Retiraron importantes avales por el Ayuí
15:05 | 
Publicado por
Eco Sitio |
La UBA y el INTA retiraron su aval de la Represa del Ayuí
Fecha de Publicación: 21/08/2008
Fuente: Diario Digital Momarandú - Proteger
Provincia/Región: Corrientes
El pedido de informes fue presentado esta semana por el diputado nacional Juan Manuel Irrazábal, del Frente para la Victoria, Misiones. El documento insta al Poder Ejecutivo nacional a prestar detalles sobre el megaproyecto agrícola y la “Represa Ayuí Grande”.
El emprendimiento Ayuí Grande, que abarcará más de 77.000 hectáreas, supone la eliminación de bosques naturales a lo largo de bajo 137 kilómetros, bajo el embalse de 8 mil hectáreas que se formaría al represar el Ayuí Grande –un importante curso de agua de la provincia de Corrientes, afluente del Miriñay, y emblemático por su altísima biodiversidad.
El emprendimiento es para sembrar, entre otras, 23 mil hectáreas de arroz que agregarían 130 mil toneladas a la exportación correntina, y 5 mil hectáreas de otros cultivos, incluyendo soja, con el mismo destino, en un contexto internacional favorable por el incremento del precio de los cereales.
El megaproyecto es impulsado por las firmas Pilagá, Tupantuva y Copra, del vicepresidente del Grupo Clarín, y Adecoagro, del financista húngaro George Soros, que, junto al gobierno provincial gestionan ante la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS) de la Nación medidas para que la Ley de Bosque nativos no frene la iniciativa.
El legislador misionero instó al Estado nacional a que informe acerca del conocimiento sobre el megaproyecto y pidió la opinión de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que es la autoridad nacional ambiental. “Construir un embalse que haría desaparecer bajo las aguas una superficie considerable de costas, bosques de ribera, pastizales y pajonales ha generado rechazo de muchas organizaciones”, sostiene el pedido.
Legisladores nacionales resolvieron dar urgente tratamiento al tema, al que calificaron de “trascendencia nacional e internacional”, según palabras del diputado Oscar Massei del PJ neuquino. “Hay una honda preocupación en la región nordeste”, aseguró por su parte el diputado nacional por Santa Fe, Pablo Zancada.
Entretanto Jorge Aliaga, decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires (UBA), pidió que se desvincule a la alta casa académica de los trabajos emprendidos por el ingeniero Jorge Adámoli, profesor asociado del Departamento de Ecología de esa facultad.
Adámoli integra el equipo técnico contratado por las firmas para desarrollar los estudios de impacto ambiental a los que, según dijo, el Instituto Correntino del Agua y el Ambiente (ICAA) analiza positivamente.
Adámoli fue quien precisó a Momarandu.com que de las siete mil hectáreas que serán inundadas, “sólo 137 kilómetros de bosque serán eliminados”. “Es un bosque que no es único, las especies que están ahí están en todos lados”, había justificado el ingeniero.
Adámoli había dicho también que el megaproyecto incluye la creación de un área protegida “de administración privada”, que se extenderá por de 13.700 hectáreas de bañados, malezal y bosques “donde no se tocará al ambiente”. El área “receptaría” el impacto que producirá el uso de químicos industriales para la siembra y la emisión de gases de las maquinarias.
Respecto a las declaraciones del profesor asociado Adámoli, el decano de la UBA sostuvo que “tanto los trabajos como el informe técnico quedan bajo responsabilidad del Asesor Técnico responsable y no comprometen a la Facultad”.
“El solicitante será responsable por los daños que pudieran derivarse de los resultados obtenidos en virtud de esta OAT. La Facultad no tendrá responsabilidad alguna al respecto”, agregó Aliaga. Se refiere a las Órdenes de Asistencia Técnica (OAT) que el investigador (Adámoli) habría solicitado a la facultad para desempeñarse como asesor técnico de las firmas privadas.
Al igual que Aliaga, el presidente del Centro Regional NEA del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria –INTA, Hugo García, informó que la entidad no forma parte del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del Proyecto de la Represa Ayuí, como se había informado en un principio.
“Pediremos que saquen el nombre de la Institución”, pidió García en un documento dirigido a la Fundación Reserva del Iberá, una de las organizaciones que se oponen al emplazamiento del megaproyecto agrícola.
García sostuvo que el INTA jamás formó parte del Estudio de Impacto Ambiental. “Si el INTA estuviera mencionado como integrante del Equipo Técnico, solicitaremos a los autores del trabajo modificar su redacción”, aclara el comunicado. El presidente de la entidad sostuvo que aunque el INTA haya realizado un estudio sobre riesgos ambientales e indicadores de sustentabilidad agroambientales, que probablemente fue sido utilizado para redactar parte del informe de impacto, “no implica que nuestros profesionales hayan sido parte del equipo técnico”.
Fecha de Publicación: 21/08/2008
Fuente: Diario Digital Momarandú - Proteger
Provincia/Región: Corrientes
El pedido de informes fue presentado esta semana por el diputado nacional Juan Manuel Irrazábal, del Frente para la Victoria, Misiones. El documento insta al Poder Ejecutivo nacional a prestar detalles sobre el megaproyecto agrícola y la “Represa Ayuí Grande”.
El emprendimiento Ayuí Grande, que abarcará más de 77.000 hectáreas, supone la eliminación de bosques naturales a lo largo de bajo 137 kilómetros, bajo el embalse de 8 mil hectáreas que se formaría al represar el Ayuí Grande –un importante curso de agua de la provincia de Corrientes, afluente del Miriñay, y emblemático por su altísima biodiversidad.
El emprendimiento es para sembrar, entre otras, 23 mil hectáreas de arroz que agregarían 130 mil toneladas a la exportación correntina, y 5 mil hectáreas de otros cultivos, incluyendo soja, con el mismo destino, en un contexto internacional favorable por el incremento del precio de los cereales.
El megaproyecto es impulsado por las firmas Pilagá, Tupantuva y Copra, del vicepresidente del Grupo Clarín, y Adecoagro, del financista húngaro George Soros, que, junto al gobierno provincial gestionan ante la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS) de la Nación medidas para que la Ley de Bosque nativos no frene la iniciativa.
El legislador misionero instó al Estado nacional a que informe acerca del conocimiento sobre el megaproyecto y pidió la opinión de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que es la autoridad nacional ambiental. “Construir un embalse que haría desaparecer bajo las aguas una superficie considerable de costas, bosques de ribera, pastizales y pajonales ha generado rechazo de muchas organizaciones”, sostiene el pedido.
Legisladores nacionales resolvieron dar urgente tratamiento al tema, al que calificaron de “trascendencia nacional e internacional”, según palabras del diputado Oscar Massei del PJ neuquino. “Hay una honda preocupación en la región nordeste”, aseguró por su parte el diputado nacional por Santa Fe, Pablo Zancada.
Entretanto Jorge Aliaga, decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires (UBA), pidió que se desvincule a la alta casa académica de los trabajos emprendidos por el ingeniero Jorge Adámoli, profesor asociado del Departamento de Ecología de esa facultad.
Adámoli integra el equipo técnico contratado por las firmas para desarrollar los estudios de impacto ambiental a los que, según dijo, el Instituto Correntino del Agua y el Ambiente (ICAA) analiza positivamente.
Adámoli fue quien precisó a Momarandu.com que de las siete mil hectáreas que serán inundadas, “sólo 137 kilómetros de bosque serán eliminados”. “Es un bosque que no es único, las especies que están ahí están en todos lados”, había justificado el ingeniero.
Adámoli había dicho también que el megaproyecto incluye la creación de un área protegida “de administración privada”, que se extenderá por de 13.700 hectáreas de bañados, malezal y bosques “donde no se tocará al ambiente”. El área “receptaría” el impacto que producirá el uso de químicos industriales para la siembra y la emisión de gases de las maquinarias.
Respecto a las declaraciones del profesor asociado Adámoli, el decano de la UBA sostuvo que “tanto los trabajos como el informe técnico quedan bajo responsabilidad del Asesor Técnico responsable y no comprometen a la Facultad”.
“El solicitante será responsable por los daños que pudieran derivarse de los resultados obtenidos en virtud de esta OAT. La Facultad no tendrá responsabilidad alguna al respecto”, agregó Aliaga. Se refiere a las Órdenes de Asistencia Técnica (OAT) que el investigador (Adámoli) habría solicitado a la facultad para desempeñarse como asesor técnico de las firmas privadas.
Al igual que Aliaga, el presidente del Centro Regional NEA del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria –INTA, Hugo García, informó que la entidad no forma parte del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del Proyecto de la Represa Ayuí, como se había informado en un principio.
“Pediremos que saquen el nombre de la Institución”, pidió García en un documento dirigido a la Fundación Reserva del Iberá, una de las organizaciones que se oponen al emplazamiento del megaproyecto agrícola.
García sostuvo que el INTA jamás formó parte del Estudio de Impacto Ambiental. “Si el INTA estuviera mencionado como integrante del Equipo Técnico, solicitaremos a los autores del trabajo modificar su redacción”, aclara el comunicado. El presidente de la entidad sostuvo que aunque el INTA haya realizado un estudio sobre riesgos ambientales e indicadores de sustentabilidad agroambientales, que probablemente fue sido utilizado para redactar parte del informe de impacto, “no implica que nuestros profesionales hayan sido parte del equipo técnico”.
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