Cianobacterias activan alerta naranja en 17 municipios de Buenos Aires por contaminación del agua

Fecha de Publicación: 20/08/2026
Fuente: Cadena 3
Provincia/Región: Buenos Aires


La presencia de cianobacterias en aguas de 17 municipios bonaerenses lleva a prohibir el ingreso a esas zonas y el consumo de alimentos de allí. Se recomienda precaución a la población.
Buenos Aires, 17 de agosto (NA) -- La Subsecretaría de Recursos Hídricos y la Autoridad del Agua de la provincia de Buenos Aires han declarado el estado de alerta naranja en 17 municipios debido a la detección de cianobacterias en el agua. Como medida preventiva, se prohíbe el ingreso a las aguas afectadas y el consumo de productos alimenticios provenientes de esos sectores.
El Sistema de Alerta Temprana ha señalado un aumento en la concentración de estos organismos en los últimos días, lo que ha llevado a las autoridades a tomar esta decisión. Los municipios afectados incluyen a Alberti, Avellaneda, Benito Juárez, Balcarce, Chacabuco, Chascomús, Colón, General Pinto, General Madariaga, Junín, Lezama, Lobos, Monte Hermoso, Roque Pérez, San Miguel del Monte, Trenque Lauquen y 25 de Mayo.
Ante esta situación, se ha establecido la bandera sanitaria, indicando un riesgo potencial para la salud. Las recomendaciones incluyen evitar bañarse en estas aguas contaminadas y no consumir alimentos provenientes de las áreas afectadas.
Los especialistas advierten que la presencia de cianobacterias puede ser identificada por la aparición de rayas, grumos o manchas verdes en el agua. Según el Ministerio de Salud, estas son organismos microscópicos que poseen clorofila, lo que les permite realizar la fotosíntesis, siendo comúnmente conocidas como algas verde-azules. Se encuentran en aguas dulces, saladas, salobres y en zonas de mezcla de estuarios.
Además, algunas especies de cianobacterias pueden producir toxinas que, al ser liberadas en el agua, constituyen un problema significativo para la salud humana y el medio ambiente. Su proliferación está relacionada con el aumento de nutrientes como nitrógeno y fósforo en los cuerpos de agua, así como con condiciones ambientales como altas temperaturas, días sin viento ni oleaje, y suficiente luz solar. Este fenómeno, conocido como eutrofización, es un proceso natural que se ha visto acelerado por factores antropogénicos y climáticos.
.

Un inédito monitoreo del Conicet revela cómo cambian los peces del Río de la Plata

Fecha de Publicación: 18/08/2026
Fuente: Portal EconomiaSustentable
Provincia/Región: Nacional


El estudio aporta información clave para evaluar los efectos del cambio climático, la contaminación y otras alteraciones en uno de los ecosistemas más importantes del país.
Conocer cómo funciona un ecosistema antes de evaluar los efectos de la contaminación o del cambio climático es una condición indispensable para comprender los cambios que ocurren en la naturaleza. Con esa premisa, investigadores del CONICET La Plata realizaron un inédito monitoreo de peces en distintos sectores del Río de la Plata durante un año completo, un trabajo que permitió construir una valiosa base de información sobre la dinámica ambiental de este sistema.
La investigación, publicada recientemente en la revista Environmental Biology of Fishes, fue desarrollada por especialistas del Instituto de Limnología de La Plata (ILPLA, CONICET-UNLP asociado a la CICPBA), quienes analizaron las comunidades de peces y múltiples variables ambientales para entender cómo se relacionan entre sí.
“¿Cómo podríamos averiguar cuánto impacta el cambio climático en un determinado ambiente, por ejemplo, sin saber qué elementos lo integran o qué transformaciones ha sufrido a lo largo de su existencia? El riesgo de sacar conclusiones equivocadas sería enorme”, advirtió el equipo de investigadores.
Para el investigador del CONICET Tomás Maiztegui, uno de los autores del estudio, el principal valor de este tipo de trabajos radica en la información que generan para futuras investigaciones.
“El mayor aporte de este tipo de investigaciones no son los resultados en sí, sino todo el caudal de información nueva que arrojan, y que pasa a formar parte del saber más básico sobre algo, ese que dará contexto y servirá de parámetro para avanzar hacia otros conocimientos más específicos”, explicó.

El monitoreo de peces en el Río de la Plata reveló cómo cambian las especies según el ambiente
Los investigadores realizaron muestreos en seis puntos distribuidos a lo largo de unos 35 kilómetros entre Boca Cerrada, en Ensenada, y la playa Bagliardi, en Berisso. Las muestras fueron tomadas en dos profundidades diferentes y durante las cuatro estaciones del año para registrar las variaciones naturales del ecosistema.
“Identificamos a todas las especies de peces que habitan esos espacios, y caracterizamos sus relaciones con el ambiente teniendo en cuenta una multiplicidad de variables que no pueden tomarse en consideración de manera aislada”, señaló Ariel Paracampo, investigador del CONICET en el ILPLA.
El relevamiento permitió identificar 49 especies de peces. En promedio, diez fueron consideradas dominantes, cuatro frecuentes, dos ocasionales y 33 raras.
El análisis también mostró que la profundidad del agua fue el principal factor que determina la composición de las comunidades de peces, seguida por la transparencia y la temperatura del agua. En cambio, la cercanía a descargas cloacales y efluentes industriales tuvo una influencia menor a la esperada.
“Pensamos que este factor tendría mayor influencia en la configuración de los ensambles de peces por la combinación de condiciones particulares como deficiencia de oxígeno y exceso de materia orgánica, pero no se vio que tuviera un efecto puntual”, explicó Darío Colautti, investigador del CONICET y director del ILPLA.
Entre las especies más abundantes se destacaron el porteño (Parapimelodus valenciennis), la mandufia (Ramnogaster melanostoma), el bagre amarillo (Pimelodus maculatus) y el buzo (Auchenipterus osteomystax).

El estudio del CONICET aporta información clave para evaluar el impacto ambiental
Los investigadores destacan que disponer de una línea de base sobre el funcionamiento natural del Río de la Plata permitirá detectar con mayor precisión futuras alteraciones provocadas por factores ambientales o por la actividad humana.
“Determinar esta jerarquía de especies en relación a una cierta temporalidad y condiciones ambientales, pero a la vez también a aspectos de su biología como si es época de reproducción o migración, nos brinda una base valiosísima para entender las causas de los cambios que puedan ocurrir, como la disminución de ejemplares de un grupo de peces, por ejemplo, y saber qué parámetro es el que se modificó: la turbidez del agua, su densidad, su conductividad, entre otros indicadores”, explicó Andrés Jaureguizar, investigador de la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires (CICPBA).
Otro de los aspectos innovadores del trabajo fue el método de muestreo utilizado. Los científicos emplearon un ranio, una red de arrastre tradicional poco utilizada en investigaciones de este tipo, lo que permitió obtener registros homogéneos y comparables entre sí.
“Lo que suele suceder es que se hacen registros discontinuos y mediante diferentes métodos, y eso no permite comparar los datos obtenidos”, indicó Maiztegui.
Los especialistas remarcaron que el Río de la Plata es un ambiente altamente dinámico, condicionado por las mareas, los vientos y una intensa actividad humana que incluye pesca, navegación y el ingreso de distintos tipos de residuos.
“El Río de la Plata es altamente dinámico; tiene mareas y vientos muy cambiantes, a la vez que está inserto en una zona urbana, con mucha influencia de la acción humana, desde la pesca artesanal y deportiva hasta el vertido directo e indirecto de todo tipo de residuos”, afirmó Paracampo.
Finalmente, los autores coincidieron en que contar con información de base resulta esencial para interpretar correctamente cualquier cambio futuro.
“Si las variaciones naturales que ocurren en un determinado ambiente son más grandes que las generadas por otros factores, es esencial saberlo, para que entonces todas las investigaciones tomen dimensión real. Conocer el funcionamiento de un sistema es el ABC del conocimiento”.
.

Argentina logró otro récord, pero no es para celebrar: es el mayor emisor de metano en el mundo

Fecha de Publicación: 12/08/2026
Fuente: BAE Negocios
Provincia/Región: Buenos Aires


El relleno sanitario Norte III quedó primero en un ranking mundial de emisiones. CEAMSE cuestiona la metodología del estudio.
El Complejo Ambiental Norte III, en Campo de Mayo, es el relleno sanitario que más metano emitió en el mundo, según un estudio de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA). El predio recibe unas 18.000 toneladas de residuos por día y concentra cerca del 45% de la basura que se genera en Argentina.
El ranking fue elaborado por el proyecto STOP Methane, del Instituto Emmett de UCLA, con observaciones satelitales realizadas durante 2025 por Carbon Mapper. Los investigadores detectaron más de 110 plumas de metano durante 21 pasadas sobre Norte III.
El metano es uno de los principales gases responsables del calentamiento global. Según el investigador Juan Pablo Escudero, reducir sus emisiones puede tener un impacto relativamente rápido sobre el aumento de la temperatura.

Por qué CEAMSE cuestiona el ranking
El complejo es operado por CEAMSE, que cuestionó la comparación entre los distintos rellenos sanitarios. La empresa sostiene que el ranking mide emisiones absolutas y no contempla el tamaño de cada predio, la cantidad de residuos que recibe ni sus sistemas de captación de biogás.
Norte III tiene unas 500 hectáreas y recibe residuos de una población de alrededor de 14 millones de personas. Un informe técnico presentado por CEAMSE propone medir las emisiones en relación con el volumen de residuos procesado.
Con ese criterio, Norte III deja de ocupar el primer lugar entre los diez rellenos analizados y pasa a mostrar una baja intensidad relativa respecto de su volumen diario de residuos.

Qué hace CEAMSE para controlar el metano
CEAMSE informó que cuenta con una planta que transforma el biogás de los residuos en energía, equivalente, según la empresa, al consumo de unas 200.000 personas.
Además, desde enero de 2025 utiliza el método Sniffer para detectar emisiones superficiales de metano. La tecnología cuenta con aprobación de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA).
UCLA aclaró que las imágenes satelitales son mediciones puntuales y no constituyen un inventario anual. Sin embargo, Escudero destacó que las más de 110 detecciones realizadas durante 2025 muestran que las emisiones existen.

El otro problema: la basura orgánica
El metano también está relacionado con la cantidad de residuos orgánicos que llegan a los rellenos. En América Latina y el Caribe, estos residuos representan el 52% de la basura, según datos del Banco Mundial.
Para reducir las emisiones, los investigadores plantean que no alcanza con mejorar los sistemas de captura de biogás. También resulta necesario reducir los residuos orgánicos mediante separación en origen, compostaje y valorización de la materia orgánica.
.

Denuncian que una ley redujo un 30% la superficie protegida de un humedal clave para prevenir inundaciones 

Fecha de Publicación: 08/08/2026
Fuente: Portal iProfesional
Provincia/Región: Buenos Aires


Mientras el debate por la flexibilización de la Ley de Tierras copa la agenda pública, otro conflicto ambiental escaló en la provincia de Buenos Aires. Esta vez el foco está sobre la Reserva Natural Integral y Mixta Laguna de Rocha. Se trata de uno de los humedales más importantes del Área Metropolitana. Organizaciones ambientales denuncian que un artículo incorporado a la Ley de Presupuesto 2026 reduce cerca de un 30% de la superficie protegida.
La denuncia llegó desde el Colectivo Ecológico Unidos por Laguna de Rocha. Aseguran que el cambio quedó incorporado como Artículo 112 de la Ley Provincial 15.557, indica la periodista Agustina Grasso, en una nota publicada en el sitio EconomiaSustentable.com.
Lo califican de trámite legislativo "oscuro" y "exprés" porque el expediente ingresó a la Legislatura bonaerense el 25 de noviembre de 2025 y fue aprobado apenas 24 horas después, durante el tratamiento del presupuesto provincial.
El expediente lo impulsó Pablo Domenichini, ex diputado provincial y actual rector de la Universidad Nacional Guillermo Brown.
"Logró pasar un artículo legal en la Legislatura en apenas 24 horas. Ese artículo recorta casi un 30% del área de la Reserva sin ningún debate público y para beneficio económico de muy pocos", expresaron desde el colectivo a Economía Sustentable.

Por qué la Laguna de Rocha es clave para millones de personas del AMBA
La Laguna de Rocha no es un simple espacio verde. Ubicada en Esteban Echeverría, forma parte de uno de los humedales más importantes de la Cuenca Matanza-Riachuelo.
Cumple funciones ambientales fundamentales para millones de personas que viven en el AMBA. Durante las lluvias intensas actúa como una enorme esponja natural que absorbe excedentes hídricos.
Esa capacidad reduce el riesgo de inundaciones en toda la zona. Además captura dióxido de carbono, regula la temperatura local, conserva biodiversidad nativa y ayuda a depurar aguas contaminadas del Riachuelo, agrega el artículo publicado en EconomiaSustentable.com.
"Achicar la Reserva implica reducir servicios ecosistémicos esenciales para casi tres millones de bonaerenses y porteños", sostienen las organizaciones.
Entre esos servicios destacan la regulación hídrica, la captura de carbono, la conservación de bosques y pastizales, la mitigación de olas de calor y hasta el alivio sobre la red eléctrica durante el verano gracias al efecto de enfriamiento que generan sus ambientes naturales.
Los ambientalistas advierten que el recorte pone en riesgo uno de los humedales más importantes del AMBA. Beneficia directamente a casi 3 millones de personas que viven en la región metropolitana.

La analogía con Iguazú que usan los ambientalistas para explicar el problema
Uno de los argumentos del proyecto oficial es proteger únicamente las áreas comprendidas dentro de la línea de ribera establecida por la Autoridad del Agua.
Para las organizaciones ambientales, de acuerdo a la nota publicada en EconomiaSustentable.com, ese criterio desconoce por completo el funcionamiento ecológico de un humedal. Y recurren a una comparación con parques nacionales emblemáticos.
"Sería como reducir el Parque Nacional Iguazú únicamente a las Cataratas y desmontar toda la selva que las rodea. O dejar del Parque Nacional Lanín solamente el volcán", ejemplificaron desde el Colectivo.
Según denuncian, el proyecto excluye sectores que no permanecen inundados de forma permanente. Pero esas zonas contienen bosques nativos, pastizales y corredores biológicos indispensables.
Sin esos espacios, el ecosistema del humedal no puede funcionar. Las especies pierden conectividad, el agua no se filtra correctamente y la capacidad de absorción hídrica disminuye.
"No se puede proteger solo el agua visible y destruir todo lo que hace posible que ese humedal cumpla su función", agregaron.

Ambientalistas hablan de negocio inmobiliario detrás del recorte
El colectivo ambiental sostiene que detrás del cambio legislativo existen intereses inmobiliarios concretos.
"¿Para qué o para quién se presentó este proyecto? Para que unos pocos empresarios y grandes propietarios multipliquen el valor de sus tierras al sacarlas de la Reserva", afirmaron en su comunicado público.
Entre los nombres mencionados por la organización aparecen grandes grupos propietarios de tierras dentro o en las inmediaciones del humedal. No existen hasta el momento imputaciones judiciales vinculadas al proyecto legislativo.
Pero los ambientalistas remarcan que sacar terrenos de la categoría de reserva natural aumenta exponencialmente su valor de mercado. Habilita desarrollos inmobiliarios, loteos y construcciones que antes estaban prohibidos.
"El derecho a no inundarnos, a respirar un aire más limpio y a disfrutar de espacios naturales debe estar por encima de cualquier negocio especulativo", afirmaron.

Denuncian rellenos sobre 64 hectáreas del humedal
El conflicto no termina en el recorte legal aprobado en la Legislatura. Las organizaciones aseguran que en paralelo avanzan rellenos de tierras en el barrio 9 de Enero.
Denuncian movimientos sobre aproximadamente 64 hectáreas del humedal. Advierten que estas intervenciones podrían modificar el comportamiento hidráulico del área.
Los rellenos sobre humedales cambian la forma en que el agua se mueve y se absorbe. Eso afecta la capacidad natural del ecosistema para amortiguar inundaciones en toda la cuenca.
"Mientras se reduce la superficie protegida por ley, se rellena lo que queda. Es un doble golpe contra el humedal", señalaron desde el Colectivo.

El antecedente judicial que frenó un intento anterior
No es la primera vez que la Laguna de Rocha enfrenta intentos de reducir su protección legal.
Los ambientalistas recuerdan que una modificación anterior de la ley —la Ley 14.516— fue posteriormente invalidada por la Suprema Corte de Justicia bonaerense.
Por eso consideran que el nuevo artículo incorporado al Presupuesto vuelve a vulnerar principios básicos del derecho ambiental: "Viola los principios de progresividad y de no regresión ambiental establecidos tanto por la Ley General del Ambiente como por el Acuerdo de Escazú".
Walter Martello, ex diputado provincial y actual Defensor del Pueblo Adjunto bonaerense, fue autor de la ley que creó la Reserva hace 12 años.
"Hace doce años fui autor del proyecto legislativo que dio origen a la declaración de Reserva Natural Provincial al humedal Laguna de Rocha. Hoy rechazo este intento de modificar sus límites", afirmó Martello públicamente.
Martello recordó que la reserva fue creada mediante la Ley 14.488 dentro del Sistema de Áreas Naturales Protegidas de la Provincia.

Un conflicto de años con presiones inmobiliarias constantes
Desde su creación, distintas iniciativas legislativas y judiciales buscaron modificar los límites de la Reserva. Organizaciones vecinales denuncian presiones inmobiliarias constantes sobre uno de los pocos grandes humedales que quedan en el conurbano.
Hasta clubes tradicionales como Boca Juniors y Racing intentaron en el pasado quitarle superficie. Buscaban rellenar hectáreas del humedal para proyectos deportivos.
Para el Colectivo Unidos por Laguna de Rocha, el nuevo proyecto representa "otro intento ilegal e ilegítimo" de avanzar sobre tierras protegidas.
Mientras el proyecto comienza a generar debate político en la Provincia, organizaciones ambientales ya anticipan que impulsarán acciones legales. Buscan impedir cualquier reducción de la superficie protegida.
"La Reserva Laguna de Rocha no pertenece a un gobierno de turno ni a un grupo de propietarios. Es patrimonio ambiental de millones de bonaerenses", concluyeron desde el Colectivo.
.

Atanor y sus agrotóxicos se van de San Nicolás: enfermedad, organización vecinal y complicidades

Fecha de Publicación: 31/07/2026

Fuente: Agencia Tierra Viva
Provincia/Región: Buenos Aires


Después de veinte años de lucha, vecinas y vecinos de la localidad bonaerense de San Nicolás lograron que la multinacional Atanor se fuera de la ciudad. La empresa acumula seis causas en tribunales, probados hechos de contaminación, afectación de la salud y complicidades políticas y judiciales. Dos preguntas siguen sin respuesta: ¿Cuál es la magnitud del impacto ambiental que provocó?¿Quién se hará cargo de la remediación ?
Gabriel Godoy salió de su casa en el barrio Los Fresnos, en la localidad bonaerense de San Nicolás de los Arroyos, y vio los grandes tambores de Atanor cargados sobre camiones. Era el 4 de junio y, así, confirmaba que la multinacional comenzaba a abandonar la ciudad. La escena se daba en las mismas calles donde en marzo de 2024, tras la explosión de un reactor de atrazina dentro de la planta, había visto llover ‘polvo’ blanco sobre casas y veredas; el mismo barrio donde durante años convivió con olores nauseabundos y un aire por momentos irrespirable. Por todo eso, se subió a la moto y siguió a los camiones con tambores durante varias cuadras mientras gritaba “¡Fuera Atanor!”.
“Ahora lo pienso y me parece una pavada pero en el momento sentí tanta satisfacción —cuenta Godoy a Tierra Viva—. Cuánta gente nos decía: ‘No le van a ganar porque son poderosos’. Hoy vemos cómo están desmontando la planta y sentimos que es un momento histórico”.
Atanor es una fábrica productora de agroquímicos que pertenece al grupo multinacional Albaugh LLC, una importante compañía de Estados Unidos con presencia en Canadá, México, Brasil, Argentina y Europa.
En Argentina cuenta con una planta en Río Tercero (Córdoba) y otra en Pilar (Buenos Aires). La tercera estaba en San Nicolás. Allí, la empresa producía glifosato, atrazina y 2,4D, todos agroquímicos contaminantes y nocivos para la salud.
Después de dos décadas de denuncias públicas, seis causas judiciales en fueros nacionales y de la provincia de Buenos Aires, un recurso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la explosión de 2024, Atanor comenzó a desmantelar la planta en San Nicolás en junio pasado.
La noticia más reciente es que el Juzgado Federal N°2 de San Nicolás fijó entre el 26 de agosto y el 10 de septiembre las audiencias para las declaraciones indagatorias de siete directivos de la empresa en el marco de una de las causas por contaminación. En ese expediente también están imputados funcionarios bonaerenses.
El desmantelamiento abre una nueva etapa: determinar cuál es la dimensión real del impacto ambiental provocado por décadas de actividad, qué tareas de remediación serán necesarias y quién o quiénes serán responsables de llevarlas adelante.

Tres décadas de contaminación
Godoy vive en el barrio Los Fresnos desde antes de 2000, a pocos metros de la planta. Su primer recuerdo de los problemas ambientales asociados a la fábrica se remonta a la década del 90, cuando una nube amarillenta cubrió la zona. “Dijeron que era cloramina (mezcla de amoniaco con cloro), pero no teníamos idea de lo que era la contaminación. No había formación sobre temas ambientales y pasó como un evento más”, recuerda.
Mientras crecía la discusión sobre el impacto de los agrotóxicos, vecinas y vecinos comenzaron a investigar qué ocurría en los alrededores de la planta. Una de esas tareas fue la elaboración del llamado “Mapa de muerte”, un relevamiento popular que registró más de 200 personas fallecidas por cáncer alrededor de la fábrica.
En la madrugada del 20 de marzo de 2024, las personas que viven alrededor de la planta escucharon una explosión e inmediatamente les comenzaron a arder los ojos y la garganta. Durante horas no recibieron ninguna comunicación, pero al salir a la calle vieron el fuego y la “lluvia” de unas partículas blancas que —luego supieron— era atrazina, un compuesto tóxico utilizado como herbicida. El explosión fue precisamente en uno de los reactores que fabricaba este agrotóxico.
“Como era verano teníamos todo abierto. Cuando me asomé y vi esa especie de ‘nieve’ enseguida cerré todas las puertas y las ventanas. Durante dos días estuvimos encerrados sin que nadie nos dijera nada. Se nos terminó la comida y el agua. Acá no podemos tomar de la canilla porque hace muchos años sabemos que está contaminada”, cuenta Miriam González, vecina del Barrio Química que como Los Fresnos, es lindante a la planta.
González, que hoy tiene 69 años, vive en este lugar desde hace medio siglo. Al igual que Godoy, también recuerda la “nube amarilla” de mediados de los 90 y las primeras veces que sintió olor nauseabundo: “Primero fue ese olor ácido, como a podrido. Pero después empezaron los dolores de cabeza, las náuseas, mucha gente con conjuntivitis, y comenzaron a aparecer los casos de cáncer de colon, esófago, mamas, y se empezaron a morir: el de la esquina, el de la otra cuadra”, describe.
La mujer no está ajena a ese impacto: “Ya voy por la quinta operación del riñón porque mi organismo genera cálculos. Los médicos no saben decirme por qué me pasa esto”, señala.
Durante años, la respuesta que recibieron fue similar a la que suelen escuchar quienes denuncian conflictos ambientales: que estaban en contra del trabajo. Atanor era una fuente laboral importante para la zona y el conflicto quedó atravesado por una tensión entre la necesidad de empleo frente al derecho a vivir en un ambiente sano.

Las causas judiciales
En 2009, trabajadores de la empresa denunciaron enterramientos de residuos peligrosos y vuelcos clandestinos de efluentes líquidos hacia las barrancas del río Paraná; esto fue comprobado en varios estudios posteriores.
“Esta denuncia, presentada en el fuero penal de la Provincia, fue el puntapié inicial. De ella derivó el amparo ambiental —la segunda causa, que llegó hasta la Suprema Corte de Justicia bonaerense— y que, tras doce años de litigio, terminó con una condena a la empresa para recomponer el ambiente y pagar una multa. De ese mismo expediente también surgió la orden de relocalización”, explica el abogado Fabián Maggi, representante del Foro Medio Ambiental de San Nicolás (Fomea).
La tercera denuncia, que está en el Juzgado Federal N°2 de San Nicolás, fue por infracción a la ley de residuos peligrosos, atentado a la salud pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
“En esta tenemos la noticia reciente de las fechas del llamado a indagatoria a Agustín Herrera, Sebastián Canavese, César Rojas Ruiz, Roberto Goncebat, Raúl Lluy y Angel Vergara del Carril, todos directivos de Atanor, y falta que se confirme la fecha las audiencias de los funcionarios de la Autoridad del Agua (ADA) y del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, actual Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, que también están imputados”, detalla Maggi.
Y continúa: “Después tenemos una cuarta causa penal en la Provincia por la explosión del reactor de atrazina, que tramita en el Juzgado Correccional 3 de San Nicolás y en la que también fueron citados a indagatoria directivos de la empresa. Además, hay otra causa civil en el Juzgado Civil y Comercial 3, iniciada por la construcción de la planta de atrazina granulada. Esa obra se realizó en 2019, mientras seguía vigente el amparo ambiental, y fue precisamente esa planta la que terminó explotando”.
“También está en curso una investigación por la impugnación de los Certificados de Aptitud Ambiental, la sexta causa, que tramita en el Juzgado Contencioso Administrativo 1. A eso se suma la presentación que vecinas, vecinos y el Foro Medio Ambiental de San Nicolás (Fomea) realizaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un reclamo que actualmente se encuentra en trámite”, explica Maggi.

Batalla ganada, batallas pendientes
“Hace unos días salí al patio y vi unos pajaritos. Durante muchos años no hubo aves. Me sentí feliz. A la vez, pensé en la gente de los barrios donde se va a ir la planta. Por otro lado, hay vecinos que me dicen que se quedaron sin trabajo por mi culpa y eso me pone mal, porque la lucha para que Atanor deje de contaminar fue también para que ellos no se enfermen”, reflexiona Miriam González.
Después de la explosión la planta fue clausurada y nunca reabrió. En parte por decisiones judiciales, en parte porque la propia empresa definió relocalizar la producción en sus otras plantas.
“A veces decimos que tuvimos la ‘suerte’ de que pase la explosión pero es contradictorio porque nos enfermó a todos. Cuesta demostrar que lo que uno dice es verdad, pero en un momento los hechos nos dieron la razón y como uno viene sembrando —a veces en la soledad, otras en el desconcierto— lo logramos”, dice.
Mientras la empresa desmantela la planta, Maggi explica que la tarea actual es la de “caracterización del pasivo ambiental”: “Es una etapa fundamental en la que se tiene que establecer cuál es la real dimensión de esa contaminación. Tanto la empresa como el Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires y la Autoridad del Agua vienen minimizando el impacto”, denuncia.
El abogado describe que estudios recientes demostraron que durante el desarme hubo nuevos hechos de contaminación provocados por la empresa: “En esto hay una responsabilidad directa y exclusiva del Estado que cede a las presiones de Atanor que termina manejando y gestionando estos pasivos ambientales de la peor manera ”, sostiene.
Al cierre de esta nota, el Ministerio de Ambiente bonaerense no respondió las consultas realizadas sobre los trabajos de fiscalización, estudios para medir el impacto y responsabilidades. Tampoco la empresa respondió las consultas por ninguno de los canales de comunicación.
En este contexto, las y los vecinos saben que el desmantelamiento de la planta no es final. “Es una gran victoria, pero ahora hay que lograr la remediación del lugar porque sabemos que la contaminación durará por años. También tenemos que evitar que se instale este tipo de empresas —afirma Gabriel Godoy y añade con orgullo—. En ese sentido, que como pueblo hayamos logrado que se vaya Atanor es un buen precedente”.
.

La Provincia de Buenos Aires abrió la convocatoria 2026 para financiar planes de manejo de bosques nativos

Fecha de Publicación: 23/07/2026
Fuente: Portal FuturoSustentable
Provincia/Región: Buenos Aires 


El Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires lanzó la convocatoria 2026 destinada a productores y titulares de tierras con presencia de bosque nativo, con el objetivo de brindar apoyo técnico y económico para la elaboración de Planes de Conservación, Manejo y/o Manejo y Conservación de Bosque Nativo. La inscripción permanecerá abierta hasta el 18 de agosto de 2026.
La iniciativa busca facilitar el cumplimiento de la normativa vigente y promover el uso sostenible de estos ecosistemas, considerados fundamentales para la conservación del suelo, la regulación hídrica y la adaptación frente a los efectos del cambio climático.
La convocatoria se enmarca en lo establecido por la Ley Nacional N.º 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos y la Ley Provincial N.º 14.888, que exigen contar con un plan técnico aprobado por la autoridad ambiental antes de realizar cualquier intervención o aprovechamiento en áreas incluidas en el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos.
Se trata de la tercera edición de este programa impulsado por el Ministerio de Ambiente bonaerense, encabezado por la ministra Daniela Vilar, con el propósito de que los propietarios de predios con bosque nativo puedan regularizar su situación y acceder a herramientas que permitan una gestión responsable de estos ambientes.
Desde la cartera ambiental remarcaron que el bosque nativo constituye un recurso estratégico en una provincia donde el estrés hídrico, la erosión de los suelos y las condiciones climáticas adversas representan desafíos crecientes para la producción. En ese sentido, destacaron que el monte protege el suelo, conserva la humedad y contribuye a sostener la productividad de los establecimientos rurales.
Asimismo, recordaron que cualquier intervención sobre bosque nativo debe contar previamente con un plan elaborado por un profesional habilitado y aprobado por el Ministerio. Solo después de esa aprobación podrá iniciarse el trámite de autorización correspondiente según el tipo de actividad prevista.
El organismo advirtió que toda intervención, incluido el desmonte, realizada sin la autorización de la autoridad ambiental puede constituir una infracción y dar lugar a sanciones.
Para facilitar el proceso, el Ministerio pone a disposición de los interesados herramientas, guías y asistencia técnica destinadas a la elaboración y presentación de los planes.
La información sobre la convocatoria, los requisitos y la documentación necesaria puede consultarse en el sitio oficial del Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, mientras que las consultas técnicas pueden realizarse a través del correo electrónico bosquesnativos@ambiente.gba.gob.ar.
.

Fallo histórico: la Justicia confirmó el daño irreversible de Atanor al río Paraná

Fecha de Publicación: 14/07/2026
Fuente: Portal PrimeraPlana
Provincia/Región: Buenos Aires


La Suprema Corte bonaerense ratificó la condena contra la planta agroquímica ubicada en San Nicolás por la contaminación mediante efluentes industriales. La sentencia expone graves falencias en los controles del Estado y reactiva el reclamo vecinal por una investigación ambiental profunda e integral
La ratificación judicial de un reclamo histórico
Tras doce años de litigio, la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires dejó firme la sentencia que responsabiliza a la empresa de agroquímicos Atanor por provocar un daño ambiental irreversible sobre las aguas del río Paraná.
El máximo tribunal provincial había comenzado a evaluar el expediente en agosto de 2023, apenas unos meses antes de que la planta protagonizara una explosión en uno de sus reactores. Aquel incidente dejó un saldo de un operario herido y forzó la evacuación de los vecinos del barrio circundante, quienes posteriormente reportaron síntomas respiratorios y la aparición de manchas blancas en plantas, veredas y vehículos. Frente al avance de la causa, la compañía intentó interponer un último recurso que fue desestimado por la Corte, confirmando definitivamente su culpabilidad por el vertido de efluentes industriales contaminantes.

Irregularidades operativas y falta de controles
La resolución judicial dio por acreditados los argumentos presentados originalmente por la Asociación Civil Cuenca Río Paraná, que comprobó la presencia de atrazina —un reconocido agroquímico industrial— en niveles superiores a los permitidos, y evidenció el tratamiento insuficiente de estos compuestos por parte de la empresa.
Fabián Maggi, abogado de la entidad denunciante, destacó que el fallo pone en evidencia el marco de ilegalidad en el que operaba la firma y señala la alarmante deficiencia de los organismos provinciales encargados de la fiscalización de industrias de alto riesgo. En particular, la sentencia apunta contra la Autoridad del Agua (ADA) y el Ministerio de Ambiente bonaerense por no controlar la totalidad de los químicos asociados a la actividad de Atanor.
Esta carencia de supervisión sostenida en el tiempo se vio ratificada por episodios ocurridos a lo largo de este año. Análisis efectuados por el Centro de Investigaciones del Medio Ambiente del Conicet, sobre muestras tomadas por la ADA entre febrero y abril de 2026, revelaron la presencia de glifosato, atrazina, AMPA y elevadas concentraciones de Atrazina-Hidroxi en descargas pluviales que desembocan en el río. Sumado a esto, Greenpeace Argentina denunció recientemente el hallazgo de residuos agroquímicos en los sistemas de drenaje tras detectarse una conexión clandestina mediante una inspección oficial.

El futuro de la planta y la exigencia de remediación
Ante la acreditación judicial de los hechos, el representante legal de la asociación civil subrayó la obligación indelegable del Estado de implementar una investigación ambiental integral, independiente y transparente. El objetivo central es determinar la extensión territorial y temporal del daño, evaluar qué sustancias persisten en el ambiente y establecer medidas de protección concretas para los miles de nicoleños que habitan en las inmediaciones del complejo.
En la actualidad, Atanor transita un proceso de relocalización productiva luego de que la Justicia ordenara la suspensión definitiva de la elaboración de agroquímicos en su sede de San Nicolás. Ante esta etapa inminente de desmantelamiento y limpieza, tanto organizaciones como Greenpeace y el Foro Medioambiental San Nicolás (Fomea) han exigido conjuntamente que las operaciones de traslado se ejecuten bajo un riguroso esquema de monitoreo y control ambiental.

Más Información: 

Portal LaPoliticaAmbiental - Buenos Aires: La Justicia confirmó que Atanor provocó un daño ambiental irreversible sobre el río Paraná
Después de más de una década de litigio, quedó firme la sentencia que responsabiliza a la empresa agroquímica por la contaminación del río Paraná desde su planta de San Nicolás. El fallo expone las graves fallas en los controles ambientales y vuelve a poner bajo la lupa el modelo de fiscalización sobre industrias de alto impacto.
.

Pergamino: la Justicia absolvió a los productores, condenó a exfuncinarios y apuntó al municipio por los agroquímicos

Fecha de Publicación: 26/06/2026
Fuente: Portal InfoCielo
Provincia/Región: Buenos Aires


La Justicia pidió investigar al entorno del intendente Javier Martínez y mantuvo la cautelar que restringe las fumigaciones.
La Justicia Federal dictó sentencia en el histórico juicio por fumigaciones con agroquímicos en Pergamino y resolvió absolver a todos los productores rurales, al ingeniero agrónomo y al aplicador que llegaron acusados por contaminación ambiental. Sin embargo, condenó a dos exfuncionarios municipales por incumplimiento de los deberes de funcionario público y ordenó investigar posibles responsabilidades de otros integrantes de la gestión local.
El fallo fue dictado por unanimidad por el Tribunal Oral Federal N°2 de Rosario, que durante cinco meses analizó denuncias por aplicaciones de agroquímicos realizadas entre 2011 y 2019 en zonas cercanas a barrios de Pergamino. La causa es considerada una de las más relevantes del país en materia ambiental por haber llevado por primera vez a productores rurales al banquillo de la Justicia Federal por hechos vinculados al uso de fitosanitarios.
Los jueces absolvieron a Fernando Cortese, Mario Reinero Roces, Víctor Tiribó, Hugo y Carlos Sabatini, José Luis Grattone y Cristian Taboada. En cambio, condenaron al exdirector de Ambiente Rural del municipio, Guillermo Naranjo, y al auditor Mario Tocalini a dos años de prisión de ejecución condicional y cuatro años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Un mensaje al municipio
Más allá de las condenas, uno de los aspectos más sensibles de la sentencia fue la decisión de remitir copia del fallo y de las audiencias al Ministerio Público Fiscal de San Nicolás para que investigue la actuación del intendente de Pergamino, Javier Martínez, y de otros funcionarios que pudieron haber tenido responsabilidades en el funcionamiento de la Dirección de Ambiente Rural.
Al fundamentar la decisión, el presidente del tribunal, Román Pablo Lanzón, sostuvo que la actuación de los funcionarios condenados estuvo “en las antípodas de lo esperado para un funcionario público” y remarcó que ambos eran los máximos responsables del área encargada de controlar las aplicaciones de fitosanitarios.
“La ineficacia de los controles estatales fue lo que produjo los resultados dañosos para la salud de las personas”, concluyó el magistrado al explicar por qué el tribunal encontró responsabilidad penal en el accionar de los funcionarios municipales.

Daños probados, pero sin condenas para los productores
La sentencia dejó una particularidad que seguramente alimentará el debate sobre el alcance del fallo. Por un lado, el tribunal consideró acreditado que la exposición a agroquímicos provocó daños en la salud de vecinos de Pergamino.
“Está debidamente probado que la exposición a los agroquímicos habitualmente utilizados en la actividad agropecuaria provocó daños a Sabrina Ortiz, a su grupo familiar más cercano y a otras personas de los barrios”, sostuvo Lanzón durante la lectura de los fundamentos.
Los jueces también señalaron que la evidencia científica producida durante el juicio permitió demostrar que vivir cerca de los campos fumigados tuvo incidencia en enfermedades y otros padecimientos de la población.
Incluso sostuvieron que el término “agrotóxicos”, utilizado durante años por los vecinos que impulsaron la causa, “tiene correspondencia con la prueba que se produjo” durante el debate oral.
Sin embargo, el tribunal entendió que la fiscalía y la querella no lograron demostrar con el grado de certeza exigido por el derecho penal que los productores acusados hubieran actuado dolosamente o realizado aplicaciones ilegales en los términos previstos por la Ley de Residuos Peligrosos.
“Alegato de fiscalía estuvo plagado de generalidades, abstracciones y conclusiones que no tuvieron sustento probatorio”, sostuvo Lanzón.
Respecto de Fernando Cortese, los jueces lo absolvieron tanto por la acusación de contaminación ambiental como por el cargo de amenazas coactivas vinculado a un episodio denunciado por vecinos, aplicando el beneficio de la duda sobre este último punto (era el acusado al que pedían 4 años y tres meses de prisión efectiva, la mayor de las penas).
También fueron absueltos Mario Roces y Víctor Tiribó, para quienes la fiscalía había solicitado penas de cuatro años de prisión efectiva, además de Hugo y Carlos Sabatini, José Luis Grattone y Cristian Taboada.

La cautelar seguirá vigente
Otro punto relevante de la sentencia fue la decisión de mantener vigente la medida cautelar que desde 2019 restringe las fumigaciones en Pergamino.
Actualmente, la resolución judicial impide aplicaciones terrestres a menos de 1.095 metros y aéreas a menos de 3.000 metros de las zonas urbanas y periurbanas del distrito.
Si bien la fiscalía había solicitado que esas restricciones quedaran incorporadas de manera definitiva a la sentencia y la querella pretendía incluso extenderlas a escuelas rurales, pueblos y parajes, el tribunal rechazó ambos planteos.
No obstante, resolvió mantener las medidas cautelares hasta que el fallo quede firme y se agoten las instancias de revisión previstas por la legislación procesal.
“Tal vez sea necesario revisar las distancias dispuestas municipalmente para amortiguar el impacto de los productos químicos empleados en los campos, pero no este es el ámbito para debatir y resolver esa cuestión”, sostuvo Lanzón.
Los jueces consideraron que esa discusión debe darse en otros ámbitos institucionales y sugirieron incluso la conformación de espacios de diálogo con participación de organismos públicos, asociaciones civiles y organizaciones ambientales.

Un fallo que deja abierto el debate
El tribunal buscó además despegar la sentencia de la histórica confrontación entre sectores productivos y organizaciones ambientalistas.
“No queremos que esto se vea como un desenlace entre productores agropecuarios y ambientalistas”, aclaró Lanzón.
Y agregó una reflexión que sintetizó el criterio adoptado por los jueces: “Un juez penal no es un superhéroe que está para satisfacer los deseos de la sociedad de alcanzar algo más justo. Está para hacer cumplir el derecho y la ley”.
Con las absoluciones de los productores y las condenas a funcionarios municipales, el juicio terminó dejando un escenario inesperado: la Justicia reconoció que existieron daños asociados a los agroquímicos y cuestionó duramente el rol del Estado local, pero descartó responsabilidades penales para quienes fueron acusados de realizar las fumigaciones.
.

Las claves del plan de la Provincia para combatir fenómenos climáticos extremos

Fecha de Publicación: 17/06/2026
Fuente: Portal LaBrújula24 
Provincia/Región: Buenos Aires


El Ministerio de Infraestructura desplegará una estrategia integral de monitoreo y obras para mitigar inundaciones y sequías.
La Provincia de Buenos Aires puso en marcha un Plan de Gestión del Riesgo Climático que contempla una inversión superior a los $530.000 millones. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, busca fortalecer la capacidad de prevención y respuesta ante fenómenos meteorológicos extremos, cuya frecuencia e intensidad se han vuelto cada vez más difíciles de anticipar.
La decisión llega en un contexto de creciente preocupación por la posible llegada de un nuevo fenómeno de El Niño. Distintos centros internacionales advirtieron que este evento podría traer lluvias extraordinarias y temperaturas fuera de los parámetros habituales. Sin embargo, los especialistas reconocen que todavía existe incertidumbre sobre el verdadero alcance que tendrá. "Hay posibilidad de un Niño, pero no hay una claridad todavía de la crudeza o la profundidad que va a tener", explicó el subsecretario de Recursos Hídricos bonaerense, Néstor Álvarez.
El funcionario sostuvo que la crisis climática obliga a replantear estrategias que hasta hace pocos años parecían suficientes. Según indicó, las tormentas actuales son mucho más localizadas e intensas, una realidad que modifica incluso obras hidráulicas planificadas una década atrás. “El cambio climático nos obliga a tocar obras que planificaste hace 10 años”, señaló al describir el nuevo escenario que enfrentan las autoridades.
En paralelo, la puesta en marcha del programa también expone diferencias con la gestión nacional. Álvarez cuestionó la postura del presidente Javier Milei respecto del cambio climático y defendió la necesidad de respaldar las políticas públicas basadas en evidencia científica. En ese marco, la Provincia también manifestó su preocupación por los recortes aplicados al Servicio Meteorológico Nacional, al que considera una herramienta fundamental para la prevención y el monitoreo de eventos extremos.
Para mejorar la capacidad de anticipación, el plan se apoya en distintas herramientas técnicas y de coordinación institucional. Entre ellas se destacan el Sistema Inteligente de Monitoreo para la Prevención y Análisis del Riesgo Hidrometeorológico (SIMPARH), el Comité de Gestión de Riesgo y Emergencia (CORE) y la Mesa de Riesgo Hídrico. La intención es contar con información más precisa y respuestas más rápidas frente a emergencias cada vez menos predecibles.
La mayor parte de los recursos estará destinada a la prevención del riesgo hídrico en áreas urbanas. En total, se invertirán $284.983 millones en 135 intervenciones y siete estudios vinculados a drenajes, defensas costeras y obras destinadas a reducir el impacto de inundaciones, la erosión costera y el avance del nivel del mar sobre distintas localidades bonaerenses.
Por otra parte, el plan contempla $245.759 millones para impulsar la adaptación productiva frente a eventos climáticos extremos. Se trata de diez intervenciones regionales orientadas a fortalecer la resiliencia del sector agropecuario, uno de los motores económicos de la provincia, frente a amenazas tan diversas como inundaciones prolongadas o sequías severas. 
.

El mayor emisor de metano entre basurales del mundo está en Buenos Aires: el informe que pone bajo la lupa al CEAMSE

Fecha de Publicación: 12/06/2026
Fuente: Portal MeteoRed
Provincia/Región: Buenos Aires


Un informe de la Universidad de California ubicó al Complejo Ambiental Norte III entre los mayores emisores de metano detectados por satélite. CEAMSE cuestionó la metodología y defendió sus sistemas de captura de biogás.
El Complejo Ambiental Norte III, operado por CEAMSE en Campo de Mayo, volvió a quedar bajo el foco internacional luego de que un informe del proyecto STOP Methane, desarrollado por investigadores de la Universidad de California (UCLA), lo identificara como el sitio de disposición final de residuos con la mayor tasa de emisiones de metano detectada por satélites durante 2025.
La conclusión surgió del análisis de información recopilada por Carbon Mapper a partir del satélite Tanager-1 de Planet Labs y del instrumento EMIT de la NASA instalado en la Estación Espacial Internacional. En total, los investigadores estudiaron casi 3.000 plumas de metano provenientes de 707 rellenos sanitarios y basurales distribuidos en decenas de países para elaborar un listado con los 25 casos más relevantes.
Sin embargo, los propios autores introducen una aclaración importante: el ranking no representa necesariamente a los sitios que más metano emitieron a lo largo del año, sino a aquellos donde se detectaron las mayores tasas horarias de emisión durante los sobrevuelos satelitales. Aun con esas limitaciones, sostienen que constituye la aproximación más precisa disponible para identificar las fuentes más importantes de este potente gas de efecto invernadero.

El corazón del sistema metropolitano de residuos en Buenos Aires
La relevancia del Complejo Ambiental Norte III también está dada por su magnitud. Allí se deposita cerca del 85 % de los residuos sólidos urbanos del Área Metropolitana de Buenos Aires, con un ingreso promedio superior a las 436.000 toneladas mensuales provenientes de la Ciudad de Buenos Aires y más de 40 municipios bonaerenses.
Para atribuir las emisiones detectadas, el equipo de UCLA recurrió a imágenes satelitales, datos geográficos y fuentes públicas, identificando a CEAMSE como el operador potencialmente responsable del predio. La empresa administra un complejo que, además de recibir enormes volúmenes de residuos, cuenta con instalaciones destinadas a captar el biogás generado por la descomposición de la materia orgánica y transformarlo en energía eléctrica.
El estudio también ofrece una referencia que ayuda a dimensionar el fenómeno: un relleno sanitario que libera cinco toneladas de metano por hora genera en un año un impacto climático comparable al de un millón de vehículos utilitarios deportivos o al funcionamiento de una central termoeléctrica a carbón de 500 megavatios.

La respuesta de CEAMSE: "Son mediciones puntuales"
La publicación del informe motivó una rápida reacción de CEAMSE, que cuestionó la metodología empleada por los investigadores y defendió el funcionamiento de sus complejos ambientales.
En un comunicado, la empresa sostuvo que las mediciones utilizadas para elaborar el ranking corresponden a observaciones satelitales realizadas bajo condiciones atmosféricas específicas y que, por ese motivo, no representan el comportamiento continuo y dinámico de las emisiones que registra un relleno sanitario de gran escala.
Según la entidad, Norte III opera bajo estándares técnicos y regulatorios vigentes y dispone de una extensa red de captación de biogás que evita que buena parte del metano producido por la degradación de los residuos llegue directamente a la atmósfera.
CEAMSE también recordó que desde 2012 cuenta con plantas de generación eléctrica alimentadas con ese biogás y que actualmente posee una potencia instalada de 23 megavatios, con una ampliación proyectada hasta 33 megavatios. Esa capacidad, asegura, permitiría abastecer el consumo de entre 100.000 y 120.000 personas.

Bonos de carbono, monitoreo y nuevas inversiones
Como parte de su estrategia para reducir emisiones, la empresa informó que durante 2025 inició un proceso de certificación internacional de bonos de carbono bajo el programa VERRA y el estándar Verified Carbon Standard, con el objetivo de validar la captura y tratamiento del metano mediante mecanismos independientes.
De acuerdo con datos difundidos por la propia compañía, durante abril de 2026 el sistema alcanzó una captación cercana a los 16.000 metros cúbicos de biogás por hora, alrededor de un 16 % más que en registros anteriores.
Además, incorporó monitoreo de emisiones fugitivas mediante drones equipados con tecnología Sniffer, una herramienta utilizada para detectar pérdidas de gas y optimizar el funcionamiento de los sistemas de extracción.

Un problema global con impacto local
El metano es considerado uno de los principales aceleradores del cambio climático. Aunque permanece mucho menos tiempo en la atmósfera que el dióxido de carbono, durante sus primeras dos décadas puede tener un poder de calentamiento hasta 80 veces superior.
Los investigadores de UCLA recuerdan que este gas explica aproximadamente la mitad del incremento de 1,2 °C registrado en la temperatura media global desde la Revolución Industrial y que los residuos constituyen la cuarta fuente mundial de emisiones, detrás de la ganadería, la agricultura y la industria del petróleo y el gas.
Al mismo tiempo, destacan que la reducción del metano ofrece una de las oportunidades más rápidas para desacelerar el calentamiento global, especialmente mediante una mejor gestión de los rellenos sanitarios y el aprovechamiento energético del biogás.
En ese contexto, el caso del Complejo Ambiental Norte III trasciende el resultado de un ranking. La discusión ya no pasa únicamente por una medición satelital o por la respuesta de una empresa pública, sino por cómo las grandes ciudades administran millones de toneladas de residuos y qué tan eficaces son las tecnologías disponibles para impedir que ese volumen se convierta en una fuente creciente de gases de efecto invernadero.
Mientras el informe internacional pone de relieve la magnitud del desafío, CEAMSE insiste en que las emisiones detectadas deben interpretarse dentro de un sistema complejo que continúa incorporando inversiones y herramientas de mitigación. Entre ambas posiciones queda abierto un debate que probablemente gane cada vez más espacio en la agenda ambiental: cuánto puede reducirse el metano generado por los residuos y cuál será el futuro de un modelo que todavía depende, en gran medida, del enterramiento de basura.
.

San Nicolás: ordenan la indagatoria de directivos de una agroquímica y de funcionarios provinciales por su presunta responsabilidad en la contaminación del Río Paraná

Fecha de Publicación: 06/06/2026
Fuente: Portal fiscales.gob.ar
Provincia/Región: Buenos Aires


La Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario dispuso que el juez federal Carlos Villafuerte Ruzo cite a declaración indagatoria a seis directivos de la empresa agroquímica ATANOR S.A., cinco funcionarios del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible y tres presidentes de la Autoridad del Agua por su presunta responsabilidad en la contaminación del Río Paraná y el suelo de la zona.
De este modo, los camaristas hicieron lugar a los recursos de apelación presentados por el fiscal federal Matías Di Lello, a cargo de la Sede Fiscal Descentralizada San Nicolás de los Arroyos, y la querella que representa a un grupo de vecinos de la ciudad.

La investigación
La causa comenzó el 3 de junio de 2014 cuando un grupo de habitantes de la localidad ubicada al norte de la provincia de Buenos Aires solicitó que se investigara a la empresa química por la posible comisión de delitos contra la salud pública –-previstos en los artículos 200 a 207 del Código Penal de la Nación-– e infracciones a las leyes N°24.051 de Residuos Peligrosos y N°22.421 de Conservación de Fauna Silvestre.
En su presentación, señalaron que, desde hacía varios años, la planta local de ATANOR S.A. generaba escapes de gas, vertía efluentes líquidos contaminantes al Río Paraná, tendía caños clandestinos, enterraba residuos tóxicos en las barrancas del río y las regaba con líquidos contaminados. También denunciaron que la firma abría las compuertas de la laguna de afinamiento de la planta para su lavado y que eran evidentes las deficiencias edilicias y tecnológicas.
Por otra parte, los denunciantes señalaron que sufrían daños en su salud y que diversos habitantes del Barrio Química habrían fallecido por causas relacionadas a la actividad contaminante de la planta.
La investigación fue delegada en la fiscalía a cargo de Di Lello, que solicitó una serie de medidas de prueba y recibió el testimonio de distintos vecinos y exempleados del predio. De los informes químicos solicitados surgió la presencia de atrazina en las muestras de agua obtenidas del río, y de cipermetrina y trifuralina en los muestreos del suelo.

Pedidos de indagatoria
El 11 de octubre de 2022, la querella pidió que se convocara a declaración indagatoria a las autoridades de la empresa, pero el juez Villafuerte Ruzo rechazó el pedido por considerarlo prematuro. La querella recurrió la decisión.
El 2 de mayo de 2023, el fiscal federal Di Lello le solicitó al juez que indagara a los directivos de Atanor, del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible y a los presidentes de la Autoridad del Agua.
A los seis responsables de la firma química, en su calidad de directivos y encargados de la planta, les endilgó haber contaminado —por lo menos— hasta el 16 de julio de 2020, el curso del río Paraná, sus barrancas, el suelo y el aire, mediante “el esparcimiento de partículas en el ambiente y el vuelco de efluentes al río, los que contenían residuos peligrosos categorizados como desechos Y4 del Anexo I de la ley 24.051 [de Residuos Peligrosos]”, lo cual -sostuvo- puso en riesgo la salud pública y la de la población de los barrios Química y Ponce de León de aquella ciudad del noreste bonaerense.
En relación a los cinco directores ejecutivos del organismo provincial de control, consideró que habían “incumplido con la misión y función impuesta a los funcionarios de dicho organismo”, por cuanto habrían omitido fiscalizar, ejecutar la política ambiental, preservar los recursos naturales, y desarrollar acciones de control sobre los elementos que pudieran causar la contaminación del aire, agua, suelo y, en general, todo lo que pudiere afectar el ambiente.
Finalmente, a los tres presidentes del organismo de supervisión provincial les imputó haber omitido cumplir con las disposiciones de la Ley provincial N°12.257 -Código de Aguas-, específicamente en lo relacionado con la reglamentación, supervisión y vigilancia de actividades y obras relativas al estudio, captación, uso, conservación y evacuación del agua. En tal sentido, el fiscal consideró que “se abstuvieron de actuar con el objeto de procurar la preservación del agua y para la protección del medio ambiente y de los bienes públicos y privados del impacto dañoso del agua”, y que tampoco supervisaron ni vigilaron las actividades y obras correspondientes.
El 13 de junio de 2023, la Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones rechazó la apelación de la querella contra la resolución del 18 de noviembre de 2022 y ordenó remitir la causa al juez para que, en base a nuevos elementos incorporados a la investigación, se expidiera sobre las solicitudes de las partes acusadoras.
Tras varias idas y vueltas, el 2 de octubre de aquel año, el juez entendió que hasta que el tribunal de Alzada no resolviera las impugnaciones pendientes, no correspondía dar curso a las citaciones solicitadas por la fiscalía y la querella. La decisión fue recurrida por el fiscal Di Lello, al entender que el  magistrado había efectuado una errónea interpretación de la decisión de la Cámara rosarina y había propuesto una nueva diligencia que no tenía correlato con la plataforma fáctica y las pruebas consideradas al solicitar las indagatorias.
Además, el representante del MPF postuló: “el cúmulo probatorio que acredita la materialidad de los hechos y las eventuales responsabilidades de los imputados, sin fundamento e invocando condiciones inválidas, no es más que un rechazo tácito a lo peticionado y constituye un sobreseimiento ficto de los imputados de autos, en los términos del artículo 336 del CPPN, que frustra irremediablemente los fines de este proceso”.

La decisión de la Sala B
Al resolver la cuestión, la jueza Silvina María Andalaf Casiello consideró que correspondía hacer lugar a las apelaciones y citar a las personas imputadas a prestar declaración indagatoria.
En su voto, al que adhirió su colega Aníbal Pineda, la camarista sostuvo: “las pruebas en producción pendientes o por producirse, serán valoradas oportunamente para el caso del dictado de la situación de mérito de los encausados”.
Además, destacó que “la instrucción se encuentra delegada, hace once años, no habiéndola reasumido el magistrado” y que, en atención a ello, el juez debería haber considerado la postura de la fiscalía respecto a que “corresponde tachar la supeditada decisión a la realización de una medida probatoria que se encuentra pendiente…y que no resulta determinante, más si se contrapone con el caudal probatorio que existe hasta el momento”.
“Por todo lo analizado y dado los diversos y retirados pedidos de llamados a indagatoria, los que han sido diferidos de decidir, o rechazados por el magistrado, en base a distintas argumentaciones, siendo denegado ello una vez más en la providencia del 2 de octubre de 2025, consistiendo el motivo de tal denegatoria en la pericia del 30 de noviembre de 2020, atento el tiempo transcurrido y estando delegada la instrucción como referí, y no habiéndola reasumido a lo largo de estos años, considero corresponde hacer lugar a los recursos de apelación interpuestos, y disponer el llamado a recibir declaración indagatoria de las personas individualizadas por la fiscalía y la querella en sus respectivos escritos”, concluyó la jueza.
.

Un nuevo sistema permitirá monitorear en tiempo real la salud de los ecosistemas marino-costeros en la Costa Atlántica

Fecha de Publicación: 03/06/2026
Fuente: Portal NoticiasAmbientales
Provincia/Región: Buenos Aires


La provincia de Buenos Aires avanzará en la implementación de un sistema de observación marino-costero destinado a mejorar el conocimiento y la protección de los ecosistemas del litoral atlántico. La iniciativa quedó formalizada mediante un acuerdo entre el Ministerio de Ambiente bonaerense y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), consolidando una estrategia de monitoreo ambiental basada en información científica.
El proyecto se desarrollará junto a la Red de Investigación de Estresores Marino-Costeros en Latinoamérica y el Caribe (Remarco), una plataforma internacional integrada por especialistas de cerca de 20 países. Gracias a esta articulación, se fortalecerá la capacidad de análisis sobre los cambios que afectan a los ambientes costeros y oceánicos.
Además, la propuesta se enmarca dentro de una visión regional que busca mejorar la gestión de los recursos naturales y generar herramientas para anticipar riesgos ambientales cada vez más frecuentes en el contexto del cambio climático.

Estaciones estratégicas a lo largo de la costa bonaerense
Como parte de la iniciativa, se instalarán estaciones de monitoreo continuo en Santa Teresita, Villa Gesell, Mar Chiquita y Mar del Plata. Estos puntos fueron seleccionados por su relevancia ecológica y por representar distintos ambientes costeros de la provincia.
A través de tecnología especializada, las estaciones recopilarán datos en tiempo real sobre variables ambientales fundamentales para comprender la dinámica de los ecosistemas marinos. La información obtenida permitirá construir series históricas y detectar alteraciones de manera temprana.
Asimismo, el sistema incluirá el monitoreo de áreas de transición entre ecosistemas terrestres y oceánicos, sectores particularmente sensibles frente a las presiones humanas y los cambios ambientales globales.

Monitorear amenazas para proteger la biodiversidad
Uno de los principales objetivos será estudiar los llamados estresores marino-costeros, es decir, factores que alteran el equilibrio natural de los ecosistemas debido a actividades humanas o procesos ambientales.
Entre las variables que serán observadas se encuentran la acidificación oceánica, las floraciones de algas nocivas, la presencia de microplásticos y otros contaminantes emergentes que generan preocupación en la comunidad científica internacional.
Por otra parte, el monitoreo permanente permitirá evaluar tendencias a largo plazo y mejorar la capacidad de respuesta ante fenómenos que puedan afectar tanto a la biodiversidad como a las actividades económicas vinculadas al mar.

Una iniciativa con ventajas ambientales
La creación de una red de observación permanente representa una herramienta clave para la conservación de los ecosistemas costeros. Contar con información continua facilita la detección temprana de problemas ambientales antes de que alcancen niveles críticos.
Además, los datos obtenidos permitirán diseñar políticas públicas más eficientes para la protección de especies marinas, humedales costeros y hábitats fundamentales para el funcionamiento de la biodiversidad regional.
Asimismo, el proyecto favorecerá la toma de decisiones basadas en evidencia científica, mejorando la planificación territorial y promoviendo acciones orientadas a reducir la contaminación, preservar los recursos naturales y fortalecer la resiliencia frente al cambio climático.

Ciencia y cooperación para un desarrollo sostenible
La iniciativa también busca consolidar una agenda de gestión ambiental sustentada en la cooperación entre organismos públicos, instituciones científicas y redes internacionales de investigación.
En este sentido, la información generada contribuirá al seguimiento de compromisos ambientales globales vinculados a la conservación de los océanos y al uso sostenible de los recursos marinos.
Finalmente, el fortalecimiento de la observación científica en la Costa Atlántica bonaerense representa un paso importante para comprender mejor los desafíos ambientales actuales y garantizar la protección de un patrimonio natural esencial para las generaciones presentes y futuras.
.

La energía del mar: el proyecto argentino que busca generar electricidad a partir de las olas

Fecha de Publicación: 01/06/2026
Fuente: Agencia IPS
Provincia/Región: Nacional - Buenos Aires


Aunque Argentina continúa impulsando su industria fósil, su amplia zona costera abre una oportunidad poco explorada: la energía undimotriz, una fuente renovable que aprovecha el movimiento de las olas para generar energía.
Con esa idea en mente, el ingeniero Alejandro Haim comenzó en 2007 un proyecto de energía undimotriz en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de Buenos Aires.
A mediados de marzo, el proyecto de energía undimotriz tuvo un avance contundente. En la metalúrgica Duroll de Pilar, se realizó la prueba estructural de la boya de tres metros de diámetro y 2,5 toneladas y el brazo.
“Probamos todas las partes del equipo, su funcionamiento, que no fallen, que no se rompan, que funcione correctamente fuera del agua, en el lugar donde estamos construyendo”, sostuvo Haim. “Una vez que pase todas las pruebas, que demostremos que es seguro para la gente y que no va a pasar nada extraño que pueda poner en peligro ni la flora, ni la fauna marina, recién ahí se trasladaría a la escollera norte de Mar del Plata y se instalaría», añadió.
Explicado de manera esquemática, el proyecto del generador comienza con una boya que flota en el agua. Un brazo metálico unido, en un extremo, a la boya que oscila cuando esta sube y baja, y al otro extremo del brazo, la conexión con una plataforma que puede ser una escollera o muelle. El movimiento lento y de vaivén del brazo entra en una cadena cinemática, es decir, un sistema de engranajes y mecanismos que hace girar un generador eléctrico y, finalmente, produce la energía.
La simplicidad del mecanismo tiene detrás años de planificación estratégica. Así lo explica Haim: “El hecho de que sea simple hace que el costo sea bajo y la confiabilidad del equipo, elevada, porque mientras más simple, menos probabilidades hay de que algo falle”.
A diferencia de otros proyectos de energía undimotriz que hay en el mundo, “la ventaja del nuestro es que lo único que está en contacto con el agua es la boya. El resto, va fuera del agua. Hay equipos que van sumergidos total o parcialmente, por ejemplo”, aporta el ingeniero respecto a las probabilidades de corrosión de los materiales.
La escollera norte de Mar del Plata no es el destino final del proyecto. “Nosotros pensamos el equipo en la escollera como una plataforma de investigación científica”, sostiene Haim.
El objetivo final es llegar a instalaciones offshore (costa fuera), pero para eso primero hay que demostrar en condiciones reales el coeficiente de conversión de energía undimotriz a energía eléctrica. “Uno puede hacer un montón de simulaciones, cálculos, pero en definitiva la demostración práctica es lo que termina de ponerle el sello a todo esto”, afirma.
En ese sentido, Roberto Salvarezza, exministro de Ciencia y Tecnología de la Nación (2019-2021) y actual presidente de la Comisión de Investigaciones Científicas (CIC) –dependiente del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires– precisa que «se llega a un piloto, se hace una evaluación y a partir de ahí uno busca la posibilidad de escalar si la tecnología ha sido exitosa, a fin de pasar ya a una fase productiva».

El potencial undimotriz
Hoy, el proyecto de energía undimotriz de la UTN que dirige Haim está patentado y tiene más de 20 profesionales e investigadores trabajando en su concreción. El equipo estima que un parque pequeño de 200 boyas tendría una potencia de 6 megavatios y abastecería a unas 20 000 personas o 5000 hogares, ocupando una superficie equivalente a tres manzanas.
Según un estudio publicado por el equipo de investigación en la revista Energías Renovables y Medio Ambiente, una sola boya de 30 kilovatios (kW) instalada en la costa de Necochea sería capaz de producir 131 megavatios hora (MWh) al año.
En 2025, Argentina consumió 141 249 gigavatios hora (GWh) según el informe anual de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista de Eléctrico (Cammesa), lo que pone en perspectiva la escala: el aporte de un prototipo individual es mínimo, pero según Haim, «la cantidad (de generadores) que se puede instalar no tiene techo».
Una de las ventajas técnicas que destaca el equipo es la densidad energética del recurso. Según un estudio publicado por los investigadores de la UTN, la energía undimotriz tiene una potencia por unidad de superficie de entre 2000 y 3000 W/m², frente a los 400-600 W/m² de la eólica y los 200 W/m² de la solar.
La razón es que la densidad del agua es 850 veces mayor que la del aire, lo que permite que la masa oceánica acumule y transporte más energía. Salvarezza suma otra ventaja: “Esta transferencia de energía (de las olas) es más permanente con respecto a la intermitencia que puede tener la energía solar o la energía eólica, donde la intensidad del viento es más fluctuante”.
A nivel global, las estimaciones sobre el potencial de este recurso son significativas. Un estudio de 2010 calculó que el recurso undimotriz a nivel mundial podría llegar a cubrir alrededor de 3,7 teravatios (TW), lo que representaba 20 % de la demanda mundial de energía de aquel momento.
Ana Julia Liftschitz es oceanógrafa y fue parte del proyecto de energía undimotriz durante varios años. En la actualidad, trabaja en la UTN de Puerto Madryn, Chubut, en un proyecto de turbinas hidrocinéticas para generar energía a partir de las mareas.
Coincide con Haim en que el potencial energético del mar argentino es sumamente vasto. Liftschitz destaca que «desde el punto de vista del recurso no hay ninguna limitación», y resalta que, aunque la aplicabilidad tecnológica sea un desafío, «tenemos el mar acá, que tiene un recurso ilimitado de energía y no lo estamos aprovechando».
Sobre esa dificultad de aplicación, Salvarezza precisa qué tipo de obstáculos enfrenta la tecnología: «El gran problema que tiene es que está expuesta a condiciones muy extremas. Se somete a los dispositivos a un permanente estrés mecánico que es el movimiento de las olas y, por el otro lado, está expuesto a un ambiente marino que degrada los materiales», detalla.
Actualmente, existen diversos proyectos en fase de prototipo desarrollados en distintos países como Reino Unido, España, Portugal, Estados Unidos, Japón, Noruega, Dinamarca, Brasil e Israel. A pesar de estos avances, Haim explica que en el sector todavía no hay ninguna tecnología que haya llegado a un grado de madurez que posicione a un proyecto por sobre otro para desarrollarlo a escala comercial.
Esta situación de paridad tecnológica habilita una oportunidad para el desarrollo local, a la vez que posiciona a la Argentina dentro del contexto global. Como se destaca en un estudio de 2019 realizado por Haim y otros miembros del proyecto, el hecho de ser una «tecnología en estado de desarrollo experimental permite competir con otros desarrollos a nivel mundial sobre el desarrollo de equipos confiables, seguros y de costos competitivos».
Salvarezza precisa que, a nivel mundial, «la energía del mar está en una etapa aún exploratoria, en el caso de la undimotriz, precomercial, con algunos prototipos desarrollándose, algunos en Estados Unidos, otros en Europa». Y agrega: «Hoy en día el precio que podría tener el megawatt-hora de estas energías están por encima de lo que son las energías fósiles o el caso de las renovables como la energía solar y energía eólica. Sin embargo, a medida que se vayan desarrollando y alcancen escala, seguramente estos precios van a bajar».

Energía renovable en la matriz energética argentina
En 2006, mediante la Ley 26.190, se creó el Régimen de Fomento Nacional para el Uso de Fuentes Renovables de Energía Destinada a la Producción de Energía Eléctrica, que establecía como meta alcanzar una contribución de las fuentes de energía renovables de 8 % del consumo de energía eléctrica nacional para el 31 de diciembre de 2017.
El incentivo que planteaba la ley era a través de incentivos fiscales, beneficios impositivos y la remuneración de la energía generada que se volcara al mercado mayorista o servicios públicos. En aquella ley, la energía undimotriz ya se posicionaba dentro de la lista de energías renovables que se buscaba fomentar.
Luego, en 2015 con la Ley 27.191 se modificó el régimen y elevó esta meta para lograr que las fuentes renovables alcancen el 20% del consumo de energía eléctrica nacional para diciembre de 2025. Según el informe anual de Cammesa de 2025, el país cerró ese año con un aporte de 18,9 %.
Desde el proyecto de energía undimotriz de la UTN plantean que el desarrollo de esta tecnología contribuiría a diversificar la matriz energética y a un abastecimiento más seguro y constante.
“La diversificación de las energías hace que, si te falla una de las fuentes, tenés de la otra. Si dependés de una sola y esa falla, es muy complicado”, advierte Haim, quien retoma como ejemplo el apagón masivo que afectó a España y Portugal en abril de 2025, cuando una desconexión abrupta de plantas generadoras provocó la caída de la red eléctrica peninsular.

Soberanía energética: el peso del desarrollo local
Gabriel Blanco es ingeniero, investigador y coordinador del Centro de Tecnologías Ambientales y Energía (CTAE) de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (Unicen), donde se estudia el nexo entre energía, ambiente y sociedad.
Blanco sostiene que la transición energética es necesaria por múltiples motivos, entre ellos, el cambio climático y cuestiones vinculadas al modelo energético actual, que describe como «muy concentrado en términos de capitales y tecnología».
El investigador plantea la necesidad de avanzar hacia un modelo más diversificado y participativo. En ese sentido, considera que el desarrollo de energías renovables a nivel nacional, como el proyecto de energía undimotriz, «es parte de una diversificación en términos de recursos, en términos tecnológicos y fundamentalmente que se está haciendo desde lo local con actores locales».

Autonomía tecnológica frente a los cambios de gobierno
El proyecto undimotriz de la UTN fue diseñado para realizarse de punta a punta en el país. «Todos los mecanismos que tiene nuestro equipo se pueden fabricar en la Argentina. Es más, nosotros ya lo estamos fabricando, lo podemos hacer con la industria nacional, no dependemos de importaciones», cuenta Haim.
Y esto tiene una razón. «Queríamos algo que pudiéramos hacer acá en Argentina, que no dependiéramos de inversiones extranjeras. Yo empecé con esto en el 2007, casi 20 años atrás y fijate cuántos presidentes pasaron por el medio y todavía seguimos con el tema. Entonces, tenemos que ser resistentes a los cambios de política de la Argentina. Si un día te abren las importaciones, después te las cierran, después te las abren, no podemos depender de lo que decida el gobierno de turno. Mientras menos dependamos del entorno exterior, mejor», explicó el ingeniero.
La preocupación de Haim por la autonomía tecnológica se vincula con un debate más amplio sobre la transición energética en Argentina. El estudio «Impactos en la Balanza Comercial Argentina de la Transición Energética», realizado por Blanco y otros autores, advierte que la transición puede reproducir formas de dependencia si no se acompaña con una política industrial propia.
«Si la transición se implementa sin una estrategia de desarrollo tecnológico e industrial, puede generar una nueva dependencia: la importación masiva de equipos, tecnologías y componentes estratégicos, sustituyendo la vulnerabilidad asociada a los combustibles fósiles por otra vinculada a la tecnología extranjera», concluye el documento.
Blanco desarrolla esa idea: «Pueden haber cuestiones ligadas a la dependencia tecnológica porque, por ejemplo, la energía solar y los paneles solares pueden ser muy buenos, pero nosotros no los hacemos, se traen de China o del país que sea».
Salvarezza aporta una mirada similar desde su rol institucional: «En el caso de la energía eólica y solar, hay pocas posibilidades de que Argentina pueda participar de la cadena de valor, salvo algunos nichos reducidos. La mayoría de la tecnología que se dispone, está en manos de empresas extranjeras».
Por eso, destaca el caso del proyecto de energía undimotriz: «Es particularmente interesante porque el dispositivo que ha desarrollado la universidad tiene estas características de integrar, casi en su totalidad, industria nacional».

Del desfinanciamiento nacional al apoyo provincial
En 2022 el proyecto fue seleccionado por el Fondo Argentino Sectorial (Fonarsec) para, en 2023 recibir un financiamiento de 50 millones de dólares para el desarrollo gracias a un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo.
Sin embargo, desde 2024 el gobierno de Javier Milei dejó al financiamiento al sistema científico y el desarrollo nacional prácticamente congelado debido a la retención de fondos provenientes de préstamos internacionales.

El dinero que debían recibir nunca llegó.
“Peor todavía, porque nosotros hicimos trabajos durante un año, les presentamos las facturas, y nunca lo pagaron. O sea que nosotros tuvimos el gasto”, relata Haim.
Antes “el Fonarsec te daba la plata y vos la administrabas. Con el cambio de gobierno cambiaron las reglas”, relata y agrega que la instrucción fue que, cuando compraran los insumos o finalizaran los trabajos, enviaran la factura y les iban a remunerar los gastos.
“Los investigadores dedicaron mucho tiempo y horas de trabajo, presentaron las facturas, el trabajo que hicieron, y nunca se les pagó. Es peor a que te saquen el financiamiento, porque trabajaste con la esperanza de cobrar y no cobraste un mango”, relata Haim y agrega que también perdieron a la empresa con la que se habían asociado para construir el equipo.
El investigador agrega que perdieron “todo el trabajo que hicimos de conseguir una empresa, firmar compromiso de confidencialidad, armar el proyecto, fue mucho tiempo que no te lo paga nadie después. Cuando uno hace un proyecto con la idea que salga, sabe que puede salir mal, pero no te imaginás que va a pasar algo así”.
Fue entonces cuando, en 2024, la Provincia de Buenos Aires intervino para que el proyecto continuara a través del Foro Regional Eléctrico de la Provincia de Buenos Aires (FREBA).
Este organismo funcionó como el nexo que vinculó al equipo de la UTN con el Programa de Incentivos a la Generación de Energía Distribuida (Proinged) y con el Fondo de Innovación Tecnológica de Buenos Aires (FITBA), permitiendo que el proyecto recupere su impulso.
Salvarezza, presidente de la CIC, describe ese momento: «A comienzos del 2024 este proyecto se encontraba en una situación muy compleja porque se había desarrollado con lo que eran los fondos que aportaba el Estado Nacional, los Fonarsec. Hubo un cambio en el gobierno y estos fondos no siguieron fluyendo».
Y agrega: «Hoy en día es la provincia (de Buenos Aires) la que está sosteniendo este proyecto”.

El recurso marino en Argentina
Como oceanógrafa, Liftschitz hace una caracterización de los potenciales de energía que podrían obtenerse de los casi 5000 km de costa argentina.
«Si uno piensa en la costa argentina puede hacer una división muy clara. En la costa bonaerense la energía del mar más rentable sería la undimotriz, la energía de las olas, que allí no son excesivamente grandes, pero son persistentes. Para que se forme la ola necesitás un viento sostenido y una cierta distancia donde el viento le transfiere energía al agua, que se llama fetch. En la costa bonaerense el viento viene del este, tiene buena distancia y vientos sostenibles como para formar oleaje”, explica.
En cambio, las características cambian en el sur del país, habilitando otro tipo de aprovechamiento energético. Liftschitz sostiene que “en la costa patagónica, como tenemos una amplitud de marea muy importante y velocidades de corrientes de mareas muy fuertes, lo que conviene es obtener la energía de las mareas. Allí, los vientos son del oeste, entonces no se genera oleaje, pero existe una amplitud de marea excepcional”.
Un estudio de impacto ambiental publicado en 2017 en la revista Proyecciones, realizado por integrantes del proyecto en el marco de una tesis de maestría en Ingeniería Ambiental de la UTN, evaluó los efectos potenciales de la instalación del dispositivo en la escollera sur del Puerto Quequén.
La conclusión fue que “los potenciales impactos ambientales negativos no resultan significativos y resulta viable su ubicación”.
Según el estudio, los impactos negativos que identificaron son de carácter moderado y podrían focalizarse en la etapa de construcción, como por ejemplo, la contaminación sonora, la modificación del entorno visual y alteraciones temporales en la accesibilidad.
Liftschitz, codirectora del estudio, ratifica la evaluación: “Son instrumentos muy chicos. Hay que estudiar el impacto, obviamente, porque todo lo que uno pone tiene su impacto. Pero en la zona de Quequén el resultado fue positivo, el impacto ambiental era bajo”.

Una Argentina que mire al mar con perspectiva energética
Luego de casi 20 años de desarrollo, el prototipo argentino de energía undimotriz se acerca a una prueba decisiva: el mar. El paso siguiente, la escala comercial y el aporte real a la matriz energética, va a depender de los resultados que se obtengan y las decisiones políticas y económicas que se tomen.
La transición energética es una oportunidad para pensar sobre los patrones de consumo, la soberanía, y la participación ciudadana en el uso de los recursos naturales, sin olvidar la importancia de acompañar este proceso con políticas industriales, tecnológicas y territoriales que eviten reproducir nuevas dependencias y conflictos.
.