La desertificación en el país sigue avanzando
08:38 | 
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Alertan sobre el avance de la desertificación en el país
Fecha de Publicación: 19/11/2012
Fuente: Biodiversidad en América Latina y El Caribe / La Ciudad Avellaneda
Provincia/Región: Nacional
¿Granero del mundo? En realidad, Argentina es el país de las tierras secas. Y en esas zonas la erosión avanza 650.000 hectáreas por año.
Contrariamente a la percepción generalizada de que Argentina, por la importancia de la producción agropecuaria y al paisaje de la pampa húmeda, es un “granero del mundo”, en realidad el nuestro es el país de las tierras secas.
Así lo afirmó Elena Abraham, directora del Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Áridas (IADIZA), que depende del CONICET, la Universidad Nacional de Cuyo y el Gobierno de Mendoza. “Alrededor del 70 por ciento del país está constituido por tierras secas”, señaló Abraham a la Agencia CyTA. Según el Programa de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación, que coordina la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (SAyDS), la erosión en esas zonas avanza a razón de 650.000 hectáreas por año.
Las tierras secas incluyen todas las regiones de la superficie terrestre donde la producción de cultivos, forraje, madera y otros servicios del ecosistema son limitados por el agua. Formalmente, la definición abarca todas las tierras donde el clima se clasifica como seco, desde el hiperárido que caracteriza a los desiertos extremos hasta el subhúmedo seco. “La desertificación implica todos los procesos de degradación de tierras en tierras secas y es el resultado de una combinación entre las actividades de sobrecarga de los seres humanos y las severas condiciones ambientales, en particular, la variabilidad climática y la sequía”, señaló Abraham.
Para mitigar y combatir este proceso, a fines de 2011 el CONICET y la SAyDS acordaron conformar el Observatorio Nacional de la Degradación de Tierras y Desertificación. En una primera etapa, sus autoridades resolvieron fortalecer cinco sitios piloto de monitoreo en Catamarca, Jujuy, Mendoza, Chubut y Río Negro, aunque la idea es expandirlo a otras regiones del país, destacó Abraham.
“El objetivo es monitorear los cambios en el uso de la tierra y los aspectos socioeconómicos, especialmente los relacionados con la producción, erosión del suelo y la disponibilidad de agua. También estudiar los cambios en la flora y fauna, que pueden verse afectados a medida que la tierra se degrada”, indicó la investigadora.
Para Abraham, la desertificación sólo se podrá revertir alentando cambios profundos en las pautas de comportamiento de la población, que deberían conducir al uso sostenible de las tierras sin poner el riesgo la seguridad alimentaria. “En realidad, la lucha contra la desertificación es parte de un objetivo más amplio: el desarrollo sostenible de los países afectados”, añadió.
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Fecha de Publicación: 19/11/2012
Fuente: Biodiversidad en América Latina y El Caribe / La Ciudad Avellaneda
Provincia/Región: Nacional
¿Granero del mundo? En realidad, Argentina es el país de las tierras secas. Y en esas zonas la erosión avanza 650.000 hectáreas por año.
Contrariamente a la percepción generalizada de que Argentina, por la importancia de la producción agropecuaria y al paisaje de la pampa húmeda, es un “granero del mundo”, en realidad el nuestro es el país de las tierras secas.
Así lo afirmó Elena Abraham, directora del Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Áridas (IADIZA), que depende del CONICET, la Universidad Nacional de Cuyo y el Gobierno de Mendoza. “Alrededor del 70 por ciento del país está constituido por tierras secas”, señaló Abraham a la Agencia CyTA. Según el Programa de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación, que coordina la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (SAyDS), la erosión en esas zonas avanza a razón de 650.000 hectáreas por año.
Las tierras secas incluyen todas las regiones de la superficie terrestre donde la producción de cultivos, forraje, madera y otros servicios del ecosistema son limitados por el agua. Formalmente, la definición abarca todas las tierras donde el clima se clasifica como seco, desde el hiperárido que caracteriza a los desiertos extremos hasta el subhúmedo seco. “La desertificación implica todos los procesos de degradación de tierras en tierras secas y es el resultado de una combinación entre las actividades de sobrecarga de los seres humanos y las severas condiciones ambientales, en particular, la variabilidad climática y la sequía”, señaló Abraham.
Para mitigar y combatir este proceso, a fines de 2011 el CONICET y la SAyDS acordaron conformar el Observatorio Nacional de la Degradación de Tierras y Desertificación. En una primera etapa, sus autoridades resolvieron fortalecer cinco sitios piloto de monitoreo en Catamarca, Jujuy, Mendoza, Chubut y Río Negro, aunque la idea es expandirlo a otras regiones del país, destacó Abraham.
“El objetivo es monitorear los cambios en el uso de la tierra y los aspectos socioeconómicos, especialmente los relacionados con la producción, erosión del suelo y la disponibilidad de agua. También estudiar los cambios en la flora y fauna, que pueden verse afectados a medida que la tierra se degrada”, indicó la investigadora.
Para Abraham, la desertificación sólo se podrá revertir alentando cambios profundos en las pautas de comportamiento de la población, que deberían conducir al uso sostenible de las tierras sin poner el riesgo la seguridad alimentaria. “En realidad, la lucha contra la desertificación es parte de un objetivo más amplio: el desarrollo sostenible de los países afectados”, añadió.
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Famatina volvió a protestar por la minería
En Famatina volvieron a protestar para impedir el avance de la minería
Fecha de Publicación: 18/11/2012
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: La Rioja
Vecinos y asambleístas salieron a las calles de La Rioja para repudiar una medida del gobierno de Beder Herrera que autoriza a explorar la zona pese a que el convenio con la empresa que trabaja en el lugar está suspendido judicialmente. Pobladores de Famatina volvieron a salir a la calle, con el apoyo de asambleístas de toda la provincia, para impedir el avance mega minero dispuesto nuevamente por el gobierno provincial.
En ese marco, una asamblea popular decidió comenzar a juntar firmas para "pedir el juicio político" del gobernador Luis Beder Herrera, a quien acusan de impulsar la minería a cielo abierto sin pedir informes de impacto ambiental y le endilgan su cambio de opinión sobre esa industria desde que asumió el cargo.
La marcha, realizada anoche, fue convocada por las redes sociales y contó con la participación de vecinos de la localidad con sus hijos, gente que adhiere a la lucha desde otros puntos de la provincia y asambleístas.
En el acto hubo micrófono abierto y también fueron escuchados el sacerdote del pueblo, Omar Quinteros, el intendente Ismael Bordagaray y el diputado nacional (UCR) Julio Martínez.
Los dirigentes y manifestantes cuestionaron que la Secretaría de Minería de La Rioja autorizó a la empresa El Portal, socia argentina de la canadiense Osisko Mining, a iniciar los trabajos de exploración en la zona pese a que el convenio con Osisko está suspendido judicialmente.
La resolución de minería fue mantenida en secreto desde agosto hasta que, a principios de este mes, fue publicada en el Boletín Oficial.
Además, recordaron que el instituto nacional de glaciares (Ianiglia), que depende del Conicet, no empezó aún el relevamiento de glaciares y periglaciares que exige la legislación nacional como paso previo a la autorización de emprendimientos mineros.
Los famatinenses denunciaron que las acciones gubernamentales "carecen de audiencias públicas" y de "la licencia social" para que puedan operar.
En la marcha se dijo que se trata de "repudiar el accionar del gobernador de la provincia, que firmó informes de impacto ambiental".
Ante ello, los manifestantes repitieron sus consignas de "no nos van a doblegar, el pueblo sigue de pie" y "el Famatina no se toca".
Además, ratificaron la continuidad del corte al tránsito en Alto Carrizal, justamente en el acceso al cordón del Famatina, que se sostiene desde el 2 de enero.
Igualmente, las Asambleas han pedido a los vecinos "que protejan todos los accesos a nuestros cerros", por ejemplo a través de la localidad de Guanchín, una localidad precordillerana donde el Secretario de Minería, Oscar Lehz, tiene su propio emprendimiento.
El diputado Martínez ha advertido que pese a que "el Ianiglia es una institución seria", carece de "presupuesto suficiente".
Por lo tanto, el relevamiento de glaciares requeriría de colaboración de técnicos provinciales que el pueblo de Famatina ya anunció que no aceptará.
Según Martínez, el gobierno nacional tiene "falta de voluntad en cumplir con la ley", por lo cual "autoriza a delegados provinciales a realizar el trabajo de campo, cuando de antemano en La Rioja negaron la existencia de glaciares".
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Fecha de Publicación: 18/11/2012
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: La Rioja
Vecinos y asambleístas salieron a las calles de La Rioja para repudiar una medida del gobierno de Beder Herrera que autoriza a explorar la zona pese a que el convenio con la empresa que trabaja en el lugar está suspendido judicialmente. Pobladores de Famatina volvieron a salir a la calle, con el apoyo de asambleístas de toda la provincia, para impedir el avance mega minero dispuesto nuevamente por el gobierno provincial.En ese marco, una asamblea popular decidió comenzar a juntar firmas para "pedir el juicio político" del gobernador Luis Beder Herrera, a quien acusan de impulsar la minería a cielo abierto sin pedir informes de impacto ambiental y le endilgan su cambio de opinión sobre esa industria desde que asumió el cargo.
La marcha, realizada anoche, fue convocada por las redes sociales y contó con la participación de vecinos de la localidad con sus hijos, gente que adhiere a la lucha desde otros puntos de la provincia y asambleístas.
En el acto hubo micrófono abierto y también fueron escuchados el sacerdote del pueblo, Omar Quinteros, el intendente Ismael Bordagaray y el diputado nacional (UCR) Julio Martínez.
Los dirigentes y manifestantes cuestionaron que la Secretaría de Minería de La Rioja autorizó a la empresa El Portal, socia argentina de la canadiense Osisko Mining, a iniciar los trabajos de exploración en la zona pese a que el convenio con Osisko está suspendido judicialmente.
La resolución de minería fue mantenida en secreto desde agosto hasta que, a principios de este mes, fue publicada en el Boletín Oficial.
Además, recordaron que el instituto nacional de glaciares (Ianiglia), que depende del Conicet, no empezó aún el relevamiento de glaciares y periglaciares que exige la legislación nacional como paso previo a la autorización de emprendimientos mineros.
Los famatinenses denunciaron que las acciones gubernamentales "carecen de audiencias públicas" y de "la licencia social" para que puedan operar.
En la marcha se dijo que se trata de "repudiar el accionar del gobernador de la provincia, que firmó informes de impacto ambiental".
Ante ello, los manifestantes repitieron sus consignas de "no nos van a doblegar, el pueblo sigue de pie" y "el Famatina no se toca".
Además, ratificaron la continuidad del corte al tránsito en Alto Carrizal, justamente en el acceso al cordón del Famatina, que se sostiene desde el 2 de enero.
Igualmente, las Asambleas han pedido a los vecinos "que protejan todos los accesos a nuestros cerros", por ejemplo a través de la localidad de Guanchín, una localidad precordillerana donde el Secretario de Minería, Oscar Lehz, tiene su propio emprendimiento.
El diputado Martínez ha advertido que pese a que "el Ianiglia es una institución seria", carece de "presupuesto suficiente".
Por lo tanto, el relevamiento de glaciares requeriría de colaboración de técnicos provinciales que el pueblo de Famatina ya anunció que no aceptará.
Según Martínez, el gobierno nacional tiene "falta de voluntad en cumplir con la ley", por lo cual "autoriza a delegados provinciales a realizar el trabajo de campo, cuando de antemano en La Rioja negaron la existencia de glaciares".
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Ahora se quejan del apartamiento del juez Armella
Cuestionan el apartamiento del juez Armella
Fecha de Publicación: 18/11/2012
Fuente: El Parlamentario
Provincia/Región: Riachuelo
Advierten desde la oposición que sobre la suspensión de los trabajos de saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo.
El presidente del bloque de diputados nacionales de la UCR, Ricardo Gil Lavedra (UCR – Capital), junto a otros legisladores de la UCR, y también de otras bancadas, expresaron su honda preocupación por la situación que derivó en el apartamiento del juez Luis Antonio Armella de la ejecución del fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 8 de julio de 2008 en autos “Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/ Estado Nacional y otros s/ daños y perjuicios (daños derivados de la contaminación ambiental del Río Matanza-Riachuelo)”, y por la consecuente suspensión de los trabajos de saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo.
“El estado ambiental de la Cuenca Matanza-Riachuelo es un problema mayor de salud pública para muchos ciudadanos argentinos, además de un grave problema de contaminación ambiental. La resolución de la Corte señala que este apartamiento es indispensable debido a la necesidad de preservar la confianza de la sociedad en la transparencia de los procedimientos cumplidos ante los poderes del Estado. Sin embargo, nada se dice sobre la parálisis de la causa que, en vistas de la urgencia sanitaria y ambiental que se vive en la cuenca Matanza-Riachuelo, perjudica gravemente los intereses de los damnificados que cada día siguen soportando esta situación que no mejora”, remarcó Gil Lavedra.
Por último, señaló que “es triste comprobar que, nuevamente, los ciudadanos son postergados en la satisfacción de sus legítimos derechos. Desde todos los poderes y sectores debe existir un fuerte compromiso para que el saneamiento de la cuenta Matanza-Riachuelo sea una realidad en el menor tiempo posible”.
Esta manifestación fue acompañada con su firma por los diputados Ricardo Alfonsín, Miguel Bazze, Margarita Sbolbizer, Gerardo Milman, Omar Duclós y Graciela Ocaña.
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Fecha de Publicación: 18/11/2012
Fuente: El Parlamentario
Provincia/Región: Riachuelo
Advierten desde la oposición que sobre la suspensión de los trabajos de saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo.
El presidente del bloque de diputados nacionales de la UCR, Ricardo Gil Lavedra (UCR – Capital), junto a otros legisladores de la UCR, y también de otras bancadas, expresaron su honda preocupación por la situación que derivó en el apartamiento del juez Luis Antonio Armella de la ejecución del fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 8 de julio de 2008 en autos “Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/ Estado Nacional y otros s/ daños y perjuicios (daños derivados de la contaminación ambiental del Río Matanza-Riachuelo)”, y por la consecuente suspensión de los trabajos de saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo.
“El estado ambiental de la Cuenca Matanza-Riachuelo es un problema mayor de salud pública para muchos ciudadanos argentinos, además de un grave problema de contaminación ambiental. La resolución de la Corte señala que este apartamiento es indispensable debido a la necesidad de preservar la confianza de la sociedad en la transparencia de los procedimientos cumplidos ante los poderes del Estado. Sin embargo, nada se dice sobre la parálisis de la causa que, en vistas de la urgencia sanitaria y ambiental que se vive en la cuenca Matanza-Riachuelo, perjudica gravemente los intereses de los damnificados que cada día siguen soportando esta situación que no mejora”, remarcó Gil Lavedra.
Por último, señaló que “es triste comprobar que, nuevamente, los ciudadanos son postergados en la satisfacción de sus legítimos derechos. Desde todos los poderes y sectores debe existir un fuerte compromiso para que el saneamiento de la cuenta Matanza-Riachuelo sea una realidad en el menor tiempo posible”.
Esta manifestación fue acompañada con su firma por los diputados Ricardo Alfonsín, Miguel Bazze, Margarita Sbolbizer, Gerardo Milman, Omar Duclós y Graciela Ocaña.
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Se perderá el proyecto sobre basura electrónica
Basura electrónica: una ley clave perderá estado parlamentario
Fecha de Publicación: 17/11/2012
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Esto ocurrirá a fin de mes con la iniciativa que obliga a los fabricantes a reciclar estos residuos; el proyecto tiene más de un año con la sanción del Senado
Los millones de computadoras, teléfonos celulares, pilas e impresoras que se tiran por año en la ciudad seguirán contaminando las napas y los rellenos sanitarios. Es que a fines de este mes pierde estado parlamentario la ley de residuos eléctricos y electrónicos que propone que el destino final de éstos sea responsabilidad de los productores.
El proyecto, que cuenta desde hace más de un año con media sanción del Senado, quedó trabado en la Cámara de Diputados. Según denuncia la ONG ambientalista Greenpeace, la responsabilidad de la decisión de los miembros kirchneristas de la Comisión de Presupuesto es de la ministra de Industria, Débora Giorgi.
A través de un comunicado, la organización aseguró que la funcionaria "frena el tratamiento del proyecto de ley en la Cámara baja y beneficia, de este modo, a las empresas agrupadas en la Cámara de Comercio de Estados Unidos". Según la entidad, esta cámara "se opone al proyecto para no pagar por la contaminación que generan sus productos, una vez que pasan a ser basura electrónica".
Cada habitante de Buenos Aires -unos tres millones de personas generó siete kilos de basura electrónica el año pasado. Y al año suman unas 20.000 toneladas. En el país, el panorama no es mucho mejor, el promedio alcanza los 3 kg por año.
En la Argentina, cada año se generan más de 120.000 toneladas de basura electrónica, pero en el país aún no existe un sistema de gestión que haga frente a esta fracción de los residuos.
Aunque los celulares, los monitores o las PC no contaminan mientras están almacenados, cuando se mezclan con el resto de la basura y se rompen, esos metales tóxicos se desprenden y provocan daños ambientales.
"La basura electrónica es la porción más tóxica de los residuos y la que más rápido está creciendo. Existe un proyecto de ley para dar tratamiento adecuado a este tipo de basura y los diputados no la debaten, a pesar de la urgencia", señaló Consuelo Bilbao, coordinadora de la Unidad Política de Greenpeace.
Los ambientalistas también destacan que con esta falta de política se pierde plata. Las plaquetas que están dentro de las computadoras tienen metales como plata, oro, cobre, aluminio y tierras raras. Estas últimas, compuestas por una serie de metales, son utilizadas para fabricar productos de alta tecnología, como pantallas de LED, componentes para autos, imanes y baterías recargables, entre otros. China, varios países europeos y los Estados Unidos se disputan este mercado para la fabricación de estos aparatos.
Estos residuos eléctricos y electrónicos tienen un alto valor económico. Sin embargo, la industria del reciclado de minerales por este medio no cuenta con una legislación para su promoción, como la minería tradicional.
Una de las críticas que recibió el proyecto de ley es que se crea un fondo para generar un sistema integral de gestión de este tipo de residuos. Las malas experiencias en estos fondos especiales, como sucede con la ley de bosques, es que no se ejecutan o ni siquiera se cumple el monto que se establece en la legislación para su conformación.
Los millones de computadoras, teléfonos celulares, pilas e impresoras que se tiran por año en la ciudad seguirán contaminando las napas y los rellenos sanitarios. Es que a fines de este mes pierde estado parlamentario la ley de residuos eléctricos y electrónicos que propone que el destino final de éstos sea responsabilidad de los productores.
El proyecto, que cuenta desde hace más de un año con media sanción del Senado, quedó trabado en la Cámara de Diputados. Según denuncia la ONG ambientalista Greenpeace, la responsabilidad de la decisión de los miembros kirchneristas de la Comisión de Presupuesto es de la ministra de Industria, Débora Giorgi.
A través de un comunicado, la organización aseguró que la funcionaria "frena el tratamiento del proyecto de ley en la Cámara baja y beneficia, de este modo, a las empresas agrupadas en la Cámara de Comercio de Estados Unidos". Según la entidad, esta cámara "se opone al proyecto para no pagar por la contaminación que generan sus productos, una vez que pasan a ser basura electrónica".
Cada habitante de Buenos Aires -unos tres millones de personas generó siete kilos de basura electrónica el año pasado. Y al año suman unas 20.000 toneladas. En el país, el panorama no es mucho mejor, el promedio alcanza los 3 kg por año.
En la Argentina, cada año se generan más de 120.000 toneladas de basura electrónica, pero en el país aún no existe un sistema de gestión que haga frente a esta fracción de los residuos.
Aunque los celulares, los monitores o las PC no contaminan mientras están almacenados, cuando se mezclan con el resto de la basura y se rompen, esos metales tóxicos se desprenden y provocan daños ambientales.
"La basura electrónica es la porción más tóxica de los residuos y la que más rápido está creciendo. Existe un proyecto de ley para dar tratamiento adecuado a este tipo de basura y los diputados no la debaten, a pesar de la urgencia", señaló Consuelo Bilbao, coordinadora de la Unidad Política de Greenpeace.
Los ambientalistas también destacan que con esta falta de política se pierde plata. Las plaquetas que están dentro de las computadoras tienen metales, como plata, oro, cobre, aluminio y tierras raras. Estas últimas, compuestas por una serie de metales, son utilizadas para fabricar productos de alta tecnología, como pantallas de LED, componentes para autos, imanes y baterías recargables, entre otros. China, varios países europeos y los Estados Unidos se disputan este mercado para la fabricación de estos aparatos.
Estos residuos eléctricos y electrónicos tienen un alto valor económico. Sin embargo, la industria del reciclado de minerales por este medio no cuenta con una legislación para su promoción, como la minería tradicional.
Una de las críticas que recibió el proyecto de ley es que se crea un fondo para generar un sistema integral de gestión de este tipo de residuos. Las malas experiencias en estos fondos especiales, como sucede con la ley de bosques, es que no se ejecutan o ni siquiera se cumple el monto que se establece en la legislación para su conformación.
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Fecha de Publicación: 17/11/2012
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Esto ocurrirá a fin de mes con la iniciativa que obliga a los fabricantes a reciclar estos residuos; el proyecto tiene más de un año con la sanción del SenadoLos millones de computadoras, teléfonos celulares, pilas e impresoras que se tiran por año en la ciudad seguirán contaminando las napas y los rellenos sanitarios. Es que a fines de este mes pierde estado parlamentario la ley de residuos eléctricos y electrónicos que propone que el destino final de éstos sea responsabilidad de los productores.
El proyecto, que cuenta desde hace más de un año con media sanción del Senado, quedó trabado en la Cámara de Diputados. Según denuncia la ONG ambientalista Greenpeace, la responsabilidad de la decisión de los miembros kirchneristas de la Comisión de Presupuesto es de la ministra de Industria, Débora Giorgi.
A través de un comunicado, la organización aseguró que la funcionaria "frena el tratamiento del proyecto de ley en la Cámara baja y beneficia, de este modo, a las empresas agrupadas en la Cámara de Comercio de Estados Unidos". Según la entidad, esta cámara "se opone al proyecto para no pagar por la contaminación que generan sus productos, una vez que pasan a ser basura electrónica".
Cada habitante de Buenos Aires -unos tres millones de personas generó siete kilos de basura electrónica el año pasado. Y al año suman unas 20.000 toneladas. En el país, el panorama no es mucho mejor, el promedio alcanza los 3 kg por año.
En la Argentina, cada año se generan más de 120.000 toneladas de basura electrónica, pero en el país aún no existe un sistema de gestión que haga frente a esta fracción de los residuos.
Aunque los celulares, los monitores o las PC no contaminan mientras están almacenados, cuando se mezclan con el resto de la basura y se rompen, esos metales tóxicos se desprenden y provocan daños ambientales.
"La basura electrónica es la porción más tóxica de los residuos y la que más rápido está creciendo. Existe un proyecto de ley para dar tratamiento adecuado a este tipo de basura y los diputados no la debaten, a pesar de la urgencia", señaló Consuelo Bilbao, coordinadora de la Unidad Política de Greenpeace.
Los ambientalistas también destacan que con esta falta de política se pierde plata. Las plaquetas que están dentro de las computadoras tienen metales como plata, oro, cobre, aluminio y tierras raras. Estas últimas, compuestas por una serie de metales, son utilizadas para fabricar productos de alta tecnología, como pantallas de LED, componentes para autos, imanes y baterías recargables, entre otros. China, varios países europeos y los Estados Unidos se disputan este mercado para la fabricación de estos aparatos.
Estos residuos eléctricos y electrónicos tienen un alto valor económico. Sin embargo, la industria del reciclado de minerales por este medio no cuenta con una legislación para su promoción, como la minería tradicional.
Una de las críticas que recibió el proyecto de ley es que se crea un fondo para generar un sistema integral de gestión de este tipo de residuos. Las malas experiencias en estos fondos especiales, como sucede con la ley de bosques, es que no se ejecutan o ni siquiera se cumple el monto que se establece en la legislación para su conformación.
Los millones de computadoras, teléfonos celulares, pilas e impresoras que se tiran por año en la ciudad seguirán contaminando las napas y los rellenos sanitarios. Es que a fines de este mes pierde estado parlamentario la ley de residuos eléctricos y electrónicos que propone que el destino final de éstos sea responsabilidad de los productores.
El proyecto, que cuenta desde hace más de un año con media sanción del Senado, quedó trabado en la Cámara de Diputados. Según denuncia la ONG ambientalista Greenpeace, la responsabilidad de la decisión de los miembros kirchneristas de la Comisión de Presupuesto es de la ministra de Industria, Débora Giorgi.
A través de un comunicado, la organización aseguró que la funcionaria "frena el tratamiento del proyecto de ley en la Cámara baja y beneficia, de este modo, a las empresas agrupadas en la Cámara de Comercio de Estados Unidos". Según la entidad, esta cámara "se opone al proyecto para no pagar por la contaminación que generan sus productos, una vez que pasan a ser basura electrónica".
Cada habitante de Buenos Aires -unos tres millones de personas generó siete kilos de basura electrónica el año pasado. Y al año suman unas 20.000 toneladas. En el país, el panorama no es mucho mejor, el promedio alcanza los 3 kg por año.
En la Argentina, cada año se generan más de 120.000 toneladas de basura electrónica, pero en el país aún no existe un sistema de gestión que haga frente a esta fracción de los residuos.
Aunque los celulares, los monitores o las PC no contaminan mientras están almacenados, cuando se mezclan con el resto de la basura y se rompen, esos metales tóxicos se desprenden y provocan daños ambientales.
"La basura electrónica es la porción más tóxica de los residuos y la que más rápido está creciendo. Existe un proyecto de ley para dar tratamiento adecuado a este tipo de basura y los diputados no la debaten, a pesar de la urgencia", señaló Consuelo Bilbao, coordinadora de la Unidad Política de Greenpeace.
Los ambientalistas también destacan que con esta falta de política se pierde plata. Las plaquetas que están dentro de las computadoras tienen metales, como plata, oro, cobre, aluminio y tierras raras. Estas últimas, compuestas por una serie de metales, son utilizadas para fabricar productos de alta tecnología, como pantallas de LED, componentes para autos, imanes y baterías recargables, entre otros. China, varios países europeos y los Estados Unidos se disputan este mercado para la fabricación de estos aparatos.
Estos residuos eléctricos y electrónicos tienen un alto valor económico. Sin embargo, la industria del reciclado de minerales por este medio no cuenta con una legislación para su promoción, como la minería tradicional.
Una de las críticas que recibió el proyecto de ley es que se crea un fondo para generar un sistema integral de gestión de este tipo de residuos. Las malas experiencias en estos fondos especiales, como sucede con la ley de bosques, es que no se ejecutan o ni siquiera se cumple el monto que se establece en la legislación para su conformación.
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Rescatan pingüinos empetrolados en Mar del Plata
Rescatan a decenas de pingüinos con restos de petróleo en costa argentina
Fecha de Publicación: 17/11/2012
Fuente: La Información
Provincia/Región: Buenos Aires
Al menos 37 pingüinos contaminados con restos de petróleo fueron rescatados en el balneario argentino de Mar del Plata, informaron a Efe fuentes del Centro de Rehabilitación de Fauna Marina del Aquarium de la ciudad.
Los animales, que tienen su hábitat mucho más al sur, fueron rescatados esta semana por personal de ese centro y no se descarta que puedan aparecer otros ejemplares en los próximos días.
Los expertos no han podido concretar todavía el origen de la contaminación de los pingüinos, de la especie Magallanes, aparecidos en la costa de Mar del Plata, 400 kilómetros al sur de Buenos Aires, en un avanzado estado de desnutrición y desorientación.
Los equipos del Aquarium fueron alertados de la presencia de las aves por denuncias telefónicas.
"Se trata de animales jóvenes con signos de desnutrición, y muchos muestran un severo grado de empetrolamiento, por eso salieron del agua", comentó a Efe Fabiana Álvarez, del Centro de Rehabilitación.
La especialista explicó que "es raro encontrar a la especie rescatada en estas latitudes, porque la mayoría se encuentra en las colonias australes en plena etapa reproductiva".
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Fecha de Publicación: 17/11/2012
Fuente: La Información
Provincia/Región: Buenos Aires
Al menos 37 pingüinos contaminados con restos de petróleo fueron rescatados en el balneario argentino de Mar del Plata, informaron a Efe fuentes del Centro de Rehabilitación de Fauna Marina del Aquarium de la ciudad.
Los animales, que tienen su hábitat mucho más al sur, fueron rescatados esta semana por personal de ese centro y no se descarta que puedan aparecer otros ejemplares en los próximos días.
Los expertos no han podido concretar todavía el origen de la contaminación de los pingüinos, de la especie Magallanes, aparecidos en la costa de Mar del Plata, 400 kilómetros al sur de Buenos Aires, en un avanzado estado de desnutrición y desorientación.
Los equipos del Aquarium fueron alertados de la presencia de las aves por denuncias telefónicas.
"Se trata de animales jóvenes con signos de desnutrición, y muchos muestran un severo grado de empetrolamiento, por eso salieron del agua", comentó a Efe Fabiana Álvarez, del Centro de Rehabilitación.
La especialista explicó que "es raro encontrar a la especie rescatada en estas latitudes, porque la mayoría se encuentra en las colonias australes en plena etapa reproductiva".
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YMAD: denuncian a la comisión que los supervisa
Denuncian a la comisión que debe supervisar a YMAD y niega contaminación de Minera Alumbrera
Fecha de Publicación: 16/11/2012
Fuente: Primera Fuente
Provincia/Región: Tucumán
Se trata de una comisión ad hoc cuya función es, entre otros puntos, investigar el impacto ambiental de las explotaciones mineras ligadas a YMAD, entre ellas, el denunciado proyecto Bajo La Alumbrera.
La denuncia, presentada el 25 de octubre por Ramón Eudal y Eduardo Ruiz Pesce, cuestiona a un grupo de profesionales que integran la mencionada comisión y se los acusa de haber cometido abuso de autoridad. Esto debido a que un informe elaborado por este grupo argumenta que, a través de las megaminería “no se daña al hombre ni a la naturaleza”.
El estudio -presentado ante el Consejo Superior de la UNT el 10 de octubre- también señala que tras el análisis de la documentación; las visitas a las minas y otros; las entrevistas a personal y a funcionarios de empresas y de organismos, la comisión vio que los ejecutores trabajan con responsabilidad y profesionalismo. "Se atienden las normas ambientales y las de higiene y seguridad laboral vigentes, y ciertos procesos están acreditados por organismos nacionales y/o internacionales", afirma.
“Denunciamos a esta comisión por ser cómplice del daño ambiental que causa Minera Alumbrera. En su informe, se sostiene que, hasta ahora, no hallaron ningún valor que se dispare de lo normal. Esto es una mentira, ya que se rigen por la resolución N° 030 de la Secretaría de Medio Ambiente de Tucumán y no por la ley nacional de Residuos Peligrosos 24.051, cuyos parámetros son mucho más exigentes y demuestran la contaminación que la minera genera en el canal DP2 y en la cuenca Salí-Dulce”, afirmó Eudal.
“Hay un claro abuso de autoridad de esta comisión al sostener que las explotaciones mineras cumplen las normas ambientales vigentes. Ocultan de un modo culposo o necio que los valores de contaminación permitidos son los de la nula y viciada legislación provincial”, sostuvieron los denunciantes.
La cuestionada comisión técnica fue creada en abril de 2011 por el rector de la UNT, Juan Carlos Cerisola, y avalada por el Consejo Superior. La integran Silvia Guillén (presidenta) y Florencia Benimelli (Agronomía); Ester Lucca de Magariños y Adriana Sales (Bioquímica); Mario Alderete y Antonio Gutiérrez (Ciencias Naturales); Magdalena Ricco y Estela Freidenberg (Medicina), y Leandro Díaz (Ciencias Exactas).
“Creer en esa comisión que se basa en los propios informes de la minera a la que debe investigar es como el lobo cuidando las gallinas. Este grupo ad hoc se creó para exculpar a Minera Alumbrera; para decir que está todo bien”, acusó Eudal.
Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD) es una sociedad integrada por la Universidad Nacional de Tucumán, el Gobierno de Catamarca y la Nación. Integra una Unión Transitoria de Empresas (UTE) con Minera Alumbrera para la explotación del yacimiento de Bajo La Alumbrera, ubicado en Catamarca. YMAD también lleva adelante los proyectos mineros Farallón Negro y Alto de la Blenda.
La minera denunciada se defiende
Por su parte, el gerente de Relaciones Institucionales de La Alumbrera, Jorge Montaldi, afirmó días atrás a través de los medios que la 24.051 no resulta aplicable para el caso del efluente que la minera arroja en el canal DP2, desde la planta de filtrado ubicada en Ranchillos, Tucumán.
"El efluente cumple acabadamente con la resolución provincial N° 030 Lo indican análisis propios y de terceros, como la Universidad Nacional de Santiago del Estero, la UNT, la Facultad de Ciencias Naturales y el Comité de Cuenca Salí-Dulce; todos estos organismos realizan monitoreos permanentes. La Dirección de Minería también controla que no se registre contaminación; precisamente a raíz de ello nos renueva anualmente la autorización", afirmó.
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Fecha de Publicación: 16/11/2012
Fuente: Primera Fuente
Provincia/Región: Tucumán
Se trata de una comisión ad hoc cuya función es, entre otros puntos, investigar el impacto ambiental de las explotaciones mineras ligadas a YMAD, entre ellas, el denunciado proyecto Bajo La Alumbrera.La denuncia, presentada el 25 de octubre por Ramón Eudal y Eduardo Ruiz Pesce, cuestiona a un grupo de profesionales que integran la mencionada comisión y se los acusa de haber cometido abuso de autoridad. Esto debido a que un informe elaborado por este grupo argumenta que, a través de las megaminería “no se daña al hombre ni a la naturaleza”.
El estudio -presentado ante el Consejo Superior de la UNT el 10 de octubre- también señala que tras el análisis de la documentación; las visitas a las minas y otros; las entrevistas a personal y a funcionarios de empresas y de organismos, la comisión vio que los ejecutores trabajan con responsabilidad y profesionalismo. "Se atienden las normas ambientales y las de higiene y seguridad laboral vigentes, y ciertos procesos están acreditados por organismos nacionales y/o internacionales", afirma.
“Denunciamos a esta comisión por ser cómplice del daño ambiental que causa Minera Alumbrera. En su informe, se sostiene que, hasta ahora, no hallaron ningún valor que se dispare de lo normal. Esto es una mentira, ya que se rigen por la resolución N° 030 de la Secretaría de Medio Ambiente de Tucumán y no por la ley nacional de Residuos Peligrosos 24.051, cuyos parámetros son mucho más exigentes y demuestran la contaminación que la minera genera en el canal DP2 y en la cuenca Salí-Dulce”, afirmó Eudal.
“Hay un claro abuso de autoridad de esta comisión al sostener que las explotaciones mineras cumplen las normas ambientales vigentes. Ocultan de un modo culposo o necio que los valores de contaminación permitidos son los de la nula y viciada legislación provincial”, sostuvieron los denunciantes.
La cuestionada comisión técnica fue creada en abril de 2011 por el rector de la UNT, Juan Carlos Cerisola, y avalada por el Consejo Superior. La integran Silvia Guillén (presidenta) y Florencia Benimelli (Agronomía); Ester Lucca de Magariños y Adriana Sales (Bioquímica); Mario Alderete y Antonio Gutiérrez (Ciencias Naturales); Magdalena Ricco y Estela Freidenberg (Medicina), y Leandro Díaz (Ciencias Exactas).
“Creer en esa comisión que se basa en los propios informes de la minera a la que debe investigar es como el lobo cuidando las gallinas. Este grupo ad hoc se creó para exculpar a Minera Alumbrera; para decir que está todo bien”, acusó Eudal.
Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD) es una sociedad integrada por la Universidad Nacional de Tucumán, el Gobierno de Catamarca y la Nación. Integra una Unión Transitoria de Empresas (UTE) con Minera Alumbrera para la explotación del yacimiento de Bajo La Alumbrera, ubicado en Catamarca. YMAD también lleva adelante los proyectos mineros Farallón Negro y Alto de la Blenda.
La minera denunciada se defiende
Por su parte, el gerente de Relaciones Institucionales de La Alumbrera, Jorge Montaldi, afirmó días atrás a través de los medios que la 24.051 no resulta aplicable para el caso del efluente que la minera arroja en el canal DP2, desde la planta de filtrado ubicada en Ranchillos, Tucumán.
"El efluente cumple acabadamente con la resolución provincial N° 030 Lo indican análisis propios y de terceros, como la Universidad Nacional de Santiago del Estero, la UNT, la Facultad de Ciencias Naturales y el Comité de Cuenca Salí-Dulce; todos estos organismos realizan monitoreos permanentes. La Dirección de Minería también controla que no se registre contaminación; precisamente a raíz de ello nos renueva anualmente la autorización", afirmó.
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Amparo contra la megaminería en Chubut
Presentaron un amparo contra la megaminería ante el Superior Tribunal de Chubut
Fecha de Publicación: 16/11/2012
Fuente: No a la Mina - Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Esquel
Provincia/Región: Chubut
Hace instantes, un integrante de una comunidad originaria de Chubut presentó una acción de amparo contra la actividad minera a gran escala que se desarrolla en la etapa de prospección y exploración en la provincia. "La megaminería es una de las violaciones que las comunidades indígenas viven a nivel continental" afirmó Marcelo Pintihueque en entrevista radial con el programa La Tijereta de FM Kalewche.
La actividad de las mineras "compromete el agua de la provincia" pero "tenemos convicción en las visiones filosóficas aborígenes y en el derecho internacional indígena como el Convenio 169 de la OIT" dijo Pintihueque integrante del Lof Comarca Chubut (*). La norma tiene estatus constitucional en Argentina y es la que establece la obligatoriedad de la consulta previa, libre e informada a los pueblos originarios respecto de la posible utilización de los bienes naturales o espacios territoriales.
"Es un momento muy importante para la lucha que estamos dando" sostuvo por su parte Pablo Palicio, vecino de Trelew. Los vecinos de toda la provincia se movilizan intensamente desde hace meses contra las intenciones del gobierno de Martín Buzzi, que pretende que se sancione un proyecto de ley para habilitar la minería a gran escala.
Entre la diversidad de aspectos que abarca el amparo solicitado, se encuentran la protección de las cuencas de los tres ríos de Chubut (Futaleufú, Chubut y Senguerr) y el incumplimiento por parte de empresas mineras y del estado provincial de la ley de ambiente. La acción persigue -además- la nulidad de las concesiones mineras otorgadas.
Integrantes de pueblos originarios y vecinos estuvieron presentes en la mesa de entradas del Superior Tribunal de Justicia de Chubut acompañando la presentación del voluminoso escrito, mientras varios medios escritos y televisivos cubrieron el acontecimiento.
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Fecha de Publicación: 16/11/2012
Fuente: No a la Mina - Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Esquel
Provincia/Región: Chubut
Hace instantes, un integrante de una comunidad originaria de Chubut presentó una acción de amparo contra la actividad minera a gran escala que se desarrolla en la etapa de prospección y exploración en la provincia. "La megaminería es una de las violaciones que las comunidades indígenas viven a nivel continental" afirmó Marcelo Pintihueque en entrevista radial con el programa La Tijereta de FM Kalewche.
La actividad de las mineras "compromete el agua de la provincia" pero "tenemos convicción en las visiones filosóficas aborígenes y en el derecho internacional indígena como el Convenio 169 de la OIT" dijo Pintihueque integrante del Lof Comarca Chubut (*). La norma tiene estatus constitucional en Argentina y es la que establece la obligatoriedad de la consulta previa, libre e informada a los pueblos originarios respecto de la posible utilización de los bienes naturales o espacios territoriales.
"Es un momento muy importante para la lucha que estamos dando" sostuvo por su parte Pablo Palicio, vecino de Trelew. Los vecinos de toda la provincia se movilizan intensamente desde hace meses contra las intenciones del gobierno de Martín Buzzi, que pretende que se sancione un proyecto de ley para habilitar la minería a gran escala.
Entre la diversidad de aspectos que abarca el amparo solicitado, se encuentran la protección de las cuencas de los tres ríos de Chubut (Futaleufú, Chubut y Senguerr) y el incumplimiento por parte de empresas mineras y del estado provincial de la ley de ambiente. La acción persigue -además- la nulidad de las concesiones mineras otorgadas.
Integrantes de pueblos originarios y vecinos estuvieron presentes en la mesa de entradas del Superior Tribunal de Justicia de Chubut acompañando la presentación del voluminoso escrito, mientras varios medios escritos y televisivos cubrieron el acontecimiento.
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Entre Ríos regula agrotóxicos desde un solo lado
Presentarán en el Senado un proyecto para regular el uso de agrotóxico
Fecha de Publicación: 16/11/2012
Fuente: Análisis Digital
Provincia/Región: Entre Ríos
El Colegio de Profesionales de la Agronomía de Entre Ríos, universitarios, especialistas y productores aunaron dos proyectos sobre la regulación de agrotóxicos en la provincia. La iniciativa será presentada a la Cámara de Senadores. Según informó el representante de la Federación Agraria Argentina (FAA), Alfredo Bel, aspiran a reunirse con los legisladores antes de que termine noviembre. “Estuvo la Bolsa de Cereales, el Colegio de Ingenieros Agrónomos, la Facultad de Ciencias Agropecuarias y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Se compatibilizaron líneas generales de ideas, ya que la Mesa de Enlace tenía un proyecto, y vimos que había un 99 por ciento de coincidencia con lo que tenían ellos. Ahora homologaremos las dos iniciativas para hacer una propuesta común que llevaremos a los senadores en el corto plazo”, indicó. El referente dijo además que aspiran a conversar con los legisladores “antes de que termine noviembre”. “Los dos proyectos coinciden en el tema de las distancias; en la conformación de una comisión de trabajo; ellos trabajaron mucho el tema municipal, en cómo afrontarlo; también pensaron en llevar adelante una receta online para que sea mucho más fácil; y otras innovaciones que se van a plantear”, destacó en diálogo con APF.
Por último, Bel dijo que coincidieron también en que se debe dotar de recursos al poder de policía, que debe ser el Ministerio de la Producción, y que se cree un fondo con los aportes de quienes registran las máquinas o los propios productores y que luego se vuelque a los controles.
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Fecha de Publicación: 16/11/2012
Fuente: Análisis Digital
Provincia/Región: Entre Ríos
El Colegio de Profesionales de la Agronomía de Entre Ríos, universitarios, especialistas y productores aunaron dos proyectos sobre la regulación de agrotóxicos en la provincia. La iniciativa será presentada a la Cámara de Senadores. Según informó el representante de la Federación Agraria Argentina (FAA), Alfredo Bel, aspiran a reunirse con los legisladores antes de que termine noviembre. “Estuvo la Bolsa de Cereales, el Colegio de Ingenieros Agrónomos, la Facultad de Ciencias Agropecuarias y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Se compatibilizaron líneas generales de ideas, ya que la Mesa de Enlace tenía un proyecto, y vimos que había un 99 por ciento de coincidencia con lo que tenían ellos. Ahora homologaremos las dos iniciativas para hacer una propuesta común que llevaremos a los senadores en el corto plazo”, indicó. El referente dijo además que aspiran a conversar con los legisladores “antes de que termine noviembre”. “Los dos proyectos coinciden en el tema de las distancias; en la conformación de una comisión de trabajo; ellos trabajaron mucho el tema municipal, en cómo afrontarlo; también pensaron en llevar adelante una receta online para que sea mucho más fácil; y otras innovaciones que se van a plantear”, destacó en diálogo con APF.
Por último, Bel dijo que coincidieron también en que se debe dotar de recursos al poder de policía, que debe ser el Ministerio de la Producción, y que se cree un fondo con los aportes de quienes registran las máquinas o los propios productores y que luego se vuelque a los controles.
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Primer Parque Nacional por suscripción popular
Argentina quiere crear el primer parque nacional por suscripción popular
Fecha de Publicación: 15/11/2012
Fuente: EFE Verde
Provincia/Región: Nacional
Argentina va a poner a prueba la generosidad de los ciudadanos para crear, por primera vez, un parque nacional por suscripción popular en un área del norte del país.
La iniciativa, impulsada por una ONG y por el gobierno de la provincia del Chaco, pretende financiar el coste de la expropiación de las tierras que integrarán el parque.
El espacio que se pretende proteger consta de 250.000 hectáreas entre las provincias del Chaco y Formosa, aunque sólo el gobierno chaqueño ha comenzado los trámites de expropiación, con la creación de un fondo fiduciario con el que espera recaudar 60 millones de pesos (9,80 millones de euros) para indemnizar a los propietarios.
"La Fidelidad"
El parque estará ubicado en una zona conocida como "El impenetrable", un paisaje boscoso pero con áreas parecidas a la sabana africana donde habitan especies en riesgo de conservación como el tatú carreta, una especie de armadillo gigante sudamericano, o el yaguareté.
La zona protegida corresponde a una estancia llamada "La fidelidad", propiedad de una familia de origen italiano, y es un espacio "crítico por su escala y su biodiversidad", según explicó a Efe Emiliano Ezcurra, de la ONG Banco de Bosques, encargada de buscar benefactores desde su sitio en Internet.
La carrera por convertirlo en parque natural comenzó tras la desaparición de los propietarios del terreno, que fueron asesinados a principios de 2011, lo que llevó a una causa judicial por la sucesión, pero también al inicio de la protección medioambiental de la zona por parte del gobierno regional.
En este contexto, el Ministerio de Turismo argentino y la Administración de Parques Nacionales firmaron un convenio con la provincia del Chaco para la transformación de "La fidelidad" en parque natural, al menos en su porción chaqueña (150.000 hectáreas), aunque el objetivo es la totalidad de la superficie.
El mecanismo de suscripción popular por el que se pagará a los herederos de la estancia supone una posible solución al gran problema de la conservación en Argentina, donde hay "muchos proyectos" para espacios protegidos, pero el "pico histórico" de los precios de la tierra hacen difícil la adquisición, según Raúl Chiesa, vocal del directorio de la Administración de Parques Nacionales argentina.
Cinco antecedentes
"Hay cinco antecedentes en Argentina de donaciones de tierras para parques nacionales; el primero fue el perito Francisco Moreno, que dio lugar al Parque Nacional de Nahuel Huapi en 1903, pero nunca una suscripción pública, donde cualquiera puede participar desde aportes modestos a mayores benefactores", añadió.
De hecho, la Administración de Parques Nacionales ya ha hecho su propia aportación al proyecto, de 4,5 millones de pesos (721.000 euros), para esta zona de "interés global" que, según Chiesa, está "en buen estado" gracias al cuidado de los dueños hasta su fallecimiento.
Para las organizaciones que buscan apoyos económicos para el parque se trata de "algo histórico" que esperan pueda incrementar el interés por la riqueza natural del norte de Argentina, una zona que no ha tenido la atención que sí han recibido otros espacios.
"A diferencia de la Patagonia, el Chaco no ha tenido un grupo de personas con acceso al poder para generar áreas protegidas. No hubo un Perito Moreno del gran Chaco, que con el correr del tiempo fue una zona de expansión agropecuaria y también de extracción forestal", manifestó Ezcurra.
Turismo de aves y animales grandes
Se trata, además, de un proyecto que tendría un gran potencial turístico por el avistamiento de grandes animales o aves, en un espacio que definen como un "Arca de Noé" del ecosistema local y que se podría proteger con las pequeñas aportaciones de quienes se animen a colaborar.
"En el portal de entrada de este parque nacional no va a haber un busto de un prócer ni la placa de un filántropo, sino que van a estar los nombres de un número de personas comunes, de pequeños próceres que dieron lugar al parque natural más grande del norte argentino", dijo Ezcurra.
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Fecha de Publicación: 15/11/2012
Fuente: EFE Verde
Provincia/Región: Nacional
Argentina va a poner a prueba la generosidad de los ciudadanos para crear, por primera vez, un parque nacional por suscripción popular en un área del norte del país.La iniciativa, impulsada por una ONG y por el gobierno de la provincia del Chaco, pretende financiar el coste de la expropiación de las tierras que integrarán el parque.
El espacio que se pretende proteger consta de 250.000 hectáreas entre las provincias del Chaco y Formosa, aunque sólo el gobierno chaqueño ha comenzado los trámites de expropiación, con la creación de un fondo fiduciario con el que espera recaudar 60 millones de pesos (9,80 millones de euros) para indemnizar a los propietarios.
"La Fidelidad"
El parque estará ubicado en una zona conocida como "El impenetrable", un paisaje boscoso pero con áreas parecidas a la sabana africana donde habitan especies en riesgo de conservación como el tatú carreta, una especie de armadillo gigante sudamericano, o el yaguareté.
La zona protegida corresponde a una estancia llamada "La fidelidad", propiedad de una familia de origen italiano, y es un espacio "crítico por su escala y su biodiversidad", según explicó a Efe Emiliano Ezcurra, de la ONG Banco de Bosques, encargada de buscar benefactores desde su sitio en Internet.
La carrera por convertirlo en parque natural comenzó tras la desaparición de los propietarios del terreno, que fueron asesinados a principios de 2011, lo que llevó a una causa judicial por la sucesión, pero también al inicio de la protección medioambiental de la zona por parte del gobierno regional.
En este contexto, el Ministerio de Turismo argentino y la Administración de Parques Nacionales firmaron un convenio con la provincia del Chaco para la transformación de "La fidelidad" en parque natural, al menos en su porción chaqueña (150.000 hectáreas), aunque el objetivo es la totalidad de la superficie.
El mecanismo de suscripción popular por el que se pagará a los herederos de la estancia supone una posible solución al gran problema de la conservación en Argentina, donde hay "muchos proyectos" para espacios protegidos, pero el "pico histórico" de los precios de la tierra hacen difícil la adquisición, según Raúl Chiesa, vocal del directorio de la Administración de Parques Nacionales argentina.
Cinco antecedentes
"Hay cinco antecedentes en Argentina de donaciones de tierras para parques nacionales; el primero fue el perito Francisco Moreno, que dio lugar al Parque Nacional de Nahuel Huapi en 1903, pero nunca una suscripción pública, donde cualquiera puede participar desde aportes modestos a mayores benefactores", añadió.
De hecho, la Administración de Parques Nacionales ya ha hecho su propia aportación al proyecto, de 4,5 millones de pesos (721.000 euros), para esta zona de "interés global" que, según Chiesa, está "en buen estado" gracias al cuidado de los dueños hasta su fallecimiento.
Para las organizaciones que buscan apoyos económicos para el parque se trata de "algo histórico" que esperan pueda incrementar el interés por la riqueza natural del norte de Argentina, una zona que no ha tenido la atención que sí han recibido otros espacios.
"A diferencia de la Patagonia, el Chaco no ha tenido un grupo de personas con acceso al poder para generar áreas protegidas. No hubo un Perito Moreno del gran Chaco, que con el correr del tiempo fue una zona de expansión agropecuaria y también de extracción forestal", manifestó Ezcurra.
Turismo de aves y animales grandes
Se trata, además, de un proyecto que tendría un gran potencial turístico por el avistamiento de grandes animales o aves, en un espacio que definen como un "Arca de Noé" del ecosistema local y que se podría proteger con las pequeñas aportaciones de quienes se animen a colaborar.
"En el portal de entrada de este parque nacional no va a haber un busto de un prócer ni la placa de un filántropo, sino que van a estar los nombres de un número de personas comunes, de pequeños próceres que dieron lugar al parque natural más grande del norte argentino", dijo Ezcurra.
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El Ingenio La Florida será denunciado por Santiago
Santiago ampliará su denuncia por un nuevo vuelco de vinaza del ingenio La Florida
Fecha de Publicación: 15/11/2012
Fuente: El Libral
Provincia/Región: Santiago del Estero - Tucumán
Ante un nuevo episodio de contaminación que se produjo en el departamento Jiménez por parte del ingenio La Florida, la provincia ampliará su presentación en la Justicia Federal santiagueña, en contra de los responsables del vuelco. Pero, además, exigirá que se garantice que no haya peligro de nuevos derrames y que para eso se tomen medidas efectivas como la clausura de las plantas industriales que tengan acumulado el desecho, de ser necesario.
Así lo adelantaron calificadas fuentes a EL LIBERAL, las que comentaron que el sábado pasado, pobladores de El Palomar, departamento Jiménez, observaron que a través del canal del Este, llegaba un hilo de vinaza, proveniente del ingenio La Florida, establecido en Tucumán y que es propiedad del empresario Jorge Rocchia Ferro.
Esta situación llegó a oídos de autoridades provinciales cuando ya se había radicado la denuncia por el anterior derrame de la citada planta industrial, semanas atrás.
Es por eso que se hará una ampliación de la presentación que efectuara el fiscal de Estado, Raúl Abate, el pasado miércoles.
Como se recordará, el funcionario pidió que se investigara a los responsables del derrame de más de 80 millones de litros de vinaza pura que llegó a territorio santiagueño y que afectó a las localidades El Palomar y El Arenal, del departamento Jiménez.
No descartó que se pudiera avanzar contra la responsabilidad que les podría caber a funcionarios de Tucumán.
Además, en diálogo con la prensa, Abate fue tajante al decir que si no había una disposición final de la vinaza, se tenían que clausurar los ingenios que tengan acumulado ese residuo.
“Lo que pretende la provincia es la clausura de estos ingenios que tienen una gran cantidad de vinaza almacenada y que existe el potencial peligro de que esa vinaza sea volcada en forma dolosa o culposa en el mejor de los casos”, advirtió el funcionario provincial que también solicitó al fiscal federal, Pedro Simón, que se admitiera al Estado santiagueño como querellante en esta causa.
La nueva presentación apuntaría a que se clausuren las plantas que no garanticen que no habrá vuelcos de desechos en la cuenca Salí-Dulce y, en particular, que se extremen medidas para que La Florida no produzca más daño al ambiente santiagueño.
Riesgo latente
Es que, según comentaron dichas fuentes, hay preocupación porque a pesar de que finalizó la zafra en Tucumán, habría plantas que tienen melaza almacenada y podrían seguir produciendo bioetanol y con ello, grandes cantidades de vinaza que se sumarían a los miles de millones de litros que tienen acumuladas algunas fábricas. Ello, según el relevamiento que hiciera público el defensor del Pueblo santiagueño, Martín Díaz Achával.
La vinaza es un subproducto de la elaboración de bioetanol o alcohol de la melaza que se extrae de la caña de azúcar y que arrojado en cursos hídricos, es tóxico porque consume el oxígeno y degrada el ambiente.
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Fecha de Publicación: 15/11/2012
Fuente: El Libral
Provincia/Región: Santiago del Estero - Tucumán
Ante un nuevo episodio de contaminación que se produjo en el departamento Jiménez por parte del ingenio La Florida, la provincia ampliará su presentación en la Justicia Federal santiagueña, en contra de los responsables del vuelco. Pero, además, exigirá que se garantice que no haya peligro de nuevos derrames y que para eso se tomen medidas efectivas como la clausura de las plantas industriales que tengan acumulado el desecho, de ser necesario.Así lo adelantaron calificadas fuentes a EL LIBERAL, las que comentaron que el sábado pasado, pobladores de El Palomar, departamento Jiménez, observaron que a través del canal del Este, llegaba un hilo de vinaza, proveniente del ingenio La Florida, establecido en Tucumán y que es propiedad del empresario Jorge Rocchia Ferro.
Esta situación llegó a oídos de autoridades provinciales cuando ya se había radicado la denuncia por el anterior derrame de la citada planta industrial, semanas atrás.
Es por eso que se hará una ampliación de la presentación que efectuara el fiscal de Estado, Raúl Abate, el pasado miércoles.
Como se recordará, el funcionario pidió que se investigara a los responsables del derrame de más de 80 millones de litros de vinaza pura que llegó a territorio santiagueño y que afectó a las localidades El Palomar y El Arenal, del departamento Jiménez.
No descartó que se pudiera avanzar contra la responsabilidad que les podría caber a funcionarios de Tucumán.
Además, en diálogo con la prensa, Abate fue tajante al decir que si no había una disposición final de la vinaza, se tenían que clausurar los ingenios que tengan acumulado ese residuo.
“Lo que pretende la provincia es la clausura de estos ingenios que tienen una gran cantidad de vinaza almacenada y que existe el potencial peligro de que esa vinaza sea volcada en forma dolosa o culposa en el mejor de los casos”, advirtió el funcionario provincial que también solicitó al fiscal federal, Pedro Simón, que se admitiera al Estado santiagueño como querellante en esta causa.
La nueva presentación apuntaría a que se clausuren las plantas que no garanticen que no habrá vuelcos de desechos en la cuenca Salí-Dulce y, en particular, que se extremen medidas para que La Florida no produzca más daño al ambiente santiagueño.
Riesgo latente
Es que, según comentaron dichas fuentes, hay preocupación porque a pesar de que finalizó la zafra en Tucumán, habría plantas que tienen melaza almacenada y podrían seguir produciendo bioetanol y con ello, grandes cantidades de vinaza que se sumarían a los miles de millones de litros que tienen acumuladas algunas fábricas. Ello, según el relevamiento que hiciera público el defensor del Pueblo santiagueño, Martín Díaz Achával.
La vinaza es un subproducto de la elaboración de bioetanol o alcohol de la melaza que se extrae de la caña de azúcar y que arrojado en cursos hídricos, es tóxico porque consume el oxígeno y degrada el ambiente.
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Piden informes por contaminación petrolera
Debate por contaminación petrolera
Fecha de Publicación: 15/11/2012
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
Ls diputados de la comisión de Energía, acordaron solicitar informes al Ejecutivo sobre el control a la explotación hidrocarburífera en la zona de los lagos Los Barriales y Mari Menuco.
La muerte de una mujer de Añelo que tenía contaminación con plomo en la sangre generó alerta entre los diputados de la comisión de Energía, quienes acordaron solicitar informes al Ejecutivo sobre el control a la explotación hidrocarburífera en la zona de los lagos Los Barriales y Mari Menuco. No obstante, no hubo consenso para emitir un despacho y votar el tema en el recinto.
La comisión trató ayer tres proyectos de pedidos de informe de los bloques del Frente Grande-MUN, UNE-FPN y CC-ARI, todos referidos a una denuncia penal por contaminación en la zona cercana a Añelo, que está en manos de la Corte Suprema. Durante el debate, varios legisladores expresaron su preocupación por el fallecimiento en abril de este año de una de las querellantes, Cristina Cherqui, a quien le habían detectado plomo en la sangre, así como por la pericia judicial que develó presencia de hidrocarburos en el lago Los Barriales.
Compromiso
Ante los planteos de sus pares, el titular de la comisión, Luis Sapag (MPN), asumió el compromiso de pedir información ante el ministerio de Energía sobre la cantidad de pozos y los controles ambientales que hay en la zona, pero se opuso a votar un despacho para habilitar el tratamiento del tema en sesión.
“Que en Neuquén hay contaminación es indudable”, opinó el legislador oficialista y pidió “confianza” para gestionar el informe ante el Ejecutivo.
Su par del bloque del MPN y ex trabajador petrolero, Daniel Andersch, contó que pudo constatar que en Loma La Lata se contaminaron con gasolina las napas freáticas, y “en los '70 y '80 se tiraban productos cancerígenos al subsuelo”. Aclaró que la situación cambió unos años más tarde, “cuando tomamos conciencia sobre los temas ambientales”.
Pasivo
Indicó que el pasivo que dejó Repsol corresponde en gran medida a los derrames de aquella época y no tanto a los últimos años, “aunque también me asombra que se diga que, de mayo para acá, YPF no contamina más”.
José Rioseco (UNE-FPN) afirmó que hay 546 pozos en el área de Mari Menuco y, “desde un punto de vista petrolero, ese lugar está minado”.
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Fecha de Publicación: 15/11/2012
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
Ls diputados de la comisión de Energía, acordaron solicitar informes al Ejecutivo sobre el control a la explotación hidrocarburífera en la zona de los lagos Los Barriales y Mari Menuco.
La muerte de una mujer de Añelo que tenía contaminación con plomo en la sangre generó alerta entre los diputados de la comisión de Energía, quienes acordaron solicitar informes al Ejecutivo sobre el control a la explotación hidrocarburífera en la zona de los lagos Los Barriales y Mari Menuco. No obstante, no hubo consenso para emitir un despacho y votar el tema en el recinto.
La comisión trató ayer tres proyectos de pedidos de informe de los bloques del Frente Grande-MUN, UNE-FPN y CC-ARI, todos referidos a una denuncia penal por contaminación en la zona cercana a Añelo, que está en manos de la Corte Suprema. Durante el debate, varios legisladores expresaron su preocupación por el fallecimiento en abril de este año de una de las querellantes, Cristina Cherqui, a quien le habían detectado plomo en la sangre, así como por la pericia judicial que develó presencia de hidrocarburos en el lago Los Barriales.
Compromiso
Ante los planteos de sus pares, el titular de la comisión, Luis Sapag (MPN), asumió el compromiso de pedir información ante el ministerio de Energía sobre la cantidad de pozos y los controles ambientales que hay en la zona, pero se opuso a votar un despacho para habilitar el tratamiento del tema en sesión.
“Que en Neuquén hay contaminación es indudable”, opinó el legislador oficialista y pidió “confianza” para gestionar el informe ante el Ejecutivo.
Su par del bloque del MPN y ex trabajador petrolero, Daniel Andersch, contó que pudo constatar que en Loma La Lata se contaminaron con gasolina las napas freáticas, y “en los '70 y '80 se tiraban productos cancerígenos al subsuelo”. Aclaró que la situación cambió unos años más tarde, “cuando tomamos conciencia sobre los temas ambientales”.
Pasivo
Indicó que el pasivo que dejó Repsol corresponde en gran medida a los derrames de aquella época y no tanto a los últimos años, “aunque también me asombra que se diga que, de mayo para acá, YPF no contamina más”.
José Rioseco (UNE-FPN) afirmó que hay 546 pozos en el área de Mari Menuco y, “desde un punto de vista petrolero, ese lugar está minado”.
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La capa de ozono redujo las lluvias en la Patagonia
Advierten que el agujero en la capa de ozono redujo las lluvias en la Patagonia
Fecha de Publicación: 14/11/2012
Fuente: La Voz del Interior On Line
Provincia/Región: Patagonia
Un grupo de investigación analizó los árboles del sur para determinar si las precipitaciones han disminuido.
El agujero en la capa de ozono causó alteraciones climáticas como el desplazamiento de los vientos del oeste, que hicieron disminuir las lluvias y afectaron el crecimiento de los bosques en la Patagonia.
Un estudio reciente encabezado por Ricardo Villalba, del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), muestra que el agujero en la capa de ozono habría provocado el desplazamiento de los vientos en el hemisferio sur.
La investigación, publicada en la revista Nature Geosciencie, indica que ese fenómeno a su vez "produjo un cambio en los patrones de lluvias y, en consecuencia, en el crecimiento de los bosques en las regiones afectadas", como muestra el análisis de coihues, cipreses y araucarias del sur de Argentina y Chile.
Investigación. Los científicos analizaron los anillos de más de 3.000 árboles de la Patagonia argentina y chilena, Nueva Zelanda y Tasmania, en Australia, para conocer sus patrones de crecimiento desde el año 1409 hasta la actualidad.
"Los resultados sorprendieron: mientras que los ejemplares de América del Sur mostraron en las últimas cuatro décadas las tasas de crecimiento más bajas durante esos 600 años, los de Oceanía presentaron los valores más altos", señala el informe.
Villalba, investigador principal del Conicet en el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), aseguró que esas diferencias "están relacionadas con la variación en la disponibilidad de agua y los cambios de temperatura en cada región".
"Las lluvias abundantes del sector norte de la Patagonia se desplazaron más al sur y por lo tanto llueve menos en el área", expuso el científico.
El agujero en la capa de ozono, indica el estudio, habría influenciado las presiones en las regiones más australes del Hemisferio Sur, lo que hizo desplazar hacia el sur los vientos del oeste, que son los que traen las lluvias.
Las tasas anormales de crecimiento de árboles y la OAHS están fuertemente asociadas: los resultados del trabajo muestran que las variaciones en esta oscilación explican del 12 al 48% de las anomalías del crecimiento en la segunda mitad del siglo XX.
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Fecha de Publicación: 14/11/2012
Fuente: La Voz del Interior On Line
Provincia/Región: Patagonia
Un grupo de investigación analizó los árboles del sur para determinar si las precipitaciones han disminuido.El agujero en la capa de ozono causó alteraciones climáticas como el desplazamiento de los vientos del oeste, que hicieron disminuir las lluvias y afectaron el crecimiento de los bosques en la Patagonia.
Un estudio reciente encabezado por Ricardo Villalba, del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), muestra que el agujero en la capa de ozono habría provocado el desplazamiento de los vientos en el hemisferio sur.
La investigación, publicada en la revista Nature Geosciencie, indica que ese fenómeno a su vez "produjo un cambio en los patrones de lluvias y, en consecuencia, en el crecimiento de los bosques en las regiones afectadas", como muestra el análisis de coihues, cipreses y araucarias del sur de Argentina y Chile.
Investigación. Los científicos analizaron los anillos de más de 3.000 árboles de la Patagonia argentina y chilena, Nueva Zelanda y Tasmania, en Australia, para conocer sus patrones de crecimiento desde el año 1409 hasta la actualidad.
"Los resultados sorprendieron: mientras que los ejemplares de América del Sur mostraron en las últimas cuatro décadas las tasas de crecimiento más bajas durante esos 600 años, los de Oceanía presentaron los valores más altos", señala el informe.
Villalba, investigador principal del Conicet en el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), aseguró que esas diferencias "están relacionadas con la variación en la disponibilidad de agua y los cambios de temperatura en cada región".
"Las lluvias abundantes del sector norte de la Patagonia se desplazaron más al sur y por lo tanto llueve menos en el área", expuso el científico.
El agujero en la capa de ozono, indica el estudio, habría influenciado las presiones en las regiones más australes del Hemisferio Sur, lo que hizo desplazar hacia el sur los vientos del oeste, que son los que traen las lluvias.
Las tasas anormales de crecimiento de árboles y la OAHS están fuertemente asociadas: los resultados del trabajo muestran que las variaciones en esta oscilación explican del 12 al 48% de las anomalías del crecimiento en la segunda mitad del siglo XX.
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Para la Secretaría de Ambiente mejoró el Riachuelo
Para Mussi, mejoró el agua y el aire del Riachuelo
Fecha de Publicación: 14/11/2012
Fuente: Noticias Urbanas
Provincia/Región: Riachuelo
Informó que ya se extrajeron todos los autos y barcos hundidos y se reconvirtieron 192 empresas, que adaptaron sus procesos industriales a modalidades no contaminantes para el medioambiente.
El Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Juan José Mussi, aseguró hoy que como resultado de los trabajos de limpieza hay "un mejoramiento" en la calidad del aire y el agua en la cuenca Matanza Riachuelo, al dejar inaugurado un laboratorio de análisis toxicológico en el Hospital Alejandro Posadas.
“Hemos detectado que ha mejorado la calidad del aire y el agua, especialmente en los afluentes que llevan agua al Riachuelo. En la medida en que vamos alejando chatarra y reconvirtiendo empresas, va disminuyendo la incidencia de sustancias tóxicas en el organismo de la población", destacó Mussi, presidente de la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR).
El funcionario ambiental inauguró hoy un laboratorio de análisis toxicológico clínico en el Hospital Posadas, de la localidad bonaerense de Haedo, que estará abocado a la detección de los niveles de plomo, cromo, mercurio, benceno y tolueno en fluidos corporales (sangre, orina y plasma). El laboratorio es el cuarto y último de los cuatro que conforman la Red de Laboratorios de la cuenca, con una inversión total de casi 10 millones de pesos.
"Esperamos poder contribuir a mejorar las condiciones de vida y de salud de la población, uniendo el proyecto de laboratorio con lo que ya es el histórico centro nacional de intoxicaciones del hospital para disponer así de una unidad toxicológica muy fuerte", aseguró Lucrecia Raffo, directora ejecutiva del centro asistencial.
El laboratorio, que cuenta con una superficie cubierta de 70 metros cuadrados, está preparado para dar respuesta a los requerimientos del 32% de la población de los 14 partidos que conforman la cuenca, unas 2.560.000 personas.
"El otro día un trabajador de ACUMAR que estaba en el Riachuelo me llamó para decirme: ´hay una tortuga´. Vale decir que apareció nuevamente vida. Todo esto igual va a llevar mucho tiempo porque son 200 años de desidia, de vuelcos sin control", dijo el funcionario.
Mussi informó que ya se extrajeron todos los autos y barcos hundidos (169 en total) y se reconvirtieron 192 empresas, que adaptaron sus procesos industriales a modalidades no contaminantes para el medioambiente. "Otras 285 empresas, en cambio, fueron clausuradas por no haber cumplido con esa exigencia", dijo.
"Es una tarea larga y difícil. Clausurar es muy fácil, pero queremos dar todas las posibilidades para proteger lo más importante que ha recuperado la Argentina en los últimos años, que es el empleo. Por eso tratamos por todos los medios de conseguir que las industrias se reconviertan", aseguró Mussi.
Por su parte, el Director General de Salud de ACUMAR, Fernando Nunes, remarcó el impacto positivo que en la salud de la población tienen otras acciones que forman parte de políticas públicas para el abordaje integral de la problemática, como "la expansión de la red de cloacas y agua potable, la relocalización de villas y asentamientos, y la construcción de viviendas dignas".
Del acto también participó el intendente de Morón, Lucas Ghi, y el vicepresidente de la ACUMAR, Antonio Magallanes, entre otros funcionarios nacionales y municipales.
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Fecha de Publicación: 14/11/2012
Fuente: Noticias Urbanas
Provincia/Región: Riachuelo
Informó que ya se extrajeron todos los autos y barcos hundidos y se reconvirtieron 192 empresas, que adaptaron sus procesos industriales a modalidades no contaminantes para el medioambiente. El Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Juan José Mussi, aseguró hoy que como resultado de los trabajos de limpieza hay "un mejoramiento" en la calidad del aire y el agua en la cuenca Matanza Riachuelo, al dejar inaugurado un laboratorio de análisis toxicológico en el Hospital Alejandro Posadas.
“Hemos detectado que ha mejorado la calidad del aire y el agua, especialmente en los afluentes que llevan agua al Riachuelo. En la medida en que vamos alejando chatarra y reconvirtiendo empresas, va disminuyendo la incidencia de sustancias tóxicas en el organismo de la población", destacó Mussi, presidente de la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR).
El funcionario ambiental inauguró hoy un laboratorio de análisis toxicológico clínico en el Hospital Posadas, de la localidad bonaerense de Haedo, que estará abocado a la detección de los niveles de plomo, cromo, mercurio, benceno y tolueno en fluidos corporales (sangre, orina y plasma). El laboratorio es el cuarto y último de los cuatro que conforman la Red de Laboratorios de la cuenca, con una inversión total de casi 10 millones de pesos.
"Esperamos poder contribuir a mejorar las condiciones de vida y de salud de la población, uniendo el proyecto de laboratorio con lo que ya es el histórico centro nacional de intoxicaciones del hospital para disponer así de una unidad toxicológica muy fuerte", aseguró Lucrecia Raffo, directora ejecutiva del centro asistencial.
El laboratorio, que cuenta con una superficie cubierta de 70 metros cuadrados, está preparado para dar respuesta a los requerimientos del 32% de la población de los 14 partidos que conforman la cuenca, unas 2.560.000 personas.
"El otro día un trabajador de ACUMAR que estaba en el Riachuelo me llamó para decirme: ´hay una tortuga´. Vale decir que apareció nuevamente vida. Todo esto igual va a llevar mucho tiempo porque son 200 años de desidia, de vuelcos sin control", dijo el funcionario.
Mussi informó que ya se extrajeron todos los autos y barcos hundidos (169 en total) y se reconvirtieron 192 empresas, que adaptaron sus procesos industriales a modalidades no contaminantes para el medioambiente. "Otras 285 empresas, en cambio, fueron clausuradas por no haber cumplido con esa exigencia", dijo.
"Es una tarea larga y difícil. Clausurar es muy fácil, pero queremos dar todas las posibilidades para proteger lo más importante que ha recuperado la Argentina en los últimos años, que es el empleo. Por eso tratamos por todos los medios de conseguir que las industrias se reconviertan", aseguró Mussi.
Por su parte, el Director General de Salud de ACUMAR, Fernando Nunes, remarcó el impacto positivo que en la salud de la población tienen otras acciones que forman parte de políticas públicas para el abordaje integral de la problemática, como "la expansión de la red de cloacas y agua potable, la relocalización de villas y asentamientos, y la construcción de viviendas dignas".
Del acto también participó el intendente de Morón, Lucas Ghi, y el vicepresidente de la ACUMAR, Antonio Magallanes, entre otros funcionarios nacionales y municipales.
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Buenos Aires: piden cambio en la norma de agrotóxicos
Piden regular el uso de agroquímicos
Fecha de Publicación: 14/11/2012
Fuente: El Parlamentario
Provincia/Región: Buenos Aires
En la Cámara baja de la provincia de Buenos Aires se aprobó una iniciativa que solicita modificar la reglamentación para la aplicación de agroquímicos.
La Legislatura bonaerense aprobó un proyecto de la diputada de la CC Marcela Guido, donde se solicita al Poder Ejecutivo se modifique la reglamentación para la aplicación terrestre de agroquímicos con fines comerciales en el territorio de la provincia de Buenos Aires.
En este sentido, la diputada Guido expresó que “las distancias establecidas para la fumigación terrestre es un tema que preocupa mucho a los ciudadanos, sobre todo a aquellos vecinos que habitan en barrios cercanos a las zonas rurales, y ven día a día cómo la utilización de estos productos se hacen a pocos metros de sus viviendas”.
“Si bien la reglamentación de la ley 10.699 establece una distancia mayor a 2 km de los centros poblados para la aplicación aérea de agroquímicos, no establece las distancias que deben respetarse para las aplicaciones terrestres, generando problemas de contaminación que pueden afectar la salud de quienes viven cerca de las zonas rurales”.
“Se debe destacar que hace más de dos años, el entonces Ministro de Asuntos Agrarios Ariel Franetovich había iniciado una mesa de trabajo junto a distintos organismos implicados en la materia, con el objetivo de redactar el Anteproyecto de Modificación de la Reglamentación de la Ley de Agroquímicos”, señaló la legisladora. Según las declaraciones realizadas por el ex ministro, “fue el gobernador quien nos ha pedido adecuar el decreto reglamentario que tiene más de 20 años. Estamos cumpliendo con el mandato del gobernador de alcanzar una normativa que pueda conciliar la mayor productividad posible con el cuidado del medio ambiente y la salud, poniendo un fuerte énfasis en el uso racional y responsable de los agroquímicos en el sector agropecuario”.
“Sin embargo, a la fecha el Decreto no se ha modificado”, concluyó la diputada bonaerense.
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Fecha de Publicación: 14/11/2012
Fuente: El Parlamentario
Provincia/Región: Buenos Aires
En la Cámara baja de la provincia de Buenos Aires se aprobó una iniciativa que solicita modificar la reglamentación para la aplicación de agroquímicos.
La Legislatura bonaerense aprobó un proyecto de la diputada de la CC Marcela Guido, donde se solicita al Poder Ejecutivo se modifique la reglamentación para la aplicación terrestre de agroquímicos con fines comerciales en el territorio de la provincia de Buenos Aires.
En este sentido, la diputada Guido expresó que “las distancias establecidas para la fumigación terrestre es un tema que preocupa mucho a los ciudadanos, sobre todo a aquellos vecinos que habitan en barrios cercanos a las zonas rurales, y ven día a día cómo la utilización de estos productos se hacen a pocos metros de sus viviendas”.
“Si bien la reglamentación de la ley 10.699 establece una distancia mayor a 2 km de los centros poblados para la aplicación aérea de agroquímicos, no establece las distancias que deben respetarse para las aplicaciones terrestres, generando problemas de contaminación que pueden afectar la salud de quienes viven cerca de las zonas rurales”.
“Se debe destacar que hace más de dos años, el entonces Ministro de Asuntos Agrarios Ariel Franetovich había iniciado una mesa de trabajo junto a distintos organismos implicados en la materia, con el objetivo de redactar el Anteproyecto de Modificación de la Reglamentación de la Ley de Agroquímicos”, señaló la legisladora. Según las declaraciones realizadas por el ex ministro, “fue el gobernador quien nos ha pedido adecuar el decreto reglamentario que tiene más de 20 años. Estamos cumpliendo con el mandato del gobernador de alcanzar una normativa que pueda conciliar la mayor productividad posible con el cuidado del medio ambiente y la salud, poniendo un fuerte énfasis en el uso racional y responsable de los agroquímicos en el sector agropecuario”.
“Sin embargo, a la fecha el Decreto no se ha modificado”, concluyó la diputada bonaerense.
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Zona de resguardo ambiental impulsado por un privado
Un privado creó su propia zona de resguardo ambiental
Fecha de Publicación: 13/11/2012
Fuente: La Nueva Provincia
Provincia/Región: Buenos Aires
Contra sus intereses económicos y en favor de la salud de los vecinos, el establecimiento rural Silenka anunció que dejará de fumigar en unas 200 hectáreas contiguas a la localidad. La ONG destacó el gesto y pidió a los ediles de Tornquist que avancen en la regulación del uso de agroquímicos.
En un hecho que no tiene antecedentes en la región, un establecimiento agropecuario lindante con el ejido urbano de esta localidad anunció que creará su propia zona de resguardo ambiental, dentro de la cual no aplicará agroquímicos que puedan contaminar a la población.
La decisión fue tomada por los propietarios del establecimiento agropecuario Silenka, y comunicada en forma oficial por el encargado del emprendimiento, Juan Marín, a la ONG Ambiente Comarca, entidad que desde hace aproximadamente un año viene promoviendo que el Concejo Deliberante de Tornquist regule la fumigación en el distrito.
El área libre de agroquímicos es una franja de terreno de unos 500 metros de ancho y aproximadamente 4 kilómetros de largo; es decir, unas 200 hectáreas de superficie, íntegramente ubicadas dentro de los límites de la estancia Silenka.
"Esta decisión de la empresa nos puso muy contentos --reconoció ayer Gabriel Molinero, referente de la ONG Ambiente Comarca--. Fundamentalmente, porque se trata de un privado creando una zona de resguardo ambiental, algo que, según algunos ediles de Tornquist, no es necesario".
"Esto sienta un precedente muy importante, sobre todo para quienes hace un año que venimos pidiéndole a los concejales de Tornquist que regulen la fumigación con agroquímicos. Si un privado, en contra de sus intereses económicos y comerciales, toma este tipo de decisión en favor de las personas y el medio ambiente, ¿por qué no pueden hacer lo mismo quienes votamos para que nos gobiernen?", añadió.
Molinero indicó que el contacto con el administrador del establecimiento rural, Juan Marín, surgió luego de una conferencia que brindó en Sierra de la Ventana la abogada Graciela Gómez, especialista en leyes que regulan el uso de agroquímicos.
"Un día después de esa charla, (Marín) llamó a Hugo Kloster, el presidente de nuestra ONG, y nos invitó al campo. Allí nos anunció que el establecimiento Silenka había delimitado una zona de resguardo ambiental en la cual se dejará de hacer agricultura con agroquímicos y empezará a hacer pasturas", recordó.
"También hicimos algunas sugerencias en cuanto al protocolo de aplicación de agroquímicos fuera de esa área, y se comprometieron a seguir nuestras indicaciones. Realmente, fue algo muy positivo, tomando en cuenta que los vientos predominantes de esta zona vienen desde el noroeste, donde se encuentra el campo en relación con Sierra de la Ventana", añadió.
Molinero dijo que la novedad fue comunicada a los ediles mediante correos electrónicos.
ONG Ambiente Comarca emitió ayer un comunicado en el que resaltó que "esta decisión privada aporta un antecedente importante para el cuidado de la salud de las personas y la calidad del medio ambiente".
En el documento se manifestó el deseo de que la medida "sea imitada por otros establecimientos y/o productores rurales, y sirva de referencia a nuestro Concejo Deliberante para la elaboración definitiva de la ordenanza regulatoria del uso de agroquímicos".
El debate sobre la fumigación con agroquímicos se inició en Tornquist hace más de un año, a raíz de un incidente provocado por una persona que precisamente arrendaba y fumigaba tierras del establecimiento Silenka. En esa oportunidad, vecinos de los barrios San Bernardo y El Mirador sufrieron severas molestias respiratorias.
Ello provocó la intervención del Concejo Deliberante, con la finalidad de regular la aplicación de agroquímicos. En ese marco, surgió una fuerte polémica sobre la distancia mínima que debe existir entre las zonas pobladas y aquellas en que se puede fumigar, la cual aún no ha podido ser resuelta.
De un lado se encuentran quienes, como la ONG Ambiente Comarca, creen que esa distancia no debe ser inferior a 1.000 metros; del otro lado se encuentran los aplicadores, quienes sostienen que la única forma de resguardar a la población es controlar a los malos fumigadores.
Una 200 hectáreas
El área definida como zona de seguridad ambiental por la estancia Silenka --donde no se realizará agricultura con fumigación de agroquímicos-- es una franja de tierras de medio kilómetro de ancho, que va desde el dique del arroyo San Bernardo, recorre el límite del ejido urbano de Sierra de la Ventana en forma paralela al Camino de las Carretas, sigue por la ruta 76 y finalmente llega hasta el camino rural conocido como Del Puente Blanco, que conduce a Coronel Pringles.
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Fecha de Publicación: 13/11/2012
Fuente: La Nueva Provincia
Provincia/Región: Buenos Aires
Contra sus intereses económicos y en favor de la salud de los vecinos, el establecimiento rural Silenka anunció que dejará de fumigar en unas 200 hectáreas contiguas a la localidad. La ONG destacó el gesto y pidió a los ediles de Tornquist que avancen en la regulación del uso de agroquímicos.
En un hecho que no tiene antecedentes en la región, un establecimiento agropecuario lindante con el ejido urbano de esta localidad anunció que creará su propia zona de resguardo ambiental, dentro de la cual no aplicará agroquímicos que puedan contaminar a la población.
La decisión fue tomada por los propietarios del establecimiento agropecuario Silenka, y comunicada en forma oficial por el encargado del emprendimiento, Juan Marín, a la ONG Ambiente Comarca, entidad que desde hace aproximadamente un año viene promoviendo que el Concejo Deliberante de Tornquist regule la fumigación en el distrito.
El área libre de agroquímicos es una franja de terreno de unos 500 metros de ancho y aproximadamente 4 kilómetros de largo; es decir, unas 200 hectáreas de superficie, íntegramente ubicadas dentro de los límites de la estancia Silenka.
"Esta decisión de la empresa nos puso muy contentos --reconoció ayer Gabriel Molinero, referente de la ONG Ambiente Comarca--. Fundamentalmente, porque se trata de un privado creando una zona de resguardo ambiental, algo que, según algunos ediles de Tornquist, no es necesario".
"Esto sienta un precedente muy importante, sobre todo para quienes hace un año que venimos pidiéndole a los concejales de Tornquist que regulen la fumigación con agroquímicos. Si un privado, en contra de sus intereses económicos y comerciales, toma este tipo de decisión en favor de las personas y el medio ambiente, ¿por qué no pueden hacer lo mismo quienes votamos para que nos gobiernen?", añadió.
Molinero indicó que el contacto con el administrador del establecimiento rural, Juan Marín, surgió luego de una conferencia que brindó en Sierra de la Ventana la abogada Graciela Gómez, especialista en leyes que regulan el uso de agroquímicos.
"Un día después de esa charla, (Marín) llamó a Hugo Kloster, el presidente de nuestra ONG, y nos invitó al campo. Allí nos anunció que el establecimiento Silenka había delimitado una zona de resguardo ambiental en la cual se dejará de hacer agricultura con agroquímicos y empezará a hacer pasturas", recordó.
"También hicimos algunas sugerencias en cuanto al protocolo de aplicación de agroquímicos fuera de esa área, y se comprometieron a seguir nuestras indicaciones. Realmente, fue algo muy positivo, tomando en cuenta que los vientos predominantes de esta zona vienen desde el noroeste, donde se encuentra el campo en relación con Sierra de la Ventana", añadió.
Molinero dijo que la novedad fue comunicada a los ediles mediante correos electrónicos.
ONG Ambiente Comarca emitió ayer un comunicado en el que resaltó que "esta decisión privada aporta un antecedente importante para el cuidado de la salud de las personas y la calidad del medio ambiente".
En el documento se manifestó el deseo de que la medida "sea imitada por otros establecimientos y/o productores rurales, y sirva de referencia a nuestro Concejo Deliberante para la elaboración definitiva de la ordenanza regulatoria del uso de agroquímicos".
El debate sobre la fumigación con agroquímicos se inició en Tornquist hace más de un año, a raíz de un incidente provocado por una persona que precisamente arrendaba y fumigaba tierras del establecimiento Silenka. En esa oportunidad, vecinos de los barrios San Bernardo y El Mirador sufrieron severas molestias respiratorias.
Ello provocó la intervención del Concejo Deliberante, con la finalidad de regular la aplicación de agroquímicos. En ese marco, surgió una fuerte polémica sobre la distancia mínima que debe existir entre las zonas pobladas y aquellas en que se puede fumigar, la cual aún no ha podido ser resuelta.
De un lado se encuentran quienes, como la ONG Ambiente Comarca, creen que esa distancia no debe ser inferior a 1.000 metros; del otro lado se encuentran los aplicadores, quienes sostienen que la única forma de resguardar a la población es controlar a los malos fumigadores.
Una 200 hectáreas
El área definida como zona de seguridad ambiental por la estancia Silenka --donde no se realizará agricultura con fumigación de agroquímicos-- es una franja de tierras de medio kilómetro de ancho, que va desde el dique del arroyo San Bernardo, recorre el límite del ejido urbano de Sierra de la Ventana en forma paralela al Camino de las Carretas, sigue por la ruta 76 y finalmente llega hasta el camino rural conocido como Del Puente Blanco, que conduce a Coronel Pringles.
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