Buscan un amparo para proteger a los glaciares
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Buscan un amparo para proteger a los glaciares
Fecha de Publicación: 31/03/2009
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: Nacional
El Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, dijo ayer que "se podría llegar a presentar un recurso de amparo ante la Justicia para garantizar la protección de los glaciares" hasta tanto surja del Parlamento una nueva norma que reemplace a la vetada.
Mondino expresó su parecer ante la audiencia pública convocada ayer por el diputado Miguel Bonasso en el anexo de Diputados, en el Congreso, y en la que participaron un centenar de personas, entre ambientalistas, legisladores y especialistas, todos contrarios a la derogación de la Ley de Protección de los Glaciares.
Esa norma fue vetada por la presidenta Cristina Fernández, a pedido de gobernadores de provincias mineras, ante la posibilidad de que impida la actividad y la construcción de obras en la cordillera, tales como el túnel de Agua Negra. Diputados y senadores están abocados ahora a redactar una nueva norma, pero hay un grupo que se opone a ello -el que se reunió ayer en la audiencia pública-, por considerar que la norma original era correcta y fue votado por unanimidad en el Congreso.s participantes estuvieron además de Bonasso y Mondino, el prestigioso científico Osvaldo Canziani, copresidente del panel intergubernamental que ganó el Premio Nobel de la Paz 2007, y la ex legisladora Marta Maffei, autora de la norma derogada. Entre los 43 oradores se destacaron los sanjuaninos Juan Pablo Milana de la UNSJ -que promueve una postura conciliadora que fue rechazada por la asamblea-, Mirta de Roca del Frente Cívico por la Vida; Ernesto Lloveras, del Foro de Abogados provincial; Graciela Fernández de la Asamblea Sanjuanina contra la Contaminación y Juan José Ramos titular de la Asociación de Viñateros Independientes. Todos ellos insistieron en torno a la necesidad de respetar los supuestos básicos que enunciaba el proyecto observado por el Ejecutivo, especialmente sobre la minería y sus efectos en el área periglaciar.
Los participantes de la audiencia acordaron continuar con la defensa de los glaciares -entendidos como reservas no renovables de agua-, e inclusive, presentar una medida cautelar y de ser necesario hasta un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia, según anticipó Mondino.
Para esto, los que defienden a la 26.418 vetada en noviembre último por la presidenta Cristina Fernández intentarán se legisle la intangibilidad de los glaciares y todo otro cuerpo de hielo, con el objeto de impedir su utilización, destrucción o intervención. En este sentido, Bonasso aclaró que no está en contra de la actividad minera de por sí, sino de su mala utilización y consecuente degradación del medio ambiente, sumado a los intereses políticos reinantes.
Fecha de Publicación: 31/03/2009
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: Nacional
El Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, dijo ayer que "se podría llegar a presentar un recurso de amparo ante la Justicia para garantizar la protección de los glaciares" hasta tanto surja del Parlamento una nueva norma que reemplace a la vetada.
Mondino expresó su parecer ante la audiencia pública convocada ayer por el diputado Miguel Bonasso en el anexo de Diputados, en el Congreso, y en la que participaron un centenar de personas, entre ambientalistas, legisladores y especialistas, todos contrarios a la derogación de la Ley de Protección de los Glaciares.
Esa norma fue vetada por la presidenta Cristina Fernández, a pedido de gobernadores de provincias mineras, ante la posibilidad de que impida la actividad y la construcción de obras en la cordillera, tales como el túnel de Agua Negra. Diputados y senadores están abocados ahora a redactar una nueva norma, pero hay un grupo que se opone a ello -el que se reunió ayer en la audiencia pública-, por considerar que la norma original era correcta y fue votado por unanimidad en el Congreso.s participantes estuvieron además de Bonasso y Mondino, el prestigioso científico Osvaldo Canziani, copresidente del panel intergubernamental que ganó el Premio Nobel de la Paz 2007, y la ex legisladora Marta Maffei, autora de la norma derogada. Entre los 43 oradores se destacaron los sanjuaninos Juan Pablo Milana de la UNSJ -que promueve una postura conciliadora que fue rechazada por la asamblea-, Mirta de Roca del Frente Cívico por la Vida; Ernesto Lloveras, del Foro de Abogados provincial; Graciela Fernández de la Asamblea Sanjuanina contra la Contaminación y Juan José Ramos titular de la Asociación de Viñateros Independientes. Todos ellos insistieron en torno a la necesidad de respetar los supuestos básicos que enunciaba el proyecto observado por el Ejecutivo, especialmente sobre la minería y sus efectos en el área periglaciar.
Los participantes de la audiencia acordaron continuar con la defensa de los glaciares -entendidos como reservas no renovables de agua-, e inclusive, presentar una medida cautelar y de ser necesario hasta un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia, según anticipó Mondino.
Para esto, los que defienden a la 26.418 vetada en noviembre último por la presidenta Cristina Fernández intentarán se legisle la intangibilidad de los glaciares y todo otro cuerpo de hielo, con el objeto de impedir su utilización, destrucción o intervención. En este sentido, Bonasso aclaró que no está en contra de la actividad minera de por sí, sino de su mala utilización y consecuente degradación del medio ambiente, sumado a los intereses políticos reinantes.
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YPF: quedan reservas para seis años
A Repsol-YPF le quedan reservas de petróleo sólo para seis años
Fecha de Publicación: 31/03/2009
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Nacional
Según comunicó la empresa a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la firma registró una disminución en sus reservas petroleras desde diciembre de 2006 al mismo mes de 2008 de 70 millones de barriles.
Es así, que las reservas de la empresa cayeron de 521 millones de barriles en 2006 a 451 millones al 31 de diciembre de 2008, informó la empresa. En tanto, publicó el diario bonaerense Perfil, las reservas de gas también cayeron desde los 2.571 millones de pies cúbicos en 2006, hasta los 2.219 millones al 31 de diciembre de 2008.
“La caída es brutal y significa que le quedan seis años de reservas”, fue el diagnóstico del especialista en el sector, Francisco Mezzadri, quien aseguró que “estamos en emergencia energética”. El consultor Emilio Apud coincidió y afirmó: “Vamos derecho a la importación de petróleo”, añadió el diario.
Sin embargo, fuentes consultada por Perfil, dijeron que “el informe enviado a la Bolsa se destaca que YPF incrementó su coeficiente de reemplazo de reservas de petróleo de 52,5% en 2007 a 62,6% en 2008.
Fecha de Publicación: 31/03/2009
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Nacional
Según comunicó la empresa a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la firma registró una disminución en sus reservas petroleras desde diciembre de 2006 al mismo mes de 2008 de 70 millones de barriles.
Es así, que las reservas de la empresa cayeron de 521 millones de barriles en 2006 a 451 millones al 31 de diciembre de 2008, informó la empresa. En tanto, publicó el diario bonaerense Perfil, las reservas de gas también cayeron desde los 2.571 millones de pies cúbicos en 2006, hasta los 2.219 millones al 31 de diciembre de 2008.
“La caída es brutal y significa que le quedan seis años de reservas”, fue el diagnóstico del especialista en el sector, Francisco Mezzadri, quien aseguró que “estamos en emergencia energética”. El consultor Emilio Apud coincidió y afirmó: “Vamos derecho a la importación de petróleo”, añadió el diario.
Sin embargo, fuentes consultada por Perfil, dijeron que “el informe enviado a la Bolsa se destaca que YPF incrementó su coeficiente de reemplazo de reservas de petróleo de 52,5% en 2007 a 62,6% en 2008.
Neuquén: Buscan liberar el acceso a los ríos
Buscan liberar el acceso a los ríos
Fecha de Publicación: 31/03/2009
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
El secretario de Gobierno del municipio capitalino, Mariano Mansilla, junto a los concejales de su partido UNE y Libres del Sur, presentaron ayer un proyecto de ordenanza para garantizar el libre acceso a los ríos Limay y Neuquén en toda su extensión.
Si la iniciativa logra el consenso en el Deliberante capitalino, las cinco islas y el 25 por ciento de las tierras ocupadas de los 28 kilómetros de extensión del Limay en la ciudad capital quedarán liberados al público en su totalidad.
“Queremos cumplir con el derecho vigente en el país de libre circulación a las costas de los ríos. Le estamos dando una herramienta a la Municipalidad para garantizar este derecho cumpliendo una función social”, dijo Mansilla.
El proyecto de ordenanza es claro y establece que en el término de 30 días de corrido a partir de la publicación de la ordenanza todas aquellas personas “públicas, privadas, que ejerzan propiedad, posesión o tenencia u ocupación por cualquier título de los predios ribereños a los ríos Neuquén y Limay, deberán despejar una banda de terreno destinada al libre tránsito de 35 metros de ancho, contado desde la línea de máxima crecida ordinaria”.
La propuesta, que ya fue presentada en el resto de los bloques del Concejo, establece una multa diaria de 200 pesos a quien no cumpla con la ordenanza una vez que entre en vigencia, y también le permite al municipio capitalino iniciar acciones judiciales en caso que el particular se resista a desocupar los 35 metros de costa.
Aval legal
Mansilla aseguró que con el proyecto presentado “no hay margen legal, ni jurídico” para que el municipio no pueda reclamar la tierra de uso público. “Ninguno de los actuales propietarios ribereños detenta títulos anteriores a la sanción del Código Civil –artículos 2340, 2639 y 2640- que regula el uso público de las riberas”.
“Es una forma más de poner sobre el tapete las formas de gobierno para garantizar los derechos de los ciudadanos. Lo lamentamos pero no podemos seguir privilegiando los intereses inmobiliarios”, dijo Alejandra Barragán, concejal de UNE, en referencia a la cantidad de emprendimientos de barrios privados que hay en la ciudad sobre la costa de los ríos y que han cercenado el paso de la gente con alambrados.
En cuanto a cómo se declarará el dominio público de estas tierras, el proyecto de ordenanza establece que se contará a partir de las crecidas medias ordinarias. “Le damos la facultad a la municipalidad de que tenga su propia medición y que se pueda garantizar también a los particulares su propia medición a través de un agrimensor”, aclaró Mansilla.
“Sabemos que van a existir perjuicios con muchos particulares y barrios privados pero esto es un bien para toda la sociedad, para que puedan circular por las costas de los ríos”, dijo el funcionario, quien aclaró que “en principio toda construcción deberá demolerse, pero podrá haber contemplaciones en caso que sean utilizados para un servicio público. Los casos concretos deberán tratarse en el Deliberante”.
También aclaró que “en el caso de los clubes va a haber una contemplación porque cumplen una función social y además están en un brazo del río no en el cauce, sí se va a exigir en la isla 132”.
En tanto, Fabricio Cascino de UNE agregó que la idea es que si esto se aprueba otras ciudades de la provincia puedan adherirse a este proyecto.
Fecha de Publicación: 31/03/2009
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
El secretario de Gobierno del municipio capitalino, Mariano Mansilla, junto a los concejales de su partido UNE y Libres del Sur, presentaron ayer un proyecto de ordenanza para garantizar el libre acceso a los ríos Limay y Neuquén en toda su extensión.
Si la iniciativa logra el consenso en el Deliberante capitalino, las cinco islas y el 25 por ciento de las tierras ocupadas de los 28 kilómetros de extensión del Limay en la ciudad capital quedarán liberados al público en su totalidad.
“Queremos cumplir con el derecho vigente en el país de libre circulación a las costas de los ríos. Le estamos dando una herramienta a la Municipalidad para garantizar este derecho cumpliendo una función social”, dijo Mansilla.
El proyecto de ordenanza es claro y establece que en el término de 30 días de corrido a partir de la publicación de la ordenanza todas aquellas personas “públicas, privadas, que ejerzan propiedad, posesión o tenencia u ocupación por cualquier título de los predios ribereños a los ríos Neuquén y Limay, deberán despejar una banda de terreno destinada al libre tránsito de 35 metros de ancho, contado desde la línea de máxima crecida ordinaria”.
La propuesta, que ya fue presentada en el resto de los bloques del Concejo, establece una multa diaria de 200 pesos a quien no cumpla con la ordenanza una vez que entre en vigencia, y también le permite al municipio capitalino iniciar acciones judiciales en caso que el particular se resista a desocupar los 35 metros de costa.
Aval legal
Mansilla aseguró que con el proyecto presentado “no hay margen legal, ni jurídico” para que el municipio no pueda reclamar la tierra de uso público. “Ninguno de los actuales propietarios ribereños detenta títulos anteriores a la sanción del Código Civil –artículos 2340, 2639 y 2640- que regula el uso público de las riberas”.
“Es una forma más de poner sobre el tapete las formas de gobierno para garantizar los derechos de los ciudadanos. Lo lamentamos pero no podemos seguir privilegiando los intereses inmobiliarios”, dijo Alejandra Barragán, concejal de UNE, en referencia a la cantidad de emprendimientos de barrios privados que hay en la ciudad sobre la costa de los ríos y que han cercenado el paso de la gente con alambrados.
En cuanto a cómo se declarará el dominio público de estas tierras, el proyecto de ordenanza establece que se contará a partir de las crecidas medias ordinarias. “Le damos la facultad a la municipalidad de que tenga su propia medición y que se pueda garantizar también a los particulares su propia medición a través de un agrimensor”, aclaró Mansilla.
“Sabemos que van a existir perjuicios con muchos particulares y barrios privados pero esto es un bien para toda la sociedad, para que puedan circular por las costas de los ríos”, dijo el funcionario, quien aclaró que “en principio toda construcción deberá demolerse, pero podrá haber contemplaciones en caso que sean utilizados para un servicio público. Los casos concretos deberán tratarse en el Deliberante”.
También aclaró que “en el caso de los clubes va a haber una contemplación porque cumplen una función social y además están en un brazo del río no en el cauce, sí se va a exigir en la isla 132”.
En tanto, Fabricio Cascino de UNE agregó que la idea es que si esto se aprueba otras ciudades de la provincia puedan adherirse a este proyecto.
La crisis pone en jaque a los biocombustibles
La crisis pone en jaque a las empresas de biocombustibles
Fecha de Publicación: 31/03/2009
Fuente: Cronista Comercial
Provincia/Región: Nacional
Consumo local inexistente y mercados internacionales cerrados por la crisis y la caída de los precios del petróleo y sus derivados, y expectativas de que el futuro inmediato no será mejor pusieron en jaque a una actividad que venía creciendo a tasas chinas y con empresas en fuerte proceso de expansión.
El nuevo escenario de incertidumbre obligó a freezar todos los proyectos en una industria que hasta el año pasado gozaba de expectativas inmejorables y en la cual desembarcaron multinacionales como Bunge, Louis Dreyfus, Glencore o empresas locales como AGD, el grupo Eurnekian, Molinos y Vicentín.
Entre 2006 y 2008 fueron inauguradas en el país 15 plantas, que demandaron inversiones por u$s 300 millones y generaron una capacidad de producción de 1,5 millones de toneladas anuales.
Para este año se contemplaban nuevos desembolsos para agregar 2 millones de toneladas e inaugurar, por lo menos, otras 10 fábricas. El objetivo era llegar al 2010 con 25 plantas, 3,5 millones de toneladas de producción anuales e inversiones por u$s 700 millones para convertir a la Argentina en uno de los principales productores de biocombustibles del mundo.
La fecha establecida no es casual. Por la ley 26.093, a partir de 2010 el diesel y la nafta que se venda en el país deberán cortar con un 5% de biodiesel y bioetanol, respectivamente. Y es por eso que las empresas estaban preparando el terreno para poder también participar del mercado interno.
Sin embargo, la falta de reglamentación de esta ley crea incertidumbre, ya que todavía no está claro quiénes podrán producir para el mercado interno y cuáles deberán sólo exportar.
A esto se suman las consecuencias de la crisis sobre el precio de los commodities, los subsidios que aplica Estados Unidos a su producción y las medidas tomadas por la Unión Europea para impedir la importación de biodiésel.
Este escenario creó un cóctel explosivo para un sector que exporta más del 95% de su producción, según explicaron en la Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio).
El sector, como todo el campo, también sufre el problema de las retenciones: debe pagar derechos de exportación del 20%, tras haber sido aumentados desde el 5% a mediados de 2008. “Estamos con un bajo nivel de exportaciones, con dudas sobre cómo se llegará al 2010 y con muchas plantas trabajando al 30% de su capacidad, todo lo cual nos muestra que tendremos un año complicado”, admitió Fernando Peláez, presidente de Carbio y CEO de Unitec Bío, del grupo Eurnekian.
Del mismo modo, Guillermo García, ejecutivo de Bunge Argentina, consideró como sombrío el panorama, y estimó que la producción actual se encuentra un 50% por debajo de la del año pasado y que el precio del biodiésel argentino cayó de manera preocupante. “La situación se perfila complicada, aunque vamos a seguir apostando a esta industria”, agregó.
Como estrategias de recuperación se intentan atacar dos frentes: el mercado europeo y el consumo interno. En el primer caso, una delegación de la cámara viajó a Europa para intentar eliminar las medidas paraarancelarias a las importaciones de biocombustibles. Y en cuanto al mercado local se busca un acuerdo con el Gobierno para adelantar la fecha de incorporación de biodiésel a los combustibles. “Sería una manera de reactivar una industria hoy parada y con capacidad ociosa”, aseguró García. El problema es que la ley de biocombustibles impide a las empresa enroladas en Carbio producir para el mercado interno ya que fueron creadas para exportar.
Fecha de Publicación: 31/03/2009
Fuente: Cronista Comercial
Provincia/Región: Nacional
Consumo local inexistente y mercados internacionales cerrados por la crisis y la caída de los precios del petróleo y sus derivados, y expectativas de que el futuro inmediato no será mejor pusieron en jaque a una actividad que venía creciendo a tasas chinas y con empresas en fuerte proceso de expansión.
El nuevo escenario de incertidumbre obligó a freezar todos los proyectos en una industria que hasta el año pasado gozaba de expectativas inmejorables y en la cual desembarcaron multinacionales como Bunge, Louis Dreyfus, Glencore o empresas locales como AGD, el grupo Eurnekian, Molinos y Vicentín.
Entre 2006 y 2008 fueron inauguradas en el país 15 plantas, que demandaron inversiones por u$s 300 millones y generaron una capacidad de producción de 1,5 millones de toneladas anuales.
Para este año se contemplaban nuevos desembolsos para agregar 2 millones de toneladas e inaugurar, por lo menos, otras 10 fábricas. El objetivo era llegar al 2010 con 25 plantas, 3,5 millones de toneladas de producción anuales e inversiones por u$s 700 millones para convertir a la Argentina en uno de los principales productores de biocombustibles del mundo.
La fecha establecida no es casual. Por la ley 26.093, a partir de 2010 el diesel y la nafta que se venda en el país deberán cortar con un 5% de biodiesel y bioetanol, respectivamente. Y es por eso que las empresas estaban preparando el terreno para poder también participar del mercado interno.
Sin embargo, la falta de reglamentación de esta ley crea incertidumbre, ya que todavía no está claro quiénes podrán producir para el mercado interno y cuáles deberán sólo exportar.
A esto se suman las consecuencias de la crisis sobre el precio de los commodities, los subsidios que aplica Estados Unidos a su producción y las medidas tomadas por la Unión Europea para impedir la importación de biodiésel.
Este escenario creó un cóctel explosivo para un sector que exporta más del 95% de su producción, según explicaron en la Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio).
El sector, como todo el campo, también sufre el problema de las retenciones: debe pagar derechos de exportación del 20%, tras haber sido aumentados desde el 5% a mediados de 2008. “Estamos con un bajo nivel de exportaciones, con dudas sobre cómo se llegará al 2010 y con muchas plantas trabajando al 30% de su capacidad, todo lo cual nos muestra que tendremos un año complicado”, admitió Fernando Peláez, presidente de Carbio y CEO de Unitec Bío, del grupo Eurnekian.
Del mismo modo, Guillermo García, ejecutivo de Bunge Argentina, consideró como sombrío el panorama, y estimó que la producción actual se encuentra un 50% por debajo de la del año pasado y que el precio del biodiésel argentino cayó de manera preocupante. “La situación se perfila complicada, aunque vamos a seguir apostando a esta industria”, agregó.
Como estrategias de recuperación se intentan atacar dos frentes: el mercado europeo y el consumo interno. En el primer caso, una delegación de la cámara viajó a Europa para intentar eliminar las medidas paraarancelarias a las importaciones de biocombustibles. Y en cuanto al mercado local se busca un acuerdo con el Gobierno para adelantar la fecha de incorporación de biodiésel a los combustibles. “Sería una manera de reactivar una industria hoy parada y con capacidad ociosa”, aseguró García. El problema es que la ley de biocombustibles impide a las empresa enroladas en Carbio producir para el mercado interno ya que fueron creadas para exportar.
Formación de expertos en derecho ambiental
La Secretaría de Ambiente promueve la formación de expertos en derecho ambiental
Fecha de Publicación: 31/03/2009
Fuente: Secretaría de Ambiente
Provincia/Región: Nacional
El secretario de Ambiente de la Nación, Homero M. Bibiloni firmó, esta mañana, un convenio marco de cooperación con la Asociación Argentina de Derecho Administrativo de cara a instalar, fortalecer y promover la enseñanza del derecho ambiental en los niveles superiores de modo de generar conductas que favorezcan el mejoramiento de la calidad de vida y propender a la capacitación de profesionales en temas de la especialidad.
El convenio, cuya duración es ilimitada, fue suscripto por el responsable de la cartera ambiental, Homero M. Bibiloni y la presidenta de la Asociación Argentina de Derecho Administrativo, Dra Irmgard E. Lepenies en la sede del organismo estatal.
Desde la perspectiva de la promoción ambiental y del desarrollo sustentable, el acuerdo apunta a revalorizar y jerarquizar la enseñanza del derecho ambiental en el ciclo superior a los fines de lograr pautas de comportamiento adecuado y participación responsable.
Así, a través del diseño de estrategias de capacitación, formación y difusión de la temática ambiental, se busca asegurar el fortalecimiento institucional necesario para consolidar la concientización y la participación de los profesionales involucrados en esta disciplina.
Fecha de Publicación: 31/03/2009
Fuente: Secretaría de Ambiente
Provincia/Región: Nacional
El secretario de Ambiente de la Nación, Homero M. Bibiloni firmó, esta mañana, un convenio marco de cooperación con la Asociación Argentina de Derecho Administrativo de cara a instalar, fortalecer y promover la enseñanza del derecho ambiental en los niveles superiores de modo de generar conductas que favorezcan el mejoramiento de la calidad de vida y propender a la capacitación de profesionales en temas de la especialidad.
El convenio, cuya duración es ilimitada, fue suscripto por el responsable de la cartera ambiental, Homero M. Bibiloni y la presidenta de la Asociación Argentina de Derecho Administrativo, Dra Irmgard E. Lepenies en la sede del organismo estatal.
Desde la perspectiva de la promoción ambiental y del desarrollo sustentable, el acuerdo apunta a revalorizar y jerarquizar la enseñanza del derecho ambiental en el ciclo superior a los fines de lograr pautas de comportamiento adecuado y participación responsable.
Así, a través del diseño de estrategias de capacitación, formación y difusión de la temática ambiental, se busca asegurar el fortalecimiento institucional necesario para consolidar la concientización y la participación de los profesionales involucrados en esta disciplina.
Audiencia pública por la ley de glaciares
Audiencia pública por la ley de protección a los glaciares que vetó Cristina Kirchner
Fecha de Publicación: 30/03/2009
Fuente: Prensa de Frente
Provincia/Región: Nacional
Será convocada por organizaciones ambientales, investigadores, legisladores y el defensor del pueblo de la Nación. Intentan que la Ley de Protección a los Glaciares vetada por la presidente sea reaprobada por el parlamento. El oficialismo busca modificar artículos claves.
En dialogo con Prensa De Frente Javier Rodriguez Pardo de la Unión de Asambleas Ciudadanas, (UAC) explicó algunos puntos que la cámara de senadores busco cambiar: “La modificación al artículo 6 excluye de la protección a aquellas obras de arquitectura o infraestructura que se realicen en los glaciares y sean declaradas de interés público. Es decir – aclaró Rodríguez Pardo – que cualquier actividad al respecto que el gobierno de turno declare de interés público, no tendría impedimento alguno”. Otro artículo de la ley modificada rechazado por las asambleas es el segundo. Allí se excluye de la protección al espacio o suelo congelado permanentemente, saturado en hielo, que contenga un porcentaje del mismo inferior al 50% de su volumen. El diputado kirchnerista Daniel Filmus fue quien impulsó estas modificaciones buscando, el “consenso” de los gobernadores cordilleranos Gioja (San Juan), Beder Herrera (La Rioja); Brizuela del Moral (Catamarca); Peralta (Santa Cruz); Das Neves (Chubut); Barrionuevo de Jujuy; Jaque (Mendoza); Sapag (Neuquén); Saiz (Río Negro); Urtubey (Salta); y Ríos (Tierra del Fuego), siguiendo las directivas de Cristina Kirchner tras el veto.
“Nosotros creemos que la ley debe proteger el ecosistema, es decir todas las reservas, así contengan un 50% inferior a su volumen” enfatizó Rodríguez Pardo. El militante ambientalista explicó que “la ley que deseamos debe definir claramente la intangibilidad de los glaciares y todo otro cuerpo de hielo, lo que llamamos periglaciares. El objeto de impedir su destrucción, intervención o cualquier actividad. Dada la infraestructura necesaria para la explotación, con caminos de entre 30 y 35 metros de ancho trazados como panales de abeja sobre los glaciares que abren la brecha sobre la que avanza la erosión, provocando la desertificación de la montaña. La actividad minera de alta montaña es lo más dañino que hay para el ecosistema”.
La Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC); Red Nacional de Acción Ecologista (RENACE); el Movimiento Antinuclear del Chubut (MACH) el diputado Miguel Bonasso; la autora de la ley vetada Marta Maffei y el defensor del pueblo Guillermo Mondino, entre otros, son los convocantes a la audiencia del próximo lunes, que tendrá una primera instancia informativa y una segunda de debate. En un comunicado emitido por la defensoría del pueblo, Mondino destacó que "estamos ante una cuestión que hace al interés nacional. La protección de los glaciares interesa también a quienes viven aguas abajo y busca garantizar la disponibilidad de agua para las generaciones presentes y futuras. De hecho, gran parte de la provisión futura de agua de los argentinos depende de los glaciares de la Cordillera de los Andes". La audencia pública tendrá lugar en el auditorio del edificio anexo del Congreso de la Nación en Riobamba 25 y además de los convocantes contará con la presencia de glaciólogos de San Juan y Mendoza. Los organizadores hiciero saber que para presenciar la audencia debe llevarse el DNI.
La ley vetada, la 26.418, había sido redactada por la entonces diputada Marta Maffei y llamativamente aprobada en el parlamento por ambas cámaras en octubre de 2008. Las corporaciones mineras encabezada por la norteamericana Barrick Gold y sus voceros y lobbystas principales no hicieron nada para frenarla, apelando a evitar la repercusión mediática, ya que contaban con el veto seguro del ejecutivo. Luego el Senado modificó la ley vetada cambiando articulados claves. Ahora, Miguel Bonasso, en su calidad de titular de la comisión de Recursos Naturales en diputados, intentará volver al texto originalmente aprobado. Requerirá para su aprobación de dos tercios de la cámara y el ejecutivo no puede vetarla.
La corporación minera, encabezada por la norteamericana Barrick Gold, y compuesta por conglomerados nacionales y transnacionales que ya explotan y saquean miles de yacimientos a tajo abierto en las provincias cordilleranas, utilizando compuestos químicos letales para atrapar minerales de baja ley, fue la principal operadora en contra de la protección de los glaciares. La minería utiliza enormes cantidades de agua y para ello necesita de los glaciares. En tanto, y como hace una década ocurriera con las transnacionales del petróleo en la Patagonia, hoy los principales lobbystas del saqueo minero son los propios gobernadores cordilleranos, encabezados por el sanjuanino José Luis Gioja.
La ofensiva de las transnacionales sobre los riquezas de la cordillera encontró una visagra en 2001. Ese año se firmó entre Argentina y Chile un tratado de integración minera, redactada por las propias consultoras de las corporaciones mineras. El documento propone entre otras cosas, que en la Cordillera de los Andes habrá de funcionar una nueva frontera minera administrada por las empresas dueñas de los yacimientos con minerales diseminados a ambos lados creando una especie de “nuevo país” que no paga impuestos a las regalías en ninguno de los dos países y fija jurisdicción ante cualquier litigio.
“La influencia de la corporación minera sobre el poder político arranca el mismo día en que se le arrancó a los gobiernos de Chile y Argentina un acuerdo binacional de estabilidad fiscal por treinta años y un tratado que entrega la cordillera a las mineras. Una vez firmado eso, ahora no van a permitir que se ponga trabas a la explotación del 80 por ciento de las riquezas cordilleranas” remató Rodriguez Pardo.
Fecha de Publicación: 30/03/2009
Fuente: Prensa de Frente
Provincia/Región: Nacional
Será convocada por organizaciones ambientales, investigadores, legisladores y el defensor del pueblo de la Nación. Intentan que la Ley de Protección a los Glaciares vetada por la presidente sea reaprobada por el parlamento. El oficialismo busca modificar artículos claves.
En dialogo con Prensa De Frente Javier Rodriguez Pardo de la Unión de Asambleas Ciudadanas, (UAC) explicó algunos puntos que la cámara de senadores busco cambiar: “La modificación al artículo 6 excluye de la protección a aquellas obras de arquitectura o infraestructura que se realicen en los glaciares y sean declaradas de interés público. Es decir – aclaró Rodríguez Pardo – que cualquier actividad al respecto que el gobierno de turno declare de interés público, no tendría impedimento alguno”. Otro artículo de la ley modificada rechazado por las asambleas es el segundo. Allí se excluye de la protección al espacio o suelo congelado permanentemente, saturado en hielo, que contenga un porcentaje del mismo inferior al 50% de su volumen. El diputado kirchnerista Daniel Filmus fue quien impulsó estas modificaciones buscando, el “consenso” de los gobernadores cordilleranos Gioja (San Juan), Beder Herrera (La Rioja); Brizuela del Moral (Catamarca); Peralta (Santa Cruz); Das Neves (Chubut); Barrionuevo de Jujuy; Jaque (Mendoza); Sapag (Neuquén); Saiz (Río Negro); Urtubey (Salta); y Ríos (Tierra del Fuego), siguiendo las directivas de Cristina Kirchner tras el veto.
“Nosotros creemos que la ley debe proteger el ecosistema, es decir todas las reservas, así contengan un 50% inferior a su volumen” enfatizó Rodríguez Pardo. El militante ambientalista explicó que “la ley que deseamos debe definir claramente la intangibilidad de los glaciares y todo otro cuerpo de hielo, lo que llamamos periglaciares. El objeto de impedir su destrucción, intervención o cualquier actividad. Dada la infraestructura necesaria para la explotación, con caminos de entre 30 y 35 metros de ancho trazados como panales de abeja sobre los glaciares que abren la brecha sobre la que avanza la erosión, provocando la desertificación de la montaña. La actividad minera de alta montaña es lo más dañino que hay para el ecosistema”.
La Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC); Red Nacional de Acción Ecologista (RENACE); el Movimiento Antinuclear del Chubut (MACH) el diputado Miguel Bonasso; la autora de la ley vetada Marta Maffei y el defensor del pueblo Guillermo Mondino, entre otros, son los convocantes a la audiencia del próximo lunes, que tendrá una primera instancia informativa y una segunda de debate. En un comunicado emitido por la defensoría del pueblo, Mondino destacó que "estamos ante una cuestión que hace al interés nacional. La protección de los glaciares interesa también a quienes viven aguas abajo y busca garantizar la disponibilidad de agua para las generaciones presentes y futuras. De hecho, gran parte de la provisión futura de agua de los argentinos depende de los glaciares de la Cordillera de los Andes". La audencia pública tendrá lugar en el auditorio del edificio anexo del Congreso de la Nación en Riobamba 25 y además de los convocantes contará con la presencia de glaciólogos de San Juan y Mendoza. Los organizadores hiciero saber que para presenciar la audencia debe llevarse el DNI.
La ley vetada, la 26.418, había sido redactada por la entonces diputada Marta Maffei y llamativamente aprobada en el parlamento por ambas cámaras en octubre de 2008. Las corporaciones mineras encabezada por la norteamericana Barrick Gold y sus voceros y lobbystas principales no hicieron nada para frenarla, apelando a evitar la repercusión mediática, ya que contaban con el veto seguro del ejecutivo. Luego el Senado modificó la ley vetada cambiando articulados claves. Ahora, Miguel Bonasso, en su calidad de titular de la comisión de Recursos Naturales en diputados, intentará volver al texto originalmente aprobado. Requerirá para su aprobación de dos tercios de la cámara y el ejecutivo no puede vetarla.
La corporación minera, encabezada por la norteamericana Barrick Gold, y compuesta por conglomerados nacionales y transnacionales que ya explotan y saquean miles de yacimientos a tajo abierto en las provincias cordilleranas, utilizando compuestos químicos letales para atrapar minerales de baja ley, fue la principal operadora en contra de la protección de los glaciares. La minería utiliza enormes cantidades de agua y para ello necesita de los glaciares. En tanto, y como hace una década ocurriera con las transnacionales del petróleo en la Patagonia, hoy los principales lobbystas del saqueo minero son los propios gobernadores cordilleranos, encabezados por el sanjuanino José Luis Gioja.
La ofensiva de las transnacionales sobre los riquezas de la cordillera encontró una visagra en 2001. Ese año se firmó entre Argentina y Chile un tratado de integración minera, redactada por las propias consultoras de las corporaciones mineras. El documento propone entre otras cosas, que en la Cordillera de los Andes habrá de funcionar una nueva frontera minera administrada por las empresas dueñas de los yacimientos con minerales diseminados a ambos lados creando una especie de “nuevo país” que no paga impuestos a las regalías en ninguno de los dos países y fija jurisdicción ante cualquier litigio.
“La influencia de la corporación minera sobre el poder político arranca el mismo día en que se le arrancó a los gobiernos de Chile y Argentina un acuerdo binacional de estabilidad fiscal por treinta años y un tratado que entrega la cordillera a las mineras. Una vez firmado eso, ahora no van a permitir que se ponga trabas a la explotación del 80 por ciento de las riquezas cordilleranas” remató Rodriguez Pardo.
La cruzada antibolsa llega a la Argentina
La cruzada antibolsa llega a la Argentina
Fecha de Publicación: 30/03/2009
Fuente: El Cronista
Provincia/Región: Nacional
Cuando nacieron, hace más de 30 años, parecían ser la respuesta perfecta para trasladar alimentos y compras varias. Baratas, livianas, resistentes y hasta impermeables, las bolsas plásticas se convirtieron rápidamente en un sinónimo de modernidad y practicidad. Y de la mano de los mercados y supermercados como principales motores, su uso no tardó en dispararse en todo el mundo.
Hoy se calcula que su consumo anual per capita ronda nada menos que las 150 bolsas. Y aunque sus mágicas propiedades se mantienen intactas hasta el día de hoy, con el correr de los años estas bolsas no tardaron en mostrar su faceta más oscura: su impacto directo en el medio ambiente.
Animales en peligro
Es que la vida de estas bolsas, producidas a partir del gas etileno derivado del petróleo, resultó ser de lo más prolongada. Pueden tardar nada menos que entre 300 y 1.000 años en degradarse completamente, antes de lo cual se van dividiendo en pequeñas partículas tóxicas. Y aunque muchas finalizan sus inagotables días en basurales, muchas otras terminan contaminando suelos y mares, sin olvidar otras tantas que se acumulan en alcantarillas, provocando incluso inundaciones.
Como si esto fuera poco, muchas de estas bolsas afectan directamente la vida de animales marinos, ya que al entrar en un mar u océano se convierten en una verdadera trampa mortal. Muchos mamíferos, como las tortugas o las ballenas, las confunden con comida y luego de ingerirlas mueren. Y a esto se le suma otra gran cantidad de mamíferos que mueren entrampados en sus redes.
Gran parte del problema reside en una inadecuada disposición final: siete de cada 10 bolsas terminan ensuciando plazas, mares y campos. Y a esto se le suma una muy baja tasa de reciclaje. Se calcula que apenas el 2% de estas bolsas se recicla, lo que obedece a un motivo netamente económico. Mientras que el precio de una tonelada de esta materia prima puede ascender a apenas u$s 32, reciclar ese mismo volumen cuesta mucho más caro: asciende a u$s 4.000.
Nace la conciencia ambiental
La toma de conciencia de estos impactos ambientales no tardó en llegar y lentamente fue derivando en una cruzada antibolsa, especialmente en Europa y Estados Unidos, donde hoy está en pleno apogeo. Ver una bolsa de polietileno en un supermercado europeo, de hecho, resulta actualmente casi una odisea. Y llevarla puede ser visto con muy malos ojos, casi como ostentar una piel...
Prácticas bolsas de compra reutilizables ofrecidas a muy bajo costo por los propios retailers se lucen en las colas del súper junto a elegantes creaciones de diseñadores top. Es que firmas com Hermés o Stella Mc Cartney aprovecharon la ola antibolsa para desarrollar modelos especiales para las góndolas, cuyo precio oscila entre los u$s 500 y 1.000. Eso sí, aunque tengan bordados y telas vistosas, estas versiones fashion de las bolsas de compra que usaban nuestras abuelas casi siempre se pliegan para no ocupar espacio en las carteras.
Pero a las iniciativas puntuales de muchos retailers, para quienes el uso de las clásicas bolsas de plástico encierra uno de sus más grandes desafíos en materia de sostenibilidad, se sumaron en el último tiempo las de gobiernos nacionales y locales, que también decidieron tomar cartas en el asunto. Más de 50 países ya tomaron acciones concretas para reducir el uso de estos perjudiciales integrantes de la cadena de consumo. Las medidas gubernamentales implementadas en estos dos últimos años van desde la prohibición total de la distribución de bolsas de polietileno, pasando por el pago de un impuesto por parte de los clientes que las utilicen, hasta la gran cruzada china contra la “basura blanca”, como llaman a las bolsas, que incluyó el cierre de la principal fábrica del país (ver recuadro).
Argentina se suma a la movida
Aunque mucho más tarde que los países del Hemisferio Norte y todavía de manera bastante tímida, Argentina también está comenzando a dar las primeras señales de concientización en esta materia. En un país en el que las bolsas plásticas se entregan por default, sin siquiera preguntar si el cliente las precisa, en apenas unos pocos meses comenzaron a surgir varias iniciativas de grandes y pequeños jugadores del mundo del retail, que llevan a pensar que el “chau, bolsa” también podría hacerse carne en nuestro país.
Estas acciones, que en la mayoría de los casos apuestan al uso de bolsas de tela reutilizables, llegan en un momento no casual, aunque de todas maneras son más que bienvenidas. En octubre pasado, se aprobó una ley en la Provincia de Buenos Aires que da un año a los supermercados y grandes negocios, y dos a los pequeños, para sacar las bolsas de polietileno de sus locales y reemplazarlas por “contenedores de material degradable y/o biodegradable que resulten compatibles con la minimización de impacto ambiental”.
Y aunque para evitar beneficiar a un sector específico el texto de la norma no detalla con qué tipo de producto hay que sustituir a las inmortales bolsas de polietileno, lo que sí está claro es que el incumplimiento o transgresión se castigará con multas y hasta clausuras temporarias y definitivas. Sin duda un deadline que acelerará algunas iniciativas aisladas y que con viento a favor puede terminar con un fuerte cambio de hábito, tal como sucedió con la normativa que prohibe fumar en lugares públicos de Capital.
El puntapié inicial de estas flamantes acciones corporativas en terreno argentino lo dio Wal-Mart, quien ya a mediados del 2007 anunció en nuestro país que había reemplazado las tradicionales bolsas plásticas en todas sus sucursales por bolsas oxi-biodegradables. Esta alternativa ecológica incluye un aditivo adicional en su elaboración, que acelera su descomposición frente a variables como la luz y la humedad, proceso que se inicia apenas meses después de ser descartadas.
Y un año y medio más tarde, a fin de noviembre del año pasado, Wal-Mart sumó una nueva iniciativa en la cruzada contra las bolsas plásticas. Lanzó bolsas reutilizables, que se venden en las 27 sucursales a casi $ 6. Livianas y plegables, pueden cargar aproximadamente 15 productos.
La respuesta de los clientes fue bastante rápida. Y aunque comparada con el volumen de ventas aun es muy baja, prueba que consumidores verdes existen pero faltan alternativas para seducirlos. Durante los primeros cinco días de lanzada la iniciativa, Wal-Mart vendió 2.000 bolsas, cifra que hoy asciende a 12.500. “Confiamos en este cambio de conciencia de la gente desde su casa y en empezar a ser nosotros agentes de cambio”, analizó Fernanda Giménez Azara, coordinadora de Relaciones Institucionales de Wal-Mart Argentina, quien anticipó que el objetivo es reducir en un 20% el consumo de bolsas plásticas para el 2013.
Otro jugador que se metió de lleno en la cruzada antibolsa es Cencosud, dueña de Jumbo, Disco y Vea. Con un perfil comunicacional bien alto, en diciembre lanzó una campaña que también apuesta a la reducción de las bolsas de polietileno en sus locales. Con la Costa Atlántica como prueba piloto, la empresa comenzó a ofrecer bolsas de tela reutilizables, un diseño distinto para cada cadena, a un precio de $ 7,90.
El disparador de la acción fue bien concreto: un rápido cálculo del volumen de operaciones que manejan les dio una pista del impacto positivo que podían tener las tres cadenas en este problema ambiental. “El supermercadismo en Argentina alcanza al 30% del comercio minorista de alimentos. Las tres cadenas representan un 60% de ese mercado, generando 2.500 millones de bolsas al año”, explicó Diego Memoli, líder del proyecto y Gerente de Marketing de Disco, quien asegura que no se trata de un tema de reducción de costos, ya que estas bolsas cuestan apenas un centavo.
La iniciativa tuvo muy buena recepción en la Costa, donde se vendieron bolsas al ritmo de 300 por día. Quienes mejor respondieron fueron los clientes de Puerto Madryn y Bahía Blanca, seguramente impulsados por una mayor conciencia de los peligros que corre la fauna marina.
Hoy las bolsas ya están dis
ponibles en todos los locales del país de la cadena y las últimas cifras de venta se ubican en torno a las 70.000 bolsas. Y aunque desde la empresa aseguran que todavía el número es marginal en relación a las operaciones totales, el impacto no es menor: se calcula que una bolsa reutilizable evita la utilización de alrededor de 270 bolsas de plástico al año por familia.
Claro que no todo se termina en vender las propias bolsas, por las que en general las cadenas no obtienen ganancias. Para lograr una mayor toma de conciencia del impacto ambiental de las bolsas de polietileno y promover que la gente lleve su propia bolsa al súper, Cencosud también lanzó una original campaña publicitaria que apela directamente al consumidor y no sólo a sus clientes. “Una empresa sola no puede y sin la comunidad resulta imposible: cuántos más seamos mejor”, dice Memoli, en sintonía con la postura de Wal-Mart, y también se hace un rato para hacer un pedido: no caer en posturas radicales y evitar demonizar a las bolsas de polietileno.
Para atacar el problema de raíz, las iniciativas no pueden terminar en las bolsas reutilizables, ya que todavía por un tiempo convivirán con las tradicionales. Por eso tanto Cencosud, con sus marcas Disco, Jumbo y Vea, como Wal-Mart apuestan además a cargar más las bolsas de polietileno para reducir el número de bolsas plásticas. Se calcula que en general salen con apenas tres artículos, cuando deberían contener al menos cinco. En este sentido, la capacitación del personal resulta vital. Lo mismo para que las cajeras ofrezcan efectivamente las bolsas reutilizables.
Los chicos también pueden
Pero la cruzada antibolsa no está liderada sólo por grandes players. Comercios más pequeños, pero con un fuerte compromiso ambiental, también integran esta movida. Este es el caso de Natural Deli, una cadena de venta y consumo de productos orgánicos y naturales. En sus dos locales de Barrio Norte y Las Cañitas, este comercio le dijo adiós a las clásicas bolsas de polietileno y las reemplazó por bolsas oxibiodegradables.
Además, ofrece también bolsas de tela reutilizables, que cuestan $ 10 y son gratuitas para compras mayores a $ 100. “Queremos ser una empresa ecológica a largo plazo y estamos intentando hacer lo máximo que podemos. La idea es seguir con otras iniciativas de este tipo par ir neutralizado nuestro efecto en el medio ambiente”, explica el inglés Michael Legge, uno de los socios de este emprendimiento naturista con onda moderna.
Claro que recorrer este camino en Argentina no es sencillo. Y menos siendo una empresa pequeña. “El próximo paso es incorporar detergentes biodegradables. El problema es que no hay mucho disponible localmente y, además, es muy caro”, lamenta Legge, quien ya sueña con abrir más locales para alcanzar una economía de escala que le permita volverse más verde. De todos modos, sumar a los proveedores puede ser una buena alternativa para ir desarrollando estas iniciativas. Para poder concretar la sustitución de las bolsas de polietileno Legge logró tejer una alianza con OMS y Weleda, lo que permitió reducir costos.
Pero las empresas y locales no son los únicos que encuentran dificultades para adoptar iniciativas más verdes. Los propios consumidores más concientes ambientalmente muchas veces no saben cómo canalizar sus preocupaciones. “La gente en Argentina tiene las ganas de adoptar alternativas verdes, pero no hay tanta oferta”, confirma el dueño de Natural Deli. Por lo menos en lo que a bolsas de polietileno respecta las cosas parecen estar empezando a cambiar.
Fecha de Publicación: 30/03/2009
Fuente: El Cronista
Provincia/Región: Nacional
Cuando nacieron, hace más de 30 años, parecían ser la respuesta perfecta para trasladar alimentos y compras varias. Baratas, livianas, resistentes y hasta impermeables, las bolsas plásticas se convirtieron rápidamente en un sinónimo de modernidad y practicidad. Y de la mano de los mercados y supermercados como principales motores, su uso no tardó en dispararse en todo el mundo.
Hoy se calcula que su consumo anual per capita ronda nada menos que las 150 bolsas. Y aunque sus mágicas propiedades se mantienen intactas hasta el día de hoy, con el correr de los años estas bolsas no tardaron en mostrar su faceta más oscura: su impacto directo en el medio ambiente.
Animales en peligro
Es que la vida de estas bolsas, producidas a partir del gas etileno derivado del petróleo, resultó ser de lo más prolongada. Pueden tardar nada menos que entre 300 y 1.000 años en degradarse completamente, antes de lo cual se van dividiendo en pequeñas partículas tóxicas. Y aunque muchas finalizan sus inagotables días en basurales, muchas otras terminan contaminando suelos y mares, sin olvidar otras tantas que se acumulan en alcantarillas, provocando incluso inundaciones.
Como si esto fuera poco, muchas de estas bolsas afectan directamente la vida de animales marinos, ya que al entrar en un mar u océano se convierten en una verdadera trampa mortal. Muchos mamíferos, como las tortugas o las ballenas, las confunden con comida y luego de ingerirlas mueren. Y a esto se le suma otra gran cantidad de mamíferos que mueren entrampados en sus redes.
Gran parte del problema reside en una inadecuada disposición final: siete de cada 10 bolsas terminan ensuciando plazas, mares y campos. Y a esto se le suma una muy baja tasa de reciclaje. Se calcula que apenas el 2% de estas bolsas se recicla, lo que obedece a un motivo netamente económico. Mientras que el precio de una tonelada de esta materia prima puede ascender a apenas u$s 32, reciclar ese mismo volumen cuesta mucho más caro: asciende a u$s 4.000.
Nace la conciencia ambiental
La toma de conciencia de estos impactos ambientales no tardó en llegar y lentamente fue derivando en una cruzada antibolsa, especialmente en Europa y Estados Unidos, donde hoy está en pleno apogeo. Ver una bolsa de polietileno en un supermercado europeo, de hecho, resulta actualmente casi una odisea. Y llevarla puede ser visto con muy malos ojos, casi como ostentar una piel...
Prácticas bolsas de compra reutilizables ofrecidas a muy bajo costo por los propios retailers se lucen en las colas del súper junto a elegantes creaciones de diseñadores top. Es que firmas com Hermés o Stella Mc Cartney aprovecharon la ola antibolsa para desarrollar modelos especiales para las góndolas, cuyo precio oscila entre los u$s 500 y 1.000. Eso sí, aunque tengan bordados y telas vistosas, estas versiones fashion de las bolsas de compra que usaban nuestras abuelas casi siempre se pliegan para no ocupar espacio en las carteras.
Pero a las iniciativas puntuales de muchos retailers, para quienes el uso de las clásicas bolsas de plástico encierra uno de sus más grandes desafíos en materia de sostenibilidad, se sumaron en el último tiempo las de gobiernos nacionales y locales, que también decidieron tomar cartas en el asunto. Más de 50 países ya tomaron acciones concretas para reducir el uso de estos perjudiciales integrantes de la cadena de consumo. Las medidas gubernamentales implementadas en estos dos últimos años van desde la prohibición total de la distribución de bolsas de polietileno, pasando por el pago de un impuesto por parte de los clientes que las utilicen, hasta la gran cruzada china contra la “basura blanca”, como llaman a las bolsas, que incluyó el cierre de la principal fábrica del país (ver recuadro).
Argentina se suma a la movida
Aunque mucho más tarde que los países del Hemisferio Norte y todavía de manera bastante tímida, Argentina también está comenzando a dar las primeras señales de concientización en esta materia. En un país en el que las bolsas plásticas se entregan por default, sin siquiera preguntar si el cliente las precisa, en apenas unos pocos meses comenzaron a surgir varias iniciativas de grandes y pequeños jugadores del mundo del retail, que llevan a pensar que el “chau, bolsa” también podría hacerse carne en nuestro país.
Estas acciones, que en la mayoría de los casos apuestan al uso de bolsas de tela reutilizables, llegan en un momento no casual, aunque de todas maneras son más que bienvenidas. En octubre pasado, se aprobó una ley en la Provincia de Buenos Aires que da un año a los supermercados y grandes negocios, y dos a los pequeños, para sacar las bolsas de polietileno de sus locales y reemplazarlas por “contenedores de material degradable y/o biodegradable que resulten compatibles con la minimización de impacto ambiental”.
Y aunque para evitar beneficiar a un sector específico el texto de la norma no detalla con qué tipo de producto hay que sustituir a las inmortales bolsas de polietileno, lo que sí está claro es que el incumplimiento o transgresión se castigará con multas y hasta clausuras temporarias y definitivas. Sin duda un deadline que acelerará algunas iniciativas aisladas y que con viento a favor puede terminar con un fuerte cambio de hábito, tal como sucedió con la normativa que prohibe fumar en lugares públicos de Capital.
El puntapié inicial de estas flamantes acciones corporativas en terreno argentino lo dio Wal-Mart, quien ya a mediados del 2007 anunció en nuestro país que había reemplazado las tradicionales bolsas plásticas en todas sus sucursales por bolsas oxi-biodegradables. Esta alternativa ecológica incluye un aditivo adicional en su elaboración, que acelera su descomposición frente a variables como la luz y la humedad, proceso que se inicia apenas meses después de ser descartadas.
Y un año y medio más tarde, a fin de noviembre del año pasado, Wal-Mart sumó una nueva iniciativa en la cruzada contra las bolsas plásticas. Lanzó bolsas reutilizables, que se venden en las 27 sucursales a casi $ 6. Livianas y plegables, pueden cargar aproximadamente 15 productos.
La respuesta de los clientes fue bastante rápida. Y aunque comparada con el volumen de ventas aun es muy baja, prueba que consumidores verdes existen pero faltan alternativas para seducirlos. Durante los primeros cinco días de lanzada la iniciativa, Wal-Mart vendió 2.000 bolsas, cifra que hoy asciende a 12.500. “Confiamos en este cambio de conciencia de la gente desde su casa y en empezar a ser nosotros agentes de cambio”, analizó Fernanda Giménez Azara, coordinadora de Relaciones Institucionales de Wal-Mart Argentina, quien anticipó que el objetivo es reducir en un 20% el consumo de bolsas plásticas para el 2013.
Otro jugador que se metió de lleno en la cruzada antibolsa es Cencosud, dueña de Jumbo, Disco y Vea. Con un perfil comunicacional bien alto, en diciembre lanzó una campaña que también apuesta a la reducción de las bolsas de polietileno en sus locales. Con la Costa Atlántica como prueba piloto, la empresa comenzó a ofrecer bolsas de tela reutilizables, un diseño distinto para cada cadena, a un precio de $ 7,90.
El disparador de la acción fue bien concreto: un rápido cálculo del volumen de operaciones que manejan les dio una pista del impacto positivo que podían tener las tres cadenas en este problema ambiental. “El supermercadismo en Argentina alcanza al 30% del comercio minorista de alimentos. Las tres cadenas representan un 60% de ese mercado, generando 2.500 millones de bolsas al año”, explicó Diego Memoli, líder del proyecto y Gerente de Marketing de Disco, quien asegura que no se trata de un tema de reducción de costos, ya que estas bolsas cuestan apenas un centavo.
La iniciativa tuvo muy buena recepción en la Costa, donde se vendieron bolsas al ritmo de 300 por día. Quienes mejor respondieron fueron los clientes de Puerto Madryn y Bahía Blanca, seguramente impulsados por una mayor conciencia de los peligros que corre la fauna marina.
Hoy las bolsas ya están dis
ponibles en todos los locales del país de la cadena y las últimas cifras de venta se ubican en torno a las 70.000 bolsas. Y aunque desde la empresa aseguran que todavía el número es marginal en relación a las operaciones totales, el impacto no es menor: se calcula que una bolsa reutilizable evita la utilización de alrededor de 270 bolsas de plástico al año por familia.
Claro que no todo se termina en vender las propias bolsas, por las que en general las cadenas no obtienen ganancias. Para lograr una mayor toma de conciencia del impacto ambiental de las bolsas de polietileno y promover que la gente lleve su propia bolsa al súper, Cencosud también lanzó una original campaña publicitaria que apela directamente al consumidor y no sólo a sus clientes. “Una empresa sola no puede y sin la comunidad resulta imposible: cuántos más seamos mejor”, dice Memoli, en sintonía con la postura de Wal-Mart, y también se hace un rato para hacer un pedido: no caer en posturas radicales y evitar demonizar a las bolsas de polietileno.
Para atacar el problema de raíz, las iniciativas no pueden terminar en las bolsas reutilizables, ya que todavía por un tiempo convivirán con las tradicionales. Por eso tanto Cencosud, con sus marcas Disco, Jumbo y Vea, como Wal-Mart apuestan además a cargar más las bolsas de polietileno para reducir el número de bolsas plásticas. Se calcula que en general salen con apenas tres artículos, cuando deberían contener al menos cinco. En este sentido, la capacitación del personal resulta vital. Lo mismo para que las cajeras ofrezcan efectivamente las bolsas reutilizables.
Los chicos también pueden
Pero la cruzada antibolsa no está liderada sólo por grandes players. Comercios más pequeños, pero con un fuerte compromiso ambiental, también integran esta movida. Este es el caso de Natural Deli, una cadena de venta y consumo de productos orgánicos y naturales. En sus dos locales de Barrio Norte y Las Cañitas, este comercio le dijo adiós a las clásicas bolsas de polietileno y las reemplazó por bolsas oxibiodegradables.
Además, ofrece también bolsas de tela reutilizables, que cuestan $ 10 y son gratuitas para compras mayores a $ 100. “Queremos ser una empresa ecológica a largo plazo y estamos intentando hacer lo máximo que podemos. La idea es seguir con otras iniciativas de este tipo par ir neutralizado nuestro efecto en el medio ambiente”, explica el inglés Michael Legge, uno de los socios de este emprendimiento naturista con onda moderna.
Claro que recorrer este camino en Argentina no es sencillo. Y menos siendo una empresa pequeña. “El próximo paso es incorporar detergentes biodegradables. El problema es que no hay mucho disponible localmente y, además, es muy caro”, lamenta Legge, quien ya sueña con abrir más locales para alcanzar una economía de escala que le permita volverse más verde. De todos modos, sumar a los proveedores puede ser una buena alternativa para ir desarrollando estas iniciativas. Para poder concretar la sustitución de las bolsas de polietileno Legge logró tejer una alianza con OMS y Weleda, lo que permitió reducir costos.
Pero las empresas y locales no son los únicos que encuentran dificultades para adoptar iniciativas más verdes. Los propios consumidores más concientes ambientalmente muchas veces no saben cómo canalizar sus preocupaciones. “La gente en Argentina tiene las ganas de adoptar alternativas verdes, pero no hay tanta oferta”, confirma el dueño de Natural Deli. Por lo menos en lo que a bolsas de polietileno respecta las cosas parecen estar empezando a cambiar.
Medio ambiente, desidia y negocios
Medio ambiente, desidia y negocios
Fecha de Publicación: 30/03/2009
Fuente: Río Negro On Line
Provincia/Región: Nacional
Así como la educación pública a la que nos referimos mil veces en estas líneas, el otro gran tema que está en boca de todos y en las acciones de nadie es el medio ambiente.
Éste tiene dos aspectos: el cambio climático, que está fuera de nuestro alcance y cuyas consecuencias han de afectar a todo el mundo. Admitamos que la culpa del injusto estilo dispendioso de vida de una parte de la humanidad es responsable de ese cambio, que será catastrófico para todos, pero especialmente doloroso para los miles de millones de pobres, en miserables pueblos subdesarrollados que no tienen ni para comer y mucho menos son los responsables de los destrozos que hacen aquellos cuyo único fin es el consumo y el lucro. Pero también nosotros ya sufrimos el cambio del clima, las inundaciones porteñas, las sequías, aunque siempre las hubo como también las inundaciones.
Aún hay quienes niegan el grado de la responsabilidad humana, pero mientras tanto, en vez de aplicar el principio precautorio para evitar agravar el problema, los poderosos usan la duda para hacernos creer que ésa se resolverá por la negativa. Si no es culpa nuestra, podemos seguir bailando en el Titánic unos años más. Y pido perdón por usar nuevamente una metáfora tan gastada. Por las dudas, seguimos talando bosques para sembrar soja, expandiendo ciudades sin infraestructura en las que se amontonan los expulsados del campo, sometidos a las tecnologías modernas que emplean cada vez menos gente y que contribuyen a la concentración creciente de la propiedad de la tierra. Así, al mismo tiempo destruimos los ecosistemas, las ciudades y la gente. Un programa maravilloso de progreso.
El otro aspecto es el descuido local. No se trata ya del cambio climático, sino de la contaminación -digamos mejor: el envenenamiento para nosotros, para nuestros hijos y para todos los hombres (y mujeres, se dice ahora) que quieran habitar el suelo argentino- y la destrucción de los ambientes naturales en pos de la codicia: ya ni podemos hablar de sistema económico. Se trata de simple y miserable codicia. Con una dosis no menor de estupidez sistémica.
El estado de los sistemas ecológicos en nuestro país es mucho peor de lo que nos imaginamos. Es malo para los negocios decir que talar un bosque nativo es nocivo para el país porque destruye la diversidad biológica. También lo es afirmar que la Patagonia y la Pampa Húmeda se desertifican, o que plantar un bosque de eucaliptos también es malo para el país, porque chupa toda el agua y los nutrientes y sólo sirve para hacer papel para los países ricos y no equilibra en absoluto la "cuota de carbono" que se ha inventado "perversamente" para que los ricos sigan vertiendo gases de invernadero a la atmósfera. Pero no: ni siquiera es malo para los negocios, porque nadie hace caso de estas observaciones triviales pero "catastrofistas".
Hablar de limpiar el Riachuelo en mil días o en diez años ya ni siquiera sirve como propaganda electoral, porque nadie lo cree. Hacerlo no sólo es tecnológicamente muy difícil y costoso, es malo para los negocios porque implica que miles de industrias deberían invertir dinero en cambiar su tecnología o, por lo menos, en instalar plantas de tratamiento que funcionen. La orden de la Suprema Corte de Justicia ya está olvidada y apenas se ha intimado a algunas empresas de Dock Sur, con algo afín a levantar el dedito amenazador y decir: "¡Chicos, pórtense bien! ¿eh?" Mientras, millones de seres humanos se envenenan lentamente y tiemblan porque el cierre de las fábricas contaminantes los privaría de su trabajo; prefieren morir lentamente de intoxicaciones o de cáncer, que más rápidamente de hambre o de tuberculosis.
Algunas historias relativas a este tema son como chistes malos. En pleno centro de Buenos Aires hay una estación de servicios desde cuyos tanques y cañerías se filtra nafta a una estación de subterráneo frecuentada por miles de personas por día. También filtra las napas de agua desde donde iban al río de la Plata. No ocurrió lo que en una situación parecida sucedió en 1992 en Guadalajara, México: una explosión que destruyó media ciudad porque se había filtrado nafta a las alcantarillas. Nadie sabe cuántos muertos costó aquel accidente, pero fueron centenares. Pero en Independencia y Lima, en Buenos Aires, la presencia de gases de hidrocarburos se detectó en 1979, y la Justicia condenó a la empresa propietaria de la estación de servicios a remediar la situación en el 2007, treinta y ocho años y vaya a saber cuántas toneladas de petróleo más tarde. Nadie sabe cuándo la empresa comenzará con los trabajos y cuándo los terminará. Durante esos treinta y ocho años la estación siguió funcionando. La empresa es criminal por codicia; ciudad es culpable por negligencia: hizo la denuncia recién en 1991. La Justicia, entonces, sólo tardó 22 años de los 38. Ahora hay sentencia firme. Mientras tanto, siguió vendiendo combustibles y el subte sólo instaló una bombita de extracción de gases.
Estudiamos con horror el saqueo al que la empresa La Forestal, en las primeras décadas del siglo XX, sometió a los bosques de quebracho colorado que alguna vez cubrieron las zonas, ahora anegables a veces y semidesérticas otras, del norte de Santa Fe, gran parte de Santiago del Estero y de Chaco. Esta depredación ya empezó en tiempos de la colonia, cuando todo el norte de Córdoba era un gran bosque de molles. Pero el recuerdo de ese horror nos impide ver que lo mismo está sucediendo en Misiones, en Salta, con la minería del oro a cielo abierto en Catamarca, con la futura destrucción de los glaciares de Pascua Lama en San Juan, con el ya no "Impenetrable", con la cuenca del río Reconquista donde viven 4 millones de habitantes. La contaminación de partes de esta cuenca es de tal magnitud, que hay afluentes que son arroyos de desechos cloacales casi puros y los expertos extranjeros piden cortésmente a sus colegas argentinos que revisen sus cuentas, porque no pueden creer que semejante nivel de contaminación no sea consecuencia de un error de cálculo. La causa: la codicia, la negligencia y la corrupción, que son sus herramientas. Y la corrupción que alimenta a muchos políticos, y éstos que reparten choripanes y promesas en tiempo de elecciones (que son casi siempre) y no intervienen en los casos más evidentes de contaminación ambiental con firma de autor. A veces, porque los contaminadores son los que corren con los descomunales gastos de campaña. Siempre es más barato comprar un intendente que instalar una planta depuradora.
Claro que hay algunos problemas cuyas causas no son tan directas: el caótico crecimiento de las ciudades, las grandes y las no tan grandes, sin que se piense en la carencia de infraestructura y se amontone la gente en las afueras, para después extrañarse del crecimiento de la violencia, y que algunas idiotas "formadoras de opinión" sólo atinen a pedir venganza. Y la acumulación de basura con la que nadie sabe qué hacer, más que amontonarla en lugares que pronto serán alcanzados por aquel crecimiento.
Las drogas están entre las fuentes más enormes de riqueza: nuevamente la codicia que no vacila ante la destrucción física y moral de sus víctimas. Aquí ya no hay negligencia, sólo codicia y crimen. Pero lo importante es que esa riqueza no se pierda. Para eso están los paraísos fiscales, una de las principales formas de lavado de dinero y de evasión de impuestos en todo el mundo. ¿Alguien logrará hacer que desaparezcan? ¿A alguien le interesa que desaparezcan?
En cuanto a los problemas ambientales, la codicia se expresa en volcar los problemas causados por unos pocos a que sean arreglados a costa de las mayorías, como cuando es el Estado el que tiene que hacerse cargo de la remediación.
Pero nuestro gobierno no hace eso: sólo proclama que lo hace. Y no es el único: ninguno de los objetivos de las frecuentes reuniones mundiales que empezaron con la Cumbre de Río en 1992 se ha cumplido, ninguno no ha empeorado. Se habla de las emisiones de gases de efecto invernadero, pero no se menciona que ésa no es la única forma de ecocidio que importa detener para mantener habitable este planeta. La tala de los bosques, la depredación de los mares, la contaminación de los acuíferos y la lista podría seguir. Sin embargo, en la realidad de los hechos, a nadie le importa el medio ambiente (1) al punto de ir más allá de las palabras. Salvo lo que ocurre cuando las víctimas directas de los daños se movilizan. Por suerte comienzan a hacerlo.
TOMÁS BUCH (Tecnólogo generalista)
Especial para "Río Negro"
(1) Esta expresión hace referencia al libro de Sergio Federovisky, "El medio ambiente no le importa a nadie", Ed. Planeta, 2007.
Fecha de Publicación: 30/03/2009
Fuente: Río Negro On Line
Provincia/Región: Nacional
Así como la educación pública a la que nos referimos mil veces en estas líneas, el otro gran tema que está en boca de todos y en las acciones de nadie es el medio ambiente.
Éste tiene dos aspectos: el cambio climático, que está fuera de nuestro alcance y cuyas consecuencias han de afectar a todo el mundo. Admitamos que la culpa del injusto estilo dispendioso de vida de una parte de la humanidad es responsable de ese cambio, que será catastrófico para todos, pero especialmente doloroso para los miles de millones de pobres, en miserables pueblos subdesarrollados que no tienen ni para comer y mucho menos son los responsables de los destrozos que hacen aquellos cuyo único fin es el consumo y el lucro. Pero también nosotros ya sufrimos el cambio del clima, las inundaciones porteñas, las sequías, aunque siempre las hubo como también las inundaciones.
Aún hay quienes niegan el grado de la responsabilidad humana, pero mientras tanto, en vez de aplicar el principio precautorio para evitar agravar el problema, los poderosos usan la duda para hacernos creer que ésa se resolverá por la negativa. Si no es culpa nuestra, podemos seguir bailando en el Titánic unos años más. Y pido perdón por usar nuevamente una metáfora tan gastada. Por las dudas, seguimos talando bosques para sembrar soja, expandiendo ciudades sin infraestructura en las que se amontonan los expulsados del campo, sometidos a las tecnologías modernas que emplean cada vez menos gente y que contribuyen a la concentración creciente de la propiedad de la tierra. Así, al mismo tiempo destruimos los ecosistemas, las ciudades y la gente. Un programa maravilloso de progreso.
El otro aspecto es el descuido local. No se trata ya del cambio climático, sino de la contaminación -digamos mejor: el envenenamiento para nosotros, para nuestros hijos y para todos los hombres (y mujeres, se dice ahora) que quieran habitar el suelo argentino- y la destrucción de los ambientes naturales en pos de la codicia: ya ni podemos hablar de sistema económico. Se trata de simple y miserable codicia. Con una dosis no menor de estupidez sistémica.
El estado de los sistemas ecológicos en nuestro país es mucho peor de lo que nos imaginamos. Es malo para los negocios decir que talar un bosque nativo es nocivo para el país porque destruye la diversidad biológica. También lo es afirmar que la Patagonia y la Pampa Húmeda se desertifican, o que plantar un bosque de eucaliptos también es malo para el país, porque chupa toda el agua y los nutrientes y sólo sirve para hacer papel para los países ricos y no equilibra en absoluto la "cuota de carbono" que se ha inventado "perversamente" para que los ricos sigan vertiendo gases de invernadero a la atmósfera. Pero no: ni siquiera es malo para los negocios, porque nadie hace caso de estas observaciones triviales pero "catastrofistas".
Hablar de limpiar el Riachuelo en mil días o en diez años ya ni siquiera sirve como propaganda electoral, porque nadie lo cree. Hacerlo no sólo es tecnológicamente muy difícil y costoso, es malo para los negocios porque implica que miles de industrias deberían invertir dinero en cambiar su tecnología o, por lo menos, en instalar plantas de tratamiento que funcionen. La orden de la Suprema Corte de Justicia ya está olvidada y apenas se ha intimado a algunas empresas de Dock Sur, con algo afín a levantar el dedito amenazador y decir: "¡Chicos, pórtense bien! ¿eh?" Mientras, millones de seres humanos se envenenan lentamente y tiemblan porque el cierre de las fábricas contaminantes los privaría de su trabajo; prefieren morir lentamente de intoxicaciones o de cáncer, que más rápidamente de hambre o de tuberculosis.
Algunas historias relativas a este tema son como chistes malos. En pleno centro de Buenos Aires hay una estación de servicios desde cuyos tanques y cañerías se filtra nafta a una estación de subterráneo frecuentada por miles de personas por día. También filtra las napas de agua desde donde iban al río de la Plata. No ocurrió lo que en una situación parecida sucedió en 1992 en Guadalajara, México: una explosión que destruyó media ciudad porque se había filtrado nafta a las alcantarillas. Nadie sabe cuántos muertos costó aquel accidente, pero fueron centenares. Pero en Independencia y Lima, en Buenos Aires, la presencia de gases de hidrocarburos se detectó en 1979, y la Justicia condenó a la empresa propietaria de la estación de servicios a remediar la situación en el 2007, treinta y ocho años y vaya a saber cuántas toneladas de petróleo más tarde. Nadie sabe cuándo la empresa comenzará con los trabajos y cuándo los terminará. Durante esos treinta y ocho años la estación siguió funcionando. La empresa es criminal por codicia; ciudad es culpable por negligencia: hizo la denuncia recién en 1991. La Justicia, entonces, sólo tardó 22 años de los 38. Ahora hay sentencia firme. Mientras tanto, siguió vendiendo combustibles y el subte sólo instaló una bombita de extracción de gases.
Estudiamos con horror el saqueo al que la empresa La Forestal, en las primeras décadas del siglo XX, sometió a los bosques de quebracho colorado que alguna vez cubrieron las zonas, ahora anegables a veces y semidesérticas otras, del norte de Santa Fe, gran parte de Santiago del Estero y de Chaco. Esta depredación ya empezó en tiempos de la colonia, cuando todo el norte de Córdoba era un gran bosque de molles. Pero el recuerdo de ese horror nos impide ver que lo mismo está sucediendo en Misiones, en Salta, con la minería del oro a cielo abierto en Catamarca, con la futura destrucción de los glaciares de Pascua Lama en San Juan, con el ya no "Impenetrable", con la cuenca del río Reconquista donde viven 4 millones de habitantes. La contaminación de partes de esta cuenca es de tal magnitud, que hay afluentes que son arroyos de desechos cloacales casi puros y los expertos extranjeros piden cortésmente a sus colegas argentinos que revisen sus cuentas, porque no pueden creer que semejante nivel de contaminación no sea consecuencia de un error de cálculo. La causa: la codicia, la negligencia y la corrupción, que son sus herramientas. Y la corrupción que alimenta a muchos políticos, y éstos que reparten choripanes y promesas en tiempo de elecciones (que son casi siempre) y no intervienen en los casos más evidentes de contaminación ambiental con firma de autor. A veces, porque los contaminadores son los que corren con los descomunales gastos de campaña. Siempre es más barato comprar un intendente que instalar una planta depuradora.
Claro que hay algunos problemas cuyas causas no son tan directas: el caótico crecimiento de las ciudades, las grandes y las no tan grandes, sin que se piense en la carencia de infraestructura y se amontone la gente en las afueras, para después extrañarse del crecimiento de la violencia, y que algunas idiotas "formadoras de opinión" sólo atinen a pedir venganza. Y la acumulación de basura con la que nadie sabe qué hacer, más que amontonarla en lugares que pronto serán alcanzados por aquel crecimiento.
Las drogas están entre las fuentes más enormes de riqueza: nuevamente la codicia que no vacila ante la destrucción física y moral de sus víctimas. Aquí ya no hay negligencia, sólo codicia y crimen. Pero lo importante es que esa riqueza no se pierda. Para eso están los paraísos fiscales, una de las principales formas de lavado de dinero y de evasión de impuestos en todo el mundo. ¿Alguien logrará hacer que desaparezcan? ¿A alguien le interesa que desaparezcan?
En cuanto a los problemas ambientales, la codicia se expresa en volcar los problemas causados por unos pocos a que sean arreglados a costa de las mayorías, como cuando es el Estado el que tiene que hacerse cargo de la remediación.
Pero nuestro gobierno no hace eso: sólo proclama que lo hace. Y no es el único: ninguno de los objetivos de las frecuentes reuniones mundiales que empezaron con la Cumbre de Río en 1992 se ha cumplido, ninguno no ha empeorado. Se habla de las emisiones de gases de efecto invernadero, pero no se menciona que ésa no es la única forma de ecocidio que importa detener para mantener habitable este planeta. La tala de los bosques, la depredación de los mares, la contaminación de los acuíferos y la lista podría seguir. Sin embargo, en la realidad de los hechos, a nadie le importa el medio ambiente (1) al punto de ir más allá de las palabras. Salvo lo que ocurre cuando las víctimas directas de los daños se movilizan. Por suerte comienzan a hacerlo.
TOMÁS BUCH (Tecnólogo generalista)
Especial para "Río Negro"
(1) Esta expresión hace referencia al libro de Sergio Federovisky, "El medio ambiente no le importa a nadie", Ed. Planeta, 2007.
Fauna del Paraná en serios problemas
La fauna del Paraná está en serios problemas
Fecha de Publicación: 29/03/2009
Fuente: Linea Capital
Provincia/Región: Mesopotamia
La Fundación Proteger solicitó al canciller Jorge Taiana que informe sobre el manejo de los caudales de agua que realizan las represas Yacyretá e Itaipú. Se advierte marcada bajante y consecuencias para la fauna y para quienes viven de la pesca.
Ante la marcada bajante que sufre actualmente el río Paraná, la Fundación Proteger envió una carta al canciller argentino, licenciado Jorge Taiana, solicitando información sobre el manejo de los caudales de agua del río Paraná que realizan las grandes represas binacionales Yacyretá e Itaipú, y conocer cuáles son los criterios que se utilizan para hacerlo.
En la misiva, firmada por el director general de Proteger, Jorge Cappato, se sostiene que “es de conocimiento público que el río Paraná registra una de las mayores bajantes de las últimas décadas. La altura hidrométrica promedio en Corrientes ha sido de 4.05 m en 2007 y 3.38 m en 2008, mientras que en enero/febrero de este año promedia 2.54 m”.
“Es precisamente en períodos de escasez de agua cuando las grandes represas retienen en sus embalses buena parte del caudal del río con el objeto de asegurar su generación, en desmedro de las poblaciones ribereñas que viven aguas abajo y cuya economía, alimentación y subsistencia dependen en gran medida del buen estado de las pesquerías del Paraná”, especifica la nota.
Migraciones cortadas
En las últimas semanas, pescadores del norte de Santa Fe y de las provincias de Chaco y Corrientes, informaron sobre el desecamiento de lagunas, riachos y arroyos de la planicie de inundación del río Paraná a raíz de la extrema bajante y la merma de los caudales por debajo de los promedios históricos. Miles de peces atrapados se asfixiaban y morían, incluidos surubíes, dorados y patíes, entre otras especies de gran valor económico, alimentario y social.
“Según los especialistas, las represas no sólo impiden las migraciones de los peces aguas arriba, sino que –al retener el agua cuando los peces realizan migraciones transversales en la planicie inundable–, impiden que se completen los ciclos de desarrollo y reproductivos. Por otra parte, los embalses alteran irreversiblemente el hábitat acuático: según expertos del Conicet, Yacyretá e Itaipú en conjunto destruyeron el 44% del área reproductiva de las especies de surubí (Oldani, 2004)”, consigna el documento de Proteger.
El pedido de información se da en el marco del Día Mundial de Acción sobre las Grandes Represas, fijado el 14 de marzo de 1997 en Curitiba, Brasil, al culminar el “Primer Encuentro Internacional de Pueblos Afectados por las Represas”. Cada año, desde entonces, organizaciones de todo el mundo –principalmente de comunidades damnificadas por estas grandes obras-, realizan actividades y reclamos en simultáneo para esta fecha.
Grandes represas, daños colosales
La nota enviada por Proteger a la Cancillería señala que “como sabemos, Yacyretá es una gran represa administrada por un organismo argentino-paraguayo, la Entidad Binacional Yacyretá (EBY); mientras que Itaipú es otra enorme represa binacional regulada por Paraguay y Brasil, cuyo embalse –de 170 km de largo–, se extiende sobre el Paraná a sólo 14 km al norte de la frontera con la Argentina”.
“Ambas –prosigue–, han provocado ya un colosal impacto en las pesquerías y los humedales fluviales, haciendo sentir su efecto negativo centenares de kilómetros aguas abajo. Impacto que se refleja particularmente en la merma poblacional y de tallas de los grandes peces migradores, precisamente los de mayor valor económico, alimentario, deportivo y turístico”.
“Esto explica que en enero pasado la Asociación de Pescadores del Chaco (ASOPECHA), hiciera llegar una nota a las autoridades del Chaco manifestando su honda preocupación por el manejo del agua en las represas del Paraná”.
“Por nuestra parte, ante una consulta del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, ante la merma del surubí y otras especies de peces, solicitamos desde la Fundación Proteger, en nota del 26 de enero 2009 a los Ministros de Producción, y de Aguas y Ambiente, y a través del Consejo Provincial Pesquero, requerir “al Gobierno Nacional y a la Cancillería iniciar urgentes acciones tendientes a conocer y eventualmente modificar el manejo de los caudales de agua por parte de las represas ubicadas en el río Paraná, especialmente Yacyretá e Itaipú”, añadió.
Información y control
“Hoy –se reclama al canciller Taiana-, solicitamos a Usted nos indique si la Cancillería dispone de información sobre el manejo de los caudales por parte de las represas citadas, sobre si éstas disponen de manuales de operación que incluyan contemplar las necesidades de niveles hidrométricos mínimos para los ciclos de migración, reproducción y alimentación de los peces del Paraná, tendiente a recuperar las disminuidas poblaciones de los mismos”.
Además se pidió conocer cuáles serían a criterio de la Cancillería los más apropiados “ámbitos, regulaciones y mecanismos para que el Estado Nacional conozca, controle y eventualmente pueda incidir o reglamentar, en beneficio de la calidad de vida de las poblaciones y de las economías regionales del NEA-Litoral, el manejo de los caudales de agua por parte de las represas sobre el río Paraná, particularmente Yacyretá e Itaipú” –termina la nota de Proteger.
“No sólo la pesquería está afectada, hay otros impactos económicos y sociales altamente negativos de estas represas para mensurar. La marcada falta de caudales en el Paraná obligó semanas atrás a suspender la navegación en algunos sectores y a disminuir la carga de las embarcaciones. El acceso a los puertos y sobre todo a pequeños muelles utilizados por poblaciones a lo largo de la costa del río se vio dificultado o impedido, por lo que muchos turistas cancelaron viajes ligados a navegaciones por el Paraná. También se clausuraron balnearios y, como en Rosario, hubo que tomar medidas y gastar en equipamiento para asegurar la captación y el bombeo de agua hacia las plantas de potabilización”, dijo finalmente Cappato.
Fecha de Publicación: 29/03/2009
Fuente: Linea Capital
Provincia/Región: Mesopotamia
La Fundación Proteger solicitó al canciller Jorge Taiana que informe sobre el manejo de los caudales de agua que realizan las represas Yacyretá e Itaipú. Se advierte marcada bajante y consecuencias para la fauna y para quienes viven de la pesca.
Ante la marcada bajante que sufre actualmente el río Paraná, la Fundación Proteger envió una carta al canciller argentino, licenciado Jorge Taiana, solicitando información sobre el manejo de los caudales de agua del río Paraná que realizan las grandes represas binacionales Yacyretá e Itaipú, y conocer cuáles son los criterios que se utilizan para hacerlo.
En la misiva, firmada por el director general de Proteger, Jorge Cappato, se sostiene que “es de conocimiento público que el río Paraná registra una de las mayores bajantes de las últimas décadas. La altura hidrométrica promedio en Corrientes ha sido de 4.05 m en 2007 y 3.38 m en 2008, mientras que en enero/febrero de este año promedia 2.54 m”.
“Es precisamente en períodos de escasez de agua cuando las grandes represas retienen en sus embalses buena parte del caudal del río con el objeto de asegurar su generación, en desmedro de las poblaciones ribereñas que viven aguas abajo y cuya economía, alimentación y subsistencia dependen en gran medida del buen estado de las pesquerías del Paraná”, especifica la nota.
Migraciones cortadas
En las últimas semanas, pescadores del norte de Santa Fe y de las provincias de Chaco y Corrientes, informaron sobre el desecamiento de lagunas, riachos y arroyos de la planicie de inundación del río Paraná a raíz de la extrema bajante y la merma de los caudales por debajo de los promedios históricos. Miles de peces atrapados se asfixiaban y morían, incluidos surubíes, dorados y patíes, entre otras especies de gran valor económico, alimentario y social.
“Según los especialistas, las represas no sólo impiden las migraciones de los peces aguas arriba, sino que –al retener el agua cuando los peces realizan migraciones transversales en la planicie inundable–, impiden que se completen los ciclos de desarrollo y reproductivos. Por otra parte, los embalses alteran irreversiblemente el hábitat acuático: según expertos del Conicet, Yacyretá e Itaipú en conjunto destruyeron el 44% del área reproductiva de las especies de surubí (Oldani, 2004)”, consigna el documento de Proteger.
El pedido de información se da en el marco del Día Mundial de Acción sobre las Grandes Represas, fijado el 14 de marzo de 1997 en Curitiba, Brasil, al culminar el “Primer Encuentro Internacional de Pueblos Afectados por las Represas”. Cada año, desde entonces, organizaciones de todo el mundo –principalmente de comunidades damnificadas por estas grandes obras-, realizan actividades y reclamos en simultáneo para esta fecha.
Grandes represas, daños colosales
La nota enviada por Proteger a la Cancillería señala que “como sabemos, Yacyretá es una gran represa administrada por un organismo argentino-paraguayo, la Entidad Binacional Yacyretá (EBY); mientras que Itaipú es otra enorme represa binacional regulada por Paraguay y Brasil, cuyo embalse –de 170 km de largo–, se extiende sobre el Paraná a sólo 14 km al norte de la frontera con la Argentina”.
“Ambas –prosigue–, han provocado ya un colosal impacto en las pesquerías y los humedales fluviales, haciendo sentir su efecto negativo centenares de kilómetros aguas abajo. Impacto que se refleja particularmente en la merma poblacional y de tallas de los grandes peces migradores, precisamente los de mayor valor económico, alimentario, deportivo y turístico”.
“Esto explica que en enero pasado la Asociación de Pescadores del Chaco (ASOPECHA), hiciera llegar una nota a las autoridades del Chaco manifestando su honda preocupación por el manejo del agua en las represas del Paraná”.
“Por nuestra parte, ante una consulta del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, ante la merma del surubí y otras especies de peces, solicitamos desde la Fundación Proteger, en nota del 26 de enero 2009 a los Ministros de Producción, y de Aguas y Ambiente, y a través del Consejo Provincial Pesquero, requerir “al Gobierno Nacional y a la Cancillería iniciar urgentes acciones tendientes a conocer y eventualmente modificar el manejo de los caudales de agua por parte de las represas ubicadas en el río Paraná, especialmente Yacyretá e Itaipú”, añadió.
Información y control
“Hoy –se reclama al canciller Taiana-, solicitamos a Usted nos indique si la Cancillería dispone de información sobre el manejo de los caudales por parte de las represas citadas, sobre si éstas disponen de manuales de operación que incluyan contemplar las necesidades de niveles hidrométricos mínimos para los ciclos de migración, reproducción y alimentación de los peces del Paraná, tendiente a recuperar las disminuidas poblaciones de los mismos”.
Además se pidió conocer cuáles serían a criterio de la Cancillería los más apropiados “ámbitos, regulaciones y mecanismos para que el Estado Nacional conozca, controle y eventualmente pueda incidir o reglamentar, en beneficio de la calidad de vida de las poblaciones y de las economías regionales del NEA-Litoral, el manejo de los caudales de agua por parte de las represas sobre el río Paraná, particularmente Yacyretá e Itaipú” –termina la nota de Proteger.
“No sólo la pesquería está afectada, hay otros impactos económicos y sociales altamente negativos de estas represas para mensurar. La marcada falta de caudales en el Paraná obligó semanas atrás a suspender la navegación en algunos sectores y a disminuir la carga de las embarcaciones. El acceso a los puertos y sobre todo a pequeños muelles utilizados por poblaciones a lo largo de la costa del río se vio dificultado o impedido, por lo que muchos turistas cancelaron viajes ligados a navegaciones por el Paraná. También se clausuraron balnearios y, como en Rosario, hubo que tomar medidas y gastar en equipamiento para asegurar la captación y el bombeo de agua hacia las plantas de potabilización”, dijo finalmente Cappato.
Santa fe modificaría la ley de agroquímicos
Medio Ambiente quiere modificar la ley sobre uso de agroquímicos
Fecha de Publicación: 27/03/2009
Fuente: Notife
Provincia/Región: Santa Fe
El secretario del Area, César Mackler, afirmó que se debe prohibir la fumigación terrestre a menos de 150 metros de las viviendas, y la aérea a menos de 300. Apuntan a cambiar la normativa, que permite fijar el radio a los intendentes.
"Creo que no habría que fumigar a menos de 150 metros de cualquier viviendas en el caso de fumigaciones terrestres y a 300 metros cuando es aérea. Lo que ocurre es que la ley 11.273 no fija límites, los deja en manos de intendentes y presidentes comunales. Por eso vamos a intentar cambiar la ley". La definición corre por cuenta de César Mackler, secretario de Medio Ambiente provincial, quien desde hace siete meses participa en una mesa junto a las carteras de Trabajo, Salud y Producción para discutir el alcance de una nueva norma. Sin embargo, el funcionario advierte un límite claro, al indicar que "es justamente este modelo (que asocia soja con glifosato) el que de algún modo ha sacado adelante al país".
En diálogo con Rosario/12, Mackler recuerda que "la ley 11.273 indica que cada municipio debe fijar el radio en torno de su éjido en donde no deben fumigarse. En verdad algunos lo han cumplido y otro no lo han hecho. Ahora hay varios proyectos en las cámaras donde se habla de distancias específicas". Esto ha derivado en que cada localidad tenga actitudes dispares: "algunos intendentes se pusieron muy fuertes y dijeron 'dentro de este sector no se puede fumigar'. Pero en lugares más chicos, donde el presidente de comuna se conoce con todos, le resulta difícil aplicar el radio, porque le pone un tope a este cultivo intensivo, como a la sociedad entre soja y glifosato. Esto no debería pasar, pero es una realidad", indica Mackler.
El Secretario de Medio Ambiente aclara que en rigor la autoridad de aplicación de la ley de fitosanitarios que rige entre otros los agroquímicos es el Ministerio de la Producción. "El tema fitosanitario no queda sólo en la fumigación, porque también está el tema de la fosfina, el producto para evitar el gorgojo en el cereal" aclara Mackler.
--¿Que defensa tiene hoy un ciudadano de esta provincia cuando alguien fumiga a escasos metros de su casa?
--La primera es la denuncia en la localidad, que nos deriva el problema a la provincia, y entonces acudimos a controlar para establecer si ese municipio tiene una demarcación clara de la zona de exclusión de fumigación. Y si no, lo que le queda a cualquier ciudadano, tal como pasó en San Jorge, es acudir a la justicia.
--¿Usted considera que se debe cambiar la ley para evitar la discrecionalidad en cada pueblo en delimitar la zona de exclusión de fumigación?
--Este es lo que estamos buscando con esta mesa de trabajo multidisciplinario. Además, los nuevos proyectos que están en la Lagislatura fijan criterios más severos para delimitar la zona, al igual que un mayor control de los aplicadores de los fitosanitarios, sobre todo de las fumigación aérea, así como el tratamiento de los envases de los agroquímicos.
--De acuerdo a los estudios que manejan ¿Qué consecuencias tiene el uso del glifosato sobe las personas y la naturaleza?.
--Lo que se puede decir es que no hay estudios que demuestren efectos negativos en el corto plazo del glifosato, en las dosis que deberían manejarse. Pero todas estas cuestiones deben tratarse con mucho cuidado, porque puede tener efectos negativos a largo plazo aunque sea en dosis bajas. No hay estudios, me remito a los dichos del especialista Raúl Montenegro.
--¿Se va a encarar algún estudio específico sobre el riesgo que corre la gente que está en contacto con el glifosato, aunque sea en dosis bajas, durante largos períodos de tiempo?
--No, la idea no es hacer un estudio epidemiológico. La mesa de trabajo multidisciplinaria trabaja con las leyes vigentes, para definir una estrategia, y al mismo tiempo atendemos los reclamos de los vecinos.
--¿Medio ambiente va realizar el suyo?
--Ya lo estamos haciendo: estamos realizando uno específico sobre el efecto del glifosato sobre los yacarés.
-- ¿Y sobre el impacto del glifosato sobre el medio ambiente?
--Es muy complejo porque este producto tiene un alto nivel de degradación, se degrada muy rápido. Por eso no se encuentra en el agua o en el suelo. Y a raíz de ello intentamos medirlo en seres vivos.
Fecha de Publicación: 27/03/2009
Fuente: Notife
Provincia/Región: Santa Fe
El secretario del Area, César Mackler, afirmó que se debe prohibir la fumigación terrestre a menos de 150 metros de las viviendas, y la aérea a menos de 300. Apuntan a cambiar la normativa, que permite fijar el radio a los intendentes.
"Creo que no habría que fumigar a menos de 150 metros de cualquier viviendas en el caso de fumigaciones terrestres y a 300 metros cuando es aérea. Lo que ocurre es que la ley 11.273 no fija límites, los deja en manos de intendentes y presidentes comunales. Por eso vamos a intentar cambiar la ley". La definición corre por cuenta de César Mackler, secretario de Medio Ambiente provincial, quien desde hace siete meses participa en una mesa junto a las carteras de Trabajo, Salud y Producción para discutir el alcance de una nueva norma. Sin embargo, el funcionario advierte un límite claro, al indicar que "es justamente este modelo (que asocia soja con glifosato) el que de algún modo ha sacado adelante al país".
En diálogo con Rosario/12, Mackler recuerda que "la ley 11.273 indica que cada municipio debe fijar el radio en torno de su éjido en donde no deben fumigarse. En verdad algunos lo han cumplido y otro no lo han hecho. Ahora hay varios proyectos en las cámaras donde se habla de distancias específicas". Esto ha derivado en que cada localidad tenga actitudes dispares: "algunos intendentes se pusieron muy fuertes y dijeron 'dentro de este sector no se puede fumigar'. Pero en lugares más chicos, donde el presidente de comuna se conoce con todos, le resulta difícil aplicar el radio, porque le pone un tope a este cultivo intensivo, como a la sociedad entre soja y glifosato. Esto no debería pasar, pero es una realidad", indica Mackler.
El Secretario de Medio Ambiente aclara que en rigor la autoridad de aplicación de la ley de fitosanitarios que rige entre otros los agroquímicos es el Ministerio de la Producción. "El tema fitosanitario no queda sólo en la fumigación, porque también está el tema de la fosfina, el producto para evitar el gorgojo en el cereal" aclara Mackler.
--¿Que defensa tiene hoy un ciudadano de esta provincia cuando alguien fumiga a escasos metros de su casa?
--La primera es la denuncia en la localidad, que nos deriva el problema a la provincia, y entonces acudimos a controlar para establecer si ese municipio tiene una demarcación clara de la zona de exclusión de fumigación. Y si no, lo que le queda a cualquier ciudadano, tal como pasó en San Jorge, es acudir a la justicia.
--¿Usted considera que se debe cambiar la ley para evitar la discrecionalidad en cada pueblo en delimitar la zona de exclusión de fumigación?
--Este es lo que estamos buscando con esta mesa de trabajo multidisciplinario. Además, los nuevos proyectos que están en la Lagislatura fijan criterios más severos para delimitar la zona, al igual que un mayor control de los aplicadores de los fitosanitarios, sobre todo de las fumigación aérea, así como el tratamiento de los envases de los agroquímicos.
--De acuerdo a los estudios que manejan ¿Qué consecuencias tiene el uso del glifosato sobe las personas y la naturaleza?.
--Lo que se puede decir es que no hay estudios que demuestren efectos negativos en el corto plazo del glifosato, en las dosis que deberían manejarse. Pero todas estas cuestiones deben tratarse con mucho cuidado, porque puede tener efectos negativos a largo plazo aunque sea en dosis bajas. No hay estudios, me remito a los dichos del especialista Raúl Montenegro.
--¿Se va a encarar algún estudio específico sobre el riesgo que corre la gente que está en contacto con el glifosato, aunque sea en dosis bajas, durante largos períodos de tiempo?
--No, la idea no es hacer un estudio epidemiológico. La mesa de trabajo multidisciplinaria trabaja con las leyes vigentes, para definir una estrategia, y al mismo tiempo atendemos los reclamos de los vecinos.
--¿Medio ambiente va realizar el suyo?
--Ya lo estamos haciendo: estamos realizando uno específico sobre el efecto del glifosato sobre los yacarés.
-- ¿Y sobre el impacto del glifosato sobre el medio ambiente?
--Es muy complejo porque este producto tiene un alto nivel de degradación, se degrada muy rápido. Por eso no se encuentra en el agua o en el suelo. Y a raíz de ello intentamos medirlo en seres vivos.
Jornadas sobre Derecho y Medio Ambiente
Comenzó la Jornada sobre Derecho y Medio Ambiente
Fecha de Publicación: 26/03/2009
Fuente: ANB
Provincia/Región: Nacional
La vinculación del derecho y el medio ambiente comenzaron a ser analizadas en las primeras jornadas de derecho ambiental que se desarrollan en Bariloche organizadas por entidades ambientalistas.
“Brindamos una herramienta para pedir al Estado cuando desordena el equilibrio que tenemos. Existen acciones útiles para preservar el medio ambiente como el amparo colectivo o individual. Cada acción individual se logra para la protección de miles de personas”, explicó Augusto Zárate, referente del Colegio de Abogados de Rosario, quien disertará en las jornadas.
El evento se extenderá hasta el viernes con diversas charlas y exposiciones de juristas en el edificio de Tribunales de Bariloche.
Las charlas organizadas por las organizaciones de Vecinos en Defensa de Bahía Serena, autoconvocados por las costas libres y la asociación Arbol de Pié incluyen en el temario el análisis de la ley general de ambiente, los principios ambientales, las características más importantes de estos aspectos y la generación de “conciencia ambiental”.
Por su parte, Enrique Viale, presidente de la asociación de abogados ambientalistas del país, destacó la lucha de las organizaciones barilochenses y apuntó que en esta ciudad “se da en la práctica lo que vemos en los libros”.
El abogado disertará sobre el ordenamiento jurídico ante el nuevo derecho ambiental, el acceso, goce y uso de los bienes comunes y el entorno natural, entre otros ejes temáticos.
Fecha de Publicación: 26/03/2009
Fuente: ANB
Provincia/Región: Nacional
La vinculación del derecho y el medio ambiente comenzaron a ser analizadas en las primeras jornadas de derecho ambiental que se desarrollan en Bariloche organizadas por entidades ambientalistas.
“Brindamos una herramienta para pedir al Estado cuando desordena el equilibrio que tenemos. Existen acciones útiles para preservar el medio ambiente como el amparo colectivo o individual. Cada acción individual se logra para la protección de miles de personas”, explicó Augusto Zárate, referente del Colegio de Abogados de Rosario, quien disertará en las jornadas.
El evento se extenderá hasta el viernes con diversas charlas y exposiciones de juristas en el edificio de Tribunales de Bariloche.
Las charlas organizadas por las organizaciones de Vecinos en Defensa de Bahía Serena, autoconvocados por las costas libres y la asociación Arbol de Pié incluyen en el temario el análisis de la ley general de ambiente, los principios ambientales, las características más importantes de estos aspectos y la generación de “conciencia ambiental”.
Por su parte, Enrique Viale, presidente de la asociación de abogados ambientalistas del país, destacó la lucha de las organizaciones barilochenses y apuntó que en esta ciudad “se da en la práctica lo que vemos en los libros”.
El abogado disertará sobre el ordenamiento jurídico ante el nuevo derecho ambiental, el acceso, goce y uso de los bienes comunes y el entorno natural, entre otros ejes temáticos.
Controlan incendio forestal en la Patagonia
Tras diez días, Argentina controla incendio forestal en la Patagonia
Fecha de Publicación: 25/03/2009
Fuente: EFE
Provincia/Región: Neuquén
La Administración de Parques Nacionales de Argentina declaró hoy "controlado" el incendio desatado hace diez días en 1.500 hectáreas de bosques de una zona de la Patagonia vecina a Chile, a cuyas autoridades agradeció la ayuda para sofocar las llamas.
"Técnicamente, el estado 'controlado' implica garantías de que el fuego no podrá extenderse más allá de los bordes" del área boscosa del cerro Tromen, en el Parque Nacional Lanín "aunque aún hay algunos focos activos" dentro de la zona afectada, indicó el organismo en un comunicado.
El incendio se desató el pasado 15 de marzo y en los primeros días arrasó con unas 500 hectáreas de bosques, según información que la Administración de Parques Nacionales no ha actualizado.
Brigadas de bomberos se han concentrado en proteger una serie de zonas del bosque que no han sido afectadas por el fuego, mientras que otras combaten los focos que permanecen activos, apuntó.
El ente señaló que se ha rehabilitado el tránsito en el paso Mamuil Malal, entre Argentina y Chile a través de la cordillera de Los Andes, pero "se mantiene la prohibición" para las actividades turísticas, la pesca deportiva y el montañismo en el cerro Tromen.
El organismo destacó y agradeció la ayuda de brigadas de bomberos enviadas por la Corporación Forestal Nacional de Chile, que han regresado a su país.
La ayuda chilena también fue agradecida por el gobernador de la provincia argentina de Neuquén, Jorge Sapag, quien hizo hincapié en que la colaboración de bomberos de los dos países ha permitido "salvar valiosas especies" nativas de los bosques patagónicos.
Fecha de Publicación: 25/03/2009
Fuente: EFE
Provincia/Región: Neuquén
La Administración de Parques Nacionales de Argentina declaró hoy "controlado" el incendio desatado hace diez días en 1.500 hectáreas de bosques de una zona de la Patagonia vecina a Chile, a cuyas autoridades agradeció la ayuda para sofocar las llamas.
"Técnicamente, el estado 'controlado' implica garantías de que el fuego no podrá extenderse más allá de los bordes" del área boscosa del cerro Tromen, en el Parque Nacional Lanín "aunque aún hay algunos focos activos" dentro de la zona afectada, indicó el organismo en un comunicado.
El incendio se desató el pasado 15 de marzo y en los primeros días arrasó con unas 500 hectáreas de bosques, según información que la Administración de Parques Nacionales no ha actualizado.
Brigadas de bomberos se han concentrado en proteger una serie de zonas del bosque que no han sido afectadas por el fuego, mientras que otras combaten los focos que permanecen activos, apuntó.
El ente señaló que se ha rehabilitado el tránsito en el paso Mamuil Malal, entre Argentina y Chile a través de la cordillera de Los Andes, pero "se mantiene la prohibición" para las actividades turísticas, la pesca deportiva y el montañismo en el cerro Tromen.
El organismo destacó y agradeció la ayuda de brigadas de bomberos enviadas por la Corporación Forestal Nacional de Chile, que han regresado a su país.
La ayuda chilena también fue agradecida por el gobernador de la provincia argentina de Neuquén, Jorge Sapag, quien hizo hincapié en que la colaboración de bomberos de los dos países ha permitido "salvar valiosas especies" nativas de los bosques patagónicos.
Aumenta la contaminación costera
Advierten que aumenta la contaminación costera
Fecha de Publicación: 24/03/2009
Fuente: Diario Jornada - Agencia CyTA / Instituto Leloir
Provincia/Región: Nacional
Con cerca de 5 mil kilómetros de costa extendiéndose desde el estuario del Río de la Plata hasta el Canal Beagle, la Argentina se ubica entre los 25 países con mayor longitud de línea de costa. Del total de kilómetros, 3.400 kilómetros corresponden a la Patagonia.
Por ser un lugar remoto y de baja densidad demográfica, las costas del sur argentino están entre las mejor conservadas del mundo. Sin embargo, esta situación está cambiando debido al aumento de la población y del desarrollo industrial.
“Los efectos de las aglomeraciones urbanas se manifiestan con claridad en el entorno, terrestre, marino o atmosférico. Las costas de la Patagonia han estado sufriendo los efectos de un crecimiento demográfico e industrial cada vez más acelerado. Lamentablemente, este desarrollo en general es desordenado y ocurre sin planificación ni análisis previos, casi invariablemente con una notoria falta de infraestructura y capacidad de manejo”, señala José Luis Esteves, doctor en Oceanología, investigador independiente del Conicet del Centro Nacional Patagónico (Cenpat) y profesor de Oceanografía Química de la Universidad Nacional de la Patagonia.
Problemas
Uno de los principales problemas que enfrentan los municipios costeros está referido al manejo del ambiente. “El tratamiento de efluentes líquidos y la gestión integrada de los residuos sólidos constituyen aspectos insoslayables que deben ser enfrentados con una particular dedicación. Se debe maximizar el manejo de los efluentes urbanos, crudos o provenientes de plantas de tratamiento, ya que es uno de los principales déficit a los que se enfrenta cualquier localidad de la zona costera”, destaca Esteves, quien también es miembro fundador de la Fundación Patagonia Natural (FPN), una ong relacionada con la conservación en la Patagonia.
En casi toda la región patagónica, la relación precipitación-evaporación llega a ser de 1 en 10. “El déficit de agua extremo obliga a repensar la estrategia de tratamiento y reuso del agua. En este sentido, solamente la ciudad de Puerto Madryn lleva adelante programas de tratamiento y reutilización integral del agua tratada urbana, luego de pasar por la planta de tratamiento de efluentes líquidos cloacales sin vuelco al mar “, indica el experto en contaminación marina y procesos microbiológicos asociados a los sedimentos marinos.
Según asegura Esteves, en las bahías de Ushuaia, Encerrada y Golondrina, ubicadas sobre la margen norte del canal Beagle, en donde se asienta la ciudad de Ushuaia, se ha detectado contaminación urbana por líquidos cloacales, con aporte – entre otros contaminantes- de nutrientes que son incorporados por macro o microalgas en la zona costera. “Se ha recomendado a este municipio intensificar los estudios ambientales analizando los distintos componentes tróficos de la bahía”, señala el especialista.
Los residuos sólidos urbanos como la basura de origen doméstico, comercial e industrial, han incrementado su poder contaminante, asegura Esteves. “Hoy se detectan fácilmente metales pesados, plaguicidas, productos químicos y materiales no degradables en las costas. Constituyen un problema crítico, cuya solución recae de manera principal en los municipios”, asegura el experto.
Parte de la información actualizada relativa al estado de gran parte de las costas del país surgió a partir del Segundo Censo Argentino de Contaminación Costera que se desarrolló en septiembre de 2007 y que abarcó desde la localidad de San Clemente del Tuyú, en la provincia de Buenos Aires, hasta la ciudad de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego. “Se relevaron, en un único día, 2.300 kilómetros sobre los 4.230 kilómetros totales. El objetivo fue evaluar el estado de contaminación de la costa mediante la acción colectiva de 3.400 voluntarios, coordinados por organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, entre ellas Prefectura Naval Argentina, Gendarmería Nacional, Ministerios, Secretarías y Direcciones provinciales responsables del ambiente y municipalidades.
Según ese censo, los plásticos dominaron el espectro de todos los materiales observados. En sectores inhabitados o con muy baja densidad de población, el origen de los residuos fue predominantemente pesquero. También hay otros resultados de estudios de evaluación ambiental que fueron elaborados por investigadores de Cenpat y de FPN.
Otro factor que amenaza al mar argentino es el tráfico marítimo entre puertos patagónicos y los de la provincia de Buenos Aires. “El petróleo crudo, que se traslada desde las zonas de explotación hasta las refinerías, es el principal producto transportado por esta vía. Esto genera potenciales riesgos de contaminación en la zona costera. Desde 2003, hubo un crecimiento sostenido de la actividad petrolera que se amplificará por las recientes concesiones marinas como las cuencas Colorado Marina, Golfo San Jorge y Austral. Esto obligará a extremar las precauciones para evitar impactos negativos de esta actividad”, subraya Esteves.
La situación es aún más compleja si se tiene en cuenta que existe una falta importante de información concerniente a las sustancias tóxicas persistentes (STP) derivadas de muchos de los plaguicidas clorados y clorobifenilos, que si bien fueron prohibidos continúan en la naturaleza.
“Por otra parte, el agricultor no es siempre conciente de los efectos negativos que significan un exceso en la dosis de plaguicidas o el destino final que tienen los recipientes que los contienen. Se requieren campañas de educación en diferentes niveles de la sociedad para comprender el significado de su efecto en la naturaleza”, afirma Esteves.
Tratamiento de residuos
Con respecto a los residuos sólidos urbanos, Esteves puntualiza que su recolección y disposición se consideran como un gasto en el presupuesto comunal. “Sin embargo, mediante las nuevas tecnologías de tratamiento pueden convertirse en un recurso económico”, aclara y continúa: “Una correcta gestión de desechos domésticos comprendería el reciclado de los elementos inorgánicos, el compostado de la parte orgánica, es decir, la transformación química y biológica de material orgánico biodegradable, la lombricultura como una transformación de ese material orgánico en humus y el relleno sanitario, esto es la disposición final de una mínima parte de los residuos que no tienen hoy aplicación económica rentable directa”.
Tanto en la Comunidad Económica Europea como en Estados Unidos, las actividades dedicadas a residuos sólidos urbanos tales como la eliminación, el tratamiento, el reciclado y la comercialización dan mano de obra a algunos millones de habitantes y representan negocios millonarios también, destaca el experto. Y agrega: “Algunas localidades de Argentina han llegado a transformar estos basurales en verdaderos emprendimientos productivos ya sea desde un punto de vista económico como social que han repercutido positivamente en la comunidad y su entorno. Ya que los residuos sólidos urbanos son tratados principalmente por los municipios, deberían ser estos quienes enfrenten la tarea”.
En ese sentido Esteves refirió que el Engirsu (Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos) “es el mecanismo que está poniéndose en marcha en este sentido”.
Tareas pendientes
Para un adecuado desarrollo sustentable del litoral argentino deben imaginarse acciones concurrentes entre los municipios, las provincias y la nación. “La Prefectura Naval Argentina tiene incumbencia directa o delegada por las provincias en la zona marítima. A través de ella, se han generado ordenanzas marítimas que contribuyen significativamente a un cambio en las actitudes humanas referidas al ambiente”, destaca Esteves.
Y agrega: “Entre otras ordenanzas, se ha modificado la ruta de buques autorizados a transportar hidrocarburos o sustancias nocivas líquidas; se han definido áreas de protección especial a lo largo de la costa argentina, con prohibiciones de vertidos de residuos y sustancias que afecten al ambiente”.
No hay legislación general referida al tipo de tratamiento de agua que debe llevar adelante cada ciudad costera en vistas a su vertido al mar. Las legislaciones provinciales exigen determinadas condiciones para el vertido a cuerpos de agua (lagos, ríos, mares), aunque no hay acuerdos entre ellas. “Tampoco hay legislaciones claras sobre el tratamiento de los residuos urbanos. Los impactos repercuten sobre el entorno marino adyacente y corresponde a los municipios exigir el mejor tratamiento”, describe Esteves.
“Las decisiones ambientales trascienden siempre los tiempos políticos. En consecuencia estas acciones y la legislación ambiental que las avala deberían ser definidas con la participación comunitaria, basada en un conocimiento científico y técnico de sus impactos”, concluye el experto.
Fecha de Publicación: 24/03/2009
Fuente: Diario Jornada - Agencia CyTA / Instituto Leloir
Provincia/Región: Nacional
Con cerca de 5 mil kilómetros de costa extendiéndose desde el estuario del Río de la Plata hasta el Canal Beagle, la Argentina se ubica entre los 25 países con mayor longitud de línea de costa. Del total de kilómetros, 3.400 kilómetros corresponden a la Patagonia.
Por ser un lugar remoto y de baja densidad demográfica, las costas del sur argentino están entre las mejor conservadas del mundo. Sin embargo, esta situación está cambiando debido al aumento de la población y del desarrollo industrial.
“Los efectos de las aglomeraciones urbanas se manifiestan con claridad en el entorno, terrestre, marino o atmosférico. Las costas de la Patagonia han estado sufriendo los efectos de un crecimiento demográfico e industrial cada vez más acelerado. Lamentablemente, este desarrollo en general es desordenado y ocurre sin planificación ni análisis previos, casi invariablemente con una notoria falta de infraestructura y capacidad de manejo”, señala José Luis Esteves, doctor en Oceanología, investigador independiente del Conicet del Centro Nacional Patagónico (Cenpat) y profesor de Oceanografía Química de la Universidad Nacional de la Patagonia.
Problemas
Uno de los principales problemas que enfrentan los municipios costeros está referido al manejo del ambiente. “El tratamiento de efluentes líquidos y la gestión integrada de los residuos sólidos constituyen aspectos insoslayables que deben ser enfrentados con una particular dedicación. Se debe maximizar el manejo de los efluentes urbanos, crudos o provenientes de plantas de tratamiento, ya que es uno de los principales déficit a los que se enfrenta cualquier localidad de la zona costera”, destaca Esteves, quien también es miembro fundador de la Fundación Patagonia Natural (FPN), una ong relacionada con la conservación en la Patagonia.
En casi toda la región patagónica, la relación precipitación-evaporación llega a ser de 1 en 10. “El déficit de agua extremo obliga a repensar la estrategia de tratamiento y reuso del agua. En este sentido, solamente la ciudad de Puerto Madryn lleva adelante programas de tratamiento y reutilización integral del agua tratada urbana, luego de pasar por la planta de tratamiento de efluentes líquidos cloacales sin vuelco al mar “, indica el experto en contaminación marina y procesos microbiológicos asociados a los sedimentos marinos.
Según asegura Esteves, en las bahías de Ushuaia, Encerrada y Golondrina, ubicadas sobre la margen norte del canal Beagle, en donde se asienta la ciudad de Ushuaia, se ha detectado contaminación urbana por líquidos cloacales, con aporte – entre otros contaminantes- de nutrientes que son incorporados por macro o microalgas en la zona costera. “Se ha recomendado a este municipio intensificar los estudios ambientales analizando los distintos componentes tróficos de la bahía”, señala el especialista.
Los residuos sólidos urbanos como la basura de origen doméstico, comercial e industrial, han incrementado su poder contaminante, asegura Esteves. “Hoy se detectan fácilmente metales pesados, plaguicidas, productos químicos y materiales no degradables en las costas. Constituyen un problema crítico, cuya solución recae de manera principal en los municipios”, asegura el experto.
Parte de la información actualizada relativa al estado de gran parte de las costas del país surgió a partir del Segundo Censo Argentino de Contaminación Costera que se desarrolló en septiembre de 2007 y que abarcó desde la localidad de San Clemente del Tuyú, en la provincia de Buenos Aires, hasta la ciudad de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego. “Se relevaron, en un único día, 2.300 kilómetros sobre los 4.230 kilómetros totales. El objetivo fue evaluar el estado de contaminación de la costa mediante la acción colectiva de 3.400 voluntarios, coordinados por organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, entre ellas Prefectura Naval Argentina, Gendarmería Nacional, Ministerios, Secretarías y Direcciones provinciales responsables del ambiente y municipalidades.
Según ese censo, los plásticos dominaron el espectro de todos los materiales observados. En sectores inhabitados o con muy baja densidad de población, el origen de los residuos fue predominantemente pesquero. También hay otros resultados de estudios de evaluación ambiental que fueron elaborados por investigadores de Cenpat y de FPN.
Otro factor que amenaza al mar argentino es el tráfico marítimo entre puertos patagónicos y los de la provincia de Buenos Aires. “El petróleo crudo, que se traslada desde las zonas de explotación hasta las refinerías, es el principal producto transportado por esta vía. Esto genera potenciales riesgos de contaminación en la zona costera. Desde 2003, hubo un crecimiento sostenido de la actividad petrolera que se amplificará por las recientes concesiones marinas como las cuencas Colorado Marina, Golfo San Jorge y Austral. Esto obligará a extremar las precauciones para evitar impactos negativos de esta actividad”, subraya Esteves.
La situación es aún más compleja si se tiene en cuenta que existe una falta importante de información concerniente a las sustancias tóxicas persistentes (STP) derivadas de muchos de los plaguicidas clorados y clorobifenilos, que si bien fueron prohibidos continúan en la naturaleza.
“Por otra parte, el agricultor no es siempre conciente de los efectos negativos que significan un exceso en la dosis de plaguicidas o el destino final que tienen los recipientes que los contienen. Se requieren campañas de educación en diferentes niveles de la sociedad para comprender el significado de su efecto en la naturaleza”, afirma Esteves.
Tratamiento de residuos
Con respecto a los residuos sólidos urbanos, Esteves puntualiza que su recolección y disposición se consideran como un gasto en el presupuesto comunal. “Sin embargo, mediante las nuevas tecnologías de tratamiento pueden convertirse en un recurso económico”, aclara y continúa: “Una correcta gestión de desechos domésticos comprendería el reciclado de los elementos inorgánicos, el compostado de la parte orgánica, es decir, la transformación química y biológica de material orgánico biodegradable, la lombricultura como una transformación de ese material orgánico en humus y el relleno sanitario, esto es la disposición final de una mínima parte de los residuos que no tienen hoy aplicación económica rentable directa”.
Tanto en la Comunidad Económica Europea como en Estados Unidos, las actividades dedicadas a residuos sólidos urbanos tales como la eliminación, el tratamiento, el reciclado y la comercialización dan mano de obra a algunos millones de habitantes y representan negocios millonarios también, destaca el experto. Y agrega: “Algunas localidades de Argentina han llegado a transformar estos basurales en verdaderos emprendimientos productivos ya sea desde un punto de vista económico como social que han repercutido positivamente en la comunidad y su entorno. Ya que los residuos sólidos urbanos son tratados principalmente por los municipios, deberían ser estos quienes enfrenten la tarea”.
En ese sentido Esteves refirió que el Engirsu (Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos) “es el mecanismo que está poniéndose en marcha en este sentido”.
Tareas pendientes
Para un adecuado desarrollo sustentable del litoral argentino deben imaginarse acciones concurrentes entre los municipios, las provincias y la nación. “La Prefectura Naval Argentina tiene incumbencia directa o delegada por las provincias en la zona marítima. A través de ella, se han generado ordenanzas marítimas que contribuyen significativamente a un cambio en las actitudes humanas referidas al ambiente”, destaca Esteves.
Y agrega: “Entre otras ordenanzas, se ha modificado la ruta de buques autorizados a transportar hidrocarburos o sustancias nocivas líquidas; se han definido áreas de protección especial a lo largo de la costa argentina, con prohibiciones de vertidos de residuos y sustancias que afecten al ambiente”.
No hay legislación general referida al tipo de tratamiento de agua que debe llevar adelante cada ciudad costera en vistas a su vertido al mar. Las legislaciones provinciales exigen determinadas condiciones para el vertido a cuerpos de agua (lagos, ríos, mares), aunque no hay acuerdos entre ellas. “Tampoco hay legislaciones claras sobre el tratamiento de los residuos urbanos. Los impactos repercuten sobre el entorno marino adyacente y corresponde a los municipios exigir el mejor tratamiento”, describe Esteves.
“Las decisiones ambientales trascienden siempre los tiempos políticos. En consecuencia estas acciones y la legislación ambiental que las avala deberían ser definidas con la participación comunitaria, basada en un conocimiento científico y técnico de sus impactos”, concluye el experto.
Críticas al Gobierno por los plaguicidas
Plaguicidas: "La complicidad llega hasta las entrañas del gobierno"
Fecha de Publicación: 23/03/2009
Fuente: La Capital (Santa Fe)
Provincia/Región: Nacional
Los plaguicidas se usan indiscriminadamente en muchas zonas. Contaminan a personas que transitan rutas o que viven en áreas cercanas a los campos.
Tras intervenir en la elaboración de un informe técnico para el recurso de amparo que concedió la Justicia en San Jorge para proteger a vecinos de la aspersión de agroquímicos, el titular de la Fundación para el Desarrollo (Funam), Raúl Montenegro, explicó a La Capital los efectos de los plaguicidas en la población y atribuyó complicidades al gobierno.
Montenegro, biólogo y profesor de biología evolutiva humana de la Universidad Nacional de Córdoba, en 1994 fue distinguido en el Parlamento sueco como Premio Nobel Alternativo por sus tareas en defensa del ambiente. Participó en el caso San Jorge en la fundamentación del pedido de amparo para la inmediata suspensión de las aspersiones y en la elaboración de un informe que la abogada Gabriela Ferrer elevó al juez Tristán Martínez, quien dio curso al amparo interpuesto por vecinos y el Centro para la Protección de la Naturaleza (Cepronat).
En 2006 disertó sobre los efectos de los plaguicidas ante alumnos secundarios de Las Petacas. Allí, y alertados por los conocimientos que incorporaron, varios menores reconocieron que trabajaban como banderilleros humanos, contratados o para ayudar a sus padres, propietarios de los campos sembrados.
Para Montenegro, "el de San Jorge, como otros casos en el país, son excepcionales. La mayoría de las poblaciones en la zona agraria sigue bajo pulverización de agroquímicos, sin mecanismos de protección. El amparo judicial es bienvenido pero falta muchísimo por recorrer para evitar que ocurra en todas las poblaciones".
—¿Cómo cree que ayudará en estos temas la creación de la Comisión para la Investigación, que decretó la presidenta Cristina Fernández, en enero?
—La problemática con los agroquímicos llegó a este punto por la ausencia total del Estado. Es otro signo de desentendimiento de las autoridades sanitarias y ambientales de las provincias y la Nación. Nunca se llega al fondo, que es fijar los daños que producen a las personas la exposición a pequeñas dosis de plaguicidas, para luego implementar mecanismos serios de preservación. La decisión presidencial es chica y no guarda relación con lo que está pasando en el país.
—¿Los agrónomos saben del impacto de los plaguicidas?
—No. Ellos son parte del sistema que controla efectos en dosis masivas de plaguicidas. Es abrumador ver que los agrónomos no tiene datos técnicos suficiente sobre los efectos que generan en humanos las bajas y permanentes dosis de tóxicos. Los plaguicidas como 2,4-D, glifosato y endosulfán tienen en su formulación sustancias cloradas que actúan sobre el organismo como si fueran hormonas. La legislación argentina está preparada para los casos de intoxicaciones agudas pero no contempla la circunstancia de quienes se enferman por la exposición a bajas dosis en tiempos prolongados. Con ese vacío, en ningún momento se relacionan las muertes o las enfermedades con los marbetes de los plaguicidas que indican que son de baja toxicidad, pero no anuncia que son disruptores endocrinos. Es una verdadera tragedia porque quien recibe esta contaminación y sufre ruptura en el sistema hormonal puede desencadenar enfermedades tan numerosas como disímiles.
—¿Se puede medir el daño?
—No existen estudios o registros públicos de mortalidad. Si doy un ejemplo patético puedo decir que sería como si el gobierno tuviera complicidad con Monsanto. Al no hacer estudios epidemiológicos no se puede fijar cuántas personas mueren o sufren enfermedades relativas a agroquímicos. De ser así, se sabría el efecto de éstos.
—¿Es difícil saber el grado de contaminación?
—Hay que dividirlo en dos. Una es la contaminación histórica de su propio organismo. Si hacemos una muestra de sangre de alguien que vive en un departamento en el centro de la ciudad es muy probable que le hallemos DDT, sus derivados y otro tipo de contaminantes que hoy están prohibidos, pero en décadas pasadas se usaron. Luego fueron transferidos por vía placentaria o mamaria a las siguientes generaciones. Quienes viven en zonas expuestas a los agroquímicos, suman los efectos contaminantes y ese cóctel químico potencia las propiedades de modificar el sistema endocrino. No basta con tener ver los efectos contaminantes de los agroquímicos actuales.
—¿El sistema de salud está preparado para afrontar las consecuencias de plaguicidas?
—Los médicos son los primeros que detectan enfermedades y síntomas, pero al no haber epidemiología no tienen base científica para atribuir las causas directamente.
—¿Cuál es la salida?
—Mientras se conside más importante la codicia de productores y de grandes empresas, sólo quedan recursos como el de San Jorge. La gente desesperada pide a la Justicia que interceda pues nadie la defiende. El Estado mira para otro lado, los jefes comunales suelen ser productores o no quieren perder la simpatía del agro. Hay casos como el de Alfredo De Angeli en Entre Ríos, que pelea contra una pastera pero contamina a sus vecinos. La complicidad entre la codicia y los sectores de interés llega hasta las entrañas del gobierno.
—¿De modo que queda mucho camino por recorrer?
—Sí. No puedo olvidar los casos de niños bañados por plaguicidas o el de Colonia Tirolesa (Córdoba), en el que prepararon un cóctel químico para el sembrado al lado de una escuela y casi muere un niño por intoxicación aguda. Advierto a las autoridades que no tenemos todo el tiempo, no se puede esperar que los profesionales asuman su incompetencia o generen nuevos mecanismos de aprendizaje para enfrentar efectos de las bajas dosis. Al no saberlo, son cómplices silenciosos.
Fecha de Publicación: 23/03/2009
Fuente: La Capital (Santa Fe)
Provincia/Región: Nacional
Los plaguicidas se usan indiscriminadamente en muchas zonas. Contaminan a personas que transitan rutas o que viven en áreas cercanas a los campos.
Tras intervenir en la elaboración de un informe técnico para el recurso de amparo que concedió la Justicia en San Jorge para proteger a vecinos de la aspersión de agroquímicos, el titular de la Fundación para el Desarrollo (Funam), Raúl Montenegro, explicó a La Capital los efectos de los plaguicidas en la población y atribuyó complicidades al gobierno.
Montenegro, biólogo y profesor de biología evolutiva humana de la Universidad Nacional de Córdoba, en 1994 fue distinguido en el Parlamento sueco como Premio Nobel Alternativo por sus tareas en defensa del ambiente. Participó en el caso San Jorge en la fundamentación del pedido de amparo para la inmediata suspensión de las aspersiones y en la elaboración de un informe que la abogada Gabriela Ferrer elevó al juez Tristán Martínez, quien dio curso al amparo interpuesto por vecinos y el Centro para la Protección de la Naturaleza (Cepronat).
En 2006 disertó sobre los efectos de los plaguicidas ante alumnos secundarios de Las Petacas. Allí, y alertados por los conocimientos que incorporaron, varios menores reconocieron que trabajaban como banderilleros humanos, contratados o para ayudar a sus padres, propietarios de los campos sembrados.
Para Montenegro, "el de San Jorge, como otros casos en el país, son excepcionales. La mayoría de las poblaciones en la zona agraria sigue bajo pulverización de agroquímicos, sin mecanismos de protección. El amparo judicial es bienvenido pero falta muchísimo por recorrer para evitar que ocurra en todas las poblaciones".
—¿Cómo cree que ayudará en estos temas la creación de la Comisión para la Investigación, que decretó la presidenta Cristina Fernández, en enero?
—La problemática con los agroquímicos llegó a este punto por la ausencia total del Estado. Es otro signo de desentendimiento de las autoridades sanitarias y ambientales de las provincias y la Nación. Nunca se llega al fondo, que es fijar los daños que producen a las personas la exposición a pequeñas dosis de plaguicidas, para luego implementar mecanismos serios de preservación. La decisión presidencial es chica y no guarda relación con lo que está pasando en el país.
—¿Los agrónomos saben del impacto de los plaguicidas?
—No. Ellos son parte del sistema que controla efectos en dosis masivas de plaguicidas. Es abrumador ver que los agrónomos no tiene datos técnicos suficiente sobre los efectos que generan en humanos las bajas y permanentes dosis de tóxicos. Los plaguicidas como 2,4-D, glifosato y endosulfán tienen en su formulación sustancias cloradas que actúan sobre el organismo como si fueran hormonas. La legislación argentina está preparada para los casos de intoxicaciones agudas pero no contempla la circunstancia de quienes se enferman por la exposición a bajas dosis en tiempos prolongados. Con ese vacío, en ningún momento se relacionan las muertes o las enfermedades con los marbetes de los plaguicidas que indican que son de baja toxicidad, pero no anuncia que son disruptores endocrinos. Es una verdadera tragedia porque quien recibe esta contaminación y sufre ruptura en el sistema hormonal puede desencadenar enfermedades tan numerosas como disímiles.
—¿Se puede medir el daño?
—No existen estudios o registros públicos de mortalidad. Si doy un ejemplo patético puedo decir que sería como si el gobierno tuviera complicidad con Monsanto. Al no hacer estudios epidemiológicos no se puede fijar cuántas personas mueren o sufren enfermedades relativas a agroquímicos. De ser así, se sabría el efecto de éstos.
—¿Es difícil saber el grado de contaminación?
—Hay que dividirlo en dos. Una es la contaminación histórica de su propio organismo. Si hacemos una muestra de sangre de alguien que vive en un departamento en el centro de la ciudad es muy probable que le hallemos DDT, sus derivados y otro tipo de contaminantes que hoy están prohibidos, pero en décadas pasadas se usaron. Luego fueron transferidos por vía placentaria o mamaria a las siguientes generaciones. Quienes viven en zonas expuestas a los agroquímicos, suman los efectos contaminantes y ese cóctel químico potencia las propiedades de modificar el sistema endocrino. No basta con tener ver los efectos contaminantes de los agroquímicos actuales.
—¿El sistema de salud está preparado para afrontar las consecuencias de plaguicidas?
—Los médicos son los primeros que detectan enfermedades y síntomas, pero al no haber epidemiología no tienen base científica para atribuir las causas directamente.
—¿Cuál es la salida?
—Mientras se conside más importante la codicia de productores y de grandes empresas, sólo quedan recursos como el de San Jorge. La gente desesperada pide a la Justicia que interceda pues nadie la defiende. El Estado mira para otro lado, los jefes comunales suelen ser productores o no quieren perder la simpatía del agro. Hay casos como el de Alfredo De Angeli en Entre Ríos, que pelea contra una pastera pero contamina a sus vecinos. La complicidad entre la codicia y los sectores de interés llega hasta las entrañas del gobierno.
—¿De modo que queda mucho camino por recorrer?
—Sí. No puedo olvidar los casos de niños bañados por plaguicidas o el de Colonia Tirolesa (Córdoba), en el que prepararon un cóctel químico para el sembrado al lado de una escuela y casi muere un niño por intoxicación aguda. Advierto a las autoridades que no tenemos todo el tiempo, no se puede esperar que los profesionales asuman su incompetencia o generen nuevos mecanismos de aprendizaje para enfrentar efectos de las bajas dosis. Al no saberlo, son cómplices silenciosos.
Tucumán está rodeada de basurales
San Miguel de Tucumán está rodeada de basurales
Fecha de Publicación: 23/03/2009
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán
La plaza Independencia quedaría bajo 1,5 metro de basura si se depositasen allí todos los residuos sólidos urbanos que fueron arrojados en los alrededores de la capital. Galería de Imágenes y Videos.
La problemática de los residuos sólidos urbanos (RSU) ha vuelto al ruedo de la polémica. La Legislatura modificó la ley sobre la gestión de la basura y devolvió a las municipalidades su responsabilidad respecto de la disposición final, aún en contra del airado rechazo del intendente de la capital, Domingo Amaya. Y el viernes, el secretario de Ambiente de la Nación, Homero Bibiloni, advirtió que ese traspaso fracasará si no hay un presupuesto acorde. Ahora bien, si el contexto político respecto de esta cuestión se encuentra enrarecido, el contexto geográfico está varias veces más contaminado.
Un relevamiento realizado por LA GACETA muestra que San Miguel de Tucumán está rodeada por un cordón de basurales a cielo abierto, cuyo volumen de RSU es tal que podrían cubrir plaza Independencia con una altura de 1,5 metro. Esta basura tiene origen en los municipios de Famaillá, Tafí Viejo y San Isidro de Lules, más las comunas de El Manantial y San Pablo, que arrojan a diario en vaciaderos a cielo abierto 165.000 kilos de RSU. Con eso, en dos semanas, el principal paseo público de la provincia desaparecería bajo una montaña informe y pestilente de desechos.
En estas toneladas de basura puede encontrarse de todo. Desde pañales descartables hasta restos de comida, envases de plástico, latas, carcasas de computadoras y de electrodomésticos. Y, lo más grave, también se hallan resIduos patógenos, capaces de afectar la salud de las poblaciones cercanas.
En las cinco administraciones mencionadas, los RSU no reciben ningún tipo de tratamiento. Los camiones llegan a los vaciaderos, descargan los desechos y en cuestión de segundos, familias completas buscan algo que les sirva, ya sea para vender en el mercado de los reciclados (papel, plásticos, vidrios y metales) o para comer.
Debido a numerosas denuncias vecinales, LA GACETA estuvo en los cinco predios en donde se arrojan estos desechos y constató, en dos ocasiones, que no se les efectúan los procesamientos adecuados, por lo que conservan un alto poder contaminante.
Postales de otro país
El predio de tres hectáreas que arrienda el municipio de Famaillá se encuentra a 15 minutos del centro de esa ciudad, hacia el este, y a 100 metros del río homónimo. Hasta allí se llevan unas cinco toneladas diarias de desechos. El hedor es insoportable y, mientras mujeres, niños y hombres separan algo que les pueda servir, una máquina del municipio procura tapar con tierra la apestosa descarga.
“Hace mucho que vengo: busco algo que sirva para dar de comer a mis animales. Llego temprano para estar cuando vienen los camiones y, por suerte, nunca me enfermé”, sostuvo César Olmos, quien recuerda en voz alta que alguna vez tuvo empleo y un sueldo. Con mirada esquiva, vestido con lo que alguna vez fue ropa de trabajo, confiesa que nunca imaginó que ahora subsistiría de lo que otros desechan.
Esta realidad no es desconocida por las autoridades municipales. “Lo que se hace hoy es insuficiente, por eso compramos un terreno de cinco hectáreas en donde haremos una planta de clasificación y crearemos una cooperativa para organizar a quienes aprovechan lo reciclable. Por ahora, sólo tapamos los desechos con tierra”, manifestó el secretario de Obras y Servicios Públicos famaillense, Carlos Bouriek.
Cerca de la Quebrada
San Isidro de Lules envía el 80 % de sus RSU a la planta procesadora de Pacará Pintado. El resto va a parar a un terreno ubicado a 200 metros del puente carretero. La presencia de este basural ya provocó problemas de salud a las familias pobres que viven a sólo 200 metros de allí. De esto dan fe Paola Lobo y Dolores Cuello: los hijos de ambas sufrieron afecciones en la piel.
“Estamos cansadas: reclamamos pero nadie nos escucha. Los olores son insoportables y es peor cuando queman la basura. A veces, debimos apagar el fuego, porque se acercaba a las casas”, contó una. “Siempre discutimos con los choferes de los camiones, pero ellos no tienen la culpa”, admitió la otra.
Los ojos de Dolores reflejan el enojo y la impotencia que sienten al tener que vivir a metros del vaciadero. “Es terrible. Tenemos que estar pendientes todo el día de que nuestros niños no se acerquen a las montañas de basura. Esto no es vida y no podemos irnos porque somos pobres y vivimos aquí desde hace muchos años”, señaló.
Cuando este diario consultó sobre esta situación al subsecretario de Obras Públicas del municipio luleño, Luis Cipriano, él manifestó que desconocía lo que estaba sucediendo. “Haré las consultas y luego me comunicaré con ustedes. Hace poco que asumí en el cargo”, dijo. LA GACETA intentó contactar a funcionarios de rango superior, pero ninguno dio respuestas.
En medio de las moscas
Las comunas de San Pablo y El Manantial arrojan los desperdicios que recogen a diario en un mismo terreno de la localidad de Ohuanta. Las imágenes de ese basural resultan impactantes. Se obtienen de tres hectáreas de basura esparcida a cielo abierto, sin tratamiento alguno, y con decenas de personas encima, sin ninguna protección, esperando la carga infestada que llega en un camión o en un tractor con acoplado. Mientras LA GACETA estuvo allí, dos camiones -uno de El Manantial y otro de San Pablo- descargaron sus residuos allí.
Sin descanso, la faena de los “recicladores” se hace a destajo, con miles de moscas zumbando y revoloteando alrededor. Es la rapidez lo que diferencia a uno de otro. Los más veloces no pierden tiempo en separar lo que sirve de lo desechable. En la categoría de lo que puede ser útil se incluye desde lo que puede venderse ahora a bajo precio hasta lo que puede recuperarse para el uso familiar. Entre estas últimas cosas hay utensilios, ropa, calzado e incluso, alimentos desechados por otros.
“Vivo aquí desde hace dos años: no tengo luz, ni agua, ni nada. Mucho menos tengo un trabajo decente. Con lo que junto, le doy de comer a mi familia. Nadie nos tiene en cuenta”, confesó Juan José Galván, un hombre entrado en años, con el rostro y las manos curtidas por la basura. Su precaria casa, a metros de las montañas de RSU, carece de los más básicos servicios y sólo le garantiza ser el primero cada vez que llega un camión.
“Se hace lo que se puede”, dice el comisionado comunal de El Manantial, Héctor Ferreira. “Alquilamos el terreno junto con San Pablo y estamos rellenando cavas. Desinfectamos el lugar una vez al mes, pero no alcanza. Es insuficiente pero no puedo hacer otra cosa, por eso estamos trabajando para mejorar la situación, con el asesoramiento de la Secretaría de Medio Ambiente de la Provincia”, afirmó.
Por su parte, el delegado comunal de San Pablo, Daniel Castro, precisó que el acuerdo por el arrendamiento de ese terreno fue firmó durante la gestión anterior, cuando el comisionado era Marcos Ruiz. “En nuestro caso, el alquiler es pagado por Citrusvil, que colabora con la comuna haciendo ese aporte”, agregó.
Vertedero taficeño
Un camino vecinal permite acceder al terreno donde el municipio de Tafí Viejo lleva la basura. El inmueble dista dos kilómetros del emprendimiento habitacional Lomas de Tafí, hacia el oeste. Este terreno cuenta con cerca perimetral, iluminación y casilla de vigilancia.
“Dejó de ser un vaciadero y lo transformamos en un vertedero. Los camiones ingresan y llevan el RSU a un lugar predeterminado. Luego, los recolectores informales separan todo lo que pueden reciclar. Posteriormente, una máquina cargadora mezcla con tierra lo que queda y eso se deposita en unas cavas. Finalmente, sobre ese material se arroja más tierra, así reducimos su acción contaminante”, detalló Carmen Serpa, secretaria de Obras Públicas del municipio taficeño.
Sin embargo, ese trabajo es insuficiente según Norberto Primo, de la asociación ecologista ProEco, de Tafí Viejo, entidad que realizó un trabajo de caracterización de estos residuos.
“La actividad puede estar ordenada, pero el material no es tratado adecuadamente. Se sigue contaminando y poniendo en riesgo a la población”, explicó.
“Vamos bien”
El deficiente tratamiento de la basura en estas administraciones es conocido por el Secretario de Medio Ambiente de la Provincia, Alfredo Montalván.
“El año pasado capacitamos a personal de municipios y comunas sobre cómo deben tratar los desechos. Por esa razón, este año deben diseñar un plan para convertir los vaciaderos en vertederos controlados. Eso es lo que estamos haciendo en Tafí Viejo, lo que pusimos en marcha en el predio de El Manantial y de San Pablo, y lo que esperamos hacer en Famaillá. Es una tarea a largo plazo y compleja, en la que necesitaremos de la ayuda de la Nación, y creo que vamos bien”, analizó.
Estadísticas y definiciones
- VOLUMENES.- Entre los 60.000 habitantes de Tafí Viejo, los 50.000 de Famaillá, los 30.000 de El Manantial, los 15.000 de San Pablo y los 30.000 Lules, se generan a diario 156.000 kilos de basura.
- LIQUIDOS LIXIVIADOS.- Están compuestos por benceno, tolueno, cloruro de vinilo, xileno, arsénico, cadmio, plomo, mercurio y tricloroetileno. Pueden afectar el sistema nervioso central y periférico, el inmunológico y los aparatos gastrointestinal, respiratorio, renal y hepático, según la OMS.
- EFECTOS DE LOS GASES.- Los gases de los basureros están compuestos por metano, dióxido de carbono y mercurio. Estos pueden afectar los aparatos respiratorio, cardiovascular, más daños renales y hepáticos.
- RESIDUOS PATOGENOS.- Son los derivados de actividades sanitarias y proceden de hospitales, clínicas, laboratorios de análisis clínicos y laboratorios de investigaciones biológicas. Estos residuos se caracterizan por la presencia tanto de gérmenes patógenos como de restos de medicamentos.
- RESIDUOS DOMICILIARIOS.- Se presentan en dimensiones manejables y generalmente en recipientes más o menos normalizados (bolsas y contenedores) Comprenden los residuos procedentes de viviendas, de la limpieza de calles y veredas, de zonas verdes y de los establecimientos industriales y comerciales cuando son asimilables a los residuos domiciliarios (por ejemplo: material de oficina y restos de comedores de empresas) .
- RESIDUOS INDUSTRIALES.- Son generados en cualquier actividad industrial y deben depositarse en recipientes adecuados, debido a que –en general- está prohibido su vertido en el alcantarillado público, en el suelo, en el subsuelo y en los cauces de ríos.
Fecha de Publicación: 23/03/2009
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán
La plaza Independencia quedaría bajo 1,5 metro de basura si se depositasen allí todos los residuos sólidos urbanos que fueron arrojados en los alrededores de la capital. Galería de Imágenes y Videos.
La problemática de los residuos sólidos urbanos (RSU) ha vuelto al ruedo de la polémica. La Legislatura modificó la ley sobre la gestión de la basura y devolvió a las municipalidades su responsabilidad respecto de la disposición final, aún en contra del airado rechazo del intendente de la capital, Domingo Amaya. Y el viernes, el secretario de Ambiente de la Nación, Homero Bibiloni, advirtió que ese traspaso fracasará si no hay un presupuesto acorde. Ahora bien, si el contexto político respecto de esta cuestión se encuentra enrarecido, el contexto geográfico está varias veces más contaminado.
Un relevamiento realizado por LA GACETA muestra que San Miguel de Tucumán está rodeada por un cordón de basurales a cielo abierto, cuyo volumen de RSU es tal que podrían cubrir plaza Independencia con una altura de 1,5 metro. Esta basura tiene origen en los municipios de Famaillá, Tafí Viejo y San Isidro de Lules, más las comunas de El Manantial y San Pablo, que arrojan a diario en vaciaderos a cielo abierto 165.000 kilos de RSU. Con eso, en dos semanas, el principal paseo público de la provincia desaparecería bajo una montaña informe y pestilente de desechos.
En estas toneladas de basura puede encontrarse de todo. Desde pañales descartables hasta restos de comida, envases de plástico, latas, carcasas de computadoras y de electrodomésticos. Y, lo más grave, también se hallan resIduos patógenos, capaces de afectar la salud de las poblaciones cercanas.
En las cinco administraciones mencionadas, los RSU no reciben ningún tipo de tratamiento. Los camiones llegan a los vaciaderos, descargan los desechos y en cuestión de segundos, familias completas buscan algo que les sirva, ya sea para vender en el mercado de los reciclados (papel, plásticos, vidrios y metales) o para comer.
Debido a numerosas denuncias vecinales, LA GACETA estuvo en los cinco predios en donde se arrojan estos desechos y constató, en dos ocasiones, que no se les efectúan los procesamientos adecuados, por lo que conservan un alto poder contaminante.
Postales de otro país
El predio de tres hectáreas que arrienda el municipio de Famaillá se encuentra a 15 minutos del centro de esa ciudad, hacia el este, y a 100 metros del río homónimo. Hasta allí se llevan unas cinco toneladas diarias de desechos. El hedor es insoportable y, mientras mujeres, niños y hombres separan algo que les pueda servir, una máquina del municipio procura tapar con tierra la apestosa descarga.
“Hace mucho que vengo: busco algo que sirva para dar de comer a mis animales. Llego temprano para estar cuando vienen los camiones y, por suerte, nunca me enfermé”, sostuvo César Olmos, quien recuerda en voz alta que alguna vez tuvo empleo y un sueldo. Con mirada esquiva, vestido con lo que alguna vez fue ropa de trabajo, confiesa que nunca imaginó que ahora subsistiría de lo que otros desechan.
Esta realidad no es desconocida por las autoridades municipales. “Lo que se hace hoy es insuficiente, por eso compramos un terreno de cinco hectáreas en donde haremos una planta de clasificación y crearemos una cooperativa para organizar a quienes aprovechan lo reciclable. Por ahora, sólo tapamos los desechos con tierra”, manifestó el secretario de Obras y Servicios Públicos famaillense, Carlos Bouriek.
Cerca de la Quebrada
San Isidro de Lules envía el 80 % de sus RSU a la planta procesadora de Pacará Pintado. El resto va a parar a un terreno ubicado a 200 metros del puente carretero. La presencia de este basural ya provocó problemas de salud a las familias pobres que viven a sólo 200 metros de allí. De esto dan fe Paola Lobo y Dolores Cuello: los hijos de ambas sufrieron afecciones en la piel.
“Estamos cansadas: reclamamos pero nadie nos escucha. Los olores son insoportables y es peor cuando queman la basura. A veces, debimos apagar el fuego, porque se acercaba a las casas”, contó una. “Siempre discutimos con los choferes de los camiones, pero ellos no tienen la culpa”, admitió la otra.
Los ojos de Dolores reflejan el enojo y la impotencia que sienten al tener que vivir a metros del vaciadero. “Es terrible. Tenemos que estar pendientes todo el día de que nuestros niños no se acerquen a las montañas de basura. Esto no es vida y no podemos irnos porque somos pobres y vivimos aquí desde hace muchos años”, señaló.
Cuando este diario consultó sobre esta situación al subsecretario de Obras Públicas del municipio luleño, Luis Cipriano, él manifestó que desconocía lo que estaba sucediendo. “Haré las consultas y luego me comunicaré con ustedes. Hace poco que asumí en el cargo”, dijo. LA GACETA intentó contactar a funcionarios de rango superior, pero ninguno dio respuestas.
En medio de las moscas
Las comunas de San Pablo y El Manantial arrojan los desperdicios que recogen a diario en un mismo terreno de la localidad de Ohuanta. Las imágenes de ese basural resultan impactantes. Se obtienen de tres hectáreas de basura esparcida a cielo abierto, sin tratamiento alguno, y con decenas de personas encima, sin ninguna protección, esperando la carga infestada que llega en un camión o en un tractor con acoplado. Mientras LA GACETA estuvo allí, dos camiones -uno de El Manantial y otro de San Pablo- descargaron sus residuos allí.
Sin descanso, la faena de los “recicladores” se hace a destajo, con miles de moscas zumbando y revoloteando alrededor. Es la rapidez lo que diferencia a uno de otro. Los más veloces no pierden tiempo en separar lo que sirve de lo desechable. En la categoría de lo que puede ser útil se incluye desde lo que puede venderse ahora a bajo precio hasta lo que puede recuperarse para el uso familiar. Entre estas últimas cosas hay utensilios, ropa, calzado e incluso, alimentos desechados por otros.
“Vivo aquí desde hace dos años: no tengo luz, ni agua, ni nada. Mucho menos tengo un trabajo decente. Con lo que junto, le doy de comer a mi familia. Nadie nos tiene en cuenta”, confesó Juan José Galván, un hombre entrado en años, con el rostro y las manos curtidas por la basura. Su precaria casa, a metros de las montañas de RSU, carece de los más básicos servicios y sólo le garantiza ser el primero cada vez que llega un camión.
“Se hace lo que se puede”, dice el comisionado comunal de El Manantial, Héctor Ferreira. “Alquilamos el terreno junto con San Pablo y estamos rellenando cavas. Desinfectamos el lugar una vez al mes, pero no alcanza. Es insuficiente pero no puedo hacer otra cosa, por eso estamos trabajando para mejorar la situación, con el asesoramiento de la Secretaría de Medio Ambiente de la Provincia”, afirmó.
Por su parte, el delegado comunal de San Pablo, Daniel Castro, precisó que el acuerdo por el arrendamiento de ese terreno fue firmó durante la gestión anterior, cuando el comisionado era Marcos Ruiz. “En nuestro caso, el alquiler es pagado por Citrusvil, que colabora con la comuna haciendo ese aporte”, agregó.
Vertedero taficeño
Un camino vecinal permite acceder al terreno donde el municipio de Tafí Viejo lleva la basura. El inmueble dista dos kilómetros del emprendimiento habitacional Lomas de Tafí, hacia el oeste. Este terreno cuenta con cerca perimetral, iluminación y casilla de vigilancia.
“Dejó de ser un vaciadero y lo transformamos en un vertedero. Los camiones ingresan y llevan el RSU a un lugar predeterminado. Luego, los recolectores informales separan todo lo que pueden reciclar. Posteriormente, una máquina cargadora mezcla con tierra lo que queda y eso se deposita en unas cavas. Finalmente, sobre ese material se arroja más tierra, así reducimos su acción contaminante”, detalló Carmen Serpa, secretaria de Obras Públicas del municipio taficeño.
Sin embargo, ese trabajo es insuficiente según Norberto Primo, de la asociación ecologista ProEco, de Tafí Viejo, entidad que realizó un trabajo de caracterización de estos residuos.
“La actividad puede estar ordenada, pero el material no es tratado adecuadamente. Se sigue contaminando y poniendo en riesgo a la población”, explicó.
“Vamos bien”
El deficiente tratamiento de la basura en estas administraciones es conocido por el Secretario de Medio Ambiente de la Provincia, Alfredo Montalván.
“El año pasado capacitamos a personal de municipios y comunas sobre cómo deben tratar los desechos. Por esa razón, este año deben diseñar un plan para convertir los vaciaderos en vertederos controlados. Eso es lo que estamos haciendo en Tafí Viejo, lo que pusimos en marcha en el predio de El Manantial y de San Pablo, y lo que esperamos hacer en Famaillá. Es una tarea a largo plazo y compleja, en la que necesitaremos de la ayuda de la Nación, y creo que vamos bien”, analizó.
Estadísticas y definiciones
- VOLUMENES.- Entre los 60.000 habitantes de Tafí Viejo, los 50.000 de Famaillá, los 30.000 de El Manantial, los 15.000 de San Pablo y los 30.000 Lules, se generan a diario 156.000 kilos de basura.
- LIQUIDOS LIXIVIADOS.- Están compuestos por benceno, tolueno, cloruro de vinilo, xileno, arsénico, cadmio, plomo, mercurio y tricloroetileno. Pueden afectar el sistema nervioso central y periférico, el inmunológico y los aparatos gastrointestinal, respiratorio, renal y hepático, según la OMS.
- EFECTOS DE LOS GASES.- Los gases de los basureros están compuestos por metano, dióxido de carbono y mercurio. Estos pueden afectar los aparatos respiratorio, cardiovascular, más daños renales y hepáticos.
- RESIDUOS PATOGENOS.- Son los derivados de actividades sanitarias y proceden de hospitales, clínicas, laboratorios de análisis clínicos y laboratorios de investigaciones biológicas. Estos residuos se caracterizan por la presencia tanto de gérmenes patógenos como de restos de medicamentos.
- RESIDUOS DOMICILIARIOS.- Se presentan en dimensiones manejables y generalmente en recipientes más o menos normalizados (bolsas y contenedores) Comprenden los residuos procedentes de viviendas, de la limpieza de calles y veredas, de zonas verdes y de los establecimientos industriales y comerciales cuando son asimilables a los residuos domiciliarios (por ejemplo: material de oficina y restos de comedores de empresas) .
- RESIDUOS INDUSTRIALES.- Son generados en cualquier actividad industrial y deben depositarse en recipientes adecuados, debido a que –en general- está prohibido su vertido en el alcantarillado público, en el suelo, en el subsuelo y en los cauces de ríos.
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