Casi un 6% del territorio nacional en manos extranjeras
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Estadounidenses, italianos y españoles: los inversores extranjeros con más tierras en el país
Fecha de Publicación: 14/05/2018
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Son casi tres millones de hectáreas o, por ofrecer una equivalencia, 24 veces la superficie total de Nueva York, con sus cinco condados. Esa es la extensión de tierra argentina que está en manos de estadounidenses, la nacionalidad extranjera con más propiedad rural en el país. El podio se completa con los italianos, que controlan 2,1 millones de hectáreas locales -casi la superficie total de Sicilia- y los españoles, dueños de casi 1,8 millones de hectáreas, más de dos veces la extensión de la Comunidad de Madrid.
La Argentina tiene 266.711.077 hectáreas de tierras rurales con posibilidad de explotación agropecuaria, ganadera, vitivinícola o minera. De acuerdo con datos del Registro Nacional de Tierras Rurales (RNTR), un 5,57% de ese territorio rural argentino hoy está en manos de extranjeros. Son 12.520.826 hectáreas, equivalentes, por ejemplo, a casi la mitad de la provincia de Misiones o a 622 veces la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Entre los terratenientes de la Argentina hay grandes empresarios extranjeros como Joseph Lewis, pero también conocidas figuras locales, como Marcelo Tinelli y Huberto Roviralta o astros del deporte como Gabriel Batistuta y Emanuel Ginóbili. En otros casos, hay grandes extensiones en manos de gigantes internacionales como Glencore o el Grupo Benetton (a través de Compañía Tierras del Sud).
Otros propietarios de la tierra argentina, en cambio, son ignotos. Sus nombres se ocultan detrás de sociedades offshore, empresas de papel que muchas veces le otorgan el beneficio del anonimato a sus verdaderos dueños. En el país, según un pedido de información pública cursado por Chequeado y LA NACION al RNTR, casi 2 millones de hectáreas están en manos de firmas radicadas en jurisdicciones consideradas paraísos fiscales. Es más que la suma de las superficies de Liechtenstein, Bahamas, Islas Caimán, Barbados y las Islas Vírgenes Británicas, cinco de los más afamados enclaves offshore.
La conviviencia no se da sin tensiones: en el último año recrudecieron los conflictos terriotoriales reclamos de comunidades indígenas, pero también por potenciales problemas ambientales y económicos.
En Villa Mascardi, un grupo mapuche irrumpió de forma violenta para reclamar cinco hectáreas en un predio que está a nombre de la familia estadounidense Grehan, en un conflicto que quebró la paz del lugar. Hacia el sur, por la ruta 40, un grupo de vecinos realizó el año pasado la marcha por la "soberanía al Lago Escondido" para reclamar por senderos públicos dentro del predio que pertenece a Lewis. A escasos kilómetros, en Chubut, murió Santiago Maldonado . El joven estaba allí en apoyo a la causa mapuche, que reclama tierras dentro de la estancia Leleque, de los empresarios italianos de Benetton.
La ley
La cantidad y la calidad de territorio que puede venderse a personas o empresas extranjeras quedó regulada por la Ley 26.737, que estipuló el Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales. Fue sancionada en diciembre de 2011 e impulsada por el kirchnerismo, que actuó convencido de que se debía frenar la extranjerización. Esa norma introdujo fuertes restricciones para la venta de campos y estableció, entre otros puntos, un límite de mil hectáreas a un titular foráneo en la denominada zona agrícola núcleo argentina (que está ubicada en las regiones fértiles del norte bonaerense, el sur de Santa Fe y el sur de Córdoba), o las equivalencias de cada provincia.
La ley fija topes. Las tierras en manos de extranjeros no pueden superar el 15% a nivel nacional, provincial y departamental. Una nacionalidad, a su vez, no puede superar el 4,5% de las tierras de un departamento, de una provincia o del país.
La normativa no afectó los derechos adquiridos. Si una empresa o una persona extranjera poseía tierras por fuera de los límites impuestos por la Ley 26.737, el Estado argentino no podía retrotraer la situación. Así, hoy hay más de 40 distritos en "offside", que superaban los límites que luego impuso la ley, de acuerdo con documentos públicos.
Las dos localidades con mayor nivel de extranjerización del país son salteñas. Se trata de San Carlos, un área declarada "lugar histórico nacional" en los Valles Calchaquíes (con el 58% de su territorio extranjerizado) y el departamento de Molinos (con el 57% de extranjerización). Siguen en el ránking General Lamadrid, en La Rioja (con el 57% de extranjerización); la localidad de Lácar, en Neuquén (53%); San Miguel, en Corrientes (50,8%) y Campana, en Buenos Aires, con el 50,7% de su superficie en manos de foráneos.
Hay, en tanto, 5.900 registros de tierras extranjeras de los que se desconoce la nacionalidad, correspondientes a 2.230.610 hectáreas. De ellas, 890.000 están en Santa Cruz, 234.00 están en Chaco, 159.000 en Chubut y 136.000 en La Pampa.
Cambio de época
La gestión de Mauricio Macri viró su enfoque a la hora de regular la extranjerización de la tierra argentina, convencido de que era necesario "abrir las tranqueras" para fomentar la inversión. El Presidente recibió uno de los primeros cuestionamientos públicos cuando se embarcó en el helicóptero del magnate Lewis, dueño de una propiedad de casi 12 mil hectáreas en el Lago Escondido, en Río Negro.
La figura de este empresario genera diversas resistencias en el sur: numerosas ONG exigieron al gobierno provincial que garantice el acceso a la costa del Lago Escondido a través del sendero Tacuifi, unos 14 kilómetros de camino vehicular desde la ruta nacional 40, que está bloqueado por las instalaciones de All About Kids, la iniciativa de Lewis para las escuelas de la zona.
Con el decreto 820, firmado por Macri el 29 de junio de 2016, Cambiemos dispuso que algunas restricciones de la llamada "ley de tierras" quedaran en desuso o especificó su aplicación.
En este sentido, a diferencia de lo que ocurría antes, dio mayor libertad a la venta y recompra. Por ejemplo, si durante el kirchnerismo un extranjero tenía 1.500 hectáreas en la zona núcleo (superaba el tope de mil) quería venderlas y comprar la misma cantidad, no podía, porque comenzaba a correr la restricción. Macri, con su decreto, comenzó a proteger no sólo los derechos adquiridos sino también los derechos en expectativa: el extranjero puede recomprar la misma cantidad de tierras (o sus equivalencias), lo que estimula el mercado inmobiliario rural.
Entre enero de 2016 y septiembre de 2017, el Registro Nacional de Tierras Rurales entregó 172 certificados de habilitación a nuevos propietarios de extranjeros, según la respuesta al pedido de acceso a la información pública presentado por Chequeado y LA NACION.
Mendoza es la provincia donde se entregaron mayor cantidad de certificados a extranjeros: 75 por 11.784 hectáreas, en su mayoría para viñedos. Estadounidenses, canadienses, brasileños y chilenos invirtieron en los últimos dos años en la actividad vitivinícola mendocina. Un ejemplo de estas nuevas inversiones es The Vines of Mendoza, un emprendimiento fundado por el estadounidense Michael Evans que propone la reventa de parcelas a más de 135 amantes del vino para que puedan tener su propio viñedo personalizado. Allí se alojó Macri en julio de 2017 tras la cumbre del Mercosur.
La gestión actual, en tanto, ajustó algunos términos de la fórmula para contabilizar los campos en manos de foráneos. Si se analiza la variación de las tierras en manos de extranjeros a partir de la asunción de Cambiemos y se comparan los registros de febrero de 2016 con los de febrero de 2018 (primero y último dato oficial disponible), se observa que 12 provincias redujeron la cantidad de tierras en manos de foráneos: Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, Mendoza Misiones, Río Negro, San Luis, Santa Cruz y Santa Fe. Otras siete aumentaron la extranjerización: Chubut, Formosa, La Pampa, La Rioja, San Juan, Santiago del Estero y Tucuman. Y cuatro provincias se mantuvieron estables (Chaco, Neuquén, Salta y Tierra del Fuego).
Según explicaron desde el RNTR, las bajas en los porcentajes de extranjerización se debieron a que esta gestión estableció que "había nacionales o residentes considerados por error como extranjeros", sociedades constituidas en el extranjero "pero integradas en un 100% por nacionales", empresas que se vendieron a nacionales y tierras que fueron recategorizadas como "parcela industrial".
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Fecha de Publicación: 14/05/2018
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Son casi tres millones de hectáreas o, por ofrecer una equivalencia, 24 veces la superficie total de Nueva York, con sus cinco condados. Esa es la extensión de tierra argentina que está en manos de estadounidenses, la nacionalidad extranjera con más propiedad rural en el país. El podio se completa con los italianos, que controlan 2,1 millones de hectáreas locales -casi la superficie total de Sicilia- y los españoles, dueños de casi 1,8 millones de hectáreas, más de dos veces la extensión de la Comunidad de Madrid.
La Argentina tiene 266.711.077 hectáreas de tierras rurales con posibilidad de explotación agropecuaria, ganadera, vitivinícola o minera. De acuerdo con datos del Registro Nacional de Tierras Rurales (RNTR), un 5,57% de ese territorio rural argentino hoy está en manos de extranjeros. Son 12.520.826 hectáreas, equivalentes, por ejemplo, a casi la mitad de la provincia de Misiones o a 622 veces la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Entre los terratenientes de la Argentina hay grandes empresarios extranjeros como Joseph Lewis, pero también conocidas figuras locales, como Marcelo Tinelli y Huberto Roviralta o astros del deporte como Gabriel Batistuta y Emanuel Ginóbili. En otros casos, hay grandes extensiones en manos de gigantes internacionales como Glencore o el Grupo Benetton (a través de Compañía Tierras del Sud).
Otros propietarios de la tierra argentina, en cambio, son ignotos. Sus nombres se ocultan detrás de sociedades offshore, empresas de papel que muchas veces le otorgan el beneficio del anonimato a sus verdaderos dueños. En el país, según un pedido de información pública cursado por Chequeado y LA NACION al RNTR, casi 2 millones de hectáreas están en manos de firmas radicadas en jurisdicciones consideradas paraísos fiscales. Es más que la suma de las superficies de Liechtenstein, Bahamas, Islas Caimán, Barbados y las Islas Vírgenes Británicas, cinco de los más afamados enclaves offshore.
La conviviencia no se da sin tensiones: en el último año recrudecieron los conflictos terriotoriales reclamos de comunidades indígenas, pero también por potenciales problemas ambientales y económicos.
En Villa Mascardi, un grupo mapuche irrumpió de forma violenta para reclamar cinco hectáreas en un predio que está a nombre de la familia estadounidense Grehan, en un conflicto que quebró la paz del lugar. Hacia el sur, por la ruta 40, un grupo de vecinos realizó el año pasado la marcha por la "soberanía al Lago Escondido" para reclamar por senderos públicos dentro del predio que pertenece a Lewis. A escasos kilómetros, en Chubut, murió Santiago Maldonado . El joven estaba allí en apoyo a la causa mapuche, que reclama tierras dentro de la estancia Leleque, de los empresarios italianos de Benetton.
La ley
La cantidad y la calidad de territorio que puede venderse a personas o empresas extranjeras quedó regulada por la Ley 26.737, que estipuló el Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales. Fue sancionada en diciembre de 2011 e impulsada por el kirchnerismo, que actuó convencido de que se debía frenar la extranjerización. Esa norma introdujo fuertes restricciones para la venta de campos y estableció, entre otros puntos, un límite de mil hectáreas a un titular foráneo en la denominada zona agrícola núcleo argentina (que está ubicada en las regiones fértiles del norte bonaerense, el sur de Santa Fe y el sur de Córdoba), o las equivalencias de cada provincia.
La ley fija topes. Las tierras en manos de extranjeros no pueden superar el 15% a nivel nacional, provincial y departamental. Una nacionalidad, a su vez, no puede superar el 4,5% de las tierras de un departamento, de una provincia o del país.
La normativa no afectó los derechos adquiridos. Si una empresa o una persona extranjera poseía tierras por fuera de los límites impuestos por la Ley 26.737, el Estado argentino no podía retrotraer la situación. Así, hoy hay más de 40 distritos en "offside", que superaban los límites que luego impuso la ley, de acuerdo con documentos públicos.
Las dos localidades con mayor nivel de extranjerización del país son salteñas. Se trata de San Carlos, un área declarada "lugar histórico nacional" en los Valles Calchaquíes (con el 58% de su territorio extranjerizado) y el departamento de Molinos (con el 57% de extranjerización). Siguen en el ránking General Lamadrid, en La Rioja (con el 57% de extranjerización); la localidad de Lácar, en Neuquén (53%); San Miguel, en Corrientes (50,8%) y Campana, en Buenos Aires, con el 50,7% de su superficie en manos de foráneos.
Hay, en tanto, 5.900 registros de tierras extranjeras de los que se desconoce la nacionalidad, correspondientes a 2.230.610 hectáreas. De ellas, 890.000 están en Santa Cruz, 234.00 están en Chaco, 159.000 en Chubut y 136.000 en La Pampa.
Cambio de época
La gestión de Mauricio Macri viró su enfoque a la hora de regular la extranjerización de la tierra argentina, convencido de que era necesario "abrir las tranqueras" para fomentar la inversión. El Presidente recibió uno de los primeros cuestionamientos públicos cuando se embarcó en el helicóptero del magnate Lewis, dueño de una propiedad de casi 12 mil hectáreas en el Lago Escondido, en Río Negro.
La figura de este empresario genera diversas resistencias en el sur: numerosas ONG exigieron al gobierno provincial que garantice el acceso a la costa del Lago Escondido a través del sendero Tacuifi, unos 14 kilómetros de camino vehicular desde la ruta nacional 40, que está bloqueado por las instalaciones de All About Kids, la iniciativa de Lewis para las escuelas de la zona.
Con el decreto 820, firmado por Macri el 29 de junio de 2016, Cambiemos dispuso que algunas restricciones de la llamada "ley de tierras" quedaran en desuso o especificó su aplicación.
En este sentido, a diferencia de lo que ocurría antes, dio mayor libertad a la venta y recompra. Por ejemplo, si durante el kirchnerismo un extranjero tenía 1.500 hectáreas en la zona núcleo (superaba el tope de mil) quería venderlas y comprar la misma cantidad, no podía, porque comenzaba a correr la restricción. Macri, con su decreto, comenzó a proteger no sólo los derechos adquiridos sino también los derechos en expectativa: el extranjero puede recomprar la misma cantidad de tierras (o sus equivalencias), lo que estimula el mercado inmobiliario rural.
Entre enero de 2016 y septiembre de 2017, el Registro Nacional de Tierras Rurales entregó 172 certificados de habilitación a nuevos propietarios de extranjeros, según la respuesta al pedido de acceso a la información pública presentado por Chequeado y LA NACION.
Mendoza es la provincia donde se entregaron mayor cantidad de certificados a extranjeros: 75 por 11.784 hectáreas, en su mayoría para viñedos. Estadounidenses, canadienses, brasileños y chilenos invirtieron en los últimos dos años en la actividad vitivinícola mendocina. Un ejemplo de estas nuevas inversiones es The Vines of Mendoza, un emprendimiento fundado por el estadounidense Michael Evans que propone la reventa de parcelas a más de 135 amantes del vino para que puedan tener su propio viñedo personalizado. Allí se alojó Macri en julio de 2017 tras la cumbre del Mercosur.
La gestión actual, en tanto, ajustó algunos términos de la fórmula para contabilizar los campos en manos de foráneos. Si se analiza la variación de las tierras en manos de extranjeros a partir de la asunción de Cambiemos y se comparan los registros de febrero de 2016 con los de febrero de 2018 (primero y último dato oficial disponible), se observa que 12 provincias redujeron la cantidad de tierras en manos de foráneos: Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, Mendoza Misiones, Río Negro, San Luis, Santa Cruz y Santa Fe. Otras siete aumentaron la extranjerización: Chubut, Formosa, La Pampa, La Rioja, San Juan, Santiago del Estero y Tucuman. Y cuatro provincias se mantuvieron estables (Chaco, Neuquén, Salta y Tierra del Fuego).
Según explicaron desde el RNTR, las bajas en los porcentajes de extranjerización se debieron a que esta gestión estableció que "había nacionales o residentes considerados por error como extranjeros", sociedades constituidas en el extranjero "pero integradas en un 100% por nacionales", empresas que se vendieron a nacionales y tierras que fueron recategorizadas como "parcela industrial".
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Trabajan en la conservación de la mojarra desnuda
Mojarra desnuda: Nación y Río Negro trabajan por la especie en peligro de extinción
Fecha de Publicación: 14/05/2018
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Río Negro
En búsqueda de seguir trabajando para la conservación de la mojarra desnuda, especie que registró recientemente una importante reducción de población que la ubica en una situación aún más vulnerable al encontrarse en peligro de extinción, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Nación junto a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la provincia de Río Negro** coordinan acciones en pos de mejorar las condiciones del ecosistema en el que habita.
En esta línea se realizó un taller interdisciplinario con la finalidad de comenzar a plantear soluciones concretas en pos de mejorar las condiciones de los ecosistemas y las poblaciones endémicas que allí habitan. La actividad contó con la participación de instituciones públicas comprometidas con la protección de la especie y de su ambiente natural, entre los que se encontraban representantes de Nación, instituciones provinciales, universidades, investigadores y ONGs.
Cabe destacar que esta especie forma parte del Plan de Acción Extinción Cero que lleva adelante el Ministerio de Ambiente, cuyo objetivo es llevar a cabo acciones concretas para la conservación de especies autóctonas en estado crítico de extinción que se encuentran distribuidas en diversos ecosistemas de Argentina.
La mojarra desnuda (Gymnocharacinus bergii), Monumento Natural de Río Negro, es un pez que no posee escamas en su etapa adulta, lo que le atribuye su nombre, y habita únicamente en las nacientes del Arroyo Valcheta, en cercanías al Paraje Chipauquil, Área Natural Protegida Meseta de Somuncura.
Debido a diversas actividades antrópicas en su hábitat, como el impacto de la producción ganadera sobre los cauces de agua, como también la introducción de peces exóticos como las truchas o la mojarra plateada, que son potenciales vectores de enfermedades y parásitos que afectan a los ejemplares de mojarra desnuda, se ha detectado una reducción importante en el porcentaje original de su población.
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Fecha de Publicación: 14/05/2018
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Río Negro
En búsqueda de seguir trabajando para la conservación de la mojarra desnuda, especie que registró recientemente una importante reducción de población que la ubica en una situación aún más vulnerable al encontrarse en peligro de extinción, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Nación junto a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la provincia de Río Negro** coordinan acciones en pos de mejorar las condiciones del ecosistema en el que habita.
En esta línea se realizó un taller interdisciplinario con la finalidad de comenzar a plantear soluciones concretas en pos de mejorar las condiciones de los ecosistemas y las poblaciones endémicas que allí habitan. La actividad contó con la participación de instituciones públicas comprometidas con la protección de la especie y de su ambiente natural, entre los que se encontraban representantes de Nación, instituciones provinciales, universidades, investigadores y ONGs.
Cabe destacar que esta especie forma parte del Plan de Acción Extinción Cero que lleva adelante el Ministerio de Ambiente, cuyo objetivo es llevar a cabo acciones concretas para la conservación de especies autóctonas en estado crítico de extinción que se encuentran distribuidas en diversos ecosistemas de Argentina.
La mojarra desnuda (Gymnocharacinus bergii), Monumento Natural de Río Negro, es un pez que no posee escamas en su etapa adulta, lo que le atribuye su nombre, y habita únicamente en las nacientes del Arroyo Valcheta, en cercanías al Paraje Chipauquil, Área Natural Protegida Meseta de Somuncura.
Debido a diversas actividades antrópicas en su hábitat, como el impacto de la producción ganadera sobre los cauces de agua, como también la introducción de peces exóticos como las truchas o la mojarra plateada, que son potenciales vectores de enfermedades y parásitos que afectan a los ejemplares de mojarra desnuda, se ha detectado una reducción importante en el porcentaje original de su población.
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Mar del Plata: imputados por contaminación ambiental
Procesan a imputados en una causa por contaminación ambiental
Fecha de Publicación: 14/05/2018
Fuente: La Capital de Mar del Plata
Provincia/Región: Buenos Aires
Lo dispuso el juez federal Santiago Inchausti. Se trata de un caso por el vertido a los desagües pluviales de líquidos que se obtienen como consecuencia de la producción de harinas de pescado y aceites.
El juez Santiago Inchausti, a cargo del Juzgado Federal N° 1 de Mar del Plata, decretó el procesamiento de ocho personas por su carácter de integrantes de consejo de administración de una coopertavia investigada por contaminar el medio ambiente.
El delito que se les imputa es el vertido de líquidos a los desagües pluviales que se obtienen como consecuencia de la producción de harinas de pescado y aceites, y que de esa manera tenían como destino final el mar, lo que ponía en riesgo la salud y el ambiente en general.
Como medida de control a la actividad productiva, el magistrado ordenó una serie de diligencias en pos de reducir el impacto ambiental, la falta mérito de seis personas y el sobreseimiento de un imputado.
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Fecha de Publicación: 14/05/2018
Fuente: La Capital de Mar del Plata
Provincia/Región: Buenos Aires
Lo dispuso el juez federal Santiago Inchausti. Se trata de un caso por el vertido a los desagües pluviales de líquidos que se obtienen como consecuencia de la producción de harinas de pescado y aceites.
El juez Santiago Inchausti, a cargo del Juzgado Federal N° 1 de Mar del Plata, decretó el procesamiento de ocho personas por su carácter de integrantes de consejo de administración de una coopertavia investigada por contaminar el medio ambiente.
El delito que se les imputa es el vertido de líquidos a los desagües pluviales que se obtienen como consecuencia de la producción de harinas de pescado y aceites, y que de esa manera tenían como destino final el mar, lo que ponía en riesgo la salud y el ambiente en general.
Como medida de control a la actividad productiva, el magistrado ordenó una serie de diligencias en pos de reducir el impacto ambiental, la falta mérito de seis personas y el sobreseimiento de un imputado.
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Entre Ríos: archivaron resistido proyecto de agroquímicos
Diputados archivó el proyecto de ley de agroquímicos y festejaron los ambientalistas
Fecha de Publicación: 13/05/2018
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: Entre Ríos
La Cámara Baja rechazó el proyecto que venía con media sanción del senado entrerriano. Urgente deberán confeccionar una nueva iniciativa para frenar el envenenamiento y fomentar la transición a la agroecología.
El proyecto de ley de agroquímicos fue archivado este martes por la Cámara de Diputados de Entre Ríos aunque durante más de dos horas se generaron duros cruces entre los diferentes bloques.
Representantes de grupos ambientalistas llegados de toda la provincia colmaron los balcones para seguir la sesión que tuvo enérgicas exposiciones.
Oficialistas y opositores remarcaron que hoy en la provincia solo hay dos personas, que en un vehículo, controlan la fumigación con agroquímicos en los campos entrerrianos representando al Estado.
El bloque justicialista ya había adelantado que votaría en contra del proyecto que venía con media sanción del Senado. Mientras que diputados y diputadas de Cambiemos reclamaron que se discutiera en Comisión.
Algunos diputados radicales que forman parte de la oposición también rechazaron el proyecto y Alberto Rotman, en particular, se llevó una gran ovación del público porque basó su discurso en datos concretos que tomó de diferentes investigaciones que sirvieron para prohibir el uso del glifosato en otros países.
Lo cierto es que para frenar las muertes deberán ponerse a trabajar para discutir en forma urgente un nuevo proyecto de ley que regule el uso de los agroquímicos y que además incentive la transición hacia la agroecología.
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Fecha de Publicación: 13/05/2018
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: Entre Ríos
La Cámara Baja rechazó el proyecto que venía con media sanción del senado entrerriano. Urgente deberán confeccionar una nueva iniciativa para frenar el envenenamiento y fomentar la transición a la agroecología.
El proyecto de ley de agroquímicos fue archivado este martes por la Cámara de Diputados de Entre Ríos aunque durante más de dos horas se generaron duros cruces entre los diferentes bloques.
Representantes de grupos ambientalistas llegados de toda la provincia colmaron los balcones para seguir la sesión que tuvo enérgicas exposiciones.
Oficialistas y opositores remarcaron que hoy en la provincia solo hay dos personas, que en un vehículo, controlan la fumigación con agroquímicos en los campos entrerrianos representando al Estado.
El bloque justicialista ya había adelantado que votaría en contra del proyecto que venía con media sanción del Senado. Mientras que diputados y diputadas de Cambiemos reclamaron que se discutiera en Comisión.
Algunos diputados radicales que forman parte de la oposición también rechazaron el proyecto y Alberto Rotman, en particular, se llevó una gran ovación del público porque basó su discurso en datos concretos que tomó de diferentes investigaciones que sirvieron para prohibir el uso del glifosato en otros países.
Lo cierto es que para frenar las muertes deberán ponerse a trabajar para discutir en forma urgente un nuevo proyecto de ley que regule el uso de los agroquímicos y que además incentive la transición hacia la agroecología.
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Jujuy: proyectos para usar residuos en combustible
Un combustible industrial con residuos reutilizados
Fecha de Publicación: 13/05/2018
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Jujuy
Es un desarrollo local a partir de fluidos residuales y haciendo un proceso físico en la planta con que cuenta Ecoaxion. Otra iniciativa se refiere a las aguas negras y grises tratadas que se destinan al funcionamiento de baños y para riego.
Un interesante trabajo de sustentabilidad en Jujuy permite la reutilización de residuos de lubricantes, combustibles y grasas para producir un combustible intermedio de uso en las industrias. Fue uno de las experiencias expuestas en la XIV Jornada "Industria y Desarrollo Sustentable en el NOA" que por primera vez tuvo como sede a la provincia y donde se mostraron otras tantas iniciativas vinculadas al sector industrial, desde el ámbito privado, público o mixto.
"Nuestra intención es recuperar los residuos materiales de valor o energías", explicó Pedro Rey Campero, director de Ecoaxion, una empresa que está operativa desde 2015, que trabaja en ello a través de la corriente de residuos peligrosos denominada YO8. Esto comprende derivados de hidrocarburos, que incluye residuos de lubricantes, combustibles no aptos para su uso y grasas.
A partir de esos fluidos residuales y haciendo un proceso físico en la planta con que cuentan pueden lograr un producto final que es comercializado como combustible intermedio.
Lo hacen también con aguas contaminadas con hidrocarburos, donde hacen un tratamiento amigable con el medio ambiente, que les permite hacer una calefacción solar con la que evaporan el agua contaminada y previamente le extraen el hidrocarburo que luego procesan y comercializan. A este tipo de combustible lo consumen industrias que no tienen acceso a gas o energía eléctrica; y que además utilizan calderas para producir energía.
En el proceso la empresa jujeña comercializa todo a destilerías, que luego le hacen una pequeña refinación y son los que terminan vendiendo a los usuarios.
"Desde el 2015 a la fecha aproximadamente hemos logrado producir la energía suficiente como para abastecer a toda la ciudad de San Salvador de Jujuy por un mes", precisó Rey Campero refiriéndose a la equivalencia sobre lo producido en estos tres años.
"Es 100% sustentable, el proceso tiene una eficiencia del 95%, de ese 5% son residuos que disponemos en otros operadores de residuos", dijo. Y es que se logró que a partir de un residuo, que en muchos casos terminaba en ríos, plazas y basurales clandestinos, ahora se recupera y se produce energía apta para ser utilizada.
Entonces cualquier empresa que genere el desecho de lubricantes o filtros tiene la obligación de entregarlos a transportistas, por lo que la empresa al ser operadora los recibe. De este modo, la materia prima son los desechos de lubricantes o filtros, por ejemplo de un lubricentro, que es gratuito por lo que se los busca y lo operan, y entregan un certificado de validez provincial donde se destaca la cantidad entregada y procesada. Por ello los lubricentros o industrias que deseen entregar esos residuos pueden comunicarse a través de la página web ecocoaxión.com.ar o al teléfono 4314977.
En ese marco también se difundió el programa recientemente puesto en funcionamiento con el apoyo del Gobierno provincial para el coprocesamiento de neumáticos, para generar combustible destinado a las industrias a través de Geocycle que desarrolla Holcim.
En Tucumán gestionan la cuenca Salí Dulce
Alfredo Montalbán, secretario de Ambiente de Tucumán, explicó la experiencia de esa provincia respecto a la gestión de la cuenca Salí Dulce ya que allí se generan residuos industriales del sector sucroalcoholero, cachaza, vinaza y cenizas en gran volumen, que lograron disponer adecuadamente en los últimos diez años, como enmienda y mejorador de suelo. En la tarea aseguró que lograron controlar la contaminación, cuya superación viene de la mano de la tecnología y las acciones, un camino que también transitan Salta y Jujuy. Implica también agroquímicos, mejoradores y potasio que podría usarse para reemplazar lo que se importa.
Además, expuso sobre el trabajo realizado en residuos sólidos urbanos en el área metropolitana y en torno a los compromisos de desarrollo sostenible (ODS) que abordan con la responsabilidad del cuidado de salud de la población vinculado a todas las acciones.
Importancia de residuos
En ese sentido, Juan Trebino, subsecretario de Fiscalización y Recomposición del Ministerio de Ambiente de la Nación, coincidió en la importancia del trabajo en torno a residuos.
Explicó que esa cartera está trabajando en una nueva ley de residuos peligrosos, de sitios contaminados y de responsabilidad extendida del consumidor.
Con Jujuy están trabajando en la construcción del relleno sanitario de Chanchillos que está avanzando, en plantas de transferencia, en la coordinación de inspecciones y capacitaciones, por lo que se abordó el seguro ambiental, inspecciones y parámetros ambientales para estandarizar procesos de cuidar el ambiente.
"La industria está tomando mucha conciencia del tema ambiental, y está empezando a delinear sus proyectos ambientales de acá al 2030 y al 2050, y esto es lo que se ve en esta jornada con el apoyo de la Unión Industrial y la Cámara Minera", afirmó el organizador del encuentro, Pablo Gago.
Es que se abordaron la gestión ambiental en las industrias, los residuos, desarrollo de energías renovables y servicios ambientales.
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Fecha de Publicación: 13/05/2018
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Jujuy
Es un desarrollo local a partir de fluidos residuales y haciendo un proceso físico en la planta con que cuenta Ecoaxion. Otra iniciativa se refiere a las aguas negras y grises tratadas que se destinan al funcionamiento de baños y para riego.
Un interesante trabajo de sustentabilidad en Jujuy permite la reutilización de residuos de lubricantes, combustibles y grasas para producir un combustible intermedio de uso en las industrias. Fue uno de las experiencias expuestas en la XIV Jornada "Industria y Desarrollo Sustentable en el NOA" que por primera vez tuvo como sede a la provincia y donde se mostraron otras tantas iniciativas vinculadas al sector industrial, desde el ámbito privado, público o mixto.
"Nuestra intención es recuperar los residuos materiales de valor o energías", explicó Pedro Rey Campero, director de Ecoaxion, una empresa que está operativa desde 2015, que trabaja en ello a través de la corriente de residuos peligrosos denominada YO8. Esto comprende derivados de hidrocarburos, que incluye residuos de lubricantes, combustibles no aptos para su uso y grasas.
A partir de esos fluidos residuales y haciendo un proceso físico en la planta con que cuentan pueden lograr un producto final que es comercializado como combustible intermedio.
Lo hacen también con aguas contaminadas con hidrocarburos, donde hacen un tratamiento amigable con el medio ambiente, que les permite hacer una calefacción solar con la que evaporan el agua contaminada y previamente le extraen el hidrocarburo que luego procesan y comercializan. A este tipo de combustible lo consumen industrias que no tienen acceso a gas o energía eléctrica; y que además utilizan calderas para producir energía.
En el proceso la empresa jujeña comercializa todo a destilerías, que luego le hacen una pequeña refinación y son los que terminan vendiendo a los usuarios.
"Desde el 2015 a la fecha aproximadamente hemos logrado producir la energía suficiente como para abastecer a toda la ciudad de San Salvador de Jujuy por un mes", precisó Rey Campero refiriéndose a la equivalencia sobre lo producido en estos tres años.
"Es 100% sustentable, el proceso tiene una eficiencia del 95%, de ese 5% son residuos que disponemos en otros operadores de residuos", dijo. Y es que se logró que a partir de un residuo, que en muchos casos terminaba en ríos, plazas y basurales clandestinos, ahora se recupera y se produce energía apta para ser utilizada.
Entonces cualquier empresa que genere el desecho de lubricantes o filtros tiene la obligación de entregarlos a transportistas, por lo que la empresa al ser operadora los recibe. De este modo, la materia prima son los desechos de lubricantes o filtros, por ejemplo de un lubricentro, que es gratuito por lo que se los busca y lo operan, y entregan un certificado de validez provincial donde se destaca la cantidad entregada y procesada. Por ello los lubricentros o industrias que deseen entregar esos residuos pueden comunicarse a través de la página web ecocoaxión.com.ar o al teléfono 4314977.
En ese marco también se difundió el programa recientemente puesto en funcionamiento con el apoyo del Gobierno provincial para el coprocesamiento de neumáticos, para generar combustible destinado a las industrias a través de Geocycle que desarrolla Holcim.
En Tucumán gestionan la cuenca Salí Dulce
Alfredo Montalbán, secretario de Ambiente de Tucumán, explicó la experiencia de esa provincia respecto a la gestión de la cuenca Salí Dulce ya que allí se generan residuos industriales del sector sucroalcoholero, cachaza, vinaza y cenizas en gran volumen, que lograron disponer adecuadamente en los últimos diez años, como enmienda y mejorador de suelo. En la tarea aseguró que lograron controlar la contaminación, cuya superación viene de la mano de la tecnología y las acciones, un camino que también transitan Salta y Jujuy. Implica también agroquímicos, mejoradores y potasio que podría usarse para reemplazar lo que se importa.
Además, expuso sobre el trabajo realizado en residuos sólidos urbanos en el área metropolitana y en torno a los compromisos de desarrollo sostenible (ODS) que abordan con la responsabilidad del cuidado de salud de la población vinculado a todas las acciones.
Importancia de residuos
En ese sentido, Juan Trebino, subsecretario de Fiscalización y Recomposición del Ministerio de Ambiente de la Nación, coincidió en la importancia del trabajo en torno a residuos.
Explicó que esa cartera está trabajando en una nueva ley de residuos peligrosos, de sitios contaminados y de responsabilidad extendida del consumidor.
Con Jujuy están trabajando en la construcción del relleno sanitario de Chanchillos que está avanzando, en plantas de transferencia, en la coordinación de inspecciones y capacitaciones, por lo que se abordó el seguro ambiental, inspecciones y parámetros ambientales para estandarizar procesos de cuidar el ambiente.
"La industria está tomando mucha conciencia del tema ambiental, y está empezando a delinear sus proyectos ambientales de acá al 2030 y al 2050, y esto es lo que se ve en esta jornada con el apoyo de la Unión Industrial y la Cámara Minera", afirmó el organizador del encuentro, Pablo Gago.
Es que se abordaron la gestión ambiental en las industrias, los residuos, desarrollo de energías renovables y servicios ambientales.
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Otro maíz transgénico de Monsanto aprobado
Aprueban un nuevo maíz transgénico de Monsanto: tolera glifosato y resiste insectos
Fecha de Publicación: 13/05/2018
Fuente: AgroVoz
Provincia/Región: Nacional
El Gobierno nacional aprobó la comercialización de un nuevo maíz transgénico, desarrollado por la firma Monsanto, que es tolerante a la aplicación de glifosato y resistente a la acción de coleópteros y lepidópteros.
A través de la resolución 19/2018 de la Secretaría de Alimentos y Bioeconomía del Ministerio de Agroindustria, publicada en el Boletín Oficial, se le dio el aval a “la semilla de maiz y de los productos y subproductos derivados de ésta, provenientes de los eventos MON-87427-7, MON-87411-9, de la acumulación de eventos MON-87427-7 x MON-89034-3 x SYN-IR162-4 x MON-87411-9 (denominaciones OCDE) y de los acumulados intermedios que surjan de las combinaciones de los parentales que la componen, y de toda la progenie derivada de los cruzamientos de estos materiales con cualquier maíz no modificado genéticamente, solicitado por la firma Monsanto Argentina”.
Para dar esta autorización, Agroindustria tuvo en cuenta el dictamen de la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria (Conabia) que señaló que “los riesgos de bioseguridad derivados de la liberación de los mencionados maíces GM (genéticamente modificados) al agroecosistema, en cultivo a gran escala, no son significativamente diferentes de los inherentes al cultivo de maíz no GM”.
La Subsecretaría de Mercados Agropecuarios de la Secretaría de Mercados Agroindustrial también respaldó la medida, al concluir que esta nueva semilla “va a proporcionar una nueva herramienta para aumentar la eficiencia de manejo del cultivo” y que “desde el punto de vista comercial, no se detectan riesgos importantes ya que en el grupo de países con marcos regulatorios vigentes, sólo queda pendiente la aprobación del MON-87411-9 en Vietnam e Indonesia”.
Características
El último maíz que el Gobierno le aprobó a Monsanto data de 2012 y es tolerante a glifosato y resistente a lepidópteros, fundamentalmente, barrenador y cogollero del maíz.
La novedad, entonces, es que este nuevo híbrido suma resistencia también a la acción de coleópteros, que son principalmente los escarabajos.
En general, este es el 47° evento biotecnológico que la Conabia aprueba en Argentina, desde la soja resistente a glifosato de 1996.
Es, además, el 27° híbrido de maíz que se autoriza formalmente a vender en el mercado, y el tercero del año, luego de que los aprobados en marzo a Dow Agrosciences y Syngenta.
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Fecha de Publicación: 13/05/2018
Fuente: AgroVoz
Provincia/Región: Nacional
El Gobierno nacional aprobó la comercialización de un nuevo maíz transgénico, desarrollado por la firma Monsanto, que es tolerante a la aplicación de glifosato y resistente a la acción de coleópteros y lepidópteros.
A través de la resolución 19/2018 de la Secretaría de Alimentos y Bioeconomía del Ministerio de Agroindustria, publicada en el Boletín Oficial, se le dio el aval a “la semilla de maiz y de los productos y subproductos derivados de ésta, provenientes de los eventos MON-87427-7, MON-87411-9, de la acumulación de eventos MON-87427-7 x MON-89034-3 x SYN-IR162-4 x MON-87411-9 (denominaciones OCDE) y de los acumulados intermedios que surjan de las combinaciones de los parentales que la componen, y de toda la progenie derivada de los cruzamientos de estos materiales con cualquier maíz no modificado genéticamente, solicitado por la firma Monsanto Argentina”.
Para dar esta autorización, Agroindustria tuvo en cuenta el dictamen de la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria (Conabia) que señaló que “los riesgos de bioseguridad derivados de la liberación de los mencionados maíces GM (genéticamente modificados) al agroecosistema, en cultivo a gran escala, no son significativamente diferentes de los inherentes al cultivo de maíz no GM”.
La Subsecretaría de Mercados Agropecuarios de la Secretaría de Mercados Agroindustrial también respaldó la medida, al concluir que esta nueva semilla “va a proporcionar una nueva herramienta para aumentar la eficiencia de manejo del cultivo” y que “desde el punto de vista comercial, no se detectan riesgos importantes ya que en el grupo de países con marcos regulatorios vigentes, sólo queda pendiente la aprobación del MON-87411-9 en Vietnam e Indonesia”.
Características
El último maíz que el Gobierno le aprobó a Monsanto data de 2012 y es tolerante a glifosato y resistente a lepidópteros, fundamentalmente, barrenador y cogollero del maíz.
La novedad, entonces, es que este nuevo híbrido suma resistencia también a la acción de coleópteros, que son principalmente los escarabajos.
En general, este es el 47° evento biotecnológico que la Conabia aprueba en Argentina, desde la soja resistente a glifosato de 1996.
Es, además, el 27° híbrido de maíz que se autoriza formalmente a vender en el mercado, y el tercero del año, luego de que los aprobados en marzo a Dow Agrosciences y Syngenta.
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Incineración: hasta el gobierno había advertido de su peligro
Incineración de basura: la Ciudad había alertado sobre los riesgos de utilizar esta técnica
Fecha de Publicación: 12/05/2018
Fuente: La Nación
Provincia/Región: CABA
Así como lo hicieron agrupaciones ambientalistas que rechazaban la incineración como alternativa al tratamiento de la basura generada en la ciudad y el área metropolitana, el Gobierno porteño había alertado sobre los riesgos de utilizar esta técnica antes de pedir a la Legislatura que la habilitara, mediante la modificación de la ley de Basura Cero aprobada el jueves pasado. La diferencia, según fuentes oficiales, es que la nueva norma admite la combustión de residuos sólidos urbanos mediante la termovalorización, es decir, con recuperación de energía con los estándares más altos de calidad.
Hasta ayer a la mañana estaba disponible en la web del Ministerio de Ambiente y Espacio Público un compendio con 14 preguntas y sus respectivas respuestas sobre el manejo de los residuos porteños, unas 6700 toneladas diarias. "¿Por qué no a la Incineración?", era uno de los interrogantes, y en la explicación oficial se detallaban los riesgos de la quema de basura.
" Las plantas de incineración emiten miles de sustancias químicas tóxicas que dañan la salud: metales pesados como mercurio, cromo, cadmio, arsénico, plomo y berilio; hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAPs); bencenos clorados; naftalenos policlorados; compuestos orgánicos volátiles (COVs); gases ácidos como óxidos de azufre; dióxidos de nitrógeno y ácido clorhídrico; gases de efecto invernadero como dióxido de carbono, entre muchas otras", resaltaba el documento que, luego de que tomó estado público, fue dado de baja de la web oficial.
"Argentina firmó, junto a otros 90 países, un acuerdo internacional (Convención de Estocolmo, 2001) para eliminar del planeta los compuestos muy tóxicos que son especialmente emitidos por los incineradores de residuos", agregaba.
Consultadas por LA NACION, fuentes oficiales diferenciaron: "La incineración es una quema a granel sin selección ni recuperación previa, sin tratamiento de los gases, sin filtros, sin control de emisiones y sin recuperación de energía". Y agregaron: "Lo que se habilitó ahora fue la termovalorización, una técnica utilizada en todo el mundo. La termovalorización considera al residuo como un 'recurso', es un sistema integral de tratamiento de residuos, con máxima valorización y mínimo descarte. Es la recuperación de energía, ya sea producción de energía renovable o recuperación de calor y electricidad, a partir de los residuos domésticos residuales y no reciclables", aclararon desde el Gobierno.
En efecto, al defender la modificación de la ley de Basura Cero, el ministro Eduardo Macchiavelli sostuvo que las plantas por instalarse garantizarán mediante un triple proceso de filtrado la reducción a cero de las emisiones.
Sin embargo, el documento online también hacía referencia a la incineración con recuperación de energía: "Es una opción riesgosa de gestión de residuos, ya que genera emisiones de sustancias tóxicas que afectan al ambiente y a la salud de la población, es un derroche de recursos y una modalidad ineficiente de recuperar energía y reducir emisiones de gases de efecto invernadero". Las fuentes no respondieron al ser consultadas sobre esta supuesta contradicción.
Información retirada
Ayer, agrupaciones de cartoneros hicieron circular el contenido de la web oficial que horas más tarde fue retirado "por razones de actualización", de acuerdo a la explicación oficial. Junto a los ambientalistas, los recicladores fueron los que mayor rechazo plantearon ante la posibilidad de una nueva ley que podría poner en riesgo una fuente de trabajo que depende de la reutilización de la basura.
En la ciudad de Buenos Aires hay doce cooperativas de recicladores urbanos que funcionan con la logística aportada por el gobierno porteño, que pone a disposición las plantas y los camiones para trasladar la basura. Son, en total, 6000 los cartoneros que trabajan en las cooperativas y cobran un subsidio mensual de entre $5000 y $9000. Hay, además, otros 2000 que no forman parte del circuito formal. En promedio, cada uno recicla hasta 100 kilos diarios de basura.
El peligro de perder empleos fue subsanado con los cambios introducidos en el texto, hasta minutos antes de la votación de la ley, entre los que aparece la prohibición de incinerar los materiales reciclables, modificación agregada para resguardar los empleos de los trabajadores.
En todo el mundo hay activas más de 2000 plantas de termovalorización, 500 de ellas en Europa, y el modelo que predomina es la explotación privada con un contrato de operación de entre 20 y 30 años; en algunos casos el manejo está a cargo del Estado. Las empresas de energía eléctrica y las de gestión de residuos, formando una Unión Transitoria de Empresas (UTE), son las encargadas de la operación privada que deben garantizar la tecnología y la gestión de las plantas. Algo similar ocurriría en la ciudad.
A diferencia de la generación de energía eólica o solar, la termovalorización permitirá operar las 24 horas de los 365 días del año porque no dependerá de factores climáticos. La cantidad de energía producida estará ligada a las toneladas de procesamiento y al poder calorífico. Para el área metropolitana se proyectan tres plantas con una capacidad de 2000 toneladas diarias, capaz de generar, juntas, hasta 185 megavatios/hora, similar al consumo constante durante un mes de una población estimada de 1.200.000 habitantes.
Además de habilitar la termovalorización, la modificación de la ley de Basura Cero estableció nuevas metas de reducción de disposición final de residuos en un escenario que se agrava con el paso del tiempo y con predios que colapsarán en cinco años. La norma votada en 2005 estableció que la disminución de residuos enviados a rellenos sanitarios debía ser de un 30% en 2010, de 50% en 2012 y de 75% en 2017, tomando como base los niveles enviados a la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse) durante 2004 (1,5 millones de toneladas). La reforma aprobada prevé el 50% para 2021, el 65% para 2025 y el 80% para 2030, sobre la base de los niveles de 2012 (2,2 millones de toneladas).
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Fecha de Publicación: 12/05/2018
Fuente: La Nación
Provincia/Región: CABA
Así como lo hicieron agrupaciones ambientalistas que rechazaban la incineración como alternativa al tratamiento de la basura generada en la ciudad y el área metropolitana, el Gobierno porteño había alertado sobre los riesgos de utilizar esta técnica antes de pedir a la Legislatura que la habilitara, mediante la modificación de la ley de Basura Cero aprobada el jueves pasado. La diferencia, según fuentes oficiales, es que la nueva norma admite la combustión de residuos sólidos urbanos mediante la termovalorización, es decir, con recuperación de energía con los estándares más altos de calidad.
Hasta ayer a la mañana estaba disponible en la web del Ministerio de Ambiente y Espacio Público un compendio con 14 preguntas y sus respectivas respuestas sobre el manejo de los residuos porteños, unas 6700 toneladas diarias. "¿Por qué no a la Incineración?", era uno de los interrogantes, y en la explicación oficial se detallaban los riesgos de la quema de basura.
" Las plantas de incineración emiten miles de sustancias químicas tóxicas que dañan la salud: metales pesados como mercurio, cromo, cadmio, arsénico, plomo y berilio; hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAPs); bencenos clorados; naftalenos policlorados; compuestos orgánicos volátiles (COVs); gases ácidos como óxidos de azufre; dióxidos de nitrógeno y ácido clorhídrico; gases de efecto invernadero como dióxido de carbono, entre muchas otras", resaltaba el documento que, luego de que tomó estado público, fue dado de baja de la web oficial.
"Argentina firmó, junto a otros 90 países, un acuerdo internacional (Convención de Estocolmo, 2001) para eliminar del planeta los compuestos muy tóxicos que son especialmente emitidos por los incineradores de residuos", agregaba.
Consultadas por LA NACION, fuentes oficiales diferenciaron: "La incineración es una quema a granel sin selección ni recuperación previa, sin tratamiento de los gases, sin filtros, sin control de emisiones y sin recuperación de energía". Y agregaron: "Lo que se habilitó ahora fue la termovalorización, una técnica utilizada en todo el mundo. La termovalorización considera al residuo como un 'recurso', es un sistema integral de tratamiento de residuos, con máxima valorización y mínimo descarte. Es la recuperación de energía, ya sea producción de energía renovable o recuperación de calor y electricidad, a partir de los residuos domésticos residuales y no reciclables", aclararon desde el Gobierno.
En efecto, al defender la modificación de la ley de Basura Cero, el ministro Eduardo Macchiavelli sostuvo que las plantas por instalarse garantizarán mediante un triple proceso de filtrado la reducción a cero de las emisiones.
Sin embargo, el documento online también hacía referencia a la incineración con recuperación de energía: "Es una opción riesgosa de gestión de residuos, ya que genera emisiones de sustancias tóxicas que afectan al ambiente y a la salud de la población, es un derroche de recursos y una modalidad ineficiente de recuperar energía y reducir emisiones de gases de efecto invernadero". Las fuentes no respondieron al ser consultadas sobre esta supuesta contradicción.
Información retirada
Ayer, agrupaciones de cartoneros hicieron circular el contenido de la web oficial que horas más tarde fue retirado "por razones de actualización", de acuerdo a la explicación oficial. Junto a los ambientalistas, los recicladores fueron los que mayor rechazo plantearon ante la posibilidad de una nueva ley que podría poner en riesgo una fuente de trabajo que depende de la reutilización de la basura.
En la ciudad de Buenos Aires hay doce cooperativas de recicladores urbanos que funcionan con la logística aportada por el gobierno porteño, que pone a disposición las plantas y los camiones para trasladar la basura. Son, en total, 6000 los cartoneros que trabajan en las cooperativas y cobran un subsidio mensual de entre $5000 y $9000. Hay, además, otros 2000 que no forman parte del circuito formal. En promedio, cada uno recicla hasta 100 kilos diarios de basura.
El peligro de perder empleos fue subsanado con los cambios introducidos en el texto, hasta minutos antes de la votación de la ley, entre los que aparece la prohibición de incinerar los materiales reciclables, modificación agregada para resguardar los empleos de los trabajadores.
En todo el mundo hay activas más de 2000 plantas de termovalorización, 500 de ellas en Europa, y el modelo que predomina es la explotación privada con un contrato de operación de entre 20 y 30 años; en algunos casos el manejo está a cargo del Estado. Las empresas de energía eléctrica y las de gestión de residuos, formando una Unión Transitoria de Empresas (UTE), son las encargadas de la operación privada que deben garantizar la tecnología y la gestión de las plantas. Algo similar ocurriría en la ciudad.
A diferencia de la generación de energía eólica o solar, la termovalorización permitirá operar las 24 horas de los 365 días del año porque no dependerá de factores climáticos. La cantidad de energía producida estará ligada a las toneladas de procesamiento y al poder calorífico. Para el área metropolitana se proyectan tres plantas con una capacidad de 2000 toneladas diarias, capaz de generar, juntas, hasta 185 megavatios/hora, similar al consumo constante durante un mes de una población estimada de 1.200.000 habitantes.
Además de habilitar la termovalorización, la modificación de la ley de Basura Cero estableció nuevas metas de reducción de disposición final de residuos en un escenario que se agrava con el paso del tiempo y con predios que colapsarán en cinco años. La norma votada en 2005 estableció que la disminución de residuos enviados a rellenos sanitarios debía ser de un 30% en 2010, de 50% en 2012 y de 75% en 2017, tomando como base los niveles enviados a la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse) durante 2004 (1,5 millones de toneladas). La reforma aprobada prevé el 50% para 2021, el 65% para 2025 y el 80% para 2030, sobre la base de los niveles de 2012 (2,2 millones de toneladas).
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Taller sobre reduccir capturas del delfín Franciscana
Ambiente profundiza la protección de los ecosistemas marinos
Fecha de Publicación: 12/05/2018
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
Representantes de la cartera de Ambiente convocaron al taller sobre medidas de mitigación: reducción de la captura incidental del delfín Franciscana.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable junto con el Fondo para el Medio Ambiente Mundial y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) llevaron a cabo el taller para la conservación del delfín Franciscana en San Clemente del Tuyú donde se coordinó la implementación a escala real del uso de las alarmas acústicas en pesquerías artesanales de redes agalleras del Cabo San Antonio y Bahía de Samborombón.
El encuentro se enmarca en el proyecto "Proteger la biodiversidad marina: enfoque ecosistémico en la Pesca y áreas protegidas" que lleva adelante la cartera de Ambiente de la Nación, y buscó difundir las medidas de mitigación tendientes a la reducción de la captura incidental del delfín Franciscana. Este tipo de captura se ha convertido en la principal amenaza para la conservación de esta especie. Por ello, a través de la utilización de alarmas acústicas se busca evitar que los delfines queden atrapados en las redes pesqueras.
En ese contexto, Javier García Espil, director nacional de Gestión Ambiental del Agua y los Ecosistemas Acuáticos señaló: “Mediante la utilización de alarmas acústicas buscamos minimizar los efectos no deseados de la actividad pesquera sobre el delfín Franciscana, una especie emblemática de nuestra biodiversidad. Esta acción forma parte de los trabajos que realizamos junto con el sector pesquero para promover prácticas responsables que protejan las especies y ecosistemas marinos. Los resultados de la experiencia fortalecerán también las acciones en curso respecto de otras artes de pesca y especies, como las tortugas marinas, aves, tiburones y rayas."
"Proteger los ecosistemas marinos es fundamental para conservar la biodiversidad, y también para garantizar una actividad pesquera responsable, sostenible en el tiempo, para la alimentación y desarrollo de los argentinos y nuestras generaciones futuras", concluyó García Espil.
El delfín Franciscana (Pontoporia blainvillei) es una especie característica del Mar Argentino, que se encuentra en la costa atlántica bonaerense y llega a los vecinos países de Uruguay y Brasil. Es el cetáceo más vulnerable en el país, por lo que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable junto con la Subsecretaría de Pesca del Ministerio de Agroindustria llevan a cabo medidas de protección específicas en el marco del Plan de Acción Nacional para Reducir la Interacción de Mamíferos Marinos con Pesquerías.
Del encuentro también participaron Gustavo Caruso, secretario de Producción y Desarrollo del partido de la Costa; María Cecilia Paris, directora de Pesca y Acuicultura de la provincia de Buenos Aires y contó con el acompañamiento del Consejo Federal Pesquero, la Fundación Aquamarina, la Fundación Vida Silvestre Argentina y las asociaciones de pescadores artesanales locales.
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Fecha de Publicación: 12/05/2018
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
Representantes de la cartera de Ambiente convocaron al taller sobre medidas de mitigación: reducción de la captura incidental del delfín Franciscana.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable junto con el Fondo para el Medio Ambiente Mundial y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) llevaron a cabo el taller para la conservación del delfín Franciscana en San Clemente del Tuyú donde se coordinó la implementación a escala real del uso de las alarmas acústicas en pesquerías artesanales de redes agalleras del Cabo San Antonio y Bahía de Samborombón.
El encuentro se enmarca en el proyecto "Proteger la biodiversidad marina: enfoque ecosistémico en la Pesca y áreas protegidas" que lleva adelante la cartera de Ambiente de la Nación, y buscó difundir las medidas de mitigación tendientes a la reducción de la captura incidental del delfín Franciscana. Este tipo de captura se ha convertido en la principal amenaza para la conservación de esta especie. Por ello, a través de la utilización de alarmas acústicas se busca evitar que los delfines queden atrapados en las redes pesqueras.
En ese contexto, Javier García Espil, director nacional de Gestión Ambiental del Agua y los Ecosistemas Acuáticos señaló: “Mediante la utilización de alarmas acústicas buscamos minimizar los efectos no deseados de la actividad pesquera sobre el delfín Franciscana, una especie emblemática de nuestra biodiversidad. Esta acción forma parte de los trabajos que realizamos junto con el sector pesquero para promover prácticas responsables que protejan las especies y ecosistemas marinos. Los resultados de la experiencia fortalecerán también las acciones en curso respecto de otras artes de pesca y especies, como las tortugas marinas, aves, tiburones y rayas."
"Proteger los ecosistemas marinos es fundamental para conservar la biodiversidad, y también para garantizar una actividad pesquera responsable, sostenible en el tiempo, para la alimentación y desarrollo de los argentinos y nuestras generaciones futuras", concluyó García Espil.
El delfín Franciscana (Pontoporia blainvillei) es una especie característica del Mar Argentino, que se encuentra en la costa atlántica bonaerense y llega a los vecinos países de Uruguay y Brasil. Es el cetáceo más vulnerable en el país, por lo que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable junto con la Subsecretaría de Pesca del Ministerio de Agroindustria llevan a cabo medidas de protección específicas en el marco del Plan de Acción Nacional para Reducir la Interacción de Mamíferos Marinos con Pesquerías.
Del encuentro también participaron Gustavo Caruso, secretario de Producción y Desarrollo del partido de la Costa; María Cecilia Paris, directora de Pesca y Acuicultura de la provincia de Buenos Aires y contó con el acompañamiento del Consejo Federal Pesquero, la Fundación Aquamarina, la Fundación Vida Silvestre Argentina y las asociaciones de pescadores artesanales locales.
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Costanera Norte: acuerdo con la UBA para gestionarla
Acuerdo para impulsar la reserva de la Costanera Norte
Fecha de Publicación: 12/05/2018
Fuente: La Nación
Provincia/Región: CABA
Luego de casi seis años, ayer se celebró el tan esperado convenio entre la Ciudad y la Universidad de Buenos Aires (UBA) para administrar un importante pulmón verde dentro de la Capital: la Reserva Ecológica Costanera Norte, situada a las espaldas de los pabellones de Ciudad Universitaria y con una vista privilegiada al Río de la Plata.
En 2012, la ley 4467 creó esa reserva con el objetivo de proteger la flora y la fauna existentes de la degradación y cualquier acción humana que pudiera alterar el ecosistema. La norma dio al gobierno porteño 90 días para convocar a las autoridades universitarias a firmar un convenio que resolviera las responsabilidades que cada actor tendría en la conservación del humedal y su entorno. Pero el acuerdo se demoró mucho más de lo previsto, hasta ayer.
Con las firmas del rector de la UBA, Alberto Barbieri, y del ministro de Ambiente y Espacio Público porteño, Eduardo Macchiavelli, las partes se comprometieron a conformar un consejo de gestión de la Reserva Ecológica Ciudad Universitaria-Costanera Norte con un representante de cada parte. "Es un paso muy importante", destacó Barbieri.
Según el convenio, que tendrá 10 años de duración, la Ciudad será la encargada de realizar tareas de mantenimiento y reacondicionamiento del predio, de proveer servicios de vigilancia y de guardaparques, y de la instalación de equipamiento. Los organismos oficiales que participen asumirán las erogaciones correspondientes.
La UBA, en tanto, deberá hacer un relevamiento de los recursos biológicos existentes en la reserva e informarlo al gobierno porteño dentro de los próximos 180 días corridos. Especialistas y técnicos se encargarán de asistir al Ministerio de Ambiente en la elaboración y el diseño de los proyectos para la protección, el cuidado, la conservación y el mejoramiento de la diversidad biológica del espacio verde. Según indicó Barbieri a LA NACION, solicitará colaboración a expertos de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. "Paralelamente, iremos estudiando los proyectos educativos, de visitas al lugar y sobre el manejo general de la reserva", agregó.
Para la administración de la reserva se considerarán los lineamientos del plan de manejo elaborado en 2007 (actualizado según sea necesario) por la UBA, la Ciudad y diversas ONG.
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Fecha de Publicación: 12/05/2018
Fuente: La Nación
Provincia/Región: CABA
Luego de casi seis años, ayer se celebró el tan esperado convenio entre la Ciudad y la Universidad de Buenos Aires (UBA) para administrar un importante pulmón verde dentro de la Capital: la Reserva Ecológica Costanera Norte, situada a las espaldas de los pabellones de Ciudad Universitaria y con una vista privilegiada al Río de la Plata.
En 2012, la ley 4467 creó esa reserva con el objetivo de proteger la flora y la fauna existentes de la degradación y cualquier acción humana que pudiera alterar el ecosistema. La norma dio al gobierno porteño 90 días para convocar a las autoridades universitarias a firmar un convenio que resolviera las responsabilidades que cada actor tendría en la conservación del humedal y su entorno. Pero el acuerdo se demoró mucho más de lo previsto, hasta ayer.
Con las firmas del rector de la UBA, Alberto Barbieri, y del ministro de Ambiente y Espacio Público porteño, Eduardo Macchiavelli, las partes se comprometieron a conformar un consejo de gestión de la Reserva Ecológica Ciudad Universitaria-Costanera Norte con un representante de cada parte. "Es un paso muy importante", destacó Barbieri.
Según el convenio, que tendrá 10 años de duración, la Ciudad será la encargada de realizar tareas de mantenimiento y reacondicionamiento del predio, de proveer servicios de vigilancia y de guardaparques, y de la instalación de equipamiento. Los organismos oficiales que participen asumirán las erogaciones correspondientes.
La UBA, en tanto, deberá hacer un relevamiento de los recursos biológicos existentes en la reserva e informarlo al gobierno porteño dentro de los próximos 180 días corridos. Especialistas y técnicos se encargarán de asistir al Ministerio de Ambiente en la elaboración y el diseño de los proyectos para la protección, el cuidado, la conservación y el mejoramiento de la diversidad biológica del espacio verde. Según indicó Barbieri a LA NACION, solicitará colaboración a expertos de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. "Paralelamente, iremos estudiando los proyectos educativos, de visitas al lugar y sobre el manejo general de la reserva", agregó.
Para la administración de la reserva se considerarán los lineamientos del plan de manejo elaborado en 2007 (actualizado según sea necesario) por la UBA, la Ciudad y diversas ONG.
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Mendoza: "florecen" ordenanzas anti fracking
En todo el Valle de Uco se generaron ordenanzas anti fracking
Fecha de Publicación: 11/05/2018
Fuente: Diario San Rafael
Provincia/Región: Mendoza
En Mendoza ya son varios los departamentos que generaron ordenanzas “anti fracking” en su territorio. En las últimas horas se sumó Tunuyán y de esta manera toda la zona del Valle de Uco quedó con legislaciones municipales similares.
Daniel Funes, es parte de los vecinos autoconvocados de San Carlos y en comunicación con FM VOS 91.5 contó que “en San Carlos desde el 2013 hay una ordenanza de este tipo, al igual que lo que se hizo en Tupungato y en General Alvear, ahora se ha sumado Tunuyán que en las últimas horas se proclamó en el mismo sentido”.
El reclamo de los valletanos contra el Fracking viene desde hace tiempo, ya que hace algunos años se empezó a hablar de la aplicación de fractura hidráulica en el límite entre San Rafael y San Carlos con la denominada “Área Río Diamante”, donde se buscaba impulsar la búsqueda de petróleo con este sistema tan polémico.
Diario San Rafael reflejó en aquella ocasión la situación y Funes recordó que “desde aquel tiempo el Valle de Uco empezó a movilizarse en torno al Fracking y ahora se ha logrado que se sume Tunuyán. De esta manera todo el oasis ha planteado la prohibición con ordenanzas”.
Al ser consultado sobre si estas ordenanzas tienen un choque con la legislación vigente, el sancarlino explicó que “estas son ordenanzas medioambientales y no sobre hidrocarburos” a la vez que planteó que están preparados para “defender esta legislación en la vía judicial”.
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Fecha de Publicación: 11/05/2018
Fuente: Diario San Rafael
Provincia/Región: Mendoza
En Mendoza ya son varios los departamentos que generaron ordenanzas “anti fracking” en su territorio. En las últimas horas se sumó Tunuyán y de esta manera toda la zona del Valle de Uco quedó con legislaciones municipales similares.
Daniel Funes, es parte de los vecinos autoconvocados de San Carlos y en comunicación con FM VOS 91.5 contó que “en San Carlos desde el 2013 hay una ordenanza de este tipo, al igual que lo que se hizo en Tupungato y en General Alvear, ahora se ha sumado Tunuyán que en las últimas horas se proclamó en el mismo sentido”.
El reclamo de los valletanos contra el Fracking viene desde hace tiempo, ya que hace algunos años se empezó a hablar de la aplicación de fractura hidráulica en el límite entre San Rafael y San Carlos con la denominada “Área Río Diamante”, donde se buscaba impulsar la búsqueda de petróleo con este sistema tan polémico.
Diario San Rafael reflejó en aquella ocasión la situación y Funes recordó que “desde aquel tiempo el Valle de Uco empezó a movilizarse en torno al Fracking y ahora se ha logrado que se sume Tunuyán. De esta manera todo el oasis ha planteado la prohibición con ordenanzas”.
Al ser consultado sobre si estas ordenanzas tienen un choque con la legislación vigente, el sancarlino explicó que “estas son ordenanzas medioambientales y no sobre hidrocarburos” a la vez que planteó que están preparados para “defender esta legislación en la vía judicial”.
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Córdoba: detenido por cazar especies protegidas
Detuvieron en Córdoba a un joven acusado de cazar especies protegidas: secuestraron animales congelados
Fecha de Publicación: 11/05/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Un joven de 23 años fue detenido acusado de delitos contra la Ley de Conservación de Fauna y Maltrato Animal, durante un procedimiento realizado en la localidad de General Roca, Córdoba.
“El imputado se dedicaba a la caza de diversas especies, entre ellas algunas protegidas por ley. Estos animales eran posteriormente faenados y preparados en conservas destinadas a la comercialización, las cuales carecían de todo tipo de controles bromatológicos”, indicó.
El Juzgado Federal de Bell Ville, a cargo de Sergio Aníbal Pinto, ordenó tres allanamientos ubicados en domicilios de las calles Avellaneda 777, Italia S/N entre Arias y Emilia y Córdoba 160, en General Roca.
Armas
Se secuestraron dos escopetas calibre 12/70, con gran cantidad de cartuchos, un rifle de aire comprimido, una pistola calibre nueve milímetros, reflectores nocturnos, trampas para zorros y coipos, cañas de pescar, un cardenal, 90 frascos con diversos escabeches y aproximadamente 100 ejemplares congelados de especies como perdices, armados, lagartos overos y liebres.
El hombre quedó detenido a disposición del juzgado en la causa caratulada infracción a las leyes de Conservación de la fauna y Protección de los animales, Maltratos y actos de crueldad animal.
En cuanto a los animales secuestrados y las conservas, serán incineradas por personal de la Dirección de Policía Ambiental del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos de la Provincia de Córdoba.
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Fecha de Publicación: 11/05/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Un joven de 23 años fue detenido acusado de delitos contra la Ley de Conservación de Fauna y Maltrato Animal, durante un procedimiento realizado en la localidad de General Roca, Córdoba.
“El imputado se dedicaba a la caza de diversas especies, entre ellas algunas protegidas por ley. Estos animales eran posteriormente faenados y preparados en conservas destinadas a la comercialización, las cuales carecían de todo tipo de controles bromatológicos”, indicó.
El Juzgado Federal de Bell Ville, a cargo de Sergio Aníbal Pinto, ordenó tres allanamientos ubicados en domicilios de las calles Avellaneda 777, Italia S/N entre Arias y Emilia y Córdoba 160, en General Roca.
Armas
Se secuestraron dos escopetas calibre 12/70, con gran cantidad de cartuchos, un rifle de aire comprimido, una pistola calibre nueve milímetros, reflectores nocturnos, trampas para zorros y coipos, cañas de pescar, un cardenal, 90 frascos con diversos escabeches y aproximadamente 100 ejemplares congelados de especies como perdices, armados, lagartos overos y liebres.
El hombre quedó detenido a disposición del juzgado en la causa caratulada infracción a las leyes de Conservación de la fauna y Protección de los animales, Maltratos y actos de crueldad animal.
En cuanto a los animales secuestrados y las conservas, serán incineradas por personal de la Dirección de Policía Ambiental del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos de la Provincia de Córdoba.
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El aeropuerto de El Palomar sigue siendo resistido
Riesgo en el aeropuerto de El Palomar: piden que intervenga el gobierno bonaerense ante peligro ambiental
Fecha de Publicación: 11/05/2018
Fuente: InfoCielo
Provincia/Región: Buenos Aires
La aerolínea Flybondi sumó un nuevo dolor de cabeza ante el pedido de clausura de la terminal aérea que hacen los vecinos. Ante la posibilidad de un accidente por la presencia de aves además de contaminación y desmonte ilegal, exigen que la OPDS tome cartas en el asunto.
El polémico aeropuerto emplazado en El Palomar por el gobierno nacional para que Flybondy lo explote comercialmente, trae un nuevo problema para la aerolínea. Vecinos pidieron la clausura del mismo y la intervención de la Provincia de Buenos Aires para evitar mayores consecuencias. Advierten con posibles accidentes, contaminación ambiental y desmonte ilegal. También concurrieron a la justicia para intentar frenar la actividad en la zona.
Un grupo de habitantes del sector denominado Isla Verde de El Palomar inició una serie de acciones desde septiembre de 2017 para defender el espacio ante los serios riesgos que implica el funcionamiento de la terminal aérea en lugar. En ese mes presentaron su primer amparo ante la justicia para exigir audiencia pública y un estudio de impacto ambiental.
Este 1 marzo de 2018, concurrieron al Juzgado Federal 2 de San Martin a cargo de Martina Forns para pedir la intervención de la provincia de Buenos Aires. En ese aspecto, detallaron que por el artículo 28 de la Constitución Provincial, al aeropuerto lo debe habilitar el Organismo Provincial para el Desarrollo Sustentable. A su vez reclamaron lo mismo para la Autoridad del Agua y el COMIREC (Cuenca del Río Reconquista). El 13 abril presentaron otro escrito para solicitar nuevamente la clausura del aeropuerto pero el juzgado ordenó que lo presentaran al Ministerio de Transporte y de Defensa.
Guillermo Iracheta, representante legal de los vecinos, dialogó con INFOCIELO y detalló los motivos por los cuales realizan el reclamo. Entonces contó que la OPDS no lo habilitó como lo marca la Ley 11.723 y que pidió la intervención del ADA ya que en el predio existen tres arroyos. Además confirmó que denunció daño ambiental, desmonte ilegal y riesgo para la aeronavegación.
Un tema no menor y que puede generar una tragedia, es que a raíz de una resolución de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y otra de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), en un aeropuerto no pueden existir pájaros. Mientras que en El Palomar existen más de 200 especies y la única forma de sacarlos sería es matándolos, lo que implicaría un avicidio. Esto destruiría el hábitat que puede albergarlos con la tala los bosques y la destrucción los humedales.
En la última presentación judicial realizada, detallaron casos sobre los aviones se vieron perjudicados por la presencia de aves en la ruta aérea. Desde colisiones hasta supensiones de vuelos provocaron los pájaros en distintos lugares del mundo, incluso con situaciones que se dieron en Argentina.
“Los pájaros están existen y en bandadas escoltan los aviones de Flybondi, uno solo que se meta en una turbina, y el avión se cae”, explicó. Luego señaló que “pedimos que intervenga la provincia, esto no lo habilitó la OPDS y es un tema constitucional”.
“Ahora se nos agrega como grave el tema de las aves, no puede haber pájaros en el aeropuerto”, añadió y sostuvo que “se llama riesgo aviar, son códigos internacionales. Si una paloma se mete en una turbina o choca, pierde estabilidad el avión y se cae”.
Después relató que “esto pasa cuando despegan o aterrizan, el problema es ahí. Por eso en una zona de pájaros no pueden haber aeropuertos”.
“Cuando hay pájaros, para sacarlos, tiran pirotecnia o sueltas halcones, pero en El Palomar es la casa de los pájaros. Tenemos 200 hectáreas que es la isla verde que tiene todo lo ideal para que haya aves”, señaló y agregó que “se pide que se preserve esta zona para el cuidado de la zona”.
Más adelante dio a conocer que “en El Palomar hace dos grados menos por los árboles que hay, además es un humedal. Es como un embudo toda el agua va a parar ahí”.
“Mucha gente estaba a favor del aeropuerto pero a medida que empezaron a lo que está pasando, se pusieron en contra”, finalizó.
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Fecha de Publicación: 11/05/2018
Fuente: InfoCielo
Provincia/Región: Buenos Aires
La aerolínea Flybondi sumó un nuevo dolor de cabeza ante el pedido de clausura de la terminal aérea que hacen los vecinos. Ante la posibilidad de un accidente por la presencia de aves además de contaminación y desmonte ilegal, exigen que la OPDS tome cartas en el asunto.
El polémico aeropuerto emplazado en El Palomar por el gobierno nacional para que Flybondy lo explote comercialmente, trae un nuevo problema para la aerolínea. Vecinos pidieron la clausura del mismo y la intervención de la Provincia de Buenos Aires para evitar mayores consecuencias. Advierten con posibles accidentes, contaminación ambiental y desmonte ilegal. También concurrieron a la justicia para intentar frenar la actividad en la zona.
Un grupo de habitantes del sector denominado Isla Verde de El Palomar inició una serie de acciones desde septiembre de 2017 para defender el espacio ante los serios riesgos que implica el funcionamiento de la terminal aérea en lugar. En ese mes presentaron su primer amparo ante la justicia para exigir audiencia pública y un estudio de impacto ambiental.
Este 1 marzo de 2018, concurrieron al Juzgado Federal 2 de San Martin a cargo de Martina Forns para pedir la intervención de la provincia de Buenos Aires. En ese aspecto, detallaron que por el artículo 28 de la Constitución Provincial, al aeropuerto lo debe habilitar el Organismo Provincial para el Desarrollo Sustentable. A su vez reclamaron lo mismo para la Autoridad del Agua y el COMIREC (Cuenca del Río Reconquista). El 13 abril presentaron otro escrito para solicitar nuevamente la clausura del aeropuerto pero el juzgado ordenó que lo presentaran al Ministerio de Transporte y de Defensa.
Guillermo Iracheta, representante legal de los vecinos, dialogó con INFOCIELO y detalló los motivos por los cuales realizan el reclamo. Entonces contó que la OPDS no lo habilitó como lo marca la Ley 11.723 y que pidió la intervención del ADA ya que en el predio existen tres arroyos. Además confirmó que denunció daño ambiental, desmonte ilegal y riesgo para la aeronavegación.
Un tema no menor y que puede generar una tragedia, es que a raíz de una resolución de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y otra de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), en un aeropuerto no pueden existir pájaros. Mientras que en El Palomar existen más de 200 especies y la única forma de sacarlos sería es matándolos, lo que implicaría un avicidio. Esto destruiría el hábitat que puede albergarlos con la tala los bosques y la destrucción los humedales.
En la última presentación judicial realizada, detallaron casos sobre los aviones se vieron perjudicados por la presencia de aves en la ruta aérea. Desde colisiones hasta supensiones de vuelos provocaron los pájaros en distintos lugares del mundo, incluso con situaciones que se dieron en Argentina.
“Los pájaros están existen y en bandadas escoltan los aviones de Flybondi, uno solo que se meta en una turbina, y el avión se cae”, explicó. Luego señaló que “pedimos que intervenga la provincia, esto no lo habilitó la OPDS y es un tema constitucional”.
“Ahora se nos agrega como grave el tema de las aves, no puede haber pájaros en el aeropuerto”, añadió y sostuvo que “se llama riesgo aviar, son códigos internacionales. Si una paloma se mete en una turbina o choca, pierde estabilidad el avión y se cae”.
Después relató que “esto pasa cuando despegan o aterrizan, el problema es ahí. Por eso en una zona de pájaros no pueden haber aeropuertos”.
“Cuando hay pájaros, para sacarlos, tiran pirotecnia o sueltas halcones, pero en El Palomar es la casa de los pájaros. Tenemos 200 hectáreas que es la isla verde que tiene todo lo ideal para que haya aves”, señaló y agregó que “se pide que se preserve esta zona para el cuidado de la zona”.
Más adelante dio a conocer que “en El Palomar hace dos grados menos por los árboles que hay, además es un humedal. Es como un embudo toda el agua va a parar ahí”.
“Mucha gente estaba a favor del aeropuerto pero a medida que empezaron a lo que está pasando, se pusieron en contra”, finalizó.
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El modelo agrotóxico se defiende en la justicia
Ruralistas van a la Justicia contra la prohibición del glifosato: "Es una herramienta de trabajo"
Fecha de Publicación: 10/05/2018
Fuente: El Entre Ríos
Provincia/Región: Entre Ríos
El director de la Sociedad Rural de Entre Ríos, Walter Feldkamp, adelantó que intentarán frenar la ordenanza por considerarla “inconstitucional”. Defendió el uso "controlado" de agroquímicos y aseguró que “no hay evidencias científicas” sobre su relación con enfermedades como el cáncer.
Hace tres semanas, el Concejo Deliberante de Gualeguaychú aprobó la ordenanza que prohíbe la aplicación, transporte, almacenamiento y comercialización del herbicida glifosato en el ejido de la ciudad, es decir, en las 33 mil hectáreas que componen el casco urbano y sus alrededores. En pocos días la iniciativa entrará en vigencia, pero organizaciones de ruralistas ya adelantaron que presentarán medidas de amparo y no descartan pedir su inconstitucionalidad.
El proyecto presentado por el intendente local Martín Piaggio (FpV) responde a la preocupación que generan desde hace años las cientos de denuncias por parte de pobladores, ONGs y organizaciones ambientalistas que alertan sobre un aumento de las enfermedades asociadas al uso de agrotóxicos, entre ellas el cáncer, con casos que, aseguran, se dan con cada vez mayor frecuencia y contemplan entre sus pacientes a numerosos niños.
Por otro lado, productores y entidades agropecuarias cuestionan la rigurosidad científica de quienes vinculan el glifosato con ese tipo de afecciones. Y califican la iniciativa como una respuesta "extrema" e "inconstitucional" que afectará gravemente al sector. Proponen, en cambio, una legislación que, sin prohibir el uso del producto que consideran "una herramienta de trabajo", exija una serie de controles para quienes lo aplican.
Durante los días que duró el debate, en el Concejo Deliberante se escucharon testimonios y datos aportados desde todos los sectores, a favor y en contra de la medida. Uno de los que se opuso fuertemente al proyecto fue el director del Distrito Entre Ríos de la Sociedad Rural Argentina, Walter Feldkamp.
En diálogo con el periodista Emmanuel Gentile, de Infobae, Feldkamp cuestionó la aprobación de la ordenanza y confirmó que los productores evalúan presentar amparos judiciales para frenarla.
– ¿Qué representará para la Sociedad Rural la aplicación de esta nueva ordenanza?
– Habrá un montón de gente afectada a la que se les quitará una herramienta importantísima para trabajar sin ningún sustento. Bueno, si no lo hemos podido cambiar mediante el diálogo, iremos a la justicia. Desde las entidades los estamos acompañando.
– ¿Cuáles son los argumentos que utilizarán ante la Justicia?
– Consideramos que prohibir un producto que está aprobado en Argentina por todas las leyes y todos los gobiernos desde principios de los 80, Senasa y ANMAT, sin evidencia científica que diga que produce cáncer, no es más que quitarle una herramienta de trabajo a los productores que nos ha permitido reemplazar el arado por la siembra directa. Contamos con el apoyo de abogados constitucionalistas y hay antecedentes de ciudades donde se ha prohibido el glifosato y luego la norma fue declarada inconstitucional.
– ¿Harán una presentación como entidad o irá cada productor por su cuenta?
– Lo estamos evaluando. Será como más convenga.
– Usted dijo en una de sus intervenciones en los debates que si se prohíbe el uso del glifosato los empresarios del agro se verán obligados a utilizar "productos peores". ¿Cuáles serían?
– Aclaro que no es una amenaza lo que dije. Me refiero a que hagamos énfasis en los productos menos nocivos. El glifosato lo es porque es de los considerados por el Senasa en su etiquetado de "banda verde", es decir, que normalmente no ofrecen peligro. Los más peligrosos son los de "banda roja".
– La Organización Mundial de la Salud (OMS) incluyó al glifosato en una lista de productos considerados cancerígenos…
– Sí, también lo hizo con el mate y el café.
– Luego aclaró que lo eran si se tomaban "demasiado calientes".
– Sí, así es.
– ¿Qué le generan las denuncias sobre el avance de enfermedades como el cáncer y su relación con el uso de agroquímicos?
– Si hay alguna evidencia de que el uso controlado del glifosato produce algún problema, los primeros que vamos a enfatizar y vamos a querer que se saque, obviamente vamos a ser nosotros que somos los que estamos en contacto con el producto. Pero no me digan que alguien que vive en la ciudad tiene problemas porque se fumigó un campo a 35 kilómetros de distancia. Nosotros proponemos que si hay problemas, la prohibición se aplique solamente sobre el casco urbano.
– Si la prohibición se aplica solo sobre el casco urbano quedaría afuera la población rural, que es la que está más expuesta. De hecho hubo muchísimas denuncias de escuelas que han sido fumigadas.
– Ha pasado, sin dudas. Pero nosotros no estamos para premiar a quien hace mal las cosas. La ley provincial de agroquímicos, que fue modificada hace dos años, está aprobada en el senado provincial y sigue sin aprobarse en diputados por problemas del partido que gobierna Entre Ríos. Esa ley pone penas sobre quien hace mal las cosas. Y ese es el punto.
– ¿Y quién controlaría ese mal uso? En el Senasa, uno de los organismos que debería hacerlo, hubo 213 despidos.
– Si van a prohibir porque no son capaces de controlar el uso, eso escapa a nosotros. Yo para aplicar un agroquímico necesito dos recetas avaladas por un profesional de la agronomía matriculado. Una para poder comprar el producto y otra para poder aplicarlo. Es más, uno puede seguir esas recetas en forma digital. No es que cualquiera va y compra agroquímicos. Lo que queremos es tener control.
– Un estudio científico del Conicet halló partículas de glifosato en el río Paraná. ¿Eso no implicaría una afectación a todo el departamento?
– ¿Que hayan encontrado moléculas de glifosato en el río es malo? ¿Está dentro de un umbral que provoca daño? ¿Qué otro tipo de moléculas encontraron? En el mundo hay seis mil millones de habitantes y todos los lugares en alguna proporción tienen productos químicos que se usan habitualmente en los hogares, como el veneno para ratas. ¿Es malo eso? La verdad que no lo sé.
– ¿Usted qué cree?
– Las cloacas en Gualeguaychú pasan directamente al río. No hay control tampoco sobre restos de combustible y otros productos tóxicos que son de venta libre y para uso doméstico.
– ¿Qué conclusiones se llevó de los debates en el Concejo Deliberante?
– Los concejales no entendían nada sobre nuestro trabajo. Necesitan asesoramiento técnico. Entonces, va a ser un grupo sin asesoramiento técnico el que termine definiendo cómo se debe producir en todo el ejido de Gualeguaychú.
– ¿En qué notó esa falta de sustento técnico?
– Cuando nos dicen que quieren cambiar el modelo productivo, que usamos muchos agroquímicos, nosotros decimos, perfecto. ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Usamos muchos agroquímicos en comparación con qué, con quiénes? El uso de agroquímicos en muchos casos es menor al que tienen varios países del primer mundo. Que hay que mejorar, seguramente. Pero no prohibiendo.
– ¿No es posible ir hacia un modelo agroecológico con apoyo del Estado?
– Es imposible volver a la agricultura de 70 años atrás. Nos parece más un argumento político que técnico. Nos dicen que hay que hacer un modelo agroecólógico. Bueno, yo y el 95% de los productores de Argentina vamos a decir que tenemos un modelo agroecológico, porque el concepto es tan amplio que es difícil decir dónde empieza y dónde termina la idea.
– ¿Un modelo agroecológico no implica justamente, entre otras cosas, el no uso de agroquímicos?
– No. Que se use glifosato no significa que no se esté aplicando un modelo agroecológico. Porque yo gracias a eso puedo hacer siembra directa, cultivos de cobertura, me permite hacer dos cultivos en el año, con lo que tengo más protegido el suelo.
– ¿Si avanza la prohibición del glifosato en el país, el modelo sojero actual tiene futuro?
– Durante todo estos años se relacionó el glifosato con la soja. Pero fue un modelo que en su momento el gobierno anterior empujó, porque restringió la exportación de trigo y de maíz. Llevó a los productores a trabajar soja sobre soja, y eso siempre lo criticamos porque nosotros queríamos rotar la siembra, cuidar el suelo.
– ¿Si la justicia no acompaña sus reclamos seguirán insistiendo con el uso de glifosato?
– Nosotros no defendemos el uso del glifosato, defendemos el uso de los productos que están aprobados. Somos permeables a la crítica para mejorar. Pero no a que nos obliguen a cambiar el modelo productivo de un día para otro. Sentémonos a discutir, analicemos si estamos haciendo mal las cosas, pero no prohibiendo.
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Fecha de Publicación: 10/05/2018
Fuente: El Entre Ríos
Provincia/Región: Entre Ríos
El director de la Sociedad Rural de Entre Ríos, Walter Feldkamp, adelantó que intentarán frenar la ordenanza por considerarla “inconstitucional”. Defendió el uso "controlado" de agroquímicos y aseguró que “no hay evidencias científicas” sobre su relación con enfermedades como el cáncer.
Hace tres semanas, el Concejo Deliberante de Gualeguaychú aprobó la ordenanza que prohíbe la aplicación, transporte, almacenamiento y comercialización del herbicida glifosato en el ejido de la ciudad, es decir, en las 33 mil hectáreas que componen el casco urbano y sus alrededores. En pocos días la iniciativa entrará en vigencia, pero organizaciones de ruralistas ya adelantaron que presentarán medidas de amparo y no descartan pedir su inconstitucionalidad.
El proyecto presentado por el intendente local Martín Piaggio (FpV) responde a la preocupación que generan desde hace años las cientos de denuncias por parte de pobladores, ONGs y organizaciones ambientalistas que alertan sobre un aumento de las enfermedades asociadas al uso de agrotóxicos, entre ellas el cáncer, con casos que, aseguran, se dan con cada vez mayor frecuencia y contemplan entre sus pacientes a numerosos niños.
Por otro lado, productores y entidades agropecuarias cuestionan la rigurosidad científica de quienes vinculan el glifosato con ese tipo de afecciones. Y califican la iniciativa como una respuesta "extrema" e "inconstitucional" que afectará gravemente al sector. Proponen, en cambio, una legislación que, sin prohibir el uso del producto que consideran "una herramienta de trabajo", exija una serie de controles para quienes lo aplican.
Durante los días que duró el debate, en el Concejo Deliberante se escucharon testimonios y datos aportados desde todos los sectores, a favor y en contra de la medida. Uno de los que se opuso fuertemente al proyecto fue el director del Distrito Entre Ríos de la Sociedad Rural Argentina, Walter Feldkamp.
En diálogo con el periodista Emmanuel Gentile, de Infobae, Feldkamp cuestionó la aprobación de la ordenanza y confirmó que los productores evalúan presentar amparos judiciales para frenarla.
– ¿Qué representará para la Sociedad Rural la aplicación de esta nueva ordenanza?
– Habrá un montón de gente afectada a la que se les quitará una herramienta importantísima para trabajar sin ningún sustento. Bueno, si no lo hemos podido cambiar mediante el diálogo, iremos a la justicia. Desde las entidades los estamos acompañando.
– ¿Cuáles son los argumentos que utilizarán ante la Justicia?
– Consideramos que prohibir un producto que está aprobado en Argentina por todas las leyes y todos los gobiernos desde principios de los 80, Senasa y ANMAT, sin evidencia científica que diga que produce cáncer, no es más que quitarle una herramienta de trabajo a los productores que nos ha permitido reemplazar el arado por la siembra directa. Contamos con el apoyo de abogados constitucionalistas y hay antecedentes de ciudades donde se ha prohibido el glifosato y luego la norma fue declarada inconstitucional.
– ¿Harán una presentación como entidad o irá cada productor por su cuenta?
– Lo estamos evaluando. Será como más convenga.
– Usted dijo en una de sus intervenciones en los debates que si se prohíbe el uso del glifosato los empresarios del agro se verán obligados a utilizar "productos peores". ¿Cuáles serían?
– Aclaro que no es una amenaza lo que dije. Me refiero a que hagamos énfasis en los productos menos nocivos. El glifosato lo es porque es de los considerados por el Senasa en su etiquetado de "banda verde", es decir, que normalmente no ofrecen peligro. Los más peligrosos son los de "banda roja".
– La Organización Mundial de la Salud (OMS) incluyó al glifosato en una lista de productos considerados cancerígenos…
– Sí, también lo hizo con el mate y el café.
– Luego aclaró que lo eran si se tomaban "demasiado calientes".
– Sí, así es.
– ¿Qué le generan las denuncias sobre el avance de enfermedades como el cáncer y su relación con el uso de agroquímicos?
– Si hay alguna evidencia de que el uso controlado del glifosato produce algún problema, los primeros que vamos a enfatizar y vamos a querer que se saque, obviamente vamos a ser nosotros que somos los que estamos en contacto con el producto. Pero no me digan que alguien que vive en la ciudad tiene problemas porque se fumigó un campo a 35 kilómetros de distancia. Nosotros proponemos que si hay problemas, la prohibición se aplique solamente sobre el casco urbano.
– Si la prohibición se aplica solo sobre el casco urbano quedaría afuera la población rural, que es la que está más expuesta. De hecho hubo muchísimas denuncias de escuelas que han sido fumigadas.
– Ha pasado, sin dudas. Pero nosotros no estamos para premiar a quien hace mal las cosas. La ley provincial de agroquímicos, que fue modificada hace dos años, está aprobada en el senado provincial y sigue sin aprobarse en diputados por problemas del partido que gobierna Entre Ríos. Esa ley pone penas sobre quien hace mal las cosas. Y ese es el punto.
– ¿Y quién controlaría ese mal uso? En el Senasa, uno de los organismos que debería hacerlo, hubo 213 despidos.
– Si van a prohibir porque no son capaces de controlar el uso, eso escapa a nosotros. Yo para aplicar un agroquímico necesito dos recetas avaladas por un profesional de la agronomía matriculado. Una para poder comprar el producto y otra para poder aplicarlo. Es más, uno puede seguir esas recetas en forma digital. No es que cualquiera va y compra agroquímicos. Lo que queremos es tener control.
– Un estudio científico del Conicet halló partículas de glifosato en el río Paraná. ¿Eso no implicaría una afectación a todo el departamento?
– ¿Que hayan encontrado moléculas de glifosato en el río es malo? ¿Está dentro de un umbral que provoca daño? ¿Qué otro tipo de moléculas encontraron? En el mundo hay seis mil millones de habitantes y todos los lugares en alguna proporción tienen productos químicos que se usan habitualmente en los hogares, como el veneno para ratas. ¿Es malo eso? La verdad que no lo sé.
– ¿Usted qué cree?
– Las cloacas en Gualeguaychú pasan directamente al río. No hay control tampoco sobre restos de combustible y otros productos tóxicos que son de venta libre y para uso doméstico.
– ¿Qué conclusiones se llevó de los debates en el Concejo Deliberante?
– Los concejales no entendían nada sobre nuestro trabajo. Necesitan asesoramiento técnico. Entonces, va a ser un grupo sin asesoramiento técnico el que termine definiendo cómo se debe producir en todo el ejido de Gualeguaychú.
– ¿En qué notó esa falta de sustento técnico?
– Cuando nos dicen que quieren cambiar el modelo productivo, que usamos muchos agroquímicos, nosotros decimos, perfecto. ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Usamos muchos agroquímicos en comparación con qué, con quiénes? El uso de agroquímicos en muchos casos es menor al que tienen varios países del primer mundo. Que hay que mejorar, seguramente. Pero no prohibiendo.
– ¿No es posible ir hacia un modelo agroecológico con apoyo del Estado?
– Es imposible volver a la agricultura de 70 años atrás. Nos parece más un argumento político que técnico. Nos dicen que hay que hacer un modelo agroecólógico. Bueno, yo y el 95% de los productores de Argentina vamos a decir que tenemos un modelo agroecológico, porque el concepto es tan amplio que es difícil decir dónde empieza y dónde termina la idea.
– ¿Un modelo agroecológico no implica justamente, entre otras cosas, el no uso de agroquímicos?
– No. Que se use glifosato no significa que no se esté aplicando un modelo agroecológico. Porque yo gracias a eso puedo hacer siembra directa, cultivos de cobertura, me permite hacer dos cultivos en el año, con lo que tengo más protegido el suelo.
– ¿Si avanza la prohibición del glifosato en el país, el modelo sojero actual tiene futuro?
– Durante todo estos años se relacionó el glifosato con la soja. Pero fue un modelo que en su momento el gobierno anterior empujó, porque restringió la exportación de trigo y de maíz. Llevó a los productores a trabajar soja sobre soja, y eso siempre lo criticamos porque nosotros queríamos rotar la siembra, cuidar el suelo.
– ¿Si la justicia no acompaña sus reclamos seguirán insistiendo con el uso de glifosato?
– Nosotros no defendemos el uso del glifosato, defendemos el uso de los productos que están aprobados. Somos permeables a la crítica para mejorar. Pero no a que nos obliguen a cambiar el modelo productivo de un día para otro. Sentémonos a discutir, analicemos si estamos haciendo mal las cosas, pero no prohibiendo.
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20 mil personas afectadas laboralmente por la incineración
Fuentes de trabajo que van a incineración
Fecha de Publicación: 10/05/2018
Fuente: Página/12
Provincia/Región: CABA
La ley que impulsó el gobierno porteño para desandar el camino de la Basura Cero afectará además a toda la industria vinculada al reciclaje: se calcula que en total estarán afectadas unas 20 mil personas. Críticas por el riesgo ambiental y el costo de las plantas incineradoras.
La decisión del gobierno porteño de reflotar la quema de basura, método impuesto por el ex intendente de la dictadura Osvaldo Cacciatore y defenestrado en democracia por su nocivo impacto ambiental, tendrá un efecto “desastroso” para los más de seis mil cartoneros registrados en la Ciudad de Buenos Aires. Las cifras de trabajadores afectados por la medida comprende a otros que trabajan por su cuenta, fuera del sistema oficial, y que suman entre cuatro y seis mil. Desde el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), que nuclea a recuperadores urbanos de todo el país, advierten que la quema de papel, cartón y otros elementos combustibles tendrá a la vez un daño colateral sobre sectores de la industria vinculados al reciclaje, a punto que se estima que en total serán unos 20 mil las personas en riesgo de ver limitada o perdida su desde el vamos precaria fuente de trabajo.
Por su parte, el ingeniero Manuel Matheu, que forma parte del MTE, refutó las afirmaciones del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta sobre la generación de energía que produciría la quema de residuos en la ciudad. “Por un lado, la generación de energía no es tan importante como la que se pregona, pero además es un sistema muy caro que requiere fuertes inversiones que son amortizables a largo plazo, con contratos que se extienden a 25 o 30 años”.
La estimación para el costo de cada una de las siete plantas incineradoras que el gobierno porteño proyecta instalar en la ciudad es de unos 500 millones de dólares. Y se estima que la construcción demandará unos tres años.
Matheu señaló además que hay que tener en cuenta “el daño ambiental que el sistema de quema de basura provoca en la población y que es de alto riesgo porque son problemas de salud que no se manifiestan en el corto plazo, de manera que son daños que van avanzando en silencio y tienen efectos muy graves”.
Jacquelina Flores, que trabaja como cartonera y está enrolada en el MTE, puntualizó que se trata de “una política fundada en un pensamiento de clase, en la idea de una ciudad-empresa que favorece a los empresarios amigos del gobierno para que ganen mucho dinero” con el montaje de la infraestructura necesaria para desarrollar el modelo. “Me da un poco de risa cuando veo la propaganda televisiva de Rodríguez Larreta en la que se habla de una ciudad verde a la que se va a contaminar con la quema de basura, sin haber consultado a los habitantes de la ciudad. Tal vez hablan de una ciudad verde por el color del dólar”.
El jueves pasado, la Legislatura porteña aprobó, con el voto del oficialismo y sus aliados, la ley que habilita el regreso de la quema de basura en la ciudad. Se trata de una modificación a la ley de Basura Cero, considerada un ejemplo en la región por su planteo de promover el reciclado. Con la modificación, las metas previstas para la reducción de residuos se atemperaron: los plazos establecidos hace 13 años contemplaban una reducción de un 30 por ciento en la generación de basura destinada a relleno sanitario al 2010, de un 50 por ciento a 2012 y un 75 por ciento para 2017. Para el año 2020 directamente prohibía la disposición final de materiales tanto reciclables como aprovechables. Ahora, las nuevas metas fijadas son de un 50 por ciento para 2021, un 65 por ciento para 2025 y un 80 por ciento para 2030. Recién para 2028 se prohíbe la disposición final de residuos.
Al referirse al impacto de la quema de basura sobre las cartoneras y cartoneros, Jacquelina sostuvo que será “desastroso, totalmente negativo, para los seis mil reconocidos por el gobierno porteño y para otros seis mil (según algunos cálculos) que trabajan por su cuenta, fuera del sistema. La política oficial nunca fue buena para nosotros, para las cooperativas reconocidas en la Ciudad, pero con la nueva ley nos terminan de golpear, con mentiras, porque no se han agotado las instancias del reciclado porque nunca nos dieron todos los elementos necesarios para realizar nuestro trabajo, los camiones, la logística necesaria. Es todo una mentira, como cuando intentaron privatizar el sistema y que nosotros pudimos resistir, pero ahora cambian todo sin consultar a la población, que va a sufrir la contaminación que está probado que produce la quema de basura”.
La incineración de los residuos que impulsó el gobierno de la ciudad se hará mediante la termovalorización, un proceso para quemar basura y recuperar la energía de la combustión que es resistido por ambientalistas a nivel mundial. Funciona en algunos países de Europa, pero allí ya hay una recomendación oficial para que no se instalen nuevas plantas de ese tipo y que se vayan eliminando los que siguen en funcionamiento.
Jacquelina Flores cuestionó a la titular de la Comisión Legislativa de Ambiente y Espacio Público, Mercedes de Las Casas, que impulsó la ley aprobada en la Legislatura, porque “cuando la entrevistamos, ni siquiera supo responder nuestras preguntas, nunca discutió el tema con nosotros”. El gobierno porteño afirmó que el sistema de quema de residuos es el que se aplica en Europa y en otros países “pero mienten, porque el 75 por ciento de la basura es reciclada, pero ellos cambian el sistema y nos sacan la basura, que es nuestra fuente de trabajo, nos arrinconan, nos llevan de nuevo al abismo, pero están afectando a más de veinte mil personas, porque esto incluye a las empresas vinculadas al reciclado y por esa razón, la Cámara de empresarios del plástico expresó su rechazo a la ley”.
La integrante del MTE recordó que “nunca nos tuvieron en cuenta, cuando le pedimos información sobre lo que pensaban hacer, nos dieron un informe escrito en inglés, ni se molestaron en darnos una respuesta en forma personal porque para ellos nosotros valemos menos que la basura”. Insistió en que hasta ahora “todo lo que se hizo a favor del reciclado, lo hicimos nosotros porque el Estado nunca nos dio nada. Ahora lo que buscan es una empresa para pocos, pero el montaje del nuevo sistema es muy caro, no alcanza el presupuesto de la Ciudad, de manera que el país se va a endeudar con un sistema que, además, produce contaminación”.
En este punto, recordó que “ellos niegan que produzca daño en la salud, pero los incineradores van a ser instalados en los barrios del sur, Villa Soldati, Lugano, cerca de La Boca, nunca en Puerto Madero; de esa manera, además de dejarnos sin trabajo, están afectando nuestra calidad de vida, de manera que si tenemos que judicializar nuestra lucha, la vamos a judicializar”.
Manuel Matheu coincidió en que “a los seis mil quinientos recuperadores de calle reconocidos hay que sumarle otros cuatro mil o más que trabajan en forma independiente”. Respecto de los argumentos del gobierno porteño sobre las supuestas bondades de un modelo, el de la quema de basura, que se aplica en los países del Primer Mundo, aseguró que “en realidad, en esos países se está saliendo de ese sistema para potenciar el reciclado, de manera que las empresas que aportan los elementos para la quema de basura se están ahora trasladando a nuestros países”. Sobre la contaminación ambiental que produce este método, precisó que “hay diversos estudios que confirman los efectos nocivos para la salud, situación que se agrava en el caso de Argentina porque no tenemos capacidad técnica para poder controlar esas complicaciones cuyos daños no se ven en el corto plazo y que se hacen sentir ya en lugares como la Ceamse, con quemas a cielo abierto. Uno de los primeros lugares elegidos por el gobierno porteño para la quema es la zona de Villa Lugano, donde ya tenemos el problema de la contaminación del Riachuelo, que para hacer una comparación con el Primer Mundo, no es un curso de agua como el Danubio”.
Matheu definió la ley votada en la ley impulsada por el gobierno de Cambiemos es “un modelo pensado para los empresarios privados y para transferir recursos a esos sectores”.
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Fecha de Publicación: 10/05/2018
Fuente: Página/12
Provincia/Región: CABA
La ley que impulsó el gobierno porteño para desandar el camino de la Basura Cero afectará además a toda la industria vinculada al reciclaje: se calcula que en total estarán afectadas unas 20 mil personas. Críticas por el riesgo ambiental y el costo de las plantas incineradoras.
La decisión del gobierno porteño de reflotar la quema de basura, método impuesto por el ex intendente de la dictadura Osvaldo Cacciatore y defenestrado en democracia por su nocivo impacto ambiental, tendrá un efecto “desastroso” para los más de seis mil cartoneros registrados en la Ciudad de Buenos Aires. Las cifras de trabajadores afectados por la medida comprende a otros que trabajan por su cuenta, fuera del sistema oficial, y que suman entre cuatro y seis mil. Desde el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), que nuclea a recuperadores urbanos de todo el país, advierten que la quema de papel, cartón y otros elementos combustibles tendrá a la vez un daño colateral sobre sectores de la industria vinculados al reciclaje, a punto que se estima que en total serán unos 20 mil las personas en riesgo de ver limitada o perdida su desde el vamos precaria fuente de trabajo.
Por su parte, el ingeniero Manuel Matheu, que forma parte del MTE, refutó las afirmaciones del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta sobre la generación de energía que produciría la quema de residuos en la ciudad. “Por un lado, la generación de energía no es tan importante como la que se pregona, pero además es un sistema muy caro que requiere fuertes inversiones que son amortizables a largo plazo, con contratos que se extienden a 25 o 30 años”.
La estimación para el costo de cada una de las siete plantas incineradoras que el gobierno porteño proyecta instalar en la ciudad es de unos 500 millones de dólares. Y se estima que la construcción demandará unos tres años.
Matheu señaló además que hay que tener en cuenta “el daño ambiental que el sistema de quema de basura provoca en la población y que es de alto riesgo porque son problemas de salud que no se manifiestan en el corto plazo, de manera que son daños que van avanzando en silencio y tienen efectos muy graves”.
Jacquelina Flores, que trabaja como cartonera y está enrolada en el MTE, puntualizó que se trata de “una política fundada en un pensamiento de clase, en la idea de una ciudad-empresa que favorece a los empresarios amigos del gobierno para que ganen mucho dinero” con el montaje de la infraestructura necesaria para desarrollar el modelo. “Me da un poco de risa cuando veo la propaganda televisiva de Rodríguez Larreta en la que se habla de una ciudad verde a la que se va a contaminar con la quema de basura, sin haber consultado a los habitantes de la ciudad. Tal vez hablan de una ciudad verde por el color del dólar”.
El jueves pasado, la Legislatura porteña aprobó, con el voto del oficialismo y sus aliados, la ley que habilita el regreso de la quema de basura en la ciudad. Se trata de una modificación a la ley de Basura Cero, considerada un ejemplo en la región por su planteo de promover el reciclado. Con la modificación, las metas previstas para la reducción de residuos se atemperaron: los plazos establecidos hace 13 años contemplaban una reducción de un 30 por ciento en la generación de basura destinada a relleno sanitario al 2010, de un 50 por ciento a 2012 y un 75 por ciento para 2017. Para el año 2020 directamente prohibía la disposición final de materiales tanto reciclables como aprovechables. Ahora, las nuevas metas fijadas son de un 50 por ciento para 2021, un 65 por ciento para 2025 y un 80 por ciento para 2030. Recién para 2028 se prohíbe la disposición final de residuos.
Al referirse al impacto de la quema de basura sobre las cartoneras y cartoneros, Jacquelina sostuvo que será “desastroso, totalmente negativo, para los seis mil reconocidos por el gobierno porteño y para otros seis mil (según algunos cálculos) que trabajan por su cuenta, fuera del sistema. La política oficial nunca fue buena para nosotros, para las cooperativas reconocidas en la Ciudad, pero con la nueva ley nos terminan de golpear, con mentiras, porque no se han agotado las instancias del reciclado porque nunca nos dieron todos los elementos necesarios para realizar nuestro trabajo, los camiones, la logística necesaria. Es todo una mentira, como cuando intentaron privatizar el sistema y que nosotros pudimos resistir, pero ahora cambian todo sin consultar a la población, que va a sufrir la contaminación que está probado que produce la quema de basura”.
La incineración de los residuos que impulsó el gobierno de la ciudad se hará mediante la termovalorización, un proceso para quemar basura y recuperar la energía de la combustión que es resistido por ambientalistas a nivel mundial. Funciona en algunos países de Europa, pero allí ya hay una recomendación oficial para que no se instalen nuevas plantas de ese tipo y que se vayan eliminando los que siguen en funcionamiento.
Jacquelina Flores cuestionó a la titular de la Comisión Legislativa de Ambiente y Espacio Público, Mercedes de Las Casas, que impulsó la ley aprobada en la Legislatura, porque “cuando la entrevistamos, ni siquiera supo responder nuestras preguntas, nunca discutió el tema con nosotros”. El gobierno porteño afirmó que el sistema de quema de residuos es el que se aplica en Europa y en otros países “pero mienten, porque el 75 por ciento de la basura es reciclada, pero ellos cambian el sistema y nos sacan la basura, que es nuestra fuente de trabajo, nos arrinconan, nos llevan de nuevo al abismo, pero están afectando a más de veinte mil personas, porque esto incluye a las empresas vinculadas al reciclado y por esa razón, la Cámara de empresarios del plástico expresó su rechazo a la ley”.
La integrante del MTE recordó que “nunca nos tuvieron en cuenta, cuando le pedimos información sobre lo que pensaban hacer, nos dieron un informe escrito en inglés, ni se molestaron en darnos una respuesta en forma personal porque para ellos nosotros valemos menos que la basura”. Insistió en que hasta ahora “todo lo que se hizo a favor del reciclado, lo hicimos nosotros porque el Estado nunca nos dio nada. Ahora lo que buscan es una empresa para pocos, pero el montaje del nuevo sistema es muy caro, no alcanza el presupuesto de la Ciudad, de manera que el país se va a endeudar con un sistema que, además, produce contaminación”.
En este punto, recordó que “ellos niegan que produzca daño en la salud, pero los incineradores van a ser instalados en los barrios del sur, Villa Soldati, Lugano, cerca de La Boca, nunca en Puerto Madero; de esa manera, además de dejarnos sin trabajo, están afectando nuestra calidad de vida, de manera que si tenemos que judicializar nuestra lucha, la vamos a judicializar”.
Manuel Matheu coincidió en que “a los seis mil quinientos recuperadores de calle reconocidos hay que sumarle otros cuatro mil o más que trabajan en forma independiente”. Respecto de los argumentos del gobierno porteño sobre las supuestas bondades de un modelo, el de la quema de basura, que se aplica en los países del Primer Mundo, aseguró que “en realidad, en esos países se está saliendo de ese sistema para potenciar el reciclado, de manera que las empresas que aportan los elementos para la quema de basura se están ahora trasladando a nuestros países”. Sobre la contaminación ambiental que produce este método, precisó que “hay diversos estudios que confirman los efectos nocivos para la salud, situación que se agrava en el caso de Argentina porque no tenemos capacidad técnica para poder controlar esas complicaciones cuyos daños no se ven en el corto plazo y que se hacen sentir ya en lugares como la Ceamse, con quemas a cielo abierto. Uno de los primeros lugares elegidos por el gobierno porteño para la quema es la zona de Villa Lugano, donde ya tenemos el problema de la contaminación del Riachuelo, que para hacer una comparación con el Primer Mundo, no es un curso de agua como el Danubio”.
Matheu definió la ley votada en la ley impulsada por el gobierno de Cambiemos es “un modelo pensado para los empresarios privados y para transferir recursos a esos sectores”.
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Sanear el Riachuelo: mandato a cumplir
Sanear el Riachuelo: mandato a cumplir
Fecha de Publicación: 10/05/2018
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Riachuelo
Si se cambia el paradigma, se evitará la contaminación ambiental y el riesgo para la salud. Con urgencia se requiere la pronta evaluación de los proyectos e iniciación de obras con agenda monitoreada. Es decir, pasar del discurso a la acción. También, asumir la responsabilidad asignada para cumplir con el principio del derecho a la salud, que se basa en el derecho a una vida digna.
El llamado de la Corte a Audiencia Pública para avanzar en el cumplimiento de obras de saneamiento del Riachuelo vuelve a poner el eje en la relocalización de familias gravemente afectadas. La población que se ha ido asentando en una franja estrecha a orillas del Riachuelo hace tiempo que sufre problemas de salud que serán mayores si no es reubicada prontamente.
Ya la Corte había advertido sobre graves deficiencias en los informes presentados por la autoridad de cuenca ACUMAR entre 2006 y 2015. Entre otras cosas, dispuso que se brinde información sobre cuestiones relacionadas a la relocalización de los habitantes de esa ribera, y el seguimiento de las personas que sufren alguna enfermedad vinculadas con la contaminación.
Durante abril de 2018, el alto tribunal convocó a una nueva audiencia pública por la contaminación en el Riachuelo, que deberá realizarse en un plazo menor a los 30 días, para que las partes involucradas expongan sobre los avances en la recomposición del daño ambiental registrado en la cuenca.
Entre otros factores riesgosos para los habitantes del lugar están las industrias productoras de residuos contaminantes, que originan afecciones en la piel y las vías respiratorias. Es por ello que la aplicación adecuada del derecho penal puede ser una herramienta eficaz para proteger el derecho a un ambiente sano que establece nuestra Constitución.
El Foro Mundial del Agua, que tuvo lugar en Brasilia en marzo de este año, estuvo organizado por el Consejo Mundial del Agua, cuya misión es “crear un compromiso político que facilite el desarrollo, planificación, gestión y uso eficiente del agua sobre una base ambientalmente sostenible en beneficio de la vida en la Tierra”.
Algunos datos presentados durante la reunión resultan sorprendentes: en el mundo hay más personas con teléfonos móviles que con inodoros; solo dos de cada diez países destinan fondos suficientes para garantizar el acceso de sus poblaciones al agua potable y a servicios de cloacas y, sin embargo, se estima que por cada dólar que invierte un gobierno en el manejo del agua y el saneamiento ambiental, se ahorran cuatro dólares en gastos de salud y aumento de la productividad.
Lo que nos interesa a los sanitaristas es brindar a la población agua potable y cloacas, generar energía con menores emisiones de gases efecto invernadero, lograr comunidades sostenibles, y que sea delito atentar contra el ambiente. En Argentina, nuestros esfuerzos deben estar focalizados en la Cuenca Matanza Riachuelo, una de las más contaminadas del mundo, que alcanza niveles críticos en los cursos medio y bajo del río, y tiene consecuencias directas sobre la salud y la calidad de vida de los 5 millones de habitantes de la zona. Años de desidia han convertido al río y la zona en un ícono nacional de la contaminación e injusticia ambiental.
Es de esperar que con la nueva gestión, la puesta a punto de los proyectos y la renovada convocatoria de la Corte, muy pronto todas esas familias encuentren una solución que les permita vivir de una manera digna, sin riesgos de enfermarse por causa de la desaprensión y la falta de controles.
Norma Cadoppi - Presidenta del Foro Estratégico para el Desarrollo Nacional.
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Fecha de Publicación: 10/05/2018
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Riachuelo
Si se cambia el paradigma, se evitará la contaminación ambiental y el riesgo para la salud. Con urgencia se requiere la pronta evaluación de los proyectos e iniciación de obras con agenda monitoreada. Es decir, pasar del discurso a la acción. También, asumir la responsabilidad asignada para cumplir con el principio del derecho a la salud, que se basa en el derecho a una vida digna.
El llamado de la Corte a Audiencia Pública para avanzar en el cumplimiento de obras de saneamiento del Riachuelo vuelve a poner el eje en la relocalización de familias gravemente afectadas. La población que se ha ido asentando en una franja estrecha a orillas del Riachuelo hace tiempo que sufre problemas de salud que serán mayores si no es reubicada prontamente.
Ya la Corte había advertido sobre graves deficiencias en los informes presentados por la autoridad de cuenca ACUMAR entre 2006 y 2015. Entre otras cosas, dispuso que se brinde información sobre cuestiones relacionadas a la relocalización de los habitantes de esa ribera, y el seguimiento de las personas que sufren alguna enfermedad vinculadas con la contaminación.
Durante abril de 2018, el alto tribunal convocó a una nueva audiencia pública por la contaminación en el Riachuelo, que deberá realizarse en un plazo menor a los 30 días, para que las partes involucradas expongan sobre los avances en la recomposición del daño ambiental registrado en la cuenca.
Entre otros factores riesgosos para los habitantes del lugar están las industrias productoras de residuos contaminantes, que originan afecciones en la piel y las vías respiratorias. Es por ello que la aplicación adecuada del derecho penal puede ser una herramienta eficaz para proteger el derecho a un ambiente sano que establece nuestra Constitución.
El Foro Mundial del Agua, que tuvo lugar en Brasilia en marzo de este año, estuvo organizado por el Consejo Mundial del Agua, cuya misión es “crear un compromiso político que facilite el desarrollo, planificación, gestión y uso eficiente del agua sobre una base ambientalmente sostenible en beneficio de la vida en la Tierra”.
Algunos datos presentados durante la reunión resultan sorprendentes: en el mundo hay más personas con teléfonos móviles que con inodoros; solo dos de cada diez países destinan fondos suficientes para garantizar el acceso de sus poblaciones al agua potable y a servicios de cloacas y, sin embargo, se estima que por cada dólar que invierte un gobierno en el manejo del agua y el saneamiento ambiental, se ahorran cuatro dólares en gastos de salud y aumento de la productividad.
Lo que nos interesa a los sanitaristas es brindar a la población agua potable y cloacas, generar energía con menores emisiones de gases efecto invernadero, lograr comunidades sostenibles, y que sea delito atentar contra el ambiente. En Argentina, nuestros esfuerzos deben estar focalizados en la Cuenca Matanza Riachuelo, una de las más contaminadas del mundo, que alcanza niveles críticos en los cursos medio y bajo del río, y tiene consecuencias directas sobre la salud y la calidad de vida de los 5 millones de habitantes de la zona. Años de desidia han convertido al río y la zona en un ícono nacional de la contaminación e injusticia ambiental.
Es de esperar que con la nueva gestión, la puesta a punto de los proyectos y la renovada convocatoria de la Corte, muy pronto todas esas familias encuentren una solución que les permita vivir de una manera digna, sin riesgos de enfermarse por causa de la desaprensión y la falta de controles.
Norma Cadoppi - Presidenta del Foro Estratégico para el Desarrollo Nacional.
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