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Misiones debate aprobar OGM, pero... cual es el problema?
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¿Cuál es el problema de fondo del uso de semillas de maíz transgénico?
Fecha de Publicación: 25/01/2019
Fuente: Misiones On Line
Provincia/Región: Misiones
No es nuevo el debate acerca de la utilización de semillas transgénicas en la Argentina, por el contrario, es un debate que se viene escuchando en los últimos 25 años, primero desde la creación de la Comisión Nacional de Biodiversidad (CONABIA) y desde la liberación para el cultivo de soja transgénica en segundo lugar.
Un elemento común que aparece en aquellas personas y entidades que promovieron -y aún hoy lo hacen- la liberación para el cultivo de las semillas OGM, fue ante promesas que luego no se cumplieron. Así escuchamos: los OGM “generan desarrollo a nivel local”, “generan derrame de riqueza” , “permiten acabar con el hambre en el mundo”, “generan empleo a nivel local “, “reducen la utilización de plaguicidas” y “evitan la deforestación“. Inclumplidas.
Estas son las promesas que hemos escuchado, y leído, por parte de aquellos que promueven la expansión de los OGM ligados a organizaciones de productores empresariales, funcionarios, investigadores, miembros de ministerios e instituciones oficiales y lobbistas que aparecen en medios de comunicación.
La expansión en el monocultivo de plantas transgénicas, dado que no reproduce las condiciones de existencia de los vegetales, esto es suelo sano y biodiversidad, es acompañado de un incremento de fertilizantes sintéticos y de plaguicidas altamente peligrosos como el glifosato, el 2, 4 D, la atrazina junto a clorpirifos e imidacloprid, todos ellos con impacto socioambiental, incluida la salud humana.
Las investigaciones, y las tareas de sensibilización y comunicación sobre uso y efecto de los plaguicidas en la salud que venimos realizando dentro de proyectos de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y de la Red de Acción en Plaguicidas en la Provincia de Misiones, dan cuenta de una reducción en la biodiversidad cultivada en las unidades productivas, tanto en las empresariales como en las familiares, acompañadas por un incremento en el uso de plaguicidas.
En efecto, la ampliación en la superficie cultivada con árboles exóticos, fundamentalmente por empresas transnacionales, ha determinado un amplio uso de herbicidas e insecticidas como el glifosato y la sulfuramida, nombre comercial Mirex, producto que por su persistencia en el ambiente y toxicidad es candidato a incorporase en el convenio de Estocolmo.
Lamentablemente se ha naturalizado no solo la utilización de plaguicidas sino su efecto en la salud.
¿Qué podemos esperar si se amplía la superficie con OGM en Misiones?
Tal como ha ocurrido en otras regiones del país: más deforestación y pérdida de biodiversidad natural y cultivada, ampliación del monocultivo, mayor utilización de fertilizantes y plaguicidas y las consecuencias de estos procesos: acaparamiento de tierras por parte de inversores nacionales y extranjeros, mayor contaminación de los bienes naturales, pérdida de servicios ecosistémicos, intoxicaciones en seres humanos, pérdida de soberanía alimentaria y mayor eliminación de gases de efecto invernadero responsable del Cambio Climático.
Este último punto merece toda nuestra atención cuando en la actualidad discutimos y analizamos propuestas de cómo cambiamos las estrategias, prácticas y tecnologías a fin de disminuir la producción de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y nos adaptamos críticamente al cambio y variabilidad climática; no parece nada oportuno fomentar el monocultivo de transgénicos no solo porque incrementa la producción de gases sino porque los sistemas menos diversos y demandantes de insumos son más vulnerables al cambio en la frecuencia de lluvias y en las temperaturas extremas.
También en nuestras visitas a unidades productivas ubicadas en diferentes zonas de la provincia de Misiones observamos la riqueza en diversidad biológica tanto en la natural como en las especies vegetales que cultivan productoras/as; diversidad en sistemas productivos, en actividades y componentes recreando agroecosistemas estables, sustentables, resilientes, viables desde el punto de vista económico, sistemas no dependientes de insumos externos, no contaminantes y capaces de lograr la consecución de la soberanía alimentaria.
No nos oponemos al cambio ni al progreso, siempre y cuando entendamos que indicadores tomamos para definir qué es el progreso y cómo se logra y a quiénes puede beneficiar. Si progreso es sólo expansión de la frontera agrícola con monocultivo, mayor uso de los insumos químicos, más producción en manos de monopolios, acaparamiento de tierras, migraciones y más contaminación, si nos oponemos. Por el contrario, si somos capaces de repensar y lograr juntos una justa distribución y tenencia de la tierra, si somos capaces de lograr producciones sustentables que verdaderamente demanden mano de obra familiar y afinquen a los colonos y sus familias, si somos capaces de acabar con los monopolios comerciales fomentando el comercio justo, lograremos un verdadero progreso con equidad y justicia social donde no solo el tener sea importante sino también el ser y el estar juntos y vivir en comunidad.
El fomento de la agroecología desde todos los ámbitos, incluso desde las políticas públicas, es el camino para contemplar las necesidades integrales de las familias productoras promoviendo además la sustentabilidad ambiental. En este proceso resulta fundamental el enriquecimiento, cultivo e intercambio de semillas criollas y nativas dejando de lado el cultivo de OGM altamente demandantes de insumos químicos y además contaminantes, por la transferencia de polen, de las semillas de maíz que atesoran las familias productoras.
Por Javier Souza Casadinho
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Organizaciones contra la resolución de Agroindustria
Ciento de organizaciones le exigen a Vidal dejar sin efecto una resolución del Ministerio de Agroindustria
Fecha de Publicación: 18/01/2019
Fuente: Políticia Argentina
Provincia/Región: Buenos Aires
El primero de enero entró en vigencia una medida que autoriza la fumigación de cultivos con agrotóxicos en toda la provincia de Buenos Aires. Denuncian que “su contenido es contrario a la protección de la vida, la salud y la integración física de las personas”.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) junto a la Red de Abogados de Pueblos Fumigados y cientos de organizaciones le exigen la gobernadora María Eugenia Vidal que deje sin efecto la resolución 246-MAGP-18, emitida por el Ministerio de Agroindustria bonaerense.
La resolución que entró en vigencia el 1º de enero de 2019 “autoriza la fumigación de cultivos con agrotóxicos en toda la provincia de Buenos Aires, legalizando la aplicación de estos venenos en lotes linderos a las ciudades, a zonas residenciales que se encuentran en el campo, y a poblaciones dispersas; sin especificar ningún tipo de distancia mínima entre la aplicación de los agroquímicos y las viviendas donde reside la población”.
En un comunicado explican que además permite “fumigar con agrotóxicos las reservas naturales y los márgenes de arroyos, ríos y lagos, de donde proviene el agua que muchas personas utilizan a diario para cocinar, lavar, y asearse”.
“El único límite a la aplicación de agrotóxicos es el horario escolar. Vale decir, que si los niños y niñas ingresan a la escuela a las 7.45 am, la resolución 246-MAGP18 autoriza a fumigar los alrededores del establecimiento educativo hasta las 7.44 am”, señalan en otra parte del documento.
Asimismo, aseguran que el contenido de la resolución firmada por Leonardo Sarquís, ministro de Agroindustria y ex gerente de la división Semillas de Monsanto, es contrario a la protección de la vida, la salud y la integridad física de las personas, al mismo tiempo en que tiene consecuencias devastadoras para el ambiente.
Por último, afirman que debilita aún más el control del Estado en la aplicación de agrotóxicos porque delega esa tarea a los ingenieros agrónomos contratados por las empresas y los privados que requieren la aplicación de agrotóxicos.
“Desde las organizaciones firmantes nos oponemos con firmeza a esta norma que busca promover el modelo de agronegocios basados en el uso indiscriminado de agrotóxicos, poniendo en riesgo no solo la salud de toda la población sino la afectación del medio ambiente y la soberanía alimentaria”, concluye.
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Fecha de Publicación: 18/01/2019
Fuente: Políticia Argentina
Provincia/Región: Buenos Aires
El primero de enero entró en vigencia una medida que autoriza la fumigación de cultivos con agrotóxicos en toda la provincia de Buenos Aires. Denuncian que “su contenido es contrario a la protección de la vida, la salud y la integración física de las personas”.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) junto a la Red de Abogados de Pueblos Fumigados y cientos de organizaciones le exigen la gobernadora María Eugenia Vidal que deje sin efecto la resolución 246-MAGP-18, emitida por el Ministerio de Agroindustria bonaerense.
La resolución que entró en vigencia el 1º de enero de 2019 “autoriza la fumigación de cultivos con agrotóxicos en toda la provincia de Buenos Aires, legalizando la aplicación de estos venenos en lotes linderos a las ciudades, a zonas residenciales que se encuentran en el campo, y a poblaciones dispersas; sin especificar ningún tipo de distancia mínima entre la aplicación de los agroquímicos y las viviendas donde reside la población”.
En un comunicado explican que además permite “fumigar con agrotóxicos las reservas naturales y los márgenes de arroyos, ríos y lagos, de donde proviene el agua que muchas personas utilizan a diario para cocinar, lavar, y asearse”.
“El único límite a la aplicación de agrotóxicos es el horario escolar. Vale decir, que si los niños y niñas ingresan a la escuela a las 7.45 am, la resolución 246-MAGP18 autoriza a fumigar los alrededores del establecimiento educativo hasta las 7.44 am”, señalan en otra parte del documento.
Asimismo, aseguran que el contenido de la resolución firmada por Leonardo Sarquís, ministro de Agroindustria y ex gerente de la división Semillas de Monsanto, es contrario a la protección de la vida, la salud y la integridad física de las personas, al mismo tiempo en que tiene consecuencias devastadoras para el ambiente.
Por último, afirman que debilita aún más el control del Estado en la aplicación de agrotóxicos porque delega esa tarea a los ingenieros agrónomos contratados por las empresas y los privados que requieren la aplicación de agrotóxicos.
“Desde las organizaciones firmantes nos oponemos con firmeza a esta norma que busca promover el modelo de agronegocios basados en el uso indiscriminado de agrotóxicos, poniendo en riesgo no solo la salud de toda la población sino la afectación del medio ambiente y la soberanía alimentaria”, concluye.
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El puma acorralado
La caza furtiva y la actividad agropecuaria siguen siendo la causa principal de la extinción del puma
Fecha de Publicación: 17/01/2019
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional
Es el segundo mayor felino de América. Aunque aún se lo puede encontrar en las montañas de Jujuy o Salta o algunas llanuras como las de San Luis o Río Negro, el puma está extinto en numerosas provincias argentinas. La actividad de algunas organizaciones permite que hoy se puedan repoblar espacios en los que habitaba este gran “león de montaña” americano
Los apasionados por deportes de máximo nivel mundial y, fundamentalmente, los enamorados de los campeonatos oficiales de la World Rugby lo tienen muy claro: de un puma hay que cuidarse.
Nada desea más un argentino que practica este rudo deporte que ser considerado "un puma". Tanta identidad transmite el apodo que años después de abandonar el rugby, cualquier ex integrante de la selección nacional se sigue presentando con el mote.
Es que puma, el "león de montaña", el "león americano" es uno de los mamíferos carnívoros nativos más imponentes de América. El segundo mayor félido del continente después del yaguareté. Son los mamíferos cazadores más sigilosos. Poseen cuerpo esbelto, oído agudo, excelente vista. Hasta un All Blacks debería ponerse nervioso si tiene enfrente a alguien al que le llaman puma.
Este gran cazador de emboscada habita los principales biomas de América y persigue una amplia variedad de presas. Su principal alimento es el ciervo, pero también se arregla con camélidos como el guanaco y hasta con roedores.
El puma es uno de los mamíferos carnívoros nativos más imponentes de América de los cazadores más sigilosos. El segundo mayor félido del continente después del yaguareté.
En la Argentina, actualmente se lo encuentra tanto en las elevadas montañas de la cordillera oriental de Jujuy y Salta como en la llanura del este de San Luis y en el valle de Río Negro; tanto en la selva húmeda tucumano-oranense como en zonas muy áridas.
Aunque algunas de sus poblaciones fueron clasificadas en la categoría Preocupación Menor, en varias provincias la especie ha sido catalogada como extinta. ¿El motivo? Puede adivinarse: "presiones antrópicas". O sea actividad humana: caza furtiva y aumento en el uso de tierras para la producción agropecuaria.
Algunas organizaciones como la Fundación Temaikén están realizando un gran trabajo de investigación, recuperación y reinserción del puma. También organismos oficiales como la Administración de Parques Nacionales llevan adelante una eficiente y celosa tarea de protección estricta de la especie.
Merced al compromiso y a la responsabilidad de instituciones como éstas, hoy se está pudiendo repoblar con este gran felino americano, lugares como Entre Ríos, Corrientes y algunas zonas de la Patagonia.
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Fecha de Publicación: 17/01/2019
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional
Es el segundo mayor felino de América. Aunque aún se lo puede encontrar en las montañas de Jujuy o Salta o algunas llanuras como las de San Luis o Río Negro, el puma está extinto en numerosas provincias argentinas. La actividad de algunas organizaciones permite que hoy se puedan repoblar espacios en los que habitaba este gran “león de montaña” americano
Los apasionados por deportes de máximo nivel mundial y, fundamentalmente, los enamorados de los campeonatos oficiales de la World Rugby lo tienen muy claro: de un puma hay que cuidarse.
Nada desea más un argentino que practica este rudo deporte que ser considerado "un puma". Tanta identidad transmite el apodo que años después de abandonar el rugby, cualquier ex integrante de la selección nacional se sigue presentando con el mote.
Es que puma, el "león de montaña", el "león americano" es uno de los mamíferos carnívoros nativos más imponentes de América. El segundo mayor félido del continente después del yaguareté. Son los mamíferos cazadores más sigilosos. Poseen cuerpo esbelto, oído agudo, excelente vista. Hasta un All Blacks debería ponerse nervioso si tiene enfrente a alguien al que le llaman puma.
Este gran cazador de emboscada habita los principales biomas de América y persigue una amplia variedad de presas. Su principal alimento es el ciervo, pero también se arregla con camélidos como el guanaco y hasta con roedores.
El puma es uno de los mamíferos carnívoros nativos más imponentes de América de los cazadores más sigilosos. El segundo mayor félido del continente después del yaguareté.
En la Argentina, actualmente se lo encuentra tanto en las elevadas montañas de la cordillera oriental de Jujuy y Salta como en la llanura del este de San Luis y en el valle de Río Negro; tanto en la selva húmeda tucumano-oranense como en zonas muy áridas.
Aunque algunas de sus poblaciones fueron clasificadas en la categoría Preocupación Menor, en varias provincias la especie ha sido catalogada como extinta. ¿El motivo? Puede adivinarse: "presiones antrópicas". O sea actividad humana: caza furtiva y aumento en el uso de tierras para la producción agropecuaria.
Algunas organizaciones como la Fundación Temaikén están realizando un gran trabajo de investigación, recuperación y reinserción del puma. También organismos oficiales como la Administración de Parques Nacionales llevan adelante una eficiente y celosa tarea de protección estricta de la especie.
Merced al compromiso y a la responsabilidad de instituciones como éstas, hoy se está pudiendo repoblar con este gran felino americano, lugares como Entre Ríos, Corrientes y algunas zonas de la Patagonia.
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Uso indiscriminado de agroquímicos en Buenos Aires
Veneno en la tierra: la Provincia autorizó el uso indiscriminado de agrotóxicos
Fecha de Publicación: 10/01/2019
Fuente: InfoNews
Provincia/Región: Buenos Aires
El actual ministro de Agroindustria bonaerense y exgerente de Monsanto, Leonardo Sarquís, habilitó el uso de estos venenos en todo el territorio.
La provincia de Buenos Aires emitió una resolución que entrará en vigencia el jueves próximo y que autoriza la fumigación con agrotóxicos en toda el territorio bonaerense, legalizando la aplicación de estos venenos en lotes linderos a las ciudades.
Contra esta norma se expresaron organizaciones y personalidades señalando que "busca promover el modelo de agronegocios basados en el uso indiscriminado de agrotóxicos, poniendo en riesgo no solo la salud de toda la población sino la afectación del medio ambiente y la soberanía alimentaria".
Uno de los aspectos que resaltan las ONG;s y personalidades es que quien tuvo a cargo la medida, el Ministro de Agroindustria de la provincia, Leonardo Sarquís, es uno de los Ceo de Monsanto, más precisamente exgerente de la división Semillas.
En ese sentido, criticaron que la medida porque "no especifica ningún tipo de distancia mínima entre la aplicación de los agroquímicos y las viviendas donde reside la población".
Además la resolución autoriza a fumigar con agrotóxicos a las reservas naturales y a los márgenes de arroyos, ríos y lagos, de donde proviene el agua que muchas personas utilizan a diario para cocinar, lavar y asearse.
También la norma debilita el control del Estado en la aplicación de agrotóxicos, al delegar en los ingenieros agrónomos contratados por las empresas y los privados.
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Fecha de Publicación: 10/01/2019
Fuente: InfoNews
Provincia/Región: Buenos Aires
El actual ministro de Agroindustria bonaerense y exgerente de Monsanto, Leonardo Sarquís, habilitó el uso de estos venenos en todo el territorio.
La provincia de Buenos Aires emitió una resolución que entrará en vigencia el jueves próximo y que autoriza la fumigación con agrotóxicos en toda el territorio bonaerense, legalizando la aplicación de estos venenos en lotes linderos a las ciudades.
Contra esta norma se expresaron organizaciones y personalidades señalando que "busca promover el modelo de agronegocios basados en el uso indiscriminado de agrotóxicos, poniendo en riesgo no solo la salud de toda la población sino la afectación del medio ambiente y la soberanía alimentaria".
Uno de los aspectos que resaltan las ONG;s y personalidades es que quien tuvo a cargo la medida, el Ministro de Agroindustria de la provincia, Leonardo Sarquís, es uno de los Ceo de Monsanto, más precisamente exgerente de la división Semillas.
En ese sentido, criticaron que la medida porque "no especifica ningún tipo de distancia mínima entre la aplicación de los agroquímicos y las viviendas donde reside la población".
Además la resolución autoriza a fumigar con agrotóxicos a las reservas naturales y a los márgenes de arroyos, ríos y lagos, de donde proviene el agua que muchas personas utilizan a diario para cocinar, lavar y asearse.
También la norma debilita el control del Estado en la aplicación de agrotóxicos, al delegar en los ingenieros agrónomos contratados por las empresas y los privados.
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Buenos Aires: oposición preocupada por las fumigaciones
La oposición cuestionó resolución sobre aplicación de agroquímicos en la Provincia
Fecha de Publicación: 07/01/2019
Fuente: Infocielo
Provincia/Región: Buenos Aires
Mediante un comunicado, diputados de Unidad Ciudadana rechazaron la resolución del Ministerio de Agroindustria bonaerense, la cual determina que a partir de enero regirán nuevas pautas para la aplicación de fitosanitarios.
"Entendemos que la utilización de agroquímicos en la producción agropecuaria es una práctica necesaria para la obtención de mejores rindes, pero creemos imperioso que las normas que regulan su aplicación sean lo suficientemente claras y taxativas para evitar su uso inapropiado, minimizando la posibilidad de contaminación de áreas sensibles, de manera de preservar la salud de la población bonaerense", sostiene un proyecto de declaración de diputados bonaerenses de Unidad Ciudadana.
Los legisladores rechazan la resolución que entró en vigencia este 1° de enero y piden al Ejecutivo bonaerense que la deje sin efecto porque la misma no establece "presupuestos mínimos de distancia o superficie que permitan garantizar el resguardo de la vida y la salud humana".
La mencionada resolución, la cual firmaron cerca de 30 municipios, establece que se dispondrán controles en determinadas zonas de amortiguamiento en lotes en áreas urbanas, zona residencial extraurbana y áreas de población dispersa; márgenes de cursos de agua o cuerpos de agua y zonas de bombeo; establecimientos educativos; áreas de esparcimiento; y reservas naturales. Sin embargo, el cuestionamiento pasa porque estos 12 principios y 23 recomendaciones no tienen en su escrito las distancias concretas de prohibición.
En ese sentido, el diputado bonaerense Mariano Pinedo destacó que desde su espacio político están desarrollando acciones de rechazo y repudio en todos los municipios del interior y avanzarán con una presentación judicial para que se impida de inmediato su aplicación. "Si vivís en un barrio lindero a un potrero o mandas a tus hijos a una escuela rural, te pueden fumigar hasta en la puerta. Eso dice la resolución de María Eugenia Vidal que pedimos se deje sin efecto. Cuidemos la salud, el medio ambiente y el alimento. Las personas están primero", escribió en cuenta de Twitter.
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Fecha de Publicación: 07/01/2019
Fuente: Infocielo
Provincia/Región: Buenos Aires
Mediante un comunicado, diputados de Unidad Ciudadana rechazaron la resolución del Ministerio de Agroindustria bonaerense, la cual determina que a partir de enero regirán nuevas pautas para la aplicación de fitosanitarios.
"Entendemos que la utilización de agroquímicos en la producción agropecuaria es una práctica necesaria para la obtención de mejores rindes, pero creemos imperioso que las normas que regulan su aplicación sean lo suficientemente claras y taxativas para evitar su uso inapropiado, minimizando la posibilidad de contaminación de áreas sensibles, de manera de preservar la salud de la población bonaerense", sostiene un proyecto de declaración de diputados bonaerenses de Unidad Ciudadana.
Los legisladores rechazan la resolución que entró en vigencia este 1° de enero y piden al Ejecutivo bonaerense que la deje sin efecto porque la misma no establece "presupuestos mínimos de distancia o superficie que permitan garantizar el resguardo de la vida y la salud humana".
La mencionada resolución, la cual firmaron cerca de 30 municipios, establece que se dispondrán controles en determinadas zonas de amortiguamiento en lotes en áreas urbanas, zona residencial extraurbana y áreas de población dispersa; márgenes de cursos de agua o cuerpos de agua y zonas de bombeo; establecimientos educativos; áreas de esparcimiento; y reservas naturales. Sin embargo, el cuestionamiento pasa porque estos 12 principios y 23 recomendaciones no tienen en su escrito las distancias concretas de prohibición.
En ese sentido, el diputado bonaerense Mariano Pinedo destacó que desde su espacio político están desarrollando acciones de rechazo y repudio en todos los municipios del interior y avanzarán con una presentación judicial para que se impida de inmediato su aplicación. "Si vivís en un barrio lindero a un potrero o mandas a tus hijos a una escuela rural, te pueden fumigar hasta en la puerta. Eso dice la resolución de María Eugenia Vidal que pedimos se deje sin efecto. Cuidemos la salud, el medio ambiente y el alimento. Las personas están primero", escribió en cuenta de Twitter.
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Agroindustria: más extractivismo menos campesinado
Detrás de los despidos en Agroindustria, el extractivismo minero
Fecha de Publicación: 05/01/2019
Fuente: Revista Crítica
Provincia/Región: Nacional
Los más de 900 despidos en Agricultura Familiar dejan al descubierto el abandono a pequeños productores y productoras del campo; qué significa este ajuste de Nación y por qué, al menos en la Patagonia, aparece como un guiño a la explotación minera.
“A cualquier sujeto empresario que ve números es difícil hacerle entender el sector de la agricultura familiar. Es un sector que hay que apoyar, acompañar y, en algunos casos, subsidiar porque la gente en el territorio es un bastión de soberanía”, afirma Ruth Guerrero, esquelense, patagónica, parte de los 900 despedidos de la ahora Subsecretaría de Agricultura Familiar y Desarrollo Territorial de la Nación.
¿Por qué habla de soberanía? Tiene 55 años, es maestra mayor de obra y hasta abril de este año fue técnica del Ministerio de Agroindustria en Chubut. Con 25 años en el Estado, trabajó con productores rurales de la cordillera, de la meseta, del valle del Río Chubut y de las costas del Golfo Nuevo. Sabe de economías regionales y de territorios en disputa. Y conoce la meseta central norte, zona codiciada hace 15 años por mineras transnacionales.
Con un año de crisis, altas tasas de desempleo y una gran conflictividad social en las calles, en la provincia de Chubut docentes y asambleístas ambientales hablan de una “crisis diseñada” para habilitar el Proyecto Navidad, de Panamerican Silver, emplazado precisamente en la meseta central. La ley provincial XVII-Nº 68 (ex 5001), que se ganó en 2003 con la lucha histórica del No a la Mina, prohíbe la minería metalífera a cielo abierto y el uso de cianuro. Pero el lobby minero, con el abierto apoyo del Ejecutivo nacional, quiere modificarla. La mayoría de los legisladores y legisladoras, encargados de la eventual modificación, hacen silencio. Es en este marco de constante tensión en que se insertan los despidos de Agricultura Familiar.
Trabajo en disputa
"A pesar de todos los años en el Ministerio de Agroindustria, tengo que demostrar que fui trabajadora", cuenta con bronca Ruth. Como le pasó a tantas otras personas precarizadas de contrato anual, haber tenido en la práctica una relación de dependencia con el Estado nacional no le garantizó derechos laborales a la hora del despido. Hasta abril cobraba por mes, tenía vacaciones y recibía aguinaldo, pero cuando la echaron no le reconocieron los 25 años de antigüedad. "Cinco años más y me jubilaba. Me cortaron toda la posibilidad, todos los años que yo trabajé quedan ahí", se descarga.
Para desmarcar prejuicios y estigmas, el trabajo de Ruth nunca fue de oficina ni su trayectoria acotada a una sola gestión. Empezó en Esquel, donde nació, y recorrió distintos proyectos, programas del Estado y regiones hasta llegar a Gaiman, donde actualmente vive. En Agricultura Familiar su tarea consistía en asistir de forma técnica a productores agropecuarios, pescadores o artesanos cuyas relaciones productivas estaban organizadas en unidades familiares. Verduras, frutas, miel, langostino, lana, carne de oveja, artesanías: a cada unidad productiva una familia, a cada territorio un tipo de producción.
Uno de los objetivos que debía cumplir Ruth era anotarlos en el Registro Nacional de Agricultores Familiares (RENAF), en el Monotributo Social Agropecuario, hasta ese momento gratuito. Se trata de un sistema que le permite al Estado saber dónde están, qué hacen y qué políticas públicas podrían necesitar, mientras que a los productores y productoras les permite acceder, entre otras cosas, a subsidios, créditos y circuitos de comercio formal.
Para cumplir con ese objetivo, en los últimos años le tocó recorrer el Valle Inferior del Río Chubut y el departamento Biedma, al noreste de la provincia. Tenía que visitar cada campo, hablar con cada familia y registrar lo que producían mediante el uso de georeferenciación. Para eso necesitaba vehículo, nafta, celular e internet. No siempre los tenía: “Mucho tiempo no hubo vehículo. Mi auto, así como lo ves, es de laburar en el campo, de salir a trabajar. La Partner que pusieron a cargo mío vino mucho después. La impresora, la máquina de fotos, el GPS, todo es del técnico”. Los viáticos también eran un problema. “Me deben todos los viáticos de 2015, todos los pasajes que pagué y que fueron rendidos, no me los pagaron nunca”, dice Ruth. Calcula una deuda de, “en ese momento, 90 mil pesos”.
El trabajo de Ruth era tan especial como el perfil del productor o productora con quien trabajaba. Al tener una organización familiar y no separar la producción de la reproducción de la vida, lo que se considera cotidiano, sin valor de mercado, -como las tareas de cuidado- emergía constantemente. Por eso, según cuenta, se trataba de un abordaje integral: “Agricultura Familiar es multidisciplinario. Hay trabajadores sociales, sociólogos, ingenieros zootecnistas, veterinarios, agrónomos”. Además, en muchos casos se trata de personas que viven en zonas de difícil acceso y con poca presencia del Estado en términos de salud, educación e infraestructura.
Aunque precarizado, Ruth tenía un trabajo clave para el desarrollo de agricultura familiar y las economías regionales. Su despido y el de tantos otros y otras no sólo impacta en su vida, en su familia, en su desarrollo personal. En el caso de Chubut, se estima que impacta en 2500 unidades productivas, 2500 familias rurales.
Despidos estratégicos
Son muchas las personas que están en la misma situación que Ruth. Según cifras de ATE, Agricultura Familiar tenía 1450 trabajadores y trabajadoras en todo el país. Entre febrero de 2016 y agosto de 2018 echaron a más de 910 personas, o sea, a más del 62 por ciento. El impacto del recorte es aún más duro en la Patagonia: entre Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz, echaron a casi el 80 por ciento.
En Chubut, con Fernando Martín Ferrera como coordinador de área, despidieron a 23 de los 29 trabajadores y trabajadoras. Se conservó el puesto de los cuatro delegados gremiales (ATE y UPCN) y de dos administrativas, una de ellas la esposa de Ferrara, Dalila Griffiths. El coordinador, aún en su cargo, fue precandidato a intendente de Gaiman por Cambiemos y sigue con aspiraciones electorales para 2019.
“Si no hay trabajo en el territorio, ¿qué administran?”, se pregunta Ruth. No es la única que se hace esa pregunta. Belén Cussirat, una de las delegadas de ATE aún en funciones, contó hechos de persecución. Al parecer, una de las administrativas habría elaborado un informe en el que detallaba la falta de elementos inventariados. Con ese documento, los denunció penalmente por robo. En respuesta, despedidos y despedidas ocuparon pacíficamente la delegación de Esquel y, para demostrar que el informe era falso, tuvieron que hacer una presentación con fotos en la Secretaría de Trabajo.
A nivel nacional se pudo revertir el despido del 10 por ciento, en su mayoría echados en 2016. Algunos fueron reincorporados por vía judicial, otros por temas de salud y dos por cuestiones de tutela gremial. En el caso de Chubut, sin embargo, no hay optimismo. Los delegados de ATE creen que pronto serán despedidos.
Territorio en disputa
Con los despidos en Agricultura Familiar, el gobierno de Cambiemos rompió con una estructura que, según explica Ruth, tomó más de 20 años construir. El argumento que dio Nación fue la tan escuchada necesidad de cumplir con las metas fiscales impuestas por los organismos financieros internacionales. El cambio de gobierno implicó que se hable de una política de lo eficiente. En esos términos, el apoyo estatal para el desarrollo de cierto tipo de productores rurales parece ser vista como un gasto.
¿Quiénes representan más claramente ese “gasto” en Chubut? Para las personas despedidas de Agricultura Familiar, no son sólo ellas y los productores y productoras, sino especialmente los trabajadores y trabajadoras rurales de la meseta central, territorio ancestral mapuche tehuelche, de horizontes amplios y secos, donde se encuentra emplazado el Proyecto Navidad de Panamerican Silver. Uno de los ejes de las capacitaciones que recibieron en 2015, cuenta Ruth, fue el asistencialismo. “Ahí ya te das una idea de cuál es su perspectiva. La meseta está ‘asistencializada’. Ellos serían felices si sacaran a toda la gente de la meseta y la trajeran para acá, a un cinturón de pobreza de sirvientas y cortadores de pasto”, dice con ironía.
Como sucede en otras aglomeraciones urbanas, en la periferia de Trelew, Puerto Madryn y Comodoro Rivadavia vive una gran cantidad de personas que ha sido expulsada del campo, incluso despojada de su tierra. Son hombres y mujeres, muchos y muchas de origen mapuche tehuelche, que migran en busca de mejor trabajo, educación y salud, que pasan de ser trabajadores rurales a ser trabajadores urbanos. Teniendo en cuenta esa migración y las políticas públicas necesarias para acompañarla, el ajuste de Nación parece imitar procesos menemistas. No sólo se trata de un “gasto”, sino de quién lo hace. Se podría pensar que para cumplir con metas financieras del FMI, se cambia el recorrido del dinero: rompe Nación, paga provincia. En este caso, una provincia endeudada en dólares, con tasas de desempleo de las más altas del país y la necesidad periódica de refinanciar su deuda con el Estado nacional.
Así, volvemos a la pregunta inicial: ¿por qué dice Ruth que “la gente en el territorio es un bastión de soberanía”? Lo que caracteriza a la agricultura familiar es una estrecha relación entre el trabajo y la tierra, con límites difusos entre la producción y la reproducción de la vida, cosa que rara vez produce regalías. En 2018, ya no se rompen esas relaciones con la llegada de Roca y el capitalismo, ya no se despeja el territorio con genocidio modelo siglo XIX. O menos. La sutilidad posmoderna parece recortar presupuesto sobre el territorio en disputa y, en el caso de Chubut, fomentar la minería metalífera, en favor de empresas transnacionales, aún cuando está prohibida por ley gracias al No a la Mina de 2003.
“La meseta, si no fuera por la minería, no sé si les interesa. ¿Qué hace la gente ahí, criando 60 chivos, 20 ovejas?”, pregunta Ruth. Y también responde: “La gente vive ahí porque es su identidad ese territorio, son pueblos de ese territorio. No hay nada que construya más dignidad y que construya nacionalidad -no desde la mirada del ciudadano y la ciudadana, sino desde el concepto de Nación-, que la gente ocupando el territorio. No hay otra”.
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Fecha de Publicación: 05/01/2019
Fuente: Revista Crítica
Provincia/Región: Nacional
Los más de 900 despidos en Agricultura Familiar dejan al descubierto el abandono a pequeños productores y productoras del campo; qué significa este ajuste de Nación y por qué, al menos en la Patagonia, aparece como un guiño a la explotación minera.
“A cualquier sujeto empresario que ve números es difícil hacerle entender el sector de la agricultura familiar. Es un sector que hay que apoyar, acompañar y, en algunos casos, subsidiar porque la gente en el territorio es un bastión de soberanía”, afirma Ruth Guerrero, esquelense, patagónica, parte de los 900 despedidos de la ahora Subsecretaría de Agricultura Familiar y Desarrollo Territorial de la Nación.
¿Por qué habla de soberanía? Tiene 55 años, es maestra mayor de obra y hasta abril de este año fue técnica del Ministerio de Agroindustria en Chubut. Con 25 años en el Estado, trabajó con productores rurales de la cordillera, de la meseta, del valle del Río Chubut y de las costas del Golfo Nuevo. Sabe de economías regionales y de territorios en disputa. Y conoce la meseta central norte, zona codiciada hace 15 años por mineras transnacionales.
Con un año de crisis, altas tasas de desempleo y una gran conflictividad social en las calles, en la provincia de Chubut docentes y asambleístas ambientales hablan de una “crisis diseñada” para habilitar el Proyecto Navidad, de Panamerican Silver, emplazado precisamente en la meseta central. La ley provincial XVII-Nº 68 (ex 5001), que se ganó en 2003 con la lucha histórica del No a la Mina, prohíbe la minería metalífera a cielo abierto y el uso de cianuro. Pero el lobby minero, con el abierto apoyo del Ejecutivo nacional, quiere modificarla. La mayoría de los legisladores y legisladoras, encargados de la eventual modificación, hacen silencio. Es en este marco de constante tensión en que se insertan los despidos de Agricultura Familiar.
Trabajo en disputa
"A pesar de todos los años en el Ministerio de Agroindustria, tengo que demostrar que fui trabajadora", cuenta con bronca Ruth. Como le pasó a tantas otras personas precarizadas de contrato anual, haber tenido en la práctica una relación de dependencia con el Estado nacional no le garantizó derechos laborales a la hora del despido. Hasta abril cobraba por mes, tenía vacaciones y recibía aguinaldo, pero cuando la echaron no le reconocieron los 25 años de antigüedad. "Cinco años más y me jubilaba. Me cortaron toda la posibilidad, todos los años que yo trabajé quedan ahí", se descarga.
Para desmarcar prejuicios y estigmas, el trabajo de Ruth nunca fue de oficina ni su trayectoria acotada a una sola gestión. Empezó en Esquel, donde nació, y recorrió distintos proyectos, programas del Estado y regiones hasta llegar a Gaiman, donde actualmente vive. En Agricultura Familiar su tarea consistía en asistir de forma técnica a productores agropecuarios, pescadores o artesanos cuyas relaciones productivas estaban organizadas en unidades familiares. Verduras, frutas, miel, langostino, lana, carne de oveja, artesanías: a cada unidad productiva una familia, a cada territorio un tipo de producción.
Uno de los objetivos que debía cumplir Ruth era anotarlos en el Registro Nacional de Agricultores Familiares (RENAF), en el Monotributo Social Agropecuario, hasta ese momento gratuito. Se trata de un sistema que le permite al Estado saber dónde están, qué hacen y qué políticas públicas podrían necesitar, mientras que a los productores y productoras les permite acceder, entre otras cosas, a subsidios, créditos y circuitos de comercio formal.
Para cumplir con ese objetivo, en los últimos años le tocó recorrer el Valle Inferior del Río Chubut y el departamento Biedma, al noreste de la provincia. Tenía que visitar cada campo, hablar con cada familia y registrar lo que producían mediante el uso de georeferenciación. Para eso necesitaba vehículo, nafta, celular e internet. No siempre los tenía: “Mucho tiempo no hubo vehículo. Mi auto, así como lo ves, es de laburar en el campo, de salir a trabajar. La Partner que pusieron a cargo mío vino mucho después. La impresora, la máquina de fotos, el GPS, todo es del técnico”. Los viáticos también eran un problema. “Me deben todos los viáticos de 2015, todos los pasajes que pagué y que fueron rendidos, no me los pagaron nunca”, dice Ruth. Calcula una deuda de, “en ese momento, 90 mil pesos”.
El trabajo de Ruth era tan especial como el perfil del productor o productora con quien trabajaba. Al tener una organización familiar y no separar la producción de la reproducción de la vida, lo que se considera cotidiano, sin valor de mercado, -como las tareas de cuidado- emergía constantemente. Por eso, según cuenta, se trataba de un abordaje integral: “Agricultura Familiar es multidisciplinario. Hay trabajadores sociales, sociólogos, ingenieros zootecnistas, veterinarios, agrónomos”. Además, en muchos casos se trata de personas que viven en zonas de difícil acceso y con poca presencia del Estado en términos de salud, educación e infraestructura.
Aunque precarizado, Ruth tenía un trabajo clave para el desarrollo de agricultura familiar y las economías regionales. Su despido y el de tantos otros y otras no sólo impacta en su vida, en su familia, en su desarrollo personal. En el caso de Chubut, se estima que impacta en 2500 unidades productivas, 2500 familias rurales.
Despidos estratégicos
Son muchas las personas que están en la misma situación que Ruth. Según cifras de ATE, Agricultura Familiar tenía 1450 trabajadores y trabajadoras en todo el país. Entre febrero de 2016 y agosto de 2018 echaron a más de 910 personas, o sea, a más del 62 por ciento. El impacto del recorte es aún más duro en la Patagonia: entre Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz, echaron a casi el 80 por ciento.
En Chubut, con Fernando Martín Ferrera como coordinador de área, despidieron a 23 de los 29 trabajadores y trabajadoras. Se conservó el puesto de los cuatro delegados gremiales (ATE y UPCN) y de dos administrativas, una de ellas la esposa de Ferrara, Dalila Griffiths. El coordinador, aún en su cargo, fue precandidato a intendente de Gaiman por Cambiemos y sigue con aspiraciones electorales para 2019.
“Si no hay trabajo en el territorio, ¿qué administran?”, se pregunta Ruth. No es la única que se hace esa pregunta. Belén Cussirat, una de las delegadas de ATE aún en funciones, contó hechos de persecución. Al parecer, una de las administrativas habría elaborado un informe en el que detallaba la falta de elementos inventariados. Con ese documento, los denunció penalmente por robo. En respuesta, despedidos y despedidas ocuparon pacíficamente la delegación de Esquel y, para demostrar que el informe era falso, tuvieron que hacer una presentación con fotos en la Secretaría de Trabajo.
A nivel nacional se pudo revertir el despido del 10 por ciento, en su mayoría echados en 2016. Algunos fueron reincorporados por vía judicial, otros por temas de salud y dos por cuestiones de tutela gremial. En el caso de Chubut, sin embargo, no hay optimismo. Los delegados de ATE creen que pronto serán despedidos.
Territorio en disputa
Con los despidos en Agricultura Familiar, el gobierno de Cambiemos rompió con una estructura que, según explica Ruth, tomó más de 20 años construir. El argumento que dio Nación fue la tan escuchada necesidad de cumplir con las metas fiscales impuestas por los organismos financieros internacionales. El cambio de gobierno implicó que se hable de una política de lo eficiente. En esos términos, el apoyo estatal para el desarrollo de cierto tipo de productores rurales parece ser vista como un gasto.
¿Quiénes representan más claramente ese “gasto” en Chubut? Para las personas despedidas de Agricultura Familiar, no son sólo ellas y los productores y productoras, sino especialmente los trabajadores y trabajadoras rurales de la meseta central, territorio ancestral mapuche tehuelche, de horizontes amplios y secos, donde se encuentra emplazado el Proyecto Navidad de Panamerican Silver. Uno de los ejes de las capacitaciones que recibieron en 2015, cuenta Ruth, fue el asistencialismo. “Ahí ya te das una idea de cuál es su perspectiva. La meseta está ‘asistencializada’. Ellos serían felices si sacaran a toda la gente de la meseta y la trajeran para acá, a un cinturón de pobreza de sirvientas y cortadores de pasto”, dice con ironía.
Como sucede en otras aglomeraciones urbanas, en la periferia de Trelew, Puerto Madryn y Comodoro Rivadavia vive una gran cantidad de personas que ha sido expulsada del campo, incluso despojada de su tierra. Son hombres y mujeres, muchos y muchas de origen mapuche tehuelche, que migran en busca de mejor trabajo, educación y salud, que pasan de ser trabajadores rurales a ser trabajadores urbanos. Teniendo en cuenta esa migración y las políticas públicas necesarias para acompañarla, el ajuste de Nación parece imitar procesos menemistas. No sólo se trata de un “gasto”, sino de quién lo hace. Se podría pensar que para cumplir con metas financieras del FMI, se cambia el recorrido del dinero: rompe Nación, paga provincia. En este caso, una provincia endeudada en dólares, con tasas de desempleo de las más altas del país y la necesidad periódica de refinanciar su deuda con el Estado nacional.
Así, volvemos a la pregunta inicial: ¿por qué dice Ruth que “la gente en el territorio es un bastión de soberanía”? Lo que caracteriza a la agricultura familiar es una estrecha relación entre el trabajo y la tierra, con límites difusos entre la producción y la reproducción de la vida, cosa que rara vez produce regalías. En 2018, ya no se rompen esas relaciones con la llegada de Roca y el capitalismo, ya no se despeja el territorio con genocidio modelo siglo XIX. O menos. La sutilidad posmoderna parece recortar presupuesto sobre el territorio en disputa y, en el caso de Chubut, fomentar la minería metalífera, en favor de empresas transnacionales, aún cuando está prohibida por ley gracias al No a la Mina de 2003.
“La meseta, si no fuera por la minería, no sé si les interesa. ¿Qué hace la gente ahí, criando 60 chivos, 20 ovejas?”, pregunta Ruth. Y también responde: “La gente vive ahí porque es su identidad ese territorio, son pueblos de ese territorio. No hay nada que construya más dignidad y que construya nacionalidad -no desde la mirada del ciudadano y la ciudadana, sino desde el concepto de Nación-, que la gente ocupando el territorio. No hay otra”.
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Buenos Aires: preocupa pla aplicación de agroquímicos
Preocupa en el interior la aplicación indiscriminada de agroquímicos sobre zonas urbanas y suburbanas
Fecha de Publicación: 03/01/2019
Fuente: InfoCielo
Provincia/Región: Buenos Aires
Mientras en Olavarría se confirmó que la propia Municipalidad aplicó “a escondidas” glifosato en las barrancas del arroyo Tapalqué, en Chascomús un juez dictó una cautelar que prohíbe las fumigaciones en zonas urbanas para proteger el “derecho a la vida”.
La aplicación indiscriminada de agroquímicos para usos agropecuarios, pero también con otros fines, empieza a generar una seria preocupación en la provincia de Buenos Aires. En Ayacucho, la fumigación a 20 metros de una escuela, sumada a las denuncias respecto de que en Coronel Suárez “llueve” glifosato y tantas otras polémicas, son sólo algunos de los episodios que se conocieron este año.
Pero, antes de 2019, habrá que agregar otros dos antecedentes que ponen el ojo sobre los agroquímicos, uno de los cuales pone en jaque a la municipalidad de Olavarría, que acaba de admitir que aplicó “a escondidas” glifosato en las barrancas del arroyo Tapalqué, cerca del centro de la ciudad.
La noticia se generó en el Concejo Deliberante a partir de la denuncia de la concejal eseverrista Margarita Arregui, quien sostuvo que “el Municipio hizo a escondidas”, quien promovió y logró aprobar varios pedidos de informes al intendente Ezequiel Galli (de Cambiemos) que nunca fueron respondidos.
En pleno escándalo, el municipio admitió la aplicación del herbicida, pero aseguró que corrió por cuenta de la contratista, agropecuaria San Sebastián, encargada del mantenimiento de la zona, a la que le aplicó sanciones. El problema es que los registros muestran que en la misma fecha adquirió sesenta litros de glifosato, a nombre del Municipio.
Por esto Arregui se volvió a preguntar “para qué compró glifosato el Municipio el 4 de julio del corriente, qué funcionario municipal autorizó esa compra y si el producto adquirido por el Municipio fue el utilizado por la empresa para desmalezar las barrancas del arroyo Tapalqué”.
El segundo hecho tiene lugar en Chascomús e involucra a otro de los poderes del Estado, en este caso la Justicia. Es que el último 21 de diciembre, el Juzgado Civil y Comercial N° 2 de Dolores ordenó suspender toda actividad de fumigación terrestre, aérea y el traslado de agroquímicos a una distancia “menor a 1.000 metros de la zona urbana, núcleos de viviendas habitadas, escuela rural, postas sanitarias, cursos de agua, villas recreativas o deportivas del Barrio Lomas Altas”.
La resolución llegó por la presentación de un particular, vecina de un barrio afectado por la aplicación de herbicidas, y teniendo en cuenta “la ausencia de normativa local que regule la materia”. En sus testimonios, los vecinos del barrio manifestaron haber “tenido malestares en la respiración, irritación de ojos” además de “una sensación rara en la boca y sabor amargo”.
Además se corroboró que hay árboles muertos e incluso peces afectados por los pesticidas aplicados en las inmediaciones del arroyo Almirante Brown.
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Fecha de Publicación: 03/01/2019
Fuente: InfoCielo
Provincia/Región: Buenos Aires
Mientras en Olavarría se confirmó que la propia Municipalidad aplicó “a escondidas” glifosato en las barrancas del arroyo Tapalqué, en Chascomús un juez dictó una cautelar que prohíbe las fumigaciones en zonas urbanas para proteger el “derecho a la vida”.
La aplicación indiscriminada de agroquímicos para usos agropecuarios, pero también con otros fines, empieza a generar una seria preocupación en la provincia de Buenos Aires. En Ayacucho, la fumigación a 20 metros de una escuela, sumada a las denuncias respecto de que en Coronel Suárez “llueve” glifosato y tantas otras polémicas, son sólo algunos de los episodios que se conocieron este año.
Pero, antes de 2019, habrá que agregar otros dos antecedentes que ponen el ojo sobre los agroquímicos, uno de los cuales pone en jaque a la municipalidad de Olavarría, que acaba de admitir que aplicó “a escondidas” glifosato en las barrancas del arroyo Tapalqué, cerca del centro de la ciudad.
La noticia se generó en el Concejo Deliberante a partir de la denuncia de la concejal eseverrista Margarita Arregui, quien sostuvo que “el Municipio hizo a escondidas”, quien promovió y logró aprobar varios pedidos de informes al intendente Ezequiel Galli (de Cambiemos) que nunca fueron respondidos.
En pleno escándalo, el municipio admitió la aplicación del herbicida, pero aseguró que corrió por cuenta de la contratista, agropecuaria San Sebastián, encargada del mantenimiento de la zona, a la que le aplicó sanciones. El problema es que los registros muestran que en la misma fecha adquirió sesenta litros de glifosato, a nombre del Municipio.
Por esto Arregui se volvió a preguntar “para qué compró glifosato el Municipio el 4 de julio del corriente, qué funcionario municipal autorizó esa compra y si el producto adquirido por el Municipio fue el utilizado por la empresa para desmalezar las barrancas del arroyo Tapalqué”.
El segundo hecho tiene lugar en Chascomús e involucra a otro de los poderes del Estado, en este caso la Justicia. Es que el último 21 de diciembre, el Juzgado Civil y Comercial N° 2 de Dolores ordenó suspender toda actividad de fumigación terrestre, aérea y el traslado de agroquímicos a una distancia “menor a 1.000 metros de la zona urbana, núcleos de viviendas habitadas, escuela rural, postas sanitarias, cursos de agua, villas recreativas o deportivas del Barrio Lomas Altas”.
La resolución llegó por la presentación de un particular, vecina de un barrio afectado por la aplicación de herbicidas, y teniendo en cuenta “la ausencia de normativa local que regule la materia”. En sus testimonios, los vecinos del barrio manifestaron haber “tenido malestares en la respiración, irritación de ojos” además de “una sensación rara en la boca y sabor amargo”.
Además se corroboró que hay árboles muertos e incluso peces afectados por los pesticidas aplicados en las inmediaciones del arroyo Almirante Brown.
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Aprueban más transgénicos
Peligro en las mesas argentinas
Fecha de Publicación: 29/12/2018
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional
En base a estudios confidenciales, y luego del visto bueno de una comisión que tiene íntimos vínculos con las empresas que venden las semillas genéticamente modificadas para producirlos, el Estado dio vía libre a la comercialización de productos cuestionados.
Los argentinos serán los primeros en comer papa y trigo transgénicos. Dos alimentos de consumo masivo que fueron aprobados por el Gobierno en base a estudios confidenciales y luego del visto bueno de una comisión técnica-científica dominada por las mismas empresas que venden las semillas. Denuncias por la forma en que se aprueban los transgénicos, el mayor uso de agrotóxicos y la profundización de un modelo a medida de las empresas.
El 4 de noviembre la empresa Bioceres (que cuenta entre sus accionistas a Gustavo Grobocopatel y Hugo Sigman, entre otros millonarios argentinos) presentó en Pergamino el “trigo HB4”. La publicidad corporativa señala que es “tolerante a la sequía” y al agrotóxico glufosinato de amonio, más cuestionado por su toxicidad que el famoso glifosato.
“No se metan con nuestro pan” había sido la consigna de una decena de organizaciones sociales que denuncia la nueva avanzada del agronegocio y los riesgos para la alimentación. “Sabemos que los transgénicos son una amenaza para la biodiversidad, para el ambiente y la salud de todos. Sabemos que las aprobaciones y los controles son, en la Argentina, muy poco serios”, advirtieron la Cátedra de Soberanía Alimentaria de la UBA (Facultad de Medicina), Acción por la Biodiversidad, Naturaleza de Derechos, Huerquen Comunicación, Foro Ecologista de Paraná y BePe, entre otras, al tiempo que exigieron: “No queremos trigo ni pan transgénico”.
El trigo abarca en el país 5,6 millones de hectáreas y es el principal componente del pan. No hay ninguna ley que obligue en Argentina a identificar qué producto contiene transgénicos, como sí sucede en los países de la Unión Europea, además de Rusia, India, China y Australia, entre otros.
Los estudios de “inocuidad” son realizados por las mismas empresas que producen los transgénicos y los expedientes son confidenciales. La Comisión Nacional de Biotecnología (Conabia), dirigida por Martín Lema, está controlada por las empresas: de 34 integrantes, 26 pertenecen a las empresas o tienen conflictos de intereses. En tres años, aprobó 16 transgénicos (51 desde 1996).
Carla Poth es investigadora de la Universidad Nacional de San Martín y en su tesis doctoral investigó la Conabia. “Los integrantes de la Conabia son juez y parte en la liberación de transgénicos. Y eso incluye a los tres sectores que la integran: privados, funcionarios estatales y el sector científico. Todos hablan el mismo idioma, el de las empresas tecnológicas, donde sólo importa la ganancia económica”.
Fernando Frank, de la Asociación Campesina del Valle de Conlara, explicó que otro agravante es que el trigo transgénico puede fecundar al trigo convencional. Alerta que si las empresas logran la nueva ley de semillas (Cambiemos dio dictamen en la Comisión de Agricultura de Diputados y planea aprobarla el primer semestre), las cosechas convencionales podrán contener transgénicos, por simple contaminación, y los productores podrán ser obligados a pagar a las empresas.
El Gobierno también presentó la primera papa transgénica, ya liberada para su comercialización y llegada a verdulerías y a la mesa familiar. En el acto, el 10 de diciembre, estuvieron el secretario de Ciencia, Lino Barañao, y el de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere. La compañía beneficiada es Tecnoplant, del Grupo Sidus, en trabajo conjunto con el Conicet a través del Instituto de Ingeniería Genética y Biología Experimental (Ingebi). La publicidad empresaria afirma que el transgénico es resistente al virus “PVY” (“potato virus”). Uno de los responsables del proyecto es Alejandro Mentaberry, quien era jefe de gabinete del Ministerio de Ciencia al momento de aprobarse la papa modificada genéticamente. Desde su cargo tenía incidencia en el Conicet y en la Conabia. El investigador Fernando Bravo Almonacid (del Ingebi-Conicet) forma parte del desarrollo de la papa transgénica y también formó parte de la Conabia al momento de aprobar la nueva semilla. Del Grupo Sidus también formó parte Lino Barañao, que impulsó desde allí la clonación de animales. Así, la aprobación de la papa favorece a los ex empleadores del secretario de Ciencia.
El Parlamento Andino (órgano deliberativo de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Chile) prohibió la papa transgénica en 2006. Resaltó la “inestabilidad” del cultivo y alertó que “una vez que se libera una variedad transgénica es imposible frenar la contaminación genética”. Elizabeth Bravo, doctora en ecología de microorganismos e integrante de la Red por una América Latina Libre de Transgénicos (Rallt) afirmó que la papa transgénica no resolverá problemas agronómicos. “Los virus mutan. Y el virus PVY puede desarrollar resistencia a la papa transgénica”. Alertó que es un “gran problema adicional” que esta papa se utilice para consumo humano directo.
Fernando Frank apuntó al fondo: “No pueden afirmar que el transgénico no va a tener consecuencias malignas en la salud. Ni siquiera tenemos acceso a los supuestos estudios de inocuidad. El llamado avance tecnológico no implica ninguna mejora para los consumidores. El objetivo es el avance de la agricultura industrial y la consolidación del control corporativo del sistema agroalimentario, manipulando el poder de decisión de agricultores y consumidores acerca de qué cultivar y consumir”.
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Fecha de Publicación: 29/12/2018
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional
En base a estudios confidenciales, y luego del visto bueno de una comisión que tiene íntimos vínculos con las empresas que venden las semillas genéticamente modificadas para producirlos, el Estado dio vía libre a la comercialización de productos cuestionados.
Los argentinos serán los primeros en comer papa y trigo transgénicos. Dos alimentos de consumo masivo que fueron aprobados por el Gobierno en base a estudios confidenciales y luego del visto bueno de una comisión técnica-científica dominada por las mismas empresas que venden las semillas. Denuncias por la forma en que se aprueban los transgénicos, el mayor uso de agrotóxicos y la profundización de un modelo a medida de las empresas.
El 4 de noviembre la empresa Bioceres (que cuenta entre sus accionistas a Gustavo Grobocopatel y Hugo Sigman, entre otros millonarios argentinos) presentó en Pergamino el “trigo HB4”. La publicidad corporativa señala que es “tolerante a la sequía” y al agrotóxico glufosinato de amonio, más cuestionado por su toxicidad que el famoso glifosato.
“No se metan con nuestro pan” había sido la consigna de una decena de organizaciones sociales que denuncia la nueva avanzada del agronegocio y los riesgos para la alimentación. “Sabemos que los transgénicos son una amenaza para la biodiversidad, para el ambiente y la salud de todos. Sabemos que las aprobaciones y los controles son, en la Argentina, muy poco serios”, advirtieron la Cátedra de Soberanía Alimentaria de la UBA (Facultad de Medicina), Acción por la Biodiversidad, Naturaleza de Derechos, Huerquen Comunicación, Foro Ecologista de Paraná y BePe, entre otras, al tiempo que exigieron: “No queremos trigo ni pan transgénico”.
El trigo abarca en el país 5,6 millones de hectáreas y es el principal componente del pan. No hay ninguna ley que obligue en Argentina a identificar qué producto contiene transgénicos, como sí sucede en los países de la Unión Europea, además de Rusia, India, China y Australia, entre otros.
Los estudios de “inocuidad” son realizados por las mismas empresas que producen los transgénicos y los expedientes son confidenciales. La Comisión Nacional de Biotecnología (Conabia), dirigida por Martín Lema, está controlada por las empresas: de 34 integrantes, 26 pertenecen a las empresas o tienen conflictos de intereses. En tres años, aprobó 16 transgénicos (51 desde 1996).
Carla Poth es investigadora de la Universidad Nacional de San Martín y en su tesis doctoral investigó la Conabia. “Los integrantes de la Conabia son juez y parte en la liberación de transgénicos. Y eso incluye a los tres sectores que la integran: privados, funcionarios estatales y el sector científico. Todos hablan el mismo idioma, el de las empresas tecnológicas, donde sólo importa la ganancia económica”.
Fernando Frank, de la Asociación Campesina del Valle de Conlara, explicó que otro agravante es que el trigo transgénico puede fecundar al trigo convencional. Alerta que si las empresas logran la nueva ley de semillas (Cambiemos dio dictamen en la Comisión de Agricultura de Diputados y planea aprobarla el primer semestre), las cosechas convencionales podrán contener transgénicos, por simple contaminación, y los productores podrán ser obligados a pagar a las empresas.
El Gobierno también presentó la primera papa transgénica, ya liberada para su comercialización y llegada a verdulerías y a la mesa familiar. En el acto, el 10 de diciembre, estuvieron el secretario de Ciencia, Lino Barañao, y el de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere. La compañía beneficiada es Tecnoplant, del Grupo Sidus, en trabajo conjunto con el Conicet a través del Instituto de Ingeniería Genética y Biología Experimental (Ingebi). La publicidad empresaria afirma que el transgénico es resistente al virus “PVY” (“potato virus”). Uno de los responsables del proyecto es Alejandro Mentaberry, quien era jefe de gabinete del Ministerio de Ciencia al momento de aprobarse la papa modificada genéticamente. Desde su cargo tenía incidencia en el Conicet y en la Conabia. El investigador Fernando Bravo Almonacid (del Ingebi-Conicet) forma parte del desarrollo de la papa transgénica y también formó parte de la Conabia al momento de aprobar la nueva semilla. Del Grupo Sidus también formó parte Lino Barañao, que impulsó desde allí la clonación de animales. Así, la aprobación de la papa favorece a los ex empleadores del secretario de Ciencia.
El Parlamento Andino (órgano deliberativo de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Chile) prohibió la papa transgénica en 2006. Resaltó la “inestabilidad” del cultivo y alertó que “una vez que se libera una variedad transgénica es imposible frenar la contaminación genética”. Elizabeth Bravo, doctora en ecología de microorganismos e integrante de la Red por una América Latina Libre de Transgénicos (Rallt) afirmó que la papa transgénica no resolverá problemas agronómicos. “Los virus mutan. Y el virus PVY puede desarrollar resistencia a la papa transgénica”. Alertó que es un “gran problema adicional” que esta papa se utilice para consumo humano directo.
Fernando Frank apuntó al fondo: “No pueden afirmar que el transgénico no va a tener consecuencias malignas en la salud. Ni siquiera tenemos acceso a los supuestos estudios de inocuidad. El llamado avance tecnológico no implica ninguna mejora para los consumidores. El objetivo es el avance de la agricultura industrial y la consolidación del control corporativo del sistema agroalimentario, manipulando el poder de decisión de agricultores y consumidores acerca de qué cultivar y consumir”.
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Buenos Aires: nueva normativa de agrotóxicos a medida de...
La Provincia ya es zona liberada para los agrotóxicos
Fecha de Publicación: 27/12/2018
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Buenos Aires
Una resolución firmada por el ministro de Asuntos Agrarios bonaerense, exgerente de Monsanto, habilita la fumigación en las que llama zonas de "amortiguamiento", es decir, lotes contiguos a escuelas y áreas de esparcimiento, a cursos de agua y reservas naturales.
Durante una entrevista con el programa de radio La Red Rural, el ministro de Asuntos Agrarios bonaerense, Leonardo Sarquís, se ufanó de la novedad: "Es la primera vez que la Provincia escribe una reglamentación para controlar la aplicación de fitosanitarios". Sarquís, exgerente de la multinacional Monsanto, hablaba de la Resolución N° 246-MAGP-18, publicada en el Boletín Oficial el pasado lunes 17 de diciembre, por la cual se habilita la aplicación de fitosanitarios (léase fumigación con agrotóxicos) "en los lotes contiguos al área urbana, zona residencial extraurbana, área de población dispersa, márgenes de cursos o cuerpos de agua, zonas de bombeo, establecimientos educativos, áreas de esparcimiento y reservas naturales que comprenderán la zona de amortiguamiento".
Para los malpensados que pudieran ver en la flamante normativa una medida (otra más) a favor de los intereses de las corporaciones del agronegocio y, por ende, en contra de la salud de los pobladores y la calidad del medio ambiente, el artículo 6 impone que "los profesionales Ingenieros Agrónomos u otro título equivalente matriculado, que intervengan en la zona de amortiguamiento deberán asistir a jornadas de actualización técnica específicas que determine la Autoridad de Aplicación".
Otra muestra de la preocupación del gobierno por el "interés común de los habitantes de la Nación" está expresado en el artículo 5 de la resolución: "La aplicación de fitosanitarios dentro de la zona de amortiguamiento contigua a establecimientos educativos, cualquiera sea la modalidad de aplicación, deberá efectuarse fuera de horario escolar". Tanta consideración conmueve.
Sarquís ya había anunciado durante los primeros días de diciembre el acuerdo de pautas de aplicación de agrotóxicos en los distintos municipios de la Provincia, basado en un informe conjunto elaborado en julio pasado por los entonces ministerios (luego rebajados a secretarías) de Salud, Ciencia, Medio Ambiente y Agroindustria.
Algunos de los municipios que ya adhirieron a la firma de estas pautas son Ayacucho, Azul, Balcarce, Berisso, Carlos Tejedor y Chascomús. En el caso de este último distrito, fue noticia reciente la muerte de peces en los arroyos afluentes a la laguna, coincidente con la fumigación en campos de la zona. Desde la Asamblea Paren de Fumigarnos Chascomús denunciaron que "con esta resolución se atenta contra los mismos trabajadores rurales y las familias que se encuentran en las zonas alcanzadas por los agrotóxicos".
Cancerígenas
El laboratorio de Biogeoquímica y Química Ambiental de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), junto con el defensor del Pueblo bonaerense, realizaron un relevamiento sobre la utilización de agroquímicos en la Provincia. Para eso se obtuvieron muestras de suelos y aire colectados a lo largo del territorio. El estudio confirmó que los plaguicidas aplicados en el campo llegan a las ciudades vecinas, especialmente en verano, cuando las fumigaciones son más frecuentes.
La relación entre los pesticidas usados en el campo y la proliferación de casos de cáncer fue documentada en el informe "Valoración de la exposición a plaguicidas en cultivos extensivos de la Argentina y su potencial impacto sobre la salud", financiado por el Ministerio de Salud en el año 2014.
El mismo estudio probó que el comercio de productos fitosanitarios –plaguicidas y fertilizantes– aumentó un 48,7% entre 2002 y 2008. Ese año, se comercializó un total de 225 millones de litros de estos químicos, de los cuales cerca de un 75% fueron herbicidas.
Las empresas comercializadoras de este tipo de productos (Monsanto, Syngenta, Dow AgroSciences, Bayer y Atanos) alegan que el glifosato no es perjudicial para la salud humana basándose en una supuesta "abrumadora evidencia científica", Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) incluyó ese principio activo dentro de las sustancias calificadas como "probablemente cancerígenas".
En julio de este año, científicos del Conicet y del Centro de Investigaciones del Medioambiente (CIMA) de la UNLP detectaron la presencia de glifosato y atrazina, los dos plaguicidas que dominan el mercado argentino, en el 80% de las muestras de agua de lluvia. «
En Entre Ríos, cáncer y resistencia
En abril pasado, el Concejo Deliberante de Gualeguaychú aprobó –con nueve votos a favor y tres en contra aportados por el bloque de Cambiemos– la ordenanza que prohibió en todo el ejido de la ciudad el uso del glifosato. La medida llegó tras años de lucha y reclamos de vecinos y organizaciones ambientalistas que venían alertando sobre el aumento de nuevos casos de chicos con cáncer y leucemia por el riego indiscriminado del herbicida en los campos lindantes a viviendas y escuelas. Desde entonces, organizaciones de ruralistas recurrieron a la justicia presentando amparos para frenar la ordenanza por considerarla “inconstitucional”, y calificándola como una respuesta "extrema" que afectará gravemente al sector.
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Fecha de Publicación: 27/12/2018
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Buenos Aires
Una resolución firmada por el ministro de Asuntos Agrarios bonaerense, exgerente de Monsanto, habilita la fumigación en las que llama zonas de "amortiguamiento", es decir, lotes contiguos a escuelas y áreas de esparcimiento, a cursos de agua y reservas naturales.
Durante una entrevista con el programa de radio La Red Rural, el ministro de Asuntos Agrarios bonaerense, Leonardo Sarquís, se ufanó de la novedad: "Es la primera vez que la Provincia escribe una reglamentación para controlar la aplicación de fitosanitarios". Sarquís, exgerente de la multinacional Monsanto, hablaba de la Resolución N° 246-MAGP-18, publicada en el Boletín Oficial el pasado lunes 17 de diciembre, por la cual se habilita la aplicación de fitosanitarios (léase fumigación con agrotóxicos) "en los lotes contiguos al área urbana, zona residencial extraurbana, área de población dispersa, márgenes de cursos o cuerpos de agua, zonas de bombeo, establecimientos educativos, áreas de esparcimiento y reservas naturales que comprenderán la zona de amortiguamiento".
Para los malpensados que pudieran ver en la flamante normativa una medida (otra más) a favor de los intereses de las corporaciones del agronegocio y, por ende, en contra de la salud de los pobladores y la calidad del medio ambiente, el artículo 6 impone que "los profesionales Ingenieros Agrónomos u otro título equivalente matriculado, que intervengan en la zona de amortiguamiento deberán asistir a jornadas de actualización técnica específicas que determine la Autoridad de Aplicación".
Otra muestra de la preocupación del gobierno por el "interés común de los habitantes de la Nación" está expresado en el artículo 5 de la resolución: "La aplicación de fitosanitarios dentro de la zona de amortiguamiento contigua a establecimientos educativos, cualquiera sea la modalidad de aplicación, deberá efectuarse fuera de horario escolar". Tanta consideración conmueve.
Sarquís ya había anunciado durante los primeros días de diciembre el acuerdo de pautas de aplicación de agrotóxicos en los distintos municipios de la Provincia, basado en un informe conjunto elaborado en julio pasado por los entonces ministerios (luego rebajados a secretarías) de Salud, Ciencia, Medio Ambiente y Agroindustria.
Algunos de los municipios que ya adhirieron a la firma de estas pautas son Ayacucho, Azul, Balcarce, Berisso, Carlos Tejedor y Chascomús. En el caso de este último distrito, fue noticia reciente la muerte de peces en los arroyos afluentes a la laguna, coincidente con la fumigación en campos de la zona. Desde la Asamblea Paren de Fumigarnos Chascomús denunciaron que "con esta resolución se atenta contra los mismos trabajadores rurales y las familias que se encuentran en las zonas alcanzadas por los agrotóxicos".
Cancerígenas
El laboratorio de Biogeoquímica y Química Ambiental de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), junto con el defensor del Pueblo bonaerense, realizaron un relevamiento sobre la utilización de agroquímicos en la Provincia. Para eso se obtuvieron muestras de suelos y aire colectados a lo largo del territorio. El estudio confirmó que los plaguicidas aplicados en el campo llegan a las ciudades vecinas, especialmente en verano, cuando las fumigaciones son más frecuentes.
La relación entre los pesticidas usados en el campo y la proliferación de casos de cáncer fue documentada en el informe "Valoración de la exposición a plaguicidas en cultivos extensivos de la Argentina y su potencial impacto sobre la salud", financiado por el Ministerio de Salud en el año 2014.
El mismo estudio probó que el comercio de productos fitosanitarios –plaguicidas y fertilizantes– aumentó un 48,7% entre 2002 y 2008. Ese año, se comercializó un total de 225 millones de litros de estos químicos, de los cuales cerca de un 75% fueron herbicidas.
Las empresas comercializadoras de este tipo de productos (Monsanto, Syngenta, Dow AgroSciences, Bayer y Atanos) alegan que el glifosato no es perjudicial para la salud humana basándose en una supuesta "abrumadora evidencia científica", Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) incluyó ese principio activo dentro de las sustancias calificadas como "probablemente cancerígenas".
En julio de este año, científicos del Conicet y del Centro de Investigaciones del Medioambiente (CIMA) de la UNLP detectaron la presencia de glifosato y atrazina, los dos plaguicidas que dominan el mercado argentino, en el 80% de las muestras de agua de lluvia. «
En Entre Ríos, cáncer y resistencia
En abril pasado, el Concejo Deliberante de Gualeguaychú aprobó –con nueve votos a favor y tres en contra aportados por el bloque de Cambiemos– la ordenanza que prohibió en todo el ejido de la ciudad el uso del glifosato. La medida llegó tras años de lucha y reclamos de vecinos y organizaciones ambientalistas que venían alertando sobre el aumento de nuevos casos de chicos con cáncer y leucemia por el riego indiscriminado del herbicida en los campos lindantes a viviendas y escuelas. Desde entonces, organizaciones de ruralistas recurrieron a la justicia presentando amparos para frenar la ordenanza por considerarla “inconstitucional”, y calificándola como una respuesta "extrema" que afectará gravemente al sector.
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Plaguicidas prohibidos en la UE pero en Argentina...
Argentina busca limitar la prohibición en el uso de agroquímicos que impuso la UE desde 2019
Fecha de Publicación: 24/12/2018
Fuente: BAE Negocios
Provincia/Región: Nacional
A partir del próximo año la Comunidad Europea prohibirá el uso de ciertos tipos de plaguicidas identificadas como disruptores endócrinos los cuales son causantes de enfermedades cancerígenas. En ese contexto empezó a modificar el criterio de la paleta de moléculas que se aplican en la agricultura las cuales antes eran consideradas de "riesgo" para cambiarlo por el de "peligro". Esto afectará seriamente el ingreso de los productos argentinos al viejo continente. Ante esto, las cadenas agroindustriales, productores e industria química junto al Gobierno, buscan armar una estrategia en común para llevar al Mercosur y a partir de ahí junto a otros países como EE.UU. o Australia. hacer un planteo formal ante las autoridades europeas.
Puntualmente lo que dispuso la UE, es la aplicación nuevos criterios para algunas moléculas las cuales calificó de peligrosas, por ahora no está el glifosato, en donde se encuentran algunos fungicidas necesarios en cultivos como el trigo.
"Hoy no hay remplazo posible a los productos que prohíbe la UE. Los cuales de haberlos, elevaría los costos de producción en todos los países que se verán con problemas comerciales", señaló a BAE Negocios el jefe de Gabinete de Agroindustria, Santiago Del Solar.
El funcionario sostuvo que se está hablando en el mas alto nivel de autoridades europeas explicándole la imposibilidad de la nueva reglamentación, aunque reconoció que "tampoco hay una propuesta por parte de Europa del tipo de sustancias hay que usar".
De este modo no podrán ingresar al viejo continente granos, subproductos como aceites y harinas, legumbres, hortalizas y carnes. Sobre datos del Indec en 2017, los envíos a la UE totalizaron divisas por más de u$s8.000 millones. En el total representa el 15% de los ingresos para la Argentina.
Desde la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y el Centro Exportador de Cereales (CEC), su presidente Gustavo Idígoras afirmó a este diario que "el tema preocupa mucho el cual se viene trabajando con las demás cadenas dado que el efecto será muy negativo en materia de exportaciones a la UE, para el cual se elabora junto al Gobierno en buscar aliados con otros países".
Por lo pronto la presencia de plaguicidas se empieza a volver hoy en una condición que puede hacer que un productor o un país no ingrese a un mercado.
Para Andrés Méndez, experto en agricultura de precisión, "la Argentina se destaca en el uso de tecnología que permita realizar un mejor tratamiento de productos químicos aplicados a los cultivos. Hace varios años que en el campo se aplican sensores activos para el control de malezas selectivos donde en algunos lotes con presencia de malezas se logró disminuir en un 80% el uso de herbicidas".
El desafió de ahora en mas será producir alimentos, pero este deberá ser con sistemas sustentables en lo que hace al uso de recursos como agua, suelo, fertilizantes y agroquímicos. Tendrá que haber un ordenamiento y correcta aplicación. La Argentina deberá buscar alternativas para producir con el menor impacto posible en el medio ambiente.
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Fecha de Publicación: 24/12/2018
Fuente: BAE Negocios
Provincia/Región: Nacional
A partir del próximo año la Comunidad Europea prohibirá el uso de ciertos tipos de plaguicidas identificadas como disruptores endócrinos los cuales son causantes de enfermedades cancerígenas. En ese contexto empezó a modificar el criterio de la paleta de moléculas que se aplican en la agricultura las cuales antes eran consideradas de "riesgo" para cambiarlo por el de "peligro". Esto afectará seriamente el ingreso de los productos argentinos al viejo continente. Ante esto, las cadenas agroindustriales, productores e industria química junto al Gobierno, buscan armar una estrategia en común para llevar al Mercosur y a partir de ahí junto a otros países como EE.UU. o Australia. hacer un planteo formal ante las autoridades europeas.
Puntualmente lo que dispuso la UE, es la aplicación nuevos criterios para algunas moléculas las cuales calificó de peligrosas, por ahora no está el glifosato, en donde se encuentran algunos fungicidas necesarios en cultivos como el trigo.
"Hoy no hay remplazo posible a los productos que prohíbe la UE. Los cuales de haberlos, elevaría los costos de producción en todos los países que se verán con problemas comerciales", señaló a BAE Negocios el jefe de Gabinete de Agroindustria, Santiago Del Solar.
El funcionario sostuvo que se está hablando en el mas alto nivel de autoridades europeas explicándole la imposibilidad de la nueva reglamentación, aunque reconoció que "tampoco hay una propuesta por parte de Europa del tipo de sustancias hay que usar".
De este modo no podrán ingresar al viejo continente granos, subproductos como aceites y harinas, legumbres, hortalizas y carnes. Sobre datos del Indec en 2017, los envíos a la UE totalizaron divisas por más de u$s8.000 millones. En el total representa el 15% de los ingresos para la Argentina.
Desde la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y el Centro Exportador de Cereales (CEC), su presidente Gustavo Idígoras afirmó a este diario que "el tema preocupa mucho el cual se viene trabajando con las demás cadenas dado que el efecto será muy negativo en materia de exportaciones a la UE, para el cual se elabora junto al Gobierno en buscar aliados con otros países".
Por lo pronto la presencia de plaguicidas se empieza a volver hoy en una condición que puede hacer que un productor o un país no ingrese a un mercado.
Para Andrés Méndez, experto en agricultura de precisión, "la Argentina se destaca en el uso de tecnología que permita realizar un mejor tratamiento de productos químicos aplicados a los cultivos. Hace varios años que en el campo se aplican sensores activos para el control de malezas selectivos donde en algunos lotes con presencia de malezas se logró disminuir en un 80% el uso de herbicidas".
El desafió de ahora en mas será producir alimentos, pero este deberá ser con sistemas sustentables en lo que hace al uso de recursos como agua, suelo, fertilizantes y agroquímicos. Tendrá que haber un ordenamiento y correcta aplicación. La Argentina deberá buscar alternativas para producir con el menor impacto posible en el medio ambiente.
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Entre Ríos se movilizó contra los agroquímicos
Organizaciones se manifestaron contra los agroquímicos y a favor de la agroecología
Fecha de Publicación: 21/12/2018
Fuente: AIM
Provincia/Región: Entre Ríos
Con motivo de cumplirse un año de la coordinadora Basta es Basta, organizaciones ambientalistas, gremios y partidos nucleados en la entidad se manifestaron esta tarde en Casa de Gobierno para reclamar que se respete el fallo que restringe la fumigación en zona de escuelas rurales y plantear alternativas de transición hacia la agroecología, supo AIM. Del acto participaron activistas de distintos puntos de la provincia, entre ellos, Concordia, Basavilbaso, Colonia Avigdor, Concepción del Uruguay, Nogoyá, Gualeguaychú, Gualeguay, Colón, San José y Paraná.
Bajo la consigna de “rondar” en “este martes rebelde” se realizaron intervenciones artísticas, musicales, exposiciones de productos agroecológicos y la lectura de un documento.
En diálogo con esta Agencia, Victoria Richter, integrante de la Asociación por la Justicia Ambiental de Buenos Aires y Gualeguaychú y encargada del área de comunicación de la coordinadora, señaló que hoy las organizaciones se reunieron con el secretario de la Producción, Álvaro Gabás: “Allí se nos dijo que se iba a sacar un decreto para limitar las distancias establecidas en el fallo de restricción. Si bien nos prometieron que van a tomar una serie de medidas y nos van a hacer participes de ellas, por otro lado dijeron que van a avanzar con este decreto, lo cual es bastante contradictorio. No obstante estamos a la expectativa de cómo van a continuar las cosas y anticipamos que vamos a dar nuestra opinión”, dijo.
Desde el departamento Colón también se hicieron presentes integrantes de la asamblea de Colón y San José también se hicieron presentes representantes de la Asamblea Barrio Perucho. Una de sus integrantes, María Fernández Benetti, destacó que en esas localidades se trabaja “sobre la liberación del periurbano”. En este sentido, la activista reveló que esa zona ha entrado en “una instancia de transición, como un logro de nuestra asamblea”. Asimismo destacó que se lograron ordenanzas por las cuales, en un término de tres años, debe haber una “una transición de lo hortícola hacia la agroecología” ya que se trata de “una zona compuesta por pequeños productores” lo que la hace “un cordón de abastecimiento muy bueno” donde muchos vecinos “ya tienen sus propias huertas”.
También, desde Concordia, Facundo Scattone, referente de la Red de Comercio Justo Piri Hué (toldos de agua en idioma charrúa) destacó a AIM que se avanza en la coordinación con diversas organizaciones en torno de la llamada Asamblea de los Pueblos Libres a travès de distintas actividades. “Entre ellas, hicimos un carnaval popular con un carro fumigador para trabajar sobre la temática y, desde Basta es basta estamos haciendo diversas actividades como alternativas para frenar el agronegocio y proponer una transición hacia la agroecología”. Asimismo, Scattone destacó el fallo que restringe las fumigaciones en un radio de mil metros de las escuelas rurales.
Más presentes
Uno de los sindicatos que participó fue la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer). El secretario general de la entidad, Marcelo Pagani, señaló a esta agencia que “Agmer ha sido parte de todo este proceso e incluso de la judicialización en la causa de las escuelas fumigadas”. Así también, Pagani indicó que el gremio partició activiamente en “el amparo y la fundamentación en el momento en que éste fue apelado ante el Superior Tribunal de Justicia”.
Por otra parte, Cristina Tejedor, representante del Grupo por una vida sin agrotóxicos de Concepción del Uruguay intervino en la marcha junto a un grupo muy numeroso, que pintó una bandera con la cara de Fabian Tomasi, uno de los emblemas de la concientización del peligro de los agrotóxicos. “También vamos a regalar trigo agroecologico de nuestra propia producción, ya que muchos de los que estamos en el grupo somos productores. Vinimos a invitar a todos a realizar esta actividad. Desde Concepción del Uruguay hacemos la llamada Ronda de los martes y hemos elaborado una biblioteca llamada Basquade! (en idioma charrúa significa levantarse, que reúne miles de trabajos de investigación, documentos, fallos y campamentos sanitarios, donde se prueba el daño que hacen los agrotóxicos”.
Según Tejedor, sólo la numeración del total de los títulos de esta biblioteca ocupa más de una resma. “Pretendemos que esto colabore para que la gente despierte y se de cuenta de que nos están matando y envenenando. Actualmente no hay quién niegue que los agrotóxicos hacen daño”, finalizó.
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Fecha de Publicación: 21/12/2018
Fuente: AIM
Provincia/Región: Entre Ríos
Con motivo de cumplirse un año de la coordinadora Basta es Basta, organizaciones ambientalistas, gremios y partidos nucleados en la entidad se manifestaron esta tarde en Casa de Gobierno para reclamar que se respete el fallo que restringe la fumigación en zona de escuelas rurales y plantear alternativas de transición hacia la agroecología, supo AIM. Del acto participaron activistas de distintos puntos de la provincia, entre ellos, Concordia, Basavilbaso, Colonia Avigdor, Concepción del Uruguay, Nogoyá, Gualeguaychú, Gualeguay, Colón, San José y Paraná.
Bajo la consigna de “rondar” en “este martes rebelde” se realizaron intervenciones artísticas, musicales, exposiciones de productos agroecológicos y la lectura de un documento.
En diálogo con esta Agencia, Victoria Richter, integrante de la Asociación por la Justicia Ambiental de Buenos Aires y Gualeguaychú y encargada del área de comunicación de la coordinadora, señaló que hoy las organizaciones se reunieron con el secretario de la Producción, Álvaro Gabás: “Allí se nos dijo que se iba a sacar un decreto para limitar las distancias establecidas en el fallo de restricción. Si bien nos prometieron que van a tomar una serie de medidas y nos van a hacer participes de ellas, por otro lado dijeron que van a avanzar con este decreto, lo cual es bastante contradictorio. No obstante estamos a la expectativa de cómo van a continuar las cosas y anticipamos que vamos a dar nuestra opinión”, dijo.
Desde el departamento Colón también se hicieron presentes integrantes de la asamblea de Colón y San José también se hicieron presentes representantes de la Asamblea Barrio Perucho. Una de sus integrantes, María Fernández Benetti, destacó que en esas localidades se trabaja “sobre la liberación del periurbano”. En este sentido, la activista reveló que esa zona ha entrado en “una instancia de transición, como un logro de nuestra asamblea”. Asimismo destacó que se lograron ordenanzas por las cuales, en un término de tres años, debe haber una “una transición de lo hortícola hacia la agroecología” ya que se trata de “una zona compuesta por pequeños productores” lo que la hace “un cordón de abastecimiento muy bueno” donde muchos vecinos “ya tienen sus propias huertas”.
También, desde Concordia, Facundo Scattone, referente de la Red de Comercio Justo Piri Hué (toldos de agua en idioma charrúa) destacó a AIM que se avanza en la coordinación con diversas organizaciones en torno de la llamada Asamblea de los Pueblos Libres a travès de distintas actividades. “Entre ellas, hicimos un carnaval popular con un carro fumigador para trabajar sobre la temática y, desde Basta es basta estamos haciendo diversas actividades como alternativas para frenar el agronegocio y proponer una transición hacia la agroecología”. Asimismo, Scattone destacó el fallo que restringe las fumigaciones en un radio de mil metros de las escuelas rurales.
Más presentes
Uno de los sindicatos que participó fue la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer). El secretario general de la entidad, Marcelo Pagani, señaló a esta agencia que “Agmer ha sido parte de todo este proceso e incluso de la judicialización en la causa de las escuelas fumigadas”. Así también, Pagani indicó que el gremio partició activiamente en “el amparo y la fundamentación en el momento en que éste fue apelado ante el Superior Tribunal de Justicia”.
Por otra parte, Cristina Tejedor, representante del Grupo por una vida sin agrotóxicos de Concepción del Uruguay intervino en la marcha junto a un grupo muy numeroso, que pintó una bandera con la cara de Fabian Tomasi, uno de los emblemas de la concientización del peligro de los agrotóxicos. “También vamos a regalar trigo agroecologico de nuestra propia producción, ya que muchos de los que estamos en el grupo somos productores. Vinimos a invitar a todos a realizar esta actividad. Desde Concepción del Uruguay hacemos la llamada Ronda de los martes y hemos elaborado una biblioteca llamada Basquade! (en idioma charrúa significa levantarse, que reúne miles de trabajos de investigación, documentos, fallos y campamentos sanitarios, donde se prueba el daño que hacen los agrotóxicos”.
Según Tejedor, sólo la numeración del total de los títulos de esta biblioteca ocupa más de una resma. “Pretendemos que esto colabore para que la gente despierte y se de cuenta de que nos están matando y envenenando. Actualmente no hay quién niegue que los agrotóxicos hacen daño”, finalizó.
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Paraná pide 'unas fiestas sin agrotóxicos'
Reclamarán en Paraná por 'unas fiestas sin agrotóxicos'
Fecha de Publicación: 18/12/2018
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: Entre Ríos
La concentración está convocada para el martes a las 18 en la plaza Mansilla frente a la Casa de Gobierno de Entre Ríos.
Desde la Coordinadora Provincial por una vida sin Agrotóxicos en Entre Rios "Basta es Basta" confirmaron que el martes a las 18 comenzará la concentración en la plaza Mansilla de Paraná frente a la Casa de Gobierno.
La protesta que tiene como uno de los principales objetivos conseguir una audiencia con el gobernador Gustavo Bordet, se realizará con actividades culturales, una muestra de fotos y una feria con productores agroecológicos de la región. Entre ellos ya confirmaron la presencia los integrantes de la experiencia santafesina Desvío a la Raíz.
La instalación de las imágenes, curadas por Daniela Verzeñassi, servirá para mostrar a los productores agroecológicos, o que están en la transición, y los resultados positivos en cuanto al rinde que, en definitiva es lo que más le interesa al modelo de agronegocios.
"A un año de la conformación de la Coordinadora seguimos luchando por el cambio de modelo productivo en Entre Ríos", detalló a UNO Verzeñassi que como integrante del Foro Ecologista y activista del Basta Es Basta reconoció la ansiedad por conocer qué es lo que dirá el Decreto que firmará el gobernador entrerriano.
A un año de la creación de la Coordinadora Basta es Basta, el martes levantarán las banderas que buscan frenar las fumigaciones con agrotóxicos en los campos entrerrianos. "Luchamos por un territorio libre de venenos, un nuevo modelo productivo, la ley de agroecología, la declaración de la emergencia ambiental y sostener el fallo que protege a las escuelas rurales".
Provincial
Desde la Coordinadora anunciaron en un comunicado oficial que le pedirán al gobernador Bordet que "decrete la transición a la Agroecología, el respeto al Amparo que protege a las escuelas rurales, el cuidado de nuestra salud, de la biodiversidad y el futuro del campo y de la vida rural en Entre Ríos".
El martes desde las 18 estarán presentes los pequeños y medianos productores "porque esta agricultura sin gente con uso intensivo de venenos que cotizan en dólares, el impagable impuesto inmobiliario rural, la pérdida de la productividad de los suelos erosionados y empobrecidos debido al monocultivo, agravado por la tremenda deforestación, también los afecta y los dejará afuera empobrecidos y enfermos cuando les hayan vendido la última semilla", sentenciaron.
El pedido, que para muchos ya es un ruego, al Gobierno de la Provincia que "inicie una mesa de diálogo con todos los sectores involucrados en iniciar una transición en los modos de producir y no apenas con el sector empresarial interesado en conservar el mismo modelo de negocios".
La concentración llega en un momento donde deberían estar celebrando la sentencia judicial "ejemplar" que no solo privilegia a los niños y docentes rurales sino que genera la oportunidad de iniciar un cambio de matriz productiva.
"Realizaremos la entrega de nuestros aportes al poder legislativo para que avance hacia la pronta sanción de los proyectos en tratamiento que resultan necesarios, urgentes y posibles, sobre emergencia sanitaria y de fomento de la agroecología", adelantaron los integrantes de la Basta es Basta.
Los militantes por la salud de las personas y el ambiente, en la previa, compartieron estas frases para que se repliquen en la jornada que culminará con la 49 Ronda de los Martes:
Hay Alternativa, Agroecología.
Por un campo con escuelas, con gurises y alimentos sanos
Entre Ríos merece otro futuro, cambiemos el presente.
Por nuestra Soberanía Alimentaria y nuestras semillas libres.
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Fecha de Publicación: 18/12/2018
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: Entre Ríos
La concentración está convocada para el martes a las 18 en la plaza Mansilla frente a la Casa de Gobierno de Entre Ríos.
Desde la Coordinadora Provincial por una vida sin Agrotóxicos en Entre Rios "Basta es Basta" confirmaron que el martes a las 18 comenzará la concentración en la plaza Mansilla de Paraná frente a la Casa de Gobierno.
La protesta que tiene como uno de los principales objetivos conseguir una audiencia con el gobernador Gustavo Bordet, se realizará con actividades culturales, una muestra de fotos y una feria con productores agroecológicos de la región. Entre ellos ya confirmaron la presencia los integrantes de la experiencia santafesina Desvío a la Raíz.
La instalación de las imágenes, curadas por Daniela Verzeñassi, servirá para mostrar a los productores agroecológicos, o que están en la transición, y los resultados positivos en cuanto al rinde que, en definitiva es lo que más le interesa al modelo de agronegocios.
"A un año de la conformación de la Coordinadora seguimos luchando por el cambio de modelo productivo en Entre Ríos", detalló a UNO Verzeñassi que como integrante del Foro Ecologista y activista del Basta Es Basta reconoció la ansiedad por conocer qué es lo que dirá el Decreto que firmará el gobernador entrerriano.
A un año de la creación de la Coordinadora Basta es Basta, el martes levantarán las banderas que buscan frenar las fumigaciones con agrotóxicos en los campos entrerrianos. "Luchamos por un territorio libre de venenos, un nuevo modelo productivo, la ley de agroecología, la declaración de la emergencia ambiental y sostener el fallo que protege a las escuelas rurales".
Provincial
Desde la Coordinadora anunciaron en un comunicado oficial que le pedirán al gobernador Bordet que "decrete la transición a la Agroecología, el respeto al Amparo que protege a las escuelas rurales, el cuidado de nuestra salud, de la biodiversidad y el futuro del campo y de la vida rural en Entre Ríos".
El martes desde las 18 estarán presentes los pequeños y medianos productores "porque esta agricultura sin gente con uso intensivo de venenos que cotizan en dólares, el impagable impuesto inmobiliario rural, la pérdida de la productividad de los suelos erosionados y empobrecidos debido al monocultivo, agravado por la tremenda deforestación, también los afecta y los dejará afuera empobrecidos y enfermos cuando les hayan vendido la última semilla", sentenciaron.
El pedido, que para muchos ya es un ruego, al Gobierno de la Provincia que "inicie una mesa de diálogo con todos los sectores involucrados en iniciar una transición en los modos de producir y no apenas con el sector empresarial interesado en conservar el mismo modelo de negocios".
La concentración llega en un momento donde deberían estar celebrando la sentencia judicial "ejemplar" que no solo privilegia a los niños y docentes rurales sino que genera la oportunidad de iniciar un cambio de matriz productiva.
"Realizaremos la entrega de nuestros aportes al poder legislativo para que avance hacia la pronta sanción de los proyectos en tratamiento que resultan necesarios, urgentes y posibles, sobre emergencia sanitaria y de fomento de la agroecología", adelantaron los integrantes de la Basta es Basta.
Los militantes por la salud de las personas y el ambiente, en la previa, compartieron estas frases para que se repliquen en la jornada que culminará con la 49 Ronda de los Martes:
Hay Alternativa, Agroecología.
Por un campo con escuelas, con gurises y alimentos sanos
Entre Ríos merece otro futuro, cambiemos el presente.
Por nuestra Soberanía Alimentaria y nuestras semillas libres.
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BA reglamentará las fumigaciones (con poca proteción)
Buenos Aires: dictarán una resolución con pautas para la aplicación de agroquímicos
Fecha de Publicación: 05/12/2018
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Buenos Aires
El Ministerio de Agroindustria de la provincia de Buenos Aires, que conduce Leonardo Sarquís, emitirá una resolución con pautas para la aplicación de agroquímicos en los municipios con actividad agropecuaria.
La norma, que se dará a conocer próximamente, será para que unos 128 municipios donde se realizan actividades productivas puedan incorporar lo que se establecerá en materia de uso de estos productos.
"Es la primera vez que desde la provincia se realiza un documento de este estilo. Es una resolución para cuidar la salud de la población. Un decálogo que está firmado y avalado por mí", explicó a LA NACION Sarquís. La norma se oficializará antes del 15 de diciembre próximo y entrará en vigencia el 1° de enero de 2019.
Uno de los puntos principales del documento tiene que ver con las zonas de amortiguamiento para las aplicaciones. Sobre este tema, el director provincial de Fiscalización Agropecuaria, Alimentaria y de Recursos Naturales bonaerense, Luis Herrera, explicó: "Es una normativa que se deberá cumplir a partir del 1° de enero donde se establece como zonas de amortiguamiento determinados lotes lindantes con áreas urbanas, residenciales, donde hay escuelas, etcétera. En esas zonas los productores y aplicadores deberán prever determinadas cuestiones tecnológicas y meteorológicas a la hora de aplicar".
Además, el funcionario agregó que los usuarios que apliquen agroquímicos en esos lotes en áreas residenciales "deberán contratar a un profesional".
Según Sarquís, la base para la resolución fue tomada del informe que en conjunto elaboraron las carteras del gobierno nacional de Salud, Ciencia, Medio Ambiente y Agroindustria en julio de este año, con un documento con principios y recomendaciones para la aplicación de fitosanitarios, resultado de un trabajo elaborado durante 90 días por un equipo interministerial.
"Son conceptos que van de la mano: sobre ese informe final nuestro equipo de la Dirección de Fiscalización tomó un decálogo de recomendaciones para que los municipios tengan en cuenta. Para los usuarios no es una sugerencia, es una obligación. Estamos invitando a los distritos a llegar a un convenio para ejercer el control de aquellos lotes que consideren oportunos. Así, ellos podrán auditar el lote que crean necesario: oficiarán como nuestros ojos. El municipio que se adhiera contará con la ayuda y la asistencia del Ministerio para fiscalizar el uso de fitosanitarios en su localidad", explicó Sarquís.
Para la aplicación de agroquímicos muchos municipios bonaerenses tienen sus propias normativas. La cartera provincial busca "complementar y homologar" el correcto uso de estos productos. "De los 135 municipios que tiene la provincia de Buenos Aires, 128 se dedican a la actividad agroindustrial. De ese total, 70 tienen normativas municipales distintas", afirmaron desde la cartera.
Cursos para aplicadores de Buenas Prácticas Agrícolas
El Ministerio de Agroindustria de Buenos Aires comenzó con un programa de capacitación para aplicadores de productos de control urbano de plagas en junio de 2015 en la ciudad de Chivilcoy. Esa capacitación ya alcanzó a unos 75 municipios.
"Los asistentes rinden un examen final y, si aprueban, reciben un carnet habilitante para la aplicación en el territorio provincial. Actualmente sumamos 3500 operarios capacitados (todos evaluados) con un porcentaje de aprobados del 87%. Al principio la jornada duraba 140 horas teóricas y prácticas y luego lo fuimos ajustando. Hoy dura en promedio doce horas (siete teóricas y cinco prácticas). Nos quedan 53 municipios para completar los 128 que componen la provincia", afirmaron en la cartera agroindustrial.
Aplicadores recibiendo su carnet habilitador en Necochea Aplicadores recibiendo su carnet habilitador en Necochea Crédito: Ministerio de Agroindustria de Buenos Aires
El entrenamiento está a cargo de miembros de la Dirección de Fiscalización Vegetal de la Provincia, que viajan a los distintos distritos. El aplicador se inscribe y realiza un curso teórico-práctico de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA). Al finalizarlo se le otorga un carnet que lo habilita para aplicar. La semana pasada, por ejemplo, 50 operarios lo recibieron en General Pinto. También en General Villegas, Rojas y Necochea. "Si no tenés ese carnet, no podés aplicar", explicaron desde el Ministerio de Agroindustria bonaerense.
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Fecha de Publicación: 05/12/2018
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Buenos Aires
El Ministerio de Agroindustria de la provincia de Buenos Aires, que conduce Leonardo Sarquís, emitirá una resolución con pautas para la aplicación de agroquímicos en los municipios con actividad agropecuaria.
La norma, que se dará a conocer próximamente, será para que unos 128 municipios donde se realizan actividades productivas puedan incorporar lo que se establecerá en materia de uso de estos productos.
"Es la primera vez que desde la provincia se realiza un documento de este estilo. Es una resolución para cuidar la salud de la población. Un decálogo que está firmado y avalado por mí", explicó a LA NACION Sarquís. La norma se oficializará antes del 15 de diciembre próximo y entrará en vigencia el 1° de enero de 2019.
Uno de los puntos principales del documento tiene que ver con las zonas de amortiguamiento para las aplicaciones. Sobre este tema, el director provincial de Fiscalización Agropecuaria, Alimentaria y de Recursos Naturales bonaerense, Luis Herrera, explicó: "Es una normativa que se deberá cumplir a partir del 1° de enero donde se establece como zonas de amortiguamiento determinados lotes lindantes con áreas urbanas, residenciales, donde hay escuelas, etcétera. En esas zonas los productores y aplicadores deberán prever determinadas cuestiones tecnológicas y meteorológicas a la hora de aplicar".
Además, el funcionario agregó que los usuarios que apliquen agroquímicos en esos lotes en áreas residenciales "deberán contratar a un profesional".
Según Sarquís, la base para la resolución fue tomada del informe que en conjunto elaboraron las carteras del gobierno nacional de Salud, Ciencia, Medio Ambiente y Agroindustria en julio de este año, con un documento con principios y recomendaciones para la aplicación de fitosanitarios, resultado de un trabajo elaborado durante 90 días por un equipo interministerial.
"Son conceptos que van de la mano: sobre ese informe final nuestro equipo de la Dirección de Fiscalización tomó un decálogo de recomendaciones para que los municipios tengan en cuenta. Para los usuarios no es una sugerencia, es una obligación. Estamos invitando a los distritos a llegar a un convenio para ejercer el control de aquellos lotes que consideren oportunos. Así, ellos podrán auditar el lote que crean necesario: oficiarán como nuestros ojos. El municipio que se adhiera contará con la ayuda y la asistencia del Ministerio para fiscalizar el uso de fitosanitarios en su localidad", explicó Sarquís.
Para la aplicación de agroquímicos muchos municipios bonaerenses tienen sus propias normativas. La cartera provincial busca "complementar y homologar" el correcto uso de estos productos. "De los 135 municipios que tiene la provincia de Buenos Aires, 128 se dedican a la actividad agroindustrial. De ese total, 70 tienen normativas municipales distintas", afirmaron desde la cartera.
Cursos para aplicadores de Buenas Prácticas Agrícolas
El Ministerio de Agroindustria de Buenos Aires comenzó con un programa de capacitación para aplicadores de productos de control urbano de plagas en junio de 2015 en la ciudad de Chivilcoy. Esa capacitación ya alcanzó a unos 75 municipios.
"Los asistentes rinden un examen final y, si aprueban, reciben un carnet habilitante para la aplicación en el territorio provincial. Actualmente sumamos 3500 operarios capacitados (todos evaluados) con un porcentaje de aprobados del 87%. Al principio la jornada duraba 140 horas teóricas y prácticas y luego lo fuimos ajustando. Hoy dura en promedio doce horas (siete teóricas y cinco prácticas). Nos quedan 53 municipios para completar los 128 que componen la provincia", afirmaron en la cartera agroindustrial.
Aplicadores recibiendo su carnet habilitador en Necochea Aplicadores recibiendo su carnet habilitador en Necochea Crédito: Ministerio de Agroindustria de Buenos Aires
El entrenamiento está a cargo de miembros de la Dirección de Fiscalización Vegetal de la Provincia, que viajan a los distintos distritos. El aplicador se inscribe y realiza un curso teórico-práctico de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA). Al finalizarlo se le otorga un carnet que lo habilita para aplicar. La semana pasada, por ejemplo, 50 operarios lo recibieron en General Pinto. También en General Villegas, Rojas y Necochea. "Si no tenés ese carnet, no podés aplicar", explicaron desde el Ministerio de Agroindustria bonaerense.
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Más que preocupante pérdida de abejas en el país
Argentina ya pierde un 30% de las colonias de abejas por año
Fecha de Publicación: 28/11/2018
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Nacional
El uso de agroquímicos, el monocultivo y el cambio climático afectan la salud de estos insectos. Como consecuencia, baja la elaboración de miel.
Argentina es el segundo productor mundial de miel. Pero pronto podría perder este lugar. Según datos del Centro de Investigación de Abejas Sociales (CIAS), muere el 30% de las colonias de abejas que los apicultores deben reponer todos los años, a causa de una serie de factores que las hace más vulnerables a enfermedades. Dada la importancia de estos insectos en la reproducción de los vegetales, la disminución de su número podría afectar además los cultivos de alimentos. “Las poblaciones de abejas y de polinizadores naturales están en declive, es un problema mundial”, le dijo a PERFIL Martín Eguaras, doctor en biología y codirector del CIAS de Mar del Plata. Según el experto esto se debe a una serie de fenómenos como “parásitos que se han tornado más virulentos por un abuso de los agrotóxicos que estresan a las abejas, les hacen bajar las defensas y las enfermedades las afectan más”.
Los investigadores llegaron a esa conclusión en base a análisis de abejas cuya muerte había sido causada por pesticidas. “Hay agroquímicos –agregó Eguaras– que se usan en nuestro país que en Europa están prohibidos porque se ha demostrado que matan a las abejas que están en vuelo”.
Para evitar el contacto de plaguicidas con las abejas, antes de la aplicación se debe avisar al apicultor para que retire las colmenas de la zona o para que las cierre durante 48 horas en función de la
persistencia de la sustancia química. “En otros casos, cuando la abeja va a las flores, si hay agroquímicos, los pueden tomar del néctar o del polen que terminan llevando a la colmena”, señaló Eguaras, investigador del Conicet.
Efecto.
En el Laboratorio de Insectos Sociales de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA estudian la biología de la abeja y su comportamiento social y de recolección de alimentos, y en las
investigaciones observaron que “algunos herbicidas como el glifosato tienen un efecto negativo en las abejas como dificultades para aprender un olor floral y que lo puedan vincular con un alimento determinado; aprender a orientarse en un ambiente nuevo; y para desarrollarse en los estadios iniciales”, indicó el investigador Walter Farina, a cargo del mencionado laboratorio.
Farina destacó que las consecuencias no son menores ya que “un tercio de la producción agrícola mundial de alimentos depende de organismos polinizadores que pasan el polen de una flor macho a una flor hembra”.
Además, el investigador remarcó que la abeja de la miel es el principal polinizador y agregó que “si hay menos abejas cada vez vamos a tener menos probabilidades de que se polinicen los cultivos que son alimentos para todo el mundo”.
En Argentina el CIAS estima que hay entre cuatro y tres millones y medio de colmenas comerciales, concentradas en la región de la Pampa Húmeda, en Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa y Santa Fe. Según datos del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria en 2017 se exportaron cerca de 68.300 toneladas de miel a Estados Unidos, Japón y países de Europa. Los registros de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura colocan al país como segundo productor mundial.
Sin embargo, el monocultivo afecta a esta industria además de a la biodiversidad. “Al haber menos especies vegetales hay menos producción de miel. La soja es un cultivo que no produce el néctar para generar miel”, aclaró Eguaras. Según el biólogo, en los últimos años se observa una merma importante en la cantidad de producción de miel en toda la Pampa Húmeda. “Los apicultores comentan que mientras años atrás una colmena daba 40 kilos, hoy les da 20”, advirtió Eguaras. Para evitar enfermedades en las abejas, el CIAS elabora plaguicidas naturales en base a aceites esenciales para que utilicen productores.
Premian proyecto de polinización
No todas las flores producen frutos de la calidad y el tamaños deseados. ¿Cómo mejorar la cadena productiva de la polinización? ¿Cómo aumentar la producción de alimentos? Estas son las preguntas que llevaron a Agustín Sáez, doctor en Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Comahue, Pedro Negri, investigador del Conicet y Matías Viel, licenciado en Administración de Empresas, a crear Beeflow. “Es una empresa de base científica que busca mejorar la polinización y así la producción y calidad de la fruta y, a la vez, salvaguardar la población de abejas ya que los ambientes agrícolas son ambientes poco amigables con las abejas, se aplican muchos agroquímicos y eso genera mucha mortalidad”, explicó Sáez a PERFIL.
Por su impacto el proyecto fue ganador del concurso Samsung Innova, que premia los mejores emprendimientos del país. “Generamos un cambio muy importante con el kiwi. Es un cultivo poco atractivo para las abejas. Se polinizaba manualmente cada flor para que dé el fruto. A través de la biotecnología ‘manejamos’ a las abejas para que hagan ese trabajo. Así pudimos duplicar y hasta triplicar la producción”, sostuvo Sáez. Para esto utilizan dos tecnologías, una molécula orgánica que mejora el sistema inmunológico de las abejas para que trabajen y se desarrollen mejor, y otra que modifica el comportamiento forrajeo de las abejas cuando van a buscar polen y néctar y las direcciona al cultivo focal que se quiere polinizar. “El efecto de esas moléculas desaparece a las dos
semanas. Esas dos tecnologías se aplican a través del alimento y no tienen impacto ni en la colmena ni en el cultivo”.
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Fecha de Publicación: 28/11/2018
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Nacional
El uso de agroquímicos, el monocultivo y el cambio climático afectan la salud de estos insectos. Como consecuencia, baja la elaboración de miel.
Argentina es el segundo productor mundial de miel. Pero pronto podría perder este lugar. Según datos del Centro de Investigación de Abejas Sociales (CIAS), muere el 30% de las colonias de abejas que los apicultores deben reponer todos los años, a causa de una serie de factores que las hace más vulnerables a enfermedades. Dada la importancia de estos insectos en la reproducción de los vegetales, la disminución de su número podría afectar además los cultivos de alimentos. “Las poblaciones de abejas y de polinizadores naturales están en declive, es un problema mundial”, le dijo a PERFIL Martín Eguaras, doctor en biología y codirector del CIAS de Mar del Plata. Según el experto esto se debe a una serie de fenómenos como “parásitos que se han tornado más virulentos por un abuso de los agrotóxicos que estresan a las abejas, les hacen bajar las defensas y las enfermedades las afectan más”.
Los investigadores llegaron a esa conclusión en base a análisis de abejas cuya muerte había sido causada por pesticidas. “Hay agroquímicos –agregó Eguaras– que se usan en nuestro país que en Europa están prohibidos porque se ha demostrado que matan a las abejas que están en vuelo”.
Para evitar el contacto de plaguicidas con las abejas, antes de la aplicación se debe avisar al apicultor para que retire las colmenas de la zona o para que las cierre durante 48 horas en función de la
persistencia de la sustancia química. “En otros casos, cuando la abeja va a las flores, si hay agroquímicos, los pueden tomar del néctar o del polen que terminan llevando a la colmena”, señaló Eguaras, investigador del Conicet.
Efecto.
En el Laboratorio de Insectos Sociales de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA estudian la biología de la abeja y su comportamiento social y de recolección de alimentos, y en las
investigaciones observaron que “algunos herbicidas como el glifosato tienen un efecto negativo en las abejas como dificultades para aprender un olor floral y que lo puedan vincular con un alimento determinado; aprender a orientarse en un ambiente nuevo; y para desarrollarse en los estadios iniciales”, indicó el investigador Walter Farina, a cargo del mencionado laboratorio.
Farina destacó que las consecuencias no son menores ya que “un tercio de la producción agrícola mundial de alimentos depende de organismos polinizadores que pasan el polen de una flor macho a una flor hembra”.
Además, el investigador remarcó que la abeja de la miel es el principal polinizador y agregó que “si hay menos abejas cada vez vamos a tener menos probabilidades de que se polinicen los cultivos que son alimentos para todo el mundo”.
En Argentina el CIAS estima que hay entre cuatro y tres millones y medio de colmenas comerciales, concentradas en la región de la Pampa Húmeda, en Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa y Santa Fe. Según datos del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria en 2017 se exportaron cerca de 68.300 toneladas de miel a Estados Unidos, Japón y países de Europa. Los registros de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura colocan al país como segundo productor mundial.
Sin embargo, el monocultivo afecta a esta industria además de a la biodiversidad. “Al haber menos especies vegetales hay menos producción de miel. La soja es un cultivo que no produce el néctar para generar miel”, aclaró Eguaras. Según el biólogo, en los últimos años se observa una merma importante en la cantidad de producción de miel en toda la Pampa Húmeda. “Los apicultores comentan que mientras años atrás una colmena daba 40 kilos, hoy les da 20”, advirtió Eguaras. Para evitar enfermedades en las abejas, el CIAS elabora plaguicidas naturales en base a aceites esenciales para que utilicen productores.
Premian proyecto de polinización
No todas las flores producen frutos de la calidad y el tamaños deseados. ¿Cómo mejorar la cadena productiva de la polinización? ¿Cómo aumentar la producción de alimentos? Estas son las preguntas que llevaron a Agustín Sáez, doctor en Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Comahue, Pedro Negri, investigador del Conicet y Matías Viel, licenciado en Administración de Empresas, a crear Beeflow. “Es una empresa de base científica que busca mejorar la polinización y así la producción y calidad de la fruta y, a la vez, salvaguardar la población de abejas ya que los ambientes agrícolas son ambientes poco amigables con las abejas, se aplican muchos agroquímicos y eso genera mucha mortalidad”, explicó Sáez a PERFIL.
Por su impacto el proyecto fue ganador del concurso Samsung Innova, que premia los mejores emprendimientos del país. “Generamos un cambio muy importante con el kiwi. Es un cultivo poco atractivo para las abejas. Se polinizaba manualmente cada flor para que dé el fruto. A través de la biotecnología ‘manejamos’ a las abejas para que hagan ese trabajo. Así pudimos duplicar y hasta triplicar la producción”, sostuvo Sáez. Para esto utilizan dos tecnologías, una molécula orgánica que mejora el sistema inmunológico de las abejas para que trabajen y se desarrollen mejor, y otra que modifica el comportamiento forrajeo de las abejas cuando van a buscar polen y néctar y las direcciona al cultivo focal que se quiere polinizar. “El efecto de esas moléculas desaparece a las dos
semanas. Esas dos tecnologías se aplican a través del alimento y no tienen impacto ni en la colmena ni en el cultivo”.
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Descubren transgénicos no autorizados en Santa Fe
Detectaron uso de semillas transgénicas no autorizadas en Santa Fe
Fecha de Publicación: 28/11/2018
Fuente: AgriTotal
Provincia/Región: Santa Fe
El Instituto Nacional de Semillas (INASE) descubrió uso de semillas OGM no aprobadas también Chaco.
La Secretaría de Gobierno de Agroindustria de la Nación, a través del INASE, comprobó la existencia de eventos de transformación pertenecientes a Organismos Vegetales Genéticamente Modificados (OGM) no aprobados en semilla de algodón, provenientes de empresas de las provincias de Chaco y Santa Fe.
Por este motivo, se notificó a las empresas para que procedan con la destrucción de la misma. El Instituto tomó muestras de 28 empresas, entre deslintadoras y desmotadoras, de Santa Fe y Chaco, como así también de Santiago del Estero y Salta.
Por esto, la secretaría de Agroindustria alertó sobre "las consecuencias de cometer irregularidades" y recordó que los únicos eventos comercialmente aprobados en algodón son: MON-00531-6xMON-01445-2 (y sus eventos individuales) y BCS -GH002- 5xACS-GH001-3 (y sus eventos individuales).
La multiplicación, comercio y siembra de semilla con transgénicos no autorizados, constituyen una violación a las normas vigentes y representan un riesgo para todo el proceso de comercialización de los productos o subproductos de su cultivo, como así también constituyen un riesgo para el medio ambiente, la salud humana y animal, y los mercados internacionales.
Las consecuencias de transgredir esa prohibición, enfatizó la entidad, alcanza tanto a productores como comercializadores, previéndose en estos casos sanciones que incluyen:
- Decomiso de toda la semilla detectada en tal situación.
- Destrucción de los cultivos en lo que se haya detectado la presencia de transgénicos regulados.
- Multas en relación a la gravedad de la infracción.
- Suspensión en el Registro como operador en el mercado de semillas.
Para conocer los cultivares de algodón transgénicos inscriptos con eventos aprobados ingrese al Catálogo Nacional de Cultivares Online.
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Fecha de Publicación: 28/11/2018
Fuente: AgriTotal
Provincia/Región: Santa Fe
El Instituto Nacional de Semillas (INASE) descubrió uso de semillas OGM no aprobadas también Chaco.
La Secretaría de Gobierno de Agroindustria de la Nación, a través del INASE, comprobó la existencia de eventos de transformación pertenecientes a Organismos Vegetales Genéticamente Modificados (OGM) no aprobados en semilla de algodón, provenientes de empresas de las provincias de Chaco y Santa Fe.
Por este motivo, se notificó a las empresas para que procedan con la destrucción de la misma. El Instituto tomó muestras de 28 empresas, entre deslintadoras y desmotadoras, de Santa Fe y Chaco, como así también de Santiago del Estero y Salta.
Por esto, la secretaría de Agroindustria alertó sobre "las consecuencias de cometer irregularidades" y recordó que los únicos eventos comercialmente aprobados en algodón son: MON-00531-6xMON-01445-2 (y sus eventos individuales) y BCS -GH002- 5xACS-GH001-3 (y sus eventos individuales).
La multiplicación, comercio y siembra de semilla con transgénicos no autorizados, constituyen una violación a las normas vigentes y representan un riesgo para todo el proceso de comercialización de los productos o subproductos de su cultivo, como así también constituyen un riesgo para el medio ambiente, la salud humana y animal, y los mercados internacionales.
Las consecuencias de transgredir esa prohibición, enfatizó la entidad, alcanza tanto a productores como comercializadores, previéndose en estos casos sanciones que incluyen:
- Decomiso de toda la semilla detectada en tal situación.
- Destrucción de los cultivos en lo que se haya detectado la presencia de transgénicos regulados.
- Multas en relación a la gravedad de la infracción.
- Suspensión en el Registro como operador en el mercado de semillas.
Para conocer los cultivares de algodón transgénicos inscriptos con eventos aprobados ingrese al Catálogo Nacional de Cultivares Online.
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Una ley de semillas a pedir de Monsanto-Bayer
El semillero empresario
Fecha de Publicación: 27/11/2018
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Un proyecto de Cambiemos se votará en la sesión del miércoles en Diputados. Limita el uso de semillas obtenidas por los campesinos. En caso de utilizarlas, deberán pagar regalías a los grandes productores como Bayer-Monsanto.
“Quién controla las semillas controla la alimentación”, advierten desde hace décadas movimientos campesinos y agricultores de todo el mundo. Es la misma frase que resonará el miércoles 28 en el Congreso Nacional, cuando los diputados de Cambiemos intenten dar media sanción a “la ley Bayer-Monsanto de semillas”, legislación a pedido de las grandes empresas, que limita el uso propio (utilizar semillas de cosechas previas) y, de forma insólita, propone que los empresarios del agro descuenten las regalías de semillas de impuestos a las ganancias (lo que implica una transferencia de recursos desde el Estado a las grandes multinacionales del agro).
Cuatro grupos de empresas controlan el 90 por ciento de las semillas transgénicas y el 60 por ciento de todas las semillas (incluidas convencionales): Bayer-Monsanto, ChemChina-Syngenta, Corteva (Dow-DuPont) y BASF. Desde hace más de una década impulsan en América Latina leyes de semillas restrictivas para los agricultores y que asegura mayores ganancias a las compañías.
Con el ex presidente de la Sociedad Rural al frente de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, y secundado por Aapresid (Asociación de Productores de Siembra Directa), el Gobierno impulsó un proyecto de ley gestado por la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA), donde confluyen las grandes empresas internacionales.
“Decimos no a este proyecto de ley porque implica el sometimiento de productores a pagos de regalías por años, cuando deseen guardar semillas para volver a sembrar. Esto significa la violación de un derecho básico, que da sentido a la agricultura. Esto permitirá la persecución de los productores y avanza en la criminalización de las semillas nativas y criollas impidiendo el libre intercambio entre productores”, denunciaron en un documento conjunto más de 300 organizaciones campesinas, indígenas, de derechos humanos, socioambientales y académicos.
El 13 de noviembre, en el plenario de Comisiones de Agricultura, Presupuesto y Legislación de la Cámara de Diputados, el oficialismo (Pro-UCR y sector de Martín Lousteau) firmaron el proyecto de ley que fue redactado a puertas cerradas junto a las empresas y no era conocido por el resto de los bloques.
Cambiemos buscó aliados. Si llega con los votos, lo presentará en labor parlamentaria (reunión previa a la sesión en recinto) y votarán el miércoles.
Desde el Gobierno, las empresas y los diarios del agro transgénico señalan que existe “consenso” para una nueva ley de semillas. “El proyecto que se piensa aprobar fue negociado fuera de la Cámara de Diputados por el Ejecutivo, los semilleros voceros de Bayer-Monsanto y los grandes productores de la Sociedad Rural. El proyecto excluye los intereses de los pueblos originarios, productores de la agricultura familiar, campesinos y consumidores”, denunciaron la Multisectorial contra la Ley Bayer/Monsanto de Semillas, la Unión de Trabajadores de la Tierra, el Movimiento Campesino Indígena, las Cátedras de Soberanía Alimentaria de la UNLP y de Nutrición de la UBA, la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC), Encuentro de Pueblos Fumigados, el Grupo de Estudios Rural del Instituto Gino Germani y la Red Nacional de Acción Ecologista (Renace), entre otras organizaciones.
El “uso propio” es una práctica tan antigua como la agricultura. Consiste en utilizar las semillas de la cosecha para la próxima siembra. “El proyecto de ley establece que el uso propio deja de ser libre y gratuito, deja de ser un derecho de los agricultores que se enmarca de tratados internacionales de los que Argentina es signataria y pasa a ser una excepción”, explicaron las organizaciones campesinas y apuntaron al objetivo de las grandes multinacionales del agro: “Buscan cobrar regalías cada vez que un productor vuelva a utilizar ‘sus’ semillas”.
Facundo Cuesta, del colectivo de Comunicación Huerquen y de la Multisectorial contra la Ley Bayer/Monsanto, comparó: “Es como si te comprás un CD y con ese precio te cobran un extra por escucharlo los primeros cinco años. Esa locura quieren las multinacionales del agro y el Gobierno”.
El artículo 10 del proyecto establece que se incorpora como parte de las “deducciones especiales de la tercera categoría” (de la Ley de Impuesto a las Ganancias) la posibilidad de los productores de deducir “una vez y media los importes abonados en concepto de adquisición de semilla fiscalizada”. Lejos del lenguaje técnico-legislativo difícil de comprender, Carlos Vicente de la organización internacional Grain resume: “Implica que el pago de la semilla a las multinacionales será financiado por el estado argentino, osea todos los ciudadanos”.
En el plenario de comisiones lo explicó el diputado Axel Kicillof: un productor de soja que paga 100 dólares de regalías podrá descontar 150 de impuestos a las ganancias. “Es un escándalo. Es un subsidio de todos nosotros, del Estado, a las corporaciones del agro”, denunció Facundo Cuesta, de la Multisectorial contra Bayer/Monsanto.
El impulsor del proyecto en la Cámara de Diputados es el legislador Atilio Benedetti, que pretende ser gobernador de Entre Ríos. También forman parte del proyecto Sociedad Rural, Aacrea (Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola), Confederaciones Rurales (CRA), Coninagro y Bolsa de Cereales, entre otros.
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Fecha de Publicación: 27/11/2018
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Un proyecto de Cambiemos se votará en la sesión del miércoles en Diputados. Limita el uso de semillas obtenidas por los campesinos. En caso de utilizarlas, deberán pagar regalías a los grandes productores como Bayer-Monsanto.
“Quién controla las semillas controla la alimentación”, advierten desde hace décadas movimientos campesinos y agricultores de todo el mundo. Es la misma frase que resonará el miércoles 28 en el Congreso Nacional, cuando los diputados de Cambiemos intenten dar media sanción a “la ley Bayer-Monsanto de semillas”, legislación a pedido de las grandes empresas, que limita el uso propio (utilizar semillas de cosechas previas) y, de forma insólita, propone que los empresarios del agro descuenten las regalías de semillas de impuestos a las ganancias (lo que implica una transferencia de recursos desde el Estado a las grandes multinacionales del agro).
Cuatro grupos de empresas controlan el 90 por ciento de las semillas transgénicas y el 60 por ciento de todas las semillas (incluidas convencionales): Bayer-Monsanto, ChemChina-Syngenta, Corteva (Dow-DuPont) y BASF. Desde hace más de una década impulsan en América Latina leyes de semillas restrictivas para los agricultores y que asegura mayores ganancias a las compañías.
Con el ex presidente de la Sociedad Rural al frente de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, y secundado por Aapresid (Asociación de Productores de Siembra Directa), el Gobierno impulsó un proyecto de ley gestado por la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA), donde confluyen las grandes empresas internacionales.
“Decimos no a este proyecto de ley porque implica el sometimiento de productores a pagos de regalías por años, cuando deseen guardar semillas para volver a sembrar. Esto significa la violación de un derecho básico, que da sentido a la agricultura. Esto permitirá la persecución de los productores y avanza en la criminalización de las semillas nativas y criollas impidiendo el libre intercambio entre productores”, denunciaron en un documento conjunto más de 300 organizaciones campesinas, indígenas, de derechos humanos, socioambientales y académicos.
El 13 de noviembre, en el plenario de Comisiones de Agricultura, Presupuesto y Legislación de la Cámara de Diputados, el oficialismo (Pro-UCR y sector de Martín Lousteau) firmaron el proyecto de ley que fue redactado a puertas cerradas junto a las empresas y no era conocido por el resto de los bloques.
Cambiemos buscó aliados. Si llega con los votos, lo presentará en labor parlamentaria (reunión previa a la sesión en recinto) y votarán el miércoles.
Desde el Gobierno, las empresas y los diarios del agro transgénico señalan que existe “consenso” para una nueva ley de semillas. “El proyecto que se piensa aprobar fue negociado fuera de la Cámara de Diputados por el Ejecutivo, los semilleros voceros de Bayer-Monsanto y los grandes productores de la Sociedad Rural. El proyecto excluye los intereses de los pueblos originarios, productores de la agricultura familiar, campesinos y consumidores”, denunciaron la Multisectorial contra la Ley Bayer/Monsanto de Semillas, la Unión de Trabajadores de la Tierra, el Movimiento Campesino Indígena, las Cátedras de Soberanía Alimentaria de la UNLP y de Nutrición de la UBA, la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC), Encuentro de Pueblos Fumigados, el Grupo de Estudios Rural del Instituto Gino Germani y la Red Nacional de Acción Ecologista (Renace), entre otras organizaciones.
El “uso propio” es una práctica tan antigua como la agricultura. Consiste en utilizar las semillas de la cosecha para la próxima siembra. “El proyecto de ley establece que el uso propio deja de ser libre y gratuito, deja de ser un derecho de los agricultores que se enmarca de tratados internacionales de los que Argentina es signataria y pasa a ser una excepción”, explicaron las organizaciones campesinas y apuntaron al objetivo de las grandes multinacionales del agro: “Buscan cobrar regalías cada vez que un productor vuelva a utilizar ‘sus’ semillas”.
Facundo Cuesta, del colectivo de Comunicación Huerquen y de la Multisectorial contra la Ley Bayer/Monsanto, comparó: “Es como si te comprás un CD y con ese precio te cobran un extra por escucharlo los primeros cinco años. Esa locura quieren las multinacionales del agro y el Gobierno”.
El artículo 10 del proyecto establece que se incorpora como parte de las “deducciones especiales de la tercera categoría” (de la Ley de Impuesto a las Ganancias) la posibilidad de los productores de deducir “una vez y media los importes abonados en concepto de adquisición de semilla fiscalizada”. Lejos del lenguaje técnico-legislativo difícil de comprender, Carlos Vicente de la organización internacional Grain resume: “Implica que el pago de la semilla a las multinacionales será financiado por el estado argentino, osea todos los ciudadanos”.
En el plenario de comisiones lo explicó el diputado Axel Kicillof: un productor de soja que paga 100 dólares de regalías podrá descontar 150 de impuestos a las ganancias. “Es un escándalo. Es un subsidio de todos nosotros, del Estado, a las corporaciones del agro”, denunció Facundo Cuesta, de la Multisectorial contra Bayer/Monsanto.
El impulsor del proyecto en la Cámara de Diputados es el legislador Atilio Benedetti, que pretende ser gobernador de Entre Ríos. También forman parte del proyecto Sociedad Rural, Aacrea (Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola), Confederaciones Rurales (CRA), Coninagro y Bolsa de Cereales, entre otros.
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Entre Ríos: sigue la presión para fumigar en cualquier lado
Productores confían que Bordet resolverá políticamente el conflicto por los fitosanitarios
Fecha de Publicación: 26/11/2018
Fuente: AIM
Provincia/Región: Entre Ríos
La Mesa de Enlace Gualeguaychú informó a AIM que acordó con el gobernador de la provincia, Gustavo Bordet, un decreto reglamentario que pondrá fin al conflicto por la aplicación de fitosanitarios en inmediaciones de escuelas rurales. El fallo de la corte deja sin producir a miles de productores y frena el cultivo en alrededor de 300 mil hectáreas.
En el marco de la visita del gobernador de la provincia, Gustavo Bordet, a Gualeguaychú, integrantes de la Mesa de Enlace local se reunieron con el mandatario entrerriano a los efectos abordar la problemática que enfrentan los productores luego que el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (Stjer), prohibiera las fumigaciones con agroquímicos a menos de mil y tres mil metros de distancia –según el tipo de pulverización- de las escuelas rurales.
Los dirigentes rurales valoraron el hecho de haber podido hablar sin intermediarios con el gobernador y expresaron: “Pudimos plantear la situación que atraviesan miles de productores y en este sentido, encontramos similar preocupación en Bordet, quién comentó que su gobierno se encuentra en constante contacto con la secretaría de Agroindustria de la Nación por este y otros temas”.
En tanto, los ruralistas -quienes estuvieron acompañados por el senador nacional, Alfredo De Ángeli y su par departamental, Nicolás Mattiauda-, aseguraron que el gobernador se “comprometió” a firmar la semana entrante el decreto reglamentario que establecerá las normativas para las fumigaciones con agroquímicos en toda la provincia, hecho que subsanará el vacío legal existente en este particular.
Además, señalaron que plantearon al gobernador “la imperiosa necesidad de que el Estado entrerriano sea eficiente en los controles a los productores ya que la Secretaría de la Producción no contaría hoy con la logística necesaria para esa tarea. Y en ese punto, la ministra de Gobierno, Rosario Romero, presente en la reunión, se comprometió a abocar móviles de otras reparticiones a tal efecto a la brevedad para ser eficiente en el contralor”.
Por último, destacaron que “la ausencia de una norma moderna y las falencias en el control son déficits del Estado y debe ser resuelto con carácter de urgente. Es imposible producir en este estado de incertidumbre y el gobernador debe poner límite a tanta precariedad en las formas de producción. Ojalá la semana que viene, el decreto reglamentario sea un paso fundamental para la normalización de la actividad agrícola”, finalizaron.
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Fecha de Publicación: 26/11/2018
Fuente: AIM
Provincia/Región: Entre Ríos
La Mesa de Enlace Gualeguaychú informó a AIM que acordó con el gobernador de la provincia, Gustavo Bordet, un decreto reglamentario que pondrá fin al conflicto por la aplicación de fitosanitarios en inmediaciones de escuelas rurales. El fallo de la corte deja sin producir a miles de productores y frena el cultivo en alrededor de 300 mil hectáreas.
En el marco de la visita del gobernador de la provincia, Gustavo Bordet, a Gualeguaychú, integrantes de la Mesa de Enlace local se reunieron con el mandatario entrerriano a los efectos abordar la problemática que enfrentan los productores luego que el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (Stjer), prohibiera las fumigaciones con agroquímicos a menos de mil y tres mil metros de distancia –según el tipo de pulverización- de las escuelas rurales.
Los dirigentes rurales valoraron el hecho de haber podido hablar sin intermediarios con el gobernador y expresaron: “Pudimos plantear la situación que atraviesan miles de productores y en este sentido, encontramos similar preocupación en Bordet, quién comentó que su gobierno se encuentra en constante contacto con la secretaría de Agroindustria de la Nación por este y otros temas”.
En tanto, los ruralistas -quienes estuvieron acompañados por el senador nacional, Alfredo De Ángeli y su par departamental, Nicolás Mattiauda-, aseguraron que el gobernador se “comprometió” a firmar la semana entrante el decreto reglamentario que establecerá las normativas para las fumigaciones con agroquímicos en toda la provincia, hecho que subsanará el vacío legal existente en este particular.
Además, señalaron que plantearon al gobernador “la imperiosa necesidad de que el Estado entrerriano sea eficiente en los controles a los productores ya que la Secretaría de la Producción no contaría hoy con la logística necesaria para esa tarea. Y en ese punto, la ministra de Gobierno, Rosario Romero, presente en la reunión, se comprometió a abocar móviles de otras reparticiones a tal efecto a la brevedad para ser eficiente en el contralor”.
Por último, destacaron que “la ausencia de una norma moderna y las falencias en el control son déficits del Estado y debe ser resuelto con carácter de urgente. Es imposible producir en este estado de incertidumbre y el gobernador debe poner límite a tanta precariedad en las formas de producción. Ojalá la semana que viene, el decreto reglamentario sea un paso fundamental para la normalización de la actividad agrícola”, finalizaron.
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Entre Ríos va a la CSJ para fumigar cerca de escuelas
Entre Ríos recurrió a la Corte Suprema por una prohibición a los agroquímicos
Fecha de Publicación: 18/11/2018
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Entre Ríos
En Entre Ríos estiman que entre 300.000 y 350.000 hectáreas se dejarían de sembrar por la restricción judicial
El fiscal de Estado de Entre Ríos, Julio Rodríguez Signes, interpuso esta mañana un recurso extraordinario federal (REF) en la Corte Suprema de Justicia de la Nación ante una prohibición judicial para la aplicación de fitosanitarios cerca de las escuelas rurales.
El mes pasado, la Sala de Procedimientos Constitucionales del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos, en voto dividido, confirmó una sentencia de la Cámara Civil, Sala Segunda, que prohibió aplicar fitosanitarios en un radio de entre 1000 y 3000 metros, en forma terrestre y aérea respectivamente, alrededor de todas las escuelas rurales de la provincia. No hizo lugar a una apelación planteada por el gobierno de Entre Ríos. La decisión de la Justicia llegó tras una acción de amparo ambiental colectivo impulsado por el Foro Ecologista de Paraná (FEP) y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer).
En diálogo con LA NACION, Rodríguez Signes se mostró preocupado por el impacto económico del fallo en su provincia. Además, indicó que, desde el punto de vista jurídico, uno de los argumentos principales de su defensa es que la sentencia de primera instancia conculca el principio de división de poderes y afecta directamente los derechos de los productores. "Por esto el proceso tiene falencias importantes", dijo.
"No se podía sustanciar por vía de una acción de amparo por la complejidad del asunto. Asimismo, afectó a 45.000 productores que no fueron parte del proceso y, por último, el juez de primera instancia al dictar sentencia invadió competencias del Poder Legislativo porque en vez de resolver el caso concreto dictó una norma jurídica de carácter abstracto y general", remarcó el funcionario judicial.
"Soy consciente que el tema ambiental es una materia muy sensible, pero pretendíamos que se tramitara ante el Poder Legislativo o a través de las secretarías de Ambiente y de Producción de la provincia", añadió.
En tanto, los productores piden que el Estado provincial acelere sus acciones y presente informes requeridos sobre la aplicación de fitosanitarios por el juez Oscar Daniel Benedetto, el magistrado del fallo inicial.
"Nos preocupa cierta inacción del gobierno, necesitamos soluciones urgentes", indicó Walter Feldkamp, director de la Sociedad Rural Argentina (SRA) en Entre Ríos.
El viernes pasado, los productores se reunieron en un campo en Gualeguaychú y elaboraron un documento para presentar al gobernador Gustavo Bordet.
Para Miguel Pacheco, gerente de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, la situación "se resuelve con un decreto reglamentario" que introduzca a los establecimientos educativos rurales en la ley ya existente que no los tenía incluidos.
"Además, la documentación que debe presentar el Gobierno al juez existe; son 33 jornadas de estudios técnicos que muestran cómo es la deriva en la aplicación de los fitosanitarios", expresó. Agregó: "El sector está convulsionado, por eso pedimos una audiencia urgente con el gobernador Gustavo Bordet".
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Fecha de Publicación: 18/11/2018
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Entre Ríos
En Entre Ríos estiman que entre 300.000 y 350.000 hectáreas se dejarían de sembrar por la restricción judicial
El fiscal de Estado de Entre Ríos, Julio Rodríguez Signes, interpuso esta mañana un recurso extraordinario federal (REF) en la Corte Suprema de Justicia de la Nación ante una prohibición judicial para la aplicación de fitosanitarios cerca de las escuelas rurales.
El mes pasado, la Sala de Procedimientos Constitucionales del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos, en voto dividido, confirmó una sentencia de la Cámara Civil, Sala Segunda, que prohibió aplicar fitosanitarios en un radio de entre 1000 y 3000 metros, en forma terrestre y aérea respectivamente, alrededor de todas las escuelas rurales de la provincia. No hizo lugar a una apelación planteada por el gobierno de Entre Ríos. La decisión de la Justicia llegó tras una acción de amparo ambiental colectivo impulsado por el Foro Ecologista de Paraná (FEP) y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer).
En diálogo con LA NACION, Rodríguez Signes se mostró preocupado por el impacto económico del fallo en su provincia. Además, indicó que, desde el punto de vista jurídico, uno de los argumentos principales de su defensa es que la sentencia de primera instancia conculca el principio de división de poderes y afecta directamente los derechos de los productores. "Por esto el proceso tiene falencias importantes", dijo.
"No se podía sustanciar por vía de una acción de amparo por la complejidad del asunto. Asimismo, afectó a 45.000 productores que no fueron parte del proceso y, por último, el juez de primera instancia al dictar sentencia invadió competencias del Poder Legislativo porque en vez de resolver el caso concreto dictó una norma jurídica de carácter abstracto y general", remarcó el funcionario judicial.
"Soy consciente que el tema ambiental es una materia muy sensible, pero pretendíamos que se tramitara ante el Poder Legislativo o a través de las secretarías de Ambiente y de Producción de la provincia", añadió.
En tanto, los productores piden que el Estado provincial acelere sus acciones y presente informes requeridos sobre la aplicación de fitosanitarios por el juez Oscar Daniel Benedetto, el magistrado del fallo inicial.
"Nos preocupa cierta inacción del gobierno, necesitamos soluciones urgentes", indicó Walter Feldkamp, director de la Sociedad Rural Argentina (SRA) en Entre Ríos.
El viernes pasado, los productores se reunieron en un campo en Gualeguaychú y elaboraron un documento para presentar al gobernador Gustavo Bordet.
Para Miguel Pacheco, gerente de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, la situación "se resuelve con un decreto reglamentario" que introduzca a los establecimientos educativos rurales en la ley ya existente que no los tenía incluidos.
"Además, la documentación que debe presentar el Gobierno al juez existe; son 33 jornadas de estudios técnicos que muestran cómo es la deriva en la aplicación de los fitosanitarios", expresó. Agregó: "El sector está convulsionado, por eso pedimos una audiencia urgente con el gobernador Gustavo Bordet".
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Dictamen para avanzar en la ley de semillas del agronegocio
"Los semilleros" cosecharán su propia ley en el Congreso
Fecha de Publicación: 17/11/2018
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
El oficialismo dio ayer el primer paso para avanzar en la aprobación de una nueva ley de semillas y creaciones fitogenéticas, que aumentará el control y el cobro de regalías por la utilización de semillas patentadas, y buscará tratar la iniciativa, exigida en todo el mundo por la multinacionales semilleras, el próximo 21 de noviembre en el recinto. La Multisectorial Contra la Ley Bayer-Monsanto, integrada por un centenar de organizaciones campesinas, sociales y académicas, advirtió que la norma avanza contra el “derecho de uso propio” de los agricultores y criminaliza el intercambio de semillas nativas. Además denunció que fue “negociada fuera de la Cámara de Diputados por los semilleros y los grandes productores agrupados en la Sociedad Rural”.
La iniciativa propone derogar la ley 20.247 para avanzar en la “unificación de todos los derechos y patentes” de obtentores y multiplicadores de semillas e intensificar el rol de policía de del Instituto Nacional de Semillas (Inase).
El titular de la Comisión de Agricultura, el radical Atilio Benedetti, aseguró que el proyecto fue “el resumen de ideas que surge del mejor saber” y consideró que la derogación de la 20.247 es necesaria para “estar a la altura de los tiempos”. La Multisectorial, por el contrario, denunció que el debate parlamentario fue una “puesta en escena” y que “el proyecto nunca se hizo público”.
Las organizaciones campesinas y académicas resaltaron que la Argentina “reconoce adecuadamente los derechos de los obtentores vegetales”, y cuenta con jurisprudencia específica a partir de un fallo de la Cámara Federal Civil y Comercial porteña. “Se trata de un sistema de reconocimiento y protección de derechos que rige en nuestra agricultura desde hace 40 años, y que ahora pretende ser profundizado sin el debate adecuado”, destacaron.
Benedetti, a su turno, defendió el proyecto que las multinacionales quieren imponer desde 2012, y sostuvo que se trata del “corolario de un centenar de exposiciones (...) con absoluta libertad”. Subrayó que la norma impone “un umbral que salvaguarda todos los pequeños productores de la Argentina, desde los pueblos originarios hasta aquellos cuyo nivel no exceda la categoría micro pyme”.
Dichos argumentos fueron rechazados por la Multisectorial que indicó que “desde hace meses las corporaciones del agronegocio vienen negociando con el Poder Ejecutivo los lineamientos generales” de la iniciativa, que obtuvo dictamen de mayoría, y denunciaron a las multinacionales Bayer-Monsanto, Syngenta-Chemchina, Corteva (DowDuPont) y Basf.
Además, sus críticos advirtieron que el proyecto podría extinguir el “derecho de uso propio” de los agricultores -en contradicción con la ley 27.118 de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar- y hace más expeditivo el cobro de regalías “cada vez que un agricultor o agricultora utilice una semilla sujeta a derechos de obtentor, transformando así un derecho de todos en una excepción para quienes estén inscriptos en los registros ad-hoc”.
Los legisladores de la oposición de las comisiones de Agricultura, Presupuesto y Legislación General, por su parte, señalaron que la nueva norma establece "una sola puerta de cobro". El nuevo mecanismo representará "varios cientos de millones para Monsanto-Bayer”, advirtió el legislador Luis Basterra (FpV-PJ), quien lamentó que “no hubo un proyecto sobre el cual opinar”.
Según publicó el Parlamentario.com, los legisladores Juan José Bahillo (Justicialismo), Axel Kicillof (Fpv) y Elda Pertile solicitaron continuar con el debate en comisión para incorporar los reclamos de los sectores de la agricultura familiar y las economías regionales, además de subsanar otras cuestiones, entre ellas, que “el Estado se hará cargo de parte de la patente que se le va a pagar a Monsanto”.
La Multisectorial agregó que la aprobación de la ley habilitaría la persecución contra los productores, como ya está ocurriendo en los países donde se aprobaron legislaciones similares y un “mayor control corporativo sobre los alimentos y sus precios, en detrimento de la soberanía alimentaria y tecnológica”.
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Fecha de Publicación: 17/11/2018
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
El oficialismo dio ayer el primer paso para avanzar en la aprobación de una nueva ley de semillas y creaciones fitogenéticas, que aumentará el control y el cobro de regalías por la utilización de semillas patentadas, y buscará tratar la iniciativa, exigida en todo el mundo por la multinacionales semilleras, el próximo 21 de noviembre en el recinto. La Multisectorial Contra la Ley Bayer-Monsanto, integrada por un centenar de organizaciones campesinas, sociales y académicas, advirtió que la norma avanza contra el “derecho de uso propio” de los agricultores y criminaliza el intercambio de semillas nativas. Además denunció que fue “negociada fuera de la Cámara de Diputados por los semilleros y los grandes productores agrupados en la Sociedad Rural”.
La iniciativa propone derogar la ley 20.247 para avanzar en la “unificación de todos los derechos y patentes” de obtentores y multiplicadores de semillas e intensificar el rol de policía de del Instituto Nacional de Semillas (Inase).
El titular de la Comisión de Agricultura, el radical Atilio Benedetti, aseguró que el proyecto fue “el resumen de ideas que surge del mejor saber” y consideró que la derogación de la 20.247 es necesaria para “estar a la altura de los tiempos”. La Multisectorial, por el contrario, denunció que el debate parlamentario fue una “puesta en escena” y que “el proyecto nunca se hizo público”.
Las organizaciones campesinas y académicas resaltaron que la Argentina “reconoce adecuadamente los derechos de los obtentores vegetales”, y cuenta con jurisprudencia específica a partir de un fallo de la Cámara Federal Civil y Comercial porteña. “Se trata de un sistema de reconocimiento y protección de derechos que rige en nuestra agricultura desde hace 40 años, y que ahora pretende ser profundizado sin el debate adecuado”, destacaron.
Benedetti, a su turno, defendió el proyecto que las multinacionales quieren imponer desde 2012, y sostuvo que se trata del “corolario de un centenar de exposiciones (...) con absoluta libertad”. Subrayó que la norma impone “un umbral que salvaguarda todos los pequeños productores de la Argentina, desde los pueblos originarios hasta aquellos cuyo nivel no exceda la categoría micro pyme”.
Dichos argumentos fueron rechazados por la Multisectorial que indicó que “desde hace meses las corporaciones del agronegocio vienen negociando con el Poder Ejecutivo los lineamientos generales” de la iniciativa, que obtuvo dictamen de mayoría, y denunciaron a las multinacionales Bayer-Monsanto, Syngenta-Chemchina, Corteva (DowDuPont) y Basf.
Además, sus críticos advirtieron que el proyecto podría extinguir el “derecho de uso propio” de los agricultores -en contradicción con la ley 27.118 de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar- y hace más expeditivo el cobro de regalías “cada vez que un agricultor o agricultora utilice una semilla sujeta a derechos de obtentor, transformando así un derecho de todos en una excepción para quienes estén inscriptos en los registros ad-hoc”.
Los legisladores de la oposición de las comisiones de Agricultura, Presupuesto y Legislación General, por su parte, señalaron que la nueva norma establece "una sola puerta de cobro". El nuevo mecanismo representará "varios cientos de millones para Monsanto-Bayer”, advirtió el legislador Luis Basterra (FpV-PJ), quien lamentó que “no hubo un proyecto sobre el cual opinar”.
Según publicó el Parlamentario.com, los legisladores Juan José Bahillo (Justicialismo), Axel Kicillof (Fpv) y Elda Pertile solicitaron continuar con el debate en comisión para incorporar los reclamos de los sectores de la agricultura familiar y las economías regionales, además de subsanar otras cuestiones, entre ellas, que “el Estado se hará cargo de parte de la patente que se le va a pagar a Monsanto”.
La Multisectorial agregó que la aprobación de la ley habilitaría la persecución contra los productores, como ya está ocurriendo en los países donde se aprobaron legislaciones similares y un “mayor control corporativo sobre los alimentos y sus precios, en detrimento de la soberanía alimentaria y tecnológica”.
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