Fondos para reducir emisiones de carbono
14:33 | 
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Argentina recibirá fondos del Banco Mundial para reducir emisiones de carbono provenientes de la deforestación
Fecha de Publicación: 31/10/2008
Fuente: Secretaría de Ambiente
Provincia/Región: Nacional
A través de la Secretaría de Ambiente de la Nación, a cargo de la Dra Romina Picolotti, nuestro país fue seleccionado para recibir una financiación del Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques del Banco Mundial (FCPF) destinado a reducir las emisiones de carbono derivadas de la deforestación y la degradación de los bosques (REDD), un novedoso mecanismo para solventar medidas orientadas a combatir el cambio climático. Además, mediante esta iniciativa se busca fomentar el uso sostenible de los recursos forestales, preservar la biodiversidad y la calidad de vida de pueblos originarios y comunidades que habitan estas regiones.
La decisión se dio a conocer días atrás, luego de una reunión del Comité Directivo del FCPF en Washington de la que participó el Director de Cambio Climático, Dr Nazareno Castillo. Para acceder a este Fondo, el área a su cargo, junto a la Dirección Nacional de Ordenamiento Ambiental y Conservación de la Biodiversidad y la Dirección de Pueblos Originarios, presentó un documento con una propuesta inicial de trabajo vinculado a la situación de la deforestación de los bosques en Argentina.
Esta iniciativa “está focalizada en evitar las emisiones de carbono como producto de la deforestación y la degradación de los bosques considerando a las poblaciones locales y a las actividades que estas realizan valiéndose de recursos forestales” enfatizan fuentes de la cartera ambiental.
Para elaborar el informe se tuvieron en cuenta aspectos como la tasa de deforestación histórica; causas subyacentes, con especial hincapié en el corrimiento de la frontera agrícola para el cultivo de soja; impactos positivos para la conservación de la biodiversidad y para las comunidades y pueblos originarios que viven de los servicios que presta el bosque; mapa de posesión de tierras, entre otros.
La deforestación y la degradación de los bosques ocupan el segundo lugar entre las principales causas del calentamiento del planeta y ocasionan alrededor del 20% de las emisiones mundiales de gases de efectos invernadero. En este sentido, constituye uno de los temas prioritarios en las negociaciones a nivel mundial, correspondientes al período post 2012, cuando venza la fase inicial del Protocolo de Kyoto.
El Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques fue creado a mediados del año pasado a instancias de los países en desarrollo y de los industrializados quienes solicitaron al Banco Mundial que formulara un marco para llevar adelante acciones con miras a disminuir las emisiones de este gas mediante la protección de estos ecosistemas en naciones con menores recursos.
Hacia diciembre de 2007 más de 25 estados de América Latina, África y la región de Asia y el Pacífico ya habían solicitado participar del FCPF.
El Comité evaluador del Fondo estuvo integrado por delegados de diversos países, también asistieron observadores de organizaciones internacionales, ONGs, pueblos originarios y comunidades que dependen de los bosques para subsistir. Además, el Comité recibió asistencia de un grupo asesor técnico formado por expertos en variadas esferas técnicas y regiones del mundo.
Fecha de Publicación: 31/10/2008
Fuente: Secretaría de Ambiente
Provincia/Región: Nacional
A través de la Secretaría de Ambiente de la Nación, a cargo de la Dra Romina Picolotti, nuestro país fue seleccionado para recibir una financiación del Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques del Banco Mundial (FCPF) destinado a reducir las emisiones de carbono derivadas de la deforestación y la degradación de los bosques (REDD), un novedoso mecanismo para solventar medidas orientadas a combatir el cambio climático. Además, mediante esta iniciativa se busca fomentar el uso sostenible de los recursos forestales, preservar la biodiversidad y la calidad de vida de pueblos originarios y comunidades que habitan estas regiones.
La decisión se dio a conocer días atrás, luego de una reunión del Comité Directivo del FCPF en Washington de la que participó el Director de Cambio Climático, Dr Nazareno Castillo. Para acceder a este Fondo, el área a su cargo, junto a la Dirección Nacional de Ordenamiento Ambiental y Conservación de la Biodiversidad y la Dirección de Pueblos Originarios, presentó un documento con una propuesta inicial de trabajo vinculado a la situación de la deforestación de los bosques en Argentina.
Esta iniciativa “está focalizada en evitar las emisiones de carbono como producto de la deforestación y la degradación de los bosques considerando a las poblaciones locales y a las actividades que estas realizan valiéndose de recursos forestales” enfatizan fuentes de la cartera ambiental.
Para elaborar el informe se tuvieron en cuenta aspectos como la tasa de deforestación histórica; causas subyacentes, con especial hincapié en el corrimiento de la frontera agrícola para el cultivo de soja; impactos positivos para la conservación de la biodiversidad y para las comunidades y pueblos originarios que viven de los servicios que presta el bosque; mapa de posesión de tierras, entre otros.
La deforestación y la degradación de los bosques ocupan el segundo lugar entre las principales causas del calentamiento del planeta y ocasionan alrededor del 20% de las emisiones mundiales de gases de efectos invernadero. En este sentido, constituye uno de los temas prioritarios en las negociaciones a nivel mundial, correspondientes al período post 2012, cuando venza la fase inicial del Protocolo de Kyoto.
El Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques fue creado a mediados del año pasado a instancias de los países en desarrollo y de los industrializados quienes solicitaron al Banco Mundial que formulara un marco para llevar adelante acciones con miras a disminuir las emisiones de este gas mediante la protección de estos ecosistemas en naciones con menores recursos.
Hacia diciembre de 2007 más de 25 estados de América Latina, África y la región de Asia y el Pacífico ya habían solicitado participar del FCPF.
El Comité evaluador del Fondo estuvo integrado por delegados de diversos países, también asistieron observadores de organizaciones internacionales, ONGs, pueblos originarios y comunidades que dependen de los bosques para subsistir. Además, el Comité recibió asistencia de un grupo asesor técnico formado por expertos en variadas esferas técnicas y regiones del mundo.
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La Pampa en emergencia ambiental
La ciudad está en emergencia ambiental
Fecha de Publicación: 30/10/2008
Fuente: El Diario de La Pampa
Provincia/Región: La Pampa
El relleno sanitario colapsado y convertido en basurero a cielo abierto, minibasurales en las cercanías y el horno pirolítico obsoleto y paralizado conforman el escenario de emergencia ambiental y sanitaria que sufre Santa Rosa. Esta situación la definieron los participantes de la audiencia pública, en la que CLEAR SRL expuso que pretende un aumento de la tarifa del 90% para el servicio de recolección de basura y barrido de calles. Pero a los representantes de la empresa les recordaron que en el año 2004 hubo una prórroga que acordaron con la gestión de Néstor Alcala: hubo aplausos para quien lo dijo.
La audiencia pública, encabezada por el propio intendente Francisco Torroba, y acompañado por sus secretarios Pedro Salas y Luis Evangelista, comenzó con la exposición del secretario de Obras y Servicios Públicos, Diego Bosch. Expuso el diagnóstico de la situación y las ideas del Gobierno municipal.
Bosch describió el panorama: el relleno sanitario convertido en basural a cielo abierto, falta de alambrado; la proliferación de cartoneros (entre ellos niños), la falta de uso de vestimenta de los recicladores, la presencia de animales vacunos; maquinaria obsoleta, quemas intencionales y la aparición de vectores infecciosos. La cava del relleno sólo tiene capacidad para seis meses.
En relación a los residuos patológicos, explicó el problema que genera la salida de funcionamiento del horno pirolítico, la falta de un vehículo adecuado para la recolección de los residuos (se utiliza una camioneta con una cúpula de lona), y la búsqueda de una alternativa autorizada para el enterramiento de los patológicos.
Bosch exhibió fotos del perímetro del relleno, con tramos sin el alambrado correspondiente. También, en relación a la maquinaria disponible puso como ejemplo que la única topadora es del año 1962 que requiere “5 litros de aceite por día”. Otro de los graves hechos es la presencia de los chicos en tareas de cirujeo en el relleno.
Bosch dijo que hasta el año 2010, en que se produce la finalización del contrato de CLEAR, hay plazos para analizar cómo será el futuro sistema.
Pero, el funcionario expuso también las propuestas en el corto plazo. Una de ellas es la separación en planta (reciclado efectivo que hoy no se realiza), la utilización de los orgánicos (para alimento balanceado) y la reutilización de los gases del relleno.
En el largo plazo, Bosch anticipó que pretende ir hacia un sistema con separación de residuos (entre orgánicos e inorgánico) en origen.
CLEAR
El encargado local de CLEAR, Jorge Pretz dijo que para la empresa la situación actual es “insostenible”.
Explicó que reciben de la Municipalidad $ 703.000 por la recolección de residuos y el barrido y que tienen de costo $ 1.340.946.
Expuso los números y concluyó que la tarifa debe tener un aumento del 90% para volver a los primeros números del contrato.
Dijeron que el desfasaje es por las condiciones del contrato, que es del año 1997. Ese contrato de 6 años, tenía la posibilidad de una prórroga de dos. Y después, el ex intendente Néstor Alcala forzó otra prórroga en el año 2005, por 5 años.
“El contrato viene de la Convertibilidad”, dijo Pretz. La empresa dijo que desde 2006 quiere dejar el contrato. Y que ahora hizo un juicio administrativo, reclamando una indemnización retroactiva.
Después, Jorge Diván de la Cámara de Comercio le recordó que “hay riesgo empresario. Porqué se renovó el contrato a pérdida. No tengo la respuesta”. Y hubo aplausos de los presentes. Pidió que la situación económica “no sea una excusa para un desmesurado aumento de la tarifa”.
El gerente regional de CLEAR, Juan carlos Begovic, pidió la palabra para responder: “Esto no es riesgo empresario. Trabajar a pérdida no es riesgo empresario”.
Emergencia ambiental
El técnico ambiental Jorge Marani habló en representación de la Universidad Nacional de La Pampa. Consideró que es necesario acordar un plan de contingencia. “Estamos en una emergencia ambiental y sanitaria, esto es así”, dijo Marani.
Ese plan debe incluir lanzar una fuerte campaña. “Se debe levantar la bandera de un municipio ambiental”, dijo. Marani -integrante del plantel municipal- recordó el desacierto de no integrar el COPROBA, mencionó las experiencias exitosas de los “municipios verdes en el sur provincial”.
A su turno la Cooperativa de Selectores de residuos pidió participación. “La basura tiene que sea de todos, no de algunos grupos”, dijo. Y dijeron estar dispuestos a participar de la recolección cuando CLEAR termine su contrato. Lizzy Rossi de la Granja Educativa La Lomita advirtió la necesidad de “crear conciencia”.
Las exposiciones se extendieron por más de cuatro horas. Las conclusiones ahora estarán a disposición del Concejo Deliberante que deberá legislar las políticas que instrumentará el Departamento Ejecutivo.
Fecha de Publicación: 30/10/2008
Fuente: El Diario de La Pampa
Provincia/Región: La Pampa
El relleno sanitario colapsado y convertido en basurero a cielo abierto, minibasurales en las cercanías y el horno pirolítico obsoleto y paralizado conforman el escenario de emergencia ambiental y sanitaria que sufre Santa Rosa. Esta situación la definieron los participantes de la audiencia pública, en la que CLEAR SRL expuso que pretende un aumento de la tarifa del 90% para el servicio de recolección de basura y barrido de calles. Pero a los representantes de la empresa les recordaron que en el año 2004 hubo una prórroga que acordaron con la gestión de Néstor Alcala: hubo aplausos para quien lo dijo.
La audiencia pública, encabezada por el propio intendente Francisco Torroba, y acompañado por sus secretarios Pedro Salas y Luis Evangelista, comenzó con la exposición del secretario de Obras y Servicios Públicos, Diego Bosch. Expuso el diagnóstico de la situación y las ideas del Gobierno municipal.
Bosch describió el panorama: el relleno sanitario convertido en basural a cielo abierto, falta de alambrado; la proliferación de cartoneros (entre ellos niños), la falta de uso de vestimenta de los recicladores, la presencia de animales vacunos; maquinaria obsoleta, quemas intencionales y la aparición de vectores infecciosos. La cava del relleno sólo tiene capacidad para seis meses.
En relación a los residuos patológicos, explicó el problema que genera la salida de funcionamiento del horno pirolítico, la falta de un vehículo adecuado para la recolección de los residuos (se utiliza una camioneta con una cúpula de lona), y la búsqueda de una alternativa autorizada para el enterramiento de los patológicos.
Bosch exhibió fotos del perímetro del relleno, con tramos sin el alambrado correspondiente. También, en relación a la maquinaria disponible puso como ejemplo que la única topadora es del año 1962 que requiere “5 litros de aceite por día”. Otro de los graves hechos es la presencia de los chicos en tareas de cirujeo en el relleno.
Bosch dijo que hasta el año 2010, en que se produce la finalización del contrato de CLEAR, hay plazos para analizar cómo será el futuro sistema.
Pero, el funcionario expuso también las propuestas en el corto plazo. Una de ellas es la separación en planta (reciclado efectivo que hoy no se realiza), la utilización de los orgánicos (para alimento balanceado) y la reutilización de los gases del relleno.
En el largo plazo, Bosch anticipó que pretende ir hacia un sistema con separación de residuos (entre orgánicos e inorgánico) en origen.
CLEAR
El encargado local de CLEAR, Jorge Pretz dijo que para la empresa la situación actual es “insostenible”.
Explicó que reciben de la Municipalidad $ 703.000 por la recolección de residuos y el barrido y que tienen de costo $ 1.340.946.
Expuso los números y concluyó que la tarifa debe tener un aumento del 90% para volver a los primeros números del contrato.
Dijeron que el desfasaje es por las condiciones del contrato, que es del año 1997. Ese contrato de 6 años, tenía la posibilidad de una prórroga de dos. Y después, el ex intendente Néstor Alcala forzó otra prórroga en el año 2005, por 5 años.
“El contrato viene de la Convertibilidad”, dijo Pretz. La empresa dijo que desde 2006 quiere dejar el contrato. Y que ahora hizo un juicio administrativo, reclamando una indemnización retroactiva.
Después, Jorge Diván de la Cámara de Comercio le recordó que “hay riesgo empresario. Porqué se renovó el contrato a pérdida. No tengo la respuesta”. Y hubo aplausos de los presentes. Pidió que la situación económica “no sea una excusa para un desmesurado aumento de la tarifa”.
El gerente regional de CLEAR, Juan carlos Begovic, pidió la palabra para responder: “Esto no es riesgo empresario. Trabajar a pérdida no es riesgo empresario”.
Emergencia ambiental
El técnico ambiental Jorge Marani habló en representación de la Universidad Nacional de La Pampa. Consideró que es necesario acordar un plan de contingencia. “Estamos en una emergencia ambiental y sanitaria, esto es así”, dijo Marani.
Ese plan debe incluir lanzar una fuerte campaña. “Se debe levantar la bandera de un municipio ambiental”, dijo. Marani -integrante del plantel municipal- recordó el desacierto de no integrar el COPROBA, mencionó las experiencias exitosas de los “municipios verdes en el sur provincial”.
A su turno la Cooperativa de Selectores de residuos pidió participación. “La basura tiene que sea de todos, no de algunos grupos”, dijo. Y dijeron estar dispuestos a participar de la recolección cuando CLEAR termine su contrato. Lizzy Rossi de la Granja Educativa La Lomita advirtió la necesidad de “crear conciencia”.
Las exposiciones se extendieron por más de cuatro horas. Las conclusiones ahora estarán a disposición del Concejo Deliberante que deberá legislar las políticas que instrumentará el Departamento Ejecutivo.
Los glaciares tienen su ley
Los glaciares tienen su ley
Fecha de Publicación: 29/10/2008
Fuente: Radio Mundo Real
Provincia/Región: Nacional
Esta semana el Senado convirtió en ley el proyecto que establece presupuestos mínimos para la protección de los glaciares con el objetivo de preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos y proveedores de agua de las cuencas hidrográficas. Radio Mundo Real conversó con Marta Maffei, autora de la ley y Diputada Nacional del 'Espacio Solidaridad e Igualdad', quien afirmó que "cualquier emprendimiento de estos mega mineros, utiliza la cantidad de agua de aproximadamente una población de 300 mil habitantes" y que en consecuencia "es una actividad que pone en riesgo también las fuentes de agua si no se ejercita con los debidos cuidados".
RMR: ¿Cuál es la importancia de esta sanción?, ¿cómo fue el proceso?
Marta Maffei: Este proceso se inició con una preocupación muy grande. Tuvimos un encuentro en Chile hará unos tres años, en el cual se informó, debido al calentamiento global, la cantidad de pérdidas que veníamos teniendo en la mayoría de las masas glaciares, es decir, una pérdida enormemente significativa, porque ustedes saben que los glaciares son la fuente principal de agua, la única prácticamente de todos los ríos cordilleranos, y obviamente la vida de todos nuestros pueblos recostados sobre la Cordillera. Ríos cordilleranos que si bien salen de los glaciares, desembocan después en el océano Atlántico. Estamos hablando de todos los ríos patagónicos y la mayoría de los ríos del noroeste argentino. Estamos en una situación difícil.
La mayoría de los países del mundo han notado un retroceso en sus glaciares, un achicamiento, tanto en el espacio glaciar propiamente dicho, como en el espacio periglacial y en los distintos glaciares, sea que tengan o no tengan posición en la superficie, pero en general están casi todos en retroceso. Es una preocupación porque la República Argentina no tenía una disposición nacional que permitiera a las autoridades del Institución Nacional de Nivología y Glaciación (IANIGLIA), que es un instituto muy especializado con asiento en Mendoza, realizar su trabajo en todo el territorio nacional y llevar un conteo, una demarcación de los glaciares y hacer permanentemente un control, cada dos, cada tres o cada cinco años, o como se establezca, para que se advierta si hay o no retroceso.
En caso de que haya retroceso, que estoy segura que sí lo hay, habrá que empezar a tener una restricción mucho mayor para el uso del agua potable, y hay que evitar obviamente de todas formas la contaminación de las aguas que nos quedan, y esto es una cuestión a determinar, que la ley prevee que no realicen, sobre los glaciares y sobre las masas de agua que están derritiéndose, actividades que nos pongan en riesgo de contaminación química o física.
RMR: Para esta ley, ¿han trabajado con organizaciones sociales para poder idearla?
Marta: Hemos trabajado con organizaciones sociales, en toda la cordillera existen cantidad de poblaciones que viven de la administración de agua, la administración de regadores en Mendoza, en San Juan, que tienen un cuidado extremo de agua y que están advirtiendo y señalando la insuficiencia, la escacez en períodos donde antes no eran de seca y ahora son bastante extendidos. Además, derretimientos extraordinarios adicionales, es decir, la preocupación de que los glaciares se venían achicando y que había un mayor derritimiento lógicamente. Fundamentalmente trabajamos con el ingeniero Villalba del Instituto Nacional de Nivología, que son los especialistas en el tema y que vieron muy preocupados esta necesidad que hubiera una suerte de legislación nacional que permitiera que la institución tomara cartas en el asunto en todo el territorio nacional.
RMR: ¿Cuáles son ó eran las amenazas que pesaban sobre este tipo de ambientes?
Marta: En realidad la principal amenaza es el calentamiento global y la falta de disposiciones concretas de parte de todos los países, no solamente de la República Argentina. El consumo de los hidrocarburos en forma absolutamente extraordinaria y discreciente y una cantidad de otras acciones que no vamos a detallar ahora, pero que evidentemente lo han generado, pero particularmente los hidrocarburos. Después está el crecimiento de la actividad fabril, de la actividad industrial, del descuido fuerte a los consumos de agua, a la contaminación. Todo esto significa la inversión creciente de energía, muy fuerte, para evitar, o para mejorar o para aliviar los problemas de la contaminación. Si se requiere una cantidad mayor de energía, se produce también una mayor cantidad de calentamiento. Si a esto le agregamos una etapa geológica en la que probablemente el calentamiento está comenzando a incursionar sobre la tierra, estamos en dificultades severas.
El glaciar es el espacio privilegiado para la concentración del agua pura, de agua potable. De todas las aguas que existen en el mundo, sólo un 3% son aguas dulces, y de esas sólo un 1% es agua potable, y esa agua potable está concentrada en los glaciares. De ahí vivimos todos, de ahí viven los animales, de ahí viven las personas, viven los cultivos. Es absolutamente imprescindible realizar este control y esta prevención y ver de qué manera la Argentina administra mucho más adecuadamente sus recursos de agua potable. Mismo las instalaciones, las contrucciones edilicias. Cada vez que yo veo a los porteros con una manguera de agua potable baldeando o limpiando las veredas, me corre frío por la espalda, porque pienso "no se dan cuenta lo que estamos desperdiciando y lo que estamos tirando".
RMR: ¿Cómo sigue de ahora en más este proceso para cumplimentar la sanción de esta ley?
Marta: La ley ya directamente no requiere reglamentación, por tanto, va a ser puesta en vigencia rápidamente. Las autoridades del Instituto de Nivología están muy pendientes y muy detrás de la ley. Estuvieron tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado explicando las necesidades y los requerimientos. Yo creo que va a tener una ejecución inmediata y tengo la esperanza de que los argentinos gracias a la ley, y gracias a un conteo mucho más específico sobre los glaciares, tengamos una mayor conciencia y empecemos a cuidar el agua.
RMR: ¿Algo que quieras agregar?
Marta: Digamos que verdaderamente el agua es la vida para todos los pueblos. Hay un problema mundial referido al agua. Hay un interés muy especial por el agua pura, por el agua dulce, en todos los países. Particularmente un tema que a mí me preocupa mucho, y que nos preocupa mucho a todos, es el tema de la minería. Ustedes saben que la minería, cualquier emprendimiento minero de estos mega emprendimientos mineros, utiliza la cantidad de agua de aproximadamente una población de 300 mil habitantes. Está utilizando, una minera, la misma cantidad de agua que utiliza la ciudad de Neuquén o la ciudad de San Juan. En consecuencia, esta es una actividad que pone en riesgo también las fuentes de agua si no se ejercita con los debidos cuidados, y lamentablemente en la República Argentina esos cuidados no existen.
Fecha de Publicación: 29/10/2008
Fuente: Radio Mundo Real
Provincia/Región: Nacional
Esta semana el Senado convirtió en ley el proyecto que establece presupuestos mínimos para la protección de los glaciares con el objetivo de preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos y proveedores de agua de las cuencas hidrográficas. Radio Mundo Real conversó con Marta Maffei, autora de la ley y Diputada Nacional del 'Espacio Solidaridad e Igualdad', quien afirmó que "cualquier emprendimiento de estos mega mineros, utiliza la cantidad de agua de aproximadamente una población de 300 mil habitantes" y que en consecuencia "es una actividad que pone en riesgo también las fuentes de agua si no se ejercita con los debidos cuidados".
RMR: ¿Cuál es la importancia de esta sanción?, ¿cómo fue el proceso?
Marta Maffei: Este proceso se inició con una preocupación muy grande. Tuvimos un encuentro en Chile hará unos tres años, en el cual se informó, debido al calentamiento global, la cantidad de pérdidas que veníamos teniendo en la mayoría de las masas glaciares, es decir, una pérdida enormemente significativa, porque ustedes saben que los glaciares son la fuente principal de agua, la única prácticamente de todos los ríos cordilleranos, y obviamente la vida de todos nuestros pueblos recostados sobre la Cordillera. Ríos cordilleranos que si bien salen de los glaciares, desembocan después en el océano Atlántico. Estamos hablando de todos los ríos patagónicos y la mayoría de los ríos del noroeste argentino. Estamos en una situación difícil.
La mayoría de los países del mundo han notado un retroceso en sus glaciares, un achicamiento, tanto en el espacio glaciar propiamente dicho, como en el espacio periglacial y en los distintos glaciares, sea que tengan o no tengan posición en la superficie, pero en general están casi todos en retroceso. Es una preocupación porque la República Argentina no tenía una disposición nacional que permitiera a las autoridades del Institución Nacional de Nivología y Glaciación (IANIGLIA), que es un instituto muy especializado con asiento en Mendoza, realizar su trabajo en todo el territorio nacional y llevar un conteo, una demarcación de los glaciares y hacer permanentemente un control, cada dos, cada tres o cada cinco años, o como se establezca, para que se advierta si hay o no retroceso.
En caso de que haya retroceso, que estoy segura que sí lo hay, habrá que empezar a tener una restricción mucho mayor para el uso del agua potable, y hay que evitar obviamente de todas formas la contaminación de las aguas que nos quedan, y esto es una cuestión a determinar, que la ley prevee que no realicen, sobre los glaciares y sobre las masas de agua que están derritiéndose, actividades que nos pongan en riesgo de contaminación química o física.
RMR: Para esta ley, ¿han trabajado con organizaciones sociales para poder idearla?
Marta: Hemos trabajado con organizaciones sociales, en toda la cordillera existen cantidad de poblaciones que viven de la administración de agua, la administración de regadores en Mendoza, en San Juan, que tienen un cuidado extremo de agua y que están advirtiendo y señalando la insuficiencia, la escacez en períodos donde antes no eran de seca y ahora son bastante extendidos. Además, derretimientos extraordinarios adicionales, es decir, la preocupación de que los glaciares se venían achicando y que había un mayor derritimiento lógicamente. Fundamentalmente trabajamos con el ingeniero Villalba del Instituto Nacional de Nivología, que son los especialistas en el tema y que vieron muy preocupados esta necesidad que hubiera una suerte de legislación nacional que permitiera que la institución tomara cartas en el asunto en todo el territorio nacional.
RMR: ¿Cuáles son ó eran las amenazas que pesaban sobre este tipo de ambientes?
Marta: En realidad la principal amenaza es el calentamiento global y la falta de disposiciones concretas de parte de todos los países, no solamente de la República Argentina. El consumo de los hidrocarburos en forma absolutamente extraordinaria y discreciente y una cantidad de otras acciones que no vamos a detallar ahora, pero que evidentemente lo han generado, pero particularmente los hidrocarburos. Después está el crecimiento de la actividad fabril, de la actividad industrial, del descuido fuerte a los consumos de agua, a la contaminación. Todo esto significa la inversión creciente de energía, muy fuerte, para evitar, o para mejorar o para aliviar los problemas de la contaminación. Si se requiere una cantidad mayor de energía, se produce también una mayor cantidad de calentamiento. Si a esto le agregamos una etapa geológica en la que probablemente el calentamiento está comenzando a incursionar sobre la tierra, estamos en dificultades severas.
El glaciar es el espacio privilegiado para la concentración del agua pura, de agua potable. De todas las aguas que existen en el mundo, sólo un 3% son aguas dulces, y de esas sólo un 1% es agua potable, y esa agua potable está concentrada en los glaciares. De ahí vivimos todos, de ahí viven los animales, de ahí viven las personas, viven los cultivos. Es absolutamente imprescindible realizar este control y esta prevención y ver de qué manera la Argentina administra mucho más adecuadamente sus recursos de agua potable. Mismo las instalaciones, las contrucciones edilicias. Cada vez que yo veo a los porteros con una manguera de agua potable baldeando o limpiando las veredas, me corre frío por la espalda, porque pienso "no se dan cuenta lo que estamos desperdiciando y lo que estamos tirando".
RMR: ¿Cómo sigue de ahora en más este proceso para cumplimentar la sanción de esta ley?
Marta: La ley ya directamente no requiere reglamentación, por tanto, va a ser puesta en vigencia rápidamente. Las autoridades del Instituto de Nivología están muy pendientes y muy detrás de la ley. Estuvieron tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado explicando las necesidades y los requerimientos. Yo creo que va a tener una ejecución inmediata y tengo la esperanza de que los argentinos gracias a la ley, y gracias a un conteo mucho más específico sobre los glaciares, tengamos una mayor conciencia y empecemos a cuidar el agua.
RMR: ¿Algo que quieras agregar?
Marta: Digamos que verdaderamente el agua es la vida para todos los pueblos. Hay un problema mundial referido al agua. Hay un interés muy especial por el agua pura, por el agua dulce, en todos los países. Particularmente un tema que a mí me preocupa mucho, y que nos preocupa mucho a todos, es el tema de la minería. Ustedes saben que la minería, cualquier emprendimiento minero de estos mega emprendimientos mineros, utiliza la cantidad de agua de aproximadamente una población de 300 mil habitantes. Está utilizando, una minera, la misma cantidad de agua que utiliza la ciudad de Neuquén o la ciudad de San Juan. En consecuencia, esta es una actividad que pone en riesgo también las fuentes de agua si no se ejercita con los debidos cuidados, y lamentablemente en la República Argentina esos cuidados no existen.
La basura electrónica creció un 25%
La basura electrónica creció un 25% en Argentina en los últimos dos años
Fecha de Publicación: 28/10/2008
Fuente: EFE
Provincia/Región: Nacional
La cantidad de residuos electrónicos y eléctricos creció un 25 por ciento en Argentina en los últimos dos años, hasta unas 100.000 toneladas de aparatos en desuso, según un informe divulgado hoy por la organización ecologista Greenpeace.
En el país existen 2,5 kilogramos de basura electrónica por habitante, señaló el estudio, que es la base de un proyecto de ley para regular el destino de estos desechos cuyo principio rector será el concepto de "responsabilidad extendida del productor".
Los residuos acumulados, tanto en vertederos como en sótanos de edificios y depósitos de empresas, equivalen a 12.504 toneladas de impresoras, 23.945 toneladas de ordenadores y 1.229 toneladas de cajas registradoras y expendedoras de boletos.
A eso hay que sumarle 4.173 toneladas de teléfonos móviles, calculadoras y cámaras digitales, de acuerdo con estimaciones recientes de la Cámara Argentina de Máquinas de Oficina, Comerciales y Afines.
Otras 58.000 toneladas serían refrigeradoras, cocinas eléctricas, lavadoras, aparatos de aire acondicionado, reproductores de vídeo, DVD, audio y televisiones, calculó la consultora especializada en medio ambiente Ecogestionar.
En el informe, Greenpeace advirtió que en Argentina no existe un sistema de gestión ambiental para los residuos electrónicos ni el país cuenta con leyes que regulen qué hacer, cómo desmontar, ni qué elementos reciclar.
"Lo primero que hay que hacer es sancionar una ley para que los productores sean los responsables por los impactos ambientales que pueden generar los productos que fabrican", dijo el responsable de la investigación, el experto sueco Thomas Lindhqvist.
El senador Daniel Filmus, autor de un proyecto de ley relacionado con esta problemática, señaló que se debe "regular especialmente la gestión de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos", ya que "de lo contrario, seguirán siendo tratados como residuos domiciliarios comunes, con el consiguiente perjuicio ambiental".
"Al no haber un inventario de lo que se está colocando en el mercado se produce una dispersión de aparatos sin ningún control. Además, muchos de los equipos que son colocados en el mercado tarde o temprano quedan huérfanos de empresas que quiebran, se fusionan con otra empresa o se retiran del país", describió el director político de Greenpeace Argentina, Juan Carlos Villalonga.
Más allá de la actual crisis financiera internacional, el mercado de la telefonía móvil local estima que durante este año se habrán vendido 12 millones de aparatos y en el sector informático calculan que las ventas anuales alcanzarán los 1,3 millones de ordenadores.
Fecha de Publicación: 28/10/2008
Fuente: EFE
Provincia/Región: Nacional
La cantidad de residuos electrónicos y eléctricos creció un 25 por ciento en Argentina en los últimos dos años, hasta unas 100.000 toneladas de aparatos en desuso, según un informe divulgado hoy por la organización ecologista Greenpeace.
En el país existen 2,5 kilogramos de basura electrónica por habitante, señaló el estudio, que es la base de un proyecto de ley para regular el destino de estos desechos cuyo principio rector será el concepto de "responsabilidad extendida del productor".
Los residuos acumulados, tanto en vertederos como en sótanos de edificios y depósitos de empresas, equivalen a 12.504 toneladas de impresoras, 23.945 toneladas de ordenadores y 1.229 toneladas de cajas registradoras y expendedoras de boletos.
A eso hay que sumarle 4.173 toneladas de teléfonos móviles, calculadoras y cámaras digitales, de acuerdo con estimaciones recientes de la Cámara Argentina de Máquinas de Oficina, Comerciales y Afines.
Otras 58.000 toneladas serían refrigeradoras, cocinas eléctricas, lavadoras, aparatos de aire acondicionado, reproductores de vídeo, DVD, audio y televisiones, calculó la consultora especializada en medio ambiente Ecogestionar.
En el informe, Greenpeace advirtió que en Argentina no existe un sistema de gestión ambiental para los residuos electrónicos ni el país cuenta con leyes que regulen qué hacer, cómo desmontar, ni qué elementos reciclar.
"Lo primero que hay que hacer es sancionar una ley para que los productores sean los responsables por los impactos ambientales que pueden generar los productos que fabrican", dijo el responsable de la investigación, el experto sueco Thomas Lindhqvist.
El senador Daniel Filmus, autor de un proyecto de ley relacionado con esta problemática, señaló que se debe "regular especialmente la gestión de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos", ya que "de lo contrario, seguirán siendo tratados como residuos domiciliarios comunes, con el consiguiente perjuicio ambiental".
"Al no haber un inventario de lo que se está colocando en el mercado se produce una dispersión de aparatos sin ningún control. Además, muchos de los equipos que son colocados en el mercado tarde o temprano quedan huérfanos de empresas que quiebran, se fusionan con otra empresa o se retiran del país", describió el director político de Greenpeace Argentina, Juan Carlos Villalonga.
Más allá de la actual crisis financiera internacional, el mercado de la telefonía móvil local estima que durante este año se habrán vendido 12 millones de aparatos y en el sector informático calculan que las ventas anuales alcanzarán los 1,3 millones de ordenadores.
El terraplen ilegal continua en Ibera
El terraplen ilegal continua en Ibera pese a la orden de demolicion
Fecha de Publicación: 28/10/2008
Fuente: Proteger
Provincia/Región: Corrientes
El gobierno de la nororiental provincia argentina de Corrientes no consigue cumplir una sentencia del máximo tribunal judicial del distrito, que ordenó hace casi un año demoler un terraplén de 30 kilómetros que está dañando el valioso ecosistema de los Esteros del Iberá.
El terraplén de 1,5 metros de alto y seis de ancho fue construido sin permiso ni estudio de impacto ambiental por la empresa Forestal Andina en el Iberá (“agua que brilla” en lengua guaraní), una reserva natural de 1,3 millones de hectáreas de bañados, bosques, lagunas de baja profundidad, pastizales, selvas y palmares.
El área es hábitat de más de un centenar de especies de peces, 40 de anfibios, 60 de reptiles y unas 345 aves, además de mamíferos como el aguará-guazú (Chrysocyon brachyurus o “zorro grande” en guaraní), el lobito de río (Lontra longicaudis), pariente de la nutria, y el venado de las pampas (Ozotoceros bezoarticus).
La reserva es compartida entre el estado provincial y propietarios privados. Las autoridades controlan sobre todo las aguas, mientras la mayor parte de la tierra firme está privatizada y dedicada a la explotación ganadera y forestal, a la agricultura y al turismo.
Pobladores del Paraje Yahaveré, afectados por el terraplén, llevaron el caso a los tribunales en 2005, con asesoramiento legal financiado por Conservation Land Trust, una fundación del ecologista y millonario estadounidense Douglas Tompkins. Tras sucesivas apelaciones, ganaron la demanda.
En noviembre de 2007, el Superior Tribunal de Justicia de Corrientes ordenó demoler el terraplén, diseñado para ganar tierra al agua a la manera de un pólder. Cuando se produjo el fallo en primera instancia, tenía apenas un kilómetro y medio.
Los jueces estimaron que “no puede beneficiarse a quien desobedeció la orden cautelar” en primera y segunda instancia, porque se dejaría el precedente de que en cuestiones ambientales “siempre conviene litigar sobre la base de hechos consumados, pues retroceder las cosas implicaría un daño mayor”.
La justicia estableció que si la empresa no procedía a la demolición, la tarea quedaba en manos del gubernamental Instituto Correntino del Agua y el Ambiente (ICAA), que tiene poder de control y policía en la reserva.
Ejecutar la sentencia no es tan fácil
“El expediente está en proceso de ejecución”, dijo a Tierramérica la abogada de los demandantes, Patricia Mc Cormack, pero hay “dilaciones” en el trámite.
Una vez que la máxima instancia judicial se pronuncia, el cumplimiento no es automático. “La sentencia está firme, pero hay que definir cómo y cuándo se va a demoler, y para eso se vuelve a primera instancia, y ahí ya no tiene plazo”, advirtió.
La justicia está ahora “dando pie a los recursos” judiciales de la empresa y del ICAA “en salvaguarda del debido proceso”. “Los tiempos de la justicia son lentos, pero si no cumplimos con las formalidades nos pueden pedir la nulidad de todo el proceso”, alertó.
El abogado Juan Delsín, gerente jurídico del ICAA, aseguró a Tierramérica que el organismo provincial “tiene voluntad de cumplir la sentencia”. “Tenemos ya los pliegos para una contratación directa de las obras de demolición y estamos esperando que el Poder Ejecutivo nos autorice el gasto”, dijo.
El costo de la demolición es de unos 500.000 dólares, que serán cargados a la cuenta de Forestal Andina, informó Delsín. De todos modos, el trámite para comenzar las obras podría demorarse 90 días, una vez que se establezca quién la ejecutará.
La Fundación Ambiente y Recursos Naturales, Vida Silvestre y otras entidades ambientalistas y la Dirección de Bosques del gobierno nacional acompañaron el fin de semana una cabalgata de vecinos de Yahaveré para exigir el acatamiento de la sentencia.
Esas entidades convocaron por Internet a enviar mensajes y correos electrónicos al Ministerio de la Producción de Corrientes, del que depende el ICAA. La campaña se titula: “No a los terraplenes. Salvemos el Iberá”.
Pese a todo, la orden judicial constituye un precedente en la jurisprudencia ambiental, según Mc Cormack. “Es la primera vez que la justicia da una orden de estas características”, remarcó.
Andrés Nápoli, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, coincidió en que la sentencia es inédita. “Es la primera vez en América Latina que un fallo judicial ordena la demolición de una obra de construcción ilegal por su impacto ambiental”, aseguró.
Fecha de Publicación: 28/10/2008
Fuente: Proteger
Provincia/Región: Corrientes
El gobierno de la nororiental provincia argentina de Corrientes no consigue cumplir una sentencia del máximo tribunal judicial del distrito, que ordenó hace casi un año demoler un terraplén de 30 kilómetros que está dañando el valioso ecosistema de los Esteros del Iberá.
El terraplén de 1,5 metros de alto y seis de ancho fue construido sin permiso ni estudio de impacto ambiental por la empresa Forestal Andina en el Iberá (“agua que brilla” en lengua guaraní), una reserva natural de 1,3 millones de hectáreas de bañados, bosques, lagunas de baja profundidad, pastizales, selvas y palmares.
El área es hábitat de más de un centenar de especies de peces, 40 de anfibios, 60 de reptiles y unas 345 aves, además de mamíferos como el aguará-guazú (Chrysocyon brachyurus o “zorro grande” en guaraní), el lobito de río (Lontra longicaudis), pariente de la nutria, y el venado de las pampas (Ozotoceros bezoarticus).
La reserva es compartida entre el estado provincial y propietarios privados. Las autoridades controlan sobre todo las aguas, mientras la mayor parte de la tierra firme está privatizada y dedicada a la explotación ganadera y forestal, a la agricultura y al turismo.
Pobladores del Paraje Yahaveré, afectados por el terraplén, llevaron el caso a los tribunales en 2005, con asesoramiento legal financiado por Conservation Land Trust, una fundación del ecologista y millonario estadounidense Douglas Tompkins. Tras sucesivas apelaciones, ganaron la demanda.
En noviembre de 2007, el Superior Tribunal de Justicia de Corrientes ordenó demoler el terraplén, diseñado para ganar tierra al agua a la manera de un pólder. Cuando se produjo el fallo en primera instancia, tenía apenas un kilómetro y medio.
Los jueces estimaron que “no puede beneficiarse a quien desobedeció la orden cautelar” en primera y segunda instancia, porque se dejaría el precedente de que en cuestiones ambientales “siempre conviene litigar sobre la base de hechos consumados, pues retroceder las cosas implicaría un daño mayor”.
La justicia estableció que si la empresa no procedía a la demolición, la tarea quedaba en manos del gubernamental Instituto Correntino del Agua y el Ambiente (ICAA), que tiene poder de control y policía en la reserva.
Ejecutar la sentencia no es tan fácil
“El expediente está en proceso de ejecución”, dijo a Tierramérica la abogada de los demandantes, Patricia Mc Cormack, pero hay “dilaciones” en el trámite.
Una vez que la máxima instancia judicial se pronuncia, el cumplimiento no es automático. “La sentencia está firme, pero hay que definir cómo y cuándo se va a demoler, y para eso se vuelve a primera instancia, y ahí ya no tiene plazo”, advirtió.
La justicia está ahora “dando pie a los recursos” judiciales de la empresa y del ICAA “en salvaguarda del debido proceso”. “Los tiempos de la justicia son lentos, pero si no cumplimos con las formalidades nos pueden pedir la nulidad de todo el proceso”, alertó.
El abogado Juan Delsín, gerente jurídico del ICAA, aseguró a Tierramérica que el organismo provincial “tiene voluntad de cumplir la sentencia”. “Tenemos ya los pliegos para una contratación directa de las obras de demolición y estamos esperando que el Poder Ejecutivo nos autorice el gasto”, dijo.
El costo de la demolición es de unos 500.000 dólares, que serán cargados a la cuenta de Forestal Andina, informó Delsín. De todos modos, el trámite para comenzar las obras podría demorarse 90 días, una vez que se establezca quién la ejecutará.
La Fundación Ambiente y Recursos Naturales, Vida Silvestre y otras entidades ambientalistas y la Dirección de Bosques del gobierno nacional acompañaron el fin de semana una cabalgata de vecinos de Yahaveré para exigir el acatamiento de la sentencia.
Esas entidades convocaron por Internet a enviar mensajes y correos electrónicos al Ministerio de la Producción de Corrientes, del que depende el ICAA. La campaña se titula: “No a los terraplenes. Salvemos el Iberá”.
Pese a todo, la orden judicial constituye un precedente en la jurisprudencia ambiental, según Mc Cormack. “Es la primera vez que la justicia da una orden de estas características”, remarcó.
Andrés Nápoli, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, coincidió en que la sentencia es inédita. “Es la primera vez en América Latina que un fallo judicial ordena la demolición de una obra de construcción ilegal por su impacto ambiental”, aseguró.
Saneando el lago San Roque
Nación girará a Córdoba casi tres millones y medio de pesos para continuar saneando el lago San Roque
Fecha de Publicación: 28/10/2008
Fuente: Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Córdoba
El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti y la secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación , Romina Picolotti, suscribirán hoy un acuerdo mediante el cual el Gobierno Nacional girará a la provincia mediterránea casi tres millones y medio de pesos con destino la optimización del funcionamiento del sistema de difusores instalados en el Lago San Roque, a la limpieza de su espejo de agua y de sus costas y al fortalecimiento institucional del Laboratorio de Aguas dependiente de la subsecretaría de Recursos Hídricos.
El entendimiento será suscripto durante un acto que tendrá lugar a las 10 en la Casa de Gobierno de Córdoba, del que tomarán parte funcionarios del Ejecutivo provincial y al que han sido invitados intendentes y jefes comunales. Luego de la ceremonia, Picolotti junto al ministro de Obras y Servicios Públicos, Hugo Testa y el subsecretario de Recursos Hídricos Jorge Masih, se trasladarán hasta el Lago San Roque, donde en las instalaciones en las que se encuentran instalados los compresores que bombean oxígeno hacia el fondo del lago, procederán al corte de cintas para dejar oficialmente inaugurados esos equipos.
El documento a suscribir es el Protocolo Complementario Número Dos del Convenio Marco para el Saneamiento Integral de la Cuenca del Lago San Roque y Recuperación de la Calidad del Embalse, suscripto con fecha 13 de febrero de 2007 entre la cartera ambiental y la provincia de Córdoba.
La secretaría a cargo de Picolotti transferirá a la subsecretaría de Recursos Hídricos, en tres etapas, la suma de pesos novecientos treinta y tres mil trescientos noventa ($ 933.390), los que se destinarán a realizar la operación y mantenimiento del sistema de inyección forzada de aire ya instalado, como así también el monitoreo ambiental en el Lago San Roque, acciones destinadas a modificar la estratificación térmica que se produce en el embalse, con el objeto final de mejorar las condiciones del agua que luego se utiliza para la provisión de agua potable a la ciudad de Córdoba.
También proporcionará, dentro de sus competencias, apoyo técnico y administrativo; licitará, adjudicará y financiará por un total de dos millones cuatrocientos mil pesos ($ 2.400.000) los trabajos para la limpieza de la costa y del espejo de agua del Lago San Roque por un período de veinticuatro (24) meses; y realizará los monitoreos, controles y fiscalizaciones que considere pertinentes durante todo el proceso de ejecución de los trabajos.
El deterioro de la calidad estética de las aguas del lago –con presencia de color y olores desagradables–, las floraciones algales y la mortandad de peces producida, comenzaron a revertirse desde la puesta en funcionamiento de los difusores de aire, que tienen como objetivo mantener la temperatura del agua en condiciones homogéneas en el gradiente vertical (en la profundidad) evitando así la disminución rápida de las concentraciones de oxígeno disuelto en el fondo del lago.
Como complemento de esa obra, ahora se realizarán acciones de limpieza y mantenimiento de la costa del lago y su espejo de agua en forma continua y preventiva, para el cuidado de esta importante reserva de agua.
Concretamente, se realizará la recolección, extracción, acumulación, depósito transitorio, segregación, transporte y disposición final de residuos sólidos, resaca y algas que se encuentren sobre las costas del Lago San Roque y áreas próximas a éstas, así como también en la superficie del espejo de agua del dique San Roque.
Fecha de Publicación: 28/10/2008
Fuente: Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Córdoba
El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti y la secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación , Romina Picolotti, suscribirán hoy un acuerdo mediante el cual el Gobierno Nacional girará a la provincia mediterránea casi tres millones y medio de pesos con destino la optimización del funcionamiento del sistema de difusores instalados en el Lago San Roque, a la limpieza de su espejo de agua y de sus costas y al fortalecimiento institucional del Laboratorio de Aguas dependiente de la subsecretaría de Recursos Hídricos.
El entendimiento será suscripto durante un acto que tendrá lugar a las 10 en la Casa de Gobierno de Córdoba, del que tomarán parte funcionarios del Ejecutivo provincial y al que han sido invitados intendentes y jefes comunales. Luego de la ceremonia, Picolotti junto al ministro de Obras y Servicios Públicos, Hugo Testa y el subsecretario de Recursos Hídricos Jorge Masih, se trasladarán hasta el Lago San Roque, donde en las instalaciones en las que se encuentran instalados los compresores que bombean oxígeno hacia el fondo del lago, procederán al corte de cintas para dejar oficialmente inaugurados esos equipos.
El documento a suscribir es el Protocolo Complementario Número Dos del Convenio Marco para el Saneamiento Integral de la Cuenca del Lago San Roque y Recuperación de la Calidad del Embalse, suscripto con fecha 13 de febrero de 2007 entre la cartera ambiental y la provincia de Córdoba.
La secretaría a cargo de Picolotti transferirá a la subsecretaría de Recursos Hídricos, en tres etapas, la suma de pesos novecientos treinta y tres mil trescientos noventa ($ 933.390), los que se destinarán a realizar la operación y mantenimiento del sistema de inyección forzada de aire ya instalado, como así también el monitoreo ambiental en el Lago San Roque, acciones destinadas a modificar la estratificación térmica que se produce en el embalse, con el objeto final de mejorar las condiciones del agua que luego se utiliza para la provisión de agua potable a la ciudad de Córdoba.
También proporcionará, dentro de sus competencias, apoyo técnico y administrativo; licitará, adjudicará y financiará por un total de dos millones cuatrocientos mil pesos ($ 2.400.000) los trabajos para la limpieza de la costa y del espejo de agua del Lago San Roque por un período de veinticuatro (24) meses; y realizará los monitoreos, controles y fiscalizaciones que considere pertinentes durante todo el proceso de ejecución de los trabajos.
El deterioro de la calidad estética de las aguas del lago –con presencia de color y olores desagradables–, las floraciones algales y la mortandad de peces producida, comenzaron a revertirse desde la puesta en funcionamiento de los difusores de aire, que tienen como objetivo mantener la temperatura del agua en condiciones homogéneas en el gradiente vertical (en la profundidad) evitando así la disminución rápida de las concentraciones de oxígeno disuelto en el fondo del lago.
Como complemento de esa obra, ahora se realizarán acciones de limpieza y mantenimiento de la costa del lago y su espejo de agua en forma continua y preventiva, para el cuidado de esta importante reserva de agua.
Concretamente, se realizará la recolección, extracción, acumulación, depósito transitorio, segregación, transporte y disposición final de residuos sólidos, resaca y algas que se encuentren sobre las costas del Lago San Roque y áreas próximas a éstas, así como también en la superficie del espejo de agua del dique San Roque.
La basura también puede ser un negocio
La basura también puede ser un negocio
Fecha de Publicación: 26/10/2008
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
El ministro de Medio Ambiente de Suecia, Andreas Carlgren, está convencido de que la basura puede ser un gran negocio y una alternativa para la escasez energética que, tarde o temprano, se convertirá en un problema para todo el mundo.
En su paso por la Argentina para participar de un simposio técnico sobre política y tecnología ambiental, Carlgren dialogó con LA NACION y desgranó algunos de los conceptos que podrían ayudar a convertir los residuos en un recurso rentable y que permitirían, al mismo tiempo, reducir la contaminación en las ciudades.
Creo que los desechos nos presentan una gran oportunidad. Lo que hoy es un gasto, un problema sanitario y una amenaza constante para el ambiente se puede convertir en un negocio rentable?, afirmó el experto.
Además del cuidado ambiental, se pueden generar ganancias en unos cinco años, que se incrementan en relación con el aumento del precio de la energía.
En su opinión, la transformación de los residuos, ya sean domiciliarios o industriales, serán la solución para un futuro sin petróleo, que él vislumbra inevitable. Ese combustible se acabará; por eso es importante empezar a trabajar cuanto antes en una alternativa. Podemos hacerlo poco a poco, pero lo importante es que comencemos ya?, apuntó el ministro. Y agregó: Una tonelada de petróleo es equivalente en contenido energético a cuatro toneladas de basura.
El cree que hay grandes oportunidades en la Argentina para que los residuos dejen de ser una carga que no se sabe bien dónde ubicar y para convertirse en un vehículo para generar recursos. ?Además, se crearía mucho trabajo en empresas dedicadas al procesamiento de estos productos.?
¿Cómo se puede producir energía con los residuos? Según explicó este funcionario, se empieza desde los hogares, concientizando a quienes generan estos desechos de la necesidad de embalar por separado los residuos. En Suecia, se resistieron un poco al principio, pero hoy la industria del reciclaje y la generación de combustible es rentable. La idea fundamental es que lo que tomamos de la naturaleza lo devolvemos a ella, así sabemos que no destruimos el ambiente.
En una etapa más evolucionada, se puede producir biogás, que se elabora con la fermentación de los residuos orgánicos, que produce gas metano. Entonces, se puede elegir quemarlo directamente para crear energía y calefacción o quitarle el óxido de carbono y emplearlo como combustible para los coches.
La otra forma de energía es la que se extrae de los desechos sólidos, que pueden ser quemados para producir electricidad. Con esta electricidad se puede calefaccionar o refrigerar las casas. Hay ciudades suecas en las que el 90% de la calefacción es suministrada de este modo. También se puede hacer vapor para uso industrial y emplearlo para desalinizar el agua, indicó.
Ciudad ecológica
Pero, además, Carlgren vino a la Argentina a promocionar Simbiocity, una idea de ciudad ecológica en la que todo está pensado para la preservación del medio ambiente y el aprovechamiento completo de los residuos. Este modelo demuestra que lo mejor es abordar todos los problemas juntos. No hay que tratar sólo el tema de la basura o sólo el de la escasez de energía o el del transporte, porque se hace más difícil y costoso, señaló.
En un centro urbano diseñado conforme a este concepto, la ubicación de la basura deja de ser un problema, el medio ambiente ya no es agredido y los desechos pasan a ser útiles como calefacción de casas o como combustibles para el transporte.
El concepto de Simbiocity es llevado a la realidad mediante el contacto directo entre alguna de las cien empresas suecas especializadas en ello y los gobiernos de los distintos países. Por ejemplo, China firmó un acuerdo para planificar una ciudad ecológica, en la que ya trabajan expertos suecos.
Consultado sobre si es posible que en Buenos Aires se instrumente algo similar, dado que estuvo reunido con funcionarios locales, el ministro dijo que existe un interés de cooperación y que desde su país están dispuestos a prestar toda la colaboración posible y transmitir su experiencia.
No es casual que esta propuesta provenga de Suecia, ya que ese país fue pionero, en la década del sesenta, en adoptar los principios de sostenibilidad y reconocer el problema de la rápida pérdida de recursos. En la crisis petrolífera de principios de los setenta, se esforzó por encontrar nuevas fuentes de energía y crear un sistema de ahorro automático.
Fecha de Publicación: 26/10/2008
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
El ministro de Medio Ambiente de Suecia, Andreas Carlgren, está convencido de que la basura puede ser un gran negocio y una alternativa para la escasez energética que, tarde o temprano, se convertirá en un problema para todo el mundo.
En su paso por la Argentina para participar de un simposio técnico sobre política y tecnología ambiental, Carlgren dialogó con LA NACION y desgranó algunos de los conceptos que podrían ayudar a convertir los residuos en un recurso rentable y que permitirían, al mismo tiempo, reducir la contaminación en las ciudades.
Creo que los desechos nos presentan una gran oportunidad. Lo que hoy es un gasto, un problema sanitario y una amenaza constante para el ambiente se puede convertir en un negocio rentable?, afirmó el experto.
Además del cuidado ambiental, se pueden generar ganancias en unos cinco años, que se incrementan en relación con el aumento del precio de la energía.
En su opinión, la transformación de los residuos, ya sean domiciliarios o industriales, serán la solución para un futuro sin petróleo, que él vislumbra inevitable. Ese combustible se acabará; por eso es importante empezar a trabajar cuanto antes en una alternativa. Podemos hacerlo poco a poco, pero lo importante es que comencemos ya?, apuntó el ministro. Y agregó: Una tonelada de petróleo es equivalente en contenido energético a cuatro toneladas de basura.
El cree que hay grandes oportunidades en la Argentina para que los residuos dejen de ser una carga que no se sabe bien dónde ubicar y para convertirse en un vehículo para generar recursos. ?Además, se crearía mucho trabajo en empresas dedicadas al procesamiento de estos productos.?
¿Cómo se puede producir energía con los residuos? Según explicó este funcionario, se empieza desde los hogares, concientizando a quienes generan estos desechos de la necesidad de embalar por separado los residuos. En Suecia, se resistieron un poco al principio, pero hoy la industria del reciclaje y la generación de combustible es rentable. La idea fundamental es que lo que tomamos de la naturaleza lo devolvemos a ella, así sabemos que no destruimos el ambiente.
En una etapa más evolucionada, se puede producir biogás, que se elabora con la fermentación de los residuos orgánicos, que produce gas metano. Entonces, se puede elegir quemarlo directamente para crear energía y calefacción o quitarle el óxido de carbono y emplearlo como combustible para los coches.
La otra forma de energía es la que se extrae de los desechos sólidos, que pueden ser quemados para producir electricidad. Con esta electricidad se puede calefaccionar o refrigerar las casas. Hay ciudades suecas en las que el 90% de la calefacción es suministrada de este modo. También se puede hacer vapor para uso industrial y emplearlo para desalinizar el agua, indicó.
Ciudad ecológica
Pero, además, Carlgren vino a la Argentina a promocionar Simbiocity, una idea de ciudad ecológica en la que todo está pensado para la preservación del medio ambiente y el aprovechamiento completo de los residuos. Este modelo demuestra que lo mejor es abordar todos los problemas juntos. No hay que tratar sólo el tema de la basura o sólo el de la escasez de energía o el del transporte, porque se hace más difícil y costoso, señaló.
En un centro urbano diseñado conforme a este concepto, la ubicación de la basura deja de ser un problema, el medio ambiente ya no es agredido y los desechos pasan a ser útiles como calefacción de casas o como combustibles para el transporte.
El concepto de Simbiocity es llevado a la realidad mediante el contacto directo entre alguna de las cien empresas suecas especializadas en ello y los gobiernos de los distintos países. Por ejemplo, China firmó un acuerdo para planificar una ciudad ecológica, en la que ya trabajan expertos suecos.
Consultado sobre si es posible que en Buenos Aires se instrumente algo similar, dado que estuvo reunido con funcionarios locales, el ministro dijo que existe un interés de cooperación y que desde su país están dispuestos a prestar toda la colaboración posible y transmitir su experiencia.
No es casual que esta propuesta provenga de Suecia, ya que ese país fue pionero, en la década del sesenta, en adoptar los principios de sostenibilidad y reconocer el problema de la rápida pérdida de recursos. En la crisis petrolífera de principios de los setenta, se esforzó por encontrar nuevas fuentes de energía y crear un sistema de ahorro automático.
Correntinos pueden estar consumiendo veneno
Los correntinos pueden estar consumiendo veneno y no lo saben
Fecha de Publicación: 25/10/2008
Fuente: Diario de Curuzú
Provincia/Región: Corrientes
Miles de kilos de productos ingresan y se comercializan todos los días en el Mercado de Concentración de Corrientes. Sin embargo, ni siquiera una fruta o una verdura pasa por un examen de laboratorio que permita corroborar que son aptos para el consumo humano. Para colmo, ni uno de los organismos nacionales o provinciales que deben realizar los estudios efectúa un control estricto sobre los químicos, plaguicidas o fertilizantes que se utilizan en la chacra del cinturón verde capitalino simplemente, porque no tienen con qué.
Jornada tras jornada en el Mercado de Concentración, las 60 playas (sectores donde los productores ofrecen los frutos de sus chacras) y los mayoristas (compran productos locales pero también adquieren mercaderías que no son logradas en la zona) comercializan toneladas de frutas y vegetales. Sin embargo, el lugar no cuenta con una dependencia que se encargue de garantizar que los mismos estén en condiciones de ser ingeridos.
“No hay controles sanitarios sobre los productos que ingresan al mercado”, fue la tajante afirmación del presidente de la Asociación de Productores Introductores y Mayoristas de Alimentos Perecederos (APIMAP), Juan Pablo Daukszewicz.
El Mercado de Corrientes es un organismo autárquico. Más allá de estar dentro del organigrama del Ministerio de la Producción, su autonomía le permite un manejo propio sin injerencias externas de entidad gubernamental alguna.
Si bien para el 2010 estarían concluidas las instalaciones del nuevo mercado, el actual no reúne las condiciones exigidas para la comercialización de productos de ingesta humana.
“Este edificio era una desmontadora de algodón que se adaptó pero no satisface las mínimas exigencias sanitarias”, señaló Mariela Pletsch, experta contratada para la asistencia técnica, coordinación y seguimiento del programa PROMERCADO. Este proyecto fue implementado en busca de satisfacer una de las exigencias que requerirá el SENASA, también en el 2010, para la comercialización de productos frescos: las buenas prácticas agrícolas.
La falta de controles sobre los productos que se comercializan en el Mercado tiene una razón: no hay siquiera un laboratorio dentro de sus instalaciones que permita un control bromatológico (bacteriológico) y de residuos agroquímicos.
El problema se agrava porque los organismos nacionales y provinciales responsables de la sanidad vegetal tampoco realizan las inspecciones de las chacras donde se cosechan las frutas y verduras, por la misma razón: no hay disponibilidad de equipamientos técnicos que permita determinar qué plaguicidas o fertilizantes se utilizan y si los mismos son aplicados en forma correcta.
El 14 de octubre pasado se realizó el primer encuentro por el Ordenamiento Territorial Rural en la provincia de Corrientes. El lugar elegido fue Bella Vista. Allí, los productores de la zona comentaron que el principal problema que enfrentan es la falta de capacitación en el uso de plaguicidas y fertilizantes. La misma situación se estaría repitiendo en el cinturón verde capitalino.
Fecha de Publicación: 25/10/2008
Fuente: Diario de Curuzú
Provincia/Región: Corrientes
Miles de kilos de productos ingresan y se comercializan todos los días en el Mercado de Concentración de Corrientes. Sin embargo, ni siquiera una fruta o una verdura pasa por un examen de laboratorio que permita corroborar que son aptos para el consumo humano. Para colmo, ni uno de los organismos nacionales o provinciales que deben realizar los estudios efectúa un control estricto sobre los químicos, plaguicidas o fertilizantes que se utilizan en la chacra del cinturón verde capitalino simplemente, porque no tienen con qué.
Jornada tras jornada en el Mercado de Concentración, las 60 playas (sectores donde los productores ofrecen los frutos de sus chacras) y los mayoristas (compran productos locales pero también adquieren mercaderías que no son logradas en la zona) comercializan toneladas de frutas y vegetales. Sin embargo, el lugar no cuenta con una dependencia que se encargue de garantizar que los mismos estén en condiciones de ser ingeridos.
“No hay controles sanitarios sobre los productos que ingresan al mercado”, fue la tajante afirmación del presidente de la Asociación de Productores Introductores y Mayoristas de Alimentos Perecederos (APIMAP), Juan Pablo Daukszewicz.
El Mercado de Corrientes es un organismo autárquico. Más allá de estar dentro del organigrama del Ministerio de la Producción, su autonomía le permite un manejo propio sin injerencias externas de entidad gubernamental alguna.
Si bien para el 2010 estarían concluidas las instalaciones del nuevo mercado, el actual no reúne las condiciones exigidas para la comercialización de productos de ingesta humana.
“Este edificio era una desmontadora de algodón que se adaptó pero no satisface las mínimas exigencias sanitarias”, señaló Mariela Pletsch, experta contratada para la asistencia técnica, coordinación y seguimiento del programa PROMERCADO. Este proyecto fue implementado en busca de satisfacer una de las exigencias que requerirá el SENASA, también en el 2010, para la comercialización de productos frescos: las buenas prácticas agrícolas.
La falta de controles sobre los productos que se comercializan en el Mercado tiene una razón: no hay siquiera un laboratorio dentro de sus instalaciones que permita un control bromatológico (bacteriológico) y de residuos agroquímicos.
El problema se agrava porque los organismos nacionales y provinciales responsables de la sanidad vegetal tampoco realizan las inspecciones de las chacras donde se cosechan las frutas y verduras, por la misma razón: no hay disponibilidad de equipamientos técnicos que permita determinar qué plaguicidas o fertilizantes se utilizan y si los mismos son aplicados en forma correcta.
El 14 de octubre pasado se realizó el primer encuentro por el Ordenamiento Territorial Rural en la provincia de Corrientes. El lugar elegido fue Bella Vista. Allí, los productores de la zona comentaron que el principal problema que enfrentan es la falta de capacitación en el uso de plaguicidas y fertilizantes. La misma situación se estaría repitiendo en el cinturón verde capitalino.
Fumigaciones en Córoba: lo que deben exigir
Fumigaciones: lo que deben exigir los municipios
Fecha de Publicación: 24/10/2008
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Los municipios, para cumplir la ley provincial, deben exigir que se registren los productores ubicados en la zona próxima al área urbana. Con dos días de anticipación a cada fumigación, deben avisar al organismo municipal en materia ambiental o de seguridad, adjuntar la constancia de habilitación de la máquina fumigadora y detallar los productos a utilizar y la dosis a aplicar, además de presentar la receta fitosanitaria.
En el momento de comenzar la fumigación, deben estar presentes en el lugar el ingeniero agrónomo que se haga cargo de la tarea y personal municipal, que confeccionará un acta de inspección en la que conste que el equipo y el tanque están limpios. Se debe constatar que se realice la dilución del agroquímico tal como se especifica en la receta fitosanitaria. Y se exige que el usuario debe controlar permanentemente la velocidad del viento y si supera los 13 kilómetros por hora suspender la fumigación. Los municipios deben exigir el carné de habilitación del operador de pulverizadores, otorgado por el Ministerio de Agricultura de la Provincia.
La norma establece además la prohibición de aplicación aérea dentro de un radio de 1.500 metros del límite de zonas urbanas de productos químicos o biológicos de uso agropecuario de determinadas clases toxicológicas, y de 500 metros para otros. También fija distancias para ciertos productos en caso de aplicación terrestre.
Mientras, tras el proceso, los productores están obligados a aplicar triple lavado a los recipientes vacíos y luego destruirlos. Esta obligación es para todos los casos, cualquiera sea la distancia con la zona urbana. Sin embargo, en casi toda la provincia, no existe creada la estructura para alojar y tratar esos envases con restos de agroquímicos, que muchas veces terminan clandestinamente arrojados en cualquier sitio, sin mayores cuidados.
Fecha de Publicación: 24/10/2008
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Los municipios, para cumplir la ley provincial, deben exigir que se registren los productores ubicados en la zona próxima al área urbana. Con dos días de anticipación a cada fumigación, deben avisar al organismo municipal en materia ambiental o de seguridad, adjuntar la constancia de habilitación de la máquina fumigadora y detallar los productos a utilizar y la dosis a aplicar, además de presentar la receta fitosanitaria.
En el momento de comenzar la fumigación, deben estar presentes en el lugar el ingeniero agrónomo que se haga cargo de la tarea y personal municipal, que confeccionará un acta de inspección en la que conste que el equipo y el tanque están limpios. Se debe constatar que se realice la dilución del agroquímico tal como se especifica en la receta fitosanitaria. Y se exige que el usuario debe controlar permanentemente la velocidad del viento y si supera los 13 kilómetros por hora suspender la fumigación. Los municipios deben exigir el carné de habilitación del operador de pulverizadores, otorgado por el Ministerio de Agricultura de la Provincia.
La norma establece además la prohibición de aplicación aérea dentro de un radio de 1.500 metros del límite de zonas urbanas de productos químicos o biológicos de uso agropecuario de determinadas clases toxicológicas, y de 500 metros para otros. También fija distancias para ciertos productos en caso de aplicación terrestre.
Mientras, tras el proceso, los productores están obligados a aplicar triple lavado a los recipientes vacíos y luego destruirlos. Esta obligación es para todos los casos, cualquiera sea la distancia con la zona urbana. Sin embargo, en casi toda la provincia, no existe creada la estructura para alojar y tratar esos envases con restos de agroquímicos, que muchas veces terminan clandestinamente arrojados en cualquier sitio, sin mayores cuidados.
Trofeo de caza de pumas, a no exportar
Prohíben la exportación de trofeo de caza de pumas
Fecha de Publicación: 23/10/2008
Fuente: Agencia NOVA
Provincia/Región: Nacional
La secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación prohibió el tránsito interjuridiccional y la salida del país de trofeos de caza de la especie puma concolor.
La medida exime a aquellas piezas de ejemplares cazados en cotos debidamente inscriptos en el registro de la Dirección de Fauna Silvestre dependiente de la cartera ambiental de la Nación que hayan sido debidamente registrados antes de que se dictara la Resolución 1624/08, publicada este jueves en el Boletín Oficial.
Así, la cartera ambiental autoriza sólo el tránsito interprovincial y la salida del país de trofeos de caza de aquellas especies silvestres autóctonas que provengan de establecimientos de caza deportiva debidamente inscriptos en la jurisdicción de su residencia, en el Registro Nacional de Armas (RENAR) en los casos que corresponda y en los registros de la dirección de Fauna Silvestre, con excepción de aquellas especies sobre las cuales pese alguna prohibición expresa en otras normas vigentes.
Entre las causas que motivaron la medida dispuesta por la Secretaría a cargo de Romina Picolotti, se cuenta la verificación de casos de manejo inapropiado de este tipo de ejemplares por parte de establecimientos dedicados al turismo cinegético. Provincias como La Pampa, Santa Fe, Santiago del Estero, Río Negro y Buenos Aires cuentan con cotos de caza habilitados para la caza deportiva de pumas.
Por la inexistencia de estudios poblacionales de esta especie que permitan evaluar la sustentabilidad de dicha práctica deportiva, la dirección de Fauna Silvestre de la Nación comenzó a financiar, desde hace un año, estudios relacionados con esta especie en el norte y el centro del país, los que aún se encuentran en una etapa incipiente.
Según los registros oficiales, en los últimos años han sido exportados del país casi 500 trofeos de puma: 226 en 2006; 155 en 2007 y 96 en lo que va del corriente año.
La especie puma concolor se encuentra incluida en el Apéndice II de la Convención sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).
Oportunamente, la Dirección de Fauna de la provincia de La Pampa también había suspendido la caza deportiva de pumas, luego de haber comprobado numerosos casos de tenencia ilegal de pumas vivos en cautiverio. Y durante un procedimiento conjunto entre las autoridades de Fauna de la Nación y de la provincia de Santa Fe, se detectaron irregularidades en la tenencia de ejemplares vivos de la especie Puma concolor en un coto de caza de esa jurisdicción.
Fecha de Publicación: 23/10/2008
Fuente: Agencia NOVA
Provincia/Región: Nacional
La secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación prohibió el tránsito interjuridiccional y la salida del país de trofeos de caza de la especie puma concolor.
La medida exime a aquellas piezas de ejemplares cazados en cotos debidamente inscriptos en el registro de la Dirección de Fauna Silvestre dependiente de la cartera ambiental de la Nación que hayan sido debidamente registrados antes de que se dictara la Resolución 1624/08, publicada este jueves en el Boletín Oficial.
Así, la cartera ambiental autoriza sólo el tránsito interprovincial y la salida del país de trofeos de caza de aquellas especies silvestres autóctonas que provengan de establecimientos de caza deportiva debidamente inscriptos en la jurisdicción de su residencia, en el Registro Nacional de Armas (RENAR) en los casos que corresponda y en los registros de la dirección de Fauna Silvestre, con excepción de aquellas especies sobre las cuales pese alguna prohibición expresa en otras normas vigentes.
Entre las causas que motivaron la medida dispuesta por la Secretaría a cargo de Romina Picolotti, se cuenta la verificación de casos de manejo inapropiado de este tipo de ejemplares por parte de establecimientos dedicados al turismo cinegético. Provincias como La Pampa, Santa Fe, Santiago del Estero, Río Negro y Buenos Aires cuentan con cotos de caza habilitados para la caza deportiva de pumas.
Por la inexistencia de estudios poblacionales de esta especie que permitan evaluar la sustentabilidad de dicha práctica deportiva, la dirección de Fauna Silvestre de la Nación comenzó a financiar, desde hace un año, estudios relacionados con esta especie en el norte y el centro del país, los que aún se encuentran en una etapa incipiente.
Según los registros oficiales, en los últimos años han sido exportados del país casi 500 trofeos de puma: 226 en 2006; 155 en 2007 y 96 en lo que va del corriente año.
La especie puma concolor se encuentra incluida en el Apéndice II de la Convención sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).
Oportunamente, la Dirección de Fauna de la provincia de La Pampa también había suspendido la caza deportiva de pumas, luego de haber comprobado numerosos casos de tenencia ilegal de pumas vivos en cautiverio. Y durante un procedimiento conjunto entre las autoridades de Fauna de la Nación y de la provincia de Santa Fe, se detectaron irregularidades en la tenencia de ejemplares vivos de la especie Puma concolor en un coto de caza de esa jurisdicción.
Directivos de ingenio fueron procesados
Tres directivos del Corona fueron procesados en julio de este año.
Fecha de Publicación: 22/10/2008
Fuente: Primera Fuente
Provincia/Región: Tucumán
El juez federal subrogante Nº 2, Mario Racedo, prevé viajar a Buenos Aires para analizar con peritos de Gendarmería Nacional los resultados de estudios realizados el año pasado. Estos habían confirmado que las muestras de agua superaban los valores de contaminación permitidos por las leyes nacionales y normas provinciales. Si se ratifican las pruebas se podría avanzar en la etapa de indagatorias a los industriales. Hasta el momento, los directivos del ingenio La Corona son los únicos procesados.
Ya se va otra zafra azucarera y pasó un año desde que se confirmó la contaminación ambiental que generaron once ingenios azucareros de la provincia pero hasta el momento no hubo avances significativos en la causa que está en manos del juez federal subrogante Nº 2, Mario Racedo. Según altas fuentes tribunalicias, el magistrado intenta avanzar en la causa y para ello prevé viajar a Buenos Aires los primeros días de noviembre próximo a fin de analizar con peritos las pruebas recogidas hasta el momento que complican a los propietarios de las fábricas tucumanas.
Se supo que Racedo planea viajar con el fiscal federal Nº 2, Carlos Brito, para reunirse con los representantes del Gabinete de Policía Científica de Gendarmería Nacional a fin de asesorarse sobre los estudios realizados por la fuerza nacional. Aparentemente, el juez quiere asegurarse sobre las pruebas que tiene en sus manos para recién avanzar en la etapa de indagatorias que obligaría a los empresarios a pisar los pasillos de Tribunales Federales.
En octubre del año pasado se conocieron los resultados de un análisis que realizó la División de Medio Ambiente de Gendarmería Nacional, en el que se constató que las muestras de agua tomadas oportunamente excedían los valores de contaminación permitidos tanto por la Nación como por la provincia. Con la firma del Jefe de esa área de la fuerza nacional, Alfredo José Poggio y de los oficiales Martín Cabral y Roberto Costa, el esperado informe confirmó que los valores de los análisis, referidos a la Demanda Química de Oxígeno (DQO) y a la Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO), superan los parámetros estipulados por la resolución 963/99 de la Secretaría de Ambiente de la Nación y por la resolución 1265/2003 del Sistema Provincial de Salud.
Las extracciones de líquidos se produjeron en el marco de los allanamientos que había ordenado en setiembre del año pasado el juez Racedo para investigar en qué grado contaminan los residuos tóxicos que arrojan estas fábricas en los cursos de agua que desembocan en la Cuenca Salí-Dulce. Cabe recordar que el expediente judicial se inició tras una denuncia que realizó el gobierno de Santiago del Estero para que se investigue a los responsables del desastre ambiental que generan las empresas tucumanas en los cauces de agua.
Racedo se hizo cargo de 11 ingenios y se inhibió de actuar en el resto (son 15 en total) debido a actuaciones que tuvo durante el ejercicio de su profesión en el ámbito privado. Por lo tanto, investiga los casos de los ingenios Aguilares, Bella Vista, Cruz Alta, La Florida, La Fronterita, La Providencia, La Trinidad, Ñuñorco, San Juan, Santa Bárbara y Santa Rosa. Por ello, los casos del Concepción, Marapa, Leales y La Corona, fueron remitidos al juez federal subrogante Nº 1, Daniel Bejas, quien también investiga las causas en el marco de la Ley nacional 24.051 de Residuos Peligrosos.
Una cuestión pendiente para la Justicia Federal es avanzar en la medición de la contaminación atmosférica que causan las fábricas. Hasta el momento, los jueces federales aseguran que no cuentan con los elementos necesarios para medir el daño que se produce en el aire, mientras los vecinos del sur siguen protestando en contra de la lluvia de cenizas que soportan a diario.
Fecha de Publicación: 22/10/2008
Fuente: Primera Fuente
Provincia/Región: Tucumán
El juez federal subrogante Nº 2, Mario Racedo, prevé viajar a Buenos Aires para analizar con peritos de Gendarmería Nacional los resultados de estudios realizados el año pasado. Estos habían confirmado que las muestras de agua superaban los valores de contaminación permitidos por las leyes nacionales y normas provinciales. Si se ratifican las pruebas se podría avanzar en la etapa de indagatorias a los industriales. Hasta el momento, los directivos del ingenio La Corona son los únicos procesados.
Ya se va otra zafra azucarera y pasó un año desde que se confirmó la contaminación ambiental que generaron once ingenios azucareros de la provincia pero hasta el momento no hubo avances significativos en la causa que está en manos del juez federal subrogante Nº 2, Mario Racedo. Según altas fuentes tribunalicias, el magistrado intenta avanzar en la causa y para ello prevé viajar a Buenos Aires los primeros días de noviembre próximo a fin de analizar con peritos las pruebas recogidas hasta el momento que complican a los propietarios de las fábricas tucumanas.
Se supo que Racedo planea viajar con el fiscal federal Nº 2, Carlos Brito, para reunirse con los representantes del Gabinete de Policía Científica de Gendarmería Nacional a fin de asesorarse sobre los estudios realizados por la fuerza nacional. Aparentemente, el juez quiere asegurarse sobre las pruebas que tiene en sus manos para recién avanzar en la etapa de indagatorias que obligaría a los empresarios a pisar los pasillos de Tribunales Federales.
En octubre del año pasado se conocieron los resultados de un análisis que realizó la División de Medio Ambiente de Gendarmería Nacional, en el que se constató que las muestras de agua tomadas oportunamente excedían los valores de contaminación permitidos tanto por la Nación como por la provincia. Con la firma del Jefe de esa área de la fuerza nacional, Alfredo José Poggio y de los oficiales Martín Cabral y Roberto Costa, el esperado informe confirmó que los valores de los análisis, referidos a la Demanda Química de Oxígeno (DQO) y a la Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO), superan los parámetros estipulados por la resolución 963/99 de la Secretaría de Ambiente de la Nación y por la resolución 1265/2003 del Sistema Provincial de Salud.
Las extracciones de líquidos se produjeron en el marco de los allanamientos que había ordenado en setiembre del año pasado el juez Racedo para investigar en qué grado contaminan los residuos tóxicos que arrojan estas fábricas en los cursos de agua que desembocan en la Cuenca Salí-Dulce. Cabe recordar que el expediente judicial se inició tras una denuncia que realizó el gobierno de Santiago del Estero para que se investigue a los responsables del desastre ambiental que generan las empresas tucumanas en los cauces de agua.
Racedo se hizo cargo de 11 ingenios y se inhibió de actuar en el resto (son 15 en total) debido a actuaciones que tuvo durante el ejercicio de su profesión en el ámbito privado. Por lo tanto, investiga los casos de los ingenios Aguilares, Bella Vista, Cruz Alta, La Florida, La Fronterita, La Providencia, La Trinidad, Ñuñorco, San Juan, Santa Bárbara y Santa Rosa. Por ello, los casos del Concepción, Marapa, Leales y La Corona, fueron remitidos al juez federal subrogante Nº 1, Daniel Bejas, quien también investiga las causas en el marco de la Ley nacional 24.051 de Residuos Peligrosos.
Una cuestión pendiente para la Justicia Federal es avanzar en la medición de la contaminación atmosférica que causan las fábricas. Hasta el momento, los jueces federales aseguran que no cuentan con los elementos necesarios para medir el daño que se produce en el aire, mientras los vecinos del sur siguen protestando en contra de la lluvia de cenizas que soportan a diario.
Relocalización de familias de Dock Sud
Secretaría de Ambiente gira fondos a Avellaneda para relocalización de familias de Dock Sud
Fecha de Publicación: 22/10/2008
Fuente: Secretaría de Ambiente
Provincia/Región: Buenos Aires
Más de mil familias radicadas en los asentamientos precarios de Villa Inflamable, Isla Maciel y Villa Tranquila, una de las áreas más afectadas por la contaminación ambiental en nuestro país, serán relocalizadas dentro del partido bonaerense de Avellaneda, para lo cual la secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación girará a ese municipio tres millones y medio de pesos que se destinarán a la compra de los terrenos en los que se construirán las viviendas.
Para cumplimentar la operatoria, la titular de la cartera ambiental, Romina Picolotti, y el intendente Baldomero Alvarez de Olivera, suscribirán mañana un acuerdo durante un acto que tendrá lugar a las 11 Salón de Actos de la municipalidad de Avellaneda, sito en la Avenida Güemes 835, 1° piso, de esa ciudad.
La secretaría de Ambiente subsidiará la adquisición de los predios adecuados para la relocalización de las familias afectadas por la contaminación ambiental, para luego permitir la construcción de viviendas en el marco del “Subprograma Federal de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios - Saneamiento de la Cuenca Riachuelo–Matanza“, dependiente de la subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, que ha elaborado un “Plan de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios ubicados en la desembocadura del Riachuelo”.
En el contexto del mismo, en mayo de este año fueron entregadas las primeras 25 viviendas para familias que habitaban en Villa Inflamable. Luego de su relocalización, los estudios de plomo en sangre realizados a esos pobladores por el municipio de Avellaneda arrojaron un descenso notable, con niveles normales en algunos casos.
Con la habilitación de las nuevas viviendas se procura imprimir un avance efectivo en la estrategia de acción sobre Dock Sud como parte del Plan Integral de Saneamiento Ambiental de la Cuenca Hídrica Matanza Riachuelo.
Además, la iniciativa se enmarca en el cumplimiento de lo ordenado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/ Estado Nacional y otros s/ daños y perjuicios (daños derivados de la contaminación ambiental del Río - Matanza - Riachuelo)”, en su sentencia del 8 de julio de 2008, que en su considerando 17, acápite I, punto 1 obliga a la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) a cumplir un programa que persiga, como uno de sus objetivos, la mejora de calidad de vida de los habitantes de la cuenca.
“La integración urbana de los asentamientos precarios garantizada a través del acceso al saneamiento básico, la regularización dominial y acceso a una vivienda adecuada, articulada con otras políticas sociales de desarrollo económico, son esenciales en la implementación de cualquier estrategia de combate de la pobreza desde la perspectiva de la sustentabilidad urbana”, sostiene el acuerdo que rubricarán los funcionarios.
La estrategia de intervención para Dock Sud diseñada por la secretaría de Ambiente de la Nación prevé la relocalización de poblaciones vulnerables a la contaminación, entre las cuales se encuentran los núcleos de residentes en Villa Inflamable, Isla Maciel y Villa Tranquila, extremándose las medidas de seguridad apoyadas en un plan de contingencia que disminuya en su mínima expresión las posibilidades de accidentes tecnológicos; así como aumentar el número de espacios verdes y promover el mejoramiento de la situación habitacional de todo el área residencial del Dock, a través de programas de rehabilitación urbana, relocalización y densificación, y refuncionalización de edificios industriales desactivados
Las acciones sobre el área poblacional Dock Sud comprenden también el seguimiento clínico de la población que resulte relocalizada en el marco de las acciones a cargo de la municipalidad, el ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires y el ministerio de Salud de la Nación en coordinación con la ACUMAR, a través de la Comisión de Trabajo “Salud para la Población de la Cuenca Matanza Riachuelo”.
Fecha de Publicación: 22/10/2008
Fuente: Secretaría de Ambiente
Provincia/Región: Buenos Aires
Más de mil familias radicadas en los asentamientos precarios de Villa Inflamable, Isla Maciel y Villa Tranquila, una de las áreas más afectadas por la contaminación ambiental en nuestro país, serán relocalizadas dentro del partido bonaerense de Avellaneda, para lo cual la secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación girará a ese municipio tres millones y medio de pesos que se destinarán a la compra de los terrenos en los que se construirán las viviendas.
Para cumplimentar la operatoria, la titular de la cartera ambiental, Romina Picolotti, y el intendente Baldomero Alvarez de Olivera, suscribirán mañana un acuerdo durante un acto que tendrá lugar a las 11 Salón de Actos de la municipalidad de Avellaneda, sito en la Avenida Güemes 835, 1° piso, de esa ciudad.
La secretaría de Ambiente subsidiará la adquisición de los predios adecuados para la relocalización de las familias afectadas por la contaminación ambiental, para luego permitir la construcción de viviendas en el marco del “Subprograma Federal de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios - Saneamiento de la Cuenca Riachuelo–Matanza“, dependiente de la subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, que ha elaborado un “Plan de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios ubicados en la desembocadura del Riachuelo”.
En el contexto del mismo, en mayo de este año fueron entregadas las primeras 25 viviendas para familias que habitaban en Villa Inflamable. Luego de su relocalización, los estudios de plomo en sangre realizados a esos pobladores por el municipio de Avellaneda arrojaron un descenso notable, con niveles normales en algunos casos.
Con la habilitación de las nuevas viviendas se procura imprimir un avance efectivo en la estrategia de acción sobre Dock Sud como parte del Plan Integral de Saneamiento Ambiental de la Cuenca Hídrica Matanza Riachuelo.
Además, la iniciativa se enmarca en el cumplimiento de lo ordenado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/ Estado Nacional y otros s/ daños y perjuicios (daños derivados de la contaminación ambiental del Río - Matanza - Riachuelo)”, en su sentencia del 8 de julio de 2008, que en su considerando 17, acápite I, punto 1 obliga a la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) a cumplir un programa que persiga, como uno de sus objetivos, la mejora de calidad de vida de los habitantes de la cuenca.
“La integración urbana de los asentamientos precarios garantizada a través del acceso al saneamiento básico, la regularización dominial y acceso a una vivienda adecuada, articulada con otras políticas sociales de desarrollo económico, son esenciales en la implementación de cualquier estrategia de combate de la pobreza desde la perspectiva de la sustentabilidad urbana”, sostiene el acuerdo que rubricarán los funcionarios.
La estrategia de intervención para Dock Sud diseñada por la secretaría de Ambiente de la Nación prevé la relocalización de poblaciones vulnerables a la contaminación, entre las cuales se encuentran los núcleos de residentes en Villa Inflamable, Isla Maciel y Villa Tranquila, extremándose las medidas de seguridad apoyadas en un plan de contingencia que disminuya en su mínima expresión las posibilidades de accidentes tecnológicos; así como aumentar el número de espacios verdes y promover el mejoramiento de la situación habitacional de todo el área residencial del Dock, a través de programas de rehabilitación urbana, relocalización y densificación, y refuncionalización de edificios industriales desactivados
Las acciones sobre el área poblacional Dock Sud comprenden también el seguimiento clínico de la población que resulte relocalizada en el marco de las acciones a cargo de la municipalidad, el ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires y el ministerio de Salud de la Nación en coordinación con la ACUMAR, a través de la Comisión de Trabajo “Salud para la Población de la Cuenca Matanza Riachuelo”.
Presentan hoy el Manual de Biodiversidad
Presentan hoy el Manual de Biodiversidad de Chaco, Corrientes y Formosa
Fecha de Publicación: 21/10/2008
Fuente: Diario de la República
Provincia/Región: Chaco - Corrientes - Formosa
Es un estudio realizado por el Centro de Gestión Ambiental y Ecología (Cegae). Será a las 18 en Extensión Universitaria.
La Delegación Corrientes de la Secretaria General de Extensión Universitaria de la UNNE invita a la presentación del Manual de Biodiversidad que se realizará en la Sala del Sol del Centro Cultural Universitario en la ciudad de Corrientes el miércoles 22 de octubre a las 18. Durante la presentación la obra será cedida a las autoridades de las tres provincias a fines de que sea incorporado en establecimientos educativos y centros especializados.
El Centro de Gestión Ambiental y Ecología (CEGAE), dependiente del Rectorado de la Universidad Nacional del Nordeste incluye dentro de sus lineamientos, vincular la actividad desarrollada por sus investigadores y docentes con la sociedad, en el marco de una relación sustentable entre Ciencia y Educación. Por ello, destacados especialistas en la temática de la Universidad, del CONICET, de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad de Río Cuarto (Córdoba), han aportado su tiempo, conocimiento y genuino interés en dar a conocer diferentes aspectos de la Biodiversidad de las provincias de Chaco, Corrientes y Formosa. Con este Manual, el CEGAE intenta construir un puente de comunicación entre pilares importantes de la sociedad, la investigación y la educación, fortalecido por los ideales de la Universidad: Calidad, Excelencia y Pertinencia.
Este aporte, concebido principalmente, como material de consulta para los estudiantes y docentes, ha sido dividido con fines prácticos y para una mejor interpretación de los temas, en dos secciones, una de Ecosistemas acuáticos y otra de Ecosistemas terrestres.
En ambos se incluyen los siguientes ítems:
Generalidades de la biodiversidad en los ambientes acuáticos y terrestres. Se incorporan aspectos particulares de los sistemas acuáticos y terrestres, incluyendo el estado del conocimiento en cada uno de ellos.
¿Porqué y para qué hablar de biodiversidad en los ambientes acuáticos y terrestres? Se comenta el aporte de la diversidad biológica de cada ambiente a la biodiversidad en su conjunto.
¿Cuáles son los métodos de estudio de la biodiversidad en ambientes acuáticos y terrestres? Como cada comunidad o población tiene un método propio de estudio y esto, obviamente, tiene que ver con el ambiente en el que vive, se hace mención de las principales herramientas para analizar los distintos grupos, sin pretender agotar los métodos disponibles.
¿Cuál es la importancia de hablar sobre la biodiversidad de los ambientes acuáticos y terrestres hoy? Se enfatiza sobre la relevancia de la diversidad de los organismos en cada medio, dando un panorama de la situación en el Nordeste Argentino, particularmente en Chaco, Corrientes y Formosa.
Estudios de casos en cada ambiente. Se incluyen trabajos de especialistas en algunas poblaciones acuáticas y terrestres, tanto vegetales como animales.
Fecha de Publicación: 21/10/2008
Fuente: Diario de la República
Provincia/Región: Chaco - Corrientes - Formosa
Es un estudio realizado por el Centro de Gestión Ambiental y Ecología (Cegae). Será a las 18 en Extensión Universitaria.
La Delegación Corrientes de la Secretaria General de Extensión Universitaria de la UNNE invita a la presentación del Manual de Biodiversidad que se realizará en la Sala del Sol del Centro Cultural Universitario en la ciudad de Corrientes el miércoles 22 de octubre a las 18. Durante la presentación la obra será cedida a las autoridades de las tres provincias a fines de que sea incorporado en establecimientos educativos y centros especializados.
El Centro de Gestión Ambiental y Ecología (CEGAE), dependiente del Rectorado de la Universidad Nacional del Nordeste incluye dentro de sus lineamientos, vincular la actividad desarrollada por sus investigadores y docentes con la sociedad, en el marco de una relación sustentable entre Ciencia y Educación. Por ello, destacados especialistas en la temática de la Universidad, del CONICET, de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad de Río Cuarto (Córdoba), han aportado su tiempo, conocimiento y genuino interés en dar a conocer diferentes aspectos de la Biodiversidad de las provincias de Chaco, Corrientes y Formosa. Con este Manual, el CEGAE intenta construir un puente de comunicación entre pilares importantes de la sociedad, la investigación y la educación, fortalecido por los ideales de la Universidad: Calidad, Excelencia y Pertinencia.
Este aporte, concebido principalmente, como material de consulta para los estudiantes y docentes, ha sido dividido con fines prácticos y para una mejor interpretación de los temas, en dos secciones, una de Ecosistemas acuáticos y otra de Ecosistemas terrestres.
En ambos se incluyen los siguientes ítems:
Generalidades de la biodiversidad en los ambientes acuáticos y terrestres. Se incorporan aspectos particulares de los sistemas acuáticos y terrestres, incluyendo el estado del conocimiento en cada uno de ellos.
¿Porqué y para qué hablar de biodiversidad en los ambientes acuáticos y terrestres? Se comenta el aporte de la diversidad biológica de cada ambiente a la biodiversidad en su conjunto.
¿Cuáles son los métodos de estudio de la biodiversidad en ambientes acuáticos y terrestres? Como cada comunidad o población tiene un método propio de estudio y esto, obviamente, tiene que ver con el ambiente en el que vive, se hace mención de las principales herramientas para analizar los distintos grupos, sin pretender agotar los métodos disponibles.
¿Cuál es la importancia de hablar sobre la biodiversidad de los ambientes acuáticos y terrestres hoy? Se enfatiza sobre la relevancia de la diversidad de los organismos en cada medio, dando un panorama de la situación en el Nordeste Argentino, particularmente en Chaco, Corrientes y Formosa.
Estudios de casos en cada ambiente. Se incluyen trabajos de especialistas en algunas poblaciones acuáticas y terrestres, tanto vegetales como animales.
Piden la intervención del Defensor del Pueblo
Funam pidió intervención del Defensor del Pueblo de la Nación por Bouwer - Córdoba
Fecha de Publicación: 21/10/2008
Fuente: Funam
Provincia/Región: Córdoba
Mediante nota formal dirigida al Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, el presidente de la Fundación para la defensa del ambiente (FUNAM), Dr. Raúl Montenegro, solicitó la intervención del organismo nacional en el caso Bouwer–Potrero del Estado.
El pedido de intervención tiene como fundamento el riesgo sanitario al que están expuestos los habitantes de la zona, los reclusos del penal de Bouwer y los empleados de las empresas que operan en la región, producto de la concentración de actividades altamente contaminantes.
Coexisten en la región el enterramiento de basura y el incinerador de residuos patógenos de la empresa Cliba; la planta de residuos peligrosos de la empresa Taym; el depósito judicial de vehículos de la provincia y una ex planta de fundición de plomo.
El Jefe Comunal de Bouwer, Juan Lupi, se sumó a la iniciativa de FUNAM haciendo una presentación similar ante la oficina de la Ciudad de Córdoba del Defensor del Pueblo de la Nación.
Ambas presentaciones solicitan formalmente la intervención de la Defensoría del Pueblo de la Nación para que "realice las gestiones y presentaciones pertinentes, administrativas y eventualmente judiciales, que permitan proteger la salud de los habitantes de Bouwer-Potrero del Estado".
El Jefe Comunal de Bouwer, Juan Lupi, se sumó a la iniciativa de FUNAM haciendo una presentación similar ante la oficina de la Ciudad de Córdoba del Defensor del Pueblo de la Nación. Bouwer es un pueblo localizado 17 kilómetros al sur de la ciudad de Córdoba, perteneciente al Departamento Santa María.
El pedido de intervención tiene como fundamento el riesgo sanitario al que están expuestos los habitantes de la zona, los reclusos del penal de Bouwer y los empleados de las empresas que operan en la región, producto de la concentración de actividades altamente contaminantes.
ENTERRAMIENTO DE BASURA
El predio de enterramiento de Potrero del Estado se utiliza como basural desde hace 26 años. Allí llegan diariamente 2.000 toneladas de basura. Según el estudio de impacto ambiental presentado por la propia Municipalidad de Córdoba, el 96% de los residuos corresponden a la Ciudad de Córdoba. Mediante un proceso administrativo que la Fundación para la defensa del ambiente (FUNAM) y la comuna de Bouwer calificaron de "ilegal", la Municipalidad de Córdoba pretende extender ocho años más la vida útil de ese enterramiento que lleva adelante la empresa Cliba. La celda 9, actualmente en uso, tiene más de 30 metros de altura constituyendo una verdadera "montaña de basura". Su base tiene aproximadamente 830 metros de largo por 350 metros de ancho.
INCINERADOR DE RESIDUOS PATÓGENOS
El horno pirolítico que también está a cargo de la empresa Cliba quema residuos patógenos. Se pudo comprobar que durante el funcionamiento (principalmente nocturno, a partir de las 21:00 horas) contamina el aire con humos y olores desagradables. Mediante nota dirigida a la Municipalidad de Córdoba, el Jefe Comunal de Bouwer, Juan Lupi, solicitó el cierre inmediato y definitivo del incinerador, sin recibir respuesta a la fecha.
ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS PELIGROSOS
También opera en Bouwer-Potreros del Estado una empresa privada, Taym, que recibe, trata y almacena residuos peligrosos. La cantidad de residuos depositados aumenta en forma permanente. En este depósito se hallan enterradas las 11 toneladas de DDT y otros plaguicidas prohibidos que se erradicaron del depósito que Senasa tenía en barrio Alta Córdoba. En este caso, denunciado por FUNAM a la Justicia Federal, y en el cual también intervino la Defensoría del Pueblo de la Nación, el presidente de Senasa fue imputado.
Los vecinos de Bouwer y Potrero del Estado deben soportar las fuertes emanaciones que descarga este depósito, donde se reciben -entre otros residuos- restos de plaguicidas. A los riesgos de sus actividades se suma el riesgo derivado de los transportes que traen residuos peligrosos.
Entre los eventos que podrían generar impactos rápidos y masivos, se destaca la posibilidad de incendio a gran escala, y posible explosión.
PLANTA DE FUNDICIÓN DE PLOMO
Durante aproximadamente tres décadas funcionó en el camino de enlace con el Camino a San Carlos la empresa Metalúrgica Bouwer. Hasta el año 2005 operó con chimenea abierta, descargando por lo tanto metales pesados al ambiente (principalmente plomo). En el año 2006 se logró su clausura. Aunque fue desmantelada persisten varios focos (fuentes) con escorias metálicas. La fundición contaminó el aire y el suelo, y a través de estos medios contaminados afectó a niños, adolescentes y adultos. Aunque la planta dejó de operar, sus residuos siguen activos. Análisis recientes mostraron elevados tenores de plomo en sangre. Este caso también se encuentra en la
Justicia, que ha tomado decisiones trascendentes. Para evaluar el impacto que ha tenido el plomo de esta fundición sobre la capacidad de aprendizaje de los niños y adolescentes de Bouwer, FUNAM junto a la Cátedra de Biología Evolutiva de la Facultad de Psicología (Universidad Nacional de Córdoba) ha elaborado un protocolo de investigación. Este estudio se iniciaría a fines del año 2008.
DEPÓSITO JUDICIAL DE VEHÍCULOS
En el predio ubicado sobre la Ruta 36 entre la Penitenciaría y la Escuela de Potrero del Estado, se acumulan entre 15.000 y 20.000 automóviles semidestruidos en capas de hasta 5 unidades apiladas. La falta de control de esta chatarra produce serios impactos ambientales y sanitarios: 1) Riesgo de contaminación: descarga de contaminantes, muchos de ellos tóxicos e incluso cancerígenos. 2) Riesgo por multiplicación de vectores: generación -particularmente durante la época lluviosa- de lugares de cría para mosquitos que son potenciales transmisores de enfermedades. 3) Afectación del paisaje. Mediante nota dirigida al Superior Tribunal de Justicia de Córdoba, el Jefe Comunal de Bouwer solicitó una audiencia a fin de evaluar conjuntamente los problemas ambientales y sanitarios que produce en la región el depósito de vehículos dependiente de la justicia provincial.
Debido a la concentración de estas actividades contaminantes que producen agentes riesgosos para la salud, la Fundación para la defensa del ambiente considera a Bouwer como "uno de los lugares más contaminados de Argentina".
Fecha de Publicación: 21/10/2008
Fuente: Funam
Provincia/Región: Córdoba
Mediante nota formal dirigida al Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, el presidente de la Fundación para la defensa del ambiente (FUNAM), Dr. Raúl Montenegro, solicitó la intervención del organismo nacional en el caso Bouwer–Potrero del Estado.
El pedido de intervención tiene como fundamento el riesgo sanitario al que están expuestos los habitantes de la zona, los reclusos del penal de Bouwer y los empleados de las empresas que operan en la región, producto de la concentración de actividades altamente contaminantes.
Coexisten en la región el enterramiento de basura y el incinerador de residuos patógenos de la empresa Cliba; la planta de residuos peligrosos de la empresa Taym; el depósito judicial de vehículos de la provincia y una ex planta de fundición de plomo.
El Jefe Comunal de Bouwer, Juan Lupi, se sumó a la iniciativa de FUNAM haciendo una presentación similar ante la oficina de la Ciudad de Córdoba del Defensor del Pueblo de la Nación.
Ambas presentaciones solicitan formalmente la intervención de la Defensoría del Pueblo de la Nación para que "realice las gestiones y presentaciones pertinentes, administrativas y eventualmente judiciales, que permitan proteger la salud de los habitantes de Bouwer-Potrero del Estado".
El Jefe Comunal de Bouwer, Juan Lupi, se sumó a la iniciativa de FUNAM haciendo una presentación similar ante la oficina de la Ciudad de Córdoba del Defensor del Pueblo de la Nación. Bouwer es un pueblo localizado 17 kilómetros al sur de la ciudad de Córdoba, perteneciente al Departamento Santa María.
El pedido de intervención tiene como fundamento el riesgo sanitario al que están expuestos los habitantes de la zona, los reclusos del penal de Bouwer y los empleados de las empresas que operan en la región, producto de la concentración de actividades altamente contaminantes.
ENTERRAMIENTO DE BASURA
El predio de enterramiento de Potrero del Estado se utiliza como basural desde hace 26 años. Allí llegan diariamente 2.000 toneladas de basura. Según el estudio de impacto ambiental presentado por la propia Municipalidad de Córdoba, el 96% de los residuos corresponden a la Ciudad de Córdoba. Mediante un proceso administrativo que la Fundación para la defensa del ambiente (FUNAM) y la comuna de Bouwer calificaron de "ilegal", la Municipalidad de Córdoba pretende extender ocho años más la vida útil de ese enterramiento que lleva adelante la empresa Cliba. La celda 9, actualmente en uso, tiene más de 30 metros de altura constituyendo una verdadera "montaña de basura". Su base tiene aproximadamente 830 metros de largo por 350 metros de ancho.
INCINERADOR DE RESIDUOS PATÓGENOS
El horno pirolítico que también está a cargo de la empresa Cliba quema residuos patógenos. Se pudo comprobar que durante el funcionamiento (principalmente nocturno, a partir de las 21:00 horas) contamina el aire con humos y olores desagradables. Mediante nota dirigida a la Municipalidad de Córdoba, el Jefe Comunal de Bouwer, Juan Lupi, solicitó el cierre inmediato y definitivo del incinerador, sin recibir respuesta a la fecha.
ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS PELIGROSOS
También opera en Bouwer-Potreros del Estado una empresa privada, Taym, que recibe, trata y almacena residuos peligrosos. La cantidad de residuos depositados aumenta en forma permanente. En este depósito se hallan enterradas las 11 toneladas de DDT y otros plaguicidas prohibidos que se erradicaron del depósito que Senasa tenía en barrio Alta Córdoba. En este caso, denunciado por FUNAM a la Justicia Federal, y en el cual también intervino la Defensoría del Pueblo de la Nación, el presidente de Senasa fue imputado.
Los vecinos de Bouwer y Potrero del Estado deben soportar las fuertes emanaciones que descarga este depósito, donde se reciben -entre otros residuos- restos de plaguicidas. A los riesgos de sus actividades se suma el riesgo derivado de los transportes que traen residuos peligrosos.
Entre los eventos que podrían generar impactos rápidos y masivos, se destaca la posibilidad de incendio a gran escala, y posible explosión.
PLANTA DE FUNDICIÓN DE PLOMO
Durante aproximadamente tres décadas funcionó en el camino de enlace con el Camino a San Carlos la empresa Metalúrgica Bouwer. Hasta el año 2005 operó con chimenea abierta, descargando por lo tanto metales pesados al ambiente (principalmente plomo). En el año 2006 se logró su clausura. Aunque fue desmantelada persisten varios focos (fuentes) con escorias metálicas. La fundición contaminó el aire y el suelo, y a través de estos medios contaminados afectó a niños, adolescentes y adultos. Aunque la planta dejó de operar, sus residuos siguen activos. Análisis recientes mostraron elevados tenores de plomo en sangre. Este caso también se encuentra en la
Justicia, que ha tomado decisiones trascendentes. Para evaluar el impacto que ha tenido el plomo de esta fundición sobre la capacidad de aprendizaje de los niños y adolescentes de Bouwer, FUNAM junto a la Cátedra de Biología Evolutiva de la Facultad de Psicología (Universidad Nacional de Córdoba) ha elaborado un protocolo de investigación. Este estudio se iniciaría a fines del año 2008.
DEPÓSITO JUDICIAL DE VEHÍCULOS
En el predio ubicado sobre la Ruta 36 entre la Penitenciaría y la Escuela de Potrero del Estado, se acumulan entre 15.000 y 20.000 automóviles semidestruidos en capas de hasta 5 unidades apiladas. La falta de control de esta chatarra produce serios impactos ambientales y sanitarios: 1) Riesgo de contaminación: descarga de contaminantes, muchos de ellos tóxicos e incluso cancerígenos. 2) Riesgo por multiplicación de vectores: generación -particularmente durante la época lluviosa- de lugares de cría para mosquitos que son potenciales transmisores de enfermedades. 3) Afectación del paisaje. Mediante nota dirigida al Superior Tribunal de Justicia de Córdoba, el Jefe Comunal de Bouwer solicitó una audiencia a fin de evaluar conjuntamente los problemas ambientales y sanitarios que produce en la región el depósito de vehículos dependiente de la justicia provincial.
Debido a la concentración de estas actividades contaminantes que producen agentes riesgosos para la salud, la Fundación para la defensa del ambiente considera a Bouwer como "uno de los lugares más contaminados de Argentina".
Prisión, torturas y desalojos para campesinos
Argentina: prisión, torturas y desalojos para campesinos de tres provincias
Fecha de Publicación: 20/10/2008
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Formosa - Mendoza - Santiago del Estero
Durante el último mes, en las tres provincias fueron detenidos 35 campesinos y se dictaron 95 pedidos de captura. Los empresarios acuden a la Justicia para desalojarlos de sus tierras, pero nadie recibe las denuncias de los campesinos por los ataques que sufren.
La pésima suerte de nacer campesino
La agricultura campesina representa el 70 por ciento de las explotaciones agropecuarias de Argentina, produce el 53 por ciento de los alimentos que se consumen en el país y aporta la mitad del trabajo rural, según cifras oficiales. Las organizaciones campesinas también encabezan las estadísticas de desalojos, prisión y represiones, que en la última década se transformaron en hechos cotidianos. La avanzada represiva tuvo su punto máximo el último mes: 35 campesinos encarcelados y 95 pedidos de captura en sólo tres provincias, Santiago del Estero, Mendoza y Formosa. Denunciada como una “caza de brujas”, la judicialización de la lucha rural avanza sobre familias que rechazan el cultivo de soja, siembran para autoconsumo, crían animales y trabajan la tierra con sus propias manos, son la base de la pirámide rural. “Campesinos en lucha están sufriendo una persecución política, violenta e impune. Exigimos la inmediata liberación de compañeros, la investigación de funcionarios, jueces y policías que violaron derechos humanos, y exigimos la suspensión de los desalojos”, denunció el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), que nuclea a 15.000 familias rurales de siete provincias.
En Mendoza no hay soja, pero el avance del monocultivo en otras regiones produjo el corrimiento de frontera ganadera y sus consecuentes desalojos. Históricas familias campesinas observaron cómo grandes hacendados avanzaban sobre sus tierras. José Quintero tiene siete hijos, vive en Jocolí, departamento de Lavalle, y es miembro de la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra (UST). Su padre criaba animales desde 1976, y él continuó el oficio. Desde hace más de veinte años ocupa y trabaja una finca en la que pastorean las cabras, chanchos y caballos. Aunque cuenta con posesión veinteañal, protegido por ley, la Liga de Rematadores ofertó la finca, con los campesinos dentro.
La UST, miembro del MNCI, denunció el hecho y logró que la Justicia dicte la “suspensión de todos los procedimientos del remate” e inicie una investigación de los hechos. También hizo lugar a la presentación de los derechos de posesión de José Quintero. La propiedad no pudo ser inscripta por los empresarios, pero éstos igual ingresaron topadoras y comenzaron a arrasar el monte. Quintero llegó hasta la comisaría de Jocolí, pero la policía no le recibió la denuncia. Como única opción, y junto con la UST, comenzó a frenar las topadoras. Entonces los efectivos sí actuaron: encarcelaron a Quintero y otros dos miembros de la organización. También ordenaron la captura de otros diez trabajadores rurales.
“Ante las denuncias de los campesinos, la Justicia y la policía jamás actúan. En cambio con sólo un llamado de los empresarios la policía acciona de inmediato”, denunció la UST de Mendoza y apuntó a la cuestión de fondo: “Hay una clara persecución y criminalización de la lucha por los derechos humanos campesinos y un intento de instalar el terror en la zona, para que los empresarios puedan apropiarse de fincas sin la resistencia de los poseedores legítimos y legales”.
En el departamento de San Rafael, al sur provincial, otros cuatro militantes campesinos de la UST enfrentan un juicio oral acusados de “usurpación” de la tierra donde viven desde hace tres generaciones. Y otros 30 campesinos están imputados por resistir a ser desalojados de sus fincas ancestrales. “Estamos amparados por leyes y artículos del Código Civil, pero algunos jueces, fiscales y policías parecen desconocer la legislación”, denunciaron los Sin Tierra de Mendoza.
En Formosa, el Movimiento Campesino provincial (Mocafor) forma parte del flamante Frente Nacional Campesino (FNC), nacido durante el conflicto de las entidades patronales y el Gobierno, apoyó la Resolución 125 y marchó al Congreso para su aprobación. El gobernador Gildo Insfrán es aliado del oficialismo, pero ni eso influyó al momento de la criminalización de la organización. En dos días sufrió la detención de tres militantes, que habían resistido el atropello de empresarios, y ordenaron la captura de otros cinco. El centro del conflicto es la Estancia La Florencia, de 90 mil hectáreas, en el oeste formoseño, que pretende echar a históricos habitantes. “Estábamos en un momento de tregua, sin movilizaciones, buscando el diálogo, y la Justicia, que obedece al gobernador, nos encarcela”, explicó Benigno López, referente del Mocafor. También remarcó que en todo el país “se está acentuando la violencia y agudizando la represión para que campesinos dejen sus tierras, algo que no dejaremos que suceda”.
Pioneros en la lucha contra el monocultivo de soja y la deforestación, el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase-Vía Campesina) nuclea a 9000 familias. Enfrentan a paramilitares y sojeros, cuentan con una escuela propia, radios comunitarias y emprendimientos productivos. Las veces que fueron desalojados, han vuelto a recuperar sus tierras. En el último mes sufrieron 29 detenciones, 50 pedidos de captura y tormentos propios de la dictadura militar, saqueo de viviendas por parte de efectivos policiales, simulacros de fusilamientos, disparos con balas de goma desde corta distancia, golpes y torturas.
“Como no han podido cooptar al Mocase-Vía Campesina, pretenden desarticularlo y quedarse con las tierras ancestrales. Es un accionar conjunto del poder político y judicial de Santiago del Estero para favorecer el avance de los agronegocios y los grandes terratenientes”, afirmaron desde la organización campesina.
En sólo un mes, la organización sufrió media docena de allanamientos en las localidades de Monte Quemado, Pinto, Quimilí, Tintina, Atamisqui y Termas de Río Hondo. La represión incluyó golpes de puño, patadas, insultos, robo en los ranchos campesinos; destruyeron viviendas, extrajeron herramientas y hasta les llevaron una camioneta. Todos los operativos fueron realizados de manera espectacular, con más de treinta efectivos con armas largas y rostros tapados. La policía recorría parajes y ranchos, allanaba sin orden judicial y apresaban sin razón alguna. “Una caza de brujas”, denunció el Mocase-VC, también miembro del Movimiento Campesino Indígena (MNCI).
Las acusaciones sobre los campesinos van desde “robo de un caballo” –según consta en la denuncia, y que provocó allanamientos masivos– hasta la supuesta “amenaza de muerte, tenencia de armas y hurto de productos forestales”. La mayoría de las causas están en manos de los jueces Alvaro Mansilla, Jorge Salomón, Ramón Tarchini Saavedra y Anselmo Juárez –ex abogado del jefe de inteligencia del juarismo, Musa Azar–. “Son las acusaciones que acostumbran los terratenientes de la zona contra quienes frenamos los desmontes y los alambrados, y hacemos respetar nuestros derechos. Según los jueces, cuando nosotros denunciamos inventamos la denuncia, y cuando denuncian contra nosotros sí son hechos delictivos”, explicaron desde el Mocase-VC, que exige el cumplimiento de la Ley de Bosques (que debiera frenar los desmontes) y la norma de “Emergencia Indígena, 26.160” (freno a desalojos). Ninguna de las leyes se cumple en tierra santiagueña.
El miércoles último, los campesinos santiagueños instalaron una carpa negra frente a los tribunales de Santiago capital. Exigen la liberación inmediata y la anulación de las “causas inventadas” que mantienen presos desde hace 40 días a Luis y Santos González, miembros del Mocase-VC procesados por resistir el desalojo de sus tierras ancestrales.
En la capital nacional del desmonte
Con casi veinte años de lucha, el Mocase-VC sufrió represión, cárcel y asesinatos durante el juarismo, que gobernó Santiago del Estero durante cinco décadas. El hostigamiento nunca cesó, ni durante la intervención federal ni con el gobernador Gerardo Zamora, aliado del gobierno nacional, y que rechazó dialogar con PáginaI12. Conocida como la “capital nacional del desmonte”, Santiago del Estero encabeza la lista de destrucción de bosques nativos: 515.228 hectáreas entre 2002 y 2006, siempre de la mano del avance sojero.
El gobernador Zamora, sindicado por el Mocase-VC como máximo responsable de la criminalización campesina, asistió hace diez días al lanzamiento de la Subsecretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar, espacio que estaría al servicio de los campesinos, con promesas de subsidios y elogios al sector. En su provincia, en cuanto a problemática de tierras, el gobierno santiagueño sólo impulsó una “Mesa de Diálogo”, donde hay tan múltiples actores (incluso ONG que aceptan la soja y los agrotóxicos), y con tan poco poder de decisión, que no ha dado respuestas concretas a la problemática del sector. De esa Mesa también participa el Programa Social Agropecuario (PSA), instancia gubernamental que debiera asistir a familias rurales, pero que margina al Mocase-VC por su independencia del gobierno provincial.
El ministro de Justicia de Santiago del Estero, Ricardo Daives, tampoco aceptó hablar con este diario. Daives es acusado de impulsar la represión, en complicidad con el senador nacional Emilio Rached, ex vicegobernador y ex intendente de la localidad de Pinto, impulsor de la soja en la zona. Rached, legislador clave en el rechazo de la Resolución 125, aspira a la gobernación de Santiago del Estero y tiene entre sus principales detractores al Mocase-VC, única organización que lo enfrentó y que Rached no pudo vencer.
Fecha de Publicación: 20/10/2008
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Formosa - Mendoza - Santiago del Estero
Durante el último mes, en las tres provincias fueron detenidos 35 campesinos y se dictaron 95 pedidos de captura. Los empresarios acuden a la Justicia para desalojarlos de sus tierras, pero nadie recibe las denuncias de los campesinos por los ataques que sufren.
La pésima suerte de nacer campesino
La agricultura campesina representa el 70 por ciento de las explotaciones agropecuarias de Argentina, produce el 53 por ciento de los alimentos que se consumen en el país y aporta la mitad del trabajo rural, según cifras oficiales. Las organizaciones campesinas también encabezan las estadísticas de desalojos, prisión y represiones, que en la última década se transformaron en hechos cotidianos. La avanzada represiva tuvo su punto máximo el último mes: 35 campesinos encarcelados y 95 pedidos de captura en sólo tres provincias, Santiago del Estero, Mendoza y Formosa. Denunciada como una “caza de brujas”, la judicialización de la lucha rural avanza sobre familias que rechazan el cultivo de soja, siembran para autoconsumo, crían animales y trabajan la tierra con sus propias manos, son la base de la pirámide rural. “Campesinos en lucha están sufriendo una persecución política, violenta e impune. Exigimos la inmediata liberación de compañeros, la investigación de funcionarios, jueces y policías que violaron derechos humanos, y exigimos la suspensión de los desalojos”, denunció el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), que nuclea a 15.000 familias rurales de siete provincias.
En Mendoza no hay soja, pero el avance del monocultivo en otras regiones produjo el corrimiento de frontera ganadera y sus consecuentes desalojos. Históricas familias campesinas observaron cómo grandes hacendados avanzaban sobre sus tierras. José Quintero tiene siete hijos, vive en Jocolí, departamento de Lavalle, y es miembro de la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra (UST). Su padre criaba animales desde 1976, y él continuó el oficio. Desde hace más de veinte años ocupa y trabaja una finca en la que pastorean las cabras, chanchos y caballos. Aunque cuenta con posesión veinteañal, protegido por ley, la Liga de Rematadores ofertó la finca, con los campesinos dentro.
La UST, miembro del MNCI, denunció el hecho y logró que la Justicia dicte la “suspensión de todos los procedimientos del remate” e inicie una investigación de los hechos. También hizo lugar a la presentación de los derechos de posesión de José Quintero. La propiedad no pudo ser inscripta por los empresarios, pero éstos igual ingresaron topadoras y comenzaron a arrasar el monte. Quintero llegó hasta la comisaría de Jocolí, pero la policía no le recibió la denuncia. Como única opción, y junto con la UST, comenzó a frenar las topadoras. Entonces los efectivos sí actuaron: encarcelaron a Quintero y otros dos miembros de la organización. También ordenaron la captura de otros diez trabajadores rurales.
“Ante las denuncias de los campesinos, la Justicia y la policía jamás actúan. En cambio con sólo un llamado de los empresarios la policía acciona de inmediato”, denunció la UST de Mendoza y apuntó a la cuestión de fondo: “Hay una clara persecución y criminalización de la lucha por los derechos humanos campesinos y un intento de instalar el terror en la zona, para que los empresarios puedan apropiarse de fincas sin la resistencia de los poseedores legítimos y legales”.
En el departamento de San Rafael, al sur provincial, otros cuatro militantes campesinos de la UST enfrentan un juicio oral acusados de “usurpación” de la tierra donde viven desde hace tres generaciones. Y otros 30 campesinos están imputados por resistir a ser desalojados de sus fincas ancestrales. “Estamos amparados por leyes y artículos del Código Civil, pero algunos jueces, fiscales y policías parecen desconocer la legislación”, denunciaron los Sin Tierra de Mendoza.
En Formosa, el Movimiento Campesino provincial (Mocafor) forma parte del flamante Frente Nacional Campesino (FNC), nacido durante el conflicto de las entidades patronales y el Gobierno, apoyó la Resolución 125 y marchó al Congreso para su aprobación. El gobernador Gildo Insfrán es aliado del oficialismo, pero ni eso influyó al momento de la criminalización de la organización. En dos días sufrió la detención de tres militantes, que habían resistido el atropello de empresarios, y ordenaron la captura de otros cinco. El centro del conflicto es la Estancia La Florencia, de 90 mil hectáreas, en el oeste formoseño, que pretende echar a históricos habitantes. “Estábamos en un momento de tregua, sin movilizaciones, buscando el diálogo, y la Justicia, que obedece al gobernador, nos encarcela”, explicó Benigno López, referente del Mocafor. También remarcó que en todo el país “se está acentuando la violencia y agudizando la represión para que campesinos dejen sus tierras, algo que no dejaremos que suceda”.
Pioneros en la lucha contra el monocultivo de soja y la deforestación, el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase-Vía Campesina) nuclea a 9000 familias. Enfrentan a paramilitares y sojeros, cuentan con una escuela propia, radios comunitarias y emprendimientos productivos. Las veces que fueron desalojados, han vuelto a recuperar sus tierras. En el último mes sufrieron 29 detenciones, 50 pedidos de captura y tormentos propios de la dictadura militar, saqueo de viviendas por parte de efectivos policiales, simulacros de fusilamientos, disparos con balas de goma desde corta distancia, golpes y torturas.
“Como no han podido cooptar al Mocase-Vía Campesina, pretenden desarticularlo y quedarse con las tierras ancestrales. Es un accionar conjunto del poder político y judicial de Santiago del Estero para favorecer el avance de los agronegocios y los grandes terratenientes”, afirmaron desde la organización campesina.
En sólo un mes, la organización sufrió media docena de allanamientos en las localidades de Monte Quemado, Pinto, Quimilí, Tintina, Atamisqui y Termas de Río Hondo. La represión incluyó golpes de puño, patadas, insultos, robo en los ranchos campesinos; destruyeron viviendas, extrajeron herramientas y hasta les llevaron una camioneta. Todos los operativos fueron realizados de manera espectacular, con más de treinta efectivos con armas largas y rostros tapados. La policía recorría parajes y ranchos, allanaba sin orden judicial y apresaban sin razón alguna. “Una caza de brujas”, denunció el Mocase-VC, también miembro del Movimiento Campesino Indígena (MNCI).
Las acusaciones sobre los campesinos van desde “robo de un caballo” –según consta en la denuncia, y que provocó allanamientos masivos– hasta la supuesta “amenaza de muerte, tenencia de armas y hurto de productos forestales”. La mayoría de las causas están en manos de los jueces Alvaro Mansilla, Jorge Salomón, Ramón Tarchini Saavedra y Anselmo Juárez –ex abogado del jefe de inteligencia del juarismo, Musa Azar–. “Son las acusaciones que acostumbran los terratenientes de la zona contra quienes frenamos los desmontes y los alambrados, y hacemos respetar nuestros derechos. Según los jueces, cuando nosotros denunciamos inventamos la denuncia, y cuando denuncian contra nosotros sí son hechos delictivos”, explicaron desde el Mocase-VC, que exige el cumplimiento de la Ley de Bosques (que debiera frenar los desmontes) y la norma de “Emergencia Indígena, 26.160” (freno a desalojos). Ninguna de las leyes se cumple en tierra santiagueña.
El miércoles último, los campesinos santiagueños instalaron una carpa negra frente a los tribunales de Santiago capital. Exigen la liberación inmediata y la anulación de las “causas inventadas” que mantienen presos desde hace 40 días a Luis y Santos González, miembros del Mocase-VC procesados por resistir el desalojo de sus tierras ancestrales.
En la capital nacional del desmonte
Con casi veinte años de lucha, el Mocase-VC sufrió represión, cárcel y asesinatos durante el juarismo, que gobernó Santiago del Estero durante cinco décadas. El hostigamiento nunca cesó, ni durante la intervención federal ni con el gobernador Gerardo Zamora, aliado del gobierno nacional, y que rechazó dialogar con PáginaI12. Conocida como la “capital nacional del desmonte”, Santiago del Estero encabeza la lista de destrucción de bosques nativos: 515.228 hectáreas entre 2002 y 2006, siempre de la mano del avance sojero.
El gobernador Zamora, sindicado por el Mocase-VC como máximo responsable de la criminalización campesina, asistió hace diez días al lanzamiento de la Subsecretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar, espacio que estaría al servicio de los campesinos, con promesas de subsidios y elogios al sector. En su provincia, en cuanto a problemática de tierras, el gobierno santiagueño sólo impulsó una “Mesa de Diálogo”, donde hay tan múltiples actores (incluso ONG que aceptan la soja y los agrotóxicos), y con tan poco poder de decisión, que no ha dado respuestas concretas a la problemática del sector. De esa Mesa también participa el Programa Social Agropecuario (PSA), instancia gubernamental que debiera asistir a familias rurales, pero que margina al Mocase-VC por su independencia del gobierno provincial.
El ministro de Justicia de Santiago del Estero, Ricardo Daives, tampoco aceptó hablar con este diario. Daives es acusado de impulsar la represión, en complicidad con el senador nacional Emilio Rached, ex vicegobernador y ex intendente de la localidad de Pinto, impulsor de la soja en la zona. Rached, legislador clave en el rechazo de la Resolución 125, aspira a la gobernación de Santiago del Estero y tiene entre sus principales detractores al Mocase-VC, única organización que lo enfrentó y que Rached no pudo vencer.
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