Nuevo organismo de control ambiental en Mendoza
Crearán la Agencia de Protección Ambiental
Fecha de Publicación: 10/10/2014
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
En pleno debate minero, el ministro Elizalde anunció ayer en la Legislatura la aparición de un nuevo organismo autárquico de control.
Cuando se viene un tema complicado, aparecen temas conexos que complican el escenario o desvían la atención. El tema complicado son las declaraciones de impacto ambiental de dos proyectos mineros ubicados en Malargüe, cuyo debate empieza hoy; el conexo que ayer surgió fue el proyecto para crear la Agencia de Protección Ambiental, una propuesta bastante extraña porque ni siquiera venía formalizada en un proyecto de ley redactado sobre el que discutir.
A media mañana de ayer, el ministro de Tierras, Ambiente y Recursos Naturales Guillermo Elizalde, apareció por la Legislatura y les anotició a los legisladores del oficialismo que la semana que viene llegaba a la Casa de las Leyes el proyecto para crear la Agencia de Protección Ambiental. Y de paso, hizo el adelanto a la prensa acreditada.
Cuando algunos medios quisieron saber más acerca del proyecto, de pronto Elizalde partió raudamente, sin dejar más precisión que la futura Agencia será un ente autárquico que se financiará con las tasas de inspección que paguen las industrias que la propia agencia debe controlar: yacimientos petroleros y mineros.
Según Elizalde, la iniciativa se viene trabajando hace tres meses y el texto está “casi listo”. Pero lo más curioso es que se hable de un organismo que controlará el ambiente el día anterior en que se abre la discusión en torno a dos proyectos mineros: Hierro Indio y Cerro Amarillo.
Para ser justos, no es el único tema conexo a los proyectos mineros que han surgido en los últimos tiempos. El juego de la política también es ganar protagonismos montándose sobre olas ajenas, también es desviar atenciones con otros debates o construir legitimidades que permitan destrabar otras iniciativas.
En esa lógica de montarse a la ola y lograr destrabar lo que parece trabado viene la jugada del ministro. Si el problema para avanzar con la minería es el deficiente control del Estado, entonces pone sobre la mesa un nuevo ente de control ambiental, que trabaje con organizaciones de protección del ambiente y con las universidades que tienen interés en el tema, para fortalecer esos controles y así destrabar el horizonte incierto de Hierro Indio y Cerro Amarillo y, de paso, sensibilizar las almas antimineras para que se destrabe el gran proyecto minero que empujan capitales rusos: San Jorge.
Ayer Elizalde juraba que “para el Gobierno es fundamental el control ambiental. Sin lugar a dudas, un gobierno que controla, es un gobierno inteligente y que de alguna manera se adelanta a cualquier tipo de impacto ambiental que pueda surgir”.
El problema es que a la propuesta de Elizalde se le ven las costuras, o al menos, se nota que no está cerrada. No hay un proyecto de ley sobre el que debatir, apenas algunos títulos discursivos.
Explica que actualmente su ministerio recauda 17 millones de pesos anuales en tasas de inspección, pero que esos millones entran en el agujero negro de las “Rentas generales”, así que ese dinero no va actualmente al control ambiental.
.
Fecha de Publicación: 10/10/2014
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
En pleno debate minero, el ministro Elizalde anunció ayer en la Legislatura la aparición de un nuevo organismo autárquico de control.
Cuando se viene un tema complicado, aparecen temas conexos que complican el escenario o desvían la atención. El tema complicado son las declaraciones de impacto ambiental de dos proyectos mineros ubicados en Malargüe, cuyo debate empieza hoy; el conexo que ayer surgió fue el proyecto para crear la Agencia de Protección Ambiental, una propuesta bastante extraña porque ni siquiera venía formalizada en un proyecto de ley redactado sobre el que discutir.
A media mañana de ayer, el ministro de Tierras, Ambiente y Recursos Naturales Guillermo Elizalde, apareció por la Legislatura y les anotició a los legisladores del oficialismo que la semana que viene llegaba a la Casa de las Leyes el proyecto para crear la Agencia de Protección Ambiental. Y de paso, hizo el adelanto a la prensa acreditada.
Cuando algunos medios quisieron saber más acerca del proyecto, de pronto Elizalde partió raudamente, sin dejar más precisión que la futura Agencia será un ente autárquico que se financiará con las tasas de inspección que paguen las industrias que la propia agencia debe controlar: yacimientos petroleros y mineros.
Según Elizalde, la iniciativa se viene trabajando hace tres meses y el texto está “casi listo”. Pero lo más curioso es que se hable de un organismo que controlará el ambiente el día anterior en que se abre la discusión en torno a dos proyectos mineros: Hierro Indio y Cerro Amarillo.
Para ser justos, no es el único tema conexo a los proyectos mineros que han surgido en los últimos tiempos. El juego de la política también es ganar protagonismos montándose sobre olas ajenas, también es desviar atenciones con otros debates o construir legitimidades que permitan destrabar otras iniciativas.
En esa lógica de montarse a la ola y lograr destrabar lo que parece trabado viene la jugada del ministro. Si el problema para avanzar con la minería es el deficiente control del Estado, entonces pone sobre la mesa un nuevo ente de control ambiental, que trabaje con organizaciones de protección del ambiente y con las universidades que tienen interés en el tema, para fortalecer esos controles y así destrabar el horizonte incierto de Hierro Indio y Cerro Amarillo y, de paso, sensibilizar las almas antimineras para que se destrabe el gran proyecto minero que empujan capitales rusos: San Jorge.
Ayer Elizalde juraba que “para el Gobierno es fundamental el control ambiental. Sin lugar a dudas, un gobierno que controla, es un gobierno inteligente y que de alguna manera se adelanta a cualquier tipo de impacto ambiental que pueda surgir”.
El problema es que a la propuesta de Elizalde se le ven las costuras, o al menos, se nota que no está cerrada. No hay un proyecto de ley sobre el que debatir, apenas algunos títulos discursivos.
Explica que actualmente su ministerio recauda 17 millones de pesos anuales en tasas de inspección, pero que esos millones entran en el agujero negro de las “Rentas generales”, así que ese dinero no va actualmente al control ambiental.
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