Presentan un amparo ambiental contra la minería en Jujuy
Amparo contra la minería en Palma Sola
Fecha de Publicación: 24/04/2026
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Jujuy
La acción es contra el Estado de Jujuy y la empresa Mom Mining, que explota cobre en las Serranías de Santa Bárbara. Los habitantes de Palma Sola aseguran que hubo irregularidades en el proceso de autorización de la mina, que el proyecto se emplaza en una zona de bosque nativo protegido y que nunca fueron consultados ni informados del emprendimiento.
El 17 de abril, día internacional de la lucha campesina, un grupo de vecinas y vecinos de la localidad de Palma Sola, en el departamento Santa Bárbara de la provincia de Jujuy, presentó una acción colectiva de amparo ambiental contra el Estado provincial jujeño por “las graves irregularidades en la autorización del proyecto minero ‘Martín Bronce’”, de la empresa Mom Mining SRL (MOM), de capitales jujeños, contra la que también va el amparo.
La acción, ante el Juzgado Ambiental de Jujuy, es impulsada por 13 vecinos y vecinas pertenecientes a distintos sectores: campesinado, docentes, trabajadores de la salud, comerciantes y jubilados. Todos coinciden en que dependen del bosque, el agua y la tierra para su vida, su cultura y su subsistencia.
Todos estos bienes serían afectados por el proyecto minero, que se ubica en una zona de alta biodiversidad y bosques nativos protegidos, en los que “ya se han constatado desmontes, daños a cursos de agua y afectación de especies en peligro, con impactos actuales y potencialmente irreversibles”.
Además de la afectación ambiental, vecinos y vecinas denunciaron que “las autorizaciones fueron otorgadas con graves irregularidades, sin participación ciudadana real, sin audiencias públicas y con información incompleta o desactualizada”.
Asimismo, en el amparo, con representación de las abogadas Samanta Jimena Delgado y María José Castillo, se planteó la inconstitucionalidad de los decretos 5772/2010 (de reglamentación de la ley general de ambiente de Jujuy) y 7551/2023 (que derogó al primero) “por limitar el acceso a la información y la participación en decisiones ambientales”.
El amparo sostiene además que "la naturaleza debe ser reconocida como sujeto de derechos, lo que implica su protección integral frente a actividades que la destruyen". Y solicita como medida urgente, cautelar, la "suspensión inmediata del proyecto, la prohibición de desmontes y la protección efectiva del ambiente“.
La acción judicial fue el resultado de un largo proceso iniciado a finales de 2025, cuando los habitantes de Palma Sola advirtieron que se estaba instalando una planta de lavado de minerales en el barrio Agua Negra de ese pueblo. La preocupación por la posibilidad de que las sustancias químicas que se usan para la lixiviación afectara su salud les llevó a indagar más y así se enteraron de que desde 2013 estaba en marcha un proyecto minero en su propio territorio, contó a Salta/12 Vanesa Méndez, una de las amparistas.
Vanesa dijo que hasta entonces creían que era una ripiera. En 2020 comenzaron a ver camiones cargados con lo que creían que era ripio, pero después supieron que “era roca que llevaban a Chile para lavarla”.
Vanesa resumió en una frase la cuestión central sobre la explotación minera: “Nosotros no recibimos ningún beneficio y nos perjudica”.
El proyecto minero se encuentra a unos 25 kilómetros de Palma Sola, en las Serranías de Santa Bárbara, un cerro sagrado para los palmasoleños, porque de él se nutren de agua. A su pie, en el paraje Siete Aguas, hay una comunidad criolla dedicada a la cría de animales y la agricultura.
“Ese cerro nos da la vida”
Después de varios reclamos, en diciembre del año pasado directivos de Mom Mining participaron de dos reuniones en el Consorcio de Riego. Varios vecinos y vecinas mostraron su bronca.
“No metan mano en ese cerro porque es el que nos da la vida. La fuente de trabajo está generada por ese cerro que nos da el agua, que nos da la vida”, sostuvo una vecina que también tuvo reproches para el jefe comunal, Francisco Baquera, que había hablado de beneficios a través de las regalías: “No necesitamos regalías”, concluyó la vecina tras mencionar los dones del cerro, que permite el trabajo y el sustento.
Méndez dijo que los directivos afirmaron que estaba todo en regla y que iban a dar trabajo en la zona.
Ante la insistencia de las vecinas y vecinos el municipio constituyó una Mesa del Cobre, en cuyo marco hubo nuevas reuniones con directivos de la minera, de las que participaron funcionarios de las áreas de Minería y Ambiente de la provincia. Finalmente, la empresa desistió de instalar su planta de lavado en el barrio Agua Negra. Pero ya la atención se había fijado también en la mina.
“(Los directivos de MOM) dijeron que venían a ayudarnos, que querían ser buenos vecinos”, contó Vanesa antes de señalar que rápidamente surgieron contradicciones. Mencionó dos: los representantes de la firma aseguraron que no iban a usar ácido sulfúrico pero en un escrito que les entregó la misma empresa afirma que los minerales serán lavados con esta sustancia química; los directivos dijeron que el emprendimiento iba a generar 162 puestos de trabajo, pero en el escrito se habla de solo 16.
La búsqueda de información y su difusión se topó con otras barreras. El único medio de comunicación local, la radio, es del municipio y al principio negó a los vecinos la posibilidad de hablar en ella. Entonces recurrieron a la vieja práctica de la visita casa por casa, así reunieron más de mil firmas en un escrito en el que reclamaron que les dieran explicaciones sobre el proyecto minero.
Un proceso irregular
Después de mucho andar, las vecinas y vecinos pudieron acceder al expediente administrativo del proyecto minero, y advirtieron irregularidades en el procedimiento de evaluación ambiental, sostiene el amparo.
La presentación judicial asegura que las resoluciones administrativas 125/2021 y 89/2024, de la Dirección Provincial de Minería, que autorizan la puesta en marcha del proyecto Martín Bronce, “son contrarias al régimen de protección del bosque nativo y han sido dictadas sin cumplimiento de los mecanismos de participación ciudadana exigidos por la normativa ambiental", por lo que pidieron “se dicte la nulidad absoluta e insanable” de ambas resoluciones y de las demás decisiones administrativas derivadas de ellas.
Sobre el pedido de que se dicte una medida de no innovar, en el amparo se destaca que ya el “daño ambiental resulta notorio, y el peligro de su agravamiento y profundización es actual e inminente, en razón de las actividades extractivas que se llevan adelante en el marco del proyecto”.
Es que esas actividades se desarrollan “en una zona boscosa de particular fragilidad ecológica”, lo que surge de los propios informes de impacto ambiental presentados por la empresa y que “ha sido expresamente reconocida por la provincia de Jujuy al aprobar el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), que categoriza las áreas involucradas como de alto y mediano valor de conservación (categorías I y II)”.
Asimismo, en el amparo se advierte que “resulta imperiosa la adopción de medidas de protección reforzada en favor de los amparistas, en atención a su condición de población en situación de vulnerabilidad” porque residen “en proximidad inmediata al emprendimiento minero cuestionado, circunstancia que los expone de manera directa a los riesgos e impactos ambientales derivados de dicha actividad”.
Se señala también que el Acuerdo de Escazú, adoptado por el país, “impone a los Estados la obligación de garantizar un entorno seguro y propicio para la defensa del ambiente, adoptando medidas adecuadas y efectivas para prevenir, investigar y sancionar amenazas, hostigamientos o cualquier tipo de riesgo en su contra”. Como confirmando esta aseveración, anteayer el conductor de una camioneta de la minera chocó al marido de una de las amparistas. Si bien el hombre está fuera de peligro, el hecho será denunciado en el Juzgado Ambiental.
Un proyecto en expansión
En el amparo se afirma además que el proyecto de explotación a cielo abierto de cobre “pretendía en un primer momento abarcar 27 has, con explotación directa de 8 has”. El informe de impacto ambiental se hizo sobre esta propuesta original.
Pero “el área efectivamente intervenida se ha ampliado de manera notoria, alcanzando actualmente miles de hectáreas y localizándose en zonas categorizadas como roja y amarilla" en el OTBN.
Además, el proyecto obtuvo factibilidad “únicamente respecto de 2,7 hectáreas, lo que evidencia una significativa discrepancia entre lo autorizado y lo ejecutado".
Y en ninguna de las etapas de aprobación se garantizó el “acceso previo a la información, ni se promovieron mecanismos efectivos de consulta y participación, tales como la realización de audiencias públicas”. Además, el proyecto se sitúa en una zona de bosque nativo de alto y mediano valor de conservación.
Los amparistas afirman que en este marco, estas actividades extractivas “configuran, en rigor, un supuesto de ilegalidad, en tanto se ejecutan en abierta contradicción con las limitaciones y prohibiciones establecidas para la protección de dichos bosques nativos”. En efecto, el artículo 14 de la ley 26.331 establece que “no podrán autorizarse desmontes de bosques nativos clasificados en las Categorías I (rojo ) y II (amarillo)”.
Esta región fitogeográfica próxima al ecosistema de las Yungas integra el Gran Chaco, de elevada biodiversidad. En el amparo se afirma que el “área involucrada constituye uno de los últimos remanentes de bosque nativo que aseguran la conectividad ecológica entre las Yungas" y la ecorregión chaqueña.
El área alberga “una notable diversidad de flora y fauna representativa”, y también “reviste una importancia estratégica para la protección de cuencas hídricas”.
En su portal web, el grupo Mom Mining se presenta como “una empresa minera jujeña enfocada en el desarrollo, exploración, potenciación y operación de proyectos mineros" e informa que surgió en 2020 para “la puesta en marcha de la Mina Martín Bronce”.
La firma detalla que forma parte del Grupo Villanueva, constituido por las empresas Villanueva e Hijos, Valerza, Briomodo, Imanta, Propay y Villanueva Servicios Mineros, y que actualmente “cuenta con tres proyectos mineros radicados en la provincia de Jujuy: Martín Bronce, La Auxiliadora y Lupe”. Estos dos últimos son yacimientos de oro aluvional. Además, generó “un Joint Venture (una asociación temporal) con la Planta Serranías ubicada en Iquique", Chile.
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