Organizaciones vecinales y científicos alertan sobre las consecuencias ecológicas de la obra civil en la ribera rioplatense


La emblemática obra de defensa costera en la ribera del Río de la Plata se encuentra bajo la lupa de especialistas y habitantes locales, quienes exigen estudios de impacto ambiental urgentes ante alteraciones en el ecosistema costero y la hidrodinámica de la región.

La construcción del nuevo murallón de defensa costera en la localidad de Punta Lara, partido de Ensenada, ha dejado de ser interpretada exclusivamente como una obra de infraestructura clave para la conectividad y la seguridad vial, para transformarse en un foco de intensa preocupación político-ambiental. Diversas organizaciones de la sociedad civil, asambleas vecinales de la región del Gran La Plata y científicos de universidades públicas de la zona han unificado sus reclamos para exigir al gobierno de la provincia de Buenos Aires la realización de una evaluación de impacto ambiental integral, exhaustiva y participativa. Los denunciantes sostienen que la megadefensa de hormigón, concebida originalmente para frenar las recurrentes sudestadas y proteger el trazado de la estratégica avenida Almirante Brown, se construyó omitiendo lineamientos ecológicos básicos, lo que está provocando severas modificaciones en la dinámica natural del estuario del Río de la Plata y poniendo en riesgo áreas de humedales y pastizales costeros de altísimo valor biológico.

Alteraciones en la dinámica hidrológica y la erosión de la costa
El principal argumento técnico esgrimido por los geólogos y especialistas en manejo costero radica en que la instalación de una barrera rígida y lineal de hormigón altera por completo el comportamiento de las mareas y el flujo de los sedimentos fluviales. En lugar de amortiguar la energía de las olas de forma gradual —como lo hacían las playas de juncales y arenas naturales originarias—, el murallón provoca un efecto de rebote de la masa de agua. Esta redirección de la fuerza hidráulica acelera los procesos de erosión en las áreas adyacentes que no cuentan con protección artificial, destruyendo los pocos sectores de playa pública remanentes y modificando los patrones de drenaje de los canales locales, lo que podría, paradójicamente, agravar las inundaciones en los barrios periféricos durante episodios de lluvias intensas o sudestadas prolongadas al taponar las salidas naturales de escurrimiento.
Para comprender a fondo la matriz de riesgos ambientales que genera este desarrollo de infraestructura en la ribera bonaerense, se sugieren desglosar los impactos en los siguientes puntos críticos:
- Pérdida de biodiversidad rioplatense: La eliminación de la vegetación hidrófila marginal (como juncales y espinillos) destruye el hábitat de nidificación, alimentación y refugio de decenas de especies de aves migratorias, anfíbios y mamíferos nativos de la costa.
- Fragmentación del ecosistema de humedal: El muro de hormigón actúa como una barrera física infranqueable que interrumpe la transición natural entre el medio acuático y el terrestre, impidiendo el intercambio biológico y genético de las especies locales.
- Degradación de los servicios ecosistémicos de la ribera: Al eliminarse la flora costera, la región pierde su capacidad natural para filtrar y depurar los contaminantes del agua, regular el microclima local y mitigar el avance de especies exóticas invasoras.

El reclamo de la comunidad y la demanda de transparencia institucional
El descontento de la comunidad local y de los colectivos conservacionistas también hace eje en la falta de transparencia y en la debilidad de los procesos de participación ciudadana durante las etapas de planificación y ejecución de la obra. Las asambleas socioambientales denuncian que la construcción del murallón avanzó a paso firme sin la presentación pública de un Estudio de Impacto Ambiental debidamente aprobado por el Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, y sin la convocatoria a las audiencias públicas que exige la legislación ambiental vigente en la República Argentina. Los vecinos movilizados enfatizan que no se oponen al desarrollo urbano ni a la seguridad de la conectividad vial de Punta Lara, sino que exigen que las intervenciones estatales incorporen criterios de ingeniería ecológica moderna y Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN), en lugar de aplicar recetas rígidas de cemento que destruyen la identidad natural y el patrimonio paisajístico de la localidad.

El desafío de conciliar el desarrollo urbano con la conservación del estuario
Este conflicto en la costa de Ensenada expone una problemática recurrente en los municipios que limitan con el Río de la Plata: la dificultad de planificar el crecimiento de las infraestructuras urbanas y turísticas respetando la fragilidad de los ecosistemas fluviales. Investigadores y docentes de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) insisten en que los humedales costeros y las selvas en galería de la región de Punta Lara —que actúan como zonas de amortiguación ecológica inmediatas a la Reserva Natural Integral Punta Lara— son recursos estratégicos e insustituibles frente a los escenarios proyectados de cambio climático, que prevén un aumento en la frecuencia y la severidad de las tormentas sudestadas. Continuar encorsetando la costa con defensas artificiales sin evaluar los impactos acumulativos a largo plazo representa un error de planificación territorial que trasladará pasivos ambientales y económicos severos a las futuras generaciones de la región costera.


Fecha de Publicación: 02/09/2026
Provincia/Región: Buenos Aires
Fuentes originales consultadas: Diario El Día de La Plata, Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, Foro Ambiental de la Región Capital
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Pese a las promesas de cierre, la última central a carbón de la Argentina sigue activa y preocupa a los vecinos

Fecha de Publicación: 28/08/2026
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Buenos Aires


La empresa AES y su filial argentina prometieron abandonar el carbón, pero su termoeléctrica de San Nicolás de los Arroyos aún funciona; el impacto ambiental y sanitario, y los argumentos de la compañía
La Central Térmica de San Nicolás de los Arroyos sobrevivió a la hegemonía del petróleo, al auge del gas natural y, ahora, al avance de la transición energética. Es hoy la única central eléctrica en el país que funciona con carbón, el combustible fósil más contaminante de todos. Y, pese a anuncios empresariales que apuntaban a su reconversión, al conflicto con vecinos y a una causa judicial en curso, la empresa que la opera sigue sin tomar una decisión definitiva sobre su cierre.
Habitantes de la zona reclaman la reconversión o, al menos, la mitigación y control de los contaminantes de la central, como ocurrió con otras plantas cercanas. “Sopla viento del norte y el olor se hace más intenso. Puede durar horas y hasta días. Nos afecta todo el tiempo”, contó Gabriel Godoy, que vive a menos de dos kilómetros de la central y del polo industrial.
Desde AES Argentina Generación SA, la empresa que hoy opera la central térmica, reiteraron a LA NACION su compromiso con la descarbonización. “La intención sigue firme”, aseguraron. “AES trabaja en planes para progresivamente eliminar el carbón de su matriz de generación. Durante los más de 30 años de operación, hemos mantenido una relación cercana con la comunidad, con la que activamente cooperamos”, agregaron. Tanto la filial argentina como su casa matriz habían anunciado públicamente que avanzarían en la transición energética para contribuir con su responsabilidad global y local.
En 2023, como parte del Carbon Disclosure Project, The AES Corporation afirmó que avanzaría hacia cero emisiones netas para 2050 y que eliminaría por completo el carbón de su cartera para 2025 mediante cierres, ventas o reconversiones, mientras expandía sus inversiones en energías renovables. Para impulsar esa meta, la empresa implementó incentivos de desempeño para sus ejecutivos a nivel global.
Este compromiso coincidía con el giro de la política energética de Estados Unidos bajo la administración de Joe Biden, representado en el Inflation Reduction Act, el conjunto más grande de políticas ambientales de la historia de ese país, que promovió el mayor paquete de descarbonización. Actualmente, su página de internet muestra que la empresa basa el 54% de su producción en renovables, un 29% en gas y un 15% en carbón. En Chile y República Dominicana vendió tres termoeléctricas a carbón.
Sin embargo, esos compromisos dejaron de aparecer con la misma claridad. En los documentos enviados a accionistas para las asambleas anuales de 2024 y 2025, The AES Corporation destacaba su “estrategia de transición energética para abandonar la generación a base de carbón”. Esa definición desapareció en 2026, aunque la empresa mantuvo referencias a trabajar para reorientar la cartera “hacia fuentes de generación con menores emisiones de carbono”. El cambio no es menor: se trata de documentos sensibles para compañías que cotizan en la bolsa de Estados Unidos.
El vencimiento del plazo para abandonar el carbón coincidió con el retiro de Estados Unidos del Acuerdo de París, el recorte de fondos verdes internacionales y un giro de la política ambiental estadounidense hacia los combustibles fósiles bajo el gobierno de Donald Trump. En ese contexto, AES Global avanza además en su venta a un consorcio liderado por BlackRock, la empresa de gestión de activos más grande del mundo, lo que también deja en suspenso cuál sería la dirección si el cambio de dueños se consolida.
En la Argentina, AES también prometió avanzar hacia la salida del carbón. En 2023, el CEO local, Martín Genesio, anunció la reconversión de la central de San Nicolás y afirmó que trabajaban con el Gobierno para evitar el impacto sobre sus 550 empleados. Aunque la empresa redujo de forma significativa el consumo de carbón, la planta continúa operativa y el retiro definitivo permanece en suspenso. Así lo revela esta investigación de LA NACION realizada en el marco de Las Ruinas del Carbón, un proyecto regional liderado por Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) sobre la salida de la energía a carbón en América Latina.
Instalada sobre el río Paraná en la década de 1950 como parte del segundo plan quinquenal de Juan Domingo Perón, la planta fue privatizada en 1993 durante el gobierno de Carlos Menem y hoy pertenece a AES Argentina. Aunque aporta solo el 5,7% de la generación eléctrica local, la compañía es un jugador global. La anunciada eliminación del carbón para 2025 significa solo el recambio de una de las cinco usinas de la planta, ya que el resto funciona a diésel.
La falta de cumplimiento de AES coincidió con un giro de la política climática argentina bajo el gobierno de Javier Milei. Aunque el país no abandonó el Acuerdo de París, degradó el Ministerio de Ambiente a subsecretaría y decidió no presentar la nueva Contribución Nacional Determinada, el plan con el que los países actualizan sus metas de reducción de emisiones cada cinco años.
Algunos analistas consultados apuntaron a que la dilución de los compromisos gubernamentales puede abrir un margen para que las empresas que lo decidan sigan los mismos pasos. “Cuando los presidentes niegan el cambio climático, validan cualquier flexibilización por parte de las empresas para cumplir con sus objetivos”, opinó Ariel Slipak, coordinador del área de investigación de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
Sin embargo, desde AES Argentina rechazan esa interpretación y sostienen que el consumo de carbón cae de forma sostenida desde 2023. Para ellos, no cerrar se vincula con cuestiones contractuales y de servicio. “El mercado y la demanda de energía son dinámicas y nuestro rol como compañía es brindar soluciones para satisfacer las necesidades energéticas del país. Si bien en un momento se habló de fechas concretas, el proceso de descarbonización responsable está sujeto a la seguridad y suficiencia del sistema eléctrico. La planta de San Nicolás sigue desempeñando un rol importante para asegurar la confiabilidad y resiliencia del sistema”, señalaron.
Para Slipak es necesario dar señales claras que apunten a una descarbonización: “Mientras no haya un plan en el que la empresa se haga cargo de la sustitución de los combustibles por otras fuentes, con la correspondiente consideración del empleo, no es transición energética, sino una adhesión energética”. Por adhesión, el experto se refirió a una diversificación de fuentes más que a un abandono.
Pese a haber reducido más de un 50% su consumo desde 2021, la central sigue siendo la segunda mayor importadora de carbón mineral de la Argentina, al menos hasta inicios del año, según datos obtenidos por LA NACION vía pedidos de acceso a la información pública y registros de UN Comtrade, el registro de comercio mundial que coordina Naciones Unidas.
AES Argentina invirtió, en los últimos años, en grandes hidroeléctricas y también en parques eólicos y proyectos de almacenamiento de energía. De acuerdo con su último reporte de sustentabilidad, de las diez plantas que tienen en el país, solo tres utilizan combustibles fósiles. Poco más de la mitad de la potencia instalada de la empresa sigue siendo fósil, en su mayoría funciona a partir de gas o diésel.
Hay un dilema en cuanto a la expansión de renovables en el país, ya que falta infraestructura clave para el transporte y la transmisión de esa energía. Durante la administración de Alberto Fernández esto había sido un compromiso a cumplir, algo que fue descartado con la llegada de Milei. En ninguna de las dos administraciones hubo políticas públicas concretas que incentivaran la salida del carbón en coordinación con el Estado.
Esa ausencia también queda registrada en documentos oficiales. Según otro pedido de acceso a la información dirigido a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico SA (Cammesa) y a la Secretaría de Energía, no existen “actos administrativos, planes de metas, acuerdos o cronogramas” que formalicen el retiro de la central ni su transición energética.
Mientras tanto, el carbón sigue llegando. El último dato disponible muestra que en enero de este año se importaron más de 40.000 toneladas. En el caso de AES, provienen principalmente de Colombia y de minas operadas por Drummond, una empresa basada en Estados Unidos y una de las mayores controlantes de la producción de carbón en ese país.
La discusión en San Nicolás no se agota en los compromisos corporativos. La central es investigada hoy en una causa por contaminación, en el Juzgado Civil y Comercial Nº 4 de esa ciudad, por los riesgos que su operación podría representar para la salud y el ambiente.

Los contaminantes de la planta
Según el mapa de la organización internacional Climate Trace, la central térmica de AES Argentina redujo sus emisiones de casi cinco megatoneladas de CO2 equivalente en 2021 a poco más de tres en 2025. Es todavía una de las principales fuentes de gases de efecto invernadero de San Nicolás. Además de dióxido de carbono, el registro incluye emisiones de monóxido de carbono, amoníaco, dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno, carbón negro y otras partículas que podrían contener metales pesados como mercurio y plomo.
Natalia Magnani, investigadora de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA, explicó que la exposición prolongada a estas sustancias puede derivar en enfermedades cardiorrespiratorias crónicas. “Estos contaminantes pueden afectar los tejidos directamente, pero también combinarse con el agua”, señaló. El riesgo, precisó, no proviene solo de los gases, sino también de las partículas suspendidas liberadas tras la combustión del carbón.
“Cuanto más pequeñas, más peligrosas. Quedan suspendidas en el aire por más tiempo y penetran más profundamente en los tejidos”, explicó Magnani sobre las partículas derivadas de la combustión. Según detalló, ingresan al cuerpo principalmente por la nariz, la boca y los ojos, aunque también pueden atravesar la piel y acumularse en distintos órganos. “En nuestras investigaciones vimos que se concentran especialmente en el corazón y el cerebro, aunque también en otros órganos, lo que podría estar vinculado a distintos tipos de cáncer”, agregó.
AES Argentina aseguró que su sistema integrado de gestión “está en funcionamiento desde hace más de 15 años” y que registra series históricas sobre seguridad, salud laboral y medio ambiente. En sus reportes de sustentabilidad, la empresa sostiene que mantiene valores por debajo de los límites normados para distintos componentes derivados de la combustión. Aun así, vecinos de barrios cercanos continúan denunciando enfermedades y otros padecimientos vinculados al polo industrial.
Desde hace años, habitantes de San Nicolás sostienen que el polo industrial podría estar asociado a problemas crónicos de salud en la zona, desde casos de EPOC, asma y dermatitis hasta muertes por cáncer. Entre los antecedentes mencionados con mayor frecuencia aparece la explosión ocurrida en 2024 en Atanor, que liberó componentes nocivos sobre barrios cercanos.
“Me acuerdo que, al poco tiempo de mudarnos acá, se me declaró el asma. Tenía 7 años”, contó Iván Nappsomoza, de 34 años, vecino del barrio Saavedra, ubicado a menos de dos kilómetros de la planta. Tras la muerte de sus padres por cáncer, él y su madre iniciaron una demanda contra AES Argentina por daño ambiental colectivo. Según relató, su madre padecía carcinoma endometrial mixto, una enfermedad que sus oncólogos asociaron con la contaminación del barrio. Iván asegura sufrir asma severa y dermatitis crónica.
En una recorrida de LA NACION por la zona cercana al polo industrial predominaba un intenso olor metálico y sulfurado. Siete vecinos afirmaron que la exposición a químicos es permanente y describieron síntomas similares: problemas respiratorios, dermatitis y casos de cáncer en familiares y allegados. Fue la oncóloga de la madre de Iván quien le recomendó a Fabián Maggi, abogado especializado en causas de contaminación ambiental en ese polo industrial.
Maggi, de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y querellante en la causa contra AES Argentina, remarcó la opacidad en el control ambiental sobre las empresas instaladas allí y apuntó al entonces Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), hoy Ministerio de Ambiente, a la Autoridad del Agua bonaerense y a las estadísticas de salud.
Según el Ministerio de Salud bonaerense, los datos disponibles no muestran más casos asociados a la contaminación ambiental en San Nicolás que en otros lugares. Sin embargo, varios testimonios recopilados señalaron que fueron atendidos en hospitales de otras provincias o de la ciudad de Buenos Aires, porque a nivel local los tratamientos resultaron insatisfactorios.
“Fue después de la demanda que pudimos obtener datos de emisiones de AES. No había nada público y tampoco tenían medidores. A pesar de las múltiples sanciones del Ente Nacional Regulador de la Electricidad, los controles ambientales de la provincia son muy laxos”, sostuvo Maggi.
Pero desde la empresa niegan que los argumentos de Maggi sean verosímiles. “En relación a la causa judicial, no se demostró la validez de los alegatos. Hemos respondido en tiempo y forma a los compromisos asumidos, los cuales son superiores a los estándares ambientales exigidos por la normativa vigente”, indicaron. En los dos informes de sustentabilidad publicados por la empresa se muestran valores normales de estos químicos.
El Ministerio de Ambiente bonaerense aseguró que monitorea el Polo de San Nicolás y que su laboratorio móvil puede evaluar la calidad del aire ante denuncias. Sin embargo, no respondió sobre los cuestionamientos planteados en la causa.
Por su parte, AES Argentina se comprometió desde fines de 2024 a realizar controles semestrales en el marco de la demanda judicial. Pero el abogado Maggi denunció ante la Justicia que la empresa no habría cumplido “adecuadamente” con la presentación de información sobre el monitoreo del agua y el aire.
Consultada, la jueza María Eugenia Sormani respondió que no daría declaraciones sobre causas en curso. La investigación judicial avanza lentamente, pero la chimenea de la planta no espera, continúa activa sobre barrios que todavía reclaman respuestas.
Flavia Royón, quien fue secretaria de Energía en 2023 durante el gobierno de Alberto Fernández y hoy es senadora, sintetizó: “AES planteaba ir bajando su huella de carbono e ir retirándose, pero eso no fue más que una charla”. No hubo una hoja de ruta pactada y la interlocución abierta para evitar despidos se fue diluyendo.
Esa preocupación sigue presente. En diciembre de 2025, Genesio reconoció la inquietud por el empleo y afirmó que no habría despidos al menos hasta diciembre de 2026 en un evento de fin de año que compartió con el secretario del sindicato de Luz y Fuerza, seccional San Nicolás, Alberto Noguera. 
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Humedal en peligro: polémica en Campana por emprendimiento junto a un parque nacional

Fecha de Publicación: 26/08/2026
Fuente: Portal LaTecla
Provincia/Región: Buenos Aires


Organizaciones ambientalistas denuncian desmonte y otros daños a la zona aledaña al Parque Nacional Ciervo de los Pantanos, donde se construye un emprendimiento de “chacras náuticas”. También advierten que se proyecta trazar un camino por dentro del propio parque. Silencio del municipio y la desarrolladora.
El avance de emprendimientos inmobiliarios de lujo sobre los humedales de la provincia de Buenos Aires no se detiene. Tal como ocurre en Berazategui con el megacountry Puerto Nizuc, en Campana los ambientalistas denuncian daños al ambiente por parte de la desarrolladora de un proyecto que, por añadidura, requerirá la construcción de un camino a través de una zona protegida dentro de un parque nacional.
Se trata de Brenna Desarrollistas, la empresa detrás del megaproyecto Bahías del Paraná, que ofrece “chacras náuticas” aún por construir en un predio de unas 287 hectáreas lindero al Parque Nacional Ciervo de los Pantanos. Para la compañía, todo parece ir viento en popa: la Municipalidad de Campana celebra el emprendimiento, por más que las organizaciones defensoras del ambiente insistan en que el desmonte y desecación del humedal viola la normativa al respecto, por no hablar del camino proyectado a través del parque.
Hace dos semanas, Arturo Remedi, integrante de la Asamblea Socio Ambiental Campana (ASAC), realizó una intervención en el Concejo Deliberante de Campana a través del mecanismo de “banca abierta”, buscando que el cuerpo frenara el desarrollo del emprendimiento. La ASAC había presentado un pedido de información ambiental al Ejecutivo, para recabar datos sobre el impacto que puede tener la construcción de Bahías del Paraná, pero no fue respondido, dijo Remedi a La Tecla.
“Le pedimos al Concejo que se haga eco de nuestro pedido de frenar las obras. Todavía no están edificando, pero están haciendo movimientos de tierra a gran escala para secar el humedal, para abrir canales y elevar el nivel del terreno para que no se inunde. Llevaron maquinaria pesada en barcazas. Hicieron un gran desmonte ya”, explicó el ambientalista a este medio.
La ASAC y otras organizaciones, como la asociación civil Vecinos en Defensa de Los Cardales y Río Luján (conocida como “Vecinos del Humedal”) y la Red del Río Luján, vienen denunciando el daño que ya se está haciendo y la inacción del municipio. Además, advierten que el propio parque nacional está en peligro.
“Estos terrenos están ubicados en una especie de ‘cuña’ junto al parque nacional. Los separa un alambrado. No estamos cuestionando la propiedad de esos terrenos. Estamos cuestionando que son humedales y deberían estar protegidos. En Campana hay una ordenanza de 2017 que prohíbe modificar humedales. Todo esto a nosotros nos da muy mala espina porque notamos una connivencia por parte de la Municipalidad. Incluso han hecho una audiencia pública secreta, de la que nosotros, como ambientalistas, ni nos enteramos”, dijo Remedi.
A pesar del ninguneo oficial, los ambientalistas siguen presionando para que se detenga la modificación del humedal. Remedi y Felisa Díaz, otra integrante de la ASAC, se reunieron el viernes con la diputada provincial Soledad Alonso (Fuerza Patria), a quien le transmitieron su preocupación. Alonso, oriunda del distrito que gobierna el proísta Sebastián Abella, manifestó: “Tenemos la responsabilidad de escuchar a quienes vienen defendiendo nuestro ambiente y de trabajar para que Campana se desarrolle de manera sustentable”.
Además, la empresa desarrollista afirma que se podrá acceder a las chacras a través de la ruta Panamericana. Esto implica la construcción del camino a través del Parque Nacional Ciervo de los Pantanos, afirman los ecologistas.
“A ese lugar, ahora, sólo se puede acceder por lancha. Ellos dicen que se va a poder llegar por Panamericana. La única manera de llegar por Panamericana es a través del parque”, señala Jorge Svaton, integrante de Vecinos del Humedal. “El parque nacional tiene tres áreas. Una de ellas es la de reserva estricta, donde no puede entrar absolutamente nadie. El camino debería cruzar precisamente por allí”.
Svaton es pesimista. “El municipio nunca contestó los pedidos de informes. La presentación judicial no avanzó porque el juez Adrián González Charvay no movió un dedo. Estamos teniendo reuniones con diputados, pero son muy cautelosos. Queremos reunirnos con la ministra de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, Daniela Vilar. Pero no tengo mucha fe en las instituciones. Suelen ser rápidas para atender a los que vienen con una valija de dinero para invertir, pero no tanto para atender a los vecinos preocupados por el ecosistema”, dijo a La Tecla.
“Encima, en esta coyuntura, en la que a nivel nacional se están proponiendo leyes para entregar todo y no les importa el ambiente, los tipos se ven envalentonados, y están avanzando para quedarse con todos los territorios”, añadió.
Desde Brenna Desarrollistas declinaron la oferta de La Tecla para brindar su posición frente a los cuestionamientos. Tampoco en la Municipalidad de Campana fue posible obtener una respuesta por parte de los funcionarios.
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Denuncian avances ilegales y daños al patrimonio en las sierras de Tandil 

Fecha de Publicación: 24/08/2026
Fuente: Diario El Día
Provincia/Región: Buenos Aires


La Asamblea por la Preservación de las Sierras de Tandil volvió a denunciar intervenciones que, según sostiene, incumplen las normas que protegen el área serrana. El último caso fue registrado el 19 de agosto e incluye trabajos de desmonte, construcción y la destrucción de una pirca histórica.
El Plan de Desarrollo Territorial establece distintas restricciones según la altura. Desde los 200 metros sobre el nivel del mar, el sector rural está considerado Zona Natural Protegida, mientras que a partir de los 280 metros el territorio es catalogado como no urbanizable.
La organización sostiene que, pese a estas disposiciones, el avance de construcciones sobre las laderas se incrementó durante los últimos años. Según registros visuales, en 2010 la zona presentaba pocas edificaciones, mientras que para febrero de 2026 ya podían observarse alrededor de diez nuevas viviendas.
La situación más reciente fue detectada en un sector ubicado por encima de los 280 metros. Allí se realizaron tareas de desmonte y edificación que, de acuerdo con la Asamblea, afectaron una pirca, estructura de piedra considerada parte del patrimonio histórico y arqueológico local.
La protección de estas construcciones está contemplada tanto por una ordenanza municipal como por el propio Plan de Desarrollo Territorial.
Desde la organización cuestionaron la falta de respuestas oficiales frente a los reclamos. “Los años van dejando cero respuestas y mucha impunidad”, señalaron los integrantes de la Asamblea.
Además, advirtieron que la expansión urbana sobre las sierras genera un impacto acumulativo sobre el paisaje y el ambiente.
Frente a este panorama, la Asamblea convocó a la comunidad a una presentación sobre la situación del área serrana. El encuentro será el jueves 27 de agosto, a las 18, en la Sala A del Centro Cultural Universitario, ubicado en Yrigoyen 662, con entrada libre y gratuita.
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Cianobacterias activan alerta naranja en 17 municipios de Buenos Aires por contaminación del agua

Fecha de Publicación: 20/08/2026
Fuente: Cadena 3
Provincia/Región: Buenos Aires


La presencia de cianobacterias en aguas de 17 municipios bonaerenses lleva a prohibir el ingreso a esas zonas y el consumo de alimentos de allí. Se recomienda precaución a la población.
Buenos Aires, 17 de agosto (NA) -- La Subsecretaría de Recursos Hídricos y la Autoridad del Agua de la provincia de Buenos Aires han declarado el estado de alerta naranja en 17 municipios debido a la detección de cianobacterias en el agua. Como medida preventiva, se prohíbe el ingreso a las aguas afectadas y el consumo de productos alimenticios provenientes de esos sectores.
El Sistema de Alerta Temprana ha señalado un aumento en la concentración de estos organismos en los últimos días, lo que ha llevado a las autoridades a tomar esta decisión. Los municipios afectados incluyen a Alberti, Avellaneda, Benito Juárez, Balcarce, Chacabuco, Chascomús, Colón, General Pinto, General Madariaga, Junín, Lezama, Lobos, Monte Hermoso, Roque Pérez, San Miguel del Monte, Trenque Lauquen y 25 de Mayo.
Ante esta situación, se ha establecido la bandera sanitaria, indicando un riesgo potencial para la salud. Las recomendaciones incluyen evitar bañarse en estas aguas contaminadas y no consumir alimentos provenientes de las áreas afectadas.
Los especialistas advierten que la presencia de cianobacterias puede ser identificada por la aparición de rayas, grumos o manchas verdes en el agua. Según el Ministerio de Salud, estas son organismos microscópicos que poseen clorofila, lo que les permite realizar la fotosíntesis, siendo comúnmente conocidas como algas verde-azules. Se encuentran en aguas dulces, saladas, salobres y en zonas de mezcla de estuarios.
Además, algunas especies de cianobacterias pueden producir toxinas que, al ser liberadas en el agua, constituyen un problema significativo para la salud humana y el medio ambiente. Su proliferación está relacionada con el aumento de nutrientes como nitrógeno y fósforo en los cuerpos de agua, así como con condiciones ambientales como altas temperaturas, días sin viento ni oleaje, y suficiente luz solar. Este fenómeno, conocido como eutrofización, es un proceso natural que se ha visto acelerado por factores antropogénicos y climáticos.
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Un inédito monitoreo del Conicet revela cómo cambian los peces del Río de la Plata

Fecha de Publicación: 18/08/2026
Fuente: Portal EconomiaSustentable
Provincia/Región: Nacional


El estudio aporta información clave para evaluar los efectos del cambio climático, la contaminación y otras alteraciones en uno de los ecosistemas más importantes del país.
Conocer cómo funciona un ecosistema antes de evaluar los efectos de la contaminación o del cambio climático es una condición indispensable para comprender los cambios que ocurren en la naturaleza. Con esa premisa, investigadores del CONICET La Plata realizaron un inédito monitoreo de peces en distintos sectores del Río de la Plata durante un año completo, un trabajo que permitió construir una valiosa base de información sobre la dinámica ambiental de este sistema.
La investigación, publicada recientemente en la revista Environmental Biology of Fishes, fue desarrollada por especialistas del Instituto de Limnología de La Plata (ILPLA, CONICET-UNLP asociado a la CICPBA), quienes analizaron las comunidades de peces y múltiples variables ambientales para entender cómo se relacionan entre sí.
“¿Cómo podríamos averiguar cuánto impacta el cambio climático en un determinado ambiente, por ejemplo, sin saber qué elementos lo integran o qué transformaciones ha sufrido a lo largo de su existencia? El riesgo de sacar conclusiones equivocadas sería enorme”, advirtió el equipo de investigadores.
Para el investigador del CONICET Tomás Maiztegui, uno de los autores del estudio, el principal valor de este tipo de trabajos radica en la información que generan para futuras investigaciones.
“El mayor aporte de este tipo de investigaciones no son los resultados en sí, sino todo el caudal de información nueva que arrojan, y que pasa a formar parte del saber más básico sobre algo, ese que dará contexto y servirá de parámetro para avanzar hacia otros conocimientos más específicos”, explicó.

El monitoreo de peces en el Río de la Plata reveló cómo cambian las especies según el ambiente
Los investigadores realizaron muestreos en seis puntos distribuidos a lo largo de unos 35 kilómetros entre Boca Cerrada, en Ensenada, y la playa Bagliardi, en Berisso. Las muestras fueron tomadas en dos profundidades diferentes y durante las cuatro estaciones del año para registrar las variaciones naturales del ecosistema.
“Identificamos a todas las especies de peces que habitan esos espacios, y caracterizamos sus relaciones con el ambiente teniendo en cuenta una multiplicidad de variables que no pueden tomarse en consideración de manera aislada”, señaló Ariel Paracampo, investigador del CONICET en el ILPLA.
El relevamiento permitió identificar 49 especies de peces. En promedio, diez fueron consideradas dominantes, cuatro frecuentes, dos ocasionales y 33 raras.
El análisis también mostró que la profundidad del agua fue el principal factor que determina la composición de las comunidades de peces, seguida por la transparencia y la temperatura del agua. En cambio, la cercanía a descargas cloacales y efluentes industriales tuvo una influencia menor a la esperada.
“Pensamos que este factor tendría mayor influencia en la configuración de los ensambles de peces por la combinación de condiciones particulares como deficiencia de oxígeno y exceso de materia orgánica, pero no se vio que tuviera un efecto puntual”, explicó Darío Colautti, investigador del CONICET y director del ILPLA.
Entre las especies más abundantes se destacaron el porteño (Parapimelodus valenciennis), la mandufia (Ramnogaster melanostoma), el bagre amarillo (Pimelodus maculatus) y el buzo (Auchenipterus osteomystax).

El estudio del CONICET aporta información clave para evaluar el impacto ambiental
Los investigadores destacan que disponer de una línea de base sobre el funcionamiento natural del Río de la Plata permitirá detectar con mayor precisión futuras alteraciones provocadas por factores ambientales o por la actividad humana.
“Determinar esta jerarquía de especies en relación a una cierta temporalidad y condiciones ambientales, pero a la vez también a aspectos de su biología como si es época de reproducción o migración, nos brinda una base valiosísima para entender las causas de los cambios que puedan ocurrir, como la disminución de ejemplares de un grupo de peces, por ejemplo, y saber qué parámetro es el que se modificó: la turbidez del agua, su densidad, su conductividad, entre otros indicadores”, explicó Andrés Jaureguizar, investigador de la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires (CICPBA).
Otro de los aspectos innovadores del trabajo fue el método de muestreo utilizado. Los científicos emplearon un ranio, una red de arrastre tradicional poco utilizada en investigaciones de este tipo, lo que permitió obtener registros homogéneos y comparables entre sí.
“Lo que suele suceder es que se hacen registros discontinuos y mediante diferentes métodos, y eso no permite comparar los datos obtenidos”, indicó Maiztegui.
Los especialistas remarcaron que el Río de la Plata es un ambiente altamente dinámico, condicionado por las mareas, los vientos y una intensa actividad humana que incluye pesca, navegación y el ingreso de distintos tipos de residuos.
“El Río de la Plata es altamente dinámico; tiene mareas y vientos muy cambiantes, a la vez que está inserto en una zona urbana, con mucha influencia de la acción humana, desde la pesca artesanal y deportiva hasta el vertido directo e indirecto de todo tipo de residuos”, afirmó Paracampo.
Finalmente, los autores coincidieron en que contar con información de base resulta esencial para interpretar correctamente cualquier cambio futuro.
“Si las variaciones naturales que ocurren en un determinado ambiente son más grandes que las generadas por otros factores, es esencial saberlo, para que entonces todas las investigaciones tomen dimensión real. Conocer el funcionamiento de un sistema es el ABC del conocimiento”.
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Argentina logró otro récord, pero no es para celebrar: es el mayor emisor de metano en el mundo

Fecha de Publicación: 12/08/2026
Fuente: BAE Negocios
Provincia/Región: Buenos Aires


El relleno sanitario Norte III quedó primero en un ranking mundial de emisiones. CEAMSE cuestiona la metodología del estudio.
El Complejo Ambiental Norte III, en Campo de Mayo, es el relleno sanitario que más metano emitió en el mundo, según un estudio de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA). El predio recibe unas 18.000 toneladas de residuos por día y concentra cerca del 45% de la basura que se genera en Argentina.
El ranking fue elaborado por el proyecto STOP Methane, del Instituto Emmett de UCLA, con observaciones satelitales realizadas durante 2025 por Carbon Mapper. Los investigadores detectaron más de 110 plumas de metano durante 21 pasadas sobre Norte III.
El metano es uno de los principales gases responsables del calentamiento global. Según el investigador Juan Pablo Escudero, reducir sus emisiones puede tener un impacto relativamente rápido sobre el aumento de la temperatura.

Por qué CEAMSE cuestiona el ranking
El complejo es operado por CEAMSE, que cuestionó la comparación entre los distintos rellenos sanitarios. La empresa sostiene que el ranking mide emisiones absolutas y no contempla el tamaño de cada predio, la cantidad de residuos que recibe ni sus sistemas de captación de biogás.
Norte III tiene unas 500 hectáreas y recibe residuos de una población de alrededor de 14 millones de personas. Un informe técnico presentado por CEAMSE propone medir las emisiones en relación con el volumen de residuos procesado.
Con ese criterio, Norte III deja de ocupar el primer lugar entre los diez rellenos analizados y pasa a mostrar una baja intensidad relativa respecto de su volumen diario de residuos.

Qué hace CEAMSE para controlar el metano
CEAMSE informó que cuenta con una planta que transforma el biogás de los residuos en energía, equivalente, según la empresa, al consumo de unas 200.000 personas.
Además, desde enero de 2025 utiliza el método Sniffer para detectar emisiones superficiales de metano. La tecnología cuenta con aprobación de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA).
UCLA aclaró que las imágenes satelitales son mediciones puntuales y no constituyen un inventario anual. Sin embargo, Escudero destacó que las más de 110 detecciones realizadas durante 2025 muestran que las emisiones existen.

El otro problema: la basura orgánica
El metano también está relacionado con la cantidad de residuos orgánicos que llegan a los rellenos. En América Latina y el Caribe, estos residuos representan el 52% de la basura, según datos del Banco Mundial.
Para reducir las emisiones, los investigadores plantean que no alcanza con mejorar los sistemas de captura de biogás. También resulta necesario reducir los residuos orgánicos mediante separación en origen, compostaje y valorización de la materia orgánica.
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Denuncian que una ley redujo un 30% la superficie protegida de un humedal clave para prevenir inundaciones 

Fecha de Publicación: 08/08/2026
Fuente: Portal iProfesional
Provincia/Región: Buenos Aires


Mientras el debate por la flexibilización de la Ley de Tierras copa la agenda pública, otro conflicto ambiental escaló en la provincia de Buenos Aires. Esta vez el foco está sobre la Reserva Natural Integral y Mixta Laguna de Rocha. Se trata de uno de los humedales más importantes del Área Metropolitana. Organizaciones ambientales denuncian que un artículo incorporado a la Ley de Presupuesto 2026 reduce cerca de un 30% de la superficie protegida.
La denuncia llegó desde el Colectivo Ecológico Unidos por Laguna de Rocha. Aseguran que el cambio quedó incorporado como Artículo 112 de la Ley Provincial 15.557, indica la periodista Agustina Grasso, en una nota publicada en el sitio EconomiaSustentable.com.
Lo califican de trámite legislativo "oscuro" y "exprés" porque el expediente ingresó a la Legislatura bonaerense el 25 de noviembre de 2025 y fue aprobado apenas 24 horas después, durante el tratamiento del presupuesto provincial.
El expediente lo impulsó Pablo Domenichini, ex diputado provincial y actual rector de la Universidad Nacional Guillermo Brown.
"Logró pasar un artículo legal en la Legislatura en apenas 24 horas. Ese artículo recorta casi un 30% del área de la Reserva sin ningún debate público y para beneficio económico de muy pocos", expresaron desde el colectivo a Economía Sustentable.

Por qué la Laguna de Rocha es clave para millones de personas del AMBA
La Laguna de Rocha no es un simple espacio verde. Ubicada en Esteban Echeverría, forma parte de uno de los humedales más importantes de la Cuenca Matanza-Riachuelo.
Cumple funciones ambientales fundamentales para millones de personas que viven en el AMBA. Durante las lluvias intensas actúa como una enorme esponja natural que absorbe excedentes hídricos.
Esa capacidad reduce el riesgo de inundaciones en toda la zona. Además captura dióxido de carbono, regula la temperatura local, conserva biodiversidad nativa y ayuda a depurar aguas contaminadas del Riachuelo, agrega el artículo publicado en EconomiaSustentable.com.
"Achicar la Reserva implica reducir servicios ecosistémicos esenciales para casi tres millones de bonaerenses y porteños", sostienen las organizaciones.
Entre esos servicios destacan la regulación hídrica, la captura de carbono, la conservación de bosques y pastizales, la mitigación de olas de calor y hasta el alivio sobre la red eléctrica durante el verano gracias al efecto de enfriamiento que generan sus ambientes naturales.
Los ambientalistas advierten que el recorte pone en riesgo uno de los humedales más importantes del AMBA. Beneficia directamente a casi 3 millones de personas que viven en la región metropolitana.

La analogía con Iguazú que usan los ambientalistas para explicar el problema
Uno de los argumentos del proyecto oficial es proteger únicamente las áreas comprendidas dentro de la línea de ribera establecida por la Autoridad del Agua.
Para las organizaciones ambientales, de acuerdo a la nota publicada en EconomiaSustentable.com, ese criterio desconoce por completo el funcionamiento ecológico de un humedal. Y recurren a una comparación con parques nacionales emblemáticos.
"Sería como reducir el Parque Nacional Iguazú únicamente a las Cataratas y desmontar toda la selva que las rodea. O dejar del Parque Nacional Lanín solamente el volcán", ejemplificaron desde el Colectivo.
Según denuncian, el proyecto excluye sectores que no permanecen inundados de forma permanente. Pero esas zonas contienen bosques nativos, pastizales y corredores biológicos indispensables.
Sin esos espacios, el ecosistema del humedal no puede funcionar. Las especies pierden conectividad, el agua no se filtra correctamente y la capacidad de absorción hídrica disminuye.
"No se puede proteger solo el agua visible y destruir todo lo que hace posible que ese humedal cumpla su función", agregaron.

Ambientalistas hablan de negocio inmobiliario detrás del recorte
El colectivo ambiental sostiene que detrás del cambio legislativo existen intereses inmobiliarios concretos.
"¿Para qué o para quién se presentó este proyecto? Para que unos pocos empresarios y grandes propietarios multipliquen el valor de sus tierras al sacarlas de la Reserva", afirmaron en su comunicado público.
Entre los nombres mencionados por la organización aparecen grandes grupos propietarios de tierras dentro o en las inmediaciones del humedal. No existen hasta el momento imputaciones judiciales vinculadas al proyecto legislativo.
Pero los ambientalistas remarcan que sacar terrenos de la categoría de reserva natural aumenta exponencialmente su valor de mercado. Habilita desarrollos inmobiliarios, loteos y construcciones que antes estaban prohibidos.
"El derecho a no inundarnos, a respirar un aire más limpio y a disfrutar de espacios naturales debe estar por encima de cualquier negocio especulativo", afirmaron.

Denuncian rellenos sobre 64 hectáreas del humedal
El conflicto no termina en el recorte legal aprobado en la Legislatura. Las organizaciones aseguran que en paralelo avanzan rellenos de tierras en el barrio 9 de Enero.
Denuncian movimientos sobre aproximadamente 64 hectáreas del humedal. Advierten que estas intervenciones podrían modificar el comportamiento hidráulico del área.
Los rellenos sobre humedales cambian la forma en que el agua se mueve y se absorbe. Eso afecta la capacidad natural del ecosistema para amortiguar inundaciones en toda la cuenca.
"Mientras se reduce la superficie protegida por ley, se rellena lo que queda. Es un doble golpe contra el humedal", señalaron desde el Colectivo.

El antecedente judicial que frenó un intento anterior
No es la primera vez que la Laguna de Rocha enfrenta intentos de reducir su protección legal.
Los ambientalistas recuerdan que una modificación anterior de la ley —la Ley 14.516— fue posteriormente invalidada por la Suprema Corte de Justicia bonaerense.
Por eso consideran que el nuevo artículo incorporado al Presupuesto vuelve a vulnerar principios básicos del derecho ambiental: "Viola los principios de progresividad y de no regresión ambiental establecidos tanto por la Ley General del Ambiente como por el Acuerdo de Escazú".
Walter Martello, ex diputado provincial y actual Defensor del Pueblo Adjunto bonaerense, fue autor de la ley que creó la Reserva hace 12 años.
"Hace doce años fui autor del proyecto legislativo que dio origen a la declaración de Reserva Natural Provincial al humedal Laguna de Rocha. Hoy rechazo este intento de modificar sus límites", afirmó Martello públicamente.
Martello recordó que la reserva fue creada mediante la Ley 14.488 dentro del Sistema de Áreas Naturales Protegidas de la Provincia.

Un conflicto de años con presiones inmobiliarias constantes
Desde su creación, distintas iniciativas legislativas y judiciales buscaron modificar los límites de la Reserva. Organizaciones vecinales denuncian presiones inmobiliarias constantes sobre uno de los pocos grandes humedales que quedan en el conurbano.
Hasta clubes tradicionales como Boca Juniors y Racing intentaron en el pasado quitarle superficie. Buscaban rellenar hectáreas del humedal para proyectos deportivos.
Para el Colectivo Unidos por Laguna de Rocha, el nuevo proyecto representa "otro intento ilegal e ilegítimo" de avanzar sobre tierras protegidas.
Mientras el proyecto comienza a generar debate político en la Provincia, organizaciones ambientales ya anticipan que impulsarán acciones legales. Buscan impedir cualquier reducción de la superficie protegida.
"La Reserva Laguna de Rocha no pertenece a un gobierno de turno ni a un grupo de propietarios. Es patrimonio ambiental de millones de bonaerenses", concluyeron desde el Colectivo.
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Atanor y sus agrotóxicos se van de San Nicolás: enfermedad, organización vecinal y complicidades

Fecha de Publicación: 31/07/2026

Fuente: Agencia Tierra Viva
Provincia/Región: Buenos Aires


Después de veinte años de lucha, vecinas y vecinos de la localidad bonaerense de San Nicolás lograron que la multinacional Atanor se fuera de la ciudad. La empresa acumula seis causas en tribunales, probados hechos de contaminación, afectación de la salud y complicidades políticas y judiciales. Dos preguntas siguen sin respuesta: ¿Cuál es la magnitud del impacto ambiental que provocó?¿Quién se hará cargo de la remediación ?
Gabriel Godoy salió de su casa en el barrio Los Fresnos, en la localidad bonaerense de San Nicolás de los Arroyos, y vio los grandes tambores de Atanor cargados sobre camiones. Era el 4 de junio y, así, confirmaba que la multinacional comenzaba a abandonar la ciudad. La escena se daba en las mismas calles donde en marzo de 2024, tras la explosión de un reactor de atrazina dentro de la planta, había visto llover ‘polvo’ blanco sobre casas y veredas; el mismo barrio donde durante años convivió con olores nauseabundos y un aire por momentos irrespirable. Por todo eso, se subió a la moto y siguió a los camiones con tambores durante varias cuadras mientras gritaba “¡Fuera Atanor!”.
“Ahora lo pienso y me parece una pavada pero en el momento sentí tanta satisfacción —cuenta Godoy a Tierra Viva—. Cuánta gente nos decía: ‘No le van a ganar porque son poderosos’. Hoy vemos cómo están desmontando la planta y sentimos que es un momento histórico”.
Atanor es una fábrica productora de agroquímicos que pertenece al grupo multinacional Albaugh LLC, una importante compañía de Estados Unidos con presencia en Canadá, México, Brasil, Argentina y Europa.
En Argentina cuenta con una planta en Río Tercero (Córdoba) y otra en Pilar (Buenos Aires). La tercera estaba en San Nicolás. Allí, la empresa producía glifosato, atrazina y 2,4D, todos agroquímicos contaminantes y nocivos para la salud.
Después de dos décadas de denuncias públicas, seis causas judiciales en fueros nacionales y de la provincia de Buenos Aires, un recurso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la explosión de 2024, Atanor comenzó a desmantelar la planta en San Nicolás en junio pasado.
La noticia más reciente es que el Juzgado Federal N°2 de San Nicolás fijó entre el 26 de agosto y el 10 de septiembre las audiencias para las declaraciones indagatorias de siete directivos de la empresa en el marco de una de las causas por contaminación. En ese expediente también están imputados funcionarios bonaerenses.
El desmantelamiento abre una nueva etapa: determinar cuál es la dimensión real del impacto ambiental provocado por décadas de actividad, qué tareas de remediación serán necesarias y quién o quiénes serán responsables de llevarlas adelante.

Tres décadas de contaminación
Godoy vive en el barrio Los Fresnos desde antes de 2000, a pocos metros de la planta. Su primer recuerdo de los problemas ambientales asociados a la fábrica se remonta a la década del 90, cuando una nube amarillenta cubrió la zona. “Dijeron que era cloramina (mezcla de amoniaco con cloro), pero no teníamos idea de lo que era la contaminación. No había formación sobre temas ambientales y pasó como un evento más”, recuerda.
Mientras crecía la discusión sobre el impacto de los agrotóxicos, vecinas y vecinos comenzaron a investigar qué ocurría en los alrededores de la planta. Una de esas tareas fue la elaboración del llamado “Mapa de muerte”, un relevamiento popular que registró más de 200 personas fallecidas por cáncer alrededor de la fábrica.
En la madrugada del 20 de marzo de 2024, las personas que viven alrededor de la planta escucharon una explosión e inmediatamente les comenzaron a arder los ojos y la garganta. Durante horas no recibieron ninguna comunicación, pero al salir a la calle vieron el fuego y la “lluvia” de unas partículas blancas que —luego supieron— era atrazina, un compuesto tóxico utilizado como herbicida. El explosión fue precisamente en uno de los reactores que fabricaba este agrotóxico.
“Como era verano teníamos todo abierto. Cuando me asomé y vi esa especie de ‘nieve’ enseguida cerré todas las puertas y las ventanas. Durante dos días estuvimos encerrados sin que nadie nos dijera nada. Se nos terminó la comida y el agua. Acá no podemos tomar de la canilla porque hace muchos años sabemos que está contaminada”, cuenta Miriam González, vecina del Barrio Química que como Los Fresnos, es lindante a la planta.
González, que hoy tiene 69 años, vive en este lugar desde hace medio siglo. Al igual que Godoy, también recuerda la “nube amarilla” de mediados de los 90 y las primeras veces que sintió olor nauseabundo: “Primero fue ese olor ácido, como a podrido. Pero después empezaron los dolores de cabeza, las náuseas, mucha gente con conjuntivitis, y comenzaron a aparecer los casos de cáncer de colon, esófago, mamas, y se empezaron a morir: el de la esquina, el de la otra cuadra”, describe.
La mujer no está ajena a ese impacto: “Ya voy por la quinta operación del riñón porque mi organismo genera cálculos. Los médicos no saben decirme por qué me pasa esto”, señala.
Durante años, la respuesta que recibieron fue similar a la que suelen escuchar quienes denuncian conflictos ambientales: que estaban en contra del trabajo. Atanor era una fuente laboral importante para la zona y el conflicto quedó atravesado por una tensión entre la necesidad de empleo frente al derecho a vivir en un ambiente sano.

Las causas judiciales
En 2009, trabajadores de la empresa denunciaron enterramientos de residuos peligrosos y vuelcos clandestinos de efluentes líquidos hacia las barrancas del río Paraná; esto fue comprobado en varios estudios posteriores.
“Esta denuncia, presentada en el fuero penal de la Provincia, fue el puntapié inicial. De ella derivó el amparo ambiental —la segunda causa, que llegó hasta la Suprema Corte de Justicia bonaerense— y que, tras doce años de litigio, terminó con una condena a la empresa para recomponer el ambiente y pagar una multa. De ese mismo expediente también surgió la orden de relocalización”, explica el abogado Fabián Maggi, representante del Foro Medio Ambiental de San Nicolás (Fomea).
La tercera denuncia, que está en el Juzgado Federal N°2 de San Nicolás, fue por infracción a la ley de residuos peligrosos, atentado a la salud pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
“En esta tenemos la noticia reciente de las fechas del llamado a indagatoria a Agustín Herrera, Sebastián Canavese, César Rojas Ruiz, Roberto Goncebat, Raúl Lluy y Angel Vergara del Carril, todos directivos de Atanor, y falta que se confirme la fecha las audiencias de los funcionarios de la Autoridad del Agua (ADA) y del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, actual Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, que también están imputados”, detalla Maggi.
Y continúa: “Después tenemos una cuarta causa penal en la Provincia por la explosión del reactor de atrazina, que tramita en el Juzgado Correccional 3 de San Nicolás y en la que también fueron citados a indagatoria directivos de la empresa. Además, hay otra causa civil en el Juzgado Civil y Comercial 3, iniciada por la construcción de la planta de atrazina granulada. Esa obra se realizó en 2019, mientras seguía vigente el amparo ambiental, y fue precisamente esa planta la que terminó explotando”.
“También está en curso una investigación por la impugnación de los Certificados de Aptitud Ambiental, la sexta causa, que tramita en el Juzgado Contencioso Administrativo 1. A eso se suma la presentación que vecinas, vecinos y el Foro Medio Ambiental de San Nicolás (Fomea) realizaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un reclamo que actualmente se encuentra en trámite”, explica Maggi.

Batalla ganada, batallas pendientes
“Hace unos días salí al patio y vi unos pajaritos. Durante muchos años no hubo aves. Me sentí feliz. A la vez, pensé en la gente de los barrios donde se va a ir la planta. Por otro lado, hay vecinos que me dicen que se quedaron sin trabajo por mi culpa y eso me pone mal, porque la lucha para que Atanor deje de contaminar fue también para que ellos no se enfermen”, reflexiona Miriam González.
Después de la explosión la planta fue clausurada y nunca reabrió. En parte por decisiones judiciales, en parte porque la propia empresa definió relocalizar la producción en sus otras plantas.
“A veces decimos que tuvimos la ‘suerte’ de que pase la explosión pero es contradictorio porque nos enfermó a todos. Cuesta demostrar que lo que uno dice es verdad, pero en un momento los hechos nos dieron la razón y como uno viene sembrando —a veces en la soledad, otras en el desconcierto— lo logramos”, dice.
Mientras la empresa desmantela la planta, Maggi explica que la tarea actual es la de “caracterización del pasivo ambiental”: “Es una etapa fundamental en la que se tiene que establecer cuál es la real dimensión de esa contaminación. Tanto la empresa como el Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires y la Autoridad del Agua vienen minimizando el impacto”, denuncia.
El abogado describe que estudios recientes demostraron que durante el desarme hubo nuevos hechos de contaminación provocados por la empresa: “En esto hay una responsabilidad directa y exclusiva del Estado que cede a las presiones de Atanor que termina manejando y gestionando estos pasivos ambientales de la peor manera ”, sostiene.
Al cierre de esta nota, el Ministerio de Ambiente bonaerense no respondió las consultas realizadas sobre los trabajos de fiscalización, estudios para medir el impacto y responsabilidades. Tampoco la empresa respondió las consultas por ninguno de los canales de comunicación.
En este contexto, las y los vecinos saben que el desmantelamiento de la planta no es final. “Es una gran victoria, pero ahora hay que lograr la remediación del lugar porque sabemos que la contaminación durará por años. También tenemos que evitar que se instale este tipo de empresas —afirma Gabriel Godoy y añade con orgullo—. En ese sentido, que como pueblo hayamos logrado que se vaya Atanor es un buen precedente”.
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La Provincia de Buenos Aires abrió la convocatoria 2026 para financiar planes de manejo de bosques nativos

Fecha de Publicación: 23/07/2026
Fuente: Portal FuturoSustentable
Provincia/Región: Buenos Aires 


El Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires lanzó la convocatoria 2026 destinada a productores y titulares de tierras con presencia de bosque nativo, con el objetivo de brindar apoyo técnico y económico para la elaboración de Planes de Conservación, Manejo y/o Manejo y Conservación de Bosque Nativo. La inscripción permanecerá abierta hasta el 18 de agosto de 2026.
La iniciativa busca facilitar el cumplimiento de la normativa vigente y promover el uso sostenible de estos ecosistemas, considerados fundamentales para la conservación del suelo, la regulación hídrica y la adaptación frente a los efectos del cambio climático.
La convocatoria se enmarca en lo establecido por la Ley Nacional N.º 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos y la Ley Provincial N.º 14.888, que exigen contar con un plan técnico aprobado por la autoridad ambiental antes de realizar cualquier intervención o aprovechamiento en áreas incluidas en el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos.
Se trata de la tercera edición de este programa impulsado por el Ministerio de Ambiente bonaerense, encabezado por la ministra Daniela Vilar, con el propósito de que los propietarios de predios con bosque nativo puedan regularizar su situación y acceder a herramientas que permitan una gestión responsable de estos ambientes.
Desde la cartera ambiental remarcaron que el bosque nativo constituye un recurso estratégico en una provincia donde el estrés hídrico, la erosión de los suelos y las condiciones climáticas adversas representan desafíos crecientes para la producción. En ese sentido, destacaron que el monte protege el suelo, conserva la humedad y contribuye a sostener la productividad de los establecimientos rurales.
Asimismo, recordaron que cualquier intervención sobre bosque nativo debe contar previamente con un plan elaborado por un profesional habilitado y aprobado por el Ministerio. Solo después de esa aprobación podrá iniciarse el trámite de autorización correspondiente según el tipo de actividad prevista.
El organismo advirtió que toda intervención, incluido el desmonte, realizada sin la autorización de la autoridad ambiental puede constituir una infracción y dar lugar a sanciones.
Para facilitar el proceso, el Ministerio pone a disposición de los interesados herramientas, guías y asistencia técnica destinadas a la elaboración y presentación de los planes.
La información sobre la convocatoria, los requisitos y la documentación necesaria puede consultarse en el sitio oficial del Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, mientras que las consultas técnicas pueden realizarse a través del correo electrónico bosquesnativos@ambiente.gba.gob.ar.
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Fallo histórico: la Justicia confirmó el daño irreversible de Atanor al río Paraná

Fecha de Publicación: 14/07/2026
Fuente: Portal PrimeraPlana
Provincia/Región: Buenos Aires


La Suprema Corte bonaerense ratificó la condena contra la planta agroquímica ubicada en San Nicolás por la contaminación mediante efluentes industriales. La sentencia expone graves falencias en los controles del Estado y reactiva el reclamo vecinal por una investigación ambiental profunda e integral
La ratificación judicial de un reclamo histórico
Tras doce años de litigio, la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires dejó firme la sentencia que responsabiliza a la empresa de agroquímicos Atanor por provocar un daño ambiental irreversible sobre las aguas del río Paraná.
El máximo tribunal provincial había comenzado a evaluar el expediente en agosto de 2023, apenas unos meses antes de que la planta protagonizara una explosión en uno de sus reactores. Aquel incidente dejó un saldo de un operario herido y forzó la evacuación de los vecinos del barrio circundante, quienes posteriormente reportaron síntomas respiratorios y la aparición de manchas blancas en plantas, veredas y vehículos. Frente al avance de la causa, la compañía intentó interponer un último recurso que fue desestimado por la Corte, confirmando definitivamente su culpabilidad por el vertido de efluentes industriales contaminantes.

Irregularidades operativas y falta de controles
La resolución judicial dio por acreditados los argumentos presentados originalmente por la Asociación Civil Cuenca Río Paraná, que comprobó la presencia de atrazina —un reconocido agroquímico industrial— en niveles superiores a los permitidos, y evidenció el tratamiento insuficiente de estos compuestos por parte de la empresa.
Fabián Maggi, abogado de la entidad denunciante, destacó que el fallo pone en evidencia el marco de ilegalidad en el que operaba la firma y señala la alarmante deficiencia de los organismos provinciales encargados de la fiscalización de industrias de alto riesgo. En particular, la sentencia apunta contra la Autoridad del Agua (ADA) y el Ministerio de Ambiente bonaerense por no controlar la totalidad de los químicos asociados a la actividad de Atanor.
Esta carencia de supervisión sostenida en el tiempo se vio ratificada por episodios ocurridos a lo largo de este año. Análisis efectuados por el Centro de Investigaciones del Medio Ambiente del Conicet, sobre muestras tomadas por la ADA entre febrero y abril de 2026, revelaron la presencia de glifosato, atrazina, AMPA y elevadas concentraciones de Atrazina-Hidroxi en descargas pluviales que desembocan en el río. Sumado a esto, Greenpeace Argentina denunció recientemente el hallazgo de residuos agroquímicos en los sistemas de drenaje tras detectarse una conexión clandestina mediante una inspección oficial.

El futuro de la planta y la exigencia de remediación
Ante la acreditación judicial de los hechos, el representante legal de la asociación civil subrayó la obligación indelegable del Estado de implementar una investigación ambiental integral, independiente y transparente. El objetivo central es determinar la extensión territorial y temporal del daño, evaluar qué sustancias persisten en el ambiente y establecer medidas de protección concretas para los miles de nicoleños que habitan en las inmediaciones del complejo.
En la actualidad, Atanor transita un proceso de relocalización productiva luego de que la Justicia ordenara la suspensión definitiva de la elaboración de agroquímicos en su sede de San Nicolás. Ante esta etapa inminente de desmantelamiento y limpieza, tanto organizaciones como Greenpeace y el Foro Medioambiental San Nicolás (Fomea) han exigido conjuntamente que las operaciones de traslado se ejecuten bajo un riguroso esquema de monitoreo y control ambiental.

Más Información: 

Portal LaPoliticaAmbiental - Buenos Aires: La Justicia confirmó que Atanor provocó un daño ambiental irreversible sobre el río Paraná
Después de más de una década de litigio, quedó firme la sentencia que responsabiliza a la empresa agroquímica por la contaminación del río Paraná desde su planta de San Nicolás. El fallo expone las graves fallas en los controles ambientales y vuelve a poner bajo la lupa el modelo de fiscalización sobre industrias de alto impacto.
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Pergamino: la Justicia absolvió a los productores, condenó a exfuncinarios y apuntó al municipio por los agroquímicos

Fecha de Publicación: 26/06/2026
Fuente: Portal InfoCielo
Provincia/Región: Buenos Aires


La Justicia pidió investigar al entorno del intendente Javier Martínez y mantuvo la cautelar que restringe las fumigaciones.
La Justicia Federal dictó sentencia en el histórico juicio por fumigaciones con agroquímicos en Pergamino y resolvió absolver a todos los productores rurales, al ingeniero agrónomo y al aplicador que llegaron acusados por contaminación ambiental. Sin embargo, condenó a dos exfuncionarios municipales por incumplimiento de los deberes de funcionario público y ordenó investigar posibles responsabilidades de otros integrantes de la gestión local.
El fallo fue dictado por unanimidad por el Tribunal Oral Federal N°2 de Rosario, que durante cinco meses analizó denuncias por aplicaciones de agroquímicos realizadas entre 2011 y 2019 en zonas cercanas a barrios de Pergamino. La causa es considerada una de las más relevantes del país en materia ambiental por haber llevado por primera vez a productores rurales al banquillo de la Justicia Federal por hechos vinculados al uso de fitosanitarios.
Los jueces absolvieron a Fernando Cortese, Mario Reinero Roces, Víctor Tiribó, Hugo y Carlos Sabatini, José Luis Grattone y Cristian Taboada. En cambio, condenaron al exdirector de Ambiente Rural del municipio, Guillermo Naranjo, y al auditor Mario Tocalini a dos años de prisión de ejecución condicional y cuatro años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Un mensaje al municipio
Más allá de las condenas, uno de los aspectos más sensibles de la sentencia fue la decisión de remitir copia del fallo y de las audiencias al Ministerio Público Fiscal de San Nicolás para que investigue la actuación del intendente de Pergamino, Javier Martínez, y de otros funcionarios que pudieron haber tenido responsabilidades en el funcionamiento de la Dirección de Ambiente Rural.
Al fundamentar la decisión, el presidente del tribunal, Román Pablo Lanzón, sostuvo que la actuación de los funcionarios condenados estuvo “en las antípodas de lo esperado para un funcionario público” y remarcó que ambos eran los máximos responsables del área encargada de controlar las aplicaciones de fitosanitarios.
“La ineficacia de los controles estatales fue lo que produjo los resultados dañosos para la salud de las personas”, concluyó el magistrado al explicar por qué el tribunal encontró responsabilidad penal en el accionar de los funcionarios municipales.

Daños probados, pero sin condenas para los productores
La sentencia dejó una particularidad que seguramente alimentará el debate sobre el alcance del fallo. Por un lado, el tribunal consideró acreditado que la exposición a agroquímicos provocó daños en la salud de vecinos de Pergamino.
“Está debidamente probado que la exposición a los agroquímicos habitualmente utilizados en la actividad agropecuaria provocó daños a Sabrina Ortiz, a su grupo familiar más cercano y a otras personas de los barrios”, sostuvo Lanzón durante la lectura de los fundamentos.
Los jueces también señalaron que la evidencia científica producida durante el juicio permitió demostrar que vivir cerca de los campos fumigados tuvo incidencia en enfermedades y otros padecimientos de la población.
Incluso sostuvieron que el término “agrotóxicos”, utilizado durante años por los vecinos que impulsaron la causa, “tiene correspondencia con la prueba que se produjo” durante el debate oral.
Sin embargo, el tribunal entendió que la fiscalía y la querella no lograron demostrar con el grado de certeza exigido por el derecho penal que los productores acusados hubieran actuado dolosamente o realizado aplicaciones ilegales en los términos previstos por la Ley de Residuos Peligrosos.
“Alegato de fiscalía estuvo plagado de generalidades, abstracciones y conclusiones que no tuvieron sustento probatorio”, sostuvo Lanzón.
Respecto de Fernando Cortese, los jueces lo absolvieron tanto por la acusación de contaminación ambiental como por el cargo de amenazas coactivas vinculado a un episodio denunciado por vecinos, aplicando el beneficio de la duda sobre este último punto (era el acusado al que pedían 4 años y tres meses de prisión efectiva, la mayor de las penas).
También fueron absueltos Mario Roces y Víctor Tiribó, para quienes la fiscalía había solicitado penas de cuatro años de prisión efectiva, además de Hugo y Carlos Sabatini, José Luis Grattone y Cristian Taboada.

La cautelar seguirá vigente
Otro punto relevante de la sentencia fue la decisión de mantener vigente la medida cautelar que desde 2019 restringe las fumigaciones en Pergamino.
Actualmente, la resolución judicial impide aplicaciones terrestres a menos de 1.095 metros y aéreas a menos de 3.000 metros de las zonas urbanas y periurbanas del distrito.
Si bien la fiscalía había solicitado que esas restricciones quedaran incorporadas de manera definitiva a la sentencia y la querella pretendía incluso extenderlas a escuelas rurales, pueblos y parajes, el tribunal rechazó ambos planteos.
No obstante, resolvió mantener las medidas cautelares hasta que el fallo quede firme y se agoten las instancias de revisión previstas por la legislación procesal.
“Tal vez sea necesario revisar las distancias dispuestas municipalmente para amortiguar el impacto de los productos químicos empleados en los campos, pero no este es el ámbito para debatir y resolver esa cuestión”, sostuvo Lanzón.
Los jueces consideraron que esa discusión debe darse en otros ámbitos institucionales y sugirieron incluso la conformación de espacios de diálogo con participación de organismos públicos, asociaciones civiles y organizaciones ambientales.

Un fallo que deja abierto el debate
El tribunal buscó además despegar la sentencia de la histórica confrontación entre sectores productivos y organizaciones ambientalistas.
“No queremos que esto se vea como un desenlace entre productores agropecuarios y ambientalistas”, aclaró Lanzón.
Y agregó una reflexión que sintetizó el criterio adoptado por los jueces: “Un juez penal no es un superhéroe que está para satisfacer los deseos de la sociedad de alcanzar algo más justo. Está para hacer cumplir el derecho y la ley”.
Con las absoluciones de los productores y las condenas a funcionarios municipales, el juicio terminó dejando un escenario inesperado: la Justicia reconoció que existieron daños asociados a los agroquímicos y cuestionó duramente el rol del Estado local, pero descartó responsabilidades penales para quienes fueron acusados de realizar las fumigaciones.
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Las claves del plan de la Provincia para combatir fenómenos climáticos extremos

Fecha de Publicación: 17/06/2026
Fuente: Portal LaBrújula24 
Provincia/Región: Buenos Aires


El Ministerio de Infraestructura desplegará una estrategia integral de monitoreo y obras para mitigar inundaciones y sequías.
La Provincia de Buenos Aires puso en marcha un Plan de Gestión del Riesgo Climático que contempla una inversión superior a los $530.000 millones. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, busca fortalecer la capacidad de prevención y respuesta ante fenómenos meteorológicos extremos, cuya frecuencia e intensidad se han vuelto cada vez más difíciles de anticipar.
La decisión llega en un contexto de creciente preocupación por la posible llegada de un nuevo fenómeno de El Niño. Distintos centros internacionales advirtieron que este evento podría traer lluvias extraordinarias y temperaturas fuera de los parámetros habituales. Sin embargo, los especialistas reconocen que todavía existe incertidumbre sobre el verdadero alcance que tendrá. "Hay posibilidad de un Niño, pero no hay una claridad todavía de la crudeza o la profundidad que va a tener", explicó el subsecretario de Recursos Hídricos bonaerense, Néstor Álvarez.
El funcionario sostuvo que la crisis climática obliga a replantear estrategias que hasta hace pocos años parecían suficientes. Según indicó, las tormentas actuales son mucho más localizadas e intensas, una realidad que modifica incluso obras hidráulicas planificadas una década atrás. “El cambio climático nos obliga a tocar obras que planificaste hace 10 años”, señaló al describir el nuevo escenario que enfrentan las autoridades.
En paralelo, la puesta en marcha del programa también expone diferencias con la gestión nacional. Álvarez cuestionó la postura del presidente Javier Milei respecto del cambio climático y defendió la necesidad de respaldar las políticas públicas basadas en evidencia científica. En ese marco, la Provincia también manifestó su preocupación por los recortes aplicados al Servicio Meteorológico Nacional, al que considera una herramienta fundamental para la prevención y el monitoreo de eventos extremos.
Para mejorar la capacidad de anticipación, el plan se apoya en distintas herramientas técnicas y de coordinación institucional. Entre ellas se destacan el Sistema Inteligente de Monitoreo para la Prevención y Análisis del Riesgo Hidrometeorológico (SIMPARH), el Comité de Gestión de Riesgo y Emergencia (CORE) y la Mesa de Riesgo Hídrico. La intención es contar con información más precisa y respuestas más rápidas frente a emergencias cada vez menos predecibles.
La mayor parte de los recursos estará destinada a la prevención del riesgo hídrico en áreas urbanas. En total, se invertirán $284.983 millones en 135 intervenciones y siete estudios vinculados a drenajes, defensas costeras y obras destinadas a reducir el impacto de inundaciones, la erosión costera y el avance del nivel del mar sobre distintas localidades bonaerenses.
Por otra parte, el plan contempla $245.759 millones para impulsar la adaptación productiva frente a eventos climáticos extremos. Se trata de diez intervenciones regionales orientadas a fortalecer la resiliencia del sector agropecuario, uno de los motores económicos de la provincia, frente a amenazas tan diversas como inundaciones prolongadas o sequías severas. 
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El mayor emisor de metano entre basurales del mundo está en Buenos Aires: el informe que pone bajo la lupa al CEAMSE

Fecha de Publicación: 12/06/2026
Fuente: Portal MeteoRed
Provincia/Región: Buenos Aires


Un informe de la Universidad de California ubicó al Complejo Ambiental Norte III entre los mayores emisores de metano detectados por satélite. CEAMSE cuestionó la metodología y defendió sus sistemas de captura de biogás.
El Complejo Ambiental Norte III, operado por CEAMSE en Campo de Mayo, volvió a quedar bajo el foco internacional luego de que un informe del proyecto STOP Methane, desarrollado por investigadores de la Universidad de California (UCLA), lo identificara como el sitio de disposición final de residuos con la mayor tasa de emisiones de metano detectada por satélites durante 2025.
La conclusión surgió del análisis de información recopilada por Carbon Mapper a partir del satélite Tanager-1 de Planet Labs y del instrumento EMIT de la NASA instalado en la Estación Espacial Internacional. En total, los investigadores estudiaron casi 3.000 plumas de metano provenientes de 707 rellenos sanitarios y basurales distribuidos en decenas de países para elaborar un listado con los 25 casos más relevantes.
Sin embargo, los propios autores introducen una aclaración importante: el ranking no representa necesariamente a los sitios que más metano emitieron a lo largo del año, sino a aquellos donde se detectaron las mayores tasas horarias de emisión durante los sobrevuelos satelitales. Aun con esas limitaciones, sostienen que constituye la aproximación más precisa disponible para identificar las fuentes más importantes de este potente gas de efecto invernadero.

El corazón del sistema metropolitano de residuos en Buenos Aires
La relevancia del Complejo Ambiental Norte III también está dada por su magnitud. Allí se deposita cerca del 85 % de los residuos sólidos urbanos del Área Metropolitana de Buenos Aires, con un ingreso promedio superior a las 436.000 toneladas mensuales provenientes de la Ciudad de Buenos Aires y más de 40 municipios bonaerenses.
Para atribuir las emisiones detectadas, el equipo de UCLA recurrió a imágenes satelitales, datos geográficos y fuentes públicas, identificando a CEAMSE como el operador potencialmente responsable del predio. La empresa administra un complejo que, además de recibir enormes volúmenes de residuos, cuenta con instalaciones destinadas a captar el biogás generado por la descomposición de la materia orgánica y transformarlo en energía eléctrica.
El estudio también ofrece una referencia que ayuda a dimensionar el fenómeno: un relleno sanitario que libera cinco toneladas de metano por hora genera en un año un impacto climático comparable al de un millón de vehículos utilitarios deportivos o al funcionamiento de una central termoeléctrica a carbón de 500 megavatios.

La respuesta de CEAMSE: "Son mediciones puntuales"
La publicación del informe motivó una rápida reacción de CEAMSE, que cuestionó la metodología empleada por los investigadores y defendió el funcionamiento de sus complejos ambientales.
En un comunicado, la empresa sostuvo que las mediciones utilizadas para elaborar el ranking corresponden a observaciones satelitales realizadas bajo condiciones atmosféricas específicas y que, por ese motivo, no representan el comportamiento continuo y dinámico de las emisiones que registra un relleno sanitario de gran escala.
Según la entidad, Norte III opera bajo estándares técnicos y regulatorios vigentes y dispone de una extensa red de captación de biogás que evita que buena parte del metano producido por la degradación de los residuos llegue directamente a la atmósfera.
CEAMSE también recordó que desde 2012 cuenta con plantas de generación eléctrica alimentadas con ese biogás y que actualmente posee una potencia instalada de 23 megavatios, con una ampliación proyectada hasta 33 megavatios. Esa capacidad, asegura, permitiría abastecer el consumo de entre 100.000 y 120.000 personas.

Bonos de carbono, monitoreo y nuevas inversiones
Como parte de su estrategia para reducir emisiones, la empresa informó que durante 2025 inició un proceso de certificación internacional de bonos de carbono bajo el programa VERRA y el estándar Verified Carbon Standard, con el objetivo de validar la captura y tratamiento del metano mediante mecanismos independientes.
De acuerdo con datos difundidos por la propia compañía, durante abril de 2026 el sistema alcanzó una captación cercana a los 16.000 metros cúbicos de biogás por hora, alrededor de un 16 % más que en registros anteriores.
Además, incorporó monitoreo de emisiones fugitivas mediante drones equipados con tecnología Sniffer, una herramienta utilizada para detectar pérdidas de gas y optimizar el funcionamiento de los sistemas de extracción.

Un problema global con impacto local
El metano es considerado uno de los principales aceleradores del cambio climático. Aunque permanece mucho menos tiempo en la atmósfera que el dióxido de carbono, durante sus primeras dos décadas puede tener un poder de calentamiento hasta 80 veces superior.
Los investigadores de UCLA recuerdan que este gas explica aproximadamente la mitad del incremento de 1,2 °C registrado en la temperatura media global desde la Revolución Industrial y que los residuos constituyen la cuarta fuente mundial de emisiones, detrás de la ganadería, la agricultura y la industria del petróleo y el gas.
Al mismo tiempo, destacan que la reducción del metano ofrece una de las oportunidades más rápidas para desacelerar el calentamiento global, especialmente mediante una mejor gestión de los rellenos sanitarios y el aprovechamiento energético del biogás.
En ese contexto, el caso del Complejo Ambiental Norte III trasciende el resultado de un ranking. La discusión ya no pasa únicamente por una medición satelital o por la respuesta de una empresa pública, sino por cómo las grandes ciudades administran millones de toneladas de residuos y qué tan eficaces son las tecnologías disponibles para impedir que ese volumen se convierta en una fuente creciente de gases de efecto invernadero.
Mientras el informe internacional pone de relieve la magnitud del desafío, CEAMSE insiste en que las emisiones detectadas deben interpretarse dentro de un sistema complejo que continúa incorporando inversiones y herramientas de mitigación. Entre ambas posiciones queda abierto un debate que probablemente gane cada vez más espacio en la agenda ambiental: cuánto puede reducirse el metano generado por los residuos y cuál será el futuro de un modelo que todavía depende, en gran medida, del enterramiento de basura.
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