Ley de Glaciares, la reforma llega a la Corte Suprema

 

Ley de Glaciares: la reforma llega a la Corte Suprema y se redefine el futuro del agua y la minería en Argentina

Fecha de Publicación: 20/04/2026
Fuente: Portal PrensaMercosur
Provincia/Región: Nacional


La reforma de la Ley de Glaciares abrió una nueva etapa marcada por la judicialización del conflicto ambiental en Argentina. Luego de su aprobación en la Cámara de Diputados, el debate se trasladó rápidamente a la Corte Suprema.
Sin embargo, lo que está en juego trasciende lo legal, ya que involucra la protección de reservas estratégicas de agua dulce. En consecuencia, el escenario anticipa una fuerte disputa que podría resolverse en los tribunales federales.
Al mismo tiempo, organizaciones ambientales y sectores productivos sostienen posturas contrapuestas. Por lo tanto, el país enfrenta una discusión clave sobre su modelo de desarrollo.

Amparos y ofensiva judicial en Mendoza, Neuquén, La Pampa, Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires
Diversas organizaciones presentaron amparos para frenar la aplicación de la reforma. A su vez, estas acciones se multiplican en provincias como Mendoza, Neuquén, La Pampa, Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires.
En paralelo, la Asociación Americana de Juristas y el Foro Ecologista de Paraná impulsaron una presentación directa ante la Corte Suprema. Este recurso propone un enfoque innovador en la protección ambiental.
Asimismo, se plantea reconocer a los glaciares y al ambiente periglacial como sujetos de derecho. De este modo, se busca otorgarles una protección jurídica autónoma frente a intereses económicos.

Los cambios en la ley: qué se busca modificar y su impacto ambiental
La reforma apunta a redefinir criterios sobre qué áreas deben considerarse protegidas. En particular, introduce precisiones sobre zonas glaciares y periglaciares, lo que podría habilitar actividades productivas en ciertos territorios.
Además, se busca reducir ambigüedades en la normativa vigente. Según sectores productivos, esto permitiría mayor previsibilidad para inversiones mineras.
No obstante, ambientalistas advierten que estos cambios implican una flexibilización de la protección. En consecuencia, temen que se afecten reservas clave de agua dulce y ecosistemas de alta montaña.

El agua en el centro del conflicto: Neuquén y La Pampa marcan el camino
En Neuquén, legisladores impulsaron un amparo al considerar que la reforma pone en riesgo más de 500 cuerpos de hielo. Estos sistemas son fundamentales para el abastecimiento hídrico regional.
Por su parte, La Pampa también judicializó la norma, pese a no contar con glaciares propios. Sin embargo, depende de ríos de origen glaciar, como el Colorado.
En este contexto, ambas provincias coinciden en que cualquier alteración en estos ecosistemas puede impactar directamente en la disponibilidad y calidad del agua.
La provincia de Buenos Aires rechaza la reforma de la Ley de Glaciares asegurando que “el daño será irreversible”. Foto: Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires.

Glaciares, cambio climático y riesgos ambientales en aumento
La discusión ocurre en un escenario de creciente presión climática sobre la criosfera. En efecto, el retroceso de glaciares ya es una realidad en gran parte de la cordillera.
Además, los incendios forestales en la Patagonia agravan la situación, afectando áreas periglaciares. Por ello, algunos sectores reclaman un plan interjurisdiccional de gestión del riesgo climático.
En consecuencia, la posible reducción de controles podría acelerar procesos de degradación. Esto impactaría no solo en el ambiente, sino también en actividades productivas que dependen del agua.

Minería, inversiones y el desafío de equilibrar desarrollo y conservación
Desde el sector minero, la reforma es vista como una oportunidad para destrabar proyectos estratégicos. Particularmente, aquellos vinculados a minerales como cobre y oro.
Asimismo, sostienen que la actualización normativa permite operar bajo estándares ambientales claros. De este modo, buscan compatibilizar producción y cuidado del entorno.
Sin embargo, la judicialización introduce incertidumbre sobre el futuro de estas inversiones. Finalmente, será la Corte Suprema la que defina el equilibrio entre desarrollo económico y protección ambiental.
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