Botnia y su "lacayo": El gobierno uruguayo consiente todos los incumplimientos de la segunda pastera

Fecha de Publicación: 05/09/2020
Fuente: Maxima OnLine
Provincia/Región: Nacional


Vencieron los plazos y las prórrogas que tenía la corporación finlandesa para la presentar los proyectos de las plantas química y de tratamiento de efluentes, exigidos por la autorización ambiental otorgada para UPM 2 en 2019
UPM continúa sin pausa la construcción de su segunda planta de pasta de celulosa a orillas del río Negro, con la incalificable admisión de las autoridades del Ministerio de Ambiente frente a los sucesivos incumplimientos de las condiciones que le fueron exigidas a la corporación en el momento de otorgarle la Autorización Ambiental Previa (AAP) que permitía el inicio de las obras de la nueva mega planta. Desde marzo de este año, las autoridades ambientales tienen pendiente la sanción de una irrisoria multa, a pesar de que la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA) calificó que  la empresa incurrió en una “infracción grave”.
Lo más insólito es que ciertos investigadores uruguayos que cuestionan el proyecto de la segunda planta de celulosa de UPM, consignan que hay una Finlandia “conmocionada” por la decisión de la corporación de cerrar una planta que ocupa a 450 trabajadores en aquel país, poniendo en un segundo plano lo que denominan "permisividad” del Gobierno uruguayo ante la arrogante postura posición de la empresa nórdica respecto a la futura planta de Pueblo Centenario. Y por supuesto, no escriben una palabra sobre el hecho de que Uruguay está incumpliendo una vez más, el Tratado del Río Uruguay por negarse –hasta ahora- a cumplir con su obligación de entregar toda la documentación del proyecto a nuestro país, para que Delegación Argentina ante la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) lo analice y se expida. Ciertas omisiones no son inocentes.
El 14 de mayo de 2019, la entonces Ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Eneida De León, a través de la Resolución 690 extendió la APP, sujeta a una serie de condiciones y plazos para su cumplimiento, antes de que la planta entrara en operación. En tal sentido, se estableció que UPM disponía de ciento ochenta días para concretar las siguientes cuestiones pendientes:
- Definir la construcción de la Planta de Insumos químicos en la Zona Franca de pueblo Centenario (Kemira)
- Presentación de los proyectos de las Planta de Tratamiento de los Efluentes, del Sistema de Descarga de los mismos y en la zona de mezcla en el río
- Presentación del Plan General de Monitoreo de las condiciones ambientales y el Sitio de Disposición Final (SDF) de residuos en el interior de la Zona Franca.
- Plan de Gestión de Residuos Sólidos Industriales, con los gestores de las distintas líneas de residuos, los procedimientos y previsiones para el suministro del flujo del río requerido por la planta para la dilución de efluentes (mínimo de 80 metros cúbicos por segundo) y para las situaciones de sequía extrema y para cuando la planta tenga que realizar paradas de mantenimiento.
- Plan de Monitoreo de Calidad del agua, suelo y biota a comenzar a instrumentarse desde 2020.
El 15 de noviembre de 2019, venció el plazo sin que UPM hubiera cumplido ninguna de estas cuestiones. La corporación solicitó 90 días de prórroga para la Planta Química, la estructura de descarga de los efluentes y la zona de mezcla en el río y, además, solicitó una prórroga de 180 días más para el SDF de residuos sólidos y de una semana para el Plan de Monitoreo de Calidad del agua, el suelo y la biota.
Los finlandeses tampoco cumplieron con las prórrogas que ellos mismos habían requerido.
El 14 de febrero de este año, técnicos del  División Emprendimientos de Alta Complejidad de la DINAMA, encabezados por Cecilia Maroñas, llegaron al obrador ubicado en Pueblo Centenario, para constatar los avances de las obras. Allí comprobaron in situ que, pese a haber comenzado los trabajos a mediados de octubre de 2019,  “el camino del Tala aún se encuentra en obra (…) el tramo comprendido entre la Ruta 5 y la vía férrea se encuentra muy deteriorado (…) el tramo restante entre la vía férrea hasta el acceso al predio tiene conformada la base pero resta realizar la capa de rodadura definitiva”. Habían pasado cuatro meses del inicio de las obras y UPM no pudo cumplir con el plazo de 60 días en los que estaba previsto reacondicionar el camino del Tala. Los encargados de las obras dijeron los inspectores de la DINAMA que la pavimentación estaría lista “a fines de marzo de 2020”.

LA RESOLUCIÓN QUE NO "EXISTE"
En la DINAMA, los técnicos de la División Emprendimientos de alta Complejidad pusieron de manifiesto el delictivo ocultamiento de información que hace constantemente el Gobierno de la República Oriental sobre todo lo atinente al proceso de autorización y construcción de la segunda planta de celulosa de UPM, lo cual quedaría reflejado en el Informe de fecha 17 de febrero pasado de la técnica Maroñas.
En ese documento de la DINAMA, se revela algo que aún no se conocía. El 10 de enero de 2020, el entonces Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente emitió oficialmente un apercibimiento a UPM por los incumplimientos en los que venía incurriendo sistemáticamente. Sin embargo esa sanción, firmada por la entonces ministra De León, hasta el día de hoy no fue hecha pública. El instrumento administrativo en cuestión es la Resolución 45/2020, que no aparece en el registro de Normativa Publicada de la Presidencia uruguaya, está explícitamente mencionada en el Informe redactado por Cecilia Maroñas. Según el Gobierno uruguayo, esa resolución no es pública o es como si no existiera para ojos extraños. Pero existe.
Después que Maroñas firmara, el 18 de febrero, su Informe de “Propuesta de Sanción a UPM”, las empresas Cuecar S.A. y Blanvira S.A. –las fachadas que utiliza la corporación finlandesa para sus operaciones en Uruguay-  respondieron que la sanción que se les quería imponer era desproporcionada y, también, expresaron  que la infracción que estaban cometiendo era grave. Alegaron que no correspondía aplicar la multa y que “debería desestimarse o al menos disminuirse considerablemente el monto de la misma”.
El 11 de marzo de 2020, diez días después de la asunción de Lacalle Pou, el Área de Evaluación de Impacto Ambiental de la DINAMA desestimó las consideraciones de UPM al Informe de la técnica Maroñas, no aceptó nuevas prórrogas y ratificó su propuesta de sancionar a UPM por el incumplimiento en la reconstrucción y pavimentación del camino del Tala y propusieron aplicar a UPM una multa por “infracción grave” de 200 Unidades Reajustables, equivalentes a unos 6 mil dólares una cifra que, por lo irrisoria, exime de todo comentario. Cinco días después, el 16 de marzo, UPM solicitaba una nueva prórroga de 30 días para adjuntar el proyecto sobre la presunta construcción de la Planta Química de Kemira en Pueblo Centenario, mientras la petición de sanción a la corporación fue depositada en el anaquel de los expedientes cajoneados. Los acontecimientos, a esta altura, ya se asemejaban más a una broma siniestra.
El 13 de mayo de 2020, la División Emprendimientos de Alta Complejidad de la DINAMA, hizo un balance de la marcha del proyecto de UPM y concluyó que el Plan de Monitoreo Ambiental estaba “incompleto”, que “sigue pendiente de presentación el Proyecto la Planta Química (…) no se ha presentado por parte de la empresa el Plan de Tratamiento y el Sistema de Dilución de los Efluentes” y, tampoco, “el SDF de residuos sólidos”. Pese a constatar semejantes incumplimientos, la DINAMA en lugar de denunciar la grave situación y exigir un plazo perentorio para que UPM se pusiera al día con sus obligaciones, solo indicó la mayor o menor “premura” en los casos pendientes.
A esa altura, ya estaban en funciones las nuevas autoridades de la DINAMA designadas por el gobierno de Lacalle Pou y el 26 de agosto asumía el primer ministro de Ambiente uruguayo, Adrián Peña. Desde entonces, sigue sin haber decisión sobre si UPM debe pagar o no los 6000 dólares de multa.

PRONÓSTICO DE TORMENTAS
Mientras las autoridades uruguayas continúan otorgando prórrogas para favorecer que la corporación finlandesa no cumpla con lo que firmó, propone “multas” irrisorias, hay algunas otras cuestiones que son alarmantes.
La primera de ellas es la referida a la modificación del Digesto para el Uso y Aprovechamiento Integral del Río Uruguay, que fue aprobado por las Delegaciones argentina y uruguaya ante la CARU a finales de 2019 y que modificara diversos parámetros de control, para facilitar así que UPM disponga de total impunidad para contaminar dicho curso de agua.
Se sabe certeramente que en el piso 15° de la Cancillería Argentina, el equipo técnico de la Consejería Legal que encabeza Mario Oyarzábal ha recomendado rechazar varios aspectos de las reformas que aprobaron los ya ex delegados de Cambiemos y el Frente Amplio cuando estaban en la CARU. En estos análisis han participado, entre otros, la nueva Directora de Asuntos Ambientales Silvia Beatriz Vázquez, el Director de Tratados Internacionales, Gerardo Bompadre. Se sabe que también consultó la opinión de los por ahora, únicos vocales argentinos ante CARU: Rodolfo María Ojea Quintana y María Marta Insausti.
Es altamente probable que la Delegación de nuestro país que preside José Eduardo Lauritto, va a proponer dar marcha atrás con numerosos cambios introducidos en el Digesto, lo cual no será para nada sencillo, teniendo en cuenta que en el organismo binacional todo se resuelve por consenso.
Otro de los asuntos preocupantes en la CARU, ya lleva dos meses y sigue sin solución. El 3 de julio último, el Ingeniero Agrónomo Marco García fue “invitado” a renunciar como Secretario Técnico del organismo binacional. La Secretaría Técnica es la dependencia encargada de coordinar e instrumentar todos los planes de monitoreo que la CARU tiene sobre el río, incluido el Comité Científico que ingresa mensualmente con aviso previo a Botnia Fray Bentos. Tenía un contrato vigente de tres años, pero fue echado cuando apenas llevaba 15 meses de labor.
El tema tiene sus bemoles, porque el eyectado García –un explícito referente del Frente Amplio uruguayo- no recibió el mismo tratamiento que se ha adoptado respecto al poderoso Secretario Administrativo Marcos Di Giuseppe, puesto en ese cargo por el cambiemita Mauro Vazón y que ha sido confirmado en sus funciones por las nuevas autoridades argentinas en el organismo binacional. La Secretaría Administrativa es clave: maneja el presupuesto, las contrataciones de personal y gestiona las millonarias licitaciones en la CARU. Se da la circunstancia de que Vazón y su sucesor, Lauritto, son de Concepción del Uruguay y entre ambos hay estrechas relaciones.
Más allá de cualquier suspicacia, quizá se avecine una tormenta aún más peligrosa en torno a la CARU y que puede llegar a convertirse en una tempestad.
El Estado uruguayo, por ahora, ya ha transmitido a nuestro país su “negación” –término utilizado por las fuentes diplomáticas consultadas- a hacer entrega de toda la documentación del Proyecto UPM2 para que pueda ser evaluado por la CARU, de acuerdo a lo prescripto por el Estatuto del Río Uruguay, que rige en todos aquellos casos de emprendimientos que, por su envergadura, pueden afectar el curso de agua compartido.
Esta obligación de requerir o de ser requerido, es común tanto para Argentina como para Uruguay. Pero hay plazos establecidos para hacerlo. Cuando estalló el conflicto por la pastera que hoy funciona en Fray Bentos, nuestro país se durmió. Dejó extinguir los límites temporales previstos en el Estatuto para que el paisito respondiera. Hechos consumados que le dicen. Tan es así que tuvo que ser el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya el que, en su fallo de 2010, condenara al vecino de enfrente por su negación a informar en tiempo y forma.
Independientemente de que siempre hay prestar mucha atención al significado de ciertas palabras que se suelen utilizar en el vidrioso lenguaje diplomático, lo cierto es que los responsables de la Cancillería de nuestro país y de la CARU mantienen, hasta el momento, un ominoso silencio.
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