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500 millones de litros de agrotóxicos por año
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En la Argentina se utilizan más de 500 millones de litros/kilos de agrotóxicos por año
Fecha de Publicación: 14/06/2019
Fuente: Biodiversidad LA
Provincia/Región: Nacional
En nuestra última presentación, el 5 de Junio de 2019, en una muy concurrida clase de la Cátedra de Soberanía Alimentaria de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, en ocasión del día del ambiente, y ejercitando su defensa, exhibimos los datos de los impactos del agronegocio y los reales números sobre la cantidad de agrotóxicos que se comercializan para su uso en la Argentina.
Sucede, que después de 4 años, se pudo acceder a los datos sobre cantidad de agrotóxicos en litros/kilos comercializados en Argentina, en los años 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 por las empresas que componen la la Cámara de Sanidad y Fertilizantes CASAFE. Ello, a través de informes de dos Consultoras Pampas Group e Investigaciones Económicas Sectoriales IES, que analizaron los números de dicha cámara empresarial.
CASAFE, nuclea a una treintena de empresas que poseen el mayor volumen de venta de agrotóxicos en la Argentina, representando al 80 % 85 % del mercado agroindustrial local, el otro 15 a 20 % corresponde a más de un centenar de empresas que o bien forman parte de otras cámaras más pequeñas o no están agrupadas en ningún colectivo de representación empresarial.
Por ello, los números de CASAFE, adquieren una relevancia significativa, atento que reflejan gran parte del volumen de los agrotóxicos que se consumen en la Argentina, siendo que el Estado, ha renunciado a su función de contralor en registrar la cantidad de litros/kilos de agrotóxicos que se usan efectivamente en la agricultura industrial, dejando todo al libre albedrío de las corporaciones del agronegocio.
Sin datos concretos y oficiales, es imposible que el Estado pueda implementar políticas públicas y tener un accionar precautorio, ni tampoco asegurar el derecho a la información de la población sobre una actividad y productos químicos que tienen entidad suficiente para producir impactos negativos significativos en la salud, el ambiente y la biodiversidad. Algo que efectivamente está sucediendo.
Pero debemos partir de la base que el agronegocio presenta un grave déficit democrático. El modelo agroalimentario Argentino Nunca fue objeto de un debate abierto, sincero y soberano en el Congreso Nacional , salvo - como siempre sucede - para procurar leyes que benefician a las corporaciones del agronegocio, como la ley de semillas o la nefasta ley sobre agrotóxicos de Basterra. Todo hoy se rige por resoluciones de despachos administrativos donde funcionarios serviles al agronegocio, que transcienden a los gobiernos, autorizan transgénicos y hacen oídos sordos a todas las evidencias científicas contundentes que obligan a revisar, suspender y hasta prohibir a una gran cantidad de agrotóxicos en uso en la agricultura industrial.
En cuanto a la información sobre las ventas y volumen en cantidad de litros/kilos de agrotóxicos que se consumen en la Argentina, el último dato brindado por CASAFE data del periodo 2012/2013: 285 millones de litros/kilos.
Esos números solo comprenden el 80% 85 % del mercado. Si proyectamos el 15% 20 % restante de las empresas no nucleadas en CASAFE, el volumen total de agrotóxicos comercializados en Argentina, en el año 2013, fue aproximadamente 300/330 millones l/k por año.
A partir del periodo correspondiente al año 2014, CASAFE dejó de publicar ex profeso los datos de volumen de agrotóxicos comercializados en la Argentina, ante las constantes denuncias de las asambleas y organizaciones de los Pueblos Fumigados sobre la insostenibilidad del modelo agroindustrial ya que una sostenida mayor demanda de uso de venenos, año tras año, confirma ese carácter de modo irrefutable.
Por ello, otrora y luego de dos años sin saber sobre la cantidad de consumo de agrotóxicos en la agricultura Argentina, comenzamos a indagar sobre esa información faltante, que las empresas ocultan y que un Estado cómplice acompaña con su omisión de actuación.
Arribamos a las primeras conclusiones, en el mes de Octubre de 2015, las cuales fueron expuestas en el 3ª Congreso de Médicos de Pueblos Fumigados en el Aula Magna de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires.
En nuestra presentación exhibimos una primera aproximación señalando que conforme a nuestras investigaciones la cantidad de agrotóxicos se habían incrementado en las campañas 2013/14 y 2014/15.
Así, sostuvimos que al año 2015, el volumen de agrotóxicos comercializados en Argentina ascendía a la suma de 350 millones de litros/kilos por año, aproximadamente.
Esos datos los volvimos a reafirmar en todas nuestras presentaciones y charlas, tanto en el grupo de trabajo de organizaciones mundiales contra el agronegocio, por Argentina en la Asamblea de los Pueblos, en La Haya (Holanda), en Octubre de 2016 y en el 1° Encuentro de Pueblos Fumigados de Entre Ríos, en el mes de Noviembre de 2016.
En el informe de la Consultora Pampas Group, puesto en conocimiento a fines del año 2018, sobre el periodo correspondiente al año 2014, se reconoce que las empresas que componen CASAFE, comercializaron un volumen de 305 millones de litros/kilos de agrotóxicos en el año 2014. Si proyectamos al 100 % del mercado esa cifra asciende a los 350/360 millones de litros kilos por año el 2014.
El informe confirma las cifras que aseveramos en Octubre 2015 en el Congreso Médico.
El otro dato que se informa por Pampas Group, es el incremento del 13 % en volumen de productos (que se traduce en cantidad de litros/kilos de agrotóxicos) del año 2016, respecto del año 2015, aunque omitiendo toda información sobre este último.
Los números de los volúmenes de consumo de agrotóxicos en el año 2015, podemos deducirlo de una nota en el diario La Nación, en su sección Campo, que informó en su momento, que en ese año, respecto del año 2014, las cantidades de kilos litros de agrotóxicos se incrementó en el 17,1 %.
Si tomamos la base de agrotóxicos comercializados por las empresas nucleadas en CASAFE (80% 85 % del mercado) en el año 2014: 305 millones de litros/kilos, y considerando el incremento del 17,1% que menciona el diario La Nación respecto del año 2015, el volumen de agrotóxicos comercializados en la Argentina en ese año, solo por las empresas que componen CASAFE, fue de 356 millones de litros/kilos.
Si le sumamos el 15% / 20 % del mercado restante, las cantidades llegan a los 410/427 de litros/kilos de agrotóxicos por año por el periodo correspondiente al año 2015
O sea, muy cerca de los 423 millones Litros/kilos que informamos y denunciamos que ya se usaban para el 2016 en la Argentina (no ya los 350 millones litros/kilos del 2014/2015) en nuestras presentaciones y charlas en los años 2017 y 2018 en Brasil, Bolivia y Argentina.
Como podemos observar, entonces, que los datos que postulamos como muy probables en cuanto a los volúmenes de uso de agrotóxicos en la Argentina - sin tener a la vista los informes de Pampas Group de fines de 2018 sobre CASAFE y publicados recientemente, a principios del año 2019 - , quedan confirmados.
Como ya lo adelantamos, más arriba, Pampas Group señala que de los números del 2016 de CASAFE se constata que el volumen de agrotóxicos comercializados aumentó un 13 % respecto del 2015.
Por lo tanto, para saber sobre la data del volumen de agrotóxicos comercializados en el 2016 que refieren a CASAFE (80 % 85% del mercado), habría que agregar a los 356 millones de litros/kilos del año 2015, el incremento que se verificó en el 2016: 13 % -.
Esa operación nos da unos 402 millones de litros/kilos por el año 2016 para las empresas nucleadas en CASAFE.
Ahora bien por otro lado, la Consultora IES, señala que el volumen estimado por el año 2016 de agrotóxicos comercializados asciende a los 393 millones litros kilos, aproximados a los 402 millones que se deducen de los datos consignados por Pampa Group respecto al volumen de agrotóxicos comercializados por las empresas nucleadas en CASAFE – 80 % 85 % del mercado.
Si a los 393/402 millones de litros kilos los proyectamos al 100 % del mercado de agrotóxicos, nos da promedio: 465 millones de litros/kilos, como el número total del año 2016, aproximadamente.
Según IES, en el año 2018, las empresas comprendidas en CASAFE vendieron para su uso en Argentina, 460 millones de litros kilos de agrotóxicos, representando un incremento del 10,9 % respecto del año 2017, donde se consumieron 410 millones de litros kilos de agrotóxicos.
Por lo tanto, realizando una proyección al 100 % del total del mercado (+ 15/20%), los números totales serian de + 480 millones de litros/kilos y + 525 millones de litros/kilos , aproximadamente para los años 2017 y 2018, respectivamente.
Así quedan revelados los números sobre la cantidad de agrotóxicos que se consumen en la actualidad en la Argentina. A estos más de 500 millones de litros/kilos de agrotóxicos que se utilizan por año, resta adicionarle todas las operaciones informales.
También debemos recalcar que algunos medios de prensa, no distinguen entre agrotóxicos y fertilizantes (sintéticos). Más a allá que ambos son un problema ambiental y grave. Así por ejemplo se observan varias notas periodísticas de medios hegemónicos que refieren a que, en los años 2016 y 2017, el uso de agrotóxicos y fertilizantes (sintéticos) fue de 360 y 380 millones de litros kilos, respectivamente, lo cual es absolutamente incorrecto. Esas cifras refieren sólo a fertilizantes que en el año 2016 el volumen fue de 3.609.084 de millones k/l y en el 2017 de 3.776.902 millones k/l, según los datos de Fertilizar. En el año 2018, esa cifra siguió en ascenso: 4.305.000 millones k/l.
Computando conjuntamente los volúmenes de fertilizantes (sintéticos) y agrotóxicos, en el año 2018, la suma total fue casi mil millones de litros/kilos.
El futuro es nuestro, no a las corporaciones del agronegocio
Mirando hacia adelante, los datos no son alentadores. Es importante considerar las metas propuestas por el Plan Estratégico Agroalimentario ideado e implementado en el año 2012 y que es una auténtica política de Estado que ha transcendido a los gobiernos y se mantiene firme en el cumplimiento de las sub-metas.
El objetivo final del PEA es llegar a casi 48 millones de hectáreas de agricultura sometidas al modelo del agronegocio.
La sub-meta fijada en el PEA para el año 2030 es de 43 millones de hectáreas. De cumplirse con ese objetivo y mantenerse la línea ascendente en el consumo de agrotóxicos la cantidad de litros kilos de los mismos sería para el año 2030 + 600 millones.
Otro dato muy preocupante y coincidente con esa cifra ascendente, son los 800 millones de litros/kilos de fertilizantes sintéticos que la principal cámara de empresas productoras de fertilizantes (CIAFA) tiene como meta final, siendo que estas sustancias guardan una estrecha relación en cantidad de uso por año con los agrotóxicos.
La Relatora del Derecho a la Alimentación de la ONU, ya alertó al Consejo de Derechos Humanos y a nuestro país, en su informe especial por Argentina del año 2018, que el modelo del agronegocio, sustentado en el uso de agrotóxicos es altamente problemático e insostenible ambientalmente. Nosotros agregamos que es abiertamente inconstitucional por ser incompatible con el paradigma ambiental que nos propone la carta magna en cuanto las actividades productivas deben satisfacer las necesidades de la sociedad actual pero sin comprometer el acervo ambiental, pensando en las generaciones futuras.
Hoy ya sabemos que son más de 525 millones de litros kilos de agrotóxicos, también que la casi totalidad de los alimentos que consume la población en la Argentina, frutas, hortalizas, verduras, cereales y oleaginosas vienen con residuos de agrotóxicos, tal como lo empezamos a revelar desde Abril 2017, en el informe "Heladeras Fumigadas Argentinas" con datos oficiales del Estado que tenia bien guardados. Y que luego sistematizamos, en Julio de 2018, en el informe "El Plato Fumigado", inmediatamente tras haber obtenido las concentraciones de los 82 venenos detectados en 38 alimentos, en los controles oficiales entre los años 2011-2016.
Y cuando hablamos de agrotóxicos, nos referimos sin eufemismos a venenos, porque son sustancias tóxicas con entidad para producir cánceres, afectación crónica al sistema hormonal y nervioso humano, en base a la información científica disponible, o sea debidamente publicada. Resultando, por ello, un despropósito que desde el agronegocio y los defensores de un modelo productivo ecocida, sigan con su entelequia, de referirse a estos biocidas como fitosanitarios.
Asimismo denunciamos como ecocida al agronegocio, porque a todo su derrotero contaminador, hay que sumar la grave afectación a la biodiversidad. Miles de componentes biológicos hoy están desapareciendo, el declive de insectos ya entró en alerta en varios países europeos, donde la cantidad de uso de agrotóxicos es mucho menor que a la de Argentina. Un parámetro significativo de esa situación, es la disminución drástica de la población de colmenas de abejas. En nuestro país, los datos son escalofriantes, en el lapso 2010-2018 se pasó de 3,2 millones a 1,8 millones de colmenas. Ya estamos actuando en este aspecto, acompañando a todas y todos los apicultores de la Argentina, en un proceso judicial para revisar, suspender y prohibir una serie de agrotóxicos sobre los cuales, estudios con rigor científico, hallaron evidencias de que afectan seriamente la vida de las abejas. Esos estudios, en Europa, fueron sumamente útiles para ir en esa dirección, en defensa de los principales polinizadores del planeta. Es que el problema ambiental de los agrotóxicos lo debemos correr de su eje antropocéntrico y abordarlo con una mirada ecocéntrica.
Esa perspectiva también debe ser considerada cuando hablamos del agua y su riesgo de contaminación por el uso masivo de agrotóxicos. Se trata de otro gran problema que ya lo tenemos frente a nuestras narices, como en un abrir y cerrar de ojos, lo que siempre sospechábamos que podía ocurrir, efectivamente está sucediendo.
Hoy las aguas subterráneas y superficiales, están contaminadas con agrotóxicos. Los trabajos de investigación de científicos y científicas de la Universidad de La Plata y un grupo muy interesante de investigadores del INTA - que haciendo gala de la ciencia digna tienen que batallar en un organismo estatal que en su cúpula nos presenta personas abiertamente permeables a los intereses de las empresas del agronegocio -, dan cuenta del impacto de los agrotóxicos en el agua (subterránea y superficial) y hasta alertan sobre la necesidad de atender este problema que puede agravarse significativamente sino se lo empieza considerar en lo inmediato. Los científicos y científicas del INTA además colocan sobre la mesa, otro factor que debe ponderarse en el encuadre del estado de situación actual y futura: el cambio climático, que empieza a incidir y que obliga a actuar.
Es que tras más de 20 años del modelo agroindustrial, se lleva un acumulado aproximado de 6 mil millones de litros kilos de agrotóxicos utilizados en la agricultura industrial - a lo que se suma casi igual cantidad de fertilizantes inorgánicos -, con los cuales son castigados constantemente los suelos. En consecuencia, el impacto a las aguas era algo previsible que ahora en los ojos de estos científicos y científicas se nos está revelando con evidencias irrefutables. El agua de consumo de red, en Pergamino, considerando todas las muestras, presentó en su conjunto 18 agrotóxicos (principios activos y sus metabolitos).
Estos mas de 500 kilos litros de agrotóxicos que denunciamos no nos toma por sorpresa, es lo que se viene señalando como una probabilidad, que ahora, refuerzan la alerta constante de los pueblos fumigados, ya para empezar a sellar definitivamente ese punto de inflexión del cual nos habla la Relatoría del Derecho a la Alimentación de la ONU. No podemos permitir que la meta de nuestra agricultura sean esas 48 millones de hectáreas sometidas al modelo agroindustrial que los gobiernos placidamente han concedido, a través del PEA, a las corporaciones y sectores económicos del agronegocio que se relamen con el aumento de las ventas de sus transgénicos, agrotóxicos y alimentos envenenados, pero sin hacerse cargo de las externalidades que esas metas representan.
No creemos que se vengan mejores tiempos políticos, lamentablemente. Hay quienes aventuran que a partir de Diciembre de este año se va a revertir el problema que implica el agronegocio en todos sus aspectos. Descreemos que el poder político vaya a girar el timón, en el corto plazo, menos si la carta electoral a la vista, nos ofrece alternativas con actores y actoras que son casualmente quienes han ideado e implementado el PEA y aprobado la primera soja transgénica, abriéndoles gentilmente las puertas a Monsanto y que encima siguen viendo con buenos ojos al modelo sojero como la solución de todos los problemas socioecónomicos de la Argentina.
Es que, en realidad, los más de 500 litros kilos de agrotóxicos que hoy tenemos en las aguas subterráneas, en los ríos, en el aire, en los alimentos, en los patios de las escuelas rurales, en los peces, en las abejas que se mueren y en nuestros propios cuerpos, ahí acumulándose diariamente, son en gran medida, consecuencias de un PEA, a través del cual se le donó el futuro de toda una sociedad, a las corporaciones del agronegocio.
Por eso, no solamente debemos decir basta de agrotóxicos, transgénicos y fertilizantes sintéticos, sino también y muy principalmente exigir: basta de este PEA nefasto que gobierna nuestras vidas, el ambiente, la biodiversidad y el futuro, el nuestro y el de las generaciones futuras.
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Siguen pensando en Atucha 3
Tras reconectar Embalse, Nación negocia para financiar Atucha 3
Fecha de Publicación: 14/06/2019
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Nacional
Esta semana el presidente Mauricio Macri recorrió, junto a autoridades de Energía de la Nación, la Central Nuclear Embalse que fue oficialmente reconectada luego de tres años de trabajos para darle una “segunda vida”. Esas tareas demandaron una inversión de US$2.149 millones y la Central ya está conectada proveyendo energía al sistema nacional. En diálogo con PERFIL CORDOBA, Julián Gadano, subsecretario de Energía Nuclear de la Nación dio detalles sobre los trabajos y criticó la falta de estabilidad institucional que resta oportunidades de conseguir financiamiento barato. También descartó que la Nación esté
“desmantelando” los programas y adelantó las negociaciones con agentes chinos para lograr financiamiento para nuevos proyectos.
-¿En qué consiste la ‘segunda vida’ de Embalse?
-Una central nuclear tiene, por diseño, una vida útil que aprueba el regulador. Es la industria más controlada del mundo, por razones obvias. Esta planta puede operar una cantidad de años determinada. Esa cantidad se terminó el 31 de diciembre de 2015, con lo cual había dos opciones: decomisar la planta, desmantelarla o volver a darle vida. Decidimos, aunque en realidad el proyecto venía de antes, extender la vida porque la inversión para eso era el 40% de lo que implicaba hacer una central nueva, pero en definitiva logramos una central nueva porque se cambiaron todos los componentes. Pero para hacer esto buscamos que no fuera un festival de obra pública, como ocurrió otras veces en Argentina.
-¿Qué se hizo concretamente?
-Cambiamos todos los componentes de la isla nuclear y la turbina que genera energía, el generador y todo lo que está alrededor. De la central original quedó el edificio, muchas cosas no esenciales para no generar más gasto del necesario y se cambió toda la isla nuclear, todo el sistema que genera la reacción nuclear, los generadores de vapor, el retubado y se repotenció la turbina, generador y los sistemas de control. Y se modernizó la sala de control. Además, se le agregaron 35 megas de potencia. Con esto, la vida de Embalse se extiende 25 años más a plena potencia, que suponemos van a ser 30 años reales.
-¿Qué implica en términos de energía para el sistema?
-Esto significa energía para tres millones de personas en la provincia de Córdoba. Córdoba hoy es generadora neta de energía, genera el 83% de la energía que Córdoba necesita. Y esto permite abaratar los costos de la generación de energía. Con Embalse evitamos comprar fueloil o GNL. Gracias a Embalse, “despedimos” al segundo barco regasificador que era la forma más cara y contaminante de consumir energía. Con Embalse, Córdoba prácticamente se vuelve autónoma y sustentable en materia de generación y gracias a Embalse vamos a tener un invierno más tranquilo porque vamos a necesitar comprar menos combustible contaminante y caro.
-¿Cómo sigue la reconversión de la matriz energética?
-Cuando asumimos nos propusimos recomponer el mercado energético, el mercado eléctrico, reconstruir las condiciones para la inversión y aprovechar lo mejor de cada fuente para una matriz diversificada. rgentina tiene la suerte de tener gas, viento, sol y un clúster tecnológico nuclear muy maduro. Ya tenemos las condiciones para una matriz energética más barata, más limpia y menos basada en combustibles fósiles contaminantes y caros. La Argentina exportaba gas y dejó de hacerlo por las políticas del Gobierno anterior que destrozaron la inversión en el sector. En el medio aparece Vaca Muerta que es una combinación del recurso natural, pero si tenemos instituciones débiles lo único que puede producir es una desgracia.
El capital.
Para Gadano hoy la Argentina tiene que esforzarse por conseguir capital extranjero para invertir ya que “no tenemos capital financiero porque hace 50 años que venimos haciendo cosas para no tenerlo. Después de 50 años de combatir el capital, Argentina no tiene capital. Hoy el capital extranjero está viniendo a Vaca Muerta porque está el recurso, el capital humano y reglas de juego. Este año va a haber inversiones en Vaca Muerta por US$10 mil millones en una provincia que tiene 500 mil habitantes”.
Nuevos negocios.
Hacia adelante, Gadano confirmó que están negociando con bancos y empresas chinas para financiar la construcción de la central nuclear Atucha 3, en Lima, provincia de Buenos Aires. Además, se avanza en el desarrollo de un programa para la fabricación de reactores modulares pequeños: “Hay cinco países que están trabajando en el desarrollo de reactores pequeños y Argentina es uno de ellos y el que tiene el prototipo más avanzado. Tiene un avance de obra del 60%. El objetivo es que en 10 años Argentina juegue un partido en un mercado nuevo de miles de millones de dólares”, sostuvo. Finalmente, sobre versiones en torno a desinversión y desmantelamiento de programas Gadano fue tajante: “En el sector nuclear argentino se invierten $20 mil millones cada año, entre Conea y las empresas públicas. Eso no es desmantelamiento pero lo que no hacemos es tirar la plata en proyectos mesiánicos. Hacer de nuevo Embalse costó US$2.150 millones y terminar Atucha 2 costó el doble. Hay que invertir: sin inversión pública esto no funciona, pero hay que invertir en proyectos sustentables y que generen recursos”
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Fecha de Publicación: 14/06/2019
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Nacional
Esta semana el presidente Mauricio Macri recorrió, junto a autoridades de Energía de la Nación, la Central Nuclear Embalse que fue oficialmente reconectada luego de tres años de trabajos para darle una “segunda vida”. Esas tareas demandaron una inversión de US$2.149 millones y la Central ya está conectada proveyendo energía al sistema nacional. En diálogo con PERFIL CORDOBA, Julián Gadano, subsecretario de Energía Nuclear de la Nación dio detalles sobre los trabajos y criticó la falta de estabilidad institucional que resta oportunidades de conseguir financiamiento barato. También descartó que la Nación esté
“desmantelando” los programas y adelantó las negociaciones con agentes chinos para lograr financiamiento para nuevos proyectos.
-¿En qué consiste la ‘segunda vida’ de Embalse?
-Una central nuclear tiene, por diseño, una vida útil que aprueba el regulador. Es la industria más controlada del mundo, por razones obvias. Esta planta puede operar una cantidad de años determinada. Esa cantidad se terminó el 31 de diciembre de 2015, con lo cual había dos opciones: decomisar la planta, desmantelarla o volver a darle vida. Decidimos, aunque en realidad el proyecto venía de antes, extender la vida porque la inversión para eso era el 40% de lo que implicaba hacer una central nueva, pero en definitiva logramos una central nueva porque se cambiaron todos los componentes. Pero para hacer esto buscamos que no fuera un festival de obra pública, como ocurrió otras veces en Argentina.
-¿Qué se hizo concretamente?
-Cambiamos todos los componentes de la isla nuclear y la turbina que genera energía, el generador y todo lo que está alrededor. De la central original quedó el edificio, muchas cosas no esenciales para no generar más gasto del necesario y se cambió toda la isla nuclear, todo el sistema que genera la reacción nuclear, los generadores de vapor, el retubado y se repotenció la turbina, generador y los sistemas de control. Y se modernizó la sala de control. Además, se le agregaron 35 megas de potencia. Con esto, la vida de Embalse se extiende 25 años más a plena potencia, que suponemos van a ser 30 años reales.
-¿Qué implica en términos de energía para el sistema?
-Esto significa energía para tres millones de personas en la provincia de Córdoba. Córdoba hoy es generadora neta de energía, genera el 83% de la energía que Córdoba necesita. Y esto permite abaratar los costos de la generación de energía. Con Embalse evitamos comprar fueloil o GNL. Gracias a Embalse, “despedimos” al segundo barco regasificador que era la forma más cara y contaminante de consumir energía. Con Embalse, Córdoba prácticamente se vuelve autónoma y sustentable en materia de generación y gracias a Embalse vamos a tener un invierno más tranquilo porque vamos a necesitar comprar menos combustible contaminante y caro.
-¿Cómo sigue la reconversión de la matriz energética?
-Cuando asumimos nos propusimos recomponer el mercado energético, el mercado eléctrico, reconstruir las condiciones para la inversión y aprovechar lo mejor de cada fuente para una matriz diversificada. rgentina tiene la suerte de tener gas, viento, sol y un clúster tecnológico nuclear muy maduro. Ya tenemos las condiciones para una matriz energética más barata, más limpia y menos basada en combustibles fósiles contaminantes y caros. La Argentina exportaba gas y dejó de hacerlo por las políticas del Gobierno anterior que destrozaron la inversión en el sector. En el medio aparece Vaca Muerta que es una combinación del recurso natural, pero si tenemos instituciones débiles lo único que puede producir es una desgracia.
El capital.
Para Gadano hoy la Argentina tiene que esforzarse por conseguir capital extranjero para invertir ya que “no tenemos capital financiero porque hace 50 años que venimos haciendo cosas para no tenerlo. Después de 50 años de combatir el capital, Argentina no tiene capital. Hoy el capital extranjero está viniendo a Vaca Muerta porque está el recurso, el capital humano y reglas de juego. Este año va a haber inversiones en Vaca Muerta por US$10 mil millones en una provincia que tiene 500 mil habitantes”.
Nuevos negocios.
Hacia adelante, Gadano confirmó que están negociando con bancos y empresas chinas para financiar la construcción de la central nuclear Atucha 3, en Lima, provincia de Buenos Aires. Además, se avanza en el desarrollo de un programa para la fabricación de reactores modulares pequeños: “Hay cinco países que están trabajando en el desarrollo de reactores pequeños y Argentina es uno de ellos y el que tiene el prototipo más avanzado. Tiene un avance de obra del 60%. El objetivo es que en 10 años Argentina juegue un partido en un mercado nuevo de miles de millones de dólares”, sostuvo. Finalmente, sobre versiones en torno a desinversión y desmantelamiento de programas Gadano fue tajante: “En el sector nuclear argentino se invierten $20 mil millones cada año, entre Conea y las empresas públicas. Eso no es desmantelamiento pero lo que no hacemos es tirar la plata en proyectos mesiánicos. Hacer de nuevo Embalse costó US$2.150 millones y terminar Atucha 2 costó el doble. Hay que invertir: sin inversión pública esto no funciona, pero hay que invertir en proyectos sustentables y que generen recursos”
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Ana Zabaloy: murió un símbolo de la lucha contra agrotóxicos
Murió la directora de una de las escuelas fumigadas con agrotóxicos
Fecha de Publicación: 12/06/2019
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional
Estaba al frente de la escuela rural 11, de San Antonio de Areco. Lideró la lucha para que dejaran de envenenar a sus alumnos.
Fue directora de una de las tantas escuelas fumigadas a lo largo y ancho del país. Le puso el cuerpo a los agrotóxicos y salió a pelear para que dejaran de fumigar, por aire y por tierra, a sus alumnos. El domingo por la tarde, a la hora de la siesta, murió en su pueblo de San Antonio de Areco, al que defendió del veneno, la docente Ana Zabaloy, que había sido directora de la Escuela Rural número 11 de esa ciudad. De tanto poner el cuerpo, fue afectada por una serie de enfermedades provocadas por la agresión permanente de los venenos que se utilizan para aumentar las ganancias de los terratenientes. "Se nos fue Ana Zabaloy, una de nuestras maestras fumigadas, emblema de la lucha contra el uso de agrotóxicos en la provincia de Buenos Aires y símbolo de la batalla que libran las docentes en nuestras escuelas rurales", declaró Patricio Eleisegui, autor del libro "Envenenados: Una bomba química nos extermina en silencio".
En un comunicado, el Consejo Ejecutivo Provincial de Suteba expresó que "despide con dolor" a la docente fallecida y al mismo tiempo convoca a "redoblar la lucha contra las fumigaciones, porque ese es el mejor homenaje" a Zabaloy. El sindicato que agrupa a los docentes bonaerenses destacó que ella "luchó incansablemente contra las fumigaciones sobre las escuelas y colaboró con el Suteba de San Antonio de Areco en la elaboración de la Ordenanza 4226/17, que limita el uso de los agrotóxicos, y que prohíbe su aplicación aérea", algo que se hacía con frecuencia en la escuela rural 11 en la que Zabaloy fue directora.
Además de asumir el compromiso de "mantener su lucha para evitar que los agroquímicos perjudiquen la salud de nuestro pueblo", Suteba exigió "a quienes gobiernan que se legisle de modo tal que las prácticas agrícolas sean eficaces y saludables". La entidad gremial advirtió que "el cuidado de la vida debe prevalecer por encima del negocio de las minorías privilegiadas que hoy gozan de impunidad". Eleisegui, por su parte, señaló que la docente fallecida "sufrió en su cuerpo los efectos de venenos como el 2,4-D", cuyo uso fue prohibido en varios países. Su historia clínica fue mudando "de una parestesia facial a la insuficiencia respiratoria, pasando por consecuencias de salud mucho más graves", hasta que "devino en otro ejemplo de cómo el modelo agrotóxico apaga nuestra supervivencia".
En el recuerdo a Zabaloy, se resaltó que "peleó del lado y a favor de la vida hasta que decidió volverse eterna". También le rindió homenaje el senador nacional Fernando "Pino" Solanas, quien dijo que "murió de cáncer una de las 'maestras fumigadas' que vivió protegiendo la escuela rural, donde era directora y donde padeció las enfermedades que la llevaron a la muerte. Eso pasó al recibir, igual que sus alumnos, pulverizaciones con agroquímicos" durante años.
El 5 de octubre de 2015 la Escuela 11 José Manuel Estrada, ubicada a 20 kilómetros del casco urbano de Areco, fue fumigada una vez más, en horario escolar, incumpliendo las normas establecidas por la normativa vigente en la zona. Ese día, como tantos otros, Ana Zabaloy salió al aire por la Red de Medios Alternativos para denunciar que estaban usando "sustancias muy fuertes que en otros países se han prohibido y que eso esté pasando en el patio de la escuela es preocupante".
La maestra rural precisó que ese lunes de octubre "cuando salimos al patio, nos sentamos en las hamacas, y vimos un mosquito (la máquina que se usa para fumigar), cruzando la calle de la escuela, a unos 30 metros", en plena tarea de fumigación. Precisó que "el mosquito iba dando toda una vuelta alrededor del terreno y en ese momento estaba pasando enfrente de la escuela, algo que ya nos ha pasado en otras ocasiones".
Las normativas, es cierto, tienen una importancia relativa a nivel de prevención dado que, como denunció ese día Zabaloy, fijan que se debe fumigar a una distancia de 100 metros "que no es nada, pero en este caso, además, era menor la distancia todavía". Tampoco lo podían hacer en horario escolar, pero igual lo hacían. Como consecuencia de "poner el cuerpo", como lo hizo siempre, la maestra rural es otra víctima de los agrotóxicos.
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Fecha de Publicación: 12/06/2019
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional
Estaba al frente de la escuela rural 11, de San Antonio de Areco. Lideró la lucha para que dejaran de envenenar a sus alumnos.
Fue directora de una de las tantas escuelas fumigadas a lo largo y ancho del país. Le puso el cuerpo a los agrotóxicos y salió a pelear para que dejaran de fumigar, por aire y por tierra, a sus alumnos. El domingo por la tarde, a la hora de la siesta, murió en su pueblo de San Antonio de Areco, al que defendió del veneno, la docente Ana Zabaloy, que había sido directora de la Escuela Rural número 11 de esa ciudad. De tanto poner el cuerpo, fue afectada por una serie de enfermedades provocadas por la agresión permanente de los venenos que se utilizan para aumentar las ganancias de los terratenientes. "Se nos fue Ana Zabaloy, una de nuestras maestras fumigadas, emblema de la lucha contra el uso de agrotóxicos en la provincia de Buenos Aires y símbolo de la batalla que libran las docentes en nuestras escuelas rurales", declaró Patricio Eleisegui, autor del libro "Envenenados: Una bomba química nos extermina en silencio".
En un comunicado, el Consejo Ejecutivo Provincial de Suteba expresó que "despide con dolor" a la docente fallecida y al mismo tiempo convoca a "redoblar la lucha contra las fumigaciones, porque ese es el mejor homenaje" a Zabaloy. El sindicato que agrupa a los docentes bonaerenses destacó que ella "luchó incansablemente contra las fumigaciones sobre las escuelas y colaboró con el Suteba de San Antonio de Areco en la elaboración de la Ordenanza 4226/17, que limita el uso de los agrotóxicos, y que prohíbe su aplicación aérea", algo que se hacía con frecuencia en la escuela rural 11 en la que Zabaloy fue directora.
Además de asumir el compromiso de "mantener su lucha para evitar que los agroquímicos perjudiquen la salud de nuestro pueblo", Suteba exigió "a quienes gobiernan que se legisle de modo tal que las prácticas agrícolas sean eficaces y saludables". La entidad gremial advirtió que "el cuidado de la vida debe prevalecer por encima del negocio de las minorías privilegiadas que hoy gozan de impunidad". Eleisegui, por su parte, señaló que la docente fallecida "sufrió en su cuerpo los efectos de venenos como el 2,4-D", cuyo uso fue prohibido en varios países. Su historia clínica fue mudando "de una parestesia facial a la insuficiencia respiratoria, pasando por consecuencias de salud mucho más graves", hasta que "devino en otro ejemplo de cómo el modelo agrotóxico apaga nuestra supervivencia".
En el recuerdo a Zabaloy, se resaltó que "peleó del lado y a favor de la vida hasta que decidió volverse eterna". También le rindió homenaje el senador nacional Fernando "Pino" Solanas, quien dijo que "murió de cáncer una de las 'maestras fumigadas' que vivió protegiendo la escuela rural, donde era directora y donde padeció las enfermedades que la llevaron a la muerte. Eso pasó al recibir, igual que sus alumnos, pulverizaciones con agroquímicos" durante años.
El 5 de octubre de 2015 la Escuela 11 José Manuel Estrada, ubicada a 20 kilómetros del casco urbano de Areco, fue fumigada una vez más, en horario escolar, incumpliendo las normas establecidas por la normativa vigente en la zona. Ese día, como tantos otros, Ana Zabaloy salió al aire por la Red de Medios Alternativos para denunciar que estaban usando "sustancias muy fuertes que en otros países se han prohibido y que eso esté pasando en el patio de la escuela es preocupante".
La maestra rural precisó que ese lunes de octubre "cuando salimos al patio, nos sentamos en las hamacas, y vimos un mosquito (la máquina que se usa para fumigar), cruzando la calle de la escuela, a unos 30 metros", en plena tarea de fumigación. Precisó que "el mosquito iba dando toda una vuelta alrededor del terreno y en ese momento estaba pasando enfrente de la escuela, algo que ya nos ha pasado en otras ocasiones".
Las normativas, es cierto, tienen una importancia relativa a nivel de prevención dado que, como denunció ese día Zabaloy, fijan que se debe fumigar a una distancia de 100 metros "que no es nada, pero en este caso, además, era menor la distancia todavía". Tampoco lo podían hacer en horario escolar, pero igual lo hacían. Como consecuencia de "poner el cuerpo", como lo hizo siempre, la maestra rural es otra víctima de los agrotóxicos.
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Vienen a auditar las emisiones de gases de efecto invernadero
El país, bajo la lupa de organismos internacionales por el cambio climático
Fecha de Publicación: 12/06/2019
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Desde el lunes pasado, dos equipos técnicos internacionales revisan cientos de planillas de Excel con datos sobre cómo la Argentina está controlando sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) para alcanzar su compromiso de no liberar al ambiente más de 483 megatoneladas de dióxido de carbono (CO2) en la próxima década. Esos datos forman parte del borrador del tercer Inventario Nacional de GEI, que se conocerá recién en la segunda mitad del año.
"Si el inventario de 2030 dice que alcanzamos ese valor, habremos hecho las cosas bien. Si estamos por encima, las habremos hecho mal. Pero vamos camino a cumplir con esa contribución nacional comprometida en 2016", dijo Carlos Gentile, secretario de Cambio Climático y Desarrollo Sustentable.
Por ahora, está disponible online la segunda actualización del inventario, que cubre el período 1990-2014 y se puede consultar en https://inventariogei.ambiente.gob.ar. Incluye, por sectores, cómo la producción de energía, la industria, el manejo de los residuos y la explotación agropecuaria, con sus usos, contribuyen con las emisiones de los GEI, entre los que prevalece el CO2, que favorecen el calentamiento global y el cambio climático. El país aporta el 0,7% de las emisiones atmosféricas contaminantes mundiales.
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Fecha de Publicación: 12/06/2019
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Desde el lunes pasado, dos equipos técnicos internacionales revisan cientos de planillas de Excel con datos sobre cómo la Argentina está controlando sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) para alcanzar su compromiso de no liberar al ambiente más de 483 megatoneladas de dióxido de carbono (CO2) en la próxima década. Esos datos forman parte del borrador del tercer Inventario Nacional de GEI, que se conocerá recién en la segunda mitad del año.
"Si el inventario de 2030 dice que alcanzamos ese valor, habremos hecho las cosas bien. Si estamos por encima, las habremos hecho mal. Pero vamos camino a cumplir con esa contribución nacional comprometida en 2016", dijo Carlos Gentile, secretario de Cambio Climático y Desarrollo Sustentable.
Por ahora, está disponible online la segunda actualización del inventario, que cubre el período 1990-2014 y se puede consultar en https://inventariogei.ambiente.gob.ar. Incluye, por sectores, cómo la producción de energía, la industria, el manejo de los residuos y la explotación agropecuaria, con sus usos, contribuyen con las emisiones de los GEI, entre los que prevalece el CO2, que favorecen el calentamiento global y el cambio climático. El país aporta el 0,7% de las emisiones atmosféricas contaminantes mundiales.
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Seis proyectos que intentan salvar nuestras especies
Seis proyectos para proteger especies autóctonas de la Argentina
Fecha de Publicación: 11/06/2019
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
El Aguila Coronada, el Caballito de Mar Patagónico, el Gato Andino, el Tordo Amarillo, el Puma y el Centro de Rescate de Fauna de la Ciudad de Buenos Aires son las proyectos que conoceremos en "Héroes de la Conservación" la nueva serie documental de naturaleza realizada por National Geographic y narrada por Ricardo Darín.
Transcurre en nueve provincias de Argentina (San Luis, Mendoza, Corrientes, Jujuy, Salta, La Pampa, Río Negro, Santa Cruz y Buenos Aires), visibilizando algunas de las tantas historias contadas por sus protagonistas que forman parte de proyectos apasionados y silenciosos de conservación en el país.
Más de 20.000 km. recorridos y unos sesenta días de rodaje en campo fueron necesarios para contar estas historias realizadas por Jumara Films y Kenya Films. El estreno fue el 5 de junio como festejo por el Día Mundial del Medioambiente.
Seis trabajos que hablan de tenacidad y dedicación con la esperanza de cambiar la realidad de muchas especies que se encuentran en situación crítica. Historias contadas por sus protagonistas: aquellas personas que están detrás de los proyectos aportando su formación, sus ideas, su creatividad y su talento al mundo de la conservación.
Ver la Nota Completa
Fecha de Publicación: 11/06/2019
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
El Aguila Coronada, el Caballito de Mar Patagónico, el Gato Andino, el Tordo Amarillo, el Puma y el Centro de Rescate de Fauna de la Ciudad de Buenos Aires son las proyectos que conoceremos en "Héroes de la Conservación" la nueva serie documental de naturaleza realizada por National Geographic y narrada por Ricardo Darín.
Transcurre en nueve provincias de Argentina (San Luis, Mendoza, Corrientes, Jujuy, Salta, La Pampa, Río Negro, Santa Cruz y Buenos Aires), visibilizando algunas de las tantas historias contadas por sus protagonistas que forman parte de proyectos apasionados y silenciosos de conservación en el país.
Más de 20.000 km. recorridos y unos sesenta días de rodaje en campo fueron necesarios para contar estas historias realizadas por Jumara Films y Kenya Films. El estreno fue el 5 de junio como festejo por el Día Mundial del Medioambiente.
Seis trabajos que hablan de tenacidad y dedicación con la esperanza de cambiar la realidad de muchas especies que se encuentran en situación crítica. Historias contadas por sus protagonistas: aquellas personas que están detrás de los proyectos aportando su formación, sus ideas, su creatividad y su talento al mundo de la conservación.
Ver la Nota Completa
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Llegó el rotulado de eficiencia energética para autos
El 15 % de los autos que se comercialice tendrá una etiqueta de eficiencia energética
Fecha de Publicación: 11/06/2019
Fuente: Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
La misma incluye datos sobre el consumo de combustible y las emisiones de CO2. El etiquetado pone a disposición de los usuarios información útil sobre el ahorro de combustible y el cuidado del ambiente.
A partir de hoy, al menos un 15% de los autos que se venden en los mismos. Km de distancia recorrida) y las emisiones de CO2 (en gramos por kilómetro recorrido).
El etiquetado tiene como finalidad la disposición de los usuarios la información útil sobre el ahorro de combustible y el cuidado del ambiente, la información sobre la hora de elegir y adquirir un vehículo.
Se trata de autos livianos (hasta 3.500 kg) con la etiqueta informativa de eficiencia energética, según Resolución 85/2018 de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y la norma IRAM-AITA 10274. En lo sucesivo se agregan más modelos hasta alcanzar, en junio de 2020, la totalidad de los vehículos nuevos comercializados.
Así lo anunciaron este mediodía el secretario de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman y los representantes de la Secretaría de Energía del Ministerio de Hacienda, el coordinador de Transporte de la Subsecretaría de Energías Renovables y Eficiencia Energética, Fernando Lía, y el director de Educación y Fomento en Uso Responsable de la Energía, Juan Manuel Ojea, en el evento “Sin contaminación del aire”, en el marco de la celebración por el Día Mundial del Ambiente realizada en la Plaza de las Armas Ejército Argentino.
Allí, Bergman aseguró: “Junto con nuestros compañeros de energía, les presentamos esta iniciativa de etiquetado vehicular. La idea es que progresivamente todos los vehículos tienen un etiquetado ”. Al tiempo de señalar: “No nos olvidamos de uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 es reflexionar sobre cómo producir, cómo consumir y cómo cambiamos nuestros hábitos”; en particular, sobre el sector automotriz, remarcó la importancia "de que esa industria tiene una calificación en términos de cómo impacta en el ambiente y cuánto se impacta en la salud de la gente".
Finalmente, el funcionario nacional destacó: "Nos alegra poder hacer lo que el Presidente nos pide, trabajar como un equipo, todas las secretarías y ministerios de diferentes incumbencias, haciendo juntos este trabajo convergente".
El evento también contó con la presencia del subsecretario de fiscalización y la recomendación de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Juan Trebino; El embajador de Canadá, David Usher; El presidente de APRA, Juan Filgueira Risso, entre otros.
Beneficios de la etiqueta de eficiencia energética:
· Hacer una comparación entre los vehículos según su consumo y desempeño;
· Poder optar por el auto más eficiente, es decir, el que menos energía consumir, manteniendo la misma prestación;
· Ahorrar dinero como producto del ahorro de combustible.
La información se convirtió en la etiqueta se obtuvo la redacción se obtuvo en la redacción IRAM / AITA 10274-1, que se describe la información que se debe seguir para realizar la transmisión de emisiones de CO2 y el consumo de combustible de los vehículos livianos.
El formato de la etiqueta debe cumplirse según lo detallado en la norma IRAM / AITA 10274-2 y debe incluir la información de la marca comercial, modelo, tipo de combustible, cilindrada del motor, marchas del automóvil y nivel de emisiones. La correspondiente norma europea de cumplimiento.
En su parte inferior, por su parte, se incorporó un código QR que remite al sitio web oficial de etiquetado vehicular.
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Fecha de Publicación: 11/06/2019
Fuente: Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
La misma incluye datos sobre el consumo de combustible y las emisiones de CO2. El etiquetado pone a disposición de los usuarios información útil sobre el ahorro de combustible y el cuidado del ambiente.
A partir de hoy, al menos un 15% de los autos que se venden en los mismos. Km de distancia recorrida) y las emisiones de CO2 (en gramos por kilómetro recorrido).
El etiquetado tiene como finalidad la disposición de los usuarios la información útil sobre el ahorro de combustible y el cuidado del ambiente, la información sobre la hora de elegir y adquirir un vehículo.
Se trata de autos livianos (hasta 3.500 kg) con la etiqueta informativa de eficiencia energética, según Resolución 85/2018 de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y la norma IRAM-AITA 10274. En lo sucesivo se agregan más modelos hasta alcanzar, en junio de 2020, la totalidad de los vehículos nuevos comercializados.
Así lo anunciaron este mediodía el secretario de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman y los representantes de la Secretaría de Energía del Ministerio de Hacienda, el coordinador de Transporte de la Subsecretaría de Energías Renovables y Eficiencia Energética, Fernando Lía, y el director de Educación y Fomento en Uso Responsable de la Energía, Juan Manuel Ojea, en el evento “Sin contaminación del aire”, en el marco de la celebración por el Día Mundial del Ambiente realizada en la Plaza de las Armas Ejército Argentino.
Allí, Bergman aseguró: “Junto con nuestros compañeros de energía, les presentamos esta iniciativa de etiquetado vehicular. La idea es que progresivamente todos los vehículos tienen un etiquetado ”. Al tiempo de señalar: “No nos olvidamos de uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 es reflexionar sobre cómo producir, cómo consumir y cómo cambiamos nuestros hábitos”; en particular, sobre el sector automotriz, remarcó la importancia "de que esa industria tiene una calificación en términos de cómo impacta en el ambiente y cuánto se impacta en la salud de la gente".
Finalmente, el funcionario nacional destacó: "Nos alegra poder hacer lo que el Presidente nos pide, trabajar como un equipo, todas las secretarías y ministerios de diferentes incumbencias, haciendo juntos este trabajo convergente".
El evento también contó con la presencia del subsecretario de fiscalización y la recomendación de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Juan Trebino; El embajador de Canadá, David Usher; El presidente de APRA, Juan Filgueira Risso, entre otros.
Beneficios de la etiqueta de eficiencia energética:
· Hacer una comparación entre los vehículos según su consumo y desempeño;
· Poder optar por el auto más eficiente, es decir, el que menos energía consumir, manteniendo la misma prestación;
· Ahorrar dinero como producto del ahorro de combustible.
La información se convirtió en la etiqueta se obtuvo la redacción se obtuvo en la redacción IRAM / AITA 10274-1, que se describe la información que se debe seguir para realizar la transmisión de emisiones de CO2 y el consumo de combustible de los vehículos livianos.
El formato de la etiqueta debe cumplirse según lo detallado en la norma IRAM / AITA 10274-2 y debe incluir la información de la marca comercial, modelo, tipo de combustible, cilindrada del motor, marchas del automóvil y nivel de emisiones. La correspondiente norma europea de cumplimiento.
En su parte inferior, por su parte, se incorporó un código QR que remite al sitio web oficial de etiquetado vehicular.
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Salta: investigadoras a favor de la nueva ley penal
Investigadoras salteñas, a favor de que se penalicen los delitos ambientales
Fecha de Publicación: 11/06/2019
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Salta
En el proyecto se tipifican conductas como delitos y se les impone sanciones penales, que van desde multas hasta prisión. Javier Corbalán
En el marco del programa Justicia 2020, que lleva adelante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, el 25 de marzo último se elevó al Congreso nacional un proyecto de reforma del Código Penal, que incluirá por primera vez un capítulo sobre delitos ambientales.
Ayer, por la tarde, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, presentó esta iniciativa en el Senado de la Nación, junto con los miembros de la comisión para la Reforma del Código Penal, tras ser invitado por la Cámara Alta. La comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado estudiará el proyecto las próximas semanas.
Las abogadas e investigadoras María Cristina Garros Martínez, Rosa Inés Torres Fernández, María Celeste Martínez y Elizabeth Safar, quienes integran el Instituto de Derecho Ambiental y de la Sustentabilidad (Ideas) de la Universidad Católica de Salta (Ucasal), se expresaron a favor de que se penalicen los delitos contra el medioambiente.
En un artículo, que acercaron a El Tribuno por el Día del Medio Ambiente, que se celebra hoy en todo el mundo, analizaron la propuesta del Ejecutivo nacional, con la intención de aportar al debate. Desde el Ideas enviaron trabajos sobre este tema a publicaciones especializadas en derecho ambiental e intervinieron en una propuesta de la cátedra de Derecho Penal, que llegó a la comisión redactora del Poder Ejecutivo.
Las especialistas mencionaron que en el proyecto se tipifican conductas como delitos y se les imponen sanciones penales, que van desde multas hasta la prisión, y se agravan cuando se trata de áreas protegidas. "Todas las figuras que han sido detalladas son delitos contra el ambiente y contra la vida de todos los seres vivos, humanos y animales", expresaron.
Insistieron en que el estado de gravedad en que está el ambiente hace necesario adoptar medidas fuertes. "Ahora nos encontramos con la disminución de los bosques, con la contaminación de las aguas de los mares, océanos, ríos y con el aire alterado", graficaron.
Manifestaron que la necesidad de la ampliación y la tipificación penal es el "reflejo" del fracaso administrativo en la gestión y el control de la protección del ambiente y en la falta de conciencia y solidaridad en cuanto al desarrollo, consumo y uso de los recursos por parte de los sectores privado y civil.
En el escrito, mencionaron al experto en derecho penal Edgardo Alberto Donna, quien considera que la tarea del legislador en materia de medioambiente ha sido insuficiente. "Resulta necesario proteger el medio ambiente como un bien jurídico independiente y efectuar la tipificación de las conductas dañosas como delitos ambientales en el Código Penal de la Nación Argentina, para que sean reprimidas las acciones cometidas por el ser humano, con el fin de evitar que continúen cometiéndose daños al medioambiente", expresaron.
Invitaron a la sociedad a comprometerse para dejar a las generaciones presentes y futuras un ambiente en camino de recuperación: "Ojalá que los legisladores piensen en los derechos humanos y no en intereses sectoriales, económicos o personales; que piensen en el ambiente como la tierra que es la casa común, que piensen en sus hijos y nietos, en los seres sintientes y en todos los ciudadanos que representan".
"Un artículo llamador"
La especialista en derecho ambiental, exjueza de la Corte de Justicia de la Provincia de Salta y directora del Ideas, María Cristina Garros Martínez, se refirió, al hablar con El Tribuno, al "capítulo totalmente novedoso de delitos ambientales".
"Hay que empezar a pensar, a debatir, a conversar, porque es un artículo llamador. Habrá gente que está en contra de que se incluya. Entonces, hay que debatirlo y no que salga de un día para el otro", alertó.
Señaló que casi no se habla de este tema en los medios de comunicación, como sí sucede con el femicidio o el aborto. Afirmó que deben existir sanciones penales por delitos ambientales. "Vemos que a las sanciones administrativas -multas- las apelan y, al final, el empresario incluye la supuesta multa que le van a aplicar en su presupuesto y sigue desmontando, por ejemplo", señaló.
Mencionó que en otros estados existen sanciones penales por delitos ambientales: además de multas a las empresas, se aplican penas de prisión a los directivos. Mencionó el caso de Brasil, que tiene tribunales ambientales, algunos de los cuales son itinerantes.
Garros Martínez se mostró a favor de dejar de lado el antropocentrismo: "Hay una tendencia fuerte, que, en general, es tomada por los más jóvenes, que dice que hay que cuidar el ambiente en sí mismo. Es lo que propone el papa Francisco en la (encíclica) "Laudato si', cuando dice que cuidemos la casa común. Es lo que dicen los pueblos indígenas: la Pachamama es la que nos da la vida, por el cultivo, por la tierra, por el aire, por todo".
Criticaron aspectos de la redacción
La propuesta de reforma del Código Penal incorpora el título “Delitos contra el ambiente”, con ocho capítulos: contaminación y otros daños al ambiente, delitos contra la biodiversidad, delitos contra la fauna silvestre y otros animales, maltrato y crueldad con animales, delitos contra los bosques nativos y protectores, delitos contra el patrimonio genético, definiciones y disposiciones generales.
Las investigadoras salteñas criticaron que las figuras resultaran extensas y que hubiera confusión en los términos técnicos. Plantearon que esto no es conveniente por la interpretación y la lectura que podrían hacer quienes pudieran resultar punibles.
Sobre maltrato animal
En relación con la inclusión de los delitos de maltrato animal dentro de los delitos contra el ambiente, las especialistas evaluaron que se trata de un retroceso de más de 70 años en la valoración de los animales y que implica una visión antropocéntrica. Advirtieron que la doctrina y la jurisprudencia nacional más reciente, de vanguardia a nivel mundial, considera al animal como sujeto de derecho.
“La biodiversidad es protegida desde una concepción de especie y su conservación y no, desde la individualidad del animal por su capacidad de ser sintiente, como está previsto en la vigente Ley Penal 14.346, que data de 1954, de actos de maltrato y crueldad animal, cuyo bien jurídico protegido es el animal en su individualidad como víctima de maltrato (y no el hombre o la especie)”.
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Fecha de Publicación: 11/06/2019
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Salta
En el proyecto se tipifican conductas como delitos y se les impone sanciones penales, que van desde multas hasta prisión. Javier Corbalán
En el marco del programa Justicia 2020, que lleva adelante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, el 25 de marzo último se elevó al Congreso nacional un proyecto de reforma del Código Penal, que incluirá por primera vez un capítulo sobre delitos ambientales.
Ayer, por la tarde, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, presentó esta iniciativa en el Senado de la Nación, junto con los miembros de la comisión para la Reforma del Código Penal, tras ser invitado por la Cámara Alta. La comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado estudiará el proyecto las próximas semanas.
Las abogadas e investigadoras María Cristina Garros Martínez, Rosa Inés Torres Fernández, María Celeste Martínez y Elizabeth Safar, quienes integran el Instituto de Derecho Ambiental y de la Sustentabilidad (Ideas) de la Universidad Católica de Salta (Ucasal), se expresaron a favor de que se penalicen los delitos contra el medioambiente.
En un artículo, que acercaron a El Tribuno por el Día del Medio Ambiente, que se celebra hoy en todo el mundo, analizaron la propuesta del Ejecutivo nacional, con la intención de aportar al debate. Desde el Ideas enviaron trabajos sobre este tema a publicaciones especializadas en derecho ambiental e intervinieron en una propuesta de la cátedra de Derecho Penal, que llegó a la comisión redactora del Poder Ejecutivo.
Las especialistas mencionaron que en el proyecto se tipifican conductas como delitos y se les imponen sanciones penales, que van desde multas hasta la prisión, y se agravan cuando se trata de áreas protegidas. "Todas las figuras que han sido detalladas son delitos contra el ambiente y contra la vida de todos los seres vivos, humanos y animales", expresaron.
Insistieron en que el estado de gravedad en que está el ambiente hace necesario adoptar medidas fuertes. "Ahora nos encontramos con la disminución de los bosques, con la contaminación de las aguas de los mares, océanos, ríos y con el aire alterado", graficaron.
Manifestaron que la necesidad de la ampliación y la tipificación penal es el "reflejo" del fracaso administrativo en la gestión y el control de la protección del ambiente y en la falta de conciencia y solidaridad en cuanto al desarrollo, consumo y uso de los recursos por parte de los sectores privado y civil.
En el escrito, mencionaron al experto en derecho penal Edgardo Alberto Donna, quien considera que la tarea del legislador en materia de medioambiente ha sido insuficiente. "Resulta necesario proteger el medio ambiente como un bien jurídico independiente y efectuar la tipificación de las conductas dañosas como delitos ambientales en el Código Penal de la Nación Argentina, para que sean reprimidas las acciones cometidas por el ser humano, con el fin de evitar que continúen cometiéndose daños al medioambiente", expresaron.
Invitaron a la sociedad a comprometerse para dejar a las generaciones presentes y futuras un ambiente en camino de recuperación: "Ojalá que los legisladores piensen en los derechos humanos y no en intereses sectoriales, económicos o personales; que piensen en el ambiente como la tierra que es la casa común, que piensen en sus hijos y nietos, en los seres sintientes y en todos los ciudadanos que representan".
"Un artículo llamador"
La especialista en derecho ambiental, exjueza de la Corte de Justicia de la Provincia de Salta y directora del Ideas, María Cristina Garros Martínez, se refirió, al hablar con El Tribuno, al "capítulo totalmente novedoso de delitos ambientales".
"Hay que empezar a pensar, a debatir, a conversar, porque es un artículo llamador. Habrá gente que está en contra de que se incluya. Entonces, hay que debatirlo y no que salga de un día para el otro", alertó.
Señaló que casi no se habla de este tema en los medios de comunicación, como sí sucede con el femicidio o el aborto. Afirmó que deben existir sanciones penales por delitos ambientales. "Vemos que a las sanciones administrativas -multas- las apelan y, al final, el empresario incluye la supuesta multa que le van a aplicar en su presupuesto y sigue desmontando, por ejemplo", señaló.
Mencionó que en otros estados existen sanciones penales por delitos ambientales: además de multas a las empresas, se aplican penas de prisión a los directivos. Mencionó el caso de Brasil, que tiene tribunales ambientales, algunos de los cuales son itinerantes.
Garros Martínez se mostró a favor de dejar de lado el antropocentrismo: "Hay una tendencia fuerte, que, en general, es tomada por los más jóvenes, que dice que hay que cuidar el ambiente en sí mismo. Es lo que propone el papa Francisco en la (encíclica) "Laudato si', cuando dice que cuidemos la casa común. Es lo que dicen los pueblos indígenas: la Pachamama es la que nos da la vida, por el cultivo, por la tierra, por el aire, por todo".
Criticaron aspectos de la redacción
La propuesta de reforma del Código Penal incorpora el título “Delitos contra el ambiente”, con ocho capítulos: contaminación y otros daños al ambiente, delitos contra la biodiversidad, delitos contra la fauna silvestre y otros animales, maltrato y crueldad con animales, delitos contra los bosques nativos y protectores, delitos contra el patrimonio genético, definiciones y disposiciones generales.
Las investigadoras salteñas criticaron que las figuras resultaran extensas y que hubiera confusión en los términos técnicos. Plantearon que esto no es conveniente por la interpretación y la lectura que podrían hacer quienes pudieran resultar punibles.
Sobre maltrato animal
En relación con la inclusión de los delitos de maltrato animal dentro de los delitos contra el ambiente, las especialistas evaluaron que se trata de un retroceso de más de 70 años en la valoración de los animales y que implica una visión antropocéntrica. Advirtieron que la doctrina y la jurisprudencia nacional más reciente, de vanguardia a nivel mundial, considera al animal como sujeto de derecho.
“La biodiversidad es protegida desde una concepción de especie y su conservación y no, desde la individualidad del animal por su capacidad de ser sintiente, como está previsto en la vigente Ley Penal 14.346, que data de 1954, de actos de maltrato y crueldad animal, cuyo bien jurídico protegido es el animal en su individualidad como víctima de maltrato (y no el hombre o la especie)”.
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Ya quieren cambiar la ley de glaciares ante el fallo adverso
El Gobierno planea modificar una ley por el fallo de glaciares
Fecha de Publicación: 10/06/2019
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: Nacional
Buscan definir con precisión el ambiente periglaciar para evitar controversias que entorpezcan la minería.
El día después de conocido el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación referido a la demanda de inconstitucionalidad de la Ley de Glaciares, en el Gobierno provincial buscan ahora modificar la legislación local, con una nueva norma o con precisiones a la vigente, la 8.144. La idea es definir con precisión el ambiente periglaciar, mencionado en forma genérica en la ley nacional, la 26.639, y que podría prestarse para confusiones, para evitar controversias que puedan entorpecer el desarrollo de la actividad minera en San Juan.
"Hay una indefinición del ambiente periglaciar, que es muy amplio y las sociedades científicas han dicho que hay que precisarlo porque es un concepto indefinido que, de esa forma, abarca toda la cordillera", dijo ayer el fiscal de Estado, Jorge Alvo. El funcionario, junto al ministro de Minería, Alberto Hensel, participó ayer en una conferencia de prensa para explicar los alcances del fallo del máximo tribunal de justicia del país. "En principio, el fallo de ninguna manera afecta el normal desarrollo de la actividad minera en San Juan. Es un claro reconocimiento a las atribuciones y derechos de las provincias sobre sus recursos originarios y una mención al necesario funcionamiento del sistema federal", dijo, tal como lo había adelantado el día anterior.
La Corte Suprema se pronunció el martes rechazando una demanda de inconstitucionalidad de la ley 26.639, planteada por las empresas mineras Barrick Exploraciones Argentinas S.A. y Exploraciones Mineras Argentinas SA, concesionarias del emprendimiento Pascua Lama y Minera Argentina Gold SA, del proyecto Veladero.
Despejada la duda en el sentido de que con el dictamen no se verán afectados los proyectos en marcha ni los futuros, en el Gobierno sanjuanino buscan avanzar en un camino en el que no se vayan a encontrar obstáculos que puedan entorpecer la actividad. Una de las cuestiones es la indefinición del término ambiente periglaciar, demasiado amplio, por lo que en la administración provincial entienden que hay que avanzar para despejar cualquier duda. Una alternativa, la más cercana según las fuentes consultadas, es o bien modificar la norma provincial o sancionar una nueva que aclare convenientemente el término. Intentar una modificación de la Ley de Glaciares, que es sobre la que se ha pronunciado la Corte Suprema, está descartado porque sería incentivar una nuevo debate nacional sobre la minería, una posibilidad que en el Gobierno local no ven con buenos ojos. Otras alternativas, mencionadas por el propio fiscal Alvo, podría ser a través de un decreto reglamentario. "Lo más propicio sería una reforma de la ley o del decreto reglamentario, para que no haya ahora la incertidumbre que hay". También podrían ser ordenanzas municipales en los departamentos mineros, como Iglesia, Jáchal y Calingasta. Además falta avanzar con el inventario de los glaciares argentinos que realiza el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla, ver infografía).
Quien también opinó sobre el fallo judicial fue el abogado Diego Seguí, de la Asamblea Jáchal No Se Toca. "Una crítica es que la participación de la Provincia haya sido en adhesión al interés privado y particular de una empresa y no tomando participación defendiendo el interés general, público y colectivo", expresó el profesional. Y sobre la resolución agregó que "la Corte no tenía mucho margen para decir otra cosa que la que dijo, desestimó primero el planteo de inconstitucionalidad in límine, diciendo que no se han reunido los requisitos formales para la admisión. Sin embargo ha dicho que frente a un interés individual y uno colectivo debe primar este último". "Entiendo que lo que la Corte ha hecho es transmitir seguridad jurídica respecto a que hay lugares que no se pueden afectar, lo que lleva tranquilidad para los inversores también", sostuvo.
Desde la Fiscalía de Estado, que defiende los intereses de la provincia, se hace hincapié en que no hay que perder de vista la preservación del recurso hídrico, sea para el consumo humano, la agricultura, la biodiversidad, para recarga de cuencas hidrográficas u otras cuestiones científicas. Y después que, donde se vaya a desarrollar cualquier actividad, hay que cuidar estos conceptos de agua, ya sea como glaciar, glaciar cubierto, ambiente periglaciar, y determinar dónde habría una afectación al recurso del agua. En definitiva, tener seguridad jurídica para que lleguen inversiones y licencia social para que las permitan avanzar.
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Fecha de Publicación: 10/06/2019
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: Nacional
Buscan definir con precisión el ambiente periglaciar para evitar controversias que entorpezcan la minería.
El día después de conocido el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación referido a la demanda de inconstitucionalidad de la Ley de Glaciares, en el Gobierno provincial buscan ahora modificar la legislación local, con una nueva norma o con precisiones a la vigente, la 8.144. La idea es definir con precisión el ambiente periglaciar, mencionado en forma genérica en la ley nacional, la 26.639, y que podría prestarse para confusiones, para evitar controversias que puedan entorpecer el desarrollo de la actividad minera en San Juan.
"Hay una indefinición del ambiente periglaciar, que es muy amplio y las sociedades científicas han dicho que hay que precisarlo porque es un concepto indefinido que, de esa forma, abarca toda la cordillera", dijo ayer el fiscal de Estado, Jorge Alvo. El funcionario, junto al ministro de Minería, Alberto Hensel, participó ayer en una conferencia de prensa para explicar los alcances del fallo del máximo tribunal de justicia del país. "En principio, el fallo de ninguna manera afecta el normal desarrollo de la actividad minera en San Juan. Es un claro reconocimiento a las atribuciones y derechos de las provincias sobre sus recursos originarios y una mención al necesario funcionamiento del sistema federal", dijo, tal como lo había adelantado el día anterior.
La Corte Suprema se pronunció el martes rechazando una demanda de inconstitucionalidad de la ley 26.639, planteada por las empresas mineras Barrick Exploraciones Argentinas S.A. y Exploraciones Mineras Argentinas SA, concesionarias del emprendimiento Pascua Lama y Minera Argentina Gold SA, del proyecto Veladero.
Despejada la duda en el sentido de que con el dictamen no se verán afectados los proyectos en marcha ni los futuros, en el Gobierno sanjuanino buscan avanzar en un camino en el que no se vayan a encontrar obstáculos que puedan entorpecer la actividad. Una de las cuestiones es la indefinición del término ambiente periglaciar, demasiado amplio, por lo que en la administración provincial entienden que hay que avanzar para despejar cualquier duda. Una alternativa, la más cercana según las fuentes consultadas, es o bien modificar la norma provincial o sancionar una nueva que aclare convenientemente el término. Intentar una modificación de la Ley de Glaciares, que es sobre la que se ha pronunciado la Corte Suprema, está descartado porque sería incentivar una nuevo debate nacional sobre la minería, una posibilidad que en el Gobierno local no ven con buenos ojos. Otras alternativas, mencionadas por el propio fiscal Alvo, podría ser a través de un decreto reglamentario. "Lo más propicio sería una reforma de la ley o del decreto reglamentario, para que no haya ahora la incertidumbre que hay". También podrían ser ordenanzas municipales en los departamentos mineros, como Iglesia, Jáchal y Calingasta. Además falta avanzar con el inventario de los glaciares argentinos que realiza el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla, ver infografía).
Quien también opinó sobre el fallo judicial fue el abogado Diego Seguí, de la Asamblea Jáchal No Se Toca. "Una crítica es que la participación de la Provincia haya sido en adhesión al interés privado y particular de una empresa y no tomando participación defendiendo el interés general, público y colectivo", expresó el profesional. Y sobre la resolución agregó que "la Corte no tenía mucho margen para decir otra cosa que la que dijo, desestimó primero el planteo de inconstitucionalidad in límine, diciendo que no se han reunido los requisitos formales para la admisión. Sin embargo ha dicho que frente a un interés individual y uno colectivo debe primar este último". "Entiendo que lo que la Corte ha hecho es transmitir seguridad jurídica respecto a que hay lugares que no se pueden afectar, lo que lleva tranquilidad para los inversores también", sostuvo.
Desde la Fiscalía de Estado, que defiende los intereses de la provincia, se hace hincapié en que no hay que perder de vista la preservación del recurso hídrico, sea para el consumo humano, la agricultura, la biodiversidad, para recarga de cuencas hidrográficas u otras cuestiones científicas. Y después que, donde se vaya a desarrollar cualquier actividad, hay que cuidar estos conceptos de agua, ya sea como glaciar, glaciar cubierto, ambiente periglaciar, y determinar dónde habría una afectación al recurso del agua. En definitiva, tener seguridad jurídica para que lleguen inversiones y licencia social para que las permitan avanzar.
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Otra iniciativa que busca prohibir el Glifosato
El Senado busca regular el uso de agroquímicos
Fecha de Publicación: 10/06/2019
Fuente: Revista Chacra
Provincia/Región: Nacional
Los asesores de las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca, y de Ambiente y Desarrollo Sustentable se reunirán para analizar proyectos.
La iniciativa prohíbe en todo el territorio nacional la utilización del herbicida "Glifosato", sus productos formulados y derivados, a partir del quinto año de sancionada la presente ley, a fin de proteger la salud e integridad física de la población, de las futuras generaciones y del ambiente.
En sus argumentos, indica que la Ley 25.675, de Ambiente establece que la política ambiental nacional está sujeta, entre otros, al principio precautorio y al de prevención. Si bien los datos y casos denunciados en relación al glifosato habilitaban su aplicación desde hace tiempo, la reciente declaración de la OMS "nos obliga a ponerlos en funcionamiento y detener el uso de este producto categorizado como probablemente cancerígeno. La protección de la salud pública es una política de Estado".
Entre los proyectos de ley, se encuentra un texto del senador José Ojeda (FPV-Tierra del Fuego), que prohíbe en todo el territorio nacional la utilización del herbicida "glifosato", sus productos formulados y derivados.
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Fecha de Publicación: 10/06/2019
Fuente: Revista Chacra
Provincia/Región: Nacional
Los asesores de las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca, y de Ambiente y Desarrollo Sustentable se reunirán para analizar proyectos.
La iniciativa prohíbe en todo el territorio nacional la utilización del herbicida "Glifosato", sus productos formulados y derivados, a partir del quinto año de sancionada la presente ley, a fin de proteger la salud e integridad física de la población, de las futuras generaciones y del ambiente.
En sus argumentos, indica que la Ley 25.675, de Ambiente establece que la política ambiental nacional está sujeta, entre otros, al principio precautorio y al de prevención. Si bien los datos y casos denunciados en relación al glifosato habilitaban su aplicación desde hace tiempo, la reciente declaración de la OMS "nos obliga a ponerlos en funcionamiento y detener el uso de este producto categorizado como probablemente cancerígeno. La protección de la salud pública es una política de Estado".
Entre los proyectos de ley, se encuentra un texto del senador José Ojeda (FPV-Tierra del Fuego), que prohíbe en todo el territorio nacional la utilización del herbicida "glifosato", sus productos formulados y derivados.
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Construyeron casas con materiales de descarte industrial
Una ONG construyó cerca de 200 casas con materiales reciclados
Fecha de Publicación: 10/06/2019
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
Techo utiliza los desechos que donan las empresas para la construcción de viviendas de emergencia en los asentamientos del país. Realizan pilotes y ecoplacas que buscan reemplazar la madera con material de descarte industrial, compuesto de celulosa y polímeros.
La organización social Techo realizó alrededor de 200 viviendas con material reciclado del descarte de plástico de distintas empresas y evitó que más 900 toneladas fueran a la basura en los últimos dos años, informaron hoy desde la institución.
Según explicaron, la Fábrica Social de la ONG utiliza los desechos que donan las empresas para la construcción de viviendas de emergencia en los asentamientos del país, con el cual realizan pilotes y ecoplacas que buscan reemplazar la madera con material de descarte industrial, compuesto de celulosa y polímeros.
“Actualmente estos descartes van a parar a relleno sanitario como disposición final. Nosotros les acercamos la oportunidad a las empresas de transformar este descarte en placas y pilotes, que utilizamos como material en nuestras viviendas de emergencia", explicó a Télam Joaquín Castro Madero, gerente general de la Fábrica Social.
Techo lleva producidas más de 8.000 viviendas de emergencia para palear la situación de emergencia habitacional, precariedad y hacinamiento en la que viven miles de personas en los asentamientos de nuestro país, según informaron en un comunicado.
"Invitamos a las empresas a ser parte de un programa de triple impacto: se reducen considerablemente los costos de la vivienda, reducimos el deterioro del medio ambiente y generamos un impacto positivo directo en las familias con las que trabajamos", aseguró Castro Madero.
"Además nos permite crecer creando más puestos de trabajo formal para los vecinos de asentamientos en la línea de producción”, concluyó.
El proceso cuenta con el asesoramiento del Instituto Argentino del Envase (IAE), entidad que certifica el tratamiento de los materiales y el desarrollo de los nuevos productos de material reciclado.
La Fábrica también lleva a cabo productos, objetos y muebles, realizados con la madera sobrante de la producción de viviendas de emergencia.
De este modo, las cuatro toneladas de madera sobrante que se obtienen cada mes se vuelven productos para financiar el trabajo que lleva a cabo la organización, explicaron.
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Fecha de Publicación: 10/06/2019
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
Techo utiliza los desechos que donan las empresas para la construcción de viviendas de emergencia en los asentamientos del país. Realizan pilotes y ecoplacas que buscan reemplazar la madera con material de descarte industrial, compuesto de celulosa y polímeros.
La organización social Techo realizó alrededor de 200 viviendas con material reciclado del descarte de plástico de distintas empresas y evitó que más 900 toneladas fueran a la basura en los últimos dos años, informaron hoy desde la institución.
Según explicaron, la Fábrica Social de la ONG utiliza los desechos que donan las empresas para la construcción de viviendas de emergencia en los asentamientos del país, con el cual realizan pilotes y ecoplacas que buscan reemplazar la madera con material de descarte industrial, compuesto de celulosa y polímeros.
“Actualmente estos descartes van a parar a relleno sanitario como disposición final. Nosotros les acercamos la oportunidad a las empresas de transformar este descarte en placas y pilotes, que utilizamos como material en nuestras viviendas de emergencia", explicó a Télam Joaquín Castro Madero, gerente general de la Fábrica Social.
Techo lleva producidas más de 8.000 viviendas de emergencia para palear la situación de emergencia habitacional, precariedad y hacinamiento en la que viven miles de personas en los asentamientos de nuestro país, según informaron en un comunicado.
"Invitamos a las empresas a ser parte de un programa de triple impacto: se reducen considerablemente los costos de la vivienda, reducimos el deterioro del medio ambiente y generamos un impacto positivo directo en las familias con las que trabajamos", aseguró Castro Madero.
"Además nos permite crecer creando más puestos de trabajo formal para los vecinos de asentamientos en la línea de producción”, concluyó.
El proceso cuenta con el asesoramiento del Instituto Argentino del Envase (IAE), entidad que certifica el tratamiento de los materiales y el desarrollo de los nuevos productos de material reciclado.
La Fábrica también lleva a cabo productos, objetos y muebles, realizados con la madera sobrante de la producción de viviendas de emergencia.
De este modo, las cuatro toneladas de madera sobrante que se obtienen cada mes se vuelven productos para financiar el trabajo que lleva a cabo la organización, explicaron.
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Zaffaroni expuso sobre agroquímicos en el Vaticano
Zaffaroni expone en el Vaticano sobre agroquímicos
Fecha de Publicación: 06/06/2019
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Con una nutrida delegación argentina, encabezada por el exjuez de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni, comenzó hoy en el Vaticano una Cumbre Panamericana de jueces sobre Derechos Sociales y Doctrina Franciscana, que cerrará mañana el papa Francisco .
"Pensamos que este va a ser un encuentro decisivo", dijo el arzobispo argentino Marcelo Sánchez Sorondo, canciller de la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales, al inaugurar el evento en el aula magna de la Casina Pío IV, espectacular edificio del Renacimiento enclavado en los Jardines del Vaticano. "Si no se reconocen primero los derechos humanos de cada hombre y mujer, no hay otros derechos. El Papa justamente lo sintetiza como Trabajo, Tierra y Techo pero el tema de los derechos es más complejo. Este encuentro no va a ser sólo expresión de discursos, sino decisiones concretas para tratar que realmente los derechos humanos se apliquen y sean disponibles para todos los habitantes del mundo. Tenemos los instrumentos globales para hacerlo, pero no siempre las fuerzas internacionales, las multinacionales, nos ayudan a la realización de los mismos", agregó.
Sánchez Sorondo ya había convocado a jueces de todo el mundo en junio de 2016 para disertar sobre la trata de personas y el crimen organizado y a juezas y fiscales, en noviembre de 2017. Esta vez, tal como explicó Andrés Gallardo, titular del juzgado N° 2 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires y organizador de la cumbre, la reunión es una continuación de la "Primera Jornada sobre Derechos Sociales y Doctrina Franciscana" que se realizó el 4 de junio del año pasado en la Facultad de Derecho de la UBA.
"Espero que podamos juntos desarrollar la misma sinergia que hubo entonces y que logremos corrernos del rígido papel que se le suele asignar a la figura judicial, para sensibilizarnos y comunicarnos desde otro perfil. Que humanicemos nuestro discurso para humanizar luego nuestras prácticas", dijo en la apertura Gallardo, hablando ante magistrados de Estados Unidos, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, Colombia, México y demás países del continente.
Formada por más de 20 jueces, la delegación argentina es la más numerosa. Al margen de Zaffaroni, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que disertará mañana, al igual que sus colegas Carlos Balbín, Fabiana Schafrik, Guillermo Treacy y Roberto Pompa, asisten como observadores Inés Weinberg -Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la CABA y candidata del Gobierno para liderar la Procuración General de la Nación-, Alejandra Villasur, Graciela Christe, Horacio Corti, Silvia Escobar, Francisco Ferrer, María Jazmín Gallardo, César Raúl Jímenez, Elena Liberatori, Mable López Oliva, Adriana Alicia Micale, Juan Manuel Olmos, Alejandra Petrella, Mariana Pucciarello, Bruno Quadri, Luis Raffaghelli, Darío Reynoso, Guadalupe Quillén Reynoso, Felipe Silva Camilo, Graciela Slavin.
Gallardo, autor de "Francisco vs. Moloch. Ideas para una revolución ecosocial", destacó que la cumbre culminará no sólo con un documento final, sino también con la conformación de un Comité Permanente de jueces Panamericano. "La idea es lograr la mayor concreción posible de derechos sociales y ambientales y a su vez, que sea una herramienta de defensa recíproca al magistrado, porque no se nos escapa que la concreción de estos derechos nos genera a veces conflictos entre el poder político y el poder judicial", explicó a LA NACION. "Como dice Francisco, queremos ser levadura. Somos una minoría, pero la idea es que con esa función de levadura logremos expandir rápidamente los derechos sociales y que se sume mucha más gente. Creemos que hay una necesidad, sobre todo en la Argentina, de encontrar agrupamientos genuinos, transparentes, claros, con mensajes alejados de las cuestiones partidarias, coyunturales", agregó.
En su exposición, el juez Gustavo Moreno, Asesor Tutelar ante la Cámara de Apelaciones N° 2 porteño, aseguró que el desafío de la cumbre es "la exigibilidad y la justiciabilidad" de los derechos económicos y sociales. Subrayó que pese a que, por ejemplo, 196 países ratificaron la Convención sobre los Derechos del Niño, la realidad es que pocos respetan este tratado internacional. "Al menos en mi país, más del 40% de los niños y adolescentes son pobres, según cifras de la Unicef, o de la UCA", lamentó. "¿Cuál es la relación de un tratado internacional, de aplicación inmediata, frente al 40% de niños pobres?", preguntó. "Algo estamos haciendo mal", reconoció.
"Ajustes estructurales"
"Hay muchos obstáculos a los derechos económicos y sociales que son puestos, generalmente, para reconocer no sólo la posibilidad de la garantía, sino para que estos se apliquen directamente. Y un tema central es la Ley de Presupuesto, los fondos que son necesarios para los derechos sociales", también puntualizó Moreno. El magistrado, que citó al Papa y destacó la triste realidad de los descartados, por otro lado criticó "los ajustes estructurales potenciados por organismos de financiamiento internacional que generan más pobres", aludiendo silenciosamente al Gobierno, sin nombrarlo y desencadenando un aplauso de parte de varios colegas argentinos.
"Recientemente Francisco dijo que 'donde hay un buen juez, la sociedad anda bien'. Me atrevería humildemente a interpretar que el buen juez al que se refiere el Santo Padre es sin duda aquel hombre o aquella mujer que en cumplimiento de su magistratura garantiza frente a los poderosos la sed de justicia que tienen los movimientos populares que reclaman tierra, techo y trabajo, como otras personas descartadas y desplazadas con el mismo clamor de justicia", concluyó Moreno.
En una pausa Zaffaroni -que contó que ya se encontraba en Italia porque fue profesor invitado de un curso en Nápoles-, adelantó a LA NACION que mañana, en su exposición, hablará sobre agroquímicos y lo que se puede hacer judicialmente para proteger a la población de su abuso. "Somos el país que tiene el mayor consumo de glifosato por cabeza. Eso tiene efecto inmediato en el caso de la fumigación y tiene un efecto más tardío sobre la alimentación de todos, porque quedan residuos", explicó. "Judicialmente se puede controlar lo que es la fumigación. El problema es que hay que enfrentarse con todo un aparato de política económica de exportación", apuntó. En cuanto a las expectativas de la cumbre, se manifestó esperanzado en que quede algo permanente; aunque opinó que "habría que hacer un observatorio, más que una comisión, para que haya un monitoreo de los derechos sociales en toda la región".
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Fecha de Publicación: 06/06/2019
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Con una nutrida delegación argentina, encabezada por el exjuez de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni, comenzó hoy en el Vaticano una Cumbre Panamericana de jueces sobre Derechos Sociales y Doctrina Franciscana, que cerrará mañana el papa Francisco .
"Pensamos que este va a ser un encuentro decisivo", dijo el arzobispo argentino Marcelo Sánchez Sorondo, canciller de la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales, al inaugurar el evento en el aula magna de la Casina Pío IV, espectacular edificio del Renacimiento enclavado en los Jardines del Vaticano. "Si no se reconocen primero los derechos humanos de cada hombre y mujer, no hay otros derechos. El Papa justamente lo sintetiza como Trabajo, Tierra y Techo pero el tema de los derechos es más complejo. Este encuentro no va a ser sólo expresión de discursos, sino decisiones concretas para tratar que realmente los derechos humanos se apliquen y sean disponibles para todos los habitantes del mundo. Tenemos los instrumentos globales para hacerlo, pero no siempre las fuerzas internacionales, las multinacionales, nos ayudan a la realización de los mismos", agregó.
Sánchez Sorondo ya había convocado a jueces de todo el mundo en junio de 2016 para disertar sobre la trata de personas y el crimen organizado y a juezas y fiscales, en noviembre de 2017. Esta vez, tal como explicó Andrés Gallardo, titular del juzgado N° 2 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires y organizador de la cumbre, la reunión es una continuación de la "Primera Jornada sobre Derechos Sociales y Doctrina Franciscana" que se realizó el 4 de junio del año pasado en la Facultad de Derecho de la UBA.
"Espero que podamos juntos desarrollar la misma sinergia que hubo entonces y que logremos corrernos del rígido papel que se le suele asignar a la figura judicial, para sensibilizarnos y comunicarnos desde otro perfil. Que humanicemos nuestro discurso para humanizar luego nuestras prácticas", dijo en la apertura Gallardo, hablando ante magistrados de Estados Unidos, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, Colombia, México y demás países del continente.
Formada por más de 20 jueces, la delegación argentina es la más numerosa. Al margen de Zaffaroni, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que disertará mañana, al igual que sus colegas Carlos Balbín, Fabiana Schafrik, Guillermo Treacy y Roberto Pompa, asisten como observadores Inés Weinberg -Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la CABA y candidata del Gobierno para liderar la Procuración General de la Nación-, Alejandra Villasur, Graciela Christe, Horacio Corti, Silvia Escobar, Francisco Ferrer, María Jazmín Gallardo, César Raúl Jímenez, Elena Liberatori, Mable López Oliva, Adriana Alicia Micale, Juan Manuel Olmos, Alejandra Petrella, Mariana Pucciarello, Bruno Quadri, Luis Raffaghelli, Darío Reynoso, Guadalupe Quillén Reynoso, Felipe Silva Camilo, Graciela Slavin.
Gallardo, autor de "Francisco vs. Moloch. Ideas para una revolución ecosocial", destacó que la cumbre culminará no sólo con un documento final, sino también con la conformación de un Comité Permanente de jueces Panamericano. "La idea es lograr la mayor concreción posible de derechos sociales y ambientales y a su vez, que sea una herramienta de defensa recíproca al magistrado, porque no se nos escapa que la concreción de estos derechos nos genera a veces conflictos entre el poder político y el poder judicial", explicó a LA NACION. "Como dice Francisco, queremos ser levadura. Somos una minoría, pero la idea es que con esa función de levadura logremos expandir rápidamente los derechos sociales y que se sume mucha más gente. Creemos que hay una necesidad, sobre todo en la Argentina, de encontrar agrupamientos genuinos, transparentes, claros, con mensajes alejados de las cuestiones partidarias, coyunturales", agregó.
En su exposición, el juez Gustavo Moreno, Asesor Tutelar ante la Cámara de Apelaciones N° 2 porteño, aseguró que el desafío de la cumbre es "la exigibilidad y la justiciabilidad" de los derechos económicos y sociales. Subrayó que pese a que, por ejemplo, 196 países ratificaron la Convención sobre los Derechos del Niño, la realidad es que pocos respetan este tratado internacional. "Al menos en mi país, más del 40% de los niños y adolescentes son pobres, según cifras de la Unicef, o de la UCA", lamentó. "¿Cuál es la relación de un tratado internacional, de aplicación inmediata, frente al 40% de niños pobres?", preguntó. "Algo estamos haciendo mal", reconoció.
"Ajustes estructurales"
"Hay muchos obstáculos a los derechos económicos y sociales que son puestos, generalmente, para reconocer no sólo la posibilidad de la garantía, sino para que estos se apliquen directamente. Y un tema central es la Ley de Presupuesto, los fondos que son necesarios para los derechos sociales", también puntualizó Moreno. El magistrado, que citó al Papa y destacó la triste realidad de los descartados, por otro lado criticó "los ajustes estructurales potenciados por organismos de financiamiento internacional que generan más pobres", aludiendo silenciosamente al Gobierno, sin nombrarlo y desencadenando un aplauso de parte de varios colegas argentinos.
"Recientemente Francisco dijo que 'donde hay un buen juez, la sociedad anda bien'. Me atrevería humildemente a interpretar que el buen juez al que se refiere el Santo Padre es sin duda aquel hombre o aquella mujer que en cumplimiento de su magistratura garantiza frente a los poderosos la sed de justicia que tienen los movimientos populares que reclaman tierra, techo y trabajo, como otras personas descartadas y desplazadas con el mismo clamor de justicia", concluyó Moreno.
En una pausa Zaffaroni -que contó que ya se encontraba en Italia porque fue profesor invitado de un curso en Nápoles-, adelantó a LA NACION que mañana, en su exposición, hablará sobre agroquímicos y lo que se puede hacer judicialmente para proteger a la población de su abuso. "Somos el país que tiene el mayor consumo de glifosato por cabeza. Eso tiene efecto inmediato en el caso de la fumigación y tiene un efecto más tardío sobre la alimentación de todos, porque quedan residuos", explicó. "Judicialmente se puede controlar lo que es la fumigación. El problema es que hay que enfrentarse con todo un aparato de política económica de exportación", apuntó. En cuanto a las expectativas de la cumbre, se manifestó esperanzado en que quede algo permanente; aunque opinó que "habría que hacer un observatorio, más que una comisión, para que haya un monitoreo de los derechos sociales en toda la región".
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La ley de glaciares fue ratificada por la Corte Suprema
La Corte Suprema ratificó que es constitucional la ley de glaciares
Fecha de Publicación: 05/06/2019
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
El máximo tribunal cerró así una causa iniciada por Barrick Gold en 2001. Con la ley en plena vigencia, podrían verse afectados 40 proyectos mineros en marcha y posibles inversiones por 18.000 millones de dólares.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró constitucional la Ley de Glaciares. Se trata de la norma que protege los cuerpos de agua de la Argentina y determina, entre otras cosas, dónde puede haber actividad minera y dónde no. El fallo implicará lecturas múltiples. Será leído y celebrado por ambientalistas como una medida en defensa del Medio Ambiente. Pero generará un fuerte rechazo de la industria minera, la principal perjudicada por esta decisión. Por elevación, significará un golpe para el Gobierno, que buscaba modificar la ley para garantizarse nuevas inversiones del sector.
La decisión del máximo tribunal es el punto final de un largo camino, iniciado en 2011 por la minera Barrick Gold, que opera los yacimientos de Pascua Lama y Veladero en San Juan. Entonces, la empresa pidió que se revisará la legalidad de dicha normativa. Planteaba que debían ser redefinidos los límites geográficos y morfológicos de los sitios donde puede practicarse la actividad porque en buena medida, así como está escrita la ley, los dejaba fuera del negocio.
La decisión de la Corte de declarar constitucional la ley, en contra de las pretensiones de Barrick, no solo supone un problema para esta compañía, sino que además definirá la suerte de otros 44 proyectos mineros que por su ubicación, de acuerdo con datos de la Secretaría de Ambiente, afectan áreas glaciares (glaciar propiamente dicho) o periglaciares (suelo congelado).
El fallo salió de manera unánime y que los jueces del cuerpo judicial citaron entre sus argumentos la división de poderes y la garantía constitucional del artículo 41 por un ambiente sano, así como también el cumplimiento del Acuerdo de París, en términos de lucha contra el cambio climático.
La ley de protección de glaciares establece los presupuestos mínimos para "la protección de los glaciares y del ambiente periglaciar con el objeto de preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano; para la agricultura y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas; para la protección de la biodiversidad, como fuente de información científica y como atractivo turístico".
La norma tuvo un debut intrincado. El 10 de noviembre de 2008, al poco tiempo de ser sancionada, Cristina Kirchner la vetó, argumentando que excedía las facultades reservadas a la Nación en el artículo 41 de la Constitución. Sobradas fuentes señalaron entonces que aquella decisión presidencial se había dado como una concesión a las presiones de la industria minera. El periodismo lo llamó “El veto Barrick”, aludiendo a la minera Barrick Gold, cuyos proyectos Pascua Lama y Veladero, en la provincia de San Juan, se veían comprometidos por la aplicación de la ley.
Lo que vino después fue una fuerte presión social, con ecos en el parlamento, y la reglamentación definitiva en 2011, a pesar de la resistencia de la industria y por impulso del entonces diputado Miguel Bonasso.
Durante los años siguientes, por medio de amparos judiciales, la aplicación de la norma fue quedando en suspenso una y otra vez. Las mineras pudieron seguir operando. Pero esto no impidió que el Instituto Argentino de Glaciología, el IANIGLA, llevara adelante el conteo de todos los glaciares del país, un inventario que la misma ley ordenaba que se hiciera. Hace justo un año se conoció el resultado de ese relevamiento. En la Argentina hay 16.968 cuerpos de hielo (16.078 en la Cordillera y 890 en las Islas del Atlántico Sur). Ocupan 8.484 kilómetros cuadrados.
La minería es una industria muy apuntalada por el gobierno de Cambiemos y sobre todo por el puñado de gobernadores de la provincias mineras. Tanto es así que en 2017 se conoció un paper del gobierno en el que se planteaba directamente una reforma de la ley de glaciares casi a pedido de las mineras. De acuerdo con datos de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros, el sector emplea a más de 80.000 personas y el año pasado pagó casi 30.000 millones de pesos en impuestos a las provincias y a la Nación. Pero el caramelo son las inversiones por casi 18.000 millones de dólares que el sector le viene prometiendo al Gobierno desde 2015. En buena medida, muchas de esas inversiones permanecieron frenadas por dos escenarios indefinidos, lo que ocurriera con la situación económica y el destino final de la ley de los cuerpos de hielo cordilleranos. Ese que se conocerá hoy.
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Fecha de Publicación: 05/06/2019
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
El máximo tribunal cerró así una causa iniciada por Barrick Gold en 2001. Con la ley en plena vigencia, podrían verse afectados 40 proyectos mineros en marcha y posibles inversiones por 18.000 millones de dólares.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró constitucional la Ley de Glaciares. Se trata de la norma que protege los cuerpos de agua de la Argentina y determina, entre otras cosas, dónde puede haber actividad minera y dónde no. El fallo implicará lecturas múltiples. Será leído y celebrado por ambientalistas como una medida en defensa del Medio Ambiente. Pero generará un fuerte rechazo de la industria minera, la principal perjudicada por esta decisión. Por elevación, significará un golpe para el Gobierno, que buscaba modificar la ley para garantizarse nuevas inversiones del sector.
La decisión del máximo tribunal es el punto final de un largo camino, iniciado en 2011 por la minera Barrick Gold, que opera los yacimientos de Pascua Lama y Veladero en San Juan. Entonces, la empresa pidió que se revisará la legalidad de dicha normativa. Planteaba que debían ser redefinidos los límites geográficos y morfológicos de los sitios donde puede practicarse la actividad porque en buena medida, así como está escrita la ley, los dejaba fuera del negocio.
La decisión de la Corte de declarar constitucional la ley, en contra de las pretensiones de Barrick, no solo supone un problema para esta compañía, sino que además definirá la suerte de otros 44 proyectos mineros que por su ubicación, de acuerdo con datos de la Secretaría de Ambiente, afectan áreas glaciares (glaciar propiamente dicho) o periglaciares (suelo congelado).
El fallo salió de manera unánime y que los jueces del cuerpo judicial citaron entre sus argumentos la división de poderes y la garantía constitucional del artículo 41 por un ambiente sano, así como también el cumplimiento del Acuerdo de París, en términos de lucha contra el cambio climático.
La ley de protección de glaciares establece los presupuestos mínimos para "la protección de los glaciares y del ambiente periglaciar con el objeto de preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano; para la agricultura y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas; para la protección de la biodiversidad, como fuente de información científica y como atractivo turístico".
La norma tuvo un debut intrincado. El 10 de noviembre de 2008, al poco tiempo de ser sancionada, Cristina Kirchner la vetó, argumentando que excedía las facultades reservadas a la Nación en el artículo 41 de la Constitución. Sobradas fuentes señalaron entonces que aquella decisión presidencial se había dado como una concesión a las presiones de la industria minera. El periodismo lo llamó “El veto Barrick”, aludiendo a la minera Barrick Gold, cuyos proyectos Pascua Lama y Veladero, en la provincia de San Juan, se veían comprometidos por la aplicación de la ley.
Lo que vino después fue una fuerte presión social, con ecos en el parlamento, y la reglamentación definitiva en 2011, a pesar de la resistencia de la industria y por impulso del entonces diputado Miguel Bonasso.
Durante los años siguientes, por medio de amparos judiciales, la aplicación de la norma fue quedando en suspenso una y otra vez. Las mineras pudieron seguir operando. Pero esto no impidió que el Instituto Argentino de Glaciología, el IANIGLA, llevara adelante el conteo de todos los glaciares del país, un inventario que la misma ley ordenaba que se hiciera. Hace justo un año se conoció el resultado de ese relevamiento. En la Argentina hay 16.968 cuerpos de hielo (16.078 en la Cordillera y 890 en las Islas del Atlántico Sur). Ocupan 8.484 kilómetros cuadrados.
La minería es una industria muy apuntalada por el gobierno de Cambiemos y sobre todo por el puñado de gobernadores de la provincias mineras. Tanto es así que en 2017 se conoció un paper del gobierno en el que se planteaba directamente una reforma de la ley de glaciares casi a pedido de las mineras. De acuerdo con datos de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros, el sector emplea a más de 80.000 personas y el año pasado pagó casi 30.000 millones de pesos en impuestos a las provincias y a la Nación. Pero el caramelo son las inversiones por casi 18.000 millones de dólares que el sector le viene prometiendo al Gobierno desde 2015. En buena medida, muchas de esas inversiones permanecieron frenadas por dos escenarios indefinidos, lo que ocurriera con la situación económica y el destino final de la ley de los cuerpos de hielo cordilleranos. Ese que se conocerá hoy.
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Los plásticos de un solo uso en debate, también acá
Buscan reducir los plásticos de un solo uso para enfrentar la contaminación
Fecha de Publicación: 04/06/2019
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Nacional
La restricción de sorbetes en restaurantes o la prohibición de entregar bolsas de polietileno en mercados forman parte de una tendencia mundial que incluye a Argentina para buscar una solución a la contaminación del plástico, propuesta que debe contemplar un camino de transición para la industria y poner el foco en la educación ambiental, aconsejaron especialistas.
Cada minuto se compran un millón de botellas de plástico y se usan 500.000 millones al año, mientras que casi una tercera parte de todos los envases de plástico salen de los sistemas de alcantarillado y ocho millones de toneladas acaban en los océanos cada año, amenazando a la vida marina, de acuerdo con estimaciones de la ONU.
En esta línea, la cuarta asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente logró en marzo último un acuerdo global para “reducir el consumo de plásticos de un solo uso.
La situación nacional
En Argentina, ya comenzaron algunas regulaciones al respecto como en Ushuaia, que en febrero pasado se convirtió en la primera ciudad de la Patagonia que prohibió el uso de material plástico descartable en los locales de comidas.
O la decisión de Carlos Arroyo -titular de la Municipalidad de General Pueyrredón, cuya cabecera es Mar del Plata- que el mes pasado decretó la prohibición del uso de plásticos, como sorbetes, vasos y cubiertos, en todo el sector costero con el objetivo de “proteger el medio ambiente”.
Por su parte, en la ciudad de Buenos Aires, Maximiliano Ferraro, legislador de “Vamos Juntos”, presentó en el parlamento local “un paquete de proyectos que buscan reducir o limitar el uso de ciertos plásticos que por distintos motivos no se están pudiendo recuperar y/o reciclar”.
Sobre este tema, la coordinadora del Proyecto Basura Marina de Fundación Vida Silvestre Argentina indicó que “la producción de plásticos aumentó desde los años 50 hasta ahora a un ritmo de ocho por ciento anual, llegando en 2015 a producir el peso de la población humana”, y agregó que “solamente nueve por ciento de todo el plástico que se produjo se recicló, 12 por ciento se incineró y el resto quedó en el ambiente”.
Por eso mencionó que -al no procesar semejante cantidad de residuos plásticos- las medidas que están tomando los países “son disminuir la demanda, la producción y el consumo de plástico”, aunque destacó la importancia de una “buena gestión”.
En cuanto a la regulación de materiales descartables, sugirió que hay que “respetar una transición, en la que los comercios y las industrias puedan tener un tiempo para acomodarse a los nuevos productos que van a tener que diseñar o entregar”.
En relación con las medidas que buscan reemplazar al plástico por otros materiales -como papel, cartón, aluminio- Verónica Ramos, directora Ejecutiva de la entidad especializada en plásticos y medio ambiente Ecoplas, explicó que “la sustitución de un material por otro no aportará soluciones”, porque esos serán los que luego “aparecerán abandonados en las playas”. “Èste será el nuevo resultado ya que no estamos apuntando ni al consumo responsable ni a la educación ciudadana para evitar los residuos dispersos”, sostuvo la especialista.
En este sentido, enfatizó la necesidad de que para diseñar regulaciones vinculadas con la problemática del plástico se busque una salida “en conjunto” con referentes del medio ambiente para contemplar que en algunos casos es mejor “educar, antes de prohibir”, y “trabajar en equipo”.
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Fecha de Publicación: 04/06/2019
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Nacional
La restricción de sorbetes en restaurantes o la prohibición de entregar bolsas de polietileno en mercados forman parte de una tendencia mundial que incluye a Argentina para buscar una solución a la contaminación del plástico, propuesta que debe contemplar un camino de transición para la industria y poner el foco en la educación ambiental, aconsejaron especialistas.
Cada minuto se compran un millón de botellas de plástico y se usan 500.000 millones al año, mientras que casi una tercera parte de todos los envases de plástico salen de los sistemas de alcantarillado y ocho millones de toneladas acaban en los océanos cada año, amenazando a la vida marina, de acuerdo con estimaciones de la ONU.
En esta línea, la cuarta asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente logró en marzo último un acuerdo global para “reducir el consumo de plásticos de un solo uso.
La situación nacional
En Argentina, ya comenzaron algunas regulaciones al respecto como en Ushuaia, que en febrero pasado se convirtió en la primera ciudad de la Patagonia que prohibió el uso de material plástico descartable en los locales de comidas.
O la decisión de Carlos Arroyo -titular de la Municipalidad de General Pueyrredón, cuya cabecera es Mar del Plata- que el mes pasado decretó la prohibición del uso de plásticos, como sorbetes, vasos y cubiertos, en todo el sector costero con el objetivo de “proteger el medio ambiente”.
Por su parte, en la ciudad de Buenos Aires, Maximiliano Ferraro, legislador de “Vamos Juntos”, presentó en el parlamento local “un paquete de proyectos que buscan reducir o limitar el uso de ciertos plásticos que por distintos motivos no se están pudiendo recuperar y/o reciclar”.
Sobre este tema, la coordinadora del Proyecto Basura Marina de Fundación Vida Silvestre Argentina indicó que “la producción de plásticos aumentó desde los años 50 hasta ahora a un ritmo de ocho por ciento anual, llegando en 2015 a producir el peso de la población humana”, y agregó que “solamente nueve por ciento de todo el plástico que se produjo se recicló, 12 por ciento se incineró y el resto quedó en el ambiente”.
Por eso mencionó que -al no procesar semejante cantidad de residuos plásticos- las medidas que están tomando los países “son disminuir la demanda, la producción y el consumo de plástico”, aunque destacó la importancia de una “buena gestión”.
En cuanto a la regulación de materiales descartables, sugirió que hay que “respetar una transición, en la que los comercios y las industrias puedan tener un tiempo para acomodarse a los nuevos productos que van a tener que diseñar o entregar”.
En relación con las medidas que buscan reemplazar al plástico por otros materiales -como papel, cartón, aluminio- Verónica Ramos, directora Ejecutiva de la entidad especializada en plásticos y medio ambiente Ecoplas, explicó que “la sustitución de un material por otro no aportará soluciones”, porque esos serán los que luego “aparecerán abandonados en las playas”. “Èste será el nuevo resultado ya que no estamos apuntando ni al consumo responsable ni a la educación ciudadana para evitar los residuos dispersos”, sostuvo la especialista.
En este sentido, enfatizó la necesidad de que para diseñar regulaciones vinculadas con la problemática del plástico se busque una salida “en conjunto” con referentes del medio ambiente para contemplar que en algunos casos es mejor “educar, antes de prohibir”, y “trabajar en equipo”.
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RenovAr 3: se presentaron 56 ofertas
Energías renovables: presentaron 56 ofertas para RenovAr 3
Fecha de Publicación: 03/06/2019
Fuente: El Cronista
Provincia/Región: Nacional
Las pymes presentaron proyectos de energías renovables de pequeña escala donde la red de transmisión no está congestionada
La Secretaría de Energía recibió ayer las ofertas de la Ronda 3 - MiniRen del programa RenovAr que tiene como característica el aprovechamiento de las capacidades disponibles en redes de media y baja tensión y la participación de actores no tradicionales del sector.
Se presentaron 56 ofertas para generar energía renovable por una inversión estimada de u$s 520 millones, distribuidos en 14 provincias que generarían 1600 empleos directos y abastecerían, una vez en funcionamiento, a 350.000 hogares argentinos con energía eléctrica de fuente renovable.
Esta nueva etapa de RenovAr apunta a sumar al desarrollo de los proyectos renovables a PyMEs de todo el país y el capital de actores no tradicionales del sector.
Además, busca obtener una ventaja económica para el sistema gracias al ahorro en pérdidas por transporte y distribución de energía eléctrica y al desplazamiento de generación forzada con combustible alternativo (no gas).
La Ronda 3 de RenovAr (MiniRen) apunta a proyectos de pequeña escala distribuidos en todo el país, para ser conectados en redes de media y baja tensión de 13,2 kV, 33 kV y 66 kV.
La potencia máxima permitida por proyecto es de 10 MW, mientras que la mínima de 0,5 MW. Únicamente para el caso de la tecnología eólica la potencia ofertada podrá exceder el límite establecido en hasta 3,5 MW, siempre y cuando dicho excedente sea menor a la potencia unitaria de 1 aerogerenador.
La distribución por tecnología es de350 MW para energía eólica y solar fotovoltaica, que competirán juntas con cupos por regiones y provincias.
Para Pequeños Aprovechamientos Hidroeléctricos hay disponibles 10 MW, para biomasa 25 MW, para biogás 10 MW y para Biogás de Relleno Sanitario 5 MW, todos ellos sin región.
En los pliegos rigió un cupo máximo de 20 MW por provincia, excepto para Buenos Aires, donde fue de 60 MW. Para esta ronda no se contemplaron ampliaciones de centrales existentes.
La adjudicación de los proyectos se llevará a cabo el próximo 22 de julio, una vez evaluadas las ofertas económicas.
En cuanto a la parte contractual, a partir del 29 de julio los proyectos adjudicados comenzarán a firmar los contratos de abastecimiento de energía eléctrica (PPA) con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (Cammesa), del mismo modo que en las rondas anteriores, y un acuerdo de adhesión al FODER, estructura que brinda garantía de pago a las centrales de generación.
El plazo para la firma de PPAs vencerá en enero de 2020, aunque en rondas anterior hubo sucesivas extensiones, a medida que se fue complicando el acceso al crédito internacional barato para el país.
Esta ronda dejó a algunas pymes afuera de la licitación, sobre todo en Río Negro, ya que estaban en zonas donde la distribuidora adeudaba millones de pesos a Cammesa y no pudo arreglar un plan de pago.
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Tironeo en Nación y provincias por los biocombustibles
Biocombustibles: malestar de Córdoba y Santa Fe con el gobierno nacional
Fecha de Publicación: 03/06/2019
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Los gobiernos de las dos principales provincias del país productoras de bioetanol de maíz y biodiésel, Córdoba y Santa Fe, expresaron su malestar con el gobierno nacional por la falta de continuidad de las políticas sobre bionergía.
Durante una charla sobre biocombustibles en el congreso Maizar 2019, el secretario de Agricultura de Córdoba, Sergio Busso, dijo que no entendía las "decisiones caprichosas" del Gobierno en la fijación de los precios del etanol.
"Nunca encontré una persona que lo pudiera entender", dijo Busso, en referencia a la falta de continuidad en las decisiones sobre los precios del biocombustible.
En tanto, la ministra de Producción de Santa Fe, Alicia Ciciliani, consideró que la Secretaría de Energía debería formar parte del Ministerio de Producción. "Falta una mirada estratégica", expresó.
Busso opinó que el corte de las naftas con etanol, que hoy está en 12% debería haber estado hace tiempo en 15 por ciento. "En 2017 la Argentina importó 500.000 metros cúbicos de naftas, si lo hubiera reemplazado por etanol se hubiera ahorrado una gran cantidad divisas", dijo.
Recientemente, la Secretaría de Energía modificó la fórmula de fijación de precios de etanol, lo que despertó la queja de productores e industriales de maíz y azúcar porque consideraron que no se alcanzaban ni siquiera los costos de producción. Frente a las críticas, el gobierno nacional prometió que iba analizar una nueva fórmula.
Por otra parte, Busso destacó el potencial que tiene la producción de etanol de maíz para Córdoba. "De los 20 millones de toneladas de maíz que tenemos en la provincia un millón va para etanol", señaló. El funcionario cordobés instó a que el corte de etanol con las naftas se incremente hasta llegar a un 27 por ciento.
En el panel también disertó el ministro de Agroindustria bonaerense, Leonardo Sarquís, quien destacó que en la provincia hay siete proyectos de bionergía y biomasa y que en los próximos cuatro años podrían generarse inversiones por US$100 millones.
"Hoy hablamos de bioenergía en la provincia", dijo y recordó que apenas asumió la gobenadora María Eugenia Vidal, en 2015, resolvieron crear en el gobierno bonaerense una Dirección de Bioeconomía. "Elaboramos un mapa para identificar el potencial productivo de cada región para atraer inversores en biomasa y bioenergía", afirmó Sarquís.
Proyecto de consenso
Las tres provincias, más Entre Ríos, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero y la Ciudad de Buenos Aires integran la "Liga de la Bionergía", una coalición para promover políticas en favor de la promoción de los biocombustibles y la biomasa.
Según informó a LA NACION la secretaria de Energía de Santa Fe, Verónica Geese, le están dando los toques finales al proyecto de ley sobre bioenergía con el que se proponen reemplazar a la ley de biocombustibles 26.093, que vence en 2021. "Lo hacemos con un consenso muy amplio tanto del sector público como del privado, esperamos ahora la respuesta del Poder Ejecutivo para tenerlo definido en junio próximo", explicó.
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Fecha de Publicación: 03/06/2019
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Los gobiernos de las dos principales provincias del país productoras de bioetanol de maíz y biodiésel, Córdoba y Santa Fe, expresaron su malestar con el gobierno nacional por la falta de continuidad de las políticas sobre bionergía.
Durante una charla sobre biocombustibles en el congreso Maizar 2019, el secretario de Agricultura de Córdoba, Sergio Busso, dijo que no entendía las "decisiones caprichosas" del Gobierno en la fijación de los precios del etanol.
"Nunca encontré una persona que lo pudiera entender", dijo Busso, en referencia a la falta de continuidad en las decisiones sobre los precios del biocombustible.
En tanto, la ministra de Producción de Santa Fe, Alicia Ciciliani, consideró que la Secretaría de Energía debería formar parte del Ministerio de Producción. "Falta una mirada estratégica", expresó.
Busso opinó que el corte de las naftas con etanol, que hoy está en 12% debería haber estado hace tiempo en 15 por ciento. "En 2017 la Argentina importó 500.000 metros cúbicos de naftas, si lo hubiera reemplazado por etanol se hubiera ahorrado una gran cantidad divisas", dijo.
Recientemente, la Secretaría de Energía modificó la fórmula de fijación de precios de etanol, lo que despertó la queja de productores e industriales de maíz y azúcar porque consideraron que no se alcanzaban ni siquiera los costos de producción. Frente a las críticas, el gobierno nacional prometió que iba analizar una nueva fórmula.
Por otra parte, Busso destacó el potencial que tiene la producción de etanol de maíz para Córdoba. "De los 20 millones de toneladas de maíz que tenemos en la provincia un millón va para etanol", señaló. El funcionario cordobés instó a que el corte de etanol con las naftas se incremente hasta llegar a un 27 por ciento.
En el panel también disertó el ministro de Agroindustria bonaerense, Leonardo Sarquís, quien destacó que en la provincia hay siete proyectos de bionergía y biomasa y que en los próximos cuatro años podrían generarse inversiones por US$100 millones.
"Hoy hablamos de bioenergía en la provincia", dijo y recordó que apenas asumió la gobenadora María Eugenia Vidal, en 2015, resolvieron crear en el gobierno bonaerense una Dirección de Bioeconomía. "Elaboramos un mapa para identificar el potencial productivo de cada región para atraer inversores en biomasa y bioenergía", afirmó Sarquís.
Proyecto de consenso
Las tres provincias, más Entre Ríos, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero y la Ciudad de Buenos Aires integran la "Liga de la Bionergía", una coalición para promover políticas en favor de la promoción de los biocombustibles y la biomasa.
Según informó a LA NACION la secretaria de Energía de Santa Fe, Verónica Geese, le están dando los toques finales al proyecto de ley sobre bioenergía con el que se proponen reemplazar a la ley de biocombustibles 26.093, que vence en 2021. "Lo hacemos con un consenso muy amplio tanto del sector público como del privado, esperamos ahora la respuesta del Poder Ejecutivo para tenerlo definido en junio próximo", explicó.
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Infraestructura para visitantes en PN en manos de Ambiente
Modifican competencias de Parques Nacionales
Fecha de Publicación: 31/05/2019
Fuente: El Territorio
Provincia/Región: Nacional
A través del decreto 368/2019, publicado en el Boletín Oficial, el presidente Mauricio Macri modificó las competencias del directorio de Parques Nacionales. Es decir, le cedió a la Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable el poder de decisión sobre la construcción de infraestructura para atención a los visitantes, que detalla el articulo 6 de la Ley de Parques Nacionales.
Entre los considerandos del decreto se indica que la decisión se da en el marco del Plan de Modernización del Estado aprobado por el Decreto N° 434/16, el Decreto N° 891/17 -por el que se aprobaron las buenas prácticas en materia de simplificación aplicables para el funcionamiento del Sector Público Nacional-, que establece como premisa básica la mejora regulatoria como una labor continua del sector público.
Ademas, el documento que lleva la firma del mandatario nacional explica que la finalidad es la “desconcentración en la toma de decisiones es una herramienta de la organización administrativa que permite brindar mayor celeridad a los trámites que están en cabeza del Poder Ejecutivo nacional a efectos de evitar pasos burocráticos innecesarios, es por ello que la toma de decisión respecto a la aprobación del desarrollo de infraestructuras en concesión pasara a ser tomada por Secretaria de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable, sin importar la opinión de Parques Nacionales quienes llevaban a delante los estudios de impacto ambiental”.
Ante la medida, grupos ambientalistas de Parque Nacional Iguazú se declararon en estado de alerta.
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Fecha de Publicación: 31/05/2019
Fuente: El Territorio
Provincia/Región: Nacional
A través del decreto 368/2019, publicado en el Boletín Oficial, el presidente Mauricio Macri modificó las competencias del directorio de Parques Nacionales. Es decir, le cedió a la Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable el poder de decisión sobre la construcción de infraestructura para atención a los visitantes, que detalla el articulo 6 de la Ley de Parques Nacionales.
Entre los considerandos del decreto se indica que la decisión se da en el marco del Plan de Modernización del Estado aprobado por el Decreto N° 434/16, el Decreto N° 891/17 -por el que se aprobaron las buenas prácticas en materia de simplificación aplicables para el funcionamiento del Sector Público Nacional-, que establece como premisa básica la mejora regulatoria como una labor continua del sector público.
Ademas, el documento que lleva la firma del mandatario nacional explica que la finalidad es la “desconcentración en la toma de decisiones es una herramienta de la organización administrativa que permite brindar mayor celeridad a los trámites que están en cabeza del Poder Ejecutivo nacional a efectos de evitar pasos burocráticos innecesarios, es por ello que la toma de decisión respecto a la aprobación del desarrollo de infraestructuras en concesión pasara a ser tomada por Secretaria de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable, sin importar la opinión de Parques Nacionales quienes llevaban a delante los estudios de impacto ambiental”.
Ante la medida, grupos ambientalistas de Parque Nacional Iguazú se declararon en estado de alerta.
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Al cambio climático lo sufren más los que menos tienen
La grieta del calentamiento global: ¿hay poblaciones más vulnerables que otras ante el cambio climático?
Fecha de Publicación: 29/05/2019
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional
Tormentas, olas de calor o inundaciones no producen el mismo impacto en toda la población. Ante la crisis climática los que menos tienen sufren más
Los efectos del cambio climático comienzan a apreciarse en la Argentina de un modo cada vez más brusco e implacable. Solo entre tormentas, inundaciones y olas de calor ocurridas en los últimos cuatro años han perdido la vida más de 600 personas.
Sin embargo, es necesario aclarar que el grado de vulnerabilidad ante un evento climatológico no es el mismo para todas las regiones ni para todos los sectores sociales. Como en la vida misma, algunos sufren más que otros.
El calentamiento global en las regiones más postergadas desde una perspectiva socioeconómica es mucho más contundente
Un grupo de investigadores remarcó hace un tiempo que en aquellas regiones más postergadas desde una perspectiva socioeconómica el impacto del cambio climático está siendo –y será– mucho más contundente. Las malas condiciones económicas, habitacionales o sociales que padece una población la vuelven más frágil ante un eventual desastre natural.
El documento señala que en nuestro país unas 40 ciudades muy densamente pobladas se hallan absolutamente expuestas ante una catástrofe climatológica. La mayoría de éstas, se encuentra en algún punto del conurbano bonaerense. Allí las tormentas, los grandes vientos o los golpes de calor están dejando una huella más marcada.
Un documento señala que en nuestro país unas 40 ciudades muy densamente pobladas se hallan absolutamente expuestas ante una catástrofe climatológica
Poblaciones situadas en las cercanías de los ríos Reconquista, Luján o la Cuenca Matanza Riachuelo, deberán resistir, con los años, a mayores perjuicios y sufrimiento ante la aparición inminente de grandes inundaciones provocadas por la crisis climática que estamos viviendo.
Ante esta situación, el Estado tiene un gran desafío: debe desarrollar una agenda que contemple las nuevas condiciones climáticas para poder reducir la vulnerabilidad y los riesgos de su población. Porque aunque la emisión de gases de efecto invernadero termine afectando a toda la atmósfera terrestre sus efectos sobre la superficie de la tierra también abren una grieta.
Como siempre sucede, los más vulnerables correrán más riesgos. Hasta el cambio climático los ha puesto en su mira.
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Esperan fallo de la Corte contrario a intereses mineros
Ley de glaciares: el fallo que prepara la Corte y puede complicar la industria minera
Fecha de Publicación: 28/05/2019
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
El máximo tribunal está próximo a declarar la constitucionalidad o no de la norma que protege los cuerpos hídricos y define dónde puede haber explotación. Cuál sería su impacto.
El debate por el medio ambiente en la Argentina es intermitente: a menudo reaparece con fuerza por algún hecho específico, pero de inmediato, con el mismo ímpetu, se plancha y desaparece. Sigue siendo a esta altura una rareza en el discurso político. Pero aún así, hace 10 años, con la mayoría de ambas cámaras, se aprobó una ley fundamental: la ley de glaciares, cuyo objetivo es preservar los recursos hídricos del país y definir entre otras cosas dónde puede haber minería y dónde no.
La norma tuvo un debut intrincado. El 10 de noviembre de 2008, al poco tiempo de ser sancionada, Cristina Kirchner la vetó, argumentando que excedía las facultades reservadas a la Nación en el artículo 41 de la Constitución. Sobradas fuentes señalaron entonces que aquella decisión presidencial se había dado como una concesión a las presiones de la industria minera. El periodismo lo llamó “El veto Barrick”, aludiendo a la minera Barrick Gold, cuyos proyectos Pascua Lama y Veladero, en la provincia de San Juan, se veían comprometidos por la aplicación de la ley.
Lo que vino después fue una fuerte presión social, con ecos en el parlamento, y la reglamentación definitiva en 2011, a pesar de la resistencia de la industria y por impulso del entonces diputado Miguel Bonasso.
Durante los años siguientes, por medio de amparos judiciales, la aplicación de la norma fue quedando en suspenso una y otra vez. Las mineras pudieron seguir operando. Pero esto no impidió que el Instituto Argentino de Glaciología, el IANIGLA, llevara adelante el conteo de todos los glaciares del país, un inventario que la misma ley ordenaba que se hiciera.
Hace justo un año se conoció el resultado de ese relevamiento. En la Argentina hay 16.968 cuerpos de hielo (16.078 en la Cordillera y 890 en las Islas del Atlántico Sur). Ocupan 8.484 kilómetros cuadrados.
Según ese inventario y según un informe técnico de la Secretaría de Medio Ambiente, hay 40 proyectos mineros en la Cordillera de los Andes que violarían la ley de glaciares, es decir, que en términos ecológicos su desarrollo implicaría la degradación de esos cuerpos de agua. A esos datos accedió el juez federal Sebastián Casanello hace dos años, durante la investigación de una causa por derrames de Barrick en San Juan.
Son 40 proyectos de gran envergadura (ubicados en San Juan, La Rioja y Catamarca) que representan un volumen de inversiones de fuerte impacto para las provincias. El Gobierno Nacional lo sabe desde hace tiempo y por esa razón en 2017 se conoció un borrador diseñado por técnicos de la Secretaría de Minería para modificar determinados aspectos de la la ley.
La lectura que hacen en el Gobierno, y lo que dio a entender el mismo presidente Macri, es que si consiguieran cambiar la ley no se frenarían las inversiones millonarias para el país prometidas por el sector. De hecho desde la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), ya manifestaron que lo que suceda con la ley de glaciares será clave para dar previsibilidad a los proyectos de largo plazo. Pero todo esto está condicionado por la cuestión de fondo que la Corte Suprema debe resolver. El tiempo es ahora.
La cuenta regresiva
En 2011, Barrick Gold planteó ante la Justicia de San Juan la inconstitucionalidad de la ley. Pasaron ocho años y esa definición está ahora mismo en la agenda inmediata de la Corte Suprema. El Gobierno, las mineras y los ambientalistas esperaban que a principios de mayo, el máximo tribunal se pronunciara al respecto. El martes 9 de mayo, cuando estalló el escándalo por el pedido del expediente de la causa Vialidad, que tiene a CFK acusada como jefa de una asociación ilícita, en realidad se esperaba que llegara el fallo sobre glaciares. Fue una sorpresa que el escándalo haya estallado por la agenda política, pero también un alivio que no lo hiciera por el costado del debate medioambiental.
No están claros los motivos por los cuales el fallo quedó postergado. Pero según sostienen fuentes cercanas a la Corte, el borrador ya circula entre los jueces. Y por lo menos tres de ellos tendrían definido su voto a favor de declarar la constitucionalidad de la ley: Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda. “Las vocalías -dicen a Clarín- están comenzado a definirse”. Las mismas fuentes aseguran: “El fallo definitivo podría estar antes del receso de julio”. Según pudo confirmar este diario, la vocalía de Rosenkrantz entregó su proyecto de sentencia el lunes pasado.
A modo preliminar, la mayoría de la Corte parece orientada a una decisión por la constitucionalidad de la norma. Es una definición que perjudicaría el negocio minero. Es decir, que podría dejar afuera a grandes jugadores del sector. Por elevación, también sería un golpe para el Gobierno.
“Pero si ocurriera lo contrario, también sería un escándalo -advierte el abogado ambientalista Enrique Viale-. Si declararan inconstitucional la ley de glaciares, sería como negarle al parlamento la posibilidad de legislar sobre los recursos naturales de toda la Argentina. Se caerían todas las leyes, la ley de bosque, todo el ordenamiento jurídico”.
Sigue Viale: “La Corte Suprema tiene en sus manos el destino del andamiaje jurídico ambiental argentino. De su decisión depende no sólo el futuro de la Ley de Glaciares sino también la de Bosques, la Ley General del Ambiente y toda la normativa ambiental que se sancionó a partir de la reforma constitucional”.
“La decisión es entre defender las fábricas de agua, como son los glaciares, que están en las nacientes de los ríos y que nutren al país, o prevalecer intereses corporativos que pretenden destruirlos para sacar unas toneladas de oro que terminarán en una bóveda de un banco suizo”, cierra el ambientalista.
Básicamente, lo que planteó Barrick Gold -en ese momento avalada por el entonces gobernador José Luis Gioja- en las acciones que dieron inicio a esta contienda es que cada provincia debe decidir sobre el uso que hace de sus recursos y no el Congreso. Es lo mismo que plantean los empresarios mineros en general y los gobernadores de la provincias donde existe la actividad. Clarín se comunicó con los responsables de la Secretaría de Minería para conversar sobre el asunto. Pero no obtuvo respuesta.
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Fecha de Publicación: 28/05/2019
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
El máximo tribunal está próximo a declarar la constitucionalidad o no de la norma que protege los cuerpos hídricos y define dónde puede haber explotación. Cuál sería su impacto.
El debate por el medio ambiente en la Argentina es intermitente: a menudo reaparece con fuerza por algún hecho específico, pero de inmediato, con el mismo ímpetu, se plancha y desaparece. Sigue siendo a esta altura una rareza en el discurso político. Pero aún así, hace 10 años, con la mayoría de ambas cámaras, se aprobó una ley fundamental: la ley de glaciares, cuyo objetivo es preservar los recursos hídricos del país y definir entre otras cosas dónde puede haber minería y dónde no.
La norma tuvo un debut intrincado. El 10 de noviembre de 2008, al poco tiempo de ser sancionada, Cristina Kirchner la vetó, argumentando que excedía las facultades reservadas a la Nación en el artículo 41 de la Constitución. Sobradas fuentes señalaron entonces que aquella decisión presidencial se había dado como una concesión a las presiones de la industria minera. El periodismo lo llamó “El veto Barrick”, aludiendo a la minera Barrick Gold, cuyos proyectos Pascua Lama y Veladero, en la provincia de San Juan, se veían comprometidos por la aplicación de la ley.
Lo que vino después fue una fuerte presión social, con ecos en el parlamento, y la reglamentación definitiva en 2011, a pesar de la resistencia de la industria y por impulso del entonces diputado Miguel Bonasso.
Durante los años siguientes, por medio de amparos judiciales, la aplicación de la norma fue quedando en suspenso una y otra vez. Las mineras pudieron seguir operando. Pero esto no impidió que el Instituto Argentino de Glaciología, el IANIGLA, llevara adelante el conteo de todos los glaciares del país, un inventario que la misma ley ordenaba que se hiciera.
Hace justo un año se conoció el resultado de ese relevamiento. En la Argentina hay 16.968 cuerpos de hielo (16.078 en la Cordillera y 890 en las Islas del Atlántico Sur). Ocupan 8.484 kilómetros cuadrados.
Según ese inventario y según un informe técnico de la Secretaría de Medio Ambiente, hay 40 proyectos mineros en la Cordillera de los Andes que violarían la ley de glaciares, es decir, que en términos ecológicos su desarrollo implicaría la degradación de esos cuerpos de agua. A esos datos accedió el juez federal Sebastián Casanello hace dos años, durante la investigación de una causa por derrames de Barrick en San Juan.
Son 40 proyectos de gran envergadura (ubicados en San Juan, La Rioja y Catamarca) que representan un volumen de inversiones de fuerte impacto para las provincias. El Gobierno Nacional lo sabe desde hace tiempo y por esa razón en 2017 se conoció un borrador diseñado por técnicos de la Secretaría de Minería para modificar determinados aspectos de la la ley.
La lectura que hacen en el Gobierno, y lo que dio a entender el mismo presidente Macri, es que si consiguieran cambiar la ley no se frenarían las inversiones millonarias para el país prometidas por el sector. De hecho desde la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), ya manifestaron que lo que suceda con la ley de glaciares será clave para dar previsibilidad a los proyectos de largo plazo. Pero todo esto está condicionado por la cuestión de fondo que la Corte Suprema debe resolver. El tiempo es ahora.
La cuenta regresiva
En 2011, Barrick Gold planteó ante la Justicia de San Juan la inconstitucionalidad de la ley. Pasaron ocho años y esa definición está ahora mismo en la agenda inmediata de la Corte Suprema. El Gobierno, las mineras y los ambientalistas esperaban que a principios de mayo, el máximo tribunal se pronunciara al respecto. El martes 9 de mayo, cuando estalló el escándalo por el pedido del expediente de la causa Vialidad, que tiene a CFK acusada como jefa de una asociación ilícita, en realidad se esperaba que llegara el fallo sobre glaciares. Fue una sorpresa que el escándalo haya estallado por la agenda política, pero también un alivio que no lo hiciera por el costado del debate medioambiental.
No están claros los motivos por los cuales el fallo quedó postergado. Pero según sostienen fuentes cercanas a la Corte, el borrador ya circula entre los jueces. Y por lo menos tres de ellos tendrían definido su voto a favor de declarar la constitucionalidad de la ley: Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda. “Las vocalías -dicen a Clarín- están comenzado a definirse”. Las mismas fuentes aseguran: “El fallo definitivo podría estar antes del receso de julio”. Según pudo confirmar este diario, la vocalía de Rosenkrantz entregó su proyecto de sentencia el lunes pasado.
A modo preliminar, la mayoría de la Corte parece orientada a una decisión por la constitucionalidad de la norma. Es una definición que perjudicaría el negocio minero. Es decir, que podría dejar afuera a grandes jugadores del sector. Por elevación, también sería un golpe para el Gobierno.
“Pero si ocurriera lo contrario, también sería un escándalo -advierte el abogado ambientalista Enrique Viale-. Si declararan inconstitucional la ley de glaciares, sería como negarle al parlamento la posibilidad de legislar sobre los recursos naturales de toda la Argentina. Se caerían todas las leyes, la ley de bosque, todo el ordenamiento jurídico”.
Sigue Viale: “La Corte Suprema tiene en sus manos el destino del andamiaje jurídico ambiental argentino. De su decisión depende no sólo el futuro de la Ley de Glaciares sino también la de Bosques, la Ley General del Ambiente y toda la normativa ambiental que se sancionó a partir de la reforma constitucional”.
“La decisión es entre defender las fábricas de agua, como son los glaciares, que están en las nacientes de los ríos y que nutren al país, o prevalecer intereses corporativos que pretenden destruirlos para sacar unas toneladas de oro que terminarán en una bóveda de un banco suizo”, cierra el ambientalista.
Básicamente, lo que planteó Barrick Gold -en ese momento avalada por el entonces gobernador José Luis Gioja- en las acciones que dieron inicio a esta contienda es que cada provincia debe decidir sobre el uso que hace de sus recursos y no el Congreso. Es lo mismo que plantean los empresarios mineros en general y los gobernadores de la provincias donde existe la actividad. Clarín se comunicó con los responsables de la Secretaría de Minería para conversar sobre el asunto. Pero no obtuvo respuesta.
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