Médicos advierten el daño de los agroquímicos
23:26 | 
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Eco Sitio |
Médicos de Pueblos Fumigados advierten el daño de un peligroso insecticida
Fecha de Publicación: 15/09/2011
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Nacional
“Es urgente que comencemos a replantearnos de qué manera avanzamos hacia formas de producción más amigables con la salud del ambiente y de las personas”. Esa es una de las conclusiones y principales exigencias que plantea un informe elaborado por la Red de Médicos de Pueblos Fumigados tras conocer la prohibición de los usos residenciales de clorpirifós impuesta por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (Environmental Protection Agency, EPA).
La nota de la Red Universitaria de Ambiente y Salud -Médicos de Pueblos Fumigados-, utiliza como fuente los datos de la presentación del profesor Oscar Scremin (School of Medicine, UCLA de Estados Unidos, y Conicet de Argentina) ante el Senasa, reclamando la reclasificación de los agroquímicos en Argentina.
Es el médico pediatra y neonatólogo Medardo Avila Vázquez, coordinador Médicos de Pueblos Fumigados, quien pone la firma en un informe que revela datos inquietantes. Así, al dar cuenta de la masividad es el uso de esta clase de insecticidas, cita las cifras de importación anual de clorpirifós a través de la Aduana de Buenos Aires.
“En 2010 ingresaron 8.650.000 de litros/kilos de este tóxico, un incremento de más del cien por ciento con respecto a 2006. Estas cifras provienen del sitio web del Servicio Nacional de Sanidad Agroalimentaria (Senasa)”, consigna el informe. Así acota que, al dividir la cantidad de clorpirifós importada en 2010 por su dosis letal 50 extrapolada a seres humanos, surge que son 2.633.500.635 las dosis, es decir, más de 60 veces la población de Argentina.
“Se importa cada año una cantidad suficiente como para eliminar a Argentina del planeta si cada habitante se expone directamente al mismo. Estas cantidades circulan por nuestras rutas, se almacenan en lugares que no conocemos, quizás en centros urbanos, se fraccionan e incorporan a formulaciones varias en establecimientos a lo largo y a lo ancho del país y luego se distribuyen y dispersan en el ambiente por aplicaciones terrestres y aéreas”, advierte.
Al respecto también agrega que “existen como residuos en los alimentos y en el agua al contaminar vegetales, peces, aves y demás animales que se consumen en las mesas de los argentinos”.
Niños expuestos
En otro punto, advierte que las cifras mencionadas “dan una idea de la magnitud de los potenciales daños a la salud pública”, y afirma que “la industria de agroquímicos es indiferente a esto”. E incluso menciona “débiles estadísticas del Ministerio de Salud Pública, otro organismo que debiera informar en relación a la solicitud del Defensor del Pueblo de la Nación, y que parecen consignar la inocuidad del uso de plaguicidas en general o quizás no conozca los efectos del clorpirifós sobre el neuro-desarrollo humano”.
En sus considerandos, la Resolución 147/10 del Defensor del Pueblo dice que, aún considerándose solamente el riesgo de intoxicación aguda con dosis letales, un número aproximado de 3 millones de niños y niñas viven en situación de riesgo ambiental por agroquímicos.
“Esta gravísima aseveración debiera haber provocado una intervención del Senasa para verificar los niveles de contaminación por plaguicidas en la sangre u orina en niños de las zonas afectadas, pero por ahora, con respecto al clorpirifós, no tomó ninguna determinación y paralelamente autoriza a las empresas de agroquímicos a que liquiden todas sus existencias de Endosulfán y después recién comenzar a ejecutar la prohibición del uso de este veneno en la Argentina, recientemente acordada en el Convenio de Estocolmo”, subraya el informe de la Red Universitaria de Ambiente y Salud.
Dura crítica
En otro punto, sostiene que el clorpirifós “es otro ejemplo de la incorporación descontrolada y creciente de un conocido tóxico que se esparce ampliamente en la Argentina, como parte de una práctica de producción agroindustrial que no considera los derechos a la salud y al ambiente sano de toda la población”.
Así insiste en que “un sistema de producción que requiere incorporar año a año más venenos para mantener su producción no anda bien, no es sustentable, y con una mirada desde la Salud Pública nos parece hasta criminal”.
Por eso considera “urgente” el replanteo de la manera de avanzar “hacia formas de producción más amigables con la salud del ambiente y de las personas, y no seguir aceptando recetas que van contra nuestros propios derechos sociales y que benefician esencialmente a las grandes empresas de biotecnología que controlan ampliamente este mercado”, concluye.
Lo que dicen los americanos
En las palabras de la entonces administradora de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, Carol Browner, clorpirifós es un viejo y riesgoso pesticida con más de 50 años de uso. Al hablar de la prohibición de uso residencial urbano, consideró que había llegado el momento de tomar acciones para proteger a sus niños de la exposición a este químico, ya que conocían claramente su potencial riesgo sobre la salud.
Un estudio reciente (2011) de la Universidad de Columbia en ese país concluye que “el cociente intelectual de niños expuestos a clorpirifós en el período pre-natal esta reducido en relación directa a los niveles de este plaguicida en la sangre del cordón umbilical al momento del nacimiento”.
Para la Red Universitaria que agrupa a médicos argentinos, evidencias de este tipo debieran constituir un fuerte argumento para solicitar la prohibición total de su uso en cualquier ambiente, urbano o rural. Es de hacer notar que estos efectos de clorpirifós se encontraron a dosis que están muy por debajo de aquellas que provocan inhibición de la enzima acetilcolinesterasa que es la causa de su toxicidad aguda.
“Este ejemplo de efecto de dosis sub-letales disponible en la literatura reciente justifica la necesidad de re-clasificar (y muy probablemente prohibir el uso) este plaguicida y otros de la misma clase química y toxicológica que se utilizan masivamente en Argentina (por ejemplo metamidofós)”, indica finalmente el informe.
Fecha de Publicación: 15/09/2011
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Nacional
“Es urgente que comencemos a replantearnos de qué manera avanzamos hacia formas de producción más amigables con la salud del ambiente y de las personas”. Esa es una de las conclusiones y principales exigencias que plantea un informe elaborado por la Red de Médicos de Pueblos Fumigados tras conocer la prohibición de los usos residenciales de clorpirifós impuesta por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (Environmental Protection Agency, EPA).
La nota de la Red Universitaria de Ambiente y Salud -Médicos de Pueblos Fumigados-, utiliza como fuente los datos de la presentación del profesor Oscar Scremin (School of Medicine, UCLA de Estados Unidos, y Conicet de Argentina) ante el Senasa, reclamando la reclasificación de los agroquímicos en Argentina.
Es el médico pediatra y neonatólogo Medardo Avila Vázquez, coordinador Médicos de Pueblos Fumigados, quien pone la firma en un informe que revela datos inquietantes. Así, al dar cuenta de la masividad es el uso de esta clase de insecticidas, cita las cifras de importación anual de clorpirifós a través de la Aduana de Buenos Aires.
“En 2010 ingresaron 8.650.000 de litros/kilos de este tóxico, un incremento de más del cien por ciento con respecto a 2006. Estas cifras provienen del sitio web del Servicio Nacional de Sanidad Agroalimentaria (Senasa)”, consigna el informe. Así acota que, al dividir la cantidad de clorpirifós importada en 2010 por su dosis letal 50 extrapolada a seres humanos, surge que son 2.633.500.635 las dosis, es decir, más de 60 veces la población de Argentina.
“Se importa cada año una cantidad suficiente como para eliminar a Argentina del planeta si cada habitante se expone directamente al mismo. Estas cantidades circulan por nuestras rutas, se almacenan en lugares que no conocemos, quizás en centros urbanos, se fraccionan e incorporan a formulaciones varias en establecimientos a lo largo y a lo ancho del país y luego se distribuyen y dispersan en el ambiente por aplicaciones terrestres y aéreas”, advierte.
Al respecto también agrega que “existen como residuos en los alimentos y en el agua al contaminar vegetales, peces, aves y demás animales que se consumen en las mesas de los argentinos”.
Niños expuestos
En otro punto, advierte que las cifras mencionadas “dan una idea de la magnitud de los potenciales daños a la salud pública”, y afirma que “la industria de agroquímicos es indiferente a esto”. E incluso menciona “débiles estadísticas del Ministerio de Salud Pública, otro organismo que debiera informar en relación a la solicitud del Defensor del Pueblo de la Nación, y que parecen consignar la inocuidad del uso de plaguicidas en general o quizás no conozca los efectos del clorpirifós sobre el neuro-desarrollo humano”.
En sus considerandos, la Resolución 147/10 del Defensor del Pueblo dice que, aún considerándose solamente el riesgo de intoxicación aguda con dosis letales, un número aproximado de 3 millones de niños y niñas viven en situación de riesgo ambiental por agroquímicos.
“Esta gravísima aseveración debiera haber provocado una intervención del Senasa para verificar los niveles de contaminación por plaguicidas en la sangre u orina en niños de las zonas afectadas, pero por ahora, con respecto al clorpirifós, no tomó ninguna determinación y paralelamente autoriza a las empresas de agroquímicos a que liquiden todas sus existencias de Endosulfán y después recién comenzar a ejecutar la prohibición del uso de este veneno en la Argentina, recientemente acordada en el Convenio de Estocolmo”, subraya el informe de la Red Universitaria de Ambiente y Salud.
Dura crítica
En otro punto, sostiene que el clorpirifós “es otro ejemplo de la incorporación descontrolada y creciente de un conocido tóxico que se esparce ampliamente en la Argentina, como parte de una práctica de producción agroindustrial que no considera los derechos a la salud y al ambiente sano de toda la población”.
Así insiste en que “un sistema de producción que requiere incorporar año a año más venenos para mantener su producción no anda bien, no es sustentable, y con una mirada desde la Salud Pública nos parece hasta criminal”.
Por eso considera “urgente” el replanteo de la manera de avanzar “hacia formas de producción más amigables con la salud del ambiente y de las personas, y no seguir aceptando recetas que van contra nuestros propios derechos sociales y que benefician esencialmente a las grandes empresas de biotecnología que controlan ampliamente este mercado”, concluye.
Lo que dicen los americanos
En las palabras de la entonces administradora de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, Carol Browner, clorpirifós es un viejo y riesgoso pesticida con más de 50 años de uso. Al hablar de la prohibición de uso residencial urbano, consideró que había llegado el momento de tomar acciones para proteger a sus niños de la exposición a este químico, ya que conocían claramente su potencial riesgo sobre la salud.
Un estudio reciente (2011) de la Universidad de Columbia en ese país concluye que “el cociente intelectual de niños expuestos a clorpirifós en el período pre-natal esta reducido en relación directa a los niveles de este plaguicida en la sangre del cordón umbilical al momento del nacimiento”.
Para la Red Universitaria que agrupa a médicos argentinos, evidencias de este tipo debieran constituir un fuerte argumento para solicitar la prohibición total de su uso en cualquier ambiente, urbano o rural. Es de hacer notar que estos efectos de clorpirifós se encontraron a dosis que están muy por debajo de aquellas que provocan inhibición de la enzima acetilcolinesterasa que es la causa de su toxicidad aguda.
“Este ejemplo de efecto de dosis sub-letales disponible en la literatura reciente justifica la necesidad de re-clasificar (y muy probablemente prohibir el uso) este plaguicida y otros de la misma clase química y toxicológica que se utilizan masivamente en Argentina (por ejemplo metamidofós)”, indica finalmente el informe.
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