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Sanear el Riachuelo: mandato a cumplir
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Sanear el Riachuelo: mandato a cumplir
Fecha de Publicación: 10/05/2018
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Riachuelo
Si se cambia el paradigma, se evitará la contaminación ambiental y el riesgo para la salud. Con urgencia se requiere la pronta evaluación de los proyectos e iniciación de obras con agenda monitoreada. Es decir, pasar del discurso a la acción. También, asumir la responsabilidad asignada para cumplir con el principio del derecho a la salud, que se basa en el derecho a una vida digna.
El llamado de la Corte a Audiencia Pública para avanzar en el cumplimiento de obras de saneamiento del Riachuelo vuelve a poner el eje en la relocalización de familias gravemente afectadas. La población que se ha ido asentando en una franja estrecha a orillas del Riachuelo hace tiempo que sufre problemas de salud que serán mayores si no es reubicada prontamente.
Ya la Corte había advertido sobre graves deficiencias en los informes presentados por la autoridad de cuenca ACUMAR entre 2006 y 2015. Entre otras cosas, dispuso que se brinde información sobre cuestiones relacionadas a la relocalización de los habitantes de esa ribera, y el seguimiento de las personas que sufren alguna enfermedad vinculadas con la contaminación.
Durante abril de 2018, el alto tribunal convocó a una nueva audiencia pública por la contaminación en el Riachuelo, que deberá realizarse en un plazo menor a los 30 días, para que las partes involucradas expongan sobre los avances en la recomposición del daño ambiental registrado en la cuenca.
Entre otros factores riesgosos para los habitantes del lugar están las industrias productoras de residuos contaminantes, que originan afecciones en la piel y las vías respiratorias. Es por ello que la aplicación adecuada del derecho penal puede ser una herramienta eficaz para proteger el derecho a un ambiente sano que establece nuestra Constitución.
El Foro Mundial del Agua, que tuvo lugar en Brasilia en marzo de este año, estuvo organizado por el Consejo Mundial del Agua, cuya misión es “crear un compromiso político que facilite el desarrollo, planificación, gestión y uso eficiente del agua sobre una base ambientalmente sostenible en beneficio de la vida en la Tierra”.
Algunos datos presentados durante la reunión resultan sorprendentes: en el mundo hay más personas con teléfonos móviles que con inodoros; solo dos de cada diez países destinan fondos suficientes para garantizar el acceso de sus poblaciones al agua potable y a servicios de cloacas y, sin embargo, se estima que por cada dólar que invierte un gobierno en el manejo del agua y el saneamiento ambiental, se ahorran cuatro dólares en gastos de salud y aumento de la productividad.
Lo que nos interesa a los sanitaristas es brindar a la población agua potable y cloacas, generar energía con menores emisiones de gases efecto invernadero, lograr comunidades sostenibles, y que sea delito atentar contra el ambiente. En Argentina, nuestros esfuerzos deben estar focalizados en la Cuenca Matanza Riachuelo, una de las más contaminadas del mundo, que alcanza niveles críticos en los cursos medio y bajo del río, y tiene consecuencias directas sobre la salud y la calidad de vida de los 5 millones de habitantes de la zona. Años de desidia han convertido al río y la zona en un ícono nacional de la contaminación e injusticia ambiental.
Es de esperar que con la nueva gestión, la puesta a punto de los proyectos y la renovada convocatoria de la Corte, muy pronto todas esas familias encuentren una solución que les permita vivir de una manera digna, sin riesgos de enfermarse por causa de la desaprensión y la falta de controles.
Norma Cadoppi - Presidenta del Foro Estratégico para el Desarrollo Nacional.
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Fecha de Publicación: 10/05/2018
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Riachuelo
Si se cambia el paradigma, se evitará la contaminación ambiental y el riesgo para la salud. Con urgencia se requiere la pronta evaluación de los proyectos e iniciación de obras con agenda monitoreada. Es decir, pasar del discurso a la acción. También, asumir la responsabilidad asignada para cumplir con el principio del derecho a la salud, que se basa en el derecho a una vida digna.
El llamado de la Corte a Audiencia Pública para avanzar en el cumplimiento de obras de saneamiento del Riachuelo vuelve a poner el eje en la relocalización de familias gravemente afectadas. La población que se ha ido asentando en una franja estrecha a orillas del Riachuelo hace tiempo que sufre problemas de salud que serán mayores si no es reubicada prontamente.
Ya la Corte había advertido sobre graves deficiencias en los informes presentados por la autoridad de cuenca ACUMAR entre 2006 y 2015. Entre otras cosas, dispuso que se brinde información sobre cuestiones relacionadas a la relocalización de los habitantes de esa ribera, y el seguimiento de las personas que sufren alguna enfermedad vinculadas con la contaminación.
Durante abril de 2018, el alto tribunal convocó a una nueva audiencia pública por la contaminación en el Riachuelo, que deberá realizarse en un plazo menor a los 30 días, para que las partes involucradas expongan sobre los avances en la recomposición del daño ambiental registrado en la cuenca.
Entre otros factores riesgosos para los habitantes del lugar están las industrias productoras de residuos contaminantes, que originan afecciones en la piel y las vías respiratorias. Es por ello que la aplicación adecuada del derecho penal puede ser una herramienta eficaz para proteger el derecho a un ambiente sano que establece nuestra Constitución.
El Foro Mundial del Agua, que tuvo lugar en Brasilia en marzo de este año, estuvo organizado por el Consejo Mundial del Agua, cuya misión es “crear un compromiso político que facilite el desarrollo, planificación, gestión y uso eficiente del agua sobre una base ambientalmente sostenible en beneficio de la vida en la Tierra”.
Algunos datos presentados durante la reunión resultan sorprendentes: en el mundo hay más personas con teléfonos móviles que con inodoros; solo dos de cada diez países destinan fondos suficientes para garantizar el acceso de sus poblaciones al agua potable y a servicios de cloacas y, sin embargo, se estima que por cada dólar que invierte un gobierno en el manejo del agua y el saneamiento ambiental, se ahorran cuatro dólares en gastos de salud y aumento de la productividad.
Lo que nos interesa a los sanitaristas es brindar a la población agua potable y cloacas, generar energía con menores emisiones de gases efecto invernadero, lograr comunidades sostenibles, y que sea delito atentar contra el ambiente. En Argentina, nuestros esfuerzos deben estar focalizados en la Cuenca Matanza Riachuelo, una de las más contaminadas del mundo, que alcanza niveles críticos en los cursos medio y bajo del río, y tiene consecuencias directas sobre la salud y la calidad de vida de los 5 millones de habitantes de la zona. Años de desidia han convertido al río y la zona en un ícono nacional de la contaminación e injusticia ambiental.
Es de esperar que con la nueva gestión, la puesta a punto de los proyectos y la renovada convocatoria de la Corte, muy pronto todas esas familias encuentren una solución que les permita vivir de una manera digna, sin riesgos de enfermarse por causa de la desaprensión y la falta de controles.
Norma Cadoppi - Presidenta del Foro Estratégico para el Desarrollo Nacional.
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Riachuelo: no basta con nuevos plazos
Sostienen que es insuficiente que la Corte pida plazos para el saneamiento del Riachuelo
Fecha de Publicación: 23/04/2018
Fuente: puraciudad.com.ar
Provincia/Región: Riachuelo
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, tras la audiencia con funcionarios públicos del 14 de marzo, falló que en menos de 30 días la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) y los Gobiernos de Ciudad, Provincia y Nación deben precisar plazos “ciertos” para cumplir los objetivos de la Causa Mendoza, donde se ordena sanear el Riachuelo, mudar a sus pobladores y garantizar la seguridad ambiental.
Sin embargo, Luis Duacastella, el Defensor Adjunto en el Ministerio Público de la Defensa, se mostró disconforme ante esta postura del máximo tribunal y dijo: “Se trata de una resolución insuficiente respecto de que no hay una visión ordenadora de quienes están padeciendo la contaminación y cuya salud está afectada. Los reclamos de los vecinos de la cuenca no son escuchados -ni siquiera les permiten participar de las audiencias-; solo se oye a los funcionarios hablar de los inconvenientes con las obras”.
La Corte fijó este plazo ante el bajo nivel de cumplimiento constatado en el Plan de Saneamiento Ambiental (PISA). Señaló que la relocalización de los asentamientos precarios es baja y está atrasado el plan de viviendas (hicieron menos de 4.000 sobre 18.000 proyectadas).
El máximo tribunal quiere saber si el emisario subfluvial de la planta Berazategui se inaugurará en 2022; si se concluirá el Parque Industrial Acuba en 2020 y si se liberará el camino de sirga de la Ciudad de Buenos Aires en 2019.
El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larresta, en las dos aperturas del periodo ordinario de sesiones que encabezó se comprometió a cumplir este último punto. En diálogo con este medio, el jefe de Gabinete de Ministros, Felipe Miguel, también remarcó esta acción.
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Fecha de Publicación: 23/04/2018
Fuente: puraciudad.com.ar
Provincia/Región: Riachuelo
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, tras la audiencia con funcionarios públicos del 14 de marzo, falló que en menos de 30 días la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) y los Gobiernos de Ciudad, Provincia y Nación deben precisar plazos “ciertos” para cumplir los objetivos de la Causa Mendoza, donde se ordena sanear el Riachuelo, mudar a sus pobladores y garantizar la seguridad ambiental.
Sin embargo, Luis Duacastella, el Defensor Adjunto en el Ministerio Público de la Defensa, se mostró disconforme ante esta postura del máximo tribunal y dijo: “Se trata de una resolución insuficiente respecto de que no hay una visión ordenadora de quienes están padeciendo la contaminación y cuya salud está afectada. Los reclamos de los vecinos de la cuenca no son escuchados -ni siquiera les permiten participar de las audiencias-; solo se oye a los funcionarios hablar de los inconvenientes con las obras”.
La Corte fijó este plazo ante el bajo nivel de cumplimiento constatado en el Plan de Saneamiento Ambiental (PISA). Señaló que la relocalización de los asentamientos precarios es baja y está atrasado el plan de viviendas (hicieron menos de 4.000 sobre 18.000 proyectadas).
El máximo tribunal quiere saber si el emisario subfluvial de la planta Berazategui se inaugurará en 2022; si se concluirá el Parque Industrial Acuba en 2020 y si se liberará el camino de sirga de la Ciudad de Buenos Aires en 2019.
El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larresta, en las dos aperturas del periodo ordinario de sesiones que encabezó se comprometió a cumplir este último punto. En diálogo con este medio, el jefe de Gabinete de Ministros, Felipe Miguel, también remarcó esta acción.
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Riachuelo: la Corte solicita fijación de nuevos plazos
La Corte pidió nuevo plazo para el saneamiento del Riachuelo
Fecha de Publicación: 17/04/2018
Fuente: BAE Negocios
Provincia/Región: Riachuelo
La Corte Suprema de Justicia advirtió hoy sobre deficiencias en el cumplimiento del plan de saneamiento del Riachuelo y requirió que en 30 días se establezcan nuevos plazos “ciertos y fundados” para atender a los objetivos de la sentencia, que ya tiene una década.
En el marco de la causa de saneamiento y recomposición de la cuenca Matanza Riachuelo, la Corte había llevado a cabo una audiencia pública el 14 de marzo para que el Estado Nacional, la provincia de Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires, y la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) informaran sobre el avance del Plan de Saneamiento Ambiental (PISA).
Tras ello, la Corte advirtió ahora sobre “dos deficiencias estructurales” que persisten desde la primera audiencia realizada hace casi 12 años: la primera es la “debilidad institucional” de Acumar, especialmente remarcada por la Auditoría General de la Nación, que informó, entre otros aspectos, acerca de la sub ejecución presupuestaria (cercana al 41% en 2016); la falta de continuidad en la ejecución de proyectos, y las fallas en el sistema de control sobre el Fondo de Compensación Ambiental.
La segunda deficiencia marcada por la Corte radica en la “insuficiencia del sistema de medición para poder constatar el nivel de cumplimiento de la sentencia”, informó el Centro de Información Judicial (CIJ).
Respecto de los objetivos puntuales del plan de remediación, la Corte señaló -en base a la información brindada por los funcionarios en la audiencia pública- que “el estado de avance del plan es muy lejano al de su pleno cumplimiento”.
En lo que concierne a la prevención de la contaminación industrial, marcó que de los 1.385 establecimientos industriales declarados agentes contaminantes, resta reconvertir 880; también manifestó que el retraso del proyecto “ACUBA” para la construcción de un polo industrial curtidor y de una planta de tratamientos de efluentes líquidos es significativo.
Con relación al saneamiento de basurales y limpieza de márgenes se advirtió sobre la reinserción de basurales a cielo abierto y la debilidad del sistema de recolección de residuos a cargo de los municipios.
En referencia a la expansión de la red de agua potable y cloacas, los estados demandados reconocieron demoras muy importantes en la licitación del emisario submarino de la planta de Berazategui que se estaría terminando en el año 2022, y en la construcción del sistema Riachuelo (construcción del Colector Margen Izquierdo, la Planta de Pretratamiento y el Emisario Submarino), que recién estaría terminado en conjunto en 2021, a pesar de que los plazos originales preveían su terminación una década antes.
Respecto de la relocalización de villas y asentamientos precarios, el nivel de cumplimiento del Convenio Marco de 2010 es “extremadamente bajo”, indicó el máximo tribunal: aun sin considerar el crecimiento poblacional, a 8 años se han terminado solamente 3.992 viviendas sobre las 17.771 proyectadas (es decir un 22% del total).
Además, se remarcó en particular que la liberación del camino de sirga en la Ciudad de Buenos Aires sufre un notorio retraso a la altura de la Villa 21-24.
En relación con el Plan Sanitario de Emergencia, se señaló que sigue pendiente el cumplimiento de una condición elemental referida a la confección de un mapa de riesgo sanitario ambiental.
Y se advirtió que de los 632 barrios a ser relevados, en el año 2017 solamente se evaluaron 37: la Corte concluyó que de seguirse los objetivos que informa Acumar, en el año 2023 se tendrá recién un relevamiento de tan solo algo más de un tercio de los barrios o asentamientos vulnerables.
En este marco la Corte afirmó que transcurridos diez años desde la sentencia que aprobó el plan de saneamiento resulta “inocultable su incumplimiento” y puso de relieve que el carácter obligatorio de los plazos conlleva las responsabilidades de la ACUMAR y de los estados demandados.
También advirtió que el incumplimiento de los plazos podría comprometer las responsabilidades que la ley establece para el caso de un apartamiento de los deberes propios de la función pública.
Sin embargo, subrayó que la responsabilidad de los funcionarios deberá sujetarse a las especiales características de esta causa en la que se pone de manifiesto “una problemática social que debe resolverse de modo eficiente y evitando situaciones que conduzcan a dilatar en el tiempo su solución”.
El tribunal requirió entonces que en el término de 30 días, la ACUMAR presente plazos “ciertos y fundados” de cumplimiento de los objetivos del Plan de Saneamiento Ambiental (PISA), teniendo en cuenta que algunos de ellos ya fueron informados por los responsables en la audiencia pública del 14 de marzo.
Se trata de la finalización del emisario subfluvial de la planta Berazategui de 7.5 km en el año 2022; la construcción y puesta en funcionamiento del Sistema Riachuelo (lotes 1, 2 y 3) en marzo de 2021; la construcción y puesta en funcionamiento del Parque Industrial ACUBA y de la planta de tratamiento de sus efluentes industriales en julio de 2020; la liberación total del camino de sirga de la Ciudad de Buenos Aires ven el año 2019.
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Fecha de Publicación: 17/04/2018
Fuente: BAE Negocios
Provincia/Región: Riachuelo
La Corte Suprema de Justicia advirtió hoy sobre deficiencias en el cumplimiento del plan de saneamiento del Riachuelo y requirió que en 30 días se establezcan nuevos plazos “ciertos y fundados” para atender a los objetivos de la sentencia, que ya tiene una década.
En el marco de la causa de saneamiento y recomposición de la cuenca Matanza Riachuelo, la Corte había llevado a cabo una audiencia pública el 14 de marzo para que el Estado Nacional, la provincia de Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires, y la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) informaran sobre el avance del Plan de Saneamiento Ambiental (PISA).
Tras ello, la Corte advirtió ahora sobre “dos deficiencias estructurales” que persisten desde la primera audiencia realizada hace casi 12 años: la primera es la “debilidad institucional” de Acumar, especialmente remarcada por la Auditoría General de la Nación, que informó, entre otros aspectos, acerca de la sub ejecución presupuestaria (cercana al 41% en 2016); la falta de continuidad en la ejecución de proyectos, y las fallas en el sistema de control sobre el Fondo de Compensación Ambiental.
La segunda deficiencia marcada por la Corte radica en la “insuficiencia del sistema de medición para poder constatar el nivel de cumplimiento de la sentencia”, informó el Centro de Información Judicial (CIJ).
Respecto de los objetivos puntuales del plan de remediación, la Corte señaló -en base a la información brindada por los funcionarios en la audiencia pública- que “el estado de avance del plan es muy lejano al de su pleno cumplimiento”.
En lo que concierne a la prevención de la contaminación industrial, marcó que de los 1.385 establecimientos industriales declarados agentes contaminantes, resta reconvertir 880; también manifestó que el retraso del proyecto “ACUBA” para la construcción de un polo industrial curtidor y de una planta de tratamientos de efluentes líquidos es significativo.
Con relación al saneamiento de basurales y limpieza de márgenes se advirtió sobre la reinserción de basurales a cielo abierto y la debilidad del sistema de recolección de residuos a cargo de los municipios.
En referencia a la expansión de la red de agua potable y cloacas, los estados demandados reconocieron demoras muy importantes en la licitación del emisario submarino de la planta de Berazategui que se estaría terminando en el año 2022, y en la construcción del sistema Riachuelo (construcción del Colector Margen Izquierdo, la Planta de Pretratamiento y el Emisario Submarino), que recién estaría terminado en conjunto en 2021, a pesar de que los plazos originales preveían su terminación una década antes.
Respecto de la relocalización de villas y asentamientos precarios, el nivel de cumplimiento del Convenio Marco de 2010 es “extremadamente bajo”, indicó el máximo tribunal: aun sin considerar el crecimiento poblacional, a 8 años se han terminado solamente 3.992 viviendas sobre las 17.771 proyectadas (es decir un 22% del total).
Además, se remarcó en particular que la liberación del camino de sirga en la Ciudad de Buenos Aires sufre un notorio retraso a la altura de la Villa 21-24.
En relación con el Plan Sanitario de Emergencia, se señaló que sigue pendiente el cumplimiento de una condición elemental referida a la confección de un mapa de riesgo sanitario ambiental.
Y se advirtió que de los 632 barrios a ser relevados, en el año 2017 solamente se evaluaron 37: la Corte concluyó que de seguirse los objetivos que informa Acumar, en el año 2023 se tendrá recién un relevamiento de tan solo algo más de un tercio de los barrios o asentamientos vulnerables.
En este marco la Corte afirmó que transcurridos diez años desde la sentencia que aprobó el plan de saneamiento resulta “inocultable su incumplimiento” y puso de relieve que el carácter obligatorio de los plazos conlleva las responsabilidades de la ACUMAR y de los estados demandados.
También advirtió que el incumplimiento de los plazos podría comprometer las responsabilidades que la ley establece para el caso de un apartamiento de los deberes propios de la función pública.
Sin embargo, subrayó que la responsabilidad de los funcionarios deberá sujetarse a las especiales características de esta causa en la que se pone de manifiesto “una problemática social que debe resolverse de modo eficiente y evitando situaciones que conduzcan a dilatar en el tiempo su solución”.
El tribunal requirió entonces que en el término de 30 días, la ACUMAR presente plazos “ciertos y fundados” de cumplimiento de los objetivos del Plan de Saneamiento Ambiental (PISA), teniendo en cuenta que algunos de ellos ya fueron informados por los responsables en la audiencia pública del 14 de marzo.
Se trata de la finalización del emisario subfluvial de la planta Berazategui de 7.5 km en el año 2022; la construcción y puesta en funcionamiento del Sistema Riachuelo (lotes 1, 2 y 3) en marzo de 2021; la construcción y puesta en funcionamiento del Parque Industrial ACUBA y de la planta de tratamiento de sus efluentes industriales en julio de 2020; la liberación total del camino de sirga de la Ciudad de Buenos Aires ven el año 2019.
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Acumar clausura empresa en Valentín Alsina
ACUMAR clausuró un establecimiento que volcó hidrocarburos al Riachuelo
Fecha de Publicación: 23/03/2018
Fuente: La Ciudad
Provincia/Región: Buenos Aires
El vuelco clandestino fue detectado esta mañana por la Patrulla Ambiental de ACUMAR en Valentín Alsina. La Policía Ecológica acompañó el procedimiento. Además, se denunció al antiguo dueño del lugar por tirar barriles con brea sobre el Camino de Sirga.
En una recorrida de rutina por el Camino de Sirga de la Cuenca Matanza Riachuelo, un grupo de inspectores detectó un vuelco clandestino de hidrocarburos al río. Fue en Valentín Alsina, a dos cuadras del Puente, donde funcionaba la ex empresa UMBER.
Una notoria mancha sobre el río y fuerte olor a gasoil alertaron a los inspectores de ACUMAR, quienes iniciaron un operativo de constatación y posterior clausura de la empresa que actualmente trabaja en el predio. El establecimiento hoy es administrado por una Cooperativa que –según dijeron- desarrolla otras tareas productivas.
La colocación de fajas y precintos no pudo desarrollarse con normalidad por lo cual se aplicó una sanción por obstrucción al procedimiento, se inició una causa penal y pidió el proceso de allanamiento a la Gendarmería Nacional.
En la inspección, el equipo de ACUMAR junto a la Policía Ecológica de la Provincia de Buenos Aires pudo detectar que al vaciarse los tanques que pertenecían al anterior dueño, se estaban utilizando los caños pluviales para la descarga, razón por lo cual, todo el desecho de hidrocarburos estaba cayendo en el río.
ACUMAR labró un acta de inspección, clausuró el establecimiento e intimó al dueño del predio a remediar el daño ambiental y disponer los mecanismos necesarios para que el proceso productivo que hoy enfrentan no dañe el ambiente.
Durante este operativo, también se verificó sobre el Camino de Sirga, tambores plásticos y metálicos de 200 litros llenos de una sustancia asimilable a brea e hidrocarburo. Estos tambores, unos 10, estaban volcados sobre la calle y el material corría hacia un desagüe pluvial. El cuerpo de inspectores vinculó los tambores con un predio lindante al primero inspeccionado, donde identificó más tambores y pudo ver el suelo impactado con hidrocarburos. El predio estaba siendo alquilado y acondicionado para la venta por menor de pollos. Se clausuró e íntimo a su remediación y al retiro del material en la vía pública.
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Fecha de Publicación: 23/03/2018
Fuente: La Ciudad
Provincia/Región: Buenos Aires
El vuelco clandestino fue detectado esta mañana por la Patrulla Ambiental de ACUMAR en Valentín Alsina. La Policía Ecológica acompañó el procedimiento. Además, se denunció al antiguo dueño del lugar por tirar barriles con brea sobre el Camino de Sirga.
En una recorrida de rutina por el Camino de Sirga de la Cuenca Matanza Riachuelo, un grupo de inspectores detectó un vuelco clandestino de hidrocarburos al río. Fue en Valentín Alsina, a dos cuadras del Puente, donde funcionaba la ex empresa UMBER.
Una notoria mancha sobre el río y fuerte olor a gasoil alertaron a los inspectores de ACUMAR, quienes iniciaron un operativo de constatación y posterior clausura de la empresa que actualmente trabaja en el predio. El establecimiento hoy es administrado por una Cooperativa que –según dijeron- desarrolla otras tareas productivas.
La colocación de fajas y precintos no pudo desarrollarse con normalidad por lo cual se aplicó una sanción por obstrucción al procedimiento, se inició una causa penal y pidió el proceso de allanamiento a la Gendarmería Nacional.
En la inspección, el equipo de ACUMAR junto a la Policía Ecológica de la Provincia de Buenos Aires pudo detectar que al vaciarse los tanques que pertenecían al anterior dueño, se estaban utilizando los caños pluviales para la descarga, razón por lo cual, todo el desecho de hidrocarburos estaba cayendo en el río.
ACUMAR labró un acta de inspección, clausuró el establecimiento e intimó al dueño del predio a remediar el daño ambiental y disponer los mecanismos necesarios para que el proceso productivo que hoy enfrentan no dañe el ambiente.
Durante este operativo, también se verificó sobre el Camino de Sirga, tambores plásticos y metálicos de 200 litros llenos de una sustancia asimilable a brea e hidrocarburo. Estos tambores, unos 10, estaban volcados sobre la calle y el material corría hacia un desagüe pluvial. El cuerpo de inspectores vinculó los tambores con un predio lindante al primero inspeccionado, donde identificó más tambores y pudo ver el suelo impactado con hidrocarburos. El predio estaba siendo alquilado y acondicionado para la venta por menor de pollos. Se clausuró e íntimo a su remediación y al retiro del material en la vía pública.
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Relevarán situación socioambiental en Villa Inflamable
Investigan causas de la contaminación en Dock Sud
Fecha de Publicación: 13/03/2018
Fuente: Diario Popular
Provincia/Región: Buenos Aires
La tarea de la ACUMAR alcanzará 80 puntos del barrio Villa Inflamable, con un 40 por ciento de vecinos contaminados con plomo, 30 viviendas y 10 lagunas. Se analizarán polvos, agua superficial y para consumo.
En la primera semana del mes comenzó la fase II del estudio de suelo y agua de Villa Inflamable, Dock Sud, donde la empresa JMB Ingeniería Ambiental junto a referentes de ACUMAR -Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo- y vecinos del lugar recorrerán 80 puntos preestablecidos, 30 viviendas y 10 lagunas internas, para determinar la potencial afectación del suelo, polvo depositado, sedimentos, agua superficial, de consumo humano y la subterránea de acuífero freático y el Puelche.
En base al último informe de la Autoridad, Inflamable es la zona más contaminada de Avellaneda con un 40 por ciento de su población con plomo en sangre, 345 vecinos bajo control sanitario, de los cuales 167 son menores de 6 años.La investigación, apunta a dar con sustancias peligrosas que pudieran estar asociadas a actividades presentes o pasadas realizadas en Inflamable. Aquí, cabe recordar que un estudio realizado en el año 2001 por la comuna, dio que en la zona existía una fábrica de baterías cuyas tierras no se rellenaron por completo y buena parte de la contaminación venia de un siglo atrás, amén del Polo Petroquímico.
Otros focos
Asimismo, se especificó que en la zona sur se detectó contaminación plúmbica en el 30 por ciento de habitantes del barrio ACUBA de Lanús Oeste y, extrañamente, en un 20 por ciento de la periferia de Wilde.
Se mencionó que las muestras obtenidas en calles, áreas anegables y casas de familia, permitan desarrollar un análisis cuantitativo del riesgo para la salud y el ambiente, que sirva de base para la definición de medidas preventivas y de recomposición en las distintas áreas de Villa Inflamable. Los resultados estarán en agosto, pero habrá un informe preliminar en julio.Mientras tanto, se realizan reuniones de trabajo con los vecinos de cada semana en las que se comunicará el proceso completo -fase I y II, lo realizado y los próximos pasos.
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Fecha de Publicación: 13/03/2018
Fuente: Diario Popular
Provincia/Región: Buenos Aires
La tarea de la ACUMAR alcanzará 80 puntos del barrio Villa Inflamable, con un 40 por ciento de vecinos contaminados con plomo, 30 viviendas y 10 lagunas. Se analizarán polvos, agua superficial y para consumo.
En la primera semana del mes comenzó la fase II del estudio de suelo y agua de Villa Inflamable, Dock Sud, donde la empresa JMB Ingeniería Ambiental junto a referentes de ACUMAR -Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo- y vecinos del lugar recorrerán 80 puntos preestablecidos, 30 viviendas y 10 lagunas internas, para determinar la potencial afectación del suelo, polvo depositado, sedimentos, agua superficial, de consumo humano y la subterránea de acuífero freático y el Puelche.
En base al último informe de la Autoridad, Inflamable es la zona más contaminada de Avellaneda con un 40 por ciento de su población con plomo en sangre, 345 vecinos bajo control sanitario, de los cuales 167 son menores de 6 años.La investigación, apunta a dar con sustancias peligrosas que pudieran estar asociadas a actividades presentes o pasadas realizadas en Inflamable. Aquí, cabe recordar que un estudio realizado en el año 2001 por la comuna, dio que en la zona existía una fábrica de baterías cuyas tierras no se rellenaron por completo y buena parte de la contaminación venia de un siglo atrás, amén del Polo Petroquímico.
Otros focos
Asimismo, se especificó que en la zona sur se detectó contaminación plúmbica en el 30 por ciento de habitantes del barrio ACUBA de Lanús Oeste y, extrañamente, en un 20 por ciento de la periferia de Wilde.
Se mencionó que las muestras obtenidas en calles, áreas anegables y casas de familia, permitan desarrollar un análisis cuantitativo del riesgo para la salud y el ambiente, que sirva de base para la definición de medidas preventivas y de recomposición en las distintas áreas de Villa Inflamable. Los resultados estarán en agosto, pero habrá un informe preliminar en julio.Mientras tanto, se realizan reuniones de trabajo con los vecinos de cada semana en las que se comunicará el proceso completo -fase I y II, lo realizado y los próximos pasos.
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Afirman avanzar en la limpieza del Riachuelo
Avanza la limpieza de la cuenca Matanza-Riachuelo
Fecha de Publicación: 12/03/2018
Fuente: Presidencia de la Nación
Provincia/Región: Riachuelo
La Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) informó que desde agosto del 2017 se retiraron más de 70.000 toneladas de residuos en nueve municipios de la cuenca, en un trabajo conjunto con la Coordinadora Ecológica Área Metropolitana (CEAMSE).
Las tareas incluyen la limpieza en puntos de arrojo, micro y macrobasurales, la recolección y transporte de residuos en Cuenca Alta, la recolección diferenciada de materiales recuperados y residuos sólidos urbanos en la Feria comercial “La Salada”, y la instalación de Estaciones de Reciclado junto con la recolección y transporte de materiales acopiados.
Desde que comenzó el trabajo se realizaron 8.900 viajes de camiones recolectores, 540 operativos en microbasurales y puntos de arrojo, y se limpiaron al menos una vez 226 puntos, para lo que se utilizaron 44 camiones cargadores, cuatro palas mecánicas y el trabajo de cuadrillas especialmente avocadas al control y fiscalización de la limpieza.
De acuerdo a un relevamiento realizado en el primer trimestre de 2017, existen 301 sitios con residuos en la Cuenca: 162 son puntos de arrojo, 118 microbasurales, 19 basurales y dos macrobasurales.
De estos, además, el 80 por ciento se concentra en Lomas de Zamora, La Matanza y Esteban Echeverría, todos municipios de la Cuenca Media.
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Etiquetas:
contaminación,
Nacional,
política ambiental,
recursos hídricos,
Riachuelo
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La Corte llamó a una nueva audiencia por el Riachuelo
Riachuelo: todavía hay 1.000 familias que viven en las orillas y la Corte llamó a una nueva audiencia
Fecha de Publicación: 24/02/2018
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Riachuelo
El saneamiento del Riachuelo es un proceso lento y complejo. Desde que la Corte Suprema ordenó limpiarlo, hace 9 años (en julio de este año se cumple una década del fallo), tuvo períodos de estancamiento y otros de avances concretos. Uno de los puntos más conflictivos es la relocalización de las familias que viven en el Camino de Sirga, es decir, en las orillas, casi sobre el agua. Y aunque 684 familias ya se mudaron, aún quedan una mil.
El 14 de marzo la Corte convocó a una nueva audiencia en la que la Autoridad de Cuenca (ACUMAR), el Estado Nacional, la provincia de Buenos Aires, la Ciudad y a los organismos de control (Auditoría General de la Nación y Cuerpo Colegiado) tendrán que exponer sobre el avance de la ejecución de la sentencia definitiva que ordenó la recomposición del daño ambiental en la Cuenca.
Según publicó el Centro de Información Judicial (CIJ), en su pronunciamiento del 9 de noviembre del año pasado la Corte advirtió serias deficiencias en los informes presentados por la ACUMAR y, en consecuencia, ordenó esclarecer cuestiones como la adopción de un sistema de medición, la contaminación de origen industrial, el saneamiento de basurales, la limpieza de márgenes, la expansión de la red de agua potable, desagües pluviales, saneamiento cloacal y el Plan Sanitario de Emergencia.
También ordenó que se proporcione información específica sobre la gestión de residuos; erradicación de basurales a cielo abierto; expansión de la red de agua potable y cloacas financiada por ENHOSA; liberación del camino de sirga por la Ciudad de Buenos Aires a la altura de la Villa 21-24 y la construcción de viviendas para la relocalización de sus habitantes; control y seguimiento de las personas que sufren alguna enfermedad vinculada con la contaminación, en especial respecto de los niños menores de seis (6) años.
El año pasado, luego de la audiencia de octubre, se avanzó con la relocalización de 118 familias.
De las 1.837 censadas para ser relocalizadas, que deben abandonar las márgenes del Riachuelo, 566 ya se habían mudado; y en noviembre de 2017 se trasladó a toda la Villa 26 (otras 118). Pero aún resta relocalizar al 63% de la población afectada por la contaminación. En ese momento, desde el Gobierno porteño le habían asegurada a Clarín que esperaban completar el plan en 2019.
A estas familias se suman los miles de personas que viven en otros asentamientos a lo largo de la cuenca, y que el avance de los trabajes mejorará no sólo su calidad de vida; también disminuirá los riesgos de padecer problemas de salud por la contaminación.
En el escrito de la Corte, firmado por los cinco miembros del máximo tribunal, se especifica que la audiencia se realizará el 14 de marzo de las 10, y que la exposición deberá ser realizada por cada uno de los gobiernos por separado.
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Fecha de Publicación: 24/02/2018
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Riachuelo
El saneamiento del Riachuelo es un proceso lento y complejo. Desde que la Corte Suprema ordenó limpiarlo, hace 9 años (en julio de este año se cumple una década del fallo), tuvo períodos de estancamiento y otros de avances concretos. Uno de los puntos más conflictivos es la relocalización de las familias que viven en el Camino de Sirga, es decir, en las orillas, casi sobre el agua. Y aunque 684 familias ya se mudaron, aún quedan una mil.
El 14 de marzo la Corte convocó a una nueva audiencia en la que la Autoridad de Cuenca (ACUMAR), el Estado Nacional, la provincia de Buenos Aires, la Ciudad y a los organismos de control (Auditoría General de la Nación y Cuerpo Colegiado) tendrán que exponer sobre el avance de la ejecución de la sentencia definitiva que ordenó la recomposición del daño ambiental en la Cuenca.
Según publicó el Centro de Información Judicial (CIJ), en su pronunciamiento del 9 de noviembre del año pasado la Corte advirtió serias deficiencias en los informes presentados por la ACUMAR y, en consecuencia, ordenó esclarecer cuestiones como la adopción de un sistema de medición, la contaminación de origen industrial, el saneamiento de basurales, la limpieza de márgenes, la expansión de la red de agua potable, desagües pluviales, saneamiento cloacal y el Plan Sanitario de Emergencia.
También ordenó que se proporcione información específica sobre la gestión de residuos; erradicación de basurales a cielo abierto; expansión de la red de agua potable y cloacas financiada por ENHOSA; liberación del camino de sirga por la Ciudad de Buenos Aires a la altura de la Villa 21-24 y la construcción de viviendas para la relocalización de sus habitantes; control y seguimiento de las personas que sufren alguna enfermedad vinculada con la contaminación, en especial respecto de los niños menores de seis (6) años.
El año pasado, luego de la audiencia de octubre, se avanzó con la relocalización de 118 familias.
De las 1.837 censadas para ser relocalizadas, que deben abandonar las márgenes del Riachuelo, 566 ya se habían mudado; y en noviembre de 2017 se trasladó a toda la Villa 26 (otras 118). Pero aún resta relocalizar al 63% de la población afectada por la contaminación. En ese momento, desde el Gobierno porteño le habían asegurada a Clarín que esperaban completar el plan en 2019.
A estas familias se suman los miles de personas que viven en otros asentamientos a lo largo de la cuenca, y que el avance de los trabajes mejorará no sólo su calidad de vida; también disminuirá los riesgos de padecer problemas de salud por la contaminación.
En el escrito de la Corte, firmado por los cinco miembros del máximo tribunal, se especifica que la audiencia se realizará el 14 de marzo de las 10, y que la exposición deberá ser realizada por cada uno de los gobiernos por separado.
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Un empresario al Acumar
Riachuelo: polémica por un nuevo nombramiento en Acumar
Fecha de Publicación: 20/02/2018
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Riachuelo
La designación de Nicolás Bardella como el nuevo titular de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo despertó la preocupación de las ONG que controlan el fallo de la Corte debido a su pasado empresarial
Un nuevo recambio en la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) encendió las alarmas de las ONG que conforman el Cuerpo Colegiado encargado de controlar el cumplimiento del fallo de la Corte que ordena sanear uno de los ríos más contaminados de la Argentina.
Se trata del titular de la Dirección General Ambiental del organismo, conformado por autoridades de la Nación, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad, Nicolás Bardella.
El nuevo funcionario, que reemplazó a Federico Gatti, llega luego de haber formado parte del Organismo Provincial para el Desarrollo Sustentable bonaerense (OPDS). Sin embargo, antes de su paso por ese ente oficial, fue asesor de una empresa con reputación de contaminante en Pilar, a la que luego tenía que controlar.
"Más allá de su permanente cambio de funcionarios y su inestabilidad institucional, no deja de sorprender que se busque un funcionario que, a priori, tiene muy malos antecedentes que son públicos. Su actuación como apoderado de una de las empresas de Pilar denunciada porque ha sido muy contaminante es de público conocimiento. Acumar es un organismo que debería avanzar en profesionalizar sus líneas; el cargo en el que ha asumido es un cargo específico con ese destino. El Gobierno si quiere ir en esta línea de profesionalizar este nombramiento político no es el mejor ejemplo", indicó Andrés Nápoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (Farn).
Desde 2013 y hasta marzo del año pasado Bardella fue consultor ambiental en la empresa Ambientus SA y apoderado de Verasur, acusada de contaminar las napas con hidrocarburos. Luego, tuvo que controlarla.
Esta semana, la Corte citó a una nueva audiencia pública para el 14 de marzo para que los funcionarios detallen los avances del plan de limpieza.
"La Acumar y los Estados informarán oralmente al tribunal sobre el grado de avance en el cumplimiento de cada uno de los mandatos impuestos en la sentencia en materia de prevención y recomposición del daño ambiental colectivo del río Matanza Riachuelo. En su pronunciamiento del 9 de noviembre de 2017 la Corte advirtió serias deficiencias en los informes presentados por el organismo", indica la resolución emitida por el máximo tribunal y publicada en el Centro de Información Judicial.
Las faltas más destacadas en aquel informe fueron sobre los avances en materia de salud de la población, saneamiento de basurales y la dilatada relocalización de las personas en situación vulnerable y que aún viven en el camino de sirga, al borde del río.
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Fecha de Publicación: 20/02/2018
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Riachuelo
La designación de Nicolás Bardella como el nuevo titular de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo despertó la preocupación de las ONG que controlan el fallo de la Corte debido a su pasado empresarial
Un nuevo recambio en la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) encendió las alarmas de las ONG que conforman el Cuerpo Colegiado encargado de controlar el cumplimiento del fallo de la Corte que ordena sanear uno de los ríos más contaminados de la Argentina.
Se trata del titular de la Dirección General Ambiental del organismo, conformado por autoridades de la Nación, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad, Nicolás Bardella.
El nuevo funcionario, que reemplazó a Federico Gatti, llega luego de haber formado parte del Organismo Provincial para el Desarrollo Sustentable bonaerense (OPDS). Sin embargo, antes de su paso por ese ente oficial, fue asesor de una empresa con reputación de contaminante en Pilar, a la que luego tenía que controlar.
"Más allá de su permanente cambio de funcionarios y su inestabilidad institucional, no deja de sorprender que se busque un funcionario que, a priori, tiene muy malos antecedentes que son públicos. Su actuación como apoderado de una de las empresas de Pilar denunciada porque ha sido muy contaminante es de público conocimiento. Acumar es un organismo que debería avanzar en profesionalizar sus líneas; el cargo en el que ha asumido es un cargo específico con ese destino. El Gobierno si quiere ir en esta línea de profesionalizar este nombramiento político no es el mejor ejemplo", indicó Andrés Nápoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (Farn).
Desde 2013 y hasta marzo del año pasado Bardella fue consultor ambiental en la empresa Ambientus SA y apoderado de Verasur, acusada de contaminar las napas con hidrocarburos. Luego, tuvo que controlarla.
Esta semana, la Corte citó a una nueva audiencia pública para el 14 de marzo para que los funcionarios detallen los avances del plan de limpieza.
"La Acumar y los Estados informarán oralmente al tribunal sobre el grado de avance en el cumplimiento de cada uno de los mandatos impuestos en la sentencia en materia de prevención y recomposición del daño ambiental colectivo del río Matanza Riachuelo. En su pronunciamiento del 9 de noviembre de 2017 la Corte advirtió serias deficiencias en los informes presentados por el organismo", indica la resolución emitida por el máximo tribunal y publicada en el Centro de Información Judicial.
Las faltas más destacadas en aquel informe fueron sobre los avances en materia de salud de la población, saneamiento de basurales y la dilatada relocalización de las personas en situación vulnerable y que aún viven en el camino de sirga, al borde del río.
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Villa Inflamable sigue sufriendo, 18 años de olvido
Villa Inflamable con el 40 por ciento de contaminados
Fecha de Publicación: 23/01/2018
Fuente: Diario Popular
Provincia/Región: Riachuelo
Se encuentran en seguimiento sanitario 345 vecinos, de los cuales 163 son niños menores de 6 años. La base de datos no demostró avances sobre la contaminación plúmbica conocida hace 18 años.
Según el relevamiento de la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo -ACUMAR-, el 40 por ciento de la población de Villa Inflamable, en el Polo Petroquímico de Dock Sud, tiene índices elevados de plomo en la sangre, un 40 por ciento; mientras que se detectó en el 30 por ciento en habitantes del barrio ACUBA de Lanús Oeste y un 20 en la periferia de Wilde.
En relación a las personas con niveles de plomo en sangre, actualmente se encuentran con seguimiento socio ambiental y sanitario 345 personas, de las cuales 163 (47 por ciento) son niños menores de 6 años.
En tanto, Dorina Bonetti, sucesora de la ahora senadora Gladys González, realizó la presentación del nuevo portal de datos abiertos de la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo, donde no faltaron datos alarmantes de que lejos se está de una solución para miles de personas contaminadas en Avellaneda y Lanús.
Asimismo, se presentó un mapa donde se puede obtener información sobre basurales, calidad de agua, riesgo socioambiental de la población y plomo en la sangre
Desde la ACUMAR, se precisó que “durante 2017 la dirección de Salud y Educación Ambiental reportó un total de 46.836 personas alcanzadas entre las distintas prestaciones en 42 barrios capitalinos y los 14 municipios que abarca la Cuenca Matanza Riachuelo”.
Esa cifra fue cuestionada por entidades y entendidos en cuanto a cantidades en relación a años anteriores, lo mismo que los controles sobre empresas que vuelcan desechos al curso de agua.
Historia vieja
En el caso de Inflamable, el porcentaje de contaminación nunca descendió. Un relevamiento de 1999-2000 mostró que debajo de las tierras de ese barrio estaban enterradas miles de baterías de una ex fábrica.
Con un 37 por ciento de contaminados ya por entonces, tampoco se avanzó cuando una lluvia de ácido cayó sobre una escuela de Dock Sud, donde tiempo después en un acto se anunció que se erradicaba el Polo Petroquímico, con presencia de un ex presidente, un ex gobernador y un ex intendente de Avellaneda, cuyo ex secretario de Obras es el actual mandatario. De 442 familias que se iban a erradicar a la Isla Maciel, sólo partió la mitad.
Hoy, de un total de 1.761 personas que no se sometían o tenían acceso a controles; el 36,7 por ciento fueron derivadas; el 33,8 rechazaron la intervención; el 7 por ciento continúa bajo seguimiento sanitario y 22,4 se encuentran todavía en proceso de derivación.
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Fecha de Publicación: 23/01/2018
Fuente: Diario Popular
Provincia/Región: Riachuelo
Se encuentran en seguimiento sanitario 345 vecinos, de los cuales 163 son niños menores de 6 años. La base de datos no demostró avances sobre la contaminación plúmbica conocida hace 18 años.
Según el relevamiento de la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo -ACUMAR-, el 40 por ciento de la población de Villa Inflamable, en el Polo Petroquímico de Dock Sud, tiene índices elevados de plomo en la sangre, un 40 por ciento; mientras que se detectó en el 30 por ciento en habitantes del barrio ACUBA de Lanús Oeste y un 20 en la periferia de Wilde.
En relación a las personas con niveles de plomo en sangre, actualmente se encuentran con seguimiento socio ambiental y sanitario 345 personas, de las cuales 163 (47 por ciento) son niños menores de 6 años.
En tanto, Dorina Bonetti, sucesora de la ahora senadora Gladys González, realizó la presentación del nuevo portal de datos abiertos de la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo, donde no faltaron datos alarmantes de que lejos se está de una solución para miles de personas contaminadas en Avellaneda y Lanús.
Asimismo, se presentó un mapa donde se puede obtener información sobre basurales, calidad de agua, riesgo socioambiental de la población y plomo en la sangre
Desde la ACUMAR, se precisó que “durante 2017 la dirección de Salud y Educación Ambiental reportó un total de 46.836 personas alcanzadas entre las distintas prestaciones en 42 barrios capitalinos y los 14 municipios que abarca la Cuenca Matanza Riachuelo”.
Esa cifra fue cuestionada por entidades y entendidos en cuanto a cantidades en relación a años anteriores, lo mismo que los controles sobre empresas que vuelcan desechos al curso de agua.
Historia vieja
En el caso de Inflamable, el porcentaje de contaminación nunca descendió. Un relevamiento de 1999-2000 mostró que debajo de las tierras de ese barrio estaban enterradas miles de baterías de una ex fábrica.
Con un 37 por ciento de contaminados ya por entonces, tampoco se avanzó cuando una lluvia de ácido cayó sobre una escuela de Dock Sud, donde tiempo después en un acto se anunció que se erradicaba el Polo Petroquímico, con presencia de un ex presidente, un ex gobernador y un ex intendente de Avellaneda, cuyo ex secretario de Obras es el actual mandatario. De 442 familias que se iban a erradicar a la Isla Maciel, sólo partió la mitad.
Hoy, de un total de 1.761 personas que no se sometían o tenían acceso a controles; el 36,7 por ciento fueron derivadas; el 33,8 rechazaron la intervención; el 7 por ciento continúa bajo seguimiento sanitario y 22,4 se encuentran todavía en proceso de derivación.
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La postal ambiental del Riachuelo actualizada
Plomo en sangre, agua sin oxígeno y cientos de basurales: la impactante radiografía actualizada del Riachuelo
Fecha de Publicación: 27/12/2017
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Riachuelo
El 40% de la población de Villa Inflamable, en el Polo Petroquímico de Dock Sud, tiene índices elevados de plomo en la sangre; la misma fuente de contaminación se detectó en tres de cada diez habitantes de un asentamiento en Lanús; en dos de cada diez, de la villa 21-24, de Barracas, en Wilde y en San Francisco y porcentajes similares se hallaron en la villa 26, en la margen porteña del Riachuelo. El plomo es un metal pesado neurotóxico que, cuando está presente en la sangre, circula por todo el organismo ocasionando daños neurológicos irreversibles al llegar al cerebro y se acumula con el tiempo.
Estas preocupantes cifras se dieron a conocer el viernes durante la presentación del nuevo portal de datos abiertos de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar), una herramienta exigida por el fallo dictado por la Corte en 2008 que ordena sanear el curso de agua más contaminado de la Argentina.
Casi una década después de aquella sentencia ambiental, la Acumar, conformada por autoridades de los gobiernos nacional, bonaerense y porteño, abren al público alguna de la información recabada por el organismo.
La herramienta más dinámica que se presentó en un acto en el Museo Histórico Nacional es un mapa en donde se puede obtener, por capas, información respecto de basurales, calidad de agua, riesgo socio ambiental de la población y plombemias (presencia de plomo en la sangre). No tiene, sin embargo, una capa que permita superponer, por ejemplo, la cantidad y el tipo de industrias radicadas en la cuenca en las cercanías de los asentamientos poblacionales y del curso de agua.
"Hoy comenzamos una etapa que creemos va a impactar directa y favorablemente en la relación entre el ciudadano y la Cuenca, una etapa que marca el fin de la lógica de la información cerrada, encriptada y no digitalizada, dentro y fuera de Acumar", dijo la presidenta del organismo, Dorina Bonetti.
La presentación y actualización de esta información también fue un requerimiento del mes pasado de la Corte so pena de embargar el sueldo de Bonetti si no cumplía en un plazo de 30 días. "Más allá del proceso judicial de la causa, nosotros creemos que es lo que hay que hacer. Queremos transparentar la gestión", indicó la funcionaria a Infobae, quien asumió la presidencia de Acumar luego de que Gladys González fuera elegida senadora por la provincia de Buenos Aires. Bonetti es la cuarta titular que pone Cambiemos al frente del organismo.
En la presentación, que se realizó junto a autoridades del Ministerio de Modernización de la Nación, los integrantes de Acumar manifestaron que estas plataformas permitirán estandarizar, centralizar, sistematizar, analizar y difundir información ambiental para la toma de decisiones relativas a la Cuenca Matanza Riachuelo.
Andrés Nápoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (Farn) y miembro del Cuerpo Colegiado conformado por ONGs para supervisar el cumplimiento del fallo de la Corte, celebró el aporte de los datos. "Es positivo es que se mejore en información geo referenciada; tiene información pero no tiene las medidas que se están tomando. No hay cruce alguno", indicó.
En ese sentido, cuando se le requirió a Bonetti datos, por ejemplo, de la población contaminada con plomo, indicó que se hizo un análisis de unos 32.000 habitantes y que los análisis dieron positivo en el 10% de los casos. "Empezamos a notar que muchas de las personas que están contaminadas con plomo no es a causa de la contaminación del suelo sino de las actividades que se realizan en las propias casas o en la comunidad que habitan. Cuando se detecta un caso positivo se sigue el tratamiento en cada municipio", aseguró a Infobae.
Aunque en menor medida, también aparecieron otros contaminantes como el cromo, el benceno o el tolueno, hidrocarburos que generan problemas neurológicos. Sin embargo, tampoco se detalló cuáles son los tratamientos de esa población detectada, cuántas personas son las afectadas ni cuál es la fuente que genera esa contaminación.
Respecto de los índices de la calidad de agua, los niveles oscilan entre los 13 y los 60 puntos ICA (Índice de Calidad de Agua); esto significa que es muy malo. Como para darse una idea, hasta los 30 puntos no puede desarrollarse la vida, según la escala internacional. Pero eso no es lo peor. "Esos índices no van a aportar mucho porque las normas en las que se basan son totalmente inadecuadas", opinó Nápoli. El experto se refiere a los límites permitidos de vuelcos de las industrias permitidos en la cuenca. Durante la breve gestión de González se anunció una nueva normativa que fue muy criticada por los ambientalistas porque volvía a permitir contaminantes que habían sido prohibidos hace años.
Bonetti aseguró ayer que están trabajando en una nueva versión de la norma.
Los basurales, de distinto tamaño, siguen apareciendo en como un problema. La gestión de residuos es uno de los puntos flacos de la gestión que, varias veces anuncia la erradicación de basurales, pero vuelven a aparecer.
Uno de los paquetes de datos que más se destacan son las nóminas de inspectores con foto incluida, información que desde ahora puede ser consultada por cualquier ciudadano.
Las grandes ausentes en la batería de datos que se dieron a conocer ayer son las industrias: "Desaparecieron los agentes contaminantes nominados, hoy no sabemos cuáles son los industrias contaminantes de la cuenca aunque sea una tabla estática", dijo Nápoli. Tampoco aparecen las industrias ni su tipo en las capas de los mapas interactivos. Según indicaron en Acumar, esa información se cargará en los próximos días.
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Fecha de Publicación: 27/12/2017
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Riachuelo
El 40% de la población de Villa Inflamable, en el Polo Petroquímico de Dock Sud, tiene índices elevados de plomo en la sangre; la misma fuente de contaminación se detectó en tres de cada diez habitantes de un asentamiento en Lanús; en dos de cada diez, de la villa 21-24, de Barracas, en Wilde y en San Francisco y porcentajes similares se hallaron en la villa 26, en la margen porteña del Riachuelo. El plomo es un metal pesado neurotóxico que, cuando está presente en la sangre, circula por todo el organismo ocasionando daños neurológicos irreversibles al llegar al cerebro y se acumula con el tiempo.
Estas preocupantes cifras se dieron a conocer el viernes durante la presentación del nuevo portal de datos abiertos de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar), una herramienta exigida por el fallo dictado por la Corte en 2008 que ordena sanear el curso de agua más contaminado de la Argentina.
Casi una década después de aquella sentencia ambiental, la Acumar, conformada por autoridades de los gobiernos nacional, bonaerense y porteño, abren al público alguna de la información recabada por el organismo.
La herramienta más dinámica que se presentó en un acto en el Museo Histórico Nacional es un mapa en donde se puede obtener, por capas, información respecto de basurales, calidad de agua, riesgo socio ambiental de la población y plombemias (presencia de plomo en la sangre). No tiene, sin embargo, una capa que permita superponer, por ejemplo, la cantidad y el tipo de industrias radicadas en la cuenca en las cercanías de los asentamientos poblacionales y del curso de agua.
"Hoy comenzamos una etapa que creemos va a impactar directa y favorablemente en la relación entre el ciudadano y la Cuenca, una etapa que marca el fin de la lógica de la información cerrada, encriptada y no digitalizada, dentro y fuera de Acumar", dijo la presidenta del organismo, Dorina Bonetti.
La presentación y actualización de esta información también fue un requerimiento del mes pasado de la Corte so pena de embargar el sueldo de Bonetti si no cumplía en un plazo de 30 días. "Más allá del proceso judicial de la causa, nosotros creemos que es lo que hay que hacer. Queremos transparentar la gestión", indicó la funcionaria a Infobae, quien asumió la presidencia de Acumar luego de que Gladys González fuera elegida senadora por la provincia de Buenos Aires. Bonetti es la cuarta titular que pone Cambiemos al frente del organismo.
En la presentación, que se realizó junto a autoridades del Ministerio de Modernización de la Nación, los integrantes de Acumar manifestaron que estas plataformas permitirán estandarizar, centralizar, sistematizar, analizar y difundir información ambiental para la toma de decisiones relativas a la Cuenca Matanza Riachuelo.
Andrés Nápoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (Farn) y miembro del Cuerpo Colegiado conformado por ONGs para supervisar el cumplimiento del fallo de la Corte, celebró el aporte de los datos. "Es positivo es que se mejore en información geo referenciada; tiene información pero no tiene las medidas que se están tomando. No hay cruce alguno", indicó.
En ese sentido, cuando se le requirió a Bonetti datos, por ejemplo, de la población contaminada con plomo, indicó que se hizo un análisis de unos 32.000 habitantes y que los análisis dieron positivo en el 10% de los casos. "Empezamos a notar que muchas de las personas que están contaminadas con plomo no es a causa de la contaminación del suelo sino de las actividades que se realizan en las propias casas o en la comunidad que habitan. Cuando se detecta un caso positivo se sigue el tratamiento en cada municipio", aseguró a Infobae.
Aunque en menor medida, también aparecieron otros contaminantes como el cromo, el benceno o el tolueno, hidrocarburos que generan problemas neurológicos. Sin embargo, tampoco se detalló cuáles son los tratamientos de esa población detectada, cuántas personas son las afectadas ni cuál es la fuente que genera esa contaminación.
Respecto de los índices de la calidad de agua, los niveles oscilan entre los 13 y los 60 puntos ICA (Índice de Calidad de Agua); esto significa que es muy malo. Como para darse una idea, hasta los 30 puntos no puede desarrollarse la vida, según la escala internacional. Pero eso no es lo peor. "Esos índices no van a aportar mucho porque las normas en las que se basan son totalmente inadecuadas", opinó Nápoli. El experto se refiere a los límites permitidos de vuelcos de las industrias permitidos en la cuenca. Durante la breve gestión de González se anunció una nueva normativa que fue muy criticada por los ambientalistas porque volvía a permitir contaminantes que habían sido prohibidos hace años.
Bonetti aseguró ayer que están trabajando en una nueva versión de la norma.
Los basurales, de distinto tamaño, siguen apareciendo en como un problema. La gestión de residuos es uno de los puntos flacos de la gestión que, varias veces anuncia la erradicación de basurales, pero vuelven a aparecer.
Uno de los paquetes de datos que más se destacan son las nóminas de inspectores con foto incluida, información que desde ahora puede ser consultada por cualquier ciudadano.
Las grandes ausentes en la batería de datos que se dieron a conocer ayer son las industrias: "Desaparecieron los agentes contaminantes nominados, hoy no sabemos cuáles son los industrias contaminantes de la cuenca aunque sea una tabla estática", dijo Nápoli. Tampoco aparecen las industrias ni su tipo en las capas de los mapas interactivos. Según indicaron en Acumar, esa información se cargará en los próximos días.
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Riachuelo con más acceso a su información ambiental
ACUMAR facilita el acceso a su información
Fecha de Publicación: 26/12/2017
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Riachuelo
Autoridades del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable participaron de la presentación de las nuevas herramientas digitales de ACUMAR.
Representantes del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación acompañaron la presentación del Portal de Datos Abiertos, el Sistema de Información de Ordenamiento Ambiental del Territorio (SIOAT), y la renovación del portal web de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), que se realizó en el Museo Histórico Nacional en conjunto con funcionarios del Ministerio de Modernización nacional.
El Portal de Datos Abiertos; el Sistema de Información de Ordenamiento Ambiental del Territorio (SIOAT), y la renovación del portal web son herramientas que brindarán soluciones a requerimientos históricos e invitarán a participar a los ciudadanos ofreciendo información compleja -útil para ámbitos periodísticos, académicos y técnicos- con una mirada simple y de fácil interpretación.
“Hoy comenzamos una etapa que creemos va a impactar directa y favorablemente en la relación entre el ciudadano y la Cuenca, una etapa que marca el fin de la lógica de la información cerrada, encriptada y no digitalizada, dentro y fuera de ACUMAR”, expresó la presidenta de ACUMAR, Dorina Bonetti, al presentar las nuevas plataformas de acceso a la información pública de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo.
“Decidimos dar un salto en las plataformas de información pública del Organismo –agregó Bonetti- porque nos sentimos tranquilos y seguros de nuestro trabajo, y porque creemos firmemente que aplicando políticas de Transparencia y Gobierno Abierto les permitimos a todos los actores que nos ayuden a construir una mejor política pública que incida directamente en una mejor calidad de vida”.
En la presentación, que se realizó junto a autoridades del Ministerio de Modernización de la Nación, los integrantes de ACUMAR manifestaron que estas plataformas permitirán estandarizar, centralizar, sistematizar, analizar y difundir información ambiental para la toma de decisiones relativas a la Cuenca Matanza Riachuelo.
“Es esencial para la gestión pública trabajar en cómo mejorar las normas y las reglas para que todos puedan acceder a la infraestructura de datos abiertos. Trabajamos en generar acceso a la información para los funcionarios y para el público. El portal de datos es una web de código abierto centrada en la información, generamos valor para la gestión”, expresó Rudi Borrman, subsecretario de Innovación Pública del Ministerio de Modernización de la Nación.
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Fecha de Publicación: 26/12/2017
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Riachuelo
Autoridades del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable participaron de la presentación de las nuevas herramientas digitales de ACUMAR.
Representantes del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación acompañaron la presentación del Portal de Datos Abiertos, el Sistema de Información de Ordenamiento Ambiental del Territorio (SIOAT), y la renovación del portal web de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), que se realizó en el Museo Histórico Nacional en conjunto con funcionarios del Ministerio de Modernización nacional.
El Portal de Datos Abiertos; el Sistema de Información de Ordenamiento Ambiental del Territorio (SIOAT), y la renovación del portal web son herramientas que brindarán soluciones a requerimientos históricos e invitarán a participar a los ciudadanos ofreciendo información compleja -útil para ámbitos periodísticos, académicos y técnicos- con una mirada simple y de fácil interpretación.
“Hoy comenzamos una etapa que creemos va a impactar directa y favorablemente en la relación entre el ciudadano y la Cuenca, una etapa que marca el fin de la lógica de la información cerrada, encriptada y no digitalizada, dentro y fuera de ACUMAR”, expresó la presidenta de ACUMAR, Dorina Bonetti, al presentar las nuevas plataformas de acceso a la información pública de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo.
“Decidimos dar un salto en las plataformas de información pública del Organismo –agregó Bonetti- porque nos sentimos tranquilos y seguros de nuestro trabajo, y porque creemos firmemente que aplicando políticas de Transparencia y Gobierno Abierto les permitimos a todos los actores que nos ayuden a construir una mejor política pública que incida directamente en una mejor calidad de vida”.
En la presentación, que se realizó junto a autoridades del Ministerio de Modernización de la Nación, los integrantes de ACUMAR manifestaron que estas plataformas permitirán estandarizar, centralizar, sistematizar, analizar y difundir información ambiental para la toma de decisiones relativas a la Cuenca Matanza Riachuelo.
“Es esencial para la gestión pública trabajar en cómo mejorar las normas y las reglas para que todos puedan acceder a la infraestructura de datos abiertos. Trabajamos en generar acceso a la información para los funcionarios y para el público. El portal de datos es una web de código abierto centrada en la información, generamos valor para la gestión”, expresó Rudi Borrman, subsecretario de Innovación Pública del Ministerio de Modernización de la Nación.
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Riachuelo: de villa a paseo costero
Reubican a 118 familias para transformar la villa 26 en un paseo costero
Fecha de Publicación: 07/12/2017
Fuente: La Prensa
Provincia/Región: Riachuelo
Las 118 familias que habitan la Villa 26 de la ciudad de Buenos Aires serán mudadas a nuevas viviendas la próxima semana y sus casillas demolidas para transformar el lugar en un paseo costero junto al Riachuelo, que incluirá espacios verdes y de circulación para peatones, bicicletas y vehículos ligeros.
La mudanza, a cargo del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC), comenzará el 11 de este mes y responde a las exigencias del "Fallo Mendoza" de la Corte Suprema, que ordenó a relocalizar a quienes vivan en el camino de sirga -una senda de 35 metros de ancho desde una ribera- del Riachuelo, uno de los ríos más contaminados del mundo.
La asignación de las viviendas, por las que cada grupo pagará a 30 años con un crédito hipotecario de cuotas mensuales de hasta el 20% del ingreso familiar, fue definida en las mesas participativas entre vecinos y el Estado, en las que acordaron cada aspecto de la mudanza.
"No sólo importa que la gente se apropie de su casa, sino también del proceso. Su relocalización será sustentable en el tiempo sí ellos se vuelven actores principales de la transformación, y eso importa más que la obra en sí", dijo Juan Maquieyra, presidente del IVC, durante una recorrida por el barrio.
De las 118 familias, las 64 con mayor antigüedad en la Villa vivirán en el complejo San Antonio, a pocas cuadras de allí y en el barrio de Barracas, mientras que las restantes 54 irán al complejo Lacarra, junto al Club Español, en el barrio de Villa Lugano.
Dentro de cada complejo la asignación se definió por dos criterios: cantidad de integrantes (dormitorios) y edad, de modo que los más ancianos vivan en planta baja, para recién después coordinar la ubicación en base a la afinidad entre vecinos.
"Eso es muy positivo. Hay grandes familias que se organizan para vivir en un mismo piso o compartir un consorcio con gente con la que se llevan bien", dijo Santiago Sarachian, coordinador del IVC en temas vinculados al camino de sirga.
El objetivo es claro: no repetir los errores de los años 70 y 80, cuando para relocalizar a los habitantes de las villas se los trasladaba a enormes edificios sin ningún criterio de ubicación ni escritura de propiedad.
"Muchas de las personas que se fueron a vivir a los viejos complejos sienten, aún hoy, que la casa no es suya, sino del Estado. Es imposible que algo así funcione", aseguró Sarachian.
El complejo San Antonio fue construido en la estructura de una antigua fábrica, a la que se demolió en gran parte para duplicar los espacios internos y hacer un edificio de cinco pisos con terraza, donde se instalaron termotanques solares para ahorrar energía.
"Mantuvimos las estructuras básicas y el frente del edificio. Los departamentos son muy luminosos, con amplios espacios de ventilación y materiales propios de una vivienda de clase media. En su mayoría son de dos dormitorios, pero también los hay de uno y de tres, y todos tienen espacios para lavadero, cocina y un baño", explicó el gerente de la obra, Diego Mendoza.
Entre esas unidades está el futuro hogar de Cristian Cardozo -y de sus tres hijos- quien, luego de haber vivido durante casi medio siglo en la villa, se mudará a su primera casa con escritura.
"Estoy enamorado. Ya la fui a ver y me encanta. Yo no me quería ir de acá, pero ahora no aguanto las ganas de mudarme", aseguró a esta agencia Cardozo, que heredó el lote de la villa en el que vive de su abuela, una antigua guardiana de terrenos de una fábrica.
"Lo fundamental en esto es que el Estado esté presente antes, durante y después de la relocalización. Primero conformamos los consorcios, escrituramos las viviendas y recién después las entregamos", afirmó Maquieyra.
Para la etapa posterior queda acompañar con el cuidado del edificio, su mantenimiento y a preservar los vínculos humanos construidos.
Por eso, cuando la reubicación se hace en viviendas alejadas del la residencia actual (caso de Lacarra) se lleva a las familias a conocer el club, la parroquia, las escuelas y otros lugares del nuevo barrio.
"En la Ciudad usamos la política del arraigo de modo que la gente siga viviendo en su barrio, pero en los casos en los que no se puede, los ayudamos a vincularse con su nuevo destino", indicó el presidente del IVC.
El derribo de la Villa 26 se suma al de los asentamientos El pueblito, Luján y Magaldi, así como a otros tramos de la villa 21-24, también junto al Riachuelo, donde casi 700 familias que vivían allí fueron relocalizadas en los últimos años.
Concluida esta mudanza, una de cada tres familias que vivían junto al Riachuelo (1.837 según un censo del 2015) habrán sido reubicadas en zonas donde no peligre su salud por motivos ambientales, en tanto el compromiso de la Ciudad es que para 2019 no haya ninguna residiendo en las riberas porteñas del Riachuelo.
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Fecha de Publicación: 07/12/2017
Fuente: La Prensa
Provincia/Región: Riachuelo
Las 118 familias que habitan la Villa 26 de la ciudad de Buenos Aires serán mudadas a nuevas viviendas la próxima semana y sus casillas demolidas para transformar el lugar en un paseo costero junto al Riachuelo, que incluirá espacios verdes y de circulación para peatones, bicicletas y vehículos ligeros.
La mudanza, a cargo del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC), comenzará el 11 de este mes y responde a las exigencias del "Fallo Mendoza" de la Corte Suprema, que ordenó a relocalizar a quienes vivan en el camino de sirga -una senda de 35 metros de ancho desde una ribera- del Riachuelo, uno de los ríos más contaminados del mundo.
La asignación de las viviendas, por las que cada grupo pagará a 30 años con un crédito hipotecario de cuotas mensuales de hasta el 20% del ingreso familiar, fue definida en las mesas participativas entre vecinos y el Estado, en las que acordaron cada aspecto de la mudanza.
"No sólo importa que la gente se apropie de su casa, sino también del proceso. Su relocalización será sustentable en el tiempo sí ellos se vuelven actores principales de la transformación, y eso importa más que la obra en sí", dijo Juan Maquieyra, presidente del IVC, durante una recorrida por el barrio.
De las 118 familias, las 64 con mayor antigüedad en la Villa vivirán en el complejo San Antonio, a pocas cuadras de allí y en el barrio de Barracas, mientras que las restantes 54 irán al complejo Lacarra, junto al Club Español, en el barrio de Villa Lugano.
Dentro de cada complejo la asignación se definió por dos criterios: cantidad de integrantes (dormitorios) y edad, de modo que los más ancianos vivan en planta baja, para recién después coordinar la ubicación en base a la afinidad entre vecinos.
"Eso es muy positivo. Hay grandes familias que se organizan para vivir en un mismo piso o compartir un consorcio con gente con la que se llevan bien", dijo Santiago Sarachian, coordinador del IVC en temas vinculados al camino de sirga.
El objetivo es claro: no repetir los errores de los años 70 y 80, cuando para relocalizar a los habitantes de las villas se los trasladaba a enormes edificios sin ningún criterio de ubicación ni escritura de propiedad.
"Muchas de las personas que se fueron a vivir a los viejos complejos sienten, aún hoy, que la casa no es suya, sino del Estado. Es imposible que algo así funcione", aseguró Sarachian.
El complejo San Antonio fue construido en la estructura de una antigua fábrica, a la que se demolió en gran parte para duplicar los espacios internos y hacer un edificio de cinco pisos con terraza, donde se instalaron termotanques solares para ahorrar energía.
"Mantuvimos las estructuras básicas y el frente del edificio. Los departamentos son muy luminosos, con amplios espacios de ventilación y materiales propios de una vivienda de clase media. En su mayoría son de dos dormitorios, pero también los hay de uno y de tres, y todos tienen espacios para lavadero, cocina y un baño", explicó el gerente de la obra, Diego Mendoza.
Entre esas unidades está el futuro hogar de Cristian Cardozo -y de sus tres hijos- quien, luego de haber vivido durante casi medio siglo en la villa, se mudará a su primera casa con escritura.
"Estoy enamorado. Ya la fui a ver y me encanta. Yo no me quería ir de acá, pero ahora no aguanto las ganas de mudarme", aseguró a esta agencia Cardozo, que heredó el lote de la villa en el que vive de su abuela, una antigua guardiana de terrenos de una fábrica.
"Lo fundamental en esto es que el Estado esté presente antes, durante y después de la relocalización. Primero conformamos los consorcios, escrituramos las viviendas y recién después las entregamos", afirmó Maquieyra.
Para la etapa posterior queda acompañar con el cuidado del edificio, su mantenimiento y a preservar los vínculos humanos construidos.
Por eso, cuando la reubicación se hace en viviendas alejadas del la residencia actual (caso de Lacarra) se lleva a las familias a conocer el club, la parroquia, las escuelas y otros lugares del nuevo barrio.
"En la Ciudad usamos la política del arraigo de modo que la gente siga viviendo en su barrio, pero en los casos en los que no se puede, los ayudamos a vincularse con su nuevo destino", indicó el presidente del IVC.
El derribo de la Villa 26 se suma al de los asentamientos El pueblito, Luján y Magaldi, así como a otros tramos de la villa 21-24, también junto al Riachuelo, donde casi 700 familias que vivían allí fueron relocalizadas en los últimos años.
Concluida esta mudanza, una de cada tres familias que vivían junto al Riachuelo (1.837 según un censo del 2015) habrán sido reubicadas en zonas donde no peligre su salud por motivos ambientales, en tanto el compromiso de la Ciudad es que para 2019 no haya ninguna residiendo en las riberas porteñas del Riachuelo.
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La Corte Suprema ordena a la Acumar brindar información
CS de Argentina ordenó a la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo informar sobre cumplimiento de plan de saneamiento ambiental.
Fecha de Publicación: 16/11/2017
Fuente: Diario Constitucional
Provincia/Región: Riachuelo
Se ordenó a la Acumar que en el plazo de 30 días acompañe la información requerida, adecuando el informe a la clasificación establecida en la sentencia del año 2008.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina ordenó a la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar) brindar información sobre saneamiento de basurales y limpieza de márgenes, asentamientos precarios, expansión de red de agua potable y cloacas y plan sanitario de emergencia, en el marco del Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA) ordenado mediante sentencia del año 2008.
En su resolución, el máximo Tribunal trasandino expuso que, como consecuencia de las deficiencias en el cumplimiento del mencionado programa, constatadas en la audiencia pública celebrada el 30 de noviembre de 2016, el Tribunal adoptó una serie de medidas para el inmediato y más eficaz cumplimiento de la sentencia. Para ello, solicitó a la Acumar la presentación de un informe en el cual se detalle –en forma sintética y precisa- un calendario con los objetivos de corto, medio y largo alcance para cada uno de los objetivos del PISA, con indicación del plazo de cumplimiento de cada uno de ellos. Sin embargo, de la lectura del informe presentado por la Acumar en cumplimiento de la mencionada resolución, se advierte que su contenido es insuficiente, por contener datos expresados de manera telegráfica y obviar referencias imprescindibles de contexto para conocer lo que se proyecta. Además, el informe presentado por la Acumar no respeta la terminología que la Corte estableció en la sentencia del año 2008 para precisar las diversas mandas y que de manera consistente siguió utilizando en sucesivos pronunciamientos para identificar los distintos componentes del PISA.
El fallo agregó que en el informe presentado se omite información específica que requirió el Tribunal. Así, no se informó respecto de la presencia de basurales a cielo abierto; sobre la gestión integral de residuos sólidos; ni acerca de la necesidad señalada de armonizar el trabajo en materia de recolección de residuos entre la Autoridad de Cuenca y los municipios de la Provincia de Buenos Aires. Tampoco hay información sobre obras desvinculadas del Plan Maestro de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), especialmente sobre las obras financiadas por ENHOSA, tales como el Colector Cloacas Claypole en el Partido de Almirante Brown. De igual manera, tampoco informó la Acumar sobre el cumplimiento del Convenio Marco del Programa de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios celebrado en el mes de septiembre de 2010; sobre la liberación del camino de sirga a la altura de las villas 21-24 y 26, ni sobre las demoras en el proceso de relocalización de los habitantes de Villa Inflamable. Por último, tampoco se ha informado en forma detallada la cantidad y distribución geográfica de las personas que sufren alguna enfermedad vinculada con la contaminación y cuántas de ellas están en seguimiento, y de ellas cuantos son niños menores de 6 años, así como tampoco se indicó el destino que se le dará a las unidades sanitarias móviles, ni la fecha de comienzo de atención del Hospital de Cañuelas.
Por lo anterior, se ordenó a la Acumar que en el plazo de 30 días acompañe la información requerida, adecuando el informe a la clasificación establecida en la sentencia del año 2008.
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Fecha de Publicación: 16/11/2017
Fuente: Diario Constitucional
Provincia/Región: Riachuelo
Se ordenó a la Acumar que en el plazo de 30 días acompañe la información requerida, adecuando el informe a la clasificación establecida en la sentencia del año 2008.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina ordenó a la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar) brindar información sobre saneamiento de basurales y limpieza de márgenes, asentamientos precarios, expansión de red de agua potable y cloacas y plan sanitario de emergencia, en el marco del Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA) ordenado mediante sentencia del año 2008.
En su resolución, el máximo Tribunal trasandino expuso que, como consecuencia de las deficiencias en el cumplimiento del mencionado programa, constatadas en la audiencia pública celebrada el 30 de noviembre de 2016, el Tribunal adoptó una serie de medidas para el inmediato y más eficaz cumplimiento de la sentencia. Para ello, solicitó a la Acumar la presentación de un informe en el cual se detalle –en forma sintética y precisa- un calendario con los objetivos de corto, medio y largo alcance para cada uno de los objetivos del PISA, con indicación del plazo de cumplimiento de cada uno de ellos. Sin embargo, de la lectura del informe presentado por la Acumar en cumplimiento de la mencionada resolución, se advierte que su contenido es insuficiente, por contener datos expresados de manera telegráfica y obviar referencias imprescindibles de contexto para conocer lo que se proyecta. Además, el informe presentado por la Acumar no respeta la terminología que la Corte estableció en la sentencia del año 2008 para precisar las diversas mandas y que de manera consistente siguió utilizando en sucesivos pronunciamientos para identificar los distintos componentes del PISA.
El fallo agregó que en el informe presentado se omite información específica que requirió el Tribunal. Así, no se informó respecto de la presencia de basurales a cielo abierto; sobre la gestión integral de residuos sólidos; ni acerca de la necesidad señalada de armonizar el trabajo en materia de recolección de residuos entre la Autoridad de Cuenca y los municipios de la Provincia de Buenos Aires. Tampoco hay información sobre obras desvinculadas del Plan Maestro de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), especialmente sobre las obras financiadas por ENHOSA, tales como el Colector Cloacas Claypole en el Partido de Almirante Brown. De igual manera, tampoco informó la Acumar sobre el cumplimiento del Convenio Marco del Programa de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios celebrado en el mes de septiembre de 2010; sobre la liberación del camino de sirga a la altura de las villas 21-24 y 26, ni sobre las demoras en el proceso de relocalización de los habitantes de Villa Inflamable. Por último, tampoco se ha informado en forma detallada la cantidad y distribución geográfica de las personas que sufren alguna enfermedad vinculada con la contaminación y cuántas de ellas están en seguimiento, y de ellas cuantos son niños menores de 6 años, así como tampoco se indicó el destino que se le dará a las unidades sanitarias móviles, ni la fecha de comienzo de atención del Hospital de Cañuelas.
Por lo anterior, se ordenó a la Acumar que en el plazo de 30 días acompañe la información requerida, adecuando el informe a la clasificación establecida en la sentencia del año 2008.
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La UPE del Riachuelo expuso en la legislatura
Informaron sobre las acciones de saneamiento en la Cuenca Matanza–Riachuelo
Fecha de Publicación: 13/11/2017
Fuente: El Parlamentario
Provincia/Región: Riachuelo
En una reunión pública especial convocada por la Comisión de Ambiente el responsable de la Unidad de Proyectos Especiales Cuenca Matanza - Riachuelo, Alberto Términe, expuso lo realizado por la Ciudad de Buenos Aires.
El titular de la Unidad de Proyectos Especiales Cuenca Matanza - Riachuelo (UPE) y miembro del consejo directivo de la Autoridad de Cuenca (ACUMAR), Alberto Términe, durante una reunión pública especial convocada por la Comisión legislativa de Ambiente -que preside la diputada de Suma+ María Inés Gorbea- expuso las acciones concretadas entre octubre de 2016 y setiembre del corriente año la Ciudad, es decir en las Comunas 4, 7, 8 y 9 que representan el 4% de la superficie total.
La UPE ACUMAR fue creada en el año 2013 en el marco de la causa Mendoza sobre la que se expidió la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 2008. Sus principales funciones son las de coordinar acciones, centralizar la información y elaborar proyectos conforme a las políticas públicas que el Gobierno porteño diseña para dar cumplimiento al Plan Integral de Saneamiento Ambiental -PISA. Su misión es fortalecer el vínculo con el Estado Nacional y la Provincia de Buenos Aires y los 14 municipios bonaerenses que integran la Cuenca Matanza - Riachuelo (CMR).
De esta manera Términe detalló las acciones realizadas con relación a cantidad de habitantes relocalizados provenientes de los asentamientos existentes en el camino de sirga. Por lo que explicó que se invierten 5.183 millones de pesos y que los fondos iniciales del 2013 en la actualidad son 1.885 millones, en en 2017 llegan a 144% más que el año pasado.
Respecto al estado financiero de los créditos otorgados por convenios con organismos multilaterales de crédito y las sumas desembolsadas apuntó que el fondo global al año 2021 es de 1.200 millones de dólares.
Asimismo el funcionario especificó que durante el último año la recolección y transporte de líquidos cloacales a lo largo de los 48 km de costa y la relocalización de 570 familias llegó al 26%, aunque admitió que faltan otras 1.634 familias hasta el 2019. “El camino de sirga actualmente está desocupado y se terminará en la segunda mitad del 2019”, aseveró.
En otro tramo de su exposición con relación a Higiene Urbana, Términe explicó que “se evitaron arrojar al Riachuelo más de 1.700 toneladas de basura”.
En relación a las empresas y establecimientos industriales empadronados, señaló que se efectuaron 6.944 inspecciones y 44 clausuras. También expuso resultados de los monitoreos mensuales de agua y estudios de suelo; mientras que sobre la contaminación del agua por residuos advirtió que “si bien se mejoraron aún siguen siendo elevados”.
Además aludió al estado de situación del sistema de salud y a las acciones desarrolladas incluyendo los datos -de acuerdo al registro específico- de la asistencia y atención médica brindada por afecciones relacionadas con el impacto contaminante de la Cuenca y sobre las estrategias de prevención y promoción de la salud implementadas e información referida al funcionamiento de los Centros de Salud Ambiental y al nodo de vigilancia epidemiológica. Por lo que remarcó la importancia de la atención en los cuatro hospitales públicos -Argerich, Penna, Piñero y Santojanni-, los 24 CeSacs y 46 centros médicos barriales cuyas vacantes de profesionales fueron cubiertas por llamados a concurso de antecedentes.
En la reunión estuvieron presentes los legisladores del Pro Mercedes de las Casas, Diego Marías, Natalia Persini y Carolina Esteberena; de Suma+ María Inés Gorbea y de PSA Adrián Camps.
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Fecha de Publicación: 13/11/2017
Fuente: El Parlamentario
Provincia/Región: Riachuelo
En una reunión pública especial convocada por la Comisión de Ambiente el responsable de la Unidad de Proyectos Especiales Cuenca Matanza - Riachuelo, Alberto Términe, expuso lo realizado por la Ciudad de Buenos Aires.
El titular de la Unidad de Proyectos Especiales Cuenca Matanza - Riachuelo (UPE) y miembro del consejo directivo de la Autoridad de Cuenca (ACUMAR), Alberto Términe, durante una reunión pública especial convocada por la Comisión legislativa de Ambiente -que preside la diputada de Suma+ María Inés Gorbea- expuso las acciones concretadas entre octubre de 2016 y setiembre del corriente año la Ciudad, es decir en las Comunas 4, 7, 8 y 9 que representan el 4% de la superficie total.
La UPE ACUMAR fue creada en el año 2013 en el marco de la causa Mendoza sobre la que se expidió la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 2008. Sus principales funciones son las de coordinar acciones, centralizar la información y elaborar proyectos conforme a las políticas públicas que el Gobierno porteño diseña para dar cumplimiento al Plan Integral de Saneamiento Ambiental -PISA. Su misión es fortalecer el vínculo con el Estado Nacional y la Provincia de Buenos Aires y los 14 municipios bonaerenses que integran la Cuenca Matanza - Riachuelo (CMR).
De esta manera Términe detalló las acciones realizadas con relación a cantidad de habitantes relocalizados provenientes de los asentamientos existentes en el camino de sirga. Por lo que explicó que se invierten 5.183 millones de pesos y que los fondos iniciales del 2013 en la actualidad son 1.885 millones, en en 2017 llegan a 144% más que el año pasado.
Respecto al estado financiero de los créditos otorgados por convenios con organismos multilaterales de crédito y las sumas desembolsadas apuntó que el fondo global al año 2021 es de 1.200 millones de dólares.
Asimismo el funcionario especificó que durante el último año la recolección y transporte de líquidos cloacales a lo largo de los 48 km de costa y la relocalización de 570 familias llegó al 26%, aunque admitió que faltan otras 1.634 familias hasta el 2019. “El camino de sirga actualmente está desocupado y se terminará en la segunda mitad del 2019”, aseveró.
En otro tramo de su exposición con relación a Higiene Urbana, Términe explicó que “se evitaron arrojar al Riachuelo más de 1.700 toneladas de basura”.
En relación a las empresas y establecimientos industriales empadronados, señaló que se efectuaron 6.944 inspecciones y 44 clausuras. También expuso resultados de los monitoreos mensuales de agua y estudios de suelo; mientras que sobre la contaminación del agua por residuos advirtió que “si bien se mejoraron aún siguen siendo elevados”.
Además aludió al estado de situación del sistema de salud y a las acciones desarrolladas incluyendo los datos -de acuerdo al registro específico- de la asistencia y atención médica brindada por afecciones relacionadas con el impacto contaminante de la Cuenca y sobre las estrategias de prevención y promoción de la salud implementadas e información referida al funcionamiento de los Centros de Salud Ambiental y al nodo de vigilancia epidemiológica. Por lo que remarcó la importancia de la atención en los cuatro hospitales públicos -Argerich, Penna, Piñero y Santojanni-, los 24 CeSacs y 46 centros médicos barriales cuyas vacantes de profesionales fueron cubiertas por llamados a concurso de antecedentes.
En la reunión estuvieron presentes los legisladores del Pro Mercedes de las Casas, Diego Marías, Natalia Persini y Carolina Esteberena; de Suma+ María Inés Gorbea y de PSA Adrián Camps.
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Nueva audiencia de la ACUMAR
Sergio Bergman encabezó una nueva audiencia de la ACUMAR
Fecha de Publicación: 10/11/2017
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Riachuelo
El ministro de Ambiente participó de una reunión con vecinos y organizaciones barriales para discutir el “Protocolo de Abordaje Social de procesos de reurbanización y relocalización de villas y asentamientos precarios de la Cuenca Matanza Riachuelo"
Junto a la presidenta de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), Dorina Bonetti, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman, dio apertura a una nueva audiencia para tratar el "Protocolo de Abordaje Social de procesos de reurbanización y relocalización de villas y asentamientos precarios de la Cuenca". Se trató de una reunión en la que participaron referentes de instituciones, de organizaciones barriales y vecinos, expresaron su opinión sobre el tema. También estuvo el intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares.
Cerca de 200 vecinos se acercaron hasta el ex Cine Burzaco, en el que más de 40 referentes de instituciones, organizaciones barriales y vecinos, expresaron su opinión sobre el "Protocolo" ante los miembros del Consejo Directivo, directores y coordinadores de la ACUMAR y secretarios del juzgado federal N°2 de Morón y miembros de la Defensoría del Pueblo y de la Defensoría General de la Nación.
Tras las palabras de bienvenida de Cascallares, Bergman reconoció que en el caso Riachuelo "la política llega tarde y mal a algo que la justicia ya instruyó". "Es por eso, que agradecemos el acompañamiento de los jueces Jorge Rodríguez y Sergio Torres. Este trabajo tiene que ser la línea de base, no el objetivo. Lo importante es haber salido de la inercia que fue lugar común en los últimos años".
"La máxima prioridad tiene que ver con la sustentabilidad humana. Y no tanto con el curso de agua. El agua es importante, pero más aún es la vida de las personas. No por casualidad estamos aquí. Estamos para escucharlos para emprender un camino juntos. Esto no se trata solo de una política ambiental sino una política de derechos humanos. Una de las cosas que nos pide el Presidente es no llevar grandes ideas, incumplibles, sino llevar ideas probadas, que funcionen. Si otros lo han hecho por qué nosotros no podemos sanear nuestra Cuenca. Estamos en condiciones de poder rendir cuentas para poder explicarle a la población qué hacemos, cómo lo hacemos, por eso estamos acá, porque no tenemos nada que esconder", concluyó el Ministro.
Por su parte, la presidenta de la ACUMAR, agradeció al público presente y celebró la instancia de participación. "Este Protocolo que se presenta es la instancia de participación más importante de los últimos tiempos dentro del Organismo. Lo más importante es la idea fuerza que nos lleva a trabajar este tipo de cosas, la protección de los derechos. Derechos que no han sido tenidos en cuenta hasta ahora en los procesos de relocalización. Este encuentro tiene el principal objetivo de la participación para que entre todos podamos construir la herramienta que nos permita llevar en forma ordenada estos procesos. El Protocolo viene a garantizar estos derechos que han sido olvidados durante tantos años, el derecho a una vivienda digna con el entendimiento que la dignidad la dan el trabajo, el entorno, la educación y claro, los servicios básicos de saneamiento".
Por último, antes de escuchar a los oradores, la directora de Ordenamiento Territorial, Regina Ruete, junto a los coordinadores del área, presentaron los principales lineamientos y alcances del Protocolo y expresaron que el mapa de riesgo social en el que se está trabajando "servirá de guía para definir prioridades a la hora de tomar las decisiones políticas sobre dónde abordar una relocalización y dónde tomar otra medida. El Protocolo no dice qué hacer sino cómo hacerlo mejor, y lo mejor siempre es hacer las cosas en conjunto. Con la participación más amplia".
Los oradores se refirieron al Protocolo pero también opinaron sobre la situación de los asentamientos, los rellenos clandestinos, los procesos en general, la regulación dominial, la importancia de sostenibilidad de los procesos, las experiencias de las mesas de trabajo, la situación de las márgenes del río y arroyos, los mapeos participativos, y otros temas vinculados a los procesos de urbanizaciones y relocalizaciones.
Luego de esta jornada, la ACUMAR deberá elaborar un informe en el que se reflejen las opiniones y observaciones vertidas durante la Audiencia y se explique en forma detallada de qué manera se atenderán las demandas surgidas en la misma.
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Fecha de Publicación: 10/11/2017
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Riachuelo
El ministro de Ambiente participó de una reunión con vecinos y organizaciones barriales para discutir el “Protocolo de Abordaje Social de procesos de reurbanización y relocalización de villas y asentamientos precarios de la Cuenca Matanza Riachuelo"
Junto a la presidenta de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), Dorina Bonetti, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman, dio apertura a una nueva audiencia para tratar el "Protocolo de Abordaje Social de procesos de reurbanización y relocalización de villas y asentamientos precarios de la Cuenca". Se trató de una reunión en la que participaron referentes de instituciones, de organizaciones barriales y vecinos, expresaron su opinión sobre el tema. También estuvo el intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares.
Cerca de 200 vecinos se acercaron hasta el ex Cine Burzaco, en el que más de 40 referentes de instituciones, organizaciones barriales y vecinos, expresaron su opinión sobre el "Protocolo" ante los miembros del Consejo Directivo, directores y coordinadores de la ACUMAR y secretarios del juzgado federal N°2 de Morón y miembros de la Defensoría del Pueblo y de la Defensoría General de la Nación.
Tras las palabras de bienvenida de Cascallares, Bergman reconoció que en el caso Riachuelo "la política llega tarde y mal a algo que la justicia ya instruyó". "Es por eso, que agradecemos el acompañamiento de los jueces Jorge Rodríguez y Sergio Torres. Este trabajo tiene que ser la línea de base, no el objetivo. Lo importante es haber salido de la inercia que fue lugar común en los últimos años".
"La máxima prioridad tiene que ver con la sustentabilidad humana. Y no tanto con el curso de agua. El agua es importante, pero más aún es la vida de las personas. No por casualidad estamos aquí. Estamos para escucharlos para emprender un camino juntos. Esto no se trata solo de una política ambiental sino una política de derechos humanos. Una de las cosas que nos pide el Presidente es no llevar grandes ideas, incumplibles, sino llevar ideas probadas, que funcionen. Si otros lo han hecho por qué nosotros no podemos sanear nuestra Cuenca. Estamos en condiciones de poder rendir cuentas para poder explicarle a la población qué hacemos, cómo lo hacemos, por eso estamos acá, porque no tenemos nada que esconder", concluyó el Ministro.
Por su parte, la presidenta de la ACUMAR, agradeció al público presente y celebró la instancia de participación. "Este Protocolo que se presenta es la instancia de participación más importante de los últimos tiempos dentro del Organismo. Lo más importante es la idea fuerza que nos lleva a trabajar este tipo de cosas, la protección de los derechos. Derechos que no han sido tenidos en cuenta hasta ahora en los procesos de relocalización. Este encuentro tiene el principal objetivo de la participación para que entre todos podamos construir la herramienta que nos permita llevar en forma ordenada estos procesos. El Protocolo viene a garantizar estos derechos que han sido olvidados durante tantos años, el derecho a una vivienda digna con el entendimiento que la dignidad la dan el trabajo, el entorno, la educación y claro, los servicios básicos de saneamiento".
Por último, antes de escuchar a los oradores, la directora de Ordenamiento Territorial, Regina Ruete, junto a los coordinadores del área, presentaron los principales lineamientos y alcances del Protocolo y expresaron que el mapa de riesgo social en el que se está trabajando "servirá de guía para definir prioridades a la hora de tomar las decisiones políticas sobre dónde abordar una relocalización y dónde tomar otra medida. El Protocolo no dice qué hacer sino cómo hacerlo mejor, y lo mejor siempre es hacer las cosas en conjunto. Con la participación más amplia".
Los oradores se refirieron al Protocolo pero también opinaron sobre la situación de los asentamientos, los rellenos clandestinos, los procesos en general, la regulación dominial, la importancia de sostenibilidad de los procesos, las experiencias de las mesas de trabajo, la situación de las márgenes del río y arroyos, los mapeos participativos, y otros temas vinculados a los procesos de urbanizaciones y relocalizaciones.
Luego de esta jornada, la ACUMAR deberá elaborar un informe en el que se reflejen las opiniones y observaciones vertidas durante la Audiencia y se explique en forma detallada de qué manera se atenderán las demandas surgidas en la misma.
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Pueden haber encontrado la solución al cromo hexavalente
Detectan una bacteria capaz de descontaminar de cromo hexavalente los vertidos al Riachuelo
Fecha de Publicación: 01/11/2017
Fuente: Telam
Provincia/Región: Riachuelo
Fecha de Publicación: 01/11/2017
Fuente: Telam
Provincia/Región: Riachuelo
Un equipo de científicos argentinos identificó en el agua del Riachuelo una bacteria capaz de transformar la forma más tóxica del cromo, uno de los metales pesados más peligrosos que pueden hallarse en su cuenca, en una sustancia de menor impacto ambiental, lo que permitiría descontaminar los efluentes de industrias como curtiembres y galvanizadoras.
El microorganismo fue hallado en la desembocadura del Riachuelo, a la altura del barrio de La Boca, y a través de pruebas de laboratorio se descubrió como puede usarse para transformar -con un 99% de eficacia- el cromo hexavalente o Cr (VI), la forma más tóxica del metal, en cromo trivalente o Cr (III), un estado menos dañino.
"La diferencia entre el Cr (IV) y el Cr (III) radica en su estado de oxidación. Por sus características moleculares, el Cr (IV) se disuelve más fácilmente en el agua, lo que da lugar a una mayor contaminación del medio en el que se encuentra y al desarrollo de enfermedades graves como el cáncer", explicó a Télam Ana Julieta González, becaria posdoctoral del Conicet de la facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA, a cargo de la investigación.
El objetivo del equipo que lidera González era encontrar en el Riachuelo microorganismos capaces de convivir con metales pesados, por lo que tomaron muestras en aguas superficiales en seis puntos de la cuenca. En todos, incluyendo zonas menos urbanizadas e industrializadas, advirtieron concentraciones de plomo, zinc, cobre superiores a las permitidas, pero también detectaron la presencia de bacterias capaces de convivir en ese medio.
"Descubrimos que la cepa de la bacteria que encontramos en La Boca era la más eficiente para nuestro objetivo de transformar el Cr (IV) en Cr (III), es decir, que el metal adquiriera una forma indisoluble en agua", indicó González.
Según explicó, las pruebas de laboratorio mostraron como luego de que las bacterias interactuaran con el metal pesado y de un proceso de precipitación, el cromo se separaba del agua y permitía ser dispuesto como residuo sólido peligroso.
Se trata de un procedimiento biológico, semejante a otros procesos de descontaminación química que actualmente se emplean en las industrias que trabajan con metales, sólo que actúa de modo más amigable con el ambiente.
"Es una propuesta para tratar efluentes y evitar volcar contaminantes al río. Muchas industrias tratan el cromo con procesos químicos y queremos ofrecerles un proceso que sea más ecológico y hasta más económico", indicó González.
De acuerdo con los especialistas, ambos tratamientos, el químico y el biológico, podrían convivir. "Las industrias son las que deciden cuál utilizar. Esta elección seguramente dependerá de los costos, de la eficiencia, de la posibilidad de adaptar un tratamiento preexistente a esta nueva tecnología y, por supuesto, de su compromiso ambiental", señaló González.
La meta del equipo de investigadores es llevar este procedimiento a mayor escala, para lo que necesitan encontrar una forma sustentable y económica de "darles de comer" a las bacterias para ayudar a que se reproduzcan.
"La clave está en dar con el sustrato (alimento). Estamos evaluando hacerlo en base a desechos de industrias alimenticias. Una vez que lo tengamos definido vamos a probar el procedimiento en un reactor para evaluarlo en un proceso continuo", explicó la investigadora.
Según datos de la Agencia Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar), pese a su alta toxicidad, los metales pesados y otros efluentes industriales significan cerca del 20% de la contaminación del Riachuelo, mientras que el 80% restante se explica por los desechos orgánicos que viviendas, barrios cerrados, hospitales y hasta penitenciarías y clubes de golf arrojan al agua sin tratamiento previo.
Más de 2,5 millones de personas -casi el 50% de la población estimada de la cuenca- y muchas industrias radicadas en el área no cuentan con acceso al sistema cloacal, según Acumar.
Del estudio participaron también Carolina Caimán, Natalia Gorino, María Susana Fortunato, Alfredo Gallego y Sonia Korol, de la Cátedra de Salud Pública e Higiene Ambiental de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA; Marcela Radice, del Laboratorio de Resistencia Bacteriana de la Cátedra de Microbiología de esa facultad, y Carlos Gómez, Carolina Mujica y Lorena Marquina, del Centro de Tecnología del Uso del Agua del Instituto Nacional del Agua.
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El microorganismo fue hallado en la desembocadura del Riachuelo, a la altura del barrio de La Boca, y a través de pruebas de laboratorio se descubrió como puede usarse para transformar -con un 99% de eficacia- el cromo hexavalente o Cr (VI), la forma más tóxica del metal, en cromo trivalente o Cr (III), un estado menos dañino.
"La diferencia entre el Cr (IV) y el Cr (III) radica en su estado de oxidación. Por sus características moleculares, el Cr (IV) se disuelve más fácilmente en el agua, lo que da lugar a una mayor contaminación del medio en el que se encuentra y al desarrollo de enfermedades graves como el cáncer", explicó a Télam Ana Julieta González, becaria posdoctoral del Conicet de la facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA, a cargo de la investigación.
El objetivo del equipo que lidera González era encontrar en el Riachuelo microorganismos capaces de convivir con metales pesados, por lo que tomaron muestras en aguas superficiales en seis puntos de la cuenca. En todos, incluyendo zonas menos urbanizadas e industrializadas, advirtieron concentraciones de plomo, zinc, cobre superiores a las permitidas, pero también detectaron la presencia de bacterias capaces de convivir en ese medio.
"Descubrimos que la cepa de la bacteria que encontramos en La Boca era la más eficiente para nuestro objetivo de transformar el Cr (IV) en Cr (III), es decir, que el metal adquiriera una forma indisoluble en agua", indicó González.
Según explicó, las pruebas de laboratorio mostraron como luego de que las bacterias interactuaran con el metal pesado y de un proceso de precipitación, el cromo se separaba del agua y permitía ser dispuesto como residuo sólido peligroso.
Se trata de un procedimiento biológico, semejante a otros procesos de descontaminación química que actualmente se emplean en las industrias que trabajan con metales, sólo que actúa de modo más amigable con el ambiente.
"Es una propuesta para tratar efluentes y evitar volcar contaminantes al río. Muchas industrias tratan el cromo con procesos químicos y queremos ofrecerles un proceso que sea más ecológico y hasta más económico", indicó González.
De acuerdo con los especialistas, ambos tratamientos, el químico y el biológico, podrían convivir. "Las industrias son las que deciden cuál utilizar. Esta elección seguramente dependerá de los costos, de la eficiencia, de la posibilidad de adaptar un tratamiento preexistente a esta nueva tecnología y, por supuesto, de su compromiso ambiental", señaló González.
La meta del equipo de investigadores es llevar este procedimiento a mayor escala, para lo que necesitan encontrar una forma sustentable y económica de "darles de comer" a las bacterias para ayudar a que se reproduzcan.
"La clave está en dar con el sustrato (alimento). Estamos evaluando hacerlo en base a desechos de industrias alimenticias. Una vez que lo tengamos definido vamos a probar el procedimiento en un reactor para evaluarlo en un proceso continuo", explicó la investigadora.
Según datos de la Agencia Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar), pese a su alta toxicidad, los metales pesados y otros efluentes industriales significan cerca del 20% de la contaminación del Riachuelo, mientras que el 80% restante se explica por los desechos orgánicos que viviendas, barrios cerrados, hospitales y hasta penitenciarías y clubes de golf arrojan al agua sin tratamiento previo.
Más de 2,5 millones de personas -casi el 50% de la población estimada de la cuenca- y muchas industrias radicadas en el área no cuentan con acceso al sistema cloacal, según Acumar.
Del estudio participaron también Carolina Caimán, Natalia Gorino, María Susana Fortunato, Alfredo Gallego y Sonia Korol, de la Cátedra de Salud Pública e Higiene Ambiental de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA; Marcela Radice, del Laboratorio de Resistencia Bacteriana de la Cátedra de Microbiología de esa facultad, y Carlos Gómez, Carolina Mujica y Lorena Marquina, del Centro de Tecnología del Uso del Agua del Instituto Nacional del Agua.
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Riachuelo: el problema está en las casas
La mayor contaminación del Riachuelo viene de casas
Fecha de Publicación: 20/10/2017
Fuente: Diario Popular
Provincia/Región: Riachuelo
Según Hernán Asencio, director de Fiscalización y Adecuación Ambiental de la ACUMAR, además de la toma de conciencia las soluciones son cloacas y plantas de tratamientos. Con obras, en 15 años mejora.
El director de Fiscalización y Adecuación Ambiente de la Autoridad de la Cuenca Matan Riachuelo (ACUMAR), Hernán Asencio, consideró que “el 70 por ciento de la contaminación de la cuenca es domiciliario por aguas de lavarropas, grasa o aceite, y el 30 por ciento es industrial”.
El abogado especialista en Derecho Penal Ambiental, realiza desde hace 6 meses el control industrial en el organismo que cubre 2.200 kilómetros cuadrados y a 17 mil industrias repartidas en 14 municipios.
“Esto se soluciona con cloacas, conciencia ambiental de las personas, plantas de tratamiento y en 15 años mejora todo ”, vaticinó Asencio, que necesita contar con mayor cantidad de personal para realizar las inspecciones necesarias.Hace poco, ACUMAR creó una Patrulla de Control Ambiental que cuenta con 20 camionetas para la prevención y presencia del organismo. “Hacemos inspecciones todos los días, ampliamos los horarios de inspección de 8 a 20 porque advertimos que algunos establecimientos que no estaban en regla o clausurados, trabajan a deshora, así logramos encontrarlos”.
Tal como pasó hace unos días en una curtiembre de Lanús que la encontraron volcando crudo y desde marzo estaba clausurada, todo gracias a la denuncia de un vecino a la policía ecológica de la Provincia. Por eso, Asencio subrayó “la importancia de responder a esas denuncias y trabajar con la confianza de los vecinos”.
La cuadrilla de control se divide en equipos de dos personas de un total de 37 especialistas que realizan inspecciones todos los días en distritos que abarca la cuenca. “Son 17 mil los establecimientos y 2000 ya fueron declarados agentes contaminantes. El 99 por ciento por vuelco de efluentes líquidos y mal manejo de residuos peligrosos también”, manifestó el funcionario.
Denuncias vecinales
Los inspectores llegan a los establecimientos en mayor medida por denuncias de los vecinos y solicitan ingresar para realizar la inspección, si se les niega el acceso ponen una multa por obstrucción al procedimiento y abren una causa penal para solicitar al juez una orden de allanamiento que tarda una semana.
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Fecha de Publicación: 20/10/2017
Fuente: Diario Popular
Provincia/Región: Riachuelo
Según Hernán Asencio, director de Fiscalización y Adecuación Ambiental de la ACUMAR, además de la toma de conciencia las soluciones son cloacas y plantas de tratamientos. Con obras, en 15 años mejora.
El director de Fiscalización y Adecuación Ambiente de la Autoridad de la Cuenca Matan Riachuelo (ACUMAR), Hernán Asencio, consideró que “el 70 por ciento de la contaminación de la cuenca es domiciliario por aguas de lavarropas, grasa o aceite, y el 30 por ciento es industrial”.
El abogado especialista en Derecho Penal Ambiental, realiza desde hace 6 meses el control industrial en el organismo que cubre 2.200 kilómetros cuadrados y a 17 mil industrias repartidas en 14 municipios.
“Esto se soluciona con cloacas, conciencia ambiental de las personas, plantas de tratamiento y en 15 años mejora todo ”, vaticinó Asencio, que necesita contar con mayor cantidad de personal para realizar las inspecciones necesarias.Hace poco, ACUMAR creó una Patrulla de Control Ambiental que cuenta con 20 camionetas para la prevención y presencia del organismo. “Hacemos inspecciones todos los días, ampliamos los horarios de inspección de 8 a 20 porque advertimos que algunos establecimientos que no estaban en regla o clausurados, trabajan a deshora, así logramos encontrarlos”.
Tal como pasó hace unos días en una curtiembre de Lanús que la encontraron volcando crudo y desde marzo estaba clausurada, todo gracias a la denuncia de un vecino a la policía ecológica de la Provincia. Por eso, Asencio subrayó “la importancia de responder a esas denuncias y trabajar con la confianza de los vecinos”.
La cuadrilla de control se divide en equipos de dos personas de un total de 37 especialistas que realizan inspecciones todos los días en distritos que abarca la cuenca. “Son 17 mil los establecimientos y 2000 ya fueron declarados agentes contaminantes. El 99 por ciento por vuelco de efluentes líquidos y mal manejo de residuos peligrosos también”, manifestó el funcionario.
Denuncias vecinales
Los inspectores llegan a los establecimientos en mayor medida por denuncias de los vecinos y solicitan ingresar para realizar la inspección, si se les niega el acceso ponen una multa por obstrucción al procedimiento y abren una causa penal para solicitar al juez una orden de allanamiento que tarda una semana.
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El balance habitacional en el Ríachuelo en negativo
Retroceso: cada vez más familias viven en riesgo ambiental a orillas del Riachuelo
Fecha de Publicación: 06/10/2017
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Riachuelo
Las cifras muestran un balance negativo entre las pocas soluciones habitacionales entregadas hasta el momento y quienes continúan instalándose en la zona; faltan relocalizar, al menos, 14.000 hogares
Las cuentas no cierran. Lejos de disminuir, el número de personas que viven a orillas del Riachuelo es cada vez mayor.
"La dinámica social del territorio es de crecimiento en los asentamientos precarios. Si las relocalizaciones no se hacen con celeridad, van a ir apareciendo cada vez más viviendas en esa franja de 36 metros del Riachuelo, donde la Corte ordenó que no debían estar", sostiene Santiago Cané, abogado y miembro de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
A nueve años del histórico fallo de la Corte Suprema de Justicia que, en el marco de la llamada "causa Mendoza", condenó al Estado nacional, la Ciudad y la provincia de Buenos Aires a recomponer el daño ambiental en la cuenca, mejorar la calidad de vida de sus habitantes y prevenir daños con suficiente y razonable grado de predicción, los avances son pocos y los retrasos, enormes.
Por otro lado, ya pasaron siete años desde el convenio marco que aquellos tres actores, junto con 14 municipios, firmaron para el cumplimiento del Plan de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios en Riesgo Ambiental, y los vecinos siguen esperando.
De hecho, de las 17.771 soluciones habitacionales previstas en el convenio marco para aquellas familias en situación de mayor peligro -y que implican no sólo las relocalizaciones, sino también el mejoramiento habitacional de las viviendas ya existentes-, según cifras de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar), hasta el momento se entregaron 3725: es decir, el 21%.
Además, las organizaciones sociales, los organismos estatales involucrados y los especialistas coinciden en que el número de personas asentadas en la zona de mayor proximidad a la cuenca quedó desactualizado: actualmente, serían muchas más que las censadas en 2010.
"Consideramos que hay muchas más familias en situación de vulnerabilidad social y riesgo sociosanitario. El número que está en la demanda judicial es bastante pequeño", dice Dorina Bonetti, actual presidenta de la Acumar.
"Yo del barrio no me voy. Éste es mi mundo", confiesa Blasia Guachiré, de 49 años, mientras ve caer la tarde parada en el techo de su casa, en la villa 21-24 de Barracas y sobre una lomada que termina en el Riachuelo. Abajo, a unos pocos pasos, el agua parece un aceite espesísimo, oscuro, impenetrable.
Es consciente de los peligros que tiene, para su salud y la de sus tres hijos, vivir junto a una de las cuencas más contaminadas del mundo, y quiere lo mismo que muchos de sus vecinos: mudarse cerca, conservar sus redes de contención y su fuente de trabajo.
"A la señora de enfrente la relocalizaron en el complejo Padre Mugica, en Lugano, porque su hijo tenía asma por la contaminación. Está muy decepcionada: es muy feo a donde se fueron, la casa se cae a pedazos", cuenta Blasia, quien desde hace tres años es una de las delegadas de su sector, San Blas. "Yo trato de llevarles tranquilidad a mis vecinos para que se mantengan positivos. Mi sueño es que se cumpla el derecho de todos de tener una vivienda digna."
Pocos avances
Los riesgos ambientales para quienes viven a orillas del Riachuelo (por ejemplo, la cercanía de industrias contaminantes o la acumulación de la basura a cada paso), así como la posibilidad de contraer enfermedades asociadas (desde las vinculadas con la piel hasta las broncopulmonares y las intestinales), son conocidos y alarmantes. En ese marco, la falta de datos actualizados y de acceso público por parte de la Acumar resulta sumamente preocupante, y es otro de los reclamos más recurrentes.
En el informe que presentaron en julio la Asociación de Vecinos de La Boca, la FARN, Greenpeace, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH), se advierte que, en materia de hábitat, para los sectores vulnerables la situación en la cuenca continúa siendo "altamente problemática".
Además, estas organizaciones (que integran, junto con la Defensoría del Pueblo de la Nación -hoy, acéfala-, el cuerpo colegiado designado por la Corte para el control del cumplimiento del fallo) señalan que "reiteradamente se ha incurrido en graves violaciones" de los derechos de las personas relocalizadas en los complejos habitacionales.
Entre otras cuestiones, se menciona la mala calidad de sus ubicaciones y de las condiciones edilicias. "La inexistencia de una política de ordenamiento territorial y gestión del suelo coordinada entre la Acumar y las jurisdicciones implicó que los nuevos barrios se construyeran en terrenos residuales, relegados por el mercado inmobiliario y con la peor calidad urbana y ambiental", apunta el escrito.
Eduardo Reese, director del Área de Derechos Económicos y Sociales del CELS, explica: "Relocalización no significa erradicar, sino construir viviendas nuevas para esas familias que están asentadas en el Camino de Sirga, en el lugar más próximo al cauce del Matanza Riachuelo. Se estableció prima facie que esas 17.771 eran las que estaban en mayor riesgo de sufrir inundaciones y los efectos de la contaminación".
Con respecto a las 165 familias de la villa 21-24 que fueron relocalizadas al complejo Padre Mugica, en Lugano, Luis Duacastella, defensor general adjunto de la Defensoría General de la Ciudad de Buenos Aires, advierte: "El complejo está en otra comuna, muy lejos: las familias sufrieron el desarraigo de perder su centro de salud cercano, donde estaba su historia clínica, y también las escuelas de sus hijos. Además, las viviendas no son adecuadas: en dos años demostraron deficiencias de humedad, electricidad, caños que no fueron bien termofusionados, problemas de seguridad importantes, entre otras cuestiones". Y agrega: "Por otro lado, el complejo está alejado de todo centro comercial, de las escuelas y los medios de transporte".
Plazos incumplidos
Sobre los plazos en los que debían otorgarse las soluciones habitacionales, Reese aclara que en el convenio marco 2010, para cada barrio identificado (tanto de la Capital como de los municipios bonaerenses), se establecieron tareas y responsabilidades que iban desde la selección de los terrenos, hasta la elaboración de proyectos, estudios de suelo, pliegos de licitación y evaluaciones de impacto ambiental.
"Obviamente, la duración de cada uno de estos procesos era muy diferente en cada barrio, pero más o menos las licitaciones de obra deberían haber empezado hacia el último trimestre de 2011. A partir de allí, el convenio no fija fechas por la dificultad de ser precisos en situaciones tan diferentes, pero es razonable deducir que la totalidad de las obras y relocalizaciones deberían haberse completado entre mediados de 2014 y 2016", sostiene.
En el caso de la Capital (donde está una de las villas con mayor densidad de población a orillas de la cuenca, la 21-24), desde las organizaciones sociales y la Defensoría General de la Ciudad subrayan que durante 2016 no se entregó ni una sola vivienda. "Recién a partir de marzo de este año se están reactivando las obras y trabajando en la planificación para llevarlas adelante", dice Cané.
Santiago Sarachian, director general de Relocalización y Urbanización de villas del Instituto de Vivienda de la Ciudad (ICV), admite: "Hasta la fecha en la ciudad se relocalizó a un 30% de las familias que viven sobre el Camino de Sirga y que fueron censadas en su momento (unas 566 de 1837). Estamos con muchos retrasos: las familias deberían haber estado relocalizadas para 2013. Es una situación muy desgastante para los vecinos y sus cuerpos de delegados".
En este sentido, para él uno de los principales desafíos es volver a construir confianza en los afectados, ya que considera fundamental trabajar con ellos para que el proceso sea participativo.
¿Cómo se explican las demoras? Sarachian, responde: "Se tuvo que crear sistemas administrativos y áreas específicas para gestionar el proceso; además, hasta el año pasado, hubo falta de financiamiento y de trabajo articulado entre la Nación (que aporta un 70% de los fondos para las relocalizaciones, y en algunos casos el 100% de las obras de vivienda) y la Ciudad; y conseguir tierras en zonas aptas y que respondan a las necesidades de los vecinos no fue simple".
Respecto al parate durante el año pasado, afirma: "Trabajamos mucho puertas adentro con la Subsecretaría de Vivienda de la Nación, que es quién financia las obras, para armar todos los circuitos administrativos y aceitarlos para que podamos recibir los fondos y que las obras avancen, que es lo que está sucediendo este año".
Y agrega: "Nos proponemos hacer un relevamiento de actualización de datos para ver desde 2010 hasta ahora cuál es la situación de las familias censadas, para contemplar la nueva conformación familiar a la hora de adjudicar las viviendas. Además, tenemos el fenómeno de las nuevas".
En el conurbano, los retrasos son aún mayores. Evert Van Tooren, subsecretario de Tierra, Urbanismo y Vivienda de la Provincia de Buenos Aires, cuenta: "Cuando asumí con la gestión de María Eugenia Vidal, el 90% de las obras de Acumar en la provincia estaban paralizadas por falta de pago y sin actualización de los precios por inflación".
Para él, el mayor problema que se tenía era que la provincia no intervenía en la Acumar: "Estaban la Nación con los Municipios afectados por la cuenca Matanza Riachuelo. Cuando asumimos nos pusimos de acuerdo con el Juzgado, los municipios y la Nación y reactivamos más de 4500 viviendas. La gran mayoría se van a entregar a fin de este año y principios del próximo, sobre todo las de la Matanza".
Sin servicios básicos: el reclamo de los vecinos de obras y mantenimiento
Una de las demandas de las villas y asentamientos más desoídas por las autoridades, para el cuerpo colegiado, es la pobre provisión y calidad de los servicios básicos, lo que lesiona las condiciones de vida de las familias. "Según las denuncias de los dirigentes barriales, ninguna de las empresas prestatarias (tanto estatales como privadas) atiende sus necesidades y reclamos, y ni la Acumar ni las jurisdicciones tienen la capacidad de revertir tal situación", describe el informe.
Mariano Gutiérrez, coordinador del Equipo de Trabajo Causa Riachuelo de la Defensoría General de la Nación, afirma que en aquellos barrios señalados para ser relocalizados no se invierte. "A esta problemática se la conoce como «el mientras tanto»: qué pasa cuando las relocalizaciones se atrasan", dice. "Uno de los principales reclamos que hacemos desde la Defensoría tiene que ver con esos barrios olvidados. Por otro lado, hay vecinos que no quieren ser relocalizados y hay que ver qué tipo de soluciones habitacionales alternativas se les brinda".
Según Gutiérrez, es necesario pensar "en el déficit que hay sobre todo en las soluciones habitacionales, más que en las relocalizaciones. En algunos barrios, la solución no es la relocalización, sino mejorar las condiciones de vida a través de obras de infraestructura y servicios. Esa probó ser una solución mucho más garantizadora de los derechos de las personas".
En esta línea, Duacastella agrega que es prioritario que se cumpla con "el derecho a la ciudad" de los vecinos de las villas. "Esto implica que tengan acceso a veredas, calles, cloacas, como en cualquier otro barrio", explica.
El caso de Villa Inflamable, en Avellaneda, es paradigmático. Sebastián Pilo, codirector de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), subraya: "En el lugar donde la 'causa Mendoza' nace, al día de hoy no hubo avances significativos ni en el proceso de relocalización de las familias (las primeras 154 viviendas están prevista para ser entregadas, con mucha suerte, a fin de año en el Barrio Alianza), ni con respecto a revertir en lo inmediato, aquí y ahora, los problemas urgentes que tienen en materia de infraestructura y servicios".
Para Pilo, los vecinos están "en una trampa". Por un lado, les anuncian que van a ser relocalizados desde hace varios años, lo que les impide proyectar adecuadamente sus trayectorias de vida, sin consultárselos sobre esas relocalizaciones, incrementando su incertidumbre. "Por el otro, tampoco se realizaron obras estructuras que podrían haber aportado a la calidad de vida: las calles siguen siendo de barro y los chicos jugando ahí; el agua se entrega en bidones; las lagunas, que son cloacas a cielo abierto, continúan; y los niveles de efectos en la salud por la contaminación, especialmente de los niños, son gravísimos: casi el 50% de la población tiene plomo en sangre, el 5% tiene tolueno, el 27% benceno, el 1,5% mercurio".
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Fecha de Publicación: 06/10/2017
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Riachuelo
Las cifras muestran un balance negativo entre las pocas soluciones habitacionales entregadas hasta el momento y quienes continúan instalándose en la zona; faltan relocalizar, al menos, 14.000 hogares
Las cuentas no cierran. Lejos de disminuir, el número de personas que viven a orillas del Riachuelo es cada vez mayor.
"La dinámica social del territorio es de crecimiento en los asentamientos precarios. Si las relocalizaciones no se hacen con celeridad, van a ir apareciendo cada vez más viviendas en esa franja de 36 metros del Riachuelo, donde la Corte ordenó que no debían estar", sostiene Santiago Cané, abogado y miembro de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
A nueve años del histórico fallo de la Corte Suprema de Justicia que, en el marco de la llamada "causa Mendoza", condenó al Estado nacional, la Ciudad y la provincia de Buenos Aires a recomponer el daño ambiental en la cuenca, mejorar la calidad de vida de sus habitantes y prevenir daños con suficiente y razonable grado de predicción, los avances son pocos y los retrasos, enormes.
Por otro lado, ya pasaron siete años desde el convenio marco que aquellos tres actores, junto con 14 municipios, firmaron para el cumplimiento del Plan de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios en Riesgo Ambiental, y los vecinos siguen esperando.
De hecho, de las 17.771 soluciones habitacionales previstas en el convenio marco para aquellas familias en situación de mayor peligro -y que implican no sólo las relocalizaciones, sino también el mejoramiento habitacional de las viviendas ya existentes-, según cifras de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar), hasta el momento se entregaron 3725: es decir, el 21%.
Además, las organizaciones sociales, los organismos estatales involucrados y los especialistas coinciden en que el número de personas asentadas en la zona de mayor proximidad a la cuenca quedó desactualizado: actualmente, serían muchas más que las censadas en 2010.
"Consideramos que hay muchas más familias en situación de vulnerabilidad social y riesgo sociosanitario. El número que está en la demanda judicial es bastante pequeño", dice Dorina Bonetti, actual presidenta de la Acumar.
"Yo del barrio no me voy. Éste es mi mundo", confiesa Blasia Guachiré, de 49 años, mientras ve caer la tarde parada en el techo de su casa, en la villa 21-24 de Barracas y sobre una lomada que termina en el Riachuelo. Abajo, a unos pocos pasos, el agua parece un aceite espesísimo, oscuro, impenetrable.
Es consciente de los peligros que tiene, para su salud y la de sus tres hijos, vivir junto a una de las cuencas más contaminadas del mundo, y quiere lo mismo que muchos de sus vecinos: mudarse cerca, conservar sus redes de contención y su fuente de trabajo.
"A la señora de enfrente la relocalizaron en el complejo Padre Mugica, en Lugano, porque su hijo tenía asma por la contaminación. Está muy decepcionada: es muy feo a donde se fueron, la casa se cae a pedazos", cuenta Blasia, quien desde hace tres años es una de las delegadas de su sector, San Blas. "Yo trato de llevarles tranquilidad a mis vecinos para que se mantengan positivos. Mi sueño es que se cumpla el derecho de todos de tener una vivienda digna."
Pocos avances
Los riesgos ambientales para quienes viven a orillas del Riachuelo (por ejemplo, la cercanía de industrias contaminantes o la acumulación de la basura a cada paso), así como la posibilidad de contraer enfermedades asociadas (desde las vinculadas con la piel hasta las broncopulmonares y las intestinales), son conocidos y alarmantes. En ese marco, la falta de datos actualizados y de acceso público por parte de la Acumar resulta sumamente preocupante, y es otro de los reclamos más recurrentes.
En el informe que presentaron en julio la Asociación de Vecinos de La Boca, la FARN, Greenpeace, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH), se advierte que, en materia de hábitat, para los sectores vulnerables la situación en la cuenca continúa siendo "altamente problemática".
Además, estas organizaciones (que integran, junto con la Defensoría del Pueblo de la Nación -hoy, acéfala-, el cuerpo colegiado designado por la Corte para el control del cumplimiento del fallo) señalan que "reiteradamente se ha incurrido en graves violaciones" de los derechos de las personas relocalizadas en los complejos habitacionales.
Entre otras cuestiones, se menciona la mala calidad de sus ubicaciones y de las condiciones edilicias. "La inexistencia de una política de ordenamiento territorial y gestión del suelo coordinada entre la Acumar y las jurisdicciones implicó que los nuevos barrios se construyeran en terrenos residuales, relegados por el mercado inmobiliario y con la peor calidad urbana y ambiental", apunta el escrito.
Eduardo Reese, director del Área de Derechos Económicos y Sociales del CELS, explica: "Relocalización no significa erradicar, sino construir viviendas nuevas para esas familias que están asentadas en el Camino de Sirga, en el lugar más próximo al cauce del Matanza Riachuelo. Se estableció prima facie que esas 17.771 eran las que estaban en mayor riesgo de sufrir inundaciones y los efectos de la contaminación".
Con respecto a las 165 familias de la villa 21-24 que fueron relocalizadas al complejo Padre Mugica, en Lugano, Luis Duacastella, defensor general adjunto de la Defensoría General de la Ciudad de Buenos Aires, advierte: "El complejo está en otra comuna, muy lejos: las familias sufrieron el desarraigo de perder su centro de salud cercano, donde estaba su historia clínica, y también las escuelas de sus hijos. Además, las viviendas no son adecuadas: en dos años demostraron deficiencias de humedad, electricidad, caños que no fueron bien termofusionados, problemas de seguridad importantes, entre otras cuestiones". Y agrega: "Por otro lado, el complejo está alejado de todo centro comercial, de las escuelas y los medios de transporte".
Plazos incumplidos
Sobre los plazos en los que debían otorgarse las soluciones habitacionales, Reese aclara que en el convenio marco 2010, para cada barrio identificado (tanto de la Capital como de los municipios bonaerenses), se establecieron tareas y responsabilidades que iban desde la selección de los terrenos, hasta la elaboración de proyectos, estudios de suelo, pliegos de licitación y evaluaciones de impacto ambiental.
"Obviamente, la duración de cada uno de estos procesos era muy diferente en cada barrio, pero más o menos las licitaciones de obra deberían haber empezado hacia el último trimestre de 2011. A partir de allí, el convenio no fija fechas por la dificultad de ser precisos en situaciones tan diferentes, pero es razonable deducir que la totalidad de las obras y relocalizaciones deberían haberse completado entre mediados de 2014 y 2016", sostiene.
En el caso de la Capital (donde está una de las villas con mayor densidad de población a orillas de la cuenca, la 21-24), desde las organizaciones sociales y la Defensoría General de la Ciudad subrayan que durante 2016 no se entregó ni una sola vivienda. "Recién a partir de marzo de este año se están reactivando las obras y trabajando en la planificación para llevarlas adelante", dice Cané.
Santiago Sarachian, director general de Relocalización y Urbanización de villas del Instituto de Vivienda de la Ciudad (ICV), admite: "Hasta la fecha en la ciudad se relocalizó a un 30% de las familias que viven sobre el Camino de Sirga y que fueron censadas en su momento (unas 566 de 1837). Estamos con muchos retrasos: las familias deberían haber estado relocalizadas para 2013. Es una situación muy desgastante para los vecinos y sus cuerpos de delegados".
En este sentido, para él uno de los principales desafíos es volver a construir confianza en los afectados, ya que considera fundamental trabajar con ellos para que el proceso sea participativo.
¿Cómo se explican las demoras? Sarachian, responde: "Se tuvo que crear sistemas administrativos y áreas específicas para gestionar el proceso; además, hasta el año pasado, hubo falta de financiamiento y de trabajo articulado entre la Nación (que aporta un 70% de los fondos para las relocalizaciones, y en algunos casos el 100% de las obras de vivienda) y la Ciudad; y conseguir tierras en zonas aptas y que respondan a las necesidades de los vecinos no fue simple".
Respecto al parate durante el año pasado, afirma: "Trabajamos mucho puertas adentro con la Subsecretaría de Vivienda de la Nación, que es quién financia las obras, para armar todos los circuitos administrativos y aceitarlos para que podamos recibir los fondos y que las obras avancen, que es lo que está sucediendo este año".
Y agrega: "Nos proponemos hacer un relevamiento de actualización de datos para ver desde 2010 hasta ahora cuál es la situación de las familias censadas, para contemplar la nueva conformación familiar a la hora de adjudicar las viviendas. Además, tenemos el fenómeno de las nuevas".
En el conurbano, los retrasos son aún mayores. Evert Van Tooren, subsecretario de Tierra, Urbanismo y Vivienda de la Provincia de Buenos Aires, cuenta: "Cuando asumí con la gestión de María Eugenia Vidal, el 90% de las obras de Acumar en la provincia estaban paralizadas por falta de pago y sin actualización de los precios por inflación".
Para él, el mayor problema que se tenía era que la provincia no intervenía en la Acumar: "Estaban la Nación con los Municipios afectados por la cuenca Matanza Riachuelo. Cuando asumimos nos pusimos de acuerdo con el Juzgado, los municipios y la Nación y reactivamos más de 4500 viviendas. La gran mayoría se van a entregar a fin de este año y principios del próximo, sobre todo las de la Matanza".
Sin servicios básicos: el reclamo de los vecinos de obras y mantenimiento
Una de las demandas de las villas y asentamientos más desoídas por las autoridades, para el cuerpo colegiado, es la pobre provisión y calidad de los servicios básicos, lo que lesiona las condiciones de vida de las familias. "Según las denuncias de los dirigentes barriales, ninguna de las empresas prestatarias (tanto estatales como privadas) atiende sus necesidades y reclamos, y ni la Acumar ni las jurisdicciones tienen la capacidad de revertir tal situación", describe el informe.
Mariano Gutiérrez, coordinador del Equipo de Trabajo Causa Riachuelo de la Defensoría General de la Nación, afirma que en aquellos barrios señalados para ser relocalizados no se invierte. "A esta problemática se la conoce como «el mientras tanto»: qué pasa cuando las relocalizaciones se atrasan", dice. "Uno de los principales reclamos que hacemos desde la Defensoría tiene que ver con esos barrios olvidados. Por otro lado, hay vecinos que no quieren ser relocalizados y hay que ver qué tipo de soluciones habitacionales alternativas se les brinda".
Según Gutiérrez, es necesario pensar "en el déficit que hay sobre todo en las soluciones habitacionales, más que en las relocalizaciones. En algunos barrios, la solución no es la relocalización, sino mejorar las condiciones de vida a través de obras de infraestructura y servicios. Esa probó ser una solución mucho más garantizadora de los derechos de las personas".
En esta línea, Duacastella agrega que es prioritario que se cumpla con "el derecho a la ciudad" de los vecinos de las villas. "Esto implica que tengan acceso a veredas, calles, cloacas, como en cualquier otro barrio", explica.
El caso de Villa Inflamable, en Avellaneda, es paradigmático. Sebastián Pilo, codirector de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), subraya: "En el lugar donde la 'causa Mendoza' nace, al día de hoy no hubo avances significativos ni en el proceso de relocalización de las familias (las primeras 154 viviendas están prevista para ser entregadas, con mucha suerte, a fin de año en el Barrio Alianza), ni con respecto a revertir en lo inmediato, aquí y ahora, los problemas urgentes que tienen en materia de infraestructura y servicios".
Para Pilo, los vecinos están "en una trampa". Por un lado, les anuncian que van a ser relocalizados desde hace varios años, lo que les impide proyectar adecuadamente sus trayectorias de vida, sin consultárselos sobre esas relocalizaciones, incrementando su incertidumbre. "Por el otro, tampoco se realizaron obras estructuras que podrían haber aportado a la calidad de vida: las calles siguen siendo de barro y los chicos jugando ahí; el agua se entrega en bidones; las lagunas, que son cloacas a cielo abierto, continúan; y los niveles de efectos en la salud por la contaminación, especialmente de los niños, son gravísimos: casi el 50% de la población tiene plomo en sangre, el 5% tiene tolueno, el 27% benceno, el 1,5% mercurio".
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Curtiembres denunciadas en Lomas de Zamora
Alerta por contaminación en zona de curtiembres
Fecha de Publicación: 26/09/2017
Fuente: Diario Popular
Provincia/Región: Buenos Aires
La Patrulla Ambiental del organismo nacional, junto al OPDS y la Policía Ecológica, concretó dos operativos en el distrito, tras lo cual clausuraron una empresa y aplicaron sanciones a otra.
Alertados por denuncias vecinales, la Patrulla Ambiental de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) junto al Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible y la Policía Ecológica, intensificó los controles en la zona de curtiembres de Lomas de Zamora, donde clausuró un establecimiento.
El caso más grave es el de Laex SA, dedicada al procesamiento de grasas y sebo vacuno para el consumo, de la que señalaron que tenía “una gestión ambiental totalmente desastrosa” y que “no cumple con ninguna de las normas”.
Los agentes detectaron de inmediato las falencias denunciadas por los vecinos, que se quejaban por los fuertes olores y la descarga de efluentes sin tratamiento en el arroyo Santa Catalina. En el predio de Costa 47, se pudo encontrar gran cantidad de grasa cruda vertida a cielo abierto y en descomposición, tanques con filtraciones y que no contaban con sistema de tratamiento. Además, se encontró un conducto hacia el arroyo Santa Catalina, que se presume conducía el descarte de la producción del sebo.
A raíz de otra denuncia se fiscalizaron el proceso de producción y las plantas de tratamiento de efluentes de SADESA SA (curtiembre), Camilo Ferrón y Conté Todo. En la última, los inspectores identificaron un efluente amarillento (azufre) y grandes volúmenes de escombros y residuos, un pasivo ambiental que afecta de forma directa el cauce del Unamuno.
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Fecha de Publicación: 26/09/2017
Fuente: Diario Popular
Provincia/Región: Buenos Aires
La Patrulla Ambiental del organismo nacional, junto al OPDS y la Policía Ecológica, concretó dos operativos en el distrito, tras lo cual clausuraron una empresa y aplicaron sanciones a otra.
Alertados por denuncias vecinales, la Patrulla Ambiental de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) junto al Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible y la Policía Ecológica, intensificó los controles en la zona de curtiembres de Lomas de Zamora, donde clausuró un establecimiento.
El caso más grave es el de Laex SA, dedicada al procesamiento de grasas y sebo vacuno para el consumo, de la que señalaron que tenía “una gestión ambiental totalmente desastrosa” y que “no cumple con ninguna de las normas”.
Los agentes detectaron de inmediato las falencias denunciadas por los vecinos, que se quejaban por los fuertes olores y la descarga de efluentes sin tratamiento en el arroyo Santa Catalina. En el predio de Costa 47, se pudo encontrar gran cantidad de grasa cruda vertida a cielo abierto y en descomposición, tanques con filtraciones y que no contaban con sistema de tratamiento. Además, se encontró un conducto hacia el arroyo Santa Catalina, que se presume conducía el descarte de la producción del sebo.
A raíz de otra denuncia se fiscalizaron el proceso de producción y las plantas de tratamiento de efluentes de SADESA SA (curtiembre), Camilo Ferrón y Conté Todo. En la última, los inspectores identificaron un efluente amarillento (azufre) y grandes volúmenes de escombros y residuos, un pasivo ambiental que afecta de forma directa el cauce del Unamuno.
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Patrullas ambientales para el Riachuelo
Saneamiento del Riachuelo: la Acumar presenta nuevas patrullas ambientales
Fecha de Publicación: 11/09/2017
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Riachuelo
Harán recorridos nocturnos y los fines de semana; los ambientalistas insisten en que es necesario reformar la normativa
La Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) relanza su alicaída gestión con la mira puesta en el control industrial. El organismo tripartito, conformado por los estados nacional, bonaerense y porteño encargado de sanear el río más contaminado de la Argentina, aggiornó los móviles para detectar vuelcos ilegales de las industrias, especialmente las de la cuenca alta, conformada por los partidos bonaerenses de Marcos Paz, Cañuelas, General Las Heras, San Vicente, Ezeiza y La Matanza.
El nuevo esquema de control consiste en repartir los 40 inspectores del organismo en diferentes horarios, incluidas algunas noches y fines de semana, al tiempo que suma agentes de otras jurisdicciones como el Organismo para el Desarrollo Sustentable (Opds), la Autoridad del Agua bonaerense y la Agencia de Protección Ambiental porteña (Apra).
"Se trata de una refuncionalización de lo que había. El horario de inspección era de 8 a 13 de lunes a viernes; hemos diseñado un esquema de inspecciones de 8 a 20 y estamos programando poder hacerlas los fines de semana y por las noches", explicó Federico Gatti Lavisse, director general ambiental de Acumar que debe controlar unas 16.000 empresas radicadas en la cuenca.
El saneamiento del Riachuelo fue ordenado por la Corte Suprema de Justicia en 2008 y casi una década después los avances son escasos. Precisamente uno de los puntos flacos es la contaminación industrial de las aguas que no se detiene. "La volatilidad institucional de Acumar no ayuda. Ya vamos siete presidentes en siete años. Si cada uno que viene encamina el plan hacia otro lado, no colabora con el plan que tiene muchas falencias", indicó Andrés Nápoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (Farn), una de las ONG que conforma el Cuerpo Colegiado que debe controlar la ejecución del fallo judicial que siguen los juzgados federales a cargo de Sergio Torres y de Jorge Rodríguez.
La presentación de los vehículos, que lucen nuevo plotteado, y del cuerpo de inspectores estuvo a cargo de Dorina Bonetti, la politóloga que asumió como presidenta del organismo luego de la renuncia de Gladys González, que competirá por un lugar en el Senado, representando a Cambiemos, en la provincia de Buenos Aires. La funcionaria es una estrecha colaboradora de González, que sigue de cerca la gestión del organismo, y es una persona de confianza de Carlos Grosso, consultor del presidente de la Nación, Mauricio Macri.
Muchos arriesgan que si el partido oficialista no consigue el triunfo electoral el mes próximo, la ex interventora del SOMU podría regresar al Riachuelo.
La polémica por los controles a las industrias no son solo por la corrupción y la posible caja que representan para los inspectores. Hay cuestiones técnicas y legales que ponen en duda que los límites impuestos por las leyes sean eficaces.
"El Riachuelo es un río de llanura y las empresas no pueden tirar la cantidad de líquido contaminante que quieran, aunque cumplan con la norma. Primero debe determinarse la carga que el río soporta (se denomina carga másica), una deuda de este plan de saneamiento", agregó Nápoli.
Gatti Lavisse explicó que se está trabajando por subcuenca y que existe una nueva normativa que entrará en vigor cuando ese estudio esté completo: "Creemos que para mediados del año próximo tendremos la información total de la cuenca".
La nueva norma a la que se refiere el funcionario es la 46/2017, que regula los límites admisibles de vertido de efluentes líquidos, es decir, cuánto pueden contaminar las empresas.
Según interpreta el Cuerpo Colegiado esa disposición no solo no mejora la proyección de la contaminación, sino que la empeora. "Es una norma que no cambia en nada la que está vigente. Si se sigue inspeccionando con las resoluciones vigentes las empresas que opten por un plan de reconversión industrial van a tener que cambiarlo cuando esté el estudio completo del río. No tiene sentido. Es claro que no hay una voluntad de avanzar contra la contaminación industrial, más allá de los discursos", dijo Nápoli.
El Cuerpo Colegiado emitió hace dos meses un duro informe respecto del cumplimiento del plan de saneamiento. Por caso mencionó que la concreción de las 17.771 soluciones habitacionales "ha sido muy bajo", y que de los hogares en sectores vulnerables de la cuenca solo fueron realojados una parte. Aunque la Corte lo ordenó expresamente, las ONG señalaron que la Acumar no logró "identificar de manera específica la población en riesgo", y tampoco "se generaron capacidades para evaluar la situación de salud ambiental, ni se articuló una intervención de las distintas áreas de Acumar para reducir la exposición de poblaciones especialmente vulnerables a amenazas producidas por la contaminación".
El organismo tripartito estuvo bajo la dirección de González desde diciembre de 2016 cuando reemplazó a Julio Torti, quien llegó en lugar de Amílcar López. En un año y ocho meses Cambiemos puso al frente del organismo a cuatro funcionarios. Uno de los argumentos del fracaso de la gestión eran las internas que se generaban con el ministro de Ambiente de la Nación, Sergio Bergman, hoy corrido de la escena que tiene al frente al vicejefe de Gabinete nacional, Mario Quintana.
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Fecha de Publicación: 11/09/2017
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Riachuelo
Harán recorridos nocturnos y los fines de semana; los ambientalistas insisten en que es necesario reformar la normativa
La Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) relanza su alicaída gestión con la mira puesta en el control industrial. El organismo tripartito, conformado por los estados nacional, bonaerense y porteño encargado de sanear el río más contaminado de la Argentina, aggiornó los móviles para detectar vuelcos ilegales de las industrias, especialmente las de la cuenca alta, conformada por los partidos bonaerenses de Marcos Paz, Cañuelas, General Las Heras, San Vicente, Ezeiza y La Matanza.
El nuevo esquema de control consiste en repartir los 40 inspectores del organismo en diferentes horarios, incluidas algunas noches y fines de semana, al tiempo que suma agentes de otras jurisdicciones como el Organismo para el Desarrollo Sustentable (Opds), la Autoridad del Agua bonaerense y la Agencia de Protección Ambiental porteña (Apra).
"Se trata de una refuncionalización de lo que había. El horario de inspección era de 8 a 13 de lunes a viernes; hemos diseñado un esquema de inspecciones de 8 a 20 y estamos programando poder hacerlas los fines de semana y por las noches", explicó Federico Gatti Lavisse, director general ambiental de Acumar que debe controlar unas 16.000 empresas radicadas en la cuenca.
El saneamiento del Riachuelo fue ordenado por la Corte Suprema de Justicia en 2008 y casi una década después los avances son escasos. Precisamente uno de los puntos flacos es la contaminación industrial de las aguas que no se detiene. "La volatilidad institucional de Acumar no ayuda. Ya vamos siete presidentes en siete años. Si cada uno que viene encamina el plan hacia otro lado, no colabora con el plan que tiene muchas falencias", indicó Andrés Nápoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (Farn), una de las ONG que conforma el Cuerpo Colegiado que debe controlar la ejecución del fallo judicial que siguen los juzgados federales a cargo de Sergio Torres y de Jorge Rodríguez.
La presentación de los vehículos, que lucen nuevo plotteado, y del cuerpo de inspectores estuvo a cargo de Dorina Bonetti, la politóloga que asumió como presidenta del organismo luego de la renuncia de Gladys González, que competirá por un lugar en el Senado, representando a Cambiemos, en la provincia de Buenos Aires. La funcionaria es una estrecha colaboradora de González, que sigue de cerca la gestión del organismo, y es una persona de confianza de Carlos Grosso, consultor del presidente de la Nación, Mauricio Macri.
Muchos arriesgan que si el partido oficialista no consigue el triunfo electoral el mes próximo, la ex interventora del SOMU podría regresar al Riachuelo.
La polémica por los controles a las industrias no son solo por la corrupción y la posible caja que representan para los inspectores. Hay cuestiones técnicas y legales que ponen en duda que los límites impuestos por las leyes sean eficaces.
"El Riachuelo es un río de llanura y las empresas no pueden tirar la cantidad de líquido contaminante que quieran, aunque cumplan con la norma. Primero debe determinarse la carga que el río soporta (se denomina carga másica), una deuda de este plan de saneamiento", agregó Nápoli.
Gatti Lavisse explicó que se está trabajando por subcuenca y que existe una nueva normativa que entrará en vigor cuando ese estudio esté completo: "Creemos que para mediados del año próximo tendremos la información total de la cuenca".
La nueva norma a la que se refiere el funcionario es la 46/2017, que regula los límites admisibles de vertido de efluentes líquidos, es decir, cuánto pueden contaminar las empresas.
Según interpreta el Cuerpo Colegiado esa disposición no solo no mejora la proyección de la contaminación, sino que la empeora. "Es una norma que no cambia en nada la que está vigente. Si se sigue inspeccionando con las resoluciones vigentes las empresas que opten por un plan de reconversión industrial van a tener que cambiarlo cuando esté el estudio completo del río. No tiene sentido. Es claro que no hay una voluntad de avanzar contra la contaminación industrial, más allá de los discursos", dijo Nápoli.
El Cuerpo Colegiado emitió hace dos meses un duro informe respecto del cumplimiento del plan de saneamiento. Por caso mencionó que la concreción de las 17.771 soluciones habitacionales "ha sido muy bajo", y que de los hogares en sectores vulnerables de la cuenca solo fueron realojados una parte. Aunque la Corte lo ordenó expresamente, las ONG señalaron que la Acumar no logró "identificar de manera específica la población en riesgo", y tampoco "se generaron capacidades para evaluar la situación de salud ambiental, ni se articuló una intervención de las distintas áreas de Acumar para reducir la exposición de poblaciones especialmente vulnerables a amenazas producidas por la contaminación".
El organismo tripartito estuvo bajo la dirección de González desde diciembre de 2016 cuando reemplazó a Julio Torti, quien llegó en lugar de Amílcar López. En un año y ocho meses Cambiemos puso al frente del organismo a cuatro funcionarios. Uno de los argumentos del fracaso de la gestión eran las internas que se generaban con el ministro de Ambiente de la Nación, Sergio Bergman, hoy corrido de la escena que tiene al frente al vicejefe de Gabinete nacional, Mario Quintana.
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