela Seehaus, investigadora del INTA Paraná y Magister Scientiae en Desarrollo Rural en la Escuela para Graduados 'Ing. Agrónomo Alberto Soriano' (EPG-FAUBA).
"Entre los años 2012 y 2013, los vecinos de Oro Verde realizaron movilizaciones que salieron en medios locales, provinciales y hasta en documentales. Estos reclamos derivaron en la sanción de una ordenanza municipal en el 2014 para regular el uso de agroquímicos. Se prohibieron las aplicaciones aéreas en el ejido de la localidad y se definieron distancias de restricción para las aplicaciones terrestres", contó Seehaus.
"Si bien la legislación abordó el conflicto, no resolvió los problemas. En mi trabajo de maestría relevé de qué manera la población local percibía el conflicto. También busqué determinar, como una medida indirecta de la calidad del aire, la depositación de glifosato desde la atmósfera hacia la superficie terrestre", sostuvo la investigadora, cuya tesis dirigió María Carolina Sasal, profesional del INTA Paraná, y co-dirigió María Carolina Feito, docente de la EPG-FAUBA e investigadora del Conicet.
Seehaus realizó un monitoreo de glifosato y de AMPA —el principal producto de degradación del herbicida— en 15 puntos de Oro Verde distribuidos en zonas urbanas, en barrios periurbanos y en las cercanías de lotes agrícolas. Las fechas de muestreo fueron tres: dos en las que se usa el agroquímico en la región y una que se consideró libre de aplicación en cultivos de granos. Los resultados revelaron la presencia de uno o ambos compuestos en más del 60% de los puntos, en los tres momentos de medición y en las tres áreas mencionadas.
"Estos resultados nos llevan a indagar qué otros factores influyen sobre la dinámica del glifosato y el AMPA en la atmósfera, además de la cercanía a los campos agrícolas o las fechas de aplicación en cultivos de granos. Nuestro trabajo representó un aporte valioso a los escasos estudios sobre herbicidas en la atmósfera que existen a nivel nacional e internacional y, a su vez, nos permitió vincular las mediciones realizadas con la preocupación de los habitantes sobre la contaminación del aire", afirmó Seehaus.
Escuchar a la gente para pensar soluciones
Seehaus y Sasal se contactaron con los habitantes del municipio entrerriano a fin de conocer cómo percibían los potenciales riesgos de la aplicación de agroquímicos en la zona. "En las encuestas, más del 60% de la población urbana consideró que es un problema que afecta al ambiente y, en particular, a la calidad del aire", dijo Mariela.
Asimismo, agregó que al entrevistar a aquellos vecinos que habían participado de los reclamos rescató opiniones diversas. Muchas personas consideraron que haría falta un mayor control estatal para destrabar el conflicto. Mariela también registró visiones contrapuestas respecto al grado de confianza o desconfianza en las instituciones a cargo de tratar políticamente esta cuestión.
En cuanto a las propuestas de solución, Seehaus destacó que mientras una parte de la sociedad expresó su conformidad con la legislación vigente, otra parte indicó que, además de esta medida, se deberían promover modelos de producción alternativos. De todas maneras, la gran mayoría de los consultados se manifestó a favor de planificar mucho mejor el crecimiento de la ciudad. La investigadora sugirió que para avanzar en la resolución de los problemas se deberían tener en cuenta estas percepciones.
"Esta investigación fue un estudio de caso, pero la situación también se da en muchas otras localidades de la Región Pampeana y de zonas extra-pampeanas. Hay una realidad más amplia, que es la tensión que existe cuando se encuentran próximos los usos residenciales y productivos de la tierra. Integrar la percepción de la gente con mediciones cuantitativas es imprescindible para abordar este tipo de problemáticas socio-ambientales", reflexionó.
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La Pampa: piden que el glifosato se prohiba
Reclaman que se prohiba el glifosato en La Pampa
Fecha de Publicación: 12/08/2019
Fuente: El Diario de La Pampa
Provincia/Región: La Pampa
Vecinos de Intendente Alvear, Rancul, Realico acompañado por vecinos de Santa Rosa harán entrega de un petitorio al gobernador de la Provincia de La Pampa, Carlos Verna solicitándole que en todo el ámbito de la Provincia se deje de usar ya el Glifosato como agroquimico en la producción agrícola y se deje de fumigar en todo el territorio provincial.
"En el pedido se le harán llegar a Verna más de 1000 firma que en su momento los vecinos de Intendente Alvear acompañaron el anteproyecto de ordenanza para la localidad de distancia mínimas en las fumigaciones", aseguraron.
El año pasado un tribunal el Tribunal de San Francisco, Estados Unidos, determinó que “el Glifosato produce cáncer” y condenó a la firma Monsanto a resarcir económicamente al jardinero Dewayne Johnson, con la suma de 289 millones de dólares al comprobarse que la enfermedad del trabajador está en relación a las etiquetas comerciales de Glifosato Round up y Ranger Pro, productos con los cuales cumplía sus tareas.
Ante esta noticia de alcance mundial, el Colectivo Sanitario La Pampa recordó que “hace un tiempo largo venimos trabajando y advirtiendo, tratando de que se tome conciencia de que el modelo productivo agrícola con el cual hoy se trabaja en nuestra provincia con el uso indiscriminado de este agroquimico trae consecuencias muy peligrosa para la salud de quienes trabajan con este producto y también a toda la población en general”.
“El lamentable dato que tiene como víctima a un trabajador norteamericano, debe hacernos reflexionar rápidamente a todos pero fundamentalmente a todas las autoridades provinciales ya sea el ejecutivo como el legislativo, lo mismo para los municipales, y a quienes usan estos pesticidas y a toda las poblaciones para que no permitan que los sigan envenenando”, detallaron.
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Fecha de Publicación: 12/08/2019
Fuente: El Diario de La Pampa
Provincia/Región: La Pampa
Vecinos de Intendente Alvear, Rancul, Realico acompañado por vecinos de Santa Rosa harán entrega de un petitorio al gobernador de la Provincia de La Pampa, Carlos Verna solicitándole que en todo el ámbito de la Provincia se deje de usar ya el Glifosato como agroquimico en la producción agrícola y se deje de fumigar en todo el territorio provincial.
"En el pedido se le harán llegar a Verna más de 1000 firma que en su momento los vecinos de Intendente Alvear acompañaron el anteproyecto de ordenanza para la localidad de distancia mínimas en las fumigaciones", aseguraron.
El año pasado un tribunal el Tribunal de San Francisco, Estados Unidos, determinó que “el Glifosato produce cáncer” y condenó a la firma Monsanto a resarcir económicamente al jardinero Dewayne Johnson, con la suma de 289 millones de dólares al comprobarse que la enfermedad del trabajador está en relación a las etiquetas comerciales de Glifosato Round up y Ranger Pro, productos con los cuales cumplía sus tareas.
Ante esta noticia de alcance mundial, el Colectivo Sanitario La Pampa recordó que “hace un tiempo largo venimos trabajando y advirtiendo, tratando de que se tome conciencia de que el modelo productivo agrícola con el cual hoy se trabaja en nuestra provincia con el uso indiscriminado de este agroquimico trae consecuencias muy peligrosa para la salud de quienes trabajan con este producto y también a toda la población en general”.
“El lamentable dato que tiene como víctima a un trabajador norteamericano, debe hacernos reflexionar rápidamente a todos pero fundamentalmente a todas las autoridades provinciales ya sea el ejecutivo como el legislativo, lo mismo para los municipales, y a quienes usan estos pesticidas y a toda las poblaciones para que no permitan que los sigan envenenando”, detallaron.
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Entre Ríos: manifiestación contra el decreto de fumigaciones
Repudiaron el decreto que regula fumigaciones
Fecha de Publicación: 09/08/2019
Fuente: Diario Uno (Entre Ríos)
Provincia/Región: Entre Ríos
Los cuestionamientos fueron dirigidos al fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, y al gobernador de la provincia, Gustavo Bordet.
Se realizó ayer en la Plaza General Ramírez de Concepción del Uruguay una concentración contra el nuevo decreto del gobierno provincial que impone nuevas pautas para realizar fumigaciones en cercanías de escuelas rurales en Entre Ríos. En la movilización confluyeron diferentes organizaciones ambientales y educativas, entre ellas Paren de Fumigar las Escuelas y la seccional Agmer del Departamento Uruguay.
Una radio abierta abrió la jornada en la que se escucharon diferentes voces que manifestaron su preocupación por las nuevas condiciones que se fijaron para reglamentar la producción agrícola en la provincia.
Los cuestionamientos fueron dirigidos al fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, y al gobernador de la provincia, Gustavo Bordet.
Uno de los oradores sostuvo que la ley de Plaguicidas “no se cumplió jamás”. Y entre los déficits mencionó que no se reclamó la receta agronómica y el aviso con 48 horas de anticipación.
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Agua contaminada y una muestra de lo que ocasiona
El drama de Pergamino: toda una familia tiene daño genético por tomar agua con agroquímicos
Fecha de Publicación: 09/08/2019
Fuente: InfoCielo
Provincia/Región: Buenos Aires
Lo estableció un equipo de la Universidad Nacional de Río Cuarto que trabaja con casos similares: una familia entera sufre las consecuencias de tomar agua con agroquímicos. Mientras que el intendente Martínez relativizó el problema, diversos estudios muestran que el agua de Pergamino pone en riesgo a la población. El resumen de toda una causa que impacta a nivel provincial y nacional.
Un informe del equipo de investigación de Genotoxicidad de la Universidad Nacional de Río Cuarto volvió a alarmar a la población de Pergamino. A la ya confirmación de la existencia de agroquímicos y arsénico en el agua –algo que fue comprobado por diferentes niveles de la justicia-, se le agrega la verificación del daño genético que sufre una familia entera por estar expuesta a constantes fumigaciones.
A pesar de que el intendente local, Javier Martínez (Cambiemos) catalogó a estas denuncias como un “manoseo político” y minimizó a la cuestión asegurando que sólo se encontró “una partícula de glifosato en miles y miles de litros” de agua, lo cierto es que la provincia y el país miran a Pergamino como una de las ciudades más contaminadas, ante las numerosas evidencias que recaban vecinos y la Justicia.
Ahora, el estudio que llevó a cabo la Doctora en Biología, Delia Aiassa, del equipo de investigación de Genotoxicidad de la Universidad de Río Cuarto comprobó lo que una familia temía: el agroquímico en sangre enferma y “daña las células” del cuerpo humano.
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Fecha de Publicación: 09/08/2019
Fuente: InfoCielo
Provincia/Región: Buenos Aires
Lo estableció un equipo de la Universidad Nacional de Río Cuarto que trabaja con casos similares: una familia entera sufre las consecuencias de tomar agua con agroquímicos. Mientras que el intendente Martínez relativizó el problema, diversos estudios muestran que el agua de Pergamino pone en riesgo a la población. El resumen de toda una causa que impacta a nivel provincial y nacional.
Un informe del equipo de investigación de Genotoxicidad de la Universidad Nacional de Río Cuarto volvió a alarmar a la población de Pergamino. A la ya confirmación de la existencia de agroquímicos y arsénico en el agua –algo que fue comprobado por diferentes niveles de la justicia-, se le agrega la verificación del daño genético que sufre una familia entera por estar expuesta a constantes fumigaciones.
A pesar de que el intendente local, Javier Martínez (Cambiemos) catalogó a estas denuncias como un “manoseo político” y minimizó a la cuestión asegurando que sólo se encontró “una partícula de glifosato en miles y miles de litros” de agua, lo cierto es que la provincia y el país miran a Pergamino como una de las ciudades más contaminadas, ante las numerosas evidencias que recaban vecinos y la Justicia.
Ahora, el estudio que llevó a cabo la Doctora en Biología, Delia Aiassa, del equipo de investigación de Genotoxicidad de la Universidad de Río Cuarto comprobó lo que una familia temía: el agroquímico en sangre enferma y “daña las células” del cuerpo humano.
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Bordet permite ahora fumigar cerca de escuelas
Reglamentaron los agroquímicos: habrá unidades de control cerca de escuelas y comunidades rurales
Fecha de Publicación: 03/08/2019
Fuente: El Día (Entre Ríos)
Provincia/Región: Entre Ríos
Para la aplicación de plaguicidas, la provincia estableció zonas límites de entre 500 a 3.000 metros de las escuelas
El gobierno entrerriano estableció zonas de exclusión que llegan a los 500 metros, áreas de restricción que llegan a los 3.000 metros y unidades centinelas y de control en escuelas rurales y agrotécnicas para la aplicación de plaguicidas y productos fitosanitarios. También prohibió el uso de máquinas pulverizadoras no registradas e instruyó al Ministerio de Salud a realizar un programa de seguimiento de la salud de agricultores y comunidades rurales.
Las decisiones están contenidas en el decreto n° 2239/ 19 del Poder Ejecutivo que instruye además al Consejo de Educación a elaborar un mapa georeferenciado de las escuelas rurales, y a la Secretaria de la Producción a aplicar un sistema de monitoreo remoto, a reempadronar todos los equipos de aplicación en uso en Entre Ríos y a celebrar convenios de capacitación con el INTA y las universidades.
El gobernador firmó un reglamento en forma de decreto consistente en implementar un sistema de controles para la aplicación de plaguicidas en la provincia de Entre Ríos en los inmuebles cercanos a escuelas rurales.
Al respecto, el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, precisó que “el reglamento implica un sistema de control que no se limita a distancias, sino que implica un sistema que pone en marcha distintos mecanismos para impedir casos de contacto entre el producto que se aplica y la persona humana, sea un maestro, alumno, un trabajador rural, sea quien sea en el ámbito de las escuelas rurales”.
En las zonas de exclusión no se podrán realizar aplicaciones en las áreas comprendidas en un radio de 100 metros para fumigaciones terrestres y 500 para aéreas desde el caso de la escuela.
En las áreas de restricción se prohíben las aplicaciones terrestres de productos clase Ia, Ib y II entre los 100 y 500 metros. Sólo se podrán aplicar los de clase III y IV de acuerdo a la nomenclatura del SENASA. En cuanto a las aplicaciones aéreas en estas áreas de restricción se prohíben las aplicaciones de fitosanitarios de clase Ia, Ib y II dentro del radio de los 3.000 metros contados desde el límite de los 500, y desde los 500 estarán habilitados los de clase III y IV.
Los tratamientos deberán notificarse con 48 horas de anticipación a la autoridad de aplicación.
Rodríguez Signes destacó que para llegar a este reglamento se hizo un intenso trabajo de investigación y de consulta a distintos organismos del estado nacional y provincial, fundamentalmente salud pública y el INTA, que colaboró mucho en la elaboración del documento.
Consultado sobre la aplicación de la norma, el Fiscal de Estado hizo saber que “cada vez que se vaya a realizar una aplicación, un ingeniero agronómo tiene intervenir. Esto ya forma parte de la reglamentación existente. La receta agronómica debe notificar al establecimiento, a la unidad centinela, con 48 horas de anticipación sobre la aplicación”.
“Esa unidad centinela controlará que la aplicación se realice a contra turno en primer lugar, es decir sin que haya actividad escolar en ese momento y además que se realice fuera de las distancias de exclusión determinadas y que se aplique el producto habilitado para aplicar. Esa unidad centinela va a tener la colaboración para poder trabajar de un ingeniero agrónomo para poder controlar”, explicó.
“Otro punto destacable es que a partir del año 2020 deberá implementarse un sistema de transmisión de datos online de cada máquina aplicadora a la Secretaría de la Producción que es la autoridad de aplicación, para que en tiempo real, se esté controlando, el tipo de producto que se está aplicando, el cultivo, la zona, las producciones que hay alrededor, y las condiciones metereológicas, porque para garantizar que el producto no se traslade por el aire, tiene que haber condiciones atmosféricas determinadas por las buenas prácticas fitosanitarias”, completó.
“Un tercer tema es se van a tener que fijar cortinas forestales en cada una de las escuelas. Y el cuarto punto es que van a tener que reempadronar las máquinas aplicadoras para controlar que estén en condiciones”.
En cuanto a las distancias, Rodríguez Signes precisó que de 0 a 100 metros no se podrá aplicar ningún producto en forma terrestre y de 0 a 500 metros ningún producto en forma aérea.
A partir de los 100 metros en zona terrestre y hasta 500 metros no se pueden aplicar los productos de la clase 1A, 1B y 2, que son calificaciones toxicológicas del Senasa, y si se pueden aplicar los calificados como 3 y 4 en forma terrestre, y en la zona aérea entre los 500 y los 3.000 metros no se puede aplicar 1A, 1B, y A 2, y sí se pueden aplicar 3 y 4 que son de muy baja toxicidad o nula toxicidad.
En ese marco, el Fiscal consideró oportuno dejar en claro que fueron consultados especialistas del INTA, a la Facultad de Ciencias Agropecuarias, Conicet, Secretaría de Agricultura de la Nación, Salud Pública, Secretaría de Ambiente y Secretaría de Producción.
“La consigna, es proteger la salud humana y el ambiente. El problema de la aplicación de plaguicidas es si se usan bien o se usan mal. Lo que hay que evitar es el contacto con la persona humana. Toda la estrategia de control, consiste en evitar el contacto o disminuir a la mínima expresión la posibilidad de contacto”, precisó.
“Si se produce alguna irregularidad o se viola la norma, la Policía tiene instrucciones de secuestrar e impedir el traslado incluso de cualquier máquina que no esté reglamentada, y por supuesto si hay una aplicación que se está realizando irregularmente, obviamente que eso conforma una falta administrativa y un delito, por supuesto la policía tiene que actuar de oficio”, afirmó.
Fecha de Publicación: 03/08/2019
Fuente: El Día (Entre Ríos)
Provincia/Región: Entre Ríos
Para la aplicación de plaguicidas, la provincia estableció zonas límites de entre 500 a 3.000 metros de las escuelas
El gobierno entrerriano estableció zonas de exclusión que llegan a los 500 metros, áreas de restricción que llegan a los 3.000 metros y unidades centinelas y de control en escuelas rurales y agrotécnicas para la aplicación de plaguicidas y productos fitosanitarios. También prohibió el uso de máquinas pulverizadoras no registradas e instruyó al Ministerio de Salud a realizar un programa de seguimiento de la salud de agricultores y comunidades rurales.
Las decisiones están contenidas en el decreto n° 2239/ 19 del Poder Ejecutivo que instruye además al Consejo de Educación a elaborar un mapa georeferenciado de las escuelas rurales, y a la Secretaria de la Producción a aplicar un sistema de monitoreo remoto, a reempadronar todos los equipos de aplicación en uso en Entre Ríos y a celebrar convenios de capacitación con el INTA y las universidades.
El gobernador firmó un reglamento en forma de decreto consistente en implementar un sistema de controles para la aplicación de plaguicidas en la provincia de Entre Ríos en los inmuebles cercanos a escuelas rurales.
Al respecto, el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, precisó que “el reglamento implica un sistema de control que no se limita a distancias, sino que implica un sistema que pone en marcha distintos mecanismos para impedir casos de contacto entre el producto que se aplica y la persona humana, sea un maestro, alumno, un trabajador rural, sea quien sea en el ámbito de las escuelas rurales”.
En las zonas de exclusión no se podrán realizar aplicaciones en las áreas comprendidas en un radio de 100 metros para fumigaciones terrestres y 500 para aéreas desde el caso de la escuela.
En las áreas de restricción se prohíben las aplicaciones terrestres de productos clase Ia, Ib y II entre los 100 y 500 metros. Sólo se podrán aplicar los de clase III y IV de acuerdo a la nomenclatura del SENASA. En cuanto a las aplicaciones aéreas en estas áreas de restricción se prohíben las aplicaciones de fitosanitarios de clase Ia, Ib y II dentro del radio de los 3.000 metros contados desde el límite de los 500, y desde los 500 estarán habilitados los de clase III y IV.
Los tratamientos deberán notificarse con 48 horas de anticipación a la autoridad de aplicación.
Rodríguez Signes destacó que para llegar a este reglamento se hizo un intenso trabajo de investigación y de consulta a distintos organismos del estado nacional y provincial, fundamentalmente salud pública y el INTA, que colaboró mucho en la elaboración del documento.
Consultado sobre la aplicación de la norma, el Fiscal de Estado hizo saber que “cada vez que se vaya a realizar una aplicación, un ingeniero agronómo tiene intervenir. Esto ya forma parte de la reglamentación existente. La receta agronómica debe notificar al establecimiento, a la unidad centinela, con 48 horas de anticipación sobre la aplicación”.
“Esa unidad centinela controlará que la aplicación se realice a contra turno en primer lugar, es decir sin que haya actividad escolar en ese momento y además que se realice fuera de las distancias de exclusión determinadas y que se aplique el producto habilitado para aplicar. Esa unidad centinela va a tener la colaboración para poder trabajar de un ingeniero agrónomo para poder controlar”, explicó.
“Otro punto destacable es que a partir del año 2020 deberá implementarse un sistema de transmisión de datos online de cada máquina aplicadora a la Secretaría de la Producción que es la autoridad de aplicación, para que en tiempo real, se esté controlando, el tipo de producto que se está aplicando, el cultivo, la zona, las producciones que hay alrededor, y las condiciones metereológicas, porque para garantizar que el producto no se traslade por el aire, tiene que haber condiciones atmosféricas determinadas por las buenas prácticas fitosanitarias”, completó.
“Un tercer tema es se van a tener que fijar cortinas forestales en cada una de las escuelas. Y el cuarto punto es que van a tener que reempadronar las máquinas aplicadoras para controlar que estén en condiciones”.
En cuanto a las distancias, Rodríguez Signes precisó que de 0 a 100 metros no se podrá aplicar ningún producto en forma terrestre y de 0 a 500 metros ningún producto en forma aérea.
A partir de los 100 metros en zona terrestre y hasta 500 metros no se pueden aplicar los productos de la clase 1A, 1B y 2, que son calificaciones toxicológicas del Senasa, y si se pueden aplicar los calificados como 3 y 4 en forma terrestre, y en la zona aérea entre los 500 y los 3.000 metros no se puede aplicar 1A, 1B, y A 2, y sí se pueden aplicar 3 y 4 que son de muy baja toxicidad o nula toxicidad.
En ese marco, el Fiscal consideró oportuno dejar en claro que fueron consultados especialistas del INTA, a la Facultad de Ciencias Agropecuarias, Conicet, Secretaría de Agricultura de la Nación, Salud Pública, Secretaría de Ambiente y Secretaría de Producción.
“La consigna, es proteger la salud humana y el ambiente. El problema de la aplicación de plaguicidas es si se usan bien o se usan mal. Lo que hay que evitar es el contacto con la persona humana. Toda la estrategia de control, consiste en evitar el contacto o disminuir a la mínima expresión la posibilidad de contacto”, precisó.
“Si se produce alguna irregularidad o se viola la norma, la Policía tiene instrucciones de secuestrar e impedir el traslado incluso de cualquier máquina que no esté reglamentada, y por supuesto si hay una aplicación que se está realizando irregularmente, obviamente que eso conforma una falta administrativa y un delito, por supuesto la policía tiene que actuar de oficio”, afirmó.
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Variantes del 2,4D prohibidas
El Senasa prohíbe la comercialización y el uso del 2,4D
Fecha de Publicación: 31/07/2019
Fuente: Agrofy
Provincia/Región: Nacional
El Senasa considera que el ácido 2,4-Diclorofenoxiácetico (2,4-D) en formulaciones de ésteres butílicos e isobutílicos, contiene sustancias activas respecto de las cuales corresponde extremar las medidas para evitar su comercialización y uso.
El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) prohibió la importación, elaboración, fraccionamiento, comercialización y uso del ácido 2,4-Diclorofenoxiácetico (2,4-D) en formulaciones de ésteres butílicos e isobutílicos.
¿A partir de cuándo se prohíbe el 2,4D?
La Resolución 466/2019, publicada hoy en el Boletín Oficial, prohíbe a partir de los 120 días corridos la importación de productos formulados con ésteres butílicos e isobutílicos de la sustancia activa 2,4-D. En tanto, para la elaboración y el fraccionamiento la entrada en vigencia será dentro de 365 días corridos, mientras que para la comercialización y el uso el plazo es de 730 días.
El Sensa considera que existen sustancias activas respecto de las cuales corresponde extremar las medidas para evitar su comercialización y uso, concretando regulaciones y acciones preventivas.
"La aplicación y el uso de formulaciones de ésteres butílicos e isobutílicos de la sustancia activa ácido 2,4-Diclorofenoxiacético (2,4-D) podrían ocasionar daños en cultivos agrícolas, forestales u otros, debido a su alta volatilidad en las distintas regiones del país", indica la Resolución publicada hoy.
"Los daños así provocados a cultivos no blancos se traducen en bajo rendimiento de estos, generando pérdidas considerables en los diversos cultivos, como así también daños a las personas y al medio ambiente", agrega.
Las Provincias de Buenos Aires, de Córdoba, de Tucumán, de La Pampa, del Chaco, de Santiago del Estero y de Entre Ríos ya han prohibido y/o restringido el uso de los ésteres de 2,4-D.
Según aclararon, las empresas que tengan inscriptos en el Registro Nacional de Terapéutica Vegetal productos formulados contemplados en las prohibiciones previstas en la presente norma, pueden solicitar voluntariamente la baja de las inscripciones con anterioridad al plazo establecido.
En tanto, las firmas que posean productos formulados inscriptos en el Registro Nacional de Terapéutica Vegetal y que se encuentren alcanzados por la presente prohibición, deben declarar sus existencias dentro de los 30 días corridos de la entrada en vigencia de la presente, detallando cantidad de envases, capacidad, lote y fecha de vencimiento.
Por otro lado, las firmas titulares de los productos alcanzados que a la fecha de prohibición de uso establecida cuenten con un remanente de las existencias oportunamente declaradas, deben informar tal situación dentro 15 días corridos contados a partir de la fecha de la prohibición.
Sanciones
En caso de incumplimiento, el Senasa establece el decomiso, suspensión o cualquier otra medida que resulte aconsejable de acuerdo a las circunstancias de riesgo para la salud pública o el medio ambiente.
Cabe señalar que los productos fitosanitarios que se usan y comercializan en todo el Territorio Nacional deben encontrarse inscriptos en el Registro Nacional de Terapéutica Vegetal, en los términos del Manual de Procedimientos, Criterios y Alcances para el registro de Productos Fitosanitarios.
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Fecha de Publicación: 31/07/2019
Fuente: Agrofy
Provincia/Región: Nacional
El Senasa considera que el ácido 2,4-Diclorofenoxiácetico (2,4-D) en formulaciones de ésteres butílicos e isobutílicos, contiene sustancias activas respecto de las cuales corresponde extremar las medidas para evitar su comercialización y uso.
El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) prohibió la importación, elaboración, fraccionamiento, comercialización y uso del ácido 2,4-Diclorofenoxiácetico (2,4-D) en formulaciones de ésteres butílicos e isobutílicos.
¿A partir de cuándo se prohíbe el 2,4D?
La Resolución 466/2019, publicada hoy en el Boletín Oficial, prohíbe a partir de los 120 días corridos la importación de productos formulados con ésteres butílicos e isobutílicos de la sustancia activa 2,4-D. En tanto, para la elaboración y el fraccionamiento la entrada en vigencia será dentro de 365 días corridos, mientras que para la comercialización y el uso el plazo es de 730 días.
El Sensa considera que existen sustancias activas respecto de las cuales corresponde extremar las medidas para evitar su comercialización y uso, concretando regulaciones y acciones preventivas.
"La aplicación y el uso de formulaciones de ésteres butílicos e isobutílicos de la sustancia activa ácido 2,4-Diclorofenoxiacético (2,4-D) podrían ocasionar daños en cultivos agrícolas, forestales u otros, debido a su alta volatilidad en las distintas regiones del país", indica la Resolución publicada hoy.
"Los daños así provocados a cultivos no blancos se traducen en bajo rendimiento de estos, generando pérdidas considerables en los diversos cultivos, como así también daños a las personas y al medio ambiente", agrega.
Las Provincias de Buenos Aires, de Córdoba, de Tucumán, de La Pampa, del Chaco, de Santiago del Estero y de Entre Ríos ya han prohibido y/o restringido el uso de los ésteres de 2,4-D.
Según aclararon, las empresas que tengan inscriptos en el Registro Nacional de Terapéutica Vegetal productos formulados contemplados en las prohibiciones previstas en la presente norma, pueden solicitar voluntariamente la baja de las inscripciones con anterioridad al plazo establecido.
En tanto, las firmas que posean productos formulados inscriptos en el Registro Nacional de Terapéutica Vegetal y que se encuentren alcanzados por la presente prohibición, deben declarar sus existencias dentro de los 30 días corridos de la entrada en vigencia de la presente, detallando cantidad de envases, capacidad, lote y fecha de vencimiento.
Por otro lado, las firmas titulares de los productos alcanzados que a la fecha de prohibición de uso establecida cuenten con un remanente de las existencias oportunamente declaradas, deben informar tal situación dentro 15 días corridos contados a partir de la fecha de la prohibición.
Sanciones
En caso de incumplimiento, el Senasa establece el decomiso, suspensión o cualquier otra medida que resulte aconsejable de acuerdo a las circunstancias de riesgo para la salud pública o el medio ambiente.
Cabe señalar que los productos fitosanitarios que se usan y comercializan en todo el Territorio Nacional deben encontrarse inscriptos en el Registro Nacional de Terapéutica Vegetal, en los términos del Manual de Procedimientos, Criterios y Alcances para el registro de Productos Fitosanitarios.
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Buenos Aires: Corte ratifica limitación a fumigaciones
Un fallo de la Corte bonaerense a favor de la agroecología
Fecha de Publicación: 27/07/2019
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Buenos Aires
La Suprema Corte de Buenos Aires ratificó la decisión de prohibir las fumigaciones con agrotóxicos a menos de 1000 metros de los núcleos poblacionales. Lo hizo al dejar vigente la cautelar impulsada por la Asamblea Paren de Fumigar Mar del Plata, que solicitó que se aplicara una norma aprobada hace 11 años. Al mismo tiempo ordenó abrir una nueva instancia de diálogo entre los vecinos y la Municipalidad de General Pueyrredón, instancia de la cual debería surgir un plan de desarrollo agrícola sustentable.
El reclamo de los vecinos de General Pueyrredón comenzó hace 18 años, cuando la organización ambientalista BIOS impulsó una campaña para que el municipio promocionara tierras libres de agrotóxicos, cuyo primer hito fue la ordenanza 18.740, votada en 2008 por unanimidad en el Concejo Deliberante local. La norma impuso el límite de 1000 metros para la aplicación de herbicidas, además de establecer una barrera vegetal, estableciendo una zona de resguardo ambiental, social y sanitario.
La norma, sin embargo, nunca se aplicó, y en 2013 el propio municipio intentó reemplazarla por otra que permitía fumigar a solo 100 metros de escuelas, centros asistenciales y centros de salud, iniciativa que provocó la cautelar de la Asamblea, que la Suprema Corte provincial acaba de ratificar.
"Con este nuevo fallo, la Corte provincial vuelve a confiar en quienes impulsamos la cautelar e indica a la contraparte que no aportó elementos que permitan demostrar que no hay riesgos de afectación en la salud", sintetizó el abogado la Red Nacional de Abogados de Pueblos Fumigados e integrante de la Asamblea marplantense, Lucas Landivar.
El máximo tribunal de la provincia de Buenos Aires volvió a rechazar los argumentos de la municipalidad que, en consonancia con los intereses de las grandes corporaciones agroindustriales, había invocado los "intereses públicos y privados" que se verían afectados en caso de que se aplicara la norma de 2008.
"Este es el resultado de la acumulación del conocimiento y la experiencia de la comunidad", celebró Landivar, quien recordó informes previos de la Defensoría del Pueblo de la Nación, la FAO, el Banco Mundial y la ONU.
Precisamente, la ONU, en 2017, advirtió que los plaguicidas son responsables de 200 mil muertes por intoxicación aguda cada año, y el 99 por ciento de los casos ocurren en países donde las normas de salud, seguridad y ambiente son menos estrictas.
Un horizonte agroecológico
"Estamos ante una oportunidad que puede ser realmente transformadora, un reordenamiento de la producción en una de las zonas hortícolas más grandes del país", destacó Landivar tras la audiencia del 4 de julio pasado, convocada por la Suprema Corte, en la que instó a los representantes municipales procurar todos los recursos para cumplir con la franja de seguridad de 1000 metros.
En la audiencia, los funcionarios municipales intentaron sostener la necesidad de eliminar el límite de 1000 metros establecido por la norma de 2008, en base a la evolución de los plaguicidas en uso, pero no pudo demostrar el cumplimiento de la cautelar. La resolución de la Suprema Corte no se pronuncia sobre la cuestión de fondo pero insta a las partes a mantener la negociación en curso.
"La Corte está esperando que la municipalidad reconozca que va a tener que ceder y hacer algo en otra dirección, dejar de combatir la cautelar y resolver el problema en el territorio", analizó Kanki Alonso, integrante de la misma Asamblea, quien advirtió que "tienen que cumplir con los mil metros y gestionar la conversión a la agroecología".
Por su parte, Landivar fue más allá y se esperanzó con que "el próximo gobernador de la provincia pueda elaborar convenios con universidades públicas, la Defensoría del Pueblo y las organizaciones del sector para identificar los daños causados por la agroindustria y establecer un resarcimiento, la recomposición ambiental y la promoción de la educación en agroecología".
"El concepto de agroecología no está, lo estamos armando. En dos años bajamos el 60 por ciento de los gastos directos. Si gastábamos 100, ahora gastamos 40 y es la misma proporción de pastos, no tirando todo ese complejo químico", cita la cautelar de los vecinos al recordar el testimonio de un productor agroecológico del municipio vecino de Ayacucho.
"Subestimación de la toxicidad"
"Hay una subestimación de la toxicidad de los productos utilizados, porque están en todos lados", advirtió uno de los vecinos afectados en la audiencia de principios de mes convocado por la Corte bonaerense. La organización BIOS, que fue rechazada como amicus curae, publicó, en 2015, un estudio en el que el 90 por ciento de los habitantes analizados de General Pueyrredón, de áreas urbanas y rurales, tenían glifosato o metabolito en la orina.
"Hay un subregistro de casos y una conflictividad por cuestiones de intereses entre la salud y la producción, en la que la salud parece ser subalterna a la producción, cuando debería ser al revés", denunció la médica generalista e integrante del equipo del Programa Salud y Agroquímicos, Silvina Fabregas.
El programa, creado por impulso de un equipo interdisciplinario de médicos y trabajadores sociales de los centros de salud que conviven con más de una docena de localidades de General Pueyrredón directamente afectadas por el uso de agrotóxicos, cuenta con un registro de 200 casos, que surgen de una evaluación de los síntomas presentados y la situación social y laboral de quienes están expuestos a los plaguicidas.
El programa, que trabaja con fichas de control de la población expuesta, depende de la Secretaría de Salud municipal, por lo que el municipio cuenta con la información oficial respecto de la problemática sanitaria. Información que también fue aportada en la audiencia de la Corte provincial. Sin embargo, Fabregas advirtió que aún existe desconocimiento en la población e incluso en los profesionales de la salud sobre la problemática.
"Los problemas más comunes son respiratorios, desde tos a broncoespasmo; exacerbaciones de cuadros asmáticos; alteraciones en la piel u oftalmológicas que no responden a tratamientos habituales, quemaduras, cefaleas, problemas gastrointestinales, aparición de forúnculos en zonas expuestas a los plaguicidas", describió la médica generalista. Y destacó un aumento de los abortos espontáneos en el barrio Félix Camet.
Casos testigo
La cautelar ratificada por la Corte bonaerense cuenta no solo con informes de organismos nacionales e internacionales respecto de los peligros para la salud que representa la aplicación de los agrotóxicos sino también un recuento de causas abiertas por el incumplimiento de la franja de seguridad de 1000 metros establecida en la ordenanza de 2008.
* Setecientos niños, niñas y adolescentes y personal docente concurren a la Escuela Rural Inicial Nº 923, Primaria Nº 51, y Secundaria Nº 39 del Paraje San Francisco. Allí, los estudiantes toman agua envasada, provista por el Estado, porque los niveles de nitratos —asociados a los fertilizantes químico— no son aptos para el consumo humano. El caso tramita en una causa federal aparte en la que se están cursando pruebas ecotoxicológicos sobre el agua del lugar. La comunidad educativa denunció reiteradas veces la fumigación con agrotóxicos en el campo lindero a la escuela .
*En la Laguna de los Padres, ubicada al oeste del partido de General Pueyrredón, los vecinos denunciaron la alarmante mortandad de peces por lo que abrieron una denuncia penal. En el proceso de investigación, un informe de Obras Sanitarias Sociedad de Estado (OSSE) no descartó que la mortandad se deba al uso de agroquímicos.
*El vertido de agroquímicos sobre el arroyo "La Bomba", fumigaciones sobre la población en el barrio Félix Camet, con pedidos de intervención a la Defensoría del Pueblo y el respaldo de los servicios de salud locales, son otros de los casos que se suman al cuerpo de la cautelar.
Paren de fumigar
"Impacta la maquinaria, la cantidad del producto pulverizado y la cercanía. Lo sentís en el paladar, es un sabor difícil de explicar... amargo", describe Alonso sobre las fumigaciones que le tocó presenciar, alambrado de por medio, en su casa de Playa Los Lobos. "Cada vez que se fumiga es un trauma. Una vecina te llama, cerrás las ventanas y sacás a los chicos por la parte de atrás de la casa", continúa.
Alonso, que se sumó a la asamblea en 2009, es uno de los afectados directos que pudo abrir una causa penal en la Justicia Federal por la contaminación del Arroyo Lobería, que desemboca en el mar. Tras una de las fumigaciones, prohibidas por la cautelar de la Corte, a sus hijos se les diagnosticaron lesiones dérmicas por la exposición a los agroquímicos.
"Cuando suceden las fumigaciones uno siente la total desprotección de parte del Estado y la sociedad, porque en nuestro caso teníamos una cautelar a nuestro favor y no podemos hacerle cumplir. Pero cuando suceden fallos judiciales como el la Suprema Corte, te empezás a sentir un sujeto de derecho", destaca Kanki sobre la larga pelea de la asamblea.
La ratificación de la cautelar por parte de la Corte bonaerense no es un caso aislado en el país. En mayo, la supremo tribunal de Entre Ríos tuvo un fallo de similares características al bonaerense, pero con aplicación sobre toda la provincia. Además, existen otros fallos contra el uso de agrotóxicos en Formosa, Chaco, Córdoba , Salta y Santa Fe y, en esa línea, se cuentan más de cien estudios de científicos de universidades nacionales .
La sordera provincial
A pesar de la evidencia existente, la cautelar vigente de la Corte provincial y otra serie de fallos similares de otras localidades bonaerenses, en enero de este año el ministro de Agroindustria bonaerense y ex gerente de Monsanto, Leonardo Sarquís, emitió un decreto que permitía la fumigación con agrotóxicos hasta las 7.59 de la mañana, un minuto antes del inicio de las clases en las localidades rurales.
En febrero, el gobierno de María Eugenia Vidal se vio forzado a dar marcha atrás con el decreto, lo que no modificó que se registraran nuevas denuncias sobre fumigaciones sobre las escuelas rurales .
"Sarkis emitió el comunicado, de manera unilateral y sin audiencia pública, sin considerar que el Poder Judicial se había expedido al respecto, analizado causas, prueba científica y casos de vecinos afectados", advirtió Landivar y señaló que el mismo día en que ocurría la audiencia en la Corte, el ministro de Agroindustria mantuvo una reunión con la Unión del Comercio, la Industria y la Producción (UCIP), que representan al sector agroindustrial.
"Cualquier funcionario, de cualquier esfera del Estado cae en una práctica de encubrimiento si continúa autorizando la aplicación de agrotóxicos que la Organización Mundial de la Salud señala como posibles cancerígenos", sentenció el representante de la Red de Abogados de Pueblos Fumigados.
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Fecha de Publicación: 27/07/2019
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Buenos Aires
La Suprema Corte de Buenos Aires ratificó la decisión de prohibir las fumigaciones con agrotóxicos a menos de 1000 metros de los núcleos poblacionales. Lo hizo al dejar vigente la cautelar impulsada por la Asamblea Paren de Fumigar Mar del Plata, que solicitó que se aplicara una norma aprobada hace 11 años. Al mismo tiempo ordenó abrir una nueva instancia de diálogo entre los vecinos y la Municipalidad de General Pueyrredón, instancia de la cual debería surgir un plan de desarrollo agrícola sustentable.
El reclamo de los vecinos de General Pueyrredón comenzó hace 18 años, cuando la organización ambientalista BIOS impulsó una campaña para que el municipio promocionara tierras libres de agrotóxicos, cuyo primer hito fue la ordenanza 18.740, votada en 2008 por unanimidad en el Concejo Deliberante local. La norma impuso el límite de 1000 metros para la aplicación de herbicidas, además de establecer una barrera vegetal, estableciendo una zona de resguardo ambiental, social y sanitario.
La norma, sin embargo, nunca se aplicó, y en 2013 el propio municipio intentó reemplazarla por otra que permitía fumigar a solo 100 metros de escuelas, centros asistenciales y centros de salud, iniciativa que provocó la cautelar de la Asamblea, que la Suprema Corte provincial acaba de ratificar.
"Con este nuevo fallo, la Corte provincial vuelve a confiar en quienes impulsamos la cautelar e indica a la contraparte que no aportó elementos que permitan demostrar que no hay riesgos de afectación en la salud", sintetizó el abogado la Red Nacional de Abogados de Pueblos Fumigados e integrante de la Asamblea marplantense, Lucas Landivar.
El máximo tribunal de la provincia de Buenos Aires volvió a rechazar los argumentos de la municipalidad que, en consonancia con los intereses de las grandes corporaciones agroindustriales, había invocado los "intereses públicos y privados" que se verían afectados en caso de que se aplicara la norma de 2008.
"Este es el resultado de la acumulación del conocimiento y la experiencia de la comunidad", celebró Landivar, quien recordó informes previos de la Defensoría del Pueblo de la Nación, la FAO, el Banco Mundial y la ONU.
Precisamente, la ONU, en 2017, advirtió que los plaguicidas son responsables de 200 mil muertes por intoxicación aguda cada año, y el 99 por ciento de los casos ocurren en países donde las normas de salud, seguridad y ambiente son menos estrictas.
Un horizonte agroecológico
"Estamos ante una oportunidad que puede ser realmente transformadora, un reordenamiento de la producción en una de las zonas hortícolas más grandes del país", destacó Landivar tras la audiencia del 4 de julio pasado, convocada por la Suprema Corte, en la que instó a los representantes municipales procurar todos los recursos para cumplir con la franja de seguridad de 1000 metros.
En la audiencia, los funcionarios municipales intentaron sostener la necesidad de eliminar el límite de 1000 metros establecido por la norma de 2008, en base a la evolución de los plaguicidas en uso, pero no pudo demostrar el cumplimiento de la cautelar. La resolución de la Suprema Corte no se pronuncia sobre la cuestión de fondo pero insta a las partes a mantener la negociación en curso.
"La Corte está esperando que la municipalidad reconozca que va a tener que ceder y hacer algo en otra dirección, dejar de combatir la cautelar y resolver el problema en el territorio", analizó Kanki Alonso, integrante de la misma Asamblea, quien advirtió que "tienen que cumplir con los mil metros y gestionar la conversión a la agroecología".
Por su parte, Landivar fue más allá y se esperanzó con que "el próximo gobernador de la provincia pueda elaborar convenios con universidades públicas, la Defensoría del Pueblo y las organizaciones del sector para identificar los daños causados por la agroindustria y establecer un resarcimiento, la recomposición ambiental y la promoción de la educación en agroecología".
"El concepto de agroecología no está, lo estamos armando. En dos años bajamos el 60 por ciento de los gastos directos. Si gastábamos 100, ahora gastamos 40 y es la misma proporción de pastos, no tirando todo ese complejo químico", cita la cautelar de los vecinos al recordar el testimonio de un productor agroecológico del municipio vecino de Ayacucho.
"Subestimación de la toxicidad"
"Hay una subestimación de la toxicidad de los productos utilizados, porque están en todos lados", advirtió uno de los vecinos afectados en la audiencia de principios de mes convocado por la Corte bonaerense. La organización BIOS, que fue rechazada como amicus curae, publicó, en 2015, un estudio en el que el 90 por ciento de los habitantes analizados de General Pueyrredón, de áreas urbanas y rurales, tenían glifosato o metabolito en la orina.
"Hay un subregistro de casos y una conflictividad por cuestiones de intereses entre la salud y la producción, en la que la salud parece ser subalterna a la producción, cuando debería ser al revés", denunció la médica generalista e integrante del equipo del Programa Salud y Agroquímicos, Silvina Fabregas.
El programa, creado por impulso de un equipo interdisciplinario de médicos y trabajadores sociales de los centros de salud que conviven con más de una docena de localidades de General Pueyrredón directamente afectadas por el uso de agrotóxicos, cuenta con un registro de 200 casos, que surgen de una evaluación de los síntomas presentados y la situación social y laboral de quienes están expuestos a los plaguicidas.
El programa, que trabaja con fichas de control de la población expuesta, depende de la Secretaría de Salud municipal, por lo que el municipio cuenta con la información oficial respecto de la problemática sanitaria. Información que también fue aportada en la audiencia de la Corte provincial. Sin embargo, Fabregas advirtió que aún existe desconocimiento en la población e incluso en los profesionales de la salud sobre la problemática.
"Los problemas más comunes son respiratorios, desde tos a broncoespasmo; exacerbaciones de cuadros asmáticos; alteraciones en la piel u oftalmológicas que no responden a tratamientos habituales, quemaduras, cefaleas, problemas gastrointestinales, aparición de forúnculos en zonas expuestas a los plaguicidas", describió la médica generalista. Y destacó un aumento de los abortos espontáneos en el barrio Félix Camet.
Casos testigo
La cautelar ratificada por la Corte bonaerense cuenta no solo con informes de organismos nacionales e internacionales respecto de los peligros para la salud que representa la aplicación de los agrotóxicos sino también un recuento de causas abiertas por el incumplimiento de la franja de seguridad de 1000 metros establecida en la ordenanza de 2008.
* Setecientos niños, niñas y adolescentes y personal docente concurren a la Escuela Rural Inicial Nº 923, Primaria Nº 51, y Secundaria Nº 39 del Paraje San Francisco. Allí, los estudiantes toman agua envasada, provista por el Estado, porque los niveles de nitratos —asociados a los fertilizantes químico— no son aptos para el consumo humano. El caso tramita en una causa federal aparte en la que se están cursando pruebas ecotoxicológicos sobre el agua del lugar. La comunidad educativa denunció reiteradas veces la fumigación con agrotóxicos en el campo lindero a la escuela .
*En la Laguna de los Padres, ubicada al oeste del partido de General Pueyrredón, los vecinos denunciaron la alarmante mortandad de peces por lo que abrieron una denuncia penal. En el proceso de investigación, un informe de Obras Sanitarias Sociedad de Estado (OSSE) no descartó que la mortandad se deba al uso de agroquímicos.
*El vertido de agroquímicos sobre el arroyo "La Bomba", fumigaciones sobre la población en el barrio Félix Camet, con pedidos de intervención a la Defensoría del Pueblo y el respaldo de los servicios de salud locales, son otros de los casos que se suman al cuerpo de la cautelar.
Paren de fumigar
"Impacta la maquinaria, la cantidad del producto pulverizado y la cercanía. Lo sentís en el paladar, es un sabor difícil de explicar... amargo", describe Alonso sobre las fumigaciones que le tocó presenciar, alambrado de por medio, en su casa de Playa Los Lobos. "Cada vez que se fumiga es un trauma. Una vecina te llama, cerrás las ventanas y sacás a los chicos por la parte de atrás de la casa", continúa.
Alonso, que se sumó a la asamblea en 2009, es uno de los afectados directos que pudo abrir una causa penal en la Justicia Federal por la contaminación del Arroyo Lobería, que desemboca en el mar. Tras una de las fumigaciones, prohibidas por la cautelar de la Corte, a sus hijos se les diagnosticaron lesiones dérmicas por la exposición a los agroquímicos.
"Cuando suceden las fumigaciones uno siente la total desprotección de parte del Estado y la sociedad, porque en nuestro caso teníamos una cautelar a nuestro favor y no podemos hacerle cumplir. Pero cuando suceden fallos judiciales como el la Suprema Corte, te empezás a sentir un sujeto de derecho", destaca Kanki sobre la larga pelea de la asamblea.
La ratificación de la cautelar por parte de la Corte bonaerense no es un caso aislado en el país. En mayo, la supremo tribunal de Entre Ríos tuvo un fallo de similares características al bonaerense, pero con aplicación sobre toda la provincia. Además, existen otros fallos contra el uso de agrotóxicos en Formosa, Chaco, Córdoba , Salta y Santa Fe y, en esa línea, se cuentan más de cien estudios de científicos de universidades nacionales .
La sordera provincial
A pesar de la evidencia existente, la cautelar vigente de la Corte provincial y otra serie de fallos similares de otras localidades bonaerenses, en enero de este año el ministro de Agroindustria bonaerense y ex gerente de Monsanto, Leonardo Sarquís, emitió un decreto que permitía la fumigación con agrotóxicos hasta las 7.59 de la mañana, un minuto antes del inicio de las clases en las localidades rurales.
En febrero, el gobierno de María Eugenia Vidal se vio forzado a dar marcha atrás con el decreto, lo que no modificó que se registraran nuevas denuncias sobre fumigaciones sobre las escuelas rurales .
"Sarkis emitió el comunicado, de manera unilateral y sin audiencia pública, sin considerar que el Poder Judicial se había expedido al respecto, analizado causas, prueba científica y casos de vecinos afectados", advirtió Landivar y señaló que el mismo día en que ocurría la audiencia en la Corte, el ministro de Agroindustria mantuvo una reunión con la Unión del Comercio, la Industria y la Producción (UCIP), que representan al sector agroindustrial.
"Cualquier funcionario, de cualquier esfera del Estado cae en una práctica de encubrimiento si continúa autorizando la aplicación de agrotóxicos que la Organización Mundial de la Salud señala como posibles cancerígenos", sentenció el representante de la Red de Abogados de Pueblos Fumigados.
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El agua de Pergamino tiene agroquímicos y arsénico
Un combo tóxico en el agua de Pergamino: agroquímicos y arsénico
Fecha de Publicación: 24/07/2019
Fuente: La Verdad
Provincia/Región: Buenos Aires
El juez federal Carlos Villafuerte Ruzo hizo lugar al requerimiento y recientemente se conocieron los resultados: el 100 % de las muestras analizadas de agua de red y de perforaciones particulares presentan niveles de arsénico hasta 9 veces por encima del valor máximo permitido.
Nuevos análisis sobre el agua de Pergamino, en la que fueron hallados este año residuos de 18 agroquímicos, ratificaron la presencia de arsénico en aquella ciudad. Advierten que la combinación de los dos tipos de contaminación potencia la toxicidad.
En el marco de la causa penal que tramita en el Juzgado Federal de San Nicolás en relación a las fumigaciones con agroquímicos de los barrios La Guarida, Villa Alicia y Luard Kayad, la abogada querellante Sabrina Ortiz pidió que la Autoridad del Agua (ADA) realice un estudio pormenorizado sobre la presencia de arsénico en el agua de la ciudad.
El juez federal Carlos Villafuerte Ruzo hizo lugar al requerimiento y recientemente se conocieron los resultados: el 100 % de las muestras analizadas de agua de red y de perforaciones particulares presentan niveles de arsénico hasta 9 veces por encima del valor máximo permitido por el Código Alimentario Argentino (10 microgramos por litro), al cual adhirió la Provincia de Buenos Aires a través de la ley 13.230.
La situación es realmente dramática en Pergamino si se tiene en cuenta que este año un estudio elaborado por el doctor en Ciencias Naturales de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) e investigador del Conicet, Rafael Lajmanovich, advirtió que la combinación de glifosato y arsénico en los suelos «aumenta su toxicidad» y puede producir «problemas hormonales y modificaciones en el ADN de organismos vivos».
En la misma línea, el científico alertó sobre «un riesgo eco toxicológico muy grande en las zonas en donde ambos elementos están en gran concentración».
Tal como viene publicando DIB, en el agua de Pergamino hay tanto presencia de restos de químicos utilizados para el agro como de arsénico. Esta última forma de contaminación se da por un proceso natural y afecta a granparte del territorio provincial.
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