Panorama urgente: más desmonte en el Chaco, alerta por el uranio en Chubut y resistencias en todo el país

Fecha de Publicación: 28/04/2025
Fuente: Agencia Tierra Viva
Provincia/Región: Nacional


Los legisladores de Chaco facilitan el desmonte. La comunidad indígena Cueva del Inca de Jujuy resiste desalojo. Una década de colonia agrícola en Buenos Aires. Encuentro de asambleas socioambientales en Catamarca. Alerta en Chubut por la minería de uranio y un aviso: "No es no".

Chaco: los legisladores del desmonte
La Legislatura de Chaco sancionó el proyecto de ley 1861/24 que legaliza la habilitación para comercializar madera obtenida de las deforestaciones, establece un incremento en las multas por desmontes realizados sin permiso y crea un régimen de restauración de bosques nativos. La iniciativa fue impulsada por el diputado Juan José Bergia, denunciado en 2024 por su connivencia con los desmontes ilegales y que además está vinculado con empresarios como Roberto Nardelli, responsable de estas prácticas. La nueva norma provocó el repudio de las organizaciones socioambientales.
La norma sancionada modifica la Ley 2079-R, establece que las multas serán de diez veces el valor de base de la hectárea afectada y deberán ser abonadas por quienes deforesten sin permiso. Pero además, legaliza algo que prohíbe la Ley de Bosques: vender madera que provenga de desmontes. En febrero, el Poder Judicial chaqueño decidió prorrogar por otros seis meses la suspensión de los desmontes en toda la provincia, tras la denuncia realizada por Abogados Ambientalistas de Argentina. En 2024 se perdieron casi 40.000 hectáreas de bosque nativo a pesar de las restricciones legales vigentes, según la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
Desde la organización Somos Monte Chaco señalaron que el proyecto tratado no tuvo en cuenta las advertencias de organizaciones y expertos realizadas en una reunión mantenida con los diputados el 4 de abril. Cuestionaron que busca legalizar la venta de madera talada ilegalmente y que no excluye especies foráneas (como el pino o el eucalipto) en los planes de reforestación. “Rechazamos esta forma de legislar que no garantiza participación real, como exigen la Constitución, la Ley de Ambiente y el Acuerdo de Escazú”, manifestaron.

Jujuy: la comunidad Cueva del Inca y el territorio
La comunidad indígena Cueva del Inca sufrió un intento de desalojo de sus tierras en la Quebrada de Sarahuaico (cerca de Tilcara), con un fuerte operativo policial perpetrado por orden de la jueza Liz Valdecanto Bernal el martes 22 de abril. El objetivo fue expulsar a las familias de su territorio ancestral, que es reclamado por los empresarios Carlos Gustavo Vásquez y Cruz Simona del Hotel Canto del Viento. El desalojo fue suspendido pero la comunidad está en alerta hasta que se suspenda definitivamente la orden judicial.
Como respuesta ante la violencia del desalojo, el mismo martes la comunidad inició una protesta pacífica en la Ruta 9. El juez de paz, Pedro Apaza, se apersonó en el lugar y dio media hora para desalojar bajo amenaza de represión. La Policía de Jujuy avanzó y detuvo a dos personas (luego liberadas).
Las familias denunciaron la violencia de la Policía y a la intendenta de Tilcara, Sonia Pérez, por facilitar las condiciones para el hecho. También radicaron una denuncia en el fuero federal, porque durante el desalojo del territorio comunitario se afectó un sitio arqueológico.

Diez años de la Colonia Agroecológica 20 de Abril en Luján
La “Colonia Agroecológica 20 de Abril Darío Santillán” cumplió diez años en Jáuregui (partido bonaerense de Luján). Hace una década, 50 familias campesinas de la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Tierra (UTT) producen alimentos en tierras que recuperaron del abandono estatal. “Donde antes había abandono, hoy florecen la agroecología, la organización y la soberanía alimentaria”, señalan.
El predio donde trabajan tiene 84 hectáreas: eran terrenos fiscales que estaban inutilizados y que la organización campesina recuperó para la producción. Actualmente se cultivan allí verduras y frutas. Además construyeron una plantinera y una biofábrica para dejar atrás los insumos del agronegocio. Y abrieron su propia Escuela Campesina, donde las y los trabajadores pueden terminar sus estudios. La colonia permitió crear canales de comercialización directa y un consultorio de salud para la comunidad.
Cada familia trabaja una hectárea. En asamblea consensúan qué se cultiva, el precio y cómo se comercializa. Lo que producen lo venden en el almacén campesino en el ingreso a la colonia (y otro en el centro de Luján) y en las ferias de la zona. La experiencia no es un hecho aislado: las colonias son una política de la UTT para repoblar el campo, generar mejores condiciones de trabajo a las familias campesinas y avanzar hacia la agroecología.

Catamarca será sede del 39° encuentro de la Unión de Asambleas de Comunidades
Entre el 1 y el 3 de mayo se realizará el 39° encuentro de la Unión de Asambleas de Comunidades (UAC), que reúne a organizaciones socioambientales de todo el país. La actividad se llevará a cabo en la Cooperativa Cachalahueca, en San Fernando del Valle de Catamarca, capital de una de las provincias en donde la extracción de litio viene avanzando con fuerza en los últimos años. Los anfitriones serán la asociación BePe y otras organizaciones socioambientales catamarqueñas.
La elección del lugar se debe a que es una provincia emblemática, que desde hace décadas resiste a la megaminería a cielo abierto, movilizada frente Minera La Alumbrera, antecesora del Proyecto MARA (Minera Agua Rica Alumbrera), y a la extracción de litio en el Salar del Hombre Muerto (en Antofagasta de la Sierra).
“Una vez más Catamarca recibe a las asambleas de distintos lugares para fortalecer las articulaciones y redes en defensa del territorio y de la vida, mientras que Raúl Jalil (actual gobernador) se reúne con la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, en Canadá para continuar impulsando la minería de litio y de cobre”, explicaron desde UAC.
La minería de uranio es el nuevo objetivo extractivo del gobierno de Chubut, a cargo de Ignacio Torres. La Unión de Asambleas Chubutenses (UACH) denuncia que el proyecto de Ley 047/2025 presentado por el oficialismo busca generar un hueco legal para habilitar la minería, esquivando la Ley 5001, que prohíbe la explotación a cielo abierto y el uso de cianuro en toda la provincia. "Podemos despertar una mañana escuchando que va a arrancar un proyecto minero de uranio porque no afecta a la Ley 5001. Eso no lo creemos porque tenemos documentación que indica que para hacer minería de uranio ‘rentable’ para las empresas tiene que ser a cielo abierto", advierte Pablo Lada, integrante del Movimiento Antinuclear de Chubut.
El proyecto presentado por Torres hace una semana crea la Empresa Provincial de Energía de Chubut (Epech), una sociedad mixta público-privada de mayoría estatal, que tendrá como objetivo “usufructuar el producto de la explotación de sus recursos naturales con potencial energético”. Para denunciar que se trata de un caballo de troya para la habilitación de la minería de uranio, las asambleas chubutenses apuntan al artículo 29 que indica: “La explotación de toda fuente de energía eléctrica”.
“Buscan la manera para evitar mencionar cosas que son urticantes para la sociedad”, señala Lada sobre la estrategia desplegada por el gobernador Torres, quien en campaña prometió no avanzar con la megaminería, pero ya mostró su interés por la explotación de uranio, oro, plata y cobre. Además, en marzo, le reclamó al gobierno nacional la restitución a la provincia de Cerro Solo, el mayor reservorio de uranio de la Argentina, en manos de la Comisión Nacional de Energía Atómica.
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Berazategui: incautan animales disecados en un taller clandestino de taxidermia

Fecha de Publicación: 28/04/2025
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Buenos Aires


Secuestraron piezas de fauna silvestre y especies exóticas en un operativo que apunta al tráfico ilegal de animales en la provincia de Buenos Aires.
La Brigada de Control Ambiental allanó un taller ilegal de taxidermia en Berazategui y encontró piezas de fauna silvestre y animales exóticos disecados. El procedimiento, realizado junto a la Policía de la provincia de Buenos Aires, forma parte de una investigación sobre tráfico ilegal de especies protegidas.
El operativo fue llevado a cabo como parte de una investigación que tiene como objetivo desmantelar redes dedicadas al tráfico de fauna silvestre y la caza furtiva. El taller, que operaba clandestinamente, estaba especializado en la disecación de animales, tanto locales como exóticos, lo que despertó la alarma de las autoridades ambientales.
Durante el allanamiento, se encontraron pieles de pecarí y yacaré, especies nativas protegidas por la legislación ambiental argentina. También fueron secuestradas taxidermias de animales provenientes de diversas partes del mundo, como ciervos colorados, ciervos de cola blanca, axis, antílopes de la India, muflones, búfalos, chivos, carneros, renos, alces, Tar del Himalaya y cebras. Esta variedad de especies y su origen internacional sugieren que el taller formaba parte de una red más amplia de tráfico de fauna silvestre.
Las piezas secuestradas fueron trasladadas al depósito oficial de la Subsecretaría de Ambiente, donde permanecerán como evidencia en la causa judicial.
La investigación continúa en manos de la Fiscalía Federal N° 1 de Lomas de Zamora, que está analizando las conexiones del taller con otras posibles redes de tráfico de animales. La causa judicial busca identificar a los responsables del delito y desarticular las organizaciones dedicadas al comercio ilegal de fauna, que amenaza gravemente la biodiversidad y el equilibrio de los ecosistemas.
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El Gobierno Provincial excluye al puma de la caza deportiva 2025

Fecha de Publicación: 26/04/2025
Fuente: Tiempo Sur
Provincia/Región: Santa Cruz


La Resolución N°138/2025, emitida el 1 de abril y válida hasta el 31 de agosto del corriente año, por el Consejo Agrario Provincial, excluyó al puma, al zorro gris y al zorro colorado de la lista de especies habilitadas para la caza deportiva en la provincia de Santa Cruz.
Estas tres especies nativas habían estado incluidas durante décadas en las reglamentaciones de caza deportiva. Una revisión técnica actualizada demuestra que los cazadores deportivos, en general, no optan por estas especies. Con esta decisión, se implementa un nuevo enfoque basado en evidencia científica y participación de equipos técnicos especializados.
La resolución actualiza el marco normativo e incorpora nuevos criterios para la evaluación de especies. Además, se avanza en la articulación con organismos de fiscalización para reforzar los controles y garantizar el cumplimiento de la normativa.
El Consejo Agrario Provincial recuerda que la caza deportiva solo está permitida para aquellas especies expresamente habilitadas por la normativa vigente. La caza de especies no autorizadas constituye una infracción.
Ante cualquier hecho de caza ilegal, se solicita a la comunidad realizar la denuncia formal de inmediato en la comisaría más cercana y notificar por Whatsapp a la Dirección de Fauna Consejo Agrario Provincial 2966 279178.
La conservación y el manejo de la fauna es una responsabilidad colectiva. Esta medida representa un paso hacia una gestión más integral, transparente y sostenible del patrimonio natural de Santa Cruz.
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Se expande la contaminación del agua con hidrocarburos en una zona clave de Mendoza

Fecha de Publicación: 26/04/2025
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Mendoza


El acuífero que está bajo la refinería de Luján está contaminado con hidrocarburos. El lago subterráneo se expande y abarca a zonas productivas. La mega obra que se ejecuta en "modo oculto".
La calle Bajo Las Cumbres está en una zona privilegiada. La recorren turistas de todo el mundo para ver y disfrutar. Paisajes, buenos vinos y cordillera, en el corazón de Luján de Cuyo. Enfrente de la entrada a Bodega Séptima un hombre acomoda bidones de agua potable. “Casi todas las semanas traen el agua para tomar porque la otra no se puede usar”, dice. Ya es casi como una rutina, pues saben que no pueden tomar agua de red por el potencial riesgo para la salud y por eso una petrolera los abastece. Algo similar ocurre en las fincas del lugar y las que están en las calles Costa Flores, todas las que rodean a la refinería y ahora también en calle Cobos: el acuífero está contaminado por productos derivados de los combustibles que se producen a pocos kilómetros, en la refinería de la empresa petrolera YPF.
El origen de esa contaminación está en los enormes tanques de almacenamiento de combustibles del Complejo Industrial y en el poliducto, un sector desde donde se envían combustibles a medio país. Las filtraciones a las napas ocurrieron durante un tiempo extenso, pero incierto. La tierra tiene memoria y lo que no se veía en ese momento, se siente hoy: un enorme lago subterráneo de 10 kilómetros de extensión formado por agua contaminada con hidrocarburos. No hay certezas del volumen de contaminantes y esa realidad inquieta. Los primeros registros datan de los años 90, pero se tardó décadas en el reconocimiento y se perdió tiempo en el inicio el proceso de remediación. En ese recorrido hubo ocultamiento de información y negación.
En la zona más cercana a la destilería se mantiene una pluma de casi 3 kilómetros de extensión que tiene benceno, un hidrocarburo altamente peligroso para la salud. La “mancha” subterránea más grande se generó por el derrame de “MTBE”; un compuesto hediondo que se usaba en la producción de naftas y que se filtró por un tiempo prolongado al acuífero sin que nadie lo advirtiera. En los últimos años generó alerta la expansión hacia el Sur y el Este de la pluma de contaminación, con riesgo de abarcar más superficie de la prevista originalmente.
Para tratar de sanear el acuífero se ejecutó un plan de tres etapas que quedó chico. Ahora, debido a la expansión de la contaminación, recalcularon el esquema y el sistema para “limpiar” el acuífero incluye una mega obra con acueductos y una enorme planta de tratamiento para extraer el agua, limpiarla y reinyectarla. La obra está en ejecución y aunque es visible en plena Ruta 7, las razones se mantienen casi en secreto. Ni los vecinos de la zona conocen para qué se usarán los enormes caños que se instalan alrededor de la refinería y el corredor internacional.

Lago subterráneo
El Complejo Industrial Luján de Cuyo (CILC) es la segunda refinería de petróleo más grande de Argentina, detrás de la ubicada en La Plata. Allí llega el petróleo de todo Mendoza y se producen combustibles para 14 provincias. Incluso está en proceso de ampliación para poder procesar más petróleo de Vaca Muerta y el foco está en el gasoil con bajo contenido de azufre.
La zona industrial está montada a la vera del Río Mendoza y sobre la subcuenca El carrizal, uno de los acuíferos más sensibles e importantes del oasis norte. Es ese margen derecho del Río Mendoza, donde están algunos de los emprendimientos turísticos y productivos más relevantes de la Provincia, ya había dificultades por la carencia de agua y está vigente una restricción para perforaciones.  Se trata de un acuífero libre, que está a unos 120 metros de profundidad. En los alrededores hay decenas de fincas y bodegas premium de distinta escala que tienen problemas por el riesgo ambiental.
Los informes de auditoría, a los que accedió MDZ, ya alertaban sobre un aumento en la concentración de contaminantes desde el año 2019 y, luego, una expansión hacia el Sur y el Este de la refinería. Incluso el cese de la crisis hídrica generó, creen, un escenario distinto. Con ese alerta, se plantearon los escenarios futuros sin intervención. En todos los casos la contaminación avanzaría hacia el Este y el Sur, con magnitudes distintas según la cantidad de agua. En los años "ricos" o húmedos, el riesgo sería mayor.
Esos informes alertan por la necesidad de mejorar el esquema de saneamiento “en atención al aumento en la concentración de MTBE de los pozos y la evidencia de la dirección del flujo hacia el sur y hacia el este”. No solo se hallaron rastros con mayor concentración de contaminantes y una pluma más extendida, sino también de combustibles. “Debido a la detección de FLNA (fase líquida no acuosa, es decir combustibles) la empresa YPF deberá presentar metodología de interpretación, frecuencia y análisis de los datos de FLNA reportados por el laboratorio asignado para el análisis de muestras del monitoreo”, dice uno de los documentos fechados en octubre del 2024.
El volumen de agua impactada aún no está mensurado, pero se estima con cálculos matemáticos. Hubo alertas por posibles nuevas fuentes de contaminación y así se advirtió en uno de los informes de auditoría realizados por el INA. La empresa aseguró que no hay fuentes nuevas de contaminación. Desde el Departamento General de Irrigación aseguran que hubo "falsos positivos" en cuanto a los picos de concentración de sustancias descubiertos, pero en sus informes se advierte sobre la expansión de la mancha.
Pero además hubo hechos no informados que generan desconfianza. Al trazar hipótesis sobre uno de los picos de contaminación descubiertos en los muestreos (donde se halló combustible en el acuífero), YPF reconoció que ocurrieron incidentes ambientales no informados. Uno de ellos fue, por ejemplo, el vuelco de 44 mil litros de gasoil en la zona de tanques, que permearon al acuífero. Ese incidente no fue informado nunca por YPF, que lo mantuvo en secreto a pesar del daño ambiental. En el mismo reconocimiento posterior se informó que el pretil de contención, es decir el tanque, no estaba impermeabilizado. Por la falta de comunicación del incidente el Departamento General de irrigación le impuso una multa de solo 603 mil pesos.
No fue el único. El año pasado se detectó una anomalía en el agua que surgía de la planta de descontaminación del agua. El agua que surge luego del proceso debe estar limpia de MTBE, pero en un análisis de rutina realizados el 11 y 12 de julio del 2024 se detectaron contaminantes. YPF tampoco informó de esa anomalía aún cuando está obligado a hacerlo y por eso se impuso una multa de un millón de pesos, que por la escala de la empresa es casi testimonial desde el punto de vista monetario.  

Una obra en modo incógnito
Quienes transitan por la ruta 7 que va hacia Potrerillos y Chile pueden ver una enorme obra en ejecución. Zanjas, caños de gran envergadura y máquinas trabajando. A pesar del despliegue, no hay indicaciones acerca de qué se trata. El entramado de cañerías de 26 pulgadas se mete entre las fincas, los barrios y la refinería. Los mismos vecinos no fueron informados de las razones de esos trabajos, a pesar de que los caños pasan por la puerta de su casa. Esa red es parte del enorme plan para intentar contener y remediar la contaminación en el lugar.  
El plan es extraer agua a través de 7 pozos nuevos, filtrarla en la planta industrial y reinyectarla al acuífero a través de 14 pozos que estarán ubicados en una extensa línea de contención. Esa barrera estará a lo largo de calle Cobos, en el Sur Este, y en el límite Este del barrio Costa Flores.
El sistema de acueductos está en ejecución. El Ministerio de Ambiente catalogó a la obra como de bajo impacto y por eso solo se hizo un "aviso de proyecto" porque se consideraron los trabajos civiles, pero no el proceso de saneamiento del agua contaminada. Por eso no se informó a la comunidad, ni se publicaron los datos de los estudios de impacto ambiental.
La intención es "empujar" el agua contaminada desde el Este al Oeste para contener el avance y, al mismo tiempo, extraer el agua con hidrocarburos para limpiarla en la futura planta ampliada. No hay datos sobre el impacto que puede tener en el acuífero general ese despliegue, aunque existe la obligación de mantener el balance hídrico de una de las zonas más sensibles.
Hasta hoy había tres formas de saneamiento. La primera barrera hidráulica la compone una batería de pozos que extrae agua de la periferia de la refinería y es tratada en esa planta industrial. Ese recurso es usado dentro del propio complejo industrial. La tercera barrera hidráulica está formada por otros pozos extractores ubicados en las fincas. Y la planta "Fambén" es donde se procesa agua extraída para descontaminar y luego inyectar. Además, las fincas y bodegas afectadas tuvieron que dejar de usar los pozos habituales, que fueron reemplazados por otros de mayor profundidad.
La planta de "limpieza" del agua  puede procesar 800 metros cúbicos por hora. Pero el modelo de saneamiento quedó chico y deberá ser ampliado para  procesar hasta 2800 metros cúbicos de agua por hora. Es casi el mismo volumen de agua que produce la planta Alto Godoy para abastecer al Gran Mendoza. En el plan presentado por YPF hay varias hipótesis que incluso dependen de variables climáticas y ambientales. Es que, por ejemplo, cuando hay años hídricos ricos, como ocurrió en la última temporada, el acuífero se recarga y la pluma se expande.
La dilación tiene una cadena de responsabilidades que quedó registrado en expedientes judiciales en los que hubo acuerdos económicos para evitar imputaciones.
Cuando surgieron las alertas YPF era controlada por la petrolera española Repsol. Hubo dos coincidencias. La primera finca que se vio afectada es propiedad de Codorniú, empresa vitivinícola que también es de capitales españoles y explota Bodega Séptima. El abandono del cuidado del ambiente en ese proceso productivo coincide temporalmente con lo que ocurría con la extracción de petróleo en áreas como Barrancas, que arrastraban cientos de pasivos ambientales que la propia Repsol, como dueña de YPF, dejó y que fueron inventariados en las prórrogas de concesiones posteriores y aún no terminan de sanearse.
Esa afectación al agua está tipificada como delito de contaminación por residuos peligrosos y las causas judiciales que se iniciaron tuvieron varios vaivenes en los que estuvieron en la mira judicial varios directivos de YPF y los responsables del Departamento General de Irrigación. Pero además hay presuntas víctimas con problemas severos de salud en los barrios aledaños al complejo industrial. En esa periferia hay tres barrios, dos escuelas y población dispersa. La petrolera estatal tuvo que indemnizar a 5 personas que tienen leucemia y que sus casos estaban en pleno análisis judicial para establecer alguna relación de causalidad con la contaminación.
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Las fases de un plan clave del Gobierno, explicadas por uno de los funcionarios favoritos de Milei

Fecha de Publicación: 26/04/2025
Fuente: iProfesional
Provincia/Región: Nacional


Antes de asumir como presidente de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA), la empresa pública que maneja las centrales nucleares Atucha I y Il y Embalse, con el fin de avanzar en una privatización el jefe del Consejo de Asesores Demian Reidel expuso ante banqueros y empresarios en la  reunión mensual del Rotary Club que se desarrolló en el Hotel Sheraton Libertador.
En ese almuerzo, moderado por la periodista Clara Mariño, Reidel explicó en detalle las 3 fases del Plan Nuclear que había adelantado en  diciembre del año pasado junto al presidente Javier Milei.
"El fin es soportar el consumo de energía de la inteligencia artificial y que la Argentina puede ser exportador de tecnología y uranio a Estados Unidos" dijo Reidel al comienzo de su presentación.

La fase 1 del plan nuclear de Javier Milei
Reidel explicó en detalle las 3 fases del plan y estimó que ponerlo en marcha llevará por lo menos unos 4 años pero que dado el optimismo de Milei ese tiempo se podría reducir .
"La fase 1 consta de la instalación de 4 reactores nucleares modulares pequeños, de 300 megavatios (MW) de potencia cada uno, para un total de 1.200 MW nuevos en el complejo de Atucha, en la localidad bonaerense de Lima" explicó y agregó que "el país tiene 1.763 MW de capacidad de energía atómica, sobre un total de 44.000 MW de potencia instalada".

China se aleja del sector nuclear argentino
Reidel detalló que esos 1.200 MW reemplazarán al nuevo gran reactor por el que la Argentina venía negociando hace años con China, y para el que incluso en 2022 había firmado un contrato comercial.
"La compra de ese reactor con tecnología china Hualong One nunca se terminó de cerrar por falta de financiamiento, ya que tendría un costo cercano a los 8.000 millones de dólares" dijo Reidel.
"Al alejar a China del sector nuclear argentino, el gobierno de Milei reforzaría su alineamiento con la política exterior de los Estados Unidos, vital para obtener el beneplácito financiero del FMI y otros organismos donde pesa la diplomacia norteamericana" manifestó Reidel.
También explicó que solamente hay tres países en el mundo que tienen avances importantes en la tecnología de reactores modulares pequeños que son Rusia, China y Argentina.
"Este desarrollo va a tener tecnología argentina pero capitales extranjeros, porque como dijo el Presidente no hay plata y no hay obra pública y lo vamos a hacer en 4 años y medio", dijo pero luego manifestó que tal vez se podría bajar a 3 años y medio.

Exportación de tecnología de reactores y de uranio: la fase 2
En relación con la fase 2, Reidel destacó que  "estará marcada por la exportación de esta tecnología de reactores y de uranio, el combustible necesario para que funcionen y hoy exportamos 0 uranio"
En ese momento sorprendió al auditorio al lanzar la frase "vamos  a hacer como el modelo Gillette, que vende las maquinitas de afeitar y los repuestos y Argentina puede ser una potencia nuclear global con ese modelo" explicó.
Al respecto, explicó que la empresa rusa Rosatom es la única no sancionada por los Estados Unidos tras la invasión a Ucrania, porque es la que le vende uranio.
"En ese sentido, Argentina estaría ocupando el lugar ruso, en una nueva etapa del friend sharing energético, que comenzó con la compra de una compañía estadounidense ARC Energy, propiedad de la ahora ex empresa estatal IMPSA" dijo Reidel.

Una ciudad nuclear en la Patagonia, la clave de la fase 3
En tanto, Reidel explicó que en la fase 3 se prevé la construcción de una ciudad nuclear en la Patagonia para albergar los centros de datos (data centers) en un lugar frío, que consume menos energía para contrarrestar el calor que generan esas máquinas que soportarán el crecimiento de la inteligencia artificial, que requiere de un consumo de grandes cantidades de electricidad.
Luego de ese evento, Reidel, asumió ayer como nuevo presidente de la empresa estatal Nucleoeléctrica Argentina (NASA), encargada de operar y mantener las tres centrales nucleares que tiene el país (Atucha I, Atucha II y Embalse). Así se dispuso en la asamblea, en la cual también se nombró a Diego Chaher, el encargado de las privatizaciones del Estado, como director.
El directorio de NASA quedó conformado por las siguientes personas: Demian Reidel (presidente); Germán Guido Lavalle(vicepresidente); los directores titulares Axel Larreteguy, Marco Campolonghi y Diego Chaher, y el director suplente, Marcelo Famá.
En el almuerzo del Rotary Club, Reidel destacó el rol estratégico de la empresa en el futuro de la energía nuclear del país, al afirmar que "será el brazo ejecutor del plan nuclear argentino que estamos desarrollando para convertir a la Argentina en una potencia energética a nivel mundial".
Reidel también explicó que tiene como objetivo junto a Milei convertir a la Argentina en un polo de innovación tecnológica y, específicamente, de inteligencia artificial (IA). "Es el desarrollo tecnológico más violento de la historia de la humanidad y amplifica tus capacidades" dijo.
Hay que destacar que  hace unos meses, el Gobierno tenía como meta privatizar parte del capital accionario de NASA, una idea que impulsaba Chaher porque la empresa quedó sujeta a privatización en la Ley Bases.
Demian Reidel, un funcionario bien considerado por Javier Milei
Reidel cuenta con un CV muy frondoso. Es licenciado en Física del Instituto Balseiro, tiene un Máster en Matemática Financiera de la Universidad de Chicago y es doctor en Economía de la Universidad de Harvard. Su último cargo en la función pública fue entre fines de 2016 y mediados 2018  el Banco Central (BCRA), como vicepresidente primero del organismo, acompañando al entonces titular del organismo, el actual ministro de Desregulación y Transformación, Federico Sturzenegger. En esa época fue uno de los encargados de diseñar la arquitectura financiera para que Argentina saliera del cepo cambiario que había dejado el Gobierno de Cristina Kirchner.
En ese entonces, en el Gobierno de Mauricio Macri, Reidel fue uno de los encargados de quitar todos los controles de cambio, algo que destacó durante mucho tiempo en su perfil de la red social X donde se definió como "Desarmador de cepos".
A la hora de responder preguntas, Reidel sorprendió al auditorio cuando nombró a su padre fallecido y en medio de su alocución rompió en llanto al recordarlo y demoró unos minutos en volver a hablar, ya que luego se volvió a quebrar para después recuperarse y seguir contestando las preguntas.
Reidel comenzó su carrera en el sector financiero en Wall Street en el área de investigación sobre mercados emergentes en el banco JPMorgan y luego estuvo a cargo del área de estrategia de deuda externa en mercados emergentes en Goldman Sachs. Fue cofundador del fondo de cobertura QFR Capital Management, junto con el secretario de Política Económica, José Luis Daza, y el economista David Sekiguchi. También se desempeñó como profesor de posgrados en Finanzas de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT). En 2019 fue nombrado investigador senior del Centro Mossavar-Rahmani de Negocios y Gobierno en la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard.
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Pese a los millones del Banco Mundial, las obras del Matanza Riachuelo en stand-by

Fecha de Publicación: 25/04/2025
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Riachuelo


Tras una inversión de más de 1200 millones de dólares y con el 90% del proyecto terminado, la obra más importante para la recuperación del río está paralizada. Asombra la tranquilidad con la cual se deja en suspenso una inversión multimillonaria cuando faltan pocos pasos para su concreción.
Ya se dijo: el Sistema Matanza Riachuelo, la obra más importante para la recuperación del río, está parada. Pero no está de más repetirlo. Es un dato asombroso por muchos motivos, como el volumen de su inversión: más de 1200 millones de dólares. Y por el avance alcanzado hasta el momento: más del 90% se halla actualmente terminada, después de diez años de trabajo.
La obra asombra por sus dimensiones. Se trata de la ampliación de la red de cloacas subterráneas del Área Metropolitana de Buenos Aires más importante desde la puesta en marcha de la red a principios del siglo XX.
También es notable por tener como principal socio estratégico al Banco Mundial, que la presenta como un proyecto de vanguardia a nivel internacional, por la escala y los desafíos técnicos resueltos para su construcción, y por ser la mayor inversión en su tipo realizada por el organismo en la región.
La obra es uno de los ejes centrales del plan de recuperación ambiental del río Matanza Riachuelo, impulsado por el Estado Nacional a través de ACUMAR (Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo), y ejecutada por la empresa pública AySA (Agua y Saneamiento).

Millones de inodoros
Los líquidos cloacales son el principal objetivo del proyecto. Estos representan, en volumen, la mayor fuente de contaminación del río. Se trata de líquidos provenientes de los baños de viviendas habitadas por las más de dos millones de personas del área sin acceso a la red de cloacas. Su desagüe se produce a través de arroyos, canales clandestinos y filtraciones de napas subterráneas.
La materia orgánica de estos inodoros, volcada sin tratamiento, llega al río en cantidades imposibles de procesar por éste. Su saturación provoca uno de sus problemas ambientales más graves: la falta de oxígeno disuelto en el agua. En condiciones normales, la materia orgánica se descompondría sin generar daños ambientales. Pero en cantidades extremas, las bacterias encargadas de degradarla terminan por absorber el oxígeno del medio, hasta agotarlo.
El resultado es la paradoja de un curso de agua como el Matanza Riachuelo, donde debido a la ausencia de oxígeno no pueden vivir peces ni otros organismos acuáticos; por no mencionar otros riesgos generados por las cloacas sin tratar, como las enfermedades y los malos olores.

Una obra descomunal
¿Cómo se llegó a esta situación? Es el resultado de más de un siglo de expansión del área urbana de Buenos Aires. O mejor dicho, de su evidente desigualdad. Mientras la Ciudad de Buenos Aires contó desde principios del siglo XX con una red de cloacas moderna, motivo de orgullo en su época, no sucedió lo mismo en el llamado Conurbano, donde nunca se invirtió ni planificó de manera equivalente.
Este fue uno de los problemas encarados por ACUMAR desde 2009. Las dos millones de personas sin cloacas en la Cuenca Matanza Riachuelo no solo estaban desconectadas de la red. En realidad, no existía ninguna red con capacidad suficiente para recibir sus líquidos cloacales, transportarlos y tratarlos.
La solución del Sistema Riachuelo fue duplicar la capacidad de carga del sistema. La obra incluyó la excavación de un túnel de más de 40 kilómetros y tres metros de diámetro, que une la Matanza con el barrio de La Boca, recorriendo todo el borde del Riachuelo a lo largo del sur de la Ciudad, y aliviando los conductos existentes. Desde allí, pasa por debajo del Riachuelo, se interna en la Isla Maciel y Dock Sud, sigue por debajo del puerto y el Polo Petroquímico y termina en la orilla del Río de la Plata, en donde se construyó la mayor planta de tratamiento de líquidos cloacales del Área Metropolitana. Otro conducto subterráneo se interna 10 km bajo el río para realizar la dispersión final de los líquidos.
El resultado, cuando el sistema se ponga en marcha, será una mejora notable en la calidad del agua del río. El Sistema permitirá incorporar 1,5 millones de usuarios a la red de cloacas en la Cuenca, y mejorar el servicio de 4,3 millones de personas, en más de veinte Municipios, algunos fuera de esta.

Parálisis y perplejidad
Pero lo más asombroso del Sistema Riachuelo es que actualmente esté detenido. Entre trabajadores y funcionarios de ACUMAR reina la perplejidad. El último paso para su puesta en marcha requiere una transferencia de fondos del Estado Nacional. Las cañerías se hallan terminadas desde fines de 2023, pero su punto débil es la planta de tratamiento de Dock Sud, imprescindible para poner en marcha la red. Esta tiene un avance del 94%, según el sitio web de ACUMAR, y su fecha de finalización era el 2024, sin nuevas actualizaciones.
Como sucede en muchas áreas del Estado en la actualidad, no hay indicios de los planes a futuro. El contraste es notable. Por un lado, en la web abundan los materiales gráficos y audiovisuales realizados en los últimos años para transmitir la importancia de la obra, de donde fueron tomados los datos para esta columna. Pueden observarse las palabras llenas de orgullo y emoción de la ingeniera a cargo de su dirección, considerándola un hito histórico por su escala y dificultad. Los funcionarios del Banco Mundial destacan la obra como un modelo para otros proyectos impulsados por el organismo en otros países, por el volumen de la inversión y la cantidad de población beneficiada. Sobre todo, por la complejidad de los actores involucrados y las negociaciones requeridas para sostener en marcha el proyecto a través de los sucesivos cambios de gobierno.
Hoy los mayores elogios y apoyos a la obra provienen, paradójicamente, de las publicaciones de un organismo internacional y una empresa pública, AySA, a la cual se propone privatizar. ACUMAR adoptó el Sistema Riachuelo como una de las principales acciones para el saneamiento del río Matanza Riachuelo, pero en las últimas semanas el organismo borró de su sitio web la mayor parte de los materiales de difusión, noticias y registros realizados a lo largo de los últimos años sobre este y otros proyectos vinculados al saneamiento de la Cuenca. Quedaron disponibles solo los informes técnicos, en su mayoría desactualizados.

Silencio que aturde
El retiro de ACUMAR como impulsora general del proyecto tiene consecuencias obvias. Es difícil imaginar un proceso de transformación como el propuesto a través de estas obras, sin una voz pública dedicada a transmitir el sentido de sus inversiones. Sin información e imágenes que ayuden a dimensionar los cambios esperados.
El río tiene una tradición de intentos de limpieza sin terminar. El silencio oficial inquieta porque amenaza con dejar en el olvido obras que constituyen uno de los mayores avances realizados hasta el momento para revertir su ya legendaria contaminación.
Pero el silencio es más complejo en obras como las de las cloacas cuya naturaleza las vuelve invisibles, casi por definición, y cuyo funcionamiento y recorridos siguen siendo un misterio para el público general.
Asombra, además, la tranquilidad con la cual se deja en suspenso una inversión multimillonaria cuando faltan pocos pasos para su concreción. Una inversión aportada por un organismo internacional, convertida en deuda, que más allá del futuro de la infraestructura construida, y de su eventual puesta en funcionamiento, deberá ser devuelta por el Estado. Es difícil entender la pasividad de tantos actores involucrados, desde funcionarios hasta representantes del Banco Mundial. Y, en consecuencia, la falta de preguntas y debates públicos acerca del futuro del trabajo realizado y de los fondos prestados y utilizados.
Pero, por último, este retiro del Estado también llena de dudas el día después de las obras. Cuando el Sistema Riachuelo logre ponerse en marcha, todavía quedará pendiente el tramo final de las conexiones a construir, las tuberías necesarias para que los distintos barrios y viviendas de la Cuenca logren incorporar sus líquidos cloacales a la red y eviten, definitivamente, sus filtraciones hacia el río y sus arroyos. La pregunta es cómo se pondrá en marcha este proceso y de dónde saldrán los recursos y el impulso de gestión necesarios, que involucrarán a cientos de miles de viviendas, y requerirá de otros financiamientos e impulsos. En definitiva, de un proceso de diálogo público como el que en estos días el Estado parece decidido, casi obsesionado, a evitar.
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“Necesitamos más gente que se sume a luchar porque es muy difícil seguir”

Fecha de Publicación: 26/04/2025
Fuente: Diario El Argentino
Provincia/Región: Entre Ríos


A días de la vigésima primera marcha al puente internacional contra las pasteras en el Río Uruguay, Martín Alazard, uno de los referentes de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú, dialogó con EL ARGENTINO y realizó un fuerte llamado a la comunidad.
El domingo 27 de abril se concretará una nueva caravana hacia el puente Internacional General San Martín. Esta tradicional manifestación, que comenzó como una resistencia popular ante la instalación de la pastera Botnia en la costa uruguaya, se ha convertido en un símbolo de la lucha ambiental de la región. Sin embargo, el presente muestra una postal muy distinta a la de los primeros años y requiere del “compromiso de otros que tomen la posta”, reconoce Alazard en diálogo con EL ARGENTINO.
La invitación es a partir de las 15 horas, donde se concentrarán en el paraje Arroyo Verde, y luego se irá en caravana hacia el Puente General San Martín. “Es la vigésima primera marcha hacia el puente, contra Botnia. Como todos los años, venimos batallando por resistirnos a la contaminación”, reafirmó Alazard.
Y advirtió: “Se suman hoy en día muchos otros factores de contaminación que no podemos pasar por alto, como los agroquímicos o las futuras plantas aprobadas, como el caso del hidrógeno verde en la costa uruguaya, frente a Paysandú y Fray Bentos”.
El asambleísta denunció que estas plantas ya cuentan con financiamiento aprobado, y alertó sobre los peligros de nuevas industrias con impactos aún inciertos: “Fray Bentos ya tiene otorgado un préstamo de 20 millones de euros para la construcción”.

Fugas, derrames y falta de control
Alazard enumeró múltiples episodios de contaminación protagonizados por UPM (ex Botnia), incluyendo fugas de soda cáustica, derrames de ácido sulfúrico y fallas en el puerto de carga. “Esto no pasa en Europa, pasa acá. Porque somos, lamentablemente, el fondo del mundo. Donde dejan la contaminación y se llevan la pasta producida para hacer papel”.
Denunció además la falta de controles efectivos y la existencia de convenios de confidencialidad entre Uruguay y las empresas: “No vamos a conocer nunca la realidad de esto, van a aumentar los procesos, la producción y seguirán contaminando. La Cancillería se rasga las vestiduras diciendo que no ha sido informada, pero ¿cómo no va a ser informada si las plantas ya están aprobadas?”, cuestionó.
Tras los episodios de derrames conocidos en el último tiempo, diputados provinciales y dirigentes han realizado pedidos de informes. Sin embargo, no hay resultados claros. “¿Dónde están las respuestas?, hicieron pedido de informes, pero, ¿dónde están los informes? No existen. Necesitamos autoridades que se pongan los pantalones largos y den respuestas claras. Entiendo que se pidan informes por parte de legisladores y diputados, pero que pasa después de eso… No tenemos nada concreto, y la contaminación sigue presente en nuestra región”.
Según el asambleísta, la pasividad institucional contribuye a un escenario desolador: “Botnia ya marcó la cancha. Acá no pueden venir a tomar muestras sin avisar. Es lo mismo que decir: ‘el domingo te allano por drogas’, y te preparás”.
Asimismo, fue categórico al señalar que “seguimos luchando y peleando sin tener respuesta. La única respuesta es que toda la población siga unida, siga gritando: no queremos contaminación”.

Arroyo Verde, con un presente desalentador
Consultado por el estado actual del histórico paraje Arroyo Verde, Alazard fue contundente: “Se robaron todo, hasta las ventanas. Sacaron la guardia policial. El paraje histórico y cultural de Arroyo Verde, nombrado por ley provincial, está prácticamente dejado de la mano de Dios. Antes iban chicos a conocer y recibir una charla y clases. Hoy es otro el panorama. Hay denuncias reiteradas por los robos, pero no hemos podido hacer nada más, lamentablemente. Se robaron hasta los inodoros”.
A pesar de los recientes reconocimientos del Concejo Deliberante de Gualeguaychú, el referente remarcó: “Había un proyecto de concretar un edificio en el lugar, pero hoy es imposible, mucho más con el freno a la obra pública, es difícil pensar en una mejora en el espacio. Sin embargo, necesitamos que se sume gente, que tomen la posta de la causa. Nosotros estamos grandes, y tenemos muchos años de lucha encima”, resumió el asambleísta.

Convocatoria abierta
Finalmente, Martín Alazard convocó a toda la comunidad a sumarse a la marcha del domingo: “Queremos vivir en un ambiente limpio, sano, por la salud de todos, sin banderías políticas ni económicas. Por eso pedimos que todos se sumen a la caravana, por la vida, por un agua limpia, por un aire puro”, concluyó.
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Vecinos rechazan la instalación de una termoeléctrica en distrito K y hay polémica

Fecha de Publicación: 25/04/2025
Fuente: Portal ProviciaNoticias
Provincia/Región: Buenos Aires


El Ejecutivo local busca un cambio de uso de suelo para permitir la instalación de dos centrales en un predio ubicado sobre la Ruta 2, a la altura del kilómetro 49.
A pesar del operativo policial, mas de 300 personas se concentraron para rechazar la modificación del Código Urbano para poder instalar la planta termoeléctrica en ruta 2, a cargo de la empresa SCC Power, que ya tuvo que cerrar una planta en Pilar por el rechazo de los vecinos.
En una sesión polémica y con acalorado debate, se rechazó el cambio aunque desde la municipalidad señalaron a este portal que "aún falta más diálogo".
Vale recordar que los vecinos de Brandsen se manifiestan contra la instalación de la planta termoeléctrica en ruta 2, pero también buscan concientizar sobre los problemas de salud de las personas pero también sobre el daño que provocaría en el ecosistema.
La iniciativa de la termoelectrica en manos de la empresa SCC Powe la impulsa el intendente Fernando Raitelli (La Cámpora-FdT). Lo extraño, para mucho en el distrito, es que sabiendo que otro intendente kirchnerista, Federico Achaval, de Pilar, rechazó la instalación de la termoelectrica por las denuncias y reclamos de sus vecinos, no se explica por qué Raitelli inciste con la radicación de esa empresa en su comuna.
El arco opositor dennció que la polémica empresa funciona con el permiso del gobierno de Axel Kicillof, que, sostienen, en vez de controlar que no contamine ni perjudique la salud de los vecios ni proteja el medi ambiente, perite que se instalen en sitios de distritos que no son aptos.
La diputada provincial del PTS Laura Cano participó de la movilización, rechazó la instaación de la termoelectrica y manifestó que "si tenés que llenar de policías el Concejo es porque van a atacar al pueblo. Quieren cambiar el código urbano a favor de termoeléctricas contaminantes. La población lo rechaza. Desde Alerta Roja y el PTS acompañamos a la comunidad y nos sumamos a su lucha", afirmó.
PROVINCIA NOTICIAS consultó a la municipalidad cuál será la postura del jefe comunal Fernando Ritelli pero no obtuvo respuestas.
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Organizaciones advierten que la sanción agravaría la crisis por desmontes ilegales

Fecha de Publicación: 24/04/2025
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Chaco


Aves Argentinas-Asociación Ornitológica del Plata, Fundación Ambiente y Recursos Naturales, y Fundación Vida Silvestre Argentina, expresaron en una nota enviada a los legisladores chaqueños su "preocupación" y les pidieron no apoyar la sanción  en la sesión extraordinaria convocada para este miércoles.  
Conocida la convocatoria a sesión extraordinaria para este miércoles, para tratar el proyecto de ley 1861/2024 del diputado Juan José Bergia  que propone incrementar multas por desmontes ilegales , pero avanza en el blanqueo con la madera proveniente de los mismos, las organizaciones Aves Argentinas-Asociación Ornitológica del Plata, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, y la Fundación Vida Silvestre Argentina , expresaron en una nota enviada a los legisladores chaqueños su "preocupación" y les pidieron no apoyar la sanción. "Se contribuiría a agravar la crisis de desmontes ilegales en el Chaco", advirtieron.
El pedido a los legisladores lleva las firmas de Sebastián Fermani, director de Conservación de la Fundación Vida Silvestre Argentina; Francisco González Táboas, director de Coordinación Institucional de Aves Argentinas-Asociación Ornitológica del Plata; y Andrés Napoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales.
En el documento, las organizaciones explican que el proyecto de ley propone modificar diversos artículos de la Ley 2079-R respecto de las multas que aplican a los desmontes de bosques nativos ilegales. Y mencionan, en particular "el artículo 4 del proyecto de ley, que propone incorporar a la Ley 2079-R el artículo 45-bis a los fines de legalizar mediante un contrato privado los productos forestales provenientes de desmontes ilegales".
Así, mencionan que el texto del proyecto establece que "para el acceso de los descuentos habilitados por los artículos 42, 43 y 44 de la Ley 2085-R, en el caso de sanciones de multas de desmontes y silvopastoriles ilegales, deberán presentar un contrato de aprovechamiento forestal de un plazo de ejecución, como mínimo, de un año, a los fines de garantizar el aprovechamiento de los productos abatidos y evitar la quema de los mismos".
Las tres organizaciones advierten que, de aprobarse dicho proyecto "podría institucionalizarse un incentivo perverso  al promover la comercialización de madera proveniente de desmontes ilegales, perpetuando un ciclo de explotación insostenible de los bosques chaqueños".

Diseñar mejores mecanismos
Luego, resaltan que "en la provincia de Chaco es conocida la problemática de desmontes  que devienen en terrenos sin ningún uso productivo posterior, a los fines de aprovisionamiento irregular de madera en contraposición a lo establecido por las regulaciones vigentes y las posibilidades de desarrollo sostenible de la provincia".
Así, desde las organizaciones firmantes, consideran que el mencionado artículo "debe ser eliminado y, en todo caso, se deben diseñar mejores mecanismos para desincentivar los desmontes ilegales y el posterior aprovechamiento de la madera  que sumen y acompañen la efectiva implementación a nivel provincial de la Ley 26.331, sancionada y plenamente vigente desde hace casi dos décadas".
En ese sentido, señalan que "el decomiso de la madera por parte de la Dirección de Bosques, y el agravamiento de las sanciones ante una quema posterior al desmonte, son algunos ejemplos de medidas alternativas  que no perpetúen un círculo vicioso de explotación insostenible". "Cabe mencionar que observaciones similares a las nuestras fueron presentadas por autoridades del Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Producción", indicaron.

Crisis ambiental
Por último, sostienen que "la provincia de Chaco enfrenta una crisis ambiental alarmante, donde los procesos de deforestación constituyen una de las principales causantes, a través del cual se despliegan múltiples problemáticas como es la pérdida de biodiversidad ".
Mencionan al respecto que, solamente entre enero y abril de 2024, según datos de Greenpeace, se deforestaron cerca de 20.000 hectáreas , una superficie comparable a la que ocupa la Ciudad de Buenos Aires. Y resaltan que ese incremento "se produce a pesar de las restricciones legales vigentes y de las prohibiciones establecidas por la Justicia Federal y ordinaria".
Agregan también los datos de la Unidad de Manejo del Sistema de Evaluación Forestal (UMSEF), que indican que, desde la sanción de la Ley Nacional de Bosques en 2007 hasta fines de 2022, la provincia de Chaco perdió casi medio millón de hectáreas de bosques nativos. "Estos datos evidencian las limitaciones de la implementación de la Ley de Bosques Nativos, dentro de las cuales se encuentran las insuficientes sanciones a los desmontes ilegales. De sancionarse el proyecto de ley 1861/2024, se contribuiría a agravar la crisis de desmontes ilegales en la provincia de Chaco", alertaron finalmente.
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CONICET destaca el valor de los bosques nativos en Misiones para el resguardo de la biodiversidad

Fecha de Publicación: 24/04/2025
Fuente: Canal 12 de Misiones
Provincia/Región: Misiones


Un estudio requerido por empresas forestales y liderado por investigadores revela el valor de estos espacios como vías de tránsito y como hábitat de especies. “Los resultados nos sorprendieron”, indicaron desde la entidad.
Investigadores del CONICET comprobaron, a través de un reciente estudio realizado en Misiones, la efectividad de los corredores de bosque nativo en la conservación de la biodiversidad. La investigación, publicada en la revista Forest Ecology and Management, analizó cómo estos espacios, que las empresas forestales deben preservar por ley, influyen en la presencia de anfibios, aves y mamíferos en un paisaje heterogéneo de plantaciones de pino y eucalipto intercaladas con remanentes del Bosque Atlántico.
El estudio se impulsó desde el Observatorio de Biodiversidad del Bosque Atlántico (OBBA), del que participan equipos del Instituto de Biología Subtropical (IBS, CONICET-UNaM). Los resultados constituyen un importante insumo para la toma de decisiones tanto en materia de conservación ambiental como para el sector empresarial.
Los corredores de bosque nativo son áreas lineales de vegetación nativa que conectan fragmentos de bosque, actuando como vías de comunicación y hábitat para diversas especies. En paisajes de plantaciones forestales, la preservación de estos corredores por parte de las empresas es crucial ya que facilitan el movimiento de la fauna entre los parches de bosque remanente, reduciendo el aislamiento de hábitats.

El objetivo del estudio del CONICET
“Este estudio surgió a través de un servicio técnico que brindamos a una empresa -explica Elena Gangenova, investigadora del CONICET en el IBS y primera autora del estudio-. Es una colaboración que permite generar conocimiento útil para la planificación de un desarrollo productivo que incluya en sus términos  la conservación de la biodiversidad”, señala la investigadora, enfatizando la importancia de esto, en un momento crítico de pérdida de biodiversidad global.
“Nos interesaba conocer el rol de los corredores como herramienta para la protección de la biodiversidad misionera, que hasta ahora no se había evaluado”, dice Gangenova. “Los resultados nos sorprendieron porque si bien teníamos ciertas hipótesis sobre los ambientes, no esperábamos la efectividad que los corredores mostraron  para sostener la biodiversidad dentro del paisaje forestal”, añade.
El trabajo de campo, realizado entre 2021 y 2022, se basó en el uso de métodos de muestreo pasivos, como grabadores acústicos y cámaras trampa, para registrar la presencia de diversas especies en bosques continuos, corredores de bosque nativo y plantaciones de pino y eucalipto. El muestreo se realizó con equipamiento adquirido a través de la conformación del Observatorio, que incluye más de 200 cámaras y grabadores ocultos en bosque nativos y plantaciones, lo que permitió abarcar una escala de trabajo mucho mayor que en estudios previos.

El impacto de los bosques nativos en el cuidado de la biodiversidad
Los hallazgos revelaron que los corredores de bosque nativo actuaron tanto como vías de movimiento para las especies como hábitats en sí mismos, presentando una riqueza y composición de especies más similar a la de los bosques continuos que a las plantaciones. El índice de integridad de la comunidad indicó que los corredores de bosque eran más parecidos a los bosques continuos para todos los grupos taxonómicos estudiados, con una similitud que osciló entre el 68 y el 83 por ciento. En contraste, las plantaciones de eucalipto demostraron ser menos adecuadas para la mayoría de las especies analizadas.
“Si bien las empresas forestales mantienen los corredores cumpliendo con la ley provincial, estudios como este pueden ser una herramienta para promover una planificación a escala del paisaje productivo  que sirva no sólo para conectar las áreas protegidas de Misiones, que afortunadamente son muchas, sino también que conserve la funcionalidad de los  hábitats”, destaca Gangenova. La investigación también subraya que los corredores analizados tenían un ancho promedio considerable de 226 metros, lo que podría contribuir a su funcionalidad al incluir zonas de borde e interior.

Importancia para la fauna
Algunas especies de aves y mamíferos altamente dependientes del bosque nativo utilizan estas fajas de bosque como refugios o rutas de conectividad entre áreas protegidas públicas y privadas. “Los próximos pasos incluyen evaluar la importancia que tiene el ancho de estos corredores en el uso de la fauna y el rol de los macizos de bosque nativo bajo protección privada en la persistencia de especies sensibles y amenazadas”, comenta el profesional de la Carrera del Personal de Apoyo (CPA) del CONICET en el IBS, Diego Varela, co-autor y coordinador del OBBA.
“Para el sector forestal de Misiones, estos hallazgos representan una oportunidad única para mejorar la sustentabilidad ambiental de sus operaciones, una demanda creciente en los mercados globales de productos forestales certificados”, resalta el investigador del CONICET en el IBS, Gustavo Zurita, otro de los autores del estudio.
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El Gobierno demora definiciones sobre dos proyectos clave que inquietan a China

Fecha de Publicación: 23/04/2025
Fuente: TN
Provincia/Región: Nacional


La Argentina quedó en medio del enfrentamiento entre Washington y Beijing. La renovación del acuerdo de monedas, vital para las reservas del Central, es solo uno de los compromisos que se asumieron con el gigante asiático. Qué pasa con la construcción de la central nuclear de Atucha III y las represas en Santa Cruz.
La guerra comercial iniciada por Donald Trump y replicada por China, con aranceles recíprocos que superan el 140%, dejó a la Argentina como uno de los ejes del enfrentamiento entre ambas potencias y la tensión parece lejos de disiparse. En ese marco, el Gobierno tiene al menos dos asuntos clave que resolver en cuanto a su relación con Beijing, luego de lograda la renovación del swap de monedas, vital para las reservas del Banco Central.
En la reciente visita del secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, la gestión Milei recibió presión para cancelar ese financiamiento -aunque sin fecha cierta- y también para desactivar la influencia china en la región. Del otro lado, Beijing remarcó que el swap contribuyó a la estabilidad económica de la Argentina y a la vez permitió que el país pudiera cerrar el acuerdo con el FMI.
Aunque no lo dijeron abiertamente, los chinos están interesados en avanzar en los acuerdos que, en gestiones anteriores, la Argentina firmó. En particular hay dos: el proyecto Atucha III, cuyo contrato vence este 30 de abril, y la reactivación de las obras de las represas de Santa Cruz, paralizadas desde diciembre de 2023.
Desde que asumió, Javier Milei exteriorizó su alineamiento con EE.UU., pero si bien confrontó con China al cuestionarla en declaraciones públicas, en la práctica hubo acercamientos entre funcionarios de ambos estados y hasta una bilateral con el presidente chino, Xi Jinping, en noviembre de 2024, para encaminar una relación que cumplió 50 años y que tiene varios frentes de “mutuo beneficio”, como suelen asegurar los asiáticos.
En el último informe de la Jefatura de Gabinete al Congreso, hay varias consultas de legisladores y respuestas oficiales sobre distintos aspectos de la relación con China. Las preguntas fueron elaboradas antes de la guerra arancelaria iniciada por Donald Trump y las presiones de ambas potencias, pero asoman indicios de las cuestiones clave para el gigante asiático que tiene que definir el gobierno de Milei.

El contrato para construir la cuarta central nuclear, Atucha III
En la presentación ante el Congreso, se le preguntó sobre el proyecto para la construcción la cuarta central nuclear Atucha III, firmado con China en el marco de la adhesión de la Argentina a la “ruta de la seda”, durante la gestión de Alberto Fernández.
La respuesta oficial fue que “no hay avance físico ni financiero” del contrato que firmó Nucleoeléctrica (NA-SA) y la Corporación Nuclear China para construir Atucha III, que incluía financiamiento por más de US$8000 millones y tecnología, incluida el reactor, llegada desde Beijing.
La ambiciosa obra nunca pasó del anuncio. El contrato fue prorrogado y vence este 30 de abril, en lo que se llamó “condiciones suspensivas de efectivas”, una serie de requisitos que debían cumplir ambas partes para iniciar el proceso que demandaría 99 meses.
La intención de privatizar de manera parcial NA-SA, que está autorizada por la Ley Bases, y el arribo del asesor presidencial como Demian Reidel como presidente de la empresa estatal que controla las centrales nucleares fue interpretada por los especialistas del sector como una clara señal que el contrato con China se dejará caer.

Represas de Santa Cruz, paralizadas desde fines de 2023
Otro tema sin resolver en la relación con China es la reactivación de las obras de las represas sobre el río Santa Cruz, que deberían haberse terminado este año, pero que están más que lejos de ser completadas. Por el contrario, están paralizadas desde el cambio del gobierno, a fines de 2023.
En el informe de Jefatura, se indicó que la represa Jorge Cepernic tiene un avance de 46% y la Néstor Kirchner, de 19%. “Los trabajos fueron suspendidos unilateralmente por el contratista en noviembre de 2023, lo que generó una controversia contractual en términos técnicos, económicos y legales. Se mantienen gestiones con el contratista para resolver esta situación y reiniciar los trabajos”, se remarcó.
Sobre las negociaciones con China para la firma de la adenda XII y el próximo desembolso, de cerca de US$500 millones, el Gobierno planteó: “Se continúan manteniendo gestiones con el contratista para su resolución y el reinicio de los trabajos. En ese contexto, representantes diplomáticos chinos y del contratista se reunieron con autoridades nacionales en febrero y marzo. Enarsa respondió a los reclamos del contratista, pero hasta el momento estos reclamos son excesivos. No se ha logrado un acuerdo total que permita resolver la controversia”.

Asociación estratégica
En el informe brindado por Guillermo Francos se hace referencia a que, en 2024, se elevó el vínculo bilateral al nivel de “Asociación Estratégica”. Se recordó la reunión entre Javier Milei y Xi Jinping en noviembre de ese año y el compromiso de diversificar y aumentar las exportaciones argentinas a ese destino.
“Ambas naciones acordaron seguir trabajando en el fortalecimiento de sus lazos comerciales y en el desarrollo de proyectos conjuntos que beneficien a ambas economías”, se señaló.
También, se reseñó una reunión de la entonces canciller Diana Mondino en septiembre de 2024 con su par chino, Wang Yi, donde se hizo “especial énfasis en los mecanismos establecidos en el marco de la Asociación Estratégica Integral entre ambos países, vigente desde 2014. De la misma manera, se agradeció el tradicional apoyo chino en la Cuestión Malvinas y se reafirmó el apego argentino al “Principio de Una Sola China”.
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Santa Fe: confirman que los agrotóxicos dañan la salud y fijan mil metros sin fumigaciones

Fecha de Publicación: 22/04/2025
Fuente: Análisis Digital
Provincia/Región: Santa Fe


El Poder Judicial de Santa Fe reconoció que los agrotóxicos producen daño genético en las personas y confirmó la prohibición de fumigar a menos de mil metros de las viviendas. La causa fue impulsada por una familia de la comuna de Piamonte. La sentencia señala que la ley provincial está desactualizada (respecto a los agroquímicos) y siente un importante precedente judicial.
Fallo resolvió prohibir la fumigación manual, terrestre y/o aérea con ningún tipo de agroquímicos a menos de 1000 metros de todo el ejido urbano de la Comuna de Piamonte en la Provincia de Santa Fe.
La Corte Suprema de Santa Fe dejó firme una sentencia que reconoce el daño genético causado por los agroquímicos, ordena una distancia mínima de 1000 metros para las fumigaciones en la comuna de Piamonte y señala que se fomente la agroecología en la zona de resguardo. La decisión del máximo tribunal provincial obliga a esa localidad santafesina a tratar una ordenanza que ajuste la legislación local al fallo y marca la necesidad de una reforma de la ley provincial. "A partir de este momento, la sentencia podrá ser invocada en toda Santa Fe para establecer otras distancias que alejen las fumigaciones y permitan la defensa de la salud, la vida y el ambiente", destacó la abogada Eugenia Boccio, representante de la familia que accionó contra el Estado provincial, la comuna y los productores del agronegocio.
La causa se inició en 2016, cuando la familia Córdoba presentó un recurso de amparo ambiental por afecciones en su salud por la pulverización con agrotóxicos. La sentencia, del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y del Trabajo de San Jorge, reconoció el derecho a incluir pruebas en los recursos de amparo y, con base en las pericias ofrecidas, tuvo en cuenta el daño genotóxico que producen los herbicidas. A partir de ello estableció el límite de 1.000 metros y declaró la inconstitucionalidad de dos artículos de la Ley Provincial 11.273, que regula la materia, y de la Ordenanza 9/20 de Piamonte. La provincia, la comuna y los productores apelaron la decisión judicial pero la Corte Suprema de Santa Fe dejó firme el fallo.
La decisión de Primera Instancia hizo énfasis en la necesidad de que haya controles (por parte de la comuna y de la provincia) cerca de la vivienda de la familia afectada, extensiva a los centros recreativos, de educación y de salud, especialmente en el área contigua a la zona de prohibición de las fumigaciones. También ordena que se controlen los silos y galpones que existen en la jurisdicción de Piamonte, teniendo en cuenta la Resolución Provincial 177 de 2003, que señala —entre otros requisitos— que estos espacios deben contar con cortinas forestales que limiten la proliferación de polvillo. Además, prohíbe que maquinarias como mosquitos y pulverizadoras transiten por el pueblo.
Los denunciados durante el juicio fueron la Comuna de Piamonte y los titulares de los silos, plantas de acopio y galpones que se emplazan en el pueblo: Iván Carignano, Luis y Roberto Cravero, Octavio Camusso, Román Vaira, Claudio Fiorito, la Cooperativa de Pellegrini y la Cooperativa de María Susana. El objetivo fue que se prohíban las fumigaciones con agroquímicos a menos de 1.000 metros de todo el ejido urbano de Piamonte y específicamente de su vivienda. En la causa presentaron pruebas médicas de la afectación que las fumigaciones generaron en la salud de la familia, y en particular en la pequeña Abigail Córdoba, de 9 años.
Boccio explicó que el grupo familiar observaba situaciones la salud. “Hablamos de 'pluricontaminación' porque en Piamonte el ambiente está contaminado por distintas actividades relacionadas con el modelo agroindustrial: campos linderos a las viviendas que son fumigados, silos y acopios donde se guardan los granos y los tóxicos que se utilizan para el agro y circulación por el pueblo de maquinaria dedicada a la pulverización”, afirmó.
Con el amparo judicial se reclamó el cese de la contaminación y el resguardo del derecho al ambiente sano. El juez de primera instancia, Daniel Zoso, valoró para su sentencia dos pericias claves: una vinculada a los efectos en la salud de los agrotóxicos y otra sobre la posibilidad de implementar la agroecología en la localidad.
La localidad de Piamonte, de unos 3.500 habitantes, es cercana a Zenón Pereyra, a San Jorge y a Sastre y Ortiz, donde otros fallos judiciales también limitaron el uso de agrotóxicos.

Reconocimiento del daño genético causado por los agrotóxicos
La pericia médica incluida en la causa determinó que la familia presenta daño genético, sobre todo las mujeres y en particular Abigail. “Es la única niña en el núcleo familiar, de 9 años de edad. Según el examen físico, es una niña saludable, eutrófica (con buen estado de nutrición), escolarizada, que realiza deportes en el club del pueblo. Sin antecedentes patológicos personales desde su nacimiento hasta los 5 años, que comienza con broncoespasmos respiratorios a repetición”, destaca. E informa que dio positivo en estudios de genotoxicidad (daño en el ADN) y que esos valores se deben a la exposición a agroquímicos. La perito médica marca que el daño genético durante la infancia es predictivo del desarrollo de cáncer en adultos sanos.
El grupo familiar realizó las pruebas de laboratorio denominadas científicamente de "micronúcleo" y "aberraciones cromosómicas", ambas realizadas por la Universidad Nacional de Río Cuarto.
Ante estas pruebas, el magistrado valoró: “Corresponde atenerse a las conclusiones de la experta toda vez que dicho dictamen no se ha basado en meras abstracciones para emitir sus conclusiones sino que han suministrado los antecedentes, explicaciones y estudios que justifican con razonable convicción sus opiniones, las que encuentran un adecuado soporte técnico–científico”.
El juez también tuvo en cuenta los resultados de los “campamentos sanitarios” realizados por el Instituto de Salud Socioambiental de la Universidad Nacional de Rosario. Esos informes dan cuenta de que la matriz productiva en los pueblos de la zona, ligada a la actividad agroindustrial, se expresa a través de la fumigación y el uso de agroquímicos. En esos campamentos se evidenciaron patologías que pueden estar vinculadas a la exposición con agrotóxicos.
El fallo cita otros estudios que confirman que los agroquímicos generan daño genético y conllevan mayores probabilidades de contraer cáncer, sufrir abortos espontáneos y nacimientos con malformaciones. “Esta afirmación proviene del Grupo de Genética y Mutagénesis Ambiental (GEMA), investigadores de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC), que confirmaron con estudios en personas y animales las consecuencias sanitarias del modelo agropecuario”, subraya el juez.
“La genotoxicidad del glifosato evaluada por el ensayo cometa y pruebas citogenéticas”, es otro de los estudios citados que muestra el daño genético en células humanas con dosis de glifosato en concentraciones hasta 20 veces inferiores a las utilizadas en las fumigaciones en el campo. Otra de las investigaciones citadas, realizada por la Universidad Nacional de Río Cuarto en pueblos rurales de Córdoba y llamada "Genotoxicidad del AMPA" (metabolito ambiental del glifosato), confirma que el AMPA aumentó el daño en el ADN en cultivos celulares y en cromosomas en cultivos de sangre humana.
“Estos informes, pericias, documentaciones y datos suministrados permiten comprender la complejidad de la causa y la nocividad de estos productos químicos en la salud de las personas, lo que amerita una intervención jurisdiccional para evitar o mitigar los posibles daños que se están causando”, concluyó el juez.

La agroecología como alternativa en Piamonte
La segunda pericia valorada en la causa fue realizada por el ingeniero agrónomo Nicolás Indelángelo. Indica que la transición hacia la producción agroecológico en el periurbano de la localidad implica un proceso complejo, que debe ser direccionado. Señala que las entrevistas a los distintos actores de la localidad (productores, asesores y autoridades gubernamentales) dan cuenta del desconocimiento respecto de las vías para iniciar un proceso de transición agroecológica.
Afirma que es prioritario definir un plan de trabajo que plantee los pasos a seguir para producir de forma agroecológica. Y que, para iniciar un proceso de transformación productiva, sería recomendable seguir el camino que han transitado otras localidades del país y de la provincia. Estos procesos deben ser colectivos, participativos y contar con acompañamiento del Estado y de otros actores presentes en la zona.
“Se puede concluir que resulta factible y viable la realización de prácticas agroecológicas que permitan dejar de utilizar agroquímicos nocivos, que afectan el derecho a la salud de los vecinos de la comuna de Piamonte sin que con ello se afecte en demasía el derecho de propiedad de los productores y arrendatarios”, resuelve el fallo.
Esta pericia demostró que el modelo de producción hegemónico afecta el ambiente de distintas formas. Boccio precisó que el suelo de Piamonte perdió materia orgánica (capacidad de fertilidad) en un 20 por ciento y que disminuyó su capacidad de absorción del agua. “También mostró que la agroecología no es solo una práctica productiva sino que implica una recomposición socia. Y que la prohibición de la fumigación no es impedimento para la producción agraria, porque otros modos de producción son viables”, enfatizó.

Una ley obsoleta e inconstitucional
La sentencia judicial estableció la inconstitucionalidad de dos artículos (33 y 34) de la Ley 11.273, que regula la aplicación de agroquímicos en Santa Fe. Los mismos establecen una distancia de exclusión de 3.000 metros para la fumigación aérea con productos fitosanitarios A y B, considerados de riesgo para la salud. Sin embargo, la normativa permite “excepcionalmente” la aplicación aérea de productos C y D, de “riesgo moderado y bajo”, dentro de los 500 metros de las zonas urbanas, cuando exista una ordenanza que lo autorice o en los casos que lo establezca la reglamentación de la ley.
En lo que refiere a las aplicaciones terrestres, la normativa lo prohíbe dentro del radio de 500 metros para los productos de clase toxicológica A y B (de riesgo alto), pero no lo prohíbe para los C y D (de riesgo bajo o moderado). En el decreto reglamentario se tratan las “excepciones” respecto a las fumigaciones aéreas. Y permite las fumigaciones aéreas con productos C y D dentro de los 500 metros, cuando las condiciones del terreno impidan hacerlo por la vía terrestre. También permite fumigar de forma aérea con productos B en el área comprendida entre los 500 y los 3.000 metros cuando no existieran en el mercado productos equivalentes de clases toxicológicas C o D.
El fallo destaca que la ley (de 1995) se basa en una clasificación toxicológica por letras que quedó en desuso en 2009. En relación al glifosato, cita la Resolución 350/99 del Senasa que lo clasificaba dentro del grupo de agroquímicos de improbable riesgo agudo (clase IV), es decir que no ofrecía peligro. Sin embargo, dicha Resolución fue derogada en 2012 por la Resolución Senasa 302. Ese mismo año, el glifosato pasó de ser considerado clase IV (producto que normalmente no ofrece peligro) a clase III (ligeramente peligroso).
Pese a que en 2015 la Organización Mundial de la Salud (OMS) clasificó al glifosato como “probablemente cancerígeno para los seres humanos”, el Senasa no volvió a reclasificarlo. Este tóxico sigue siendo considerado clase III o IV (“C” o “D”, para la ley vigente), es decir “poco peligroso”. “Esto provoca que, según el artículo 34 de la ley se permita la aplicación de productos de clase C y D dentro del rango de exclusión, lo que se traduce en que se pueda fumigar con glifosato dentro de los 500 metros que permite la reglamentación”, cuestiona el juez. Y observa que esta situación contradice el principio de resguardo ambiental de la Constitución Nacional.
Según el fallo, la letra de la ley provincial es lo que termina recogiendo la Ordenanza 9/20 de Piamonte, que establece un ordenamiento de los permisos para fumigar según la vieja clasificación. Por este motivo, también la declara inconstitucional y exhorta al gobierno comunal a que sancione una nueva ordenanza.
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